La identidad hecha teatro

La identidad hecha teatro

Los lunes de junio, y como desde hace 23 años, Teatro x la Identidad propone puestas en escena para colaborar con la búsqueda de los bebés desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y reflexionar la importancia de saber quiénes somos.

La función del lunes 12 de Teatro x la Identidad colmó el teatro Politeama, sobre la calle Paraná, a metros de Avenida Corrientes. Cada butaca exigía con fervor el inicio de la presentación. El monólogo que daría inicio a un nuevo ciclo buscaba reflexionar con un tono irónico sobre aquellas personas que se alegran de la desgracia ajena. Rápidamente despertó carcajadas y aplausos acompañando el ritmo del compás. Sin embargo, no tardarían en llegar la emoción y el drama. Estos sentimientos encarnados en diez actores y actrices, junto a un frío silencio, invadieron la escena cuando comenzó el desgarrador monólogo que describía la vivencia de una enfermera que asistía a estas mujeres raptadas y obligadas a parir y entregar a sus hijos sin conocerlos. Acto siguiente: pasaban a formar parte de la larga lista de los 30.000 desaparecidos.

Las funciones del ciclo “Idénticos” de Teatro x la Identidad son gratuitas y tienen como formato una serie de diez monólogos interpretados por diferentes artistas elegidos por concurso. Idénticos se presenta al público desde hace ocho años y se exhibe también en distintos teatros de Argentina, para un público de todas las edades. Fue propuesto por Mauricio Kartun y Daniel Veronese y consiste en presentar los monólogos en cuerpo y voz de artistas que aparecen sentados y se van turnando para realizar su presentación, que se extiende por aproximadamente diez minutos.

En Teatro x la Identidad no hay necesariamente familiares directos de desaparecidos ni nietos recuperados, a diferencia de los organismos impulsados por la lucha para reivindicar la memoria. Una de las características de esta organización es que opera de manera horizontal, sin autoridades y que desde el primer día sus miembros trabajan ad honorem. Cada monólogo interpretado es diferente y no todos abordan temáticas sobre personas desaparecidas, pero lo que los hace idénticos, si vale la redundancia, es que al finalizar cada artista se presenta con su nombre y apellido y aclara: «Y lo puedo contar porque sé quién soy».

Cristina Fridman es actriz, productora, fundadora de Teatro x la Identidad y actual presidenta de la asociación civil. En diálogo con ANCCOM recuerda surgió la idea: “Nació por una iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo de tender un puente entre su búsqueda y la sociedad recurriendo al ingenio y la creatividad. Se les ocurrió que a través del teatro se podía construir ese puente. Así surgió un primer espectáculo semimontado que se llamó A propósito de la duda, dirigido por Daniel Fanego, con dramaturgia de Patricia Zángano y más de 40 actores y actrices en el escenario. La obra se iba a representar por una sola función, pero fue tal la cantidad de gente que se presentó que se hizo durante todo el año. A partir de ahí un grupo de teatristas nos acercamos y vimos que era impresionante la reacción, sobre todo de la gente joven. Empezamos a ver que era posible continuar con este legado de Abuelas y así fue como empezamos a armar los siguientes ciclos de Teatro x la Identidad desde hace 23 años.”

«Muchos de los que hacemos Teatro x la Identidad hemos sufrido amenazas y prohibiciones en la dictadura. Sin embargo, que no haya familiares de desaparecidos en la organización no se debe a nada en particular: muchas personas que son parte son jóvenes que no vivieron la dictadura, pero que sienten el compromiso de pelear por un país más justo” -sostuvo Fridman y agregó-: “Entendemos que el hecho de que haya nietos y nietas que les faltan a las Abuelas no es algo que les falta solo a ellas, sino que es algo que le falta a la sociedad y que construir un futuro sin la verdad y sin la justicia es imposible. Somos compañeras y compañeros que creemos en la lucha de Abuelas, son una guía para nosotros y nosotras. Creemos en memoria, verdad y justicia».

Luis Rivera López, quién hasta el año pasado fue presidente de la asociación civil Teatro x la Identidad, actualmente forma parte de la comisión de dirección compuesta por trece integrantes.

¿Qué te motivó a ser parte de esta idea durante 21 años?

En los 2000 extrañaba mucho la militancia, durante toda una década la militancia estuvo mal vista y el teatro político era un teatro que estaba dejado de lado tanto en los ámbitos intelectuales como en el trabajo. Se suponía que era algo que no estaba bien. En mi adolescencia, durante la dictadura había militado muchísimo y había encontrado buena parte de mi felicidad y de mi identidad en esa militancia, por eso volver a eso después del 2000 fue como reencontrarse a uno mismo.

 ¿Cuál crees que es el mayor canal de difusión para iniciativas como estas?

El principal canal de difusión es la gente. Siempre hemos tenido un apoyo tremendo. Cuando empezamos fue una especie de explosión absoluta y la difusión fue gigantesca. Es como que todavía vivimos el eco de aquello. Era el año 2000. La sociedad explotaba y descubría muchas cosas como los nietos cuando descubren su identidad: la sociedad empezaba a descubrir su identidad».

Para Rivera López: «El mensaje de Abuelas es tan claro, tan prístino, que no tiene absolutamente ningún otro interés que no sea humanitario. Entonces allí estamos nosotros tocando las puertas. Hay que ir y tocar las puertas. Tratamos de dar este mensaje sin que sea estereotipado, ni que sea una bajada de línea. Para nosotros lo que está bien es dudar, buscar. El camino es el resultado y hace 20 años que estamos acá caminando».

Teatro x la Identidad surgió en el año 2000 y es un movimiento compuesto por teatristas. Desde 2004 se conformó como una asociación civil sin fines de lucro y tiene como objetivo hacer suya la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos que funciona desde hace cuatro décadas con la finalidad de localizar y restituir a los bebés robados de sus familias legítimas durante la última dictadura cívico militar de Argentina.

Las próximas funciones de Teatro x la Identidad serán el lunes 19 de junio a las 18 hs y el lunes 26 a las 20 hs en el teatro Politeama, Parada 353 Caba. La entradas son gratuitas y se entregan en el teatro, una hora antes del comienzo de la función, hasta agotar el aforo disponible de la sala.

Viejos sí, trapos no

Viejos sí, trapos no

El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Su objetivo es favorecer la toma de conciencia sobre los derechos de los adultos mayores, no subestimarlos por su edad y tomar medidas contra su vulneración.

En el 2011 Naciones Unidas calificó a la violencia hacia adultos mayores como un problema social al que se debe hacer frente. Por eso, en su resolución 66/127 designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Es una fecha en la que se busca generar conciencia sobre la existencia del abuso hacia personas mayores.

La vulneración puede consistir en maltratos físicos, psicológicos, sexuales o económicos o también en negligencia y descuido hacia la persona. Si bien la Constitución Nacional argentina prevé que el Congreso dicte normas para resguardar los derechos de los adultos mayores porque son considerados un grupo vulnerable, no hay una vía específica para la denuncia de estos casos. “Se trata a toda la violencia doméstica igual”, asegura Anabella Crisci, abogada especializada en salud y discapacidad.

Las denuncias deben realizarse en los organismos disponibles en cada jurisdicción. La víctima es evaluada por un equipo interdisciplinario para establecer la verosimilitud de la denuncia y la peligrosidad a la que está sometida. A partir de allí, “lo que suele ocurrir es que el juez dicta una medida cautelar de restricción de acercamiento a esa persona para resguardar su integridad”, explica Crisci.

El problema es que muchas veces las denuncias no se realizan porque no se identifican siquiera como tales. «Pensar que por ser vieja la persona no comprende o no puede tener ocupaciones o proyectos es un prejuicio, es ´edadista´», afirma Romina Rubin, médica geriatra y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría.

La Constitución y el Código Civil afirman que la capacidad de una persona debe suponerse hasta que se demuestre lo contrario. Si bien hay personas de edad avanzada que tienen dificultades para desenvolverse en un plano de igualdad con el resto, esto se debe a afecciones en la salud pero no a la edad en sí misma. Crisci asegura que muchas veces los mismos jueces que deberían ser expertos en el tema suponen que los años vividos condicionan las capacidades de las personas.

Antes de saltar a una conclusión así, se debe establecer si la persona cuenta realmente con capacidad de tomar sus propias decisiones a conciencia o no. Esto se logra a través del proceso de determinación de la capacidad que se dirige a todos aquellos que tengan una afección mental que por su gravedad les impida desenvolverse en igualdad de condiciones y pueda perjudicar su libertad. Lo que se busca es resguardarlos mediante la asignación de una figura de apoyo que los ayude a tomar decisiones o una figura de curador que los represente en distintos actos jurídicos.

 

Otras vulneraciones

La vulneración de los derechos también puede provenir del Estado y se le hace frente recurriendo al amparo de salud, un proceso judicial que se emplea para obtener una solución urgente frente a situaciones en las que se atropellan derechos y garantías constitucionales. En casos como este, afirma Crisci, se busca la cobertura de cuidadores o residencias geriátricas cuyo acceso presenta barreras burocráticas. En general, las obras sociales y prepagas se niegan a cubrir este tipo de prestaciones ya que la consideran un asunto social, dejando de lado que la salud es entendida como “el más alto bienestar físico, mental y social”.

Al tratarse de servicios con costos elevados, muchas veces es necesario recurrir a la justicia solicitando un amparo de salud ya que las residencias geriátricas suelen negarse a trabajar con obras sociales y empresas de medicina prepaga debido a los bajos montos que dedican a cubrir esta necesidad. Conseguir un servicio geriátrico en estas condiciones implica un proceso en el que el paciente o su familia debe acudir a un abogado especializado y presentar los documentos necesarios para solicitar a un juez que ordene la cobertura de la prestación. “Son todas barreras que se deben vencer para que la justicia les dé lo que indica la Ley de Discapacidad”, explica Crisci.

Una forma frecuente de violencia en geriátricos es la sujeción de los pacientes para evitar, por ejemplo, que se hagan daño a sí mismos o se quiten algún tipo de asistencia, por ejemplo, para respirar. Como establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el Artículo 4 de su Capítulo III, la sujeción física prolongada forma parte de las prácticas que deben ser prevenidas, sancionadas y erradicadas por los Estados Parte.

Rubin lidera un grupo llamado Desatar Argentina cuyo objetivo principal es generar conciencia acerca del daño que producen las sujeciones físicas (ataduras) y capacitar y brindar herramientas prácticas alternativas a su uso y promover su eliminación, debido a que las sujeciones vulneran los derechos de las personas, principalmente el derecho a la libertad y autonomía además de ocasionar daños a nivel físico, psicosocial y emocional. “La piedra angular es la formación, capacitación y fortalecimiento del cuidado bajo el paradigma de derechos y atención centrada en la persona”, explica la especialista.

El desafío es grande porque, como dice Crisci, las personas mayores con discapacidades requieren un control permanente que desgasta a sus cuidadores. Las prestaciones que se ofrecen en las distintas residencias son variadas y eso se refleja en el precio: “Hay para todos los gustos. Una estándar vale cuatrocientos mil pesos por mes y después hay instituciones que valen un millón quinientos mil que tienen hasta peluquería; tienen de todo”.

Aún así, Crisci remarca que existe un prejuicio en las familias que piensan que al dejar a la persona en una residencia, la están abandonando: “Yo veo muy claro cómo mejora la gente en los hogares porque una cosa es estar solos en su casa, cuidados por los cuidadores y que vengan eventualmente los familiares. Otra cosa es en los hogares buenos donde tienen terapias y pueden compartir con pares”.

Se trata de una realidad que no es accesible para todos. En parte debido a las barreras burocráticas mencionadas y a las listas de espera con las que cuentan las obras sociales como PAMI que además tienen convenios con instituciones que no siempre son las más adecuadas para cubrir la totalidad de las necesidades de los pacientes.

¿Cómo le hacemos frente?

El maltrato se puede manifestar de distintas formas y también son diversas las maneras en que se le puede hacer frente. Por su parte, las políticas públicas tienen impacto en la situación. Como plantea Crisci, es necesario facilitar los trámites necesarios para que los adultos mayores puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. A su vez, como considera Rubin, es la misma sociedad la que debe visibilizar esta problemática ya que se trata de un grupo vulnerado del que todos formaremos parte en tanto todos somos “seres envejecientes”. Vale la pena tomarse el día para pensar en esto.

Llegaron las promesas y se levantó el acampe indígena

Llegaron las promesas y se levantó el acampe indígena

Representantes de 32 comunidades originarias que acampaban en Plaza de Mayo levantaron la medida de protesta luego de reurnirse con distintos organismos públicos y crear diversas mesas de diálogo.

Los 130 miembros de 32 comunidades indígenas de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes, luego de cuatro días de acampe con carpas azules, colchones, abrigos y banderas en Plaza de Mayo, se llevaron una serie de compromisos tras haber mantenido reuniones con diferentes despachos oficiales del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social y de la Mujer, Diversidades y Géneros. Ya de regreso a sus territorios comienza una etapa de informes y relevamientos porque las demandas son muy variadas, van desde el acceso a la tierra y a los dominios de las comunidades contemplados en la Ley de Reparación Histórica a los Pueblos Originarios hasta el acceso al agua, tanto potable como para la producción, pasando por la falta de acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda digna.

Los pueblos wichi, toba, mocoví y guaraní –representados por las comunidades de Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle. Molinos, Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, entre otras– exigían el reconocimiento y derecho de gestión de sus territorios ancestrales, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra, un Estado Plurinacional y Plurilingüe. También reclamaban el acceso a la justicia, sin acciones discriminatorias y cese de la violencia sobre mujeres y niñas.

“Se olvidan que el pueblo indígena está sufriendo, nuestros niños están desnutridos, nos dicen que somos usurpadores, sin embargo somos los dueños de las tierras, nacimos acá y somos el pueblo originario”, dijo Anselmo Rojas, del pueblo qom del Impenetrable chaqueño. Rojas mencionó que la policía persigue y tortura a chicos, tanto indígenas como criollos, los detiene sin causa por reclamar por la tierra en la zona de Pompeya y Miraflores. “No pueden andar tranquilos por la vía pública, necesitamos que intervenga el ministro de Justicia”, agregó. Al mismo tiempo, denunció que de las 10 mil hectáreas que correspondían a su comunidad “prácticamente nos dejaron sin nada, sin título de propiedad”. Eran sus primeras palabras luego de un viaje de treinta horas, y cuando le preguntaban hasta cuándo se quedarían respondía que “hasta que haya respuestas”.

El acampe fue organizado con la finalidad de insistir en que el Estado nacional, y los gobiernos provinciales, adopten “políticas públicas con perspectiva indígena”, tal como expresaron otros referentes apenas pisaron suelo porteño. “A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, recordaron antes de hacer una asamblea.

El jueves indígenas y militantes del movimiento La Dignidad comenzaron a desarmar el acampe, mientras los micros se estacionaban frente al Cabildo para emprender el regreso. En esos días habían sido recibidos por diferentes organismos estatales. “En algunos se lograron armar mesas de diálogo a través de las cuales se han alcanzado marcos básicos de consenso para avanzar sobre algunos de los temas en agenda, ahora queda realizar la tarea de informes y relevamientos territoriales, sentarse con los distintos organismos correspondientes y ver qué resultados obtenemos”, sintetizó ante Anccom Manuel Malenchini, de La Dignidad de Corrientes. “De esos resultados dependerá la respuesta de las comunidades. Si vemos que los acuerdos de palabra asumidos avanzan materialmente no hará falta salir a protestar de nuevo. Mientras tanto estamos en alerta y en constante comunicación con las comunidades y operativizando los distintos informes y relevamientos que.nos solicitaron de parte del Estado”, agregó.

Malenchini dijo que conversaron sobre la “situación de abandono de las comunidades, la gran discriminación desde el sistema judicial y la falta de acceso a denuncias” con Carolina Varsky, subsecretaría de Programas Especiales contra las violencias, Bruno Cassan, director nacional de programas especiales y Aymara Choque, coordinadora de abordaje contra las violencias hacia pueblos indígenas. Se acordó la implementación de programas tales como el “articular”, “producir” y “escuelas populares” en las distintas comunidades. 

“El acampe fue levantado pero la lucha sigue”, enfatizó.

Tal como sucedió con la mesa de diálogo con el Estado que propició la liberación de las cuatro mujeres mapuches en Bariloche, algo similar parece haberse gestado con las comunidades originarias del centro y norte del país. Sin embargo, esta voluntad política está destinada a chocar con sectores conservadores de abierto racismo, como el diario La Nación que publicó días atrás un editorial sobre la solución en Villa Mascardi con el título “Acuerdo ilegal con falsos mapuches”.

Blanco y negro sobre la inflación

Blanco y negro sobre la inflación

El índice de inflación de mayo marcó un 7,8%. Si bien hubo una desaceleración respecto al mes anterior, la situación sigue siendo crítica. Un economista cercano al peronismo y otro liberal analizan el problema de los constantes aumentos de precios. Uno habla de multicausalidad y el otro de déficit fiscal. En lo único que coinciden es en que la dolarización no es la solución.

 

Pasó el quinto mes del 2023 y el índice de precios de los bienes y servicios sigue en alza; con un 42,2% de inflación en los primeros cinco meses del año, los ciudadanos se encuentran con cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, porque los salarios de los trabajadores no acompañan estos rápidos movimientos de la economía.

Problemas económicos que no tienen freno, que parecieran cada vez empeorar más; con una génesis que no está clara y una sumatoria de percances a la rastra, entre los que están un déficit fiscal que viene desde hace una década, el achique del presupuesto estatal, la deuda con el Fondo Monetario Internacional tomada durante el macrismo, una pandemia, y una sequía que obligaron a una amplia emisión monetaria, más una serie de intentos de políticas económicas que no dieron resultado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Es evidente que no hay una única mirada a la situación actual, porque los economistas tienen perspectivas distintas en cuanto al origen de los altos índices de inflación en el país. Sergio Chouza, economista y columnista, aliado a las ideas del peronismo, sostiene: “La inflación es un tema con una multicausalidad de componentes donde la base es la de los desajustes macroeconómicos”. Mientras que Christian Buteler, empresario y analista financiero con mirada liberal, afirma: “La causa de la inflación es exclusivamente la emisión de pesos, después uno debe analizar el detrás y la justificación del por qué se hace”.

Ahora bien, la crisis existe, pero ¿cómo salimos de ella? Claramente no hay receta ni una fórmula que asegure un mayor bienestar económico, pero sí debe haber determinadas políticas que sea cual sea el color político, se deberían tomar. “Se debería ir a un programa de estabilización macro integral donde obviamente el centro tiene que ser una política antiinflacionaria consistente”, afirma Chouza.

Por su parte, Buteler comenta: “Al haber tantos desequilibrios macroeconómicos desde hace más de dos décadas, tiene que realizarse un plan integral, que considere a la economía como un todo, viendo la parte monetaria, lo fiscal, lo cambiario, al tema subsidios o asistencia social, y todo basándose en buscar un equilibrio fiscal, a los efectos de no depender de esa financiación que termina siendo emisión pura y que afecta a la inflación”.

Por lo tanto, ambas miradas coinciden en que cualquier plan de estabilización económica, debe tener en cuenta cada uno de los compartimientos, para que cuando se intente llevar a cabo la estabilización, no se termine perjudicando a algún sector más que otro.

Pero un plan de estabilización económica en cuanto a la inflación, ¿necesariamente conlleva a reducir el gasto público? Como es sabido, muchos economistas, políticos y especialistas en el tema sostienen que la inflación se da por la emisión monetaria, y que eso está dado para solventar al alto gasto público que lleva a cabo el gobierno nacional.

Acorde a esta mirada, Buteler asegura: “Parte fundamental del problema de la Argentina es tener un Estado que gasta más de lo que produce, el nivel del mismo debe ser acorde a sus recursos. El Estado no se puede hacer cargo de todo si no se tiene una organización y financiación que pueda solventar esos gastos. Entonces, en el caso de Argentina, sí es necesario ajustar, pero no vas a empezar por los planes sociales en un país que tiene casi un 50% de pobres, se tendrán que buscar otro tipo de recortes como en el área política conformada por la Cámara de Senadores, diputados nacionales y provinciales, concejos deliberantes”.

Pero, ¿realmente tan solo reduciendo ese gasto público se solucionaría el problema del aumento de precios constantes que padece el país? Vale destacar que durante el gobierno de Mauricio Macri no solo se redujo la emisión de billetes casi a cero sino que también los índices inflacionarios duplicaron a los que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Lo monetario es un factor muy determinante pero yo creo que no es el único, no podés solamente enfocarte en eso -sostiene Chouza-. Sin dudas hay que ordenarlo, pero sin descuidar el resto de los factores. La prueba está en el 2018, que se aplicó un programa bastante restrictivo en materias fiscales monetarias, pero la situación externa estaba mal con una situación de déficit muy pronunciado de la balanza de pagos, por los dólares que se iban de las reservas ya por el acuerdo con el FMI, entonces no alcanzó solamente tener una reducción del gasto y por ende menores necesidades de impresión de billetes”.

El gobierno actual también duplicó, a su vez, los preocupantes números de aumento de precios que había dejado el macrismo. La presidencia de Alberto Fernández realizó ciertos recortes estatales, como la disminución de subsidios y aumentos tarifarios, por el acuerdo con el FMI, y además, se incrementó la emisión monetaria, probablemente motivados para financiar los gastos durante la pandemia. La preocupación ante el ininterrumpido ascenso generalizado del valor de los bienes, hizo que en noviembre del año pasado, el Ministerio de Economía bajo el cargo de Sergio Massa, implementara una vieja fórmula ya utilizada por gobiernos anteriores para intervenir en los precios, pero esta vez con el nombre de “Precios Justos”. Chouza asegura que “son medidas que sirven para recomponer un poco las referencias de precios, que se suelen romper cuando la inflación supera determinado umbral, que yo prefiero que esté, pero no es un programa antiinflacionario que pueda solucionar problemas estructurales”.

Que el gobierno intervenga en los precios siempre despertó polémica, principalmente para el ala derecha de los economistas. “El Estado generalmente no debe intervenir en los precios porque lo suele hacer mal. Si hay problema con los precios, el Estado debería limitarse a incentivar la competencia, abriendo las importaciones de ese rubro en específico para que de forma natural los precios caigan”, opina Buteler. 

Ahora bien, reducir más o menos el gasto público, intervenir en mayor o menor medida en el mercado, en las políticas cambiarias y sociales, están dentro del debate habitual desde hace años en cuanto a la manera correcta de administración económica de un país.

De todas formas, en el último periodo se ha comenzado a evaluar como alternativa, como medida monetaria, en un grupo reducido de dirigentes vinculados a la Libertad Avanza, liderado por el economista y diputado nacional Javier Milei: la dolarización. Bajo la mirada de estos, los precios se manejan tras los movimientos del dólar y cambiarse a la moneda norteamericana ayudaría a detener la inflación definitivamente porque no se podría acudir a la emisión de billetes.

“No me parece factible porque tiene poco consenso, y además le encuentro un problema técnico en el sentido de que la dolarización requeriría cumplir con ciertos prerrequisitos, para que no sea muy traumática en términos sociales, los cuales se podría reducir al orden fiscal, monetario y acumulación de reservas –argumenta Chouza–. Pero si uno pudiera cumplir con esos puntos, ya de forma natural habría un descenso en la inflación sin necesidad de ceder soberanía monetaria, ni descuidando la cuestión social que esta medida cristaliza a través de una distribución del ingreso mucho más estática”.

Buteler ofrece una mirada similar: “Te puede hacer bajar rápidamente la inflación, pero hay muchos otros problemas económicos de distribución de ingresos o el equilibrio fiscal que no te los resuelve dolarizar. Para sostenerla se deberían hacer ciertos cambios estructurales que en caso de que pudieran mantenerse, tampoco vas a tener inflación. El problema no radica en el nombre que tenga la moneda que tengo en el bolsillo, sino el plan económico y la organización que hay detrás”.

Por lo pronto, la situación económica se encuentra en una situación gravísima, según lo que publicó el Banco Central con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que calcula que el aumento de precios esperado para el sexto mes del año rondará el 8%, al mismo tiempo que se estima un 148,9% de inflación anual. Números que preocupan ya que empeoran las previsiones anteriormente publicadas.

El gobierno actual no puede hacer mucho en el corto plazo más que poner un dique de contención para tabicar la crisis. Y esperar, así como sostuvieron los economistas, a un plan integral en manos del próximo gobierno, que pueda traer mayor bienestar al pueblo argentino.

El fin de una era en San Luis y la continuidad en Tucumán

El fin de una era en San Luis y la continuidad en Tucumán

La derrota del candidato de Alberto Rodríguez Saa termina con una dinastía que dominó la provincia puntana durante cuatro décadas. Mientras tanto, en el jardín de la república, Osvaldo Jaldo aseguró la continuidad del justicialismo. También hubo elecciones en Mendoza y Corrientes.

El candidato de Cambia San Luis, Claudio Javier Poggi, cosechó el 53,2% de los votos 

San Luis, Tucumán, Mendoza y Corrientes fueron a las urnas en elecciones que miraron atentamente el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pensando en nacionalizar los resultados.

Con el 95% de las mesas escrutadas, el candidato de Cambia San Luis, Claudio Javier Poggi, cosechó el 53,2% de los votos, imponiéndose por sobre el candidato oficialista de Unión por San Luis, Jorge Omar “Gato” Fernández, quien obtuvo el 45,8%.

Gastón Hissa, candidato de Cambia San Luis, ganó las elecciones a intendente en la capital de la provincia con el 54,8% de los votos. Segundo quedó Sergio Tamayo, el actual intendente y candidato oficialista de Unión por San Luis sacó el 43,6%.

En San Luis se utiliza el sistema electoral de Ley de Lemas, como en Formosa, Misiones y Santa Cruz. En el caso de la provincia puntana, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, emitió el decreto 52 en febrero de este año, y de esta forma, aplicó este método conocido como doble voto simultáneo y acumulativo, además de derogar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia.

Desde el retorno a la democracia, sólo dos personas ganaron elecciones a gobernador en San Luis, además de los hermanos Rodríguez Saá: Claudio Javier Poggi y María Alicia Lemme. Poggi lo consiguió dos veces. En 2011, llegó a la gobernación bajo el ala e los hermanos que desde 1983 encarnaron el poder en esa provincia. Ahora, en 2023, vuelve, pero desde la vereda de en frente. Cuenta con el apoyo del precandidato a presidente, Horario Rodríguez Larreta, y con el senador nacional por el Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saá, peleado con su hermano Alberto, quien se quedó representando al peronismo.

Como señala Viviana Edith Reta, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), “después de 40 años pierde el Partido Justicialista en San Luis. Para muchos puntanos, es el único gobierno que habían vivido, incluso durante el primer mandato de Poggi, porque aquella vez fue gobernador por el PJ. Con el apoyo de Juntos por el Cambio en la provincia y la coalición que se armó, logró un triunfo importante. No sabemos si esto va a cambiar mucho la dinámica de la provincia, pero sí es una ruptura importante en términos de los cambios que se pueden producir en la provincia. Más allá de que nos guste o no el candidato que ganó, es importante la renovación de nombres, parcial al menos. Es importante un cambio de figuras.”

Por su parte, Ramón Sanz Ferramola, Doctor en Filosofía, Posdoctor en Humanidades y Ciencias Sociales, y Profesor Titular Efectivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), asegura: “Si tuviéramos que caracterizar esos 40 años de ‘caudillismo de los hermanos Rodríguez Saá’, más allá de los discursos, muchas veces altisonantes, se caracterizaron por ser gobiernos de un peronismo de centro derecha donde la obra pública ocupó el rol central. Esa obra pública trajo como consecuencia el cambio de un perfil de la estructura de la provincia: casas sociales, hospitales, escuelas, rutas, que fueron muy importantes para la transformación de San Luis. Pero es importante remarcar que siempre se trató de un peronismo de centro-derecha.”

En tanto, Enrique Elorza, profesor integrante del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y director de la Especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), afirma: “El tema a complejizar y pensar no es tanto en el orden provincial, sino en el orden nacional. Llegamos, después de 40 años de democracia, con una política profesionalizada de ambos sectores: del partido gobernante y la alternancia parlamentaria que tiene vocación de poder (lo que fue en su momento el radicalismo y lo que puede ser ahora el PRO y sus alianzas).”

El intelectual agrega: “Poco se habla de que hay una unificación de pensamiento. Tanto en el actual oficialismo, como en la oposición, hay como un acuerdo tácito en temas que verdaderamente complican a nuestro país. Ambos sectores no ven como un problema a la concentración económica (desigualdad, inflación), y en el caso de verlo, no lo enfrentan como tal.”

Por otro lado, añade otras similitudes entre ambos espacios: “Es visto como natural que el excedente de los sectores estratégicos del desarrollo de la economía (litio, comercio exterior) tenga que ser capturado por el sector privado y después, a partir del mercado, que se dé el equilibrio necesario. También con el tema de la deuda externa que en ambos sectores hay acuerdo en pagarla. Y en último lugar, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, que ambas coaliciones piensan que, si no hay acuerdo con el Fondo, viene el abismo. Creo que estos cuatro temas, más allá de quién gane, van a estar ausentes en las decisiones nacionales.”,

En Tucumán, en cambio, la oposición no logró vencer al Partido Justicialista. Con el 89% de las mesas escrutadas, el candidato del Frente de Todos, Osvaldo Francisco Jaldo, obtuvo el 56,3% de los votos, sacando amplia diferencia sobre el candidato de Juntos por el Cambio, Roberto Antonio Sánchez, quien sacó el 34,1%.

En San Miguel de Tucumán hubo polémica con el sistema de recuento de votos, ya que se quedó tildado y no avanzó más. Con la gobernación definida, la expectativa estaba en la disputa por la Capital, bastión de Germán Alfaro, de Juntos por el Cambio, que impulsa a su esposa, la senadora Beatriz Ávila, como su sucesora. El peronismo, que busca recuperar la Capital después de ocho años, se aferra al triunfo parcial de Rossana Chahla, que se impone por menos de un punto, con el 84, 6% de las mesas escrutadas. La definición será voto por voto.

En tanto, en Mendoza, con el 99% de las mesas escrutadas, Alfredo Cornejo ganó las elecciones PASO al superar con el 42,7% de los votos en la interna de Cambia Mendoza a Luis Petri, y se perfila como el favorito para ganar las elecciones generales. En segundo lugar quedó el postulante de la Unión Mendocina con el 20,3% de los votos, Omar de Marchi. Ambos se presentarán en las elecciones generales como candidatos a gobernador.

En Corrientes, también con el 99% de las mesas escrutadas, el radicalismo de Gustavo Valdés tuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas, ya que sacó el 66% de los votos, por sobre el Frente de Todos, que consiguió el 27%.