Todos por el Garrahan

Todos por el Garrahan

Una multitud marchó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para protestar por el desguace del hospital pediátrico en particular y del sistema sanitario en general. En el centro del reclamo -además del ajuste y la cuestión salarial- estuvo la transformación del sistema de residencias. Una verdadera multisectorial solidaria recorrió el centro porteño.

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan se movilizaron del Congreso a Plaza de Mayo en el marco del conflicto con el Gobierno nacional por el recorte presupuestario y el deterioro salarial. La marcha fue convocada a las 16 por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital y adhirieron también las dos CTA, varios gremios de la CGT, organizaciones sociales y políticas, agrupaciones de jubilados y muchas personas no encolumnadas. La movilización se realizó en medio de un paro de 24 horas que garantiza la atención de urgencias y de pacientes internados en la institución.

Las principales demandas giran en torno al ajuste propinado por el Poder Ejecutivo al mayor centro de atención pediátrica del país. Con un presupuesto congelado desde 2023, la amenaza de un vaciamiento progresivo y el desgaste de las condiciones laborales ya renunciaron casi doscientos trabajadores en el último año y medio.

Los residentes tomaron un lugar central en las discusiones a partir del reclamo por la recomposición de salarios que hasta abril se encontraban por debajo de la línea de pobreza, a eso se le suma una resolución emitida por el Ministerio de Salud de la Nación que modifica el Sistema Nacional de Residencias, transformando una relación laboral en una instancia de becas. Melina es residente de primer año de pediatría en el Garrahan y, en medio de la manifestación, sostuvo: “Estamos acá para defender la salud pública y nuestros derechos como trabajadores, nosotros como médicos y los de todos nuestros compañeros. Tenemos los sueldos pisados, estamos explotados de horas laborales y encima cambian el sistema nacional de residencias por un sistema de becas que nos va a dejar cobrando lo mismo pero en la informalidad”.

En la Plaza de los Dos Congreso, del lado de Yrigoyen, una multitud se congregaba mientras tomaban forma las primeras columnas, era la asamblea de residentes que convocaba a decenas de profesionales de diversos hospitales públicos. “Están tratando de pasar a los residentes de Nación a un beca que implica pérdida de derechos laborales, antigüedad, protección, derecho a paro y no supone una mejora del sueldo como dice el Gobierno. Es un precedente gravísimo, un retroceso muy grande para la lucha que hemos tenido en los últimos veinte años”, intervino Joahana, bioquímica residente de primer año del Hospital de Niños Gutiérrez. “Nosotros queremos defender al Garrahan y a todos los residentes de nación. Es muy importante que la gente entienda que el sistema de residencias forman a la mayoría de los profesionales, es el semillero de especialistas de todo el país”, agregó. En la misma ronda una de sus compañeras, instructora de residentes del mismo hospital, sumó que a la vez sus sueldos no están en línea con las paritarias del personal de planta y “se terminan retrasando mucho con la inflación,  para la cantidad de horas que trabajamos no alcanza”, aseguró María Belén y concluyó: “La idea de acá en adelante es trabajar en conjunto para que todos los residentes de la nación y de las provincias tengamos los mismos derechos”.

La situación de los residentes es transversal a las diferentes instituciones e implica una precarización de las condiciones de trabajo, de la formación de los profesionales y del estado general del sistema de atención médica. En esta línea, Mercedes comentó: “Venimos a acompañar al Garrahan, a hacer frente al desmantelamiento de la salud pública y también a defender el derecho a los usuarios, está muy complicado conseguir turnos, en farmacias, guardias, especialidades”. Ella es psicóloga y forma parte de la residencia interdisciplinaria en educación y promoción del hospital Pena, señaló que “cada vez hay menos presupuesto, menos insumos y a la vez están desmantelando el sistema de formación de residentes que es como se sostiene la salud de este país, no solo de los hospitales públicos sino también de los privados”.

Julio Daniel Dunogent preside el Instituto V del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y  junto a un grupo de colegas llegó a la marcha a apoyar el reclamo del Garrahan: “No entendemos el motivo de lo que se está haciendo, este desguace no tiene un objetivo que sea para mejorar la situación, no creemos que ese sea el camino. Nosotros como médicos, los pacientes y los papás de los pacientes que también están acompañando manifestamos oposición a todas estas medidas. El hospital hay que defenderlo, los médicos y todos los profesionales de la salud tienen que estar muy bien pagos, eso es fundamental”.

A medida que empezaron a moverse las columnas en dirección a Plaza de Mayo, los distintos sectores que pueblan las calles confluyen en un mismo recorrido. Banderas de centros de estudiantes, espacios culturales y gremios se encuentran con los carteles de jubilados, Ni Una Menos, trabajadores Aeronáuticos, de Georgalos y Secco. Ricardo es un jubilado autoconvocado y todos los miércoles está en la marcha frente al Congreso. “Hoy estamos acá para apoyar la salud, al Garrahan, al Posadas, al Bonaparte y a todos los compañeros que están en estado de vulnerabilidad. Nosotros vamos a seguir luchando”, aseveró.

La institucionalización de los trolls

La institucionalización de los trolls

En una clase abierta en la Facultad de Derecho de la UBA, Julia Mengolini narró el ataque sistemático que sufrió en redes y presentó con Juan Grabois su denuncia contra el presidente Milei y su granja de tuiteros por amenazas, intimidación pública, apología del delito y malversación de fondos.

En las últimas semanas, la periodista Julia Mengolini fue blanco de una campaña de ataques en plataformas digitales, que incluyó la difusión masiva de un video generado con inteligencia artificial en el que se la mostraba en una escena sexual junto a su hermano, siendo un material extensamente replicado por cuentas vinculadas al oficialismo. La causa cayó en manos del juez federal Lino Mirabelli, quien está al frente del Juzgado N.º 2 de San Isidro. Como primera medida, dispuso que la denunciante cuente con custodia las 24 horas. La fundadora de Futurock es representada por Grabois y el equipo de su organización, Argentina Humana. Juntos organizaron la exposición en la Sala Azul de la Facultad de Derecho, bajo el título “Inteligencia artificial y violencia estatal”.

A minutos de que se iniciara la conferencia, la circulación en la parte trasera de la planta principal de la Facultad se vio interrumpida por una extensa fila que cruzaba de punta a punta uno de los pasillos. La convocatoria, difundida por la protagonista en sus redes y en su programa de radio, superó ampliamente las expectativas. La Sala Azul, con capacidad para 180 personas, se desbordó por la llegada de alumnos, abogados, periodistas, docentes y figuras de la política nacional, como el senador Mariano Recalde, la diputada Natalia Zaracho y la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, quien fue ovacionada al ingresar.

Mengolini tomó la palabra al inicio, luego de ser presentada como “la protagonista no querida de esta historia”. “Desde el gobierno de Milei, un sistema de trolls empezó a institucionalizarse, a perfeccionarse, a profundizar sus métodos, y llegó a este último episodio por el que estamos acá, con una crueldad inimaginable y una idea absolutamente siniestra”, comenzó diciendo la periodista. Acto seguido, explicó que lo que le hicieron fue crear “algunos videos con inteligencia artificial en donde me involucraban sexualmente con mi hermano, en paralelo con muchas amenazas”. Sobre estas últimas especificó: “Algunas me mandan al Río de la Plata, haciendo clara referencia a la época tal vez más terrorífica y oscura de nuestro país, y otras dicen simplemente, por ejemplo: ‘Hija de mil puta, te juro que te voy a secuestrar y vas a terminar tirada en una zanja’”.

Después de enumerar estas ofensas, las vinculó directamente con Javier Milei: “El Presidente de la Nación se montó sobre esto y me dedicó noventa y tres tuits, siempre haciendo alusión a una suerte de vuelto, de que me lo merecía”. “La difusión de estos videos, la saña, las amenazas y los retuits del presidente tenían el objetivo simple de hacerme sufrir, de torturarme”, sentenció con la voz quebrada, lo que generó fuertes aplausos y gritos de apoyo en el auditorio. “Soy feminista, soy peronista, soy un montón de cosas que a este gobierno le molestan, y el vuelto en realidad se trata de eso. No es conmigo, es con el pueblo argentino”, agregó.

Para finalizar, declaró que el objetivo de esta denuncia es sentar un precedente jurídico y social: “Hay que reconstruir los lazos sociales, porque esto no es una discusión política ni ideológica, ya es otra cosa. El ataque por parte del Estado nacional, con todas sus milicias digitales paraestatales, contra una persona es brutal, asimétrico, cruel”.

“Cuando uno se quiebra, tenemos que estar los demás. Estar para pelear, porque no vamos a ser sus víctimas, sino sus adversarios”, afirmó Grabois en su discurso. “Lo que le hicieron a Julia y a tantas otras compañeras fue infligir dolor. No solamente psíquico, físico. Duele en el cuerpo, incapacita”, manifestó y sentenció: “Acá hay un caso sin ningún precedente, en donde el propio Presidente de la Nación, jefe superior de las fuerzas de seguridad, en más de 100 oportunidades difunde o promueve —una broma en alusión a las explicaciones de Milei en el caso Libra— esta tortura”. Para el dirigente, hay una situación que se va generalizando, en la que el terror se instala en un sector de la dirigencia social, académica, periodística o cultural: “Las víctimas inmediatas de las agresiones, del aparato estatal y paraestatal que funciona alrededor del señor Javier Milei”.

Gabriela Gusis, docente de Derecho Penal y Criminología, calificó las acciones de las cuentas oficialistas como un “acto de violencia política con la intención de silenciar y advertir a las disidencias”. Esta violencia “siempre es ilícita”, ya que “usa mecanismos informales, medios no legales, humillantes, utiliza la crueldad”. Según ella, de esa manera se construye “una otredad a la que podemos odiar”. “Siempre se hace del mismo modo: primero te denigro, luego maximizo el ataque y, finalmente, agito la violencia explícita. No se prohíbe hablar, pero se castiga a quien habla”, subrayó. Gusis señaló que estas acciones constituyen un ilícito internacional según los tratados de derechos humanos y que la Ley Antidiscriminatoria (23.592) también prohíbe la incitación al odio político. Ante este escenario, recalcó que es necesario que no haya una neutralidad institucional frente al odio, y que el Estado “no puede convertirse en un agresor que usa herramientas tecnológicas para disciplinar”.

Para presentar la denuncia, estuvo la abogada Camila Palacín, quien explicó que el escrito —de 70 páginas— está encuadrado en cuatro hechos diferentes: amenazas, intimidación pública, apología del delito y malversación de fondos públicos. Sobre esto último detalló: “Lo que decimos es que este aparato de hostigamiento que denunciamos no fue improvisado, sino que hubo funcionarios que usaron su tiempo, las oficinas del Estado y los equipos tecnológicos para reproducir mensajes de odio, editar imágenes y construir esta campaña. Recursos que deberían estar destinados a gobernar, y no a perseguir a una ciudadana”. Además, remarcó lo novedoso del uso de la inteligencia artificial y explicó cómo funcionaba dentro de la lógica del ataque: “La creación de imágenes y videos con IA fue un puntapié para comenzar a circular en redes la idea de que existía un video real, y con eso generar daño y provocar oleadas de amenazas”.

 

En el cierre de la conferencia, Grabois expresó desde el primer momento que su perspectiva era punitivista: “Nosotros queremos un juicio y un castigo severo a quienes participaron de esta acción criminal, que es mucha gente. Que los dispositivos electrónicos de estas personas sean secuestrados, y que los que tengan que estar en detención preventiva para no entorpecer la causa, lo estén. No podemos aceptar las garantías procesales. Muchos de los actores están identificados. Hay un par que tiene fueros, el resto no. Y esto nosotros lo tenemos absolutamente probado: fue planificado y aplicado con sistematicidad”. También recalcó la gravedad de que Milei esté involucrado en la agresión: “El que promovió los mensajitos que se convirtieron en amenazas directas al celular de Julia fue él. Este es uno de los casos que ponen de manifiesto una inhabilidad por la cual ese señor no puede ser más Presidente de la Nación. Tiene que tener un juicio político y hay que sacarlo a través de los mecanismos que nos da la Constitución”. Finalmente, tras citar otros casos, enfatizó: “Nosotros los abordamos rigurosa y sistemáticamente para ganar. No para llorar. La víctima puede llorar. Los abogados no: estamos para ganar. Y ganar es que sean condenados todos los responsables”.

Un piñón al mentón del Gobierno

Un piñón al mentón del Gobierno

En un día con varios temas sensibles a tratar y con muchas personas expectantes afuera del Congreso, la Cámara Alta aprobó por unanimidad la Emergencia en Discapacidad. También se dictó la ley que aumenta los haberes jubilatorios y la moratoria previsional. Además, los legisladores rechazaron al veto de la ley que establece un fondo de emergencia para Bahía Blanca y dieron media sanción al proyecto que obliga al gobierno a distribuir entre las provincias los Aportes del Tesoro Nacional retenidos y parte de lo recaudado por Impuesto a los Combustibles Líquidos. Todo al revés de lo que la Casa Rosada quería. Milei promete vetar las iniciativas.

No era un día fácil para el gobierno pero le salió peor de lo que esperaba: el Senado aprobó una serie de leyes muy sensibles para el gobierno: aumento para los jubilados, restitución de la moratoria previsional, además de dar la media sanción que faltaba para la Ley de Emergencia en Discapacidad. También se rechazó el veto presidencial al fondo de emergencia para Bahía Blanca. El presidente Javier Milei, desde la Bolsa de Comercio, anticipó que vetará todas las leyes que pongan en peligro el equilibrio fiscal. También acusó a la vicepresidente Victoria Villarruel de traidora por ser parte de la sesión. Horas antes ya se habían cruzado acusaciones en las redes con la ministra Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que lo que ocurrió en el Senado fue “un golpe institucional” y amenazó con judicializar las leyes, lo que da cuenta de que el golpe del Congreso dolió en el Gobierno.

 

La emergencia en discapacidad

Como todos los jueves en que era posible el tratamiento en Diputados de la Ley de Discapacidad, confirmada la fecha de sesión en la Cámara Alta, la vigilia se hizo sentir. Frente al Congreso de la Nación, desde temprano se congregaron personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector en una nueva manifestación por la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

Para aprobar esta norma, el voto en la Cámara de Senadores fue unánime. La Ley de Emergencia en Discapacidad pasó con 55 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, con la ausencia del oficialismo libertario y sus aliados del Pro. Además, fallaron los intentos oficialistas de boicotear la sesión aduciendo su nulidad, denunciando un golpe de Estado, apagando monitores y otros manotazos de ahogado. Como ya contaba con media sanción de la Cámara Baja la ley quedó aprobada.

Ante los resultados de este arduo conflicto, al ser consultada por ANCCOM, Laura Alcaide integrante de la Asamblea Discas en Lucha, comentó: “La Ley de Emergencia en Discapacidad es un punto de partida en nuestras luchas. Después de organizarnos desde abajo, de sostener cinco días de paro de los trabajadores, y hacer cuatro marchas federales en un montón de puntos del país, nos encontramos con mucha fuerza y mucha organización. Sabemos que este proyecto logró unirnos en la lucha aunque no sea el que nos garantice todas las condiciones de vida necesarias. Y aún con la situación que nos aqueja, sabemos que las demandas de las personas con discapacidad y nuestro sector han tomado visibilidad”.

Mientras tanto, el presidente desde la Bolsa de Comercio manifestó su profundo rechazo a casi la totalidad de las medidas tratadas en el recinto, como la mejora en las jubilaciones y la vuelta de la moratoria, “vamos a vetar, y si se cae, vamos a judicializar”, afirmó el  mandatario en su discurso en la BCBA.

La votación de esta Ley fue a las 18:44 y en la Plaza de los Dos Congresos corría la alegría pero también se vigorizaba la fuerza: “La realidad es que no podemos quedarnos con este logro. Vamos a exigir que Javier Milei no vete la ley, lucharemos otro tanto si se judicializa. Pero fundamentalmente vamos a exigir que todas y cada una de las leyes de nuestro marco normativo de avanzada se cumplan. Levantaremos cada vez más alto nuestras banderas, que no son solamente el cumplimiento de nuestras terapias, el sostenimiento de nuestras pensiones, sino también el acceso al trabajo, a la educación, la cultura y la salud. Básicamente nuestra exigencia es por vidas dignas” enfatizó la militante disca Laura Alcaide.

“Nuestra calidad de vida no es estrictamente la aprobación de una ley, por lo cual nos seguiremos encontrando en las calles”, resaltó Alcaide entre alegre y combativa.

iMás golpes al gobierno: aumento de jubilaciones

Otro de los temas calientes del día fue el tratamiento del aumento a jubilados y pensionados y la restitución de la moratoria previsional. En este caso, el Senado aprobó en general el 7,2 por ciento de aumento para los jubilados, elevó el bono de 70 mil a 110 mil pesos con 52 votos a favor, 4 abstenciones y 16 ausencias, entre las que se sumaban al bloque oficialista algunos aliados que proclamaron la invalidez de la sesión por no haber sido convocada formalmente por la presidente de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. Sin embargo, al momento de la votación en particular de la extensión de la moratoria, los porotos cambiaron. Se aprobó con 39 votos afirmativos, 14 negativos y 1 abstención. De los 9 legisladores de la UCR que habían apoyado el aumento, 8 votaron en contra de la prórroga a la moratoria previsional y el restante, Martín Lousteau se abstuvo. No fue el único cambio en la votación por artículo por artículo, donde hubo otras bajas.

 

Emergencia en Bahía Blanca

El Senado también rechazó con 51 votos afirmativos el veto presidencial a la declaración de Emergencia Social, Económica, Sanitaria, Ambiental y Urbana en el municipio de Bahía Blanca. La iniciativa que le propone al Ejecutivo destinar una partida extraordinaria de 200 mil millones para asistir a la ciudad devastada por el temporal, había sido aprobada por 230 votos afirmativos en Diputados. Además, la declaración de emergencia establece la suspensión por 90 días de juicios y procedimientos de cobro de acreencias vencidas ante esta situación garantizando la tranqulidad de familias, comerciantes y productores.

Sobre el cierre de la sesión, los senadores también dieron media sanción al proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir en las provincias los recursos retenidos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional y de los impuestos a los combustibles líquidos, que tienen una asignación específica destinada al mantenimiento de las rutas y que el gobierno embolsó para sostener el déficit fiscal.

La Cámara Alta aprobó todo lo que el gobierno no quería por primera vez desde que Milei es presidente. ¿Será un cambio definitivo en la relación con los gobernadores o solo una escaramuza para medir la relación de fuerzas?

“Nadie puede vivir en una historia que no es cierta y sin conocer a su familia”

“Nadie puede vivir en una historia que no es cierta y sin conocer a su familia”

Abuelas de Plaza de mayo restituyó la identidad al nieto 140, que había nacido en el centro clandestino de detención La Escuelita. Es hijo de los desaparecidos Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. Era buscado por su hermana mayor, Adriana, y la abuela de ambos, Elisa Kaiser, ya fallecida, quien solía decir que “la sangre llama”. En la conferencia de prensa también se reclamó contra el desmantelamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las políticas de memoria.

El lunes que comenzó nublado en Capital Federal despejó hacia el mediodía, luego de que Abuelas de Plaza de Mayo anunciara la restitución del nieto 140, a quien presentó a primera hora de la tarde en la Casa de la Entidad ubicada en el Espacio de Memoria ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). “Mi abuela Elisa decía que la sangre llama”, relató Adriana Metz Romero, hermana mayor del nieto 140, en referencia a su abuela paterna Elisa Kaiser, quien la crió luego del secuestro de sus padres, Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, cuyas fotografías estaban sobre la mesa que compartió, durante la conferencia de prensa, con el nieto restituido 57, Manuel Gonçalves Granada, y con Estela de Carlotto, presidenta y línea fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.

Tanto Graciela Alicia Romero, como su esposo, Raúl Eugenio Metz, eran oriundos de Bahía Blanca y se conocieron militando en comedores barriales de la ciudad, y luego se unieron al Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

El 16 de diciembre, cuando Graciela estaba embarazada de 5 meses, fueron secuestrados en Cutral-Có, lugar donde se habían trasladado luego de ser perseguidos. Se sabe por testimonios de sobrevivientes que los aún desaparecidos estuvieron secuestrados en dos centros clandestinos de igual nombre, “La Escuelita”, ubicados en Neuquén y Bahía Blanca. En este último centro, nació el 17 de abril de 1977 el hijo del matrimonio Metz-Romero, hoy nieto restituido.

Durante la conferencia de prensa, Adriana Metz adelantó pocos detalles: que su hermano vive en Buenos Aires y tiene 48 años, aunque prefirió darle espacio y tiempo para que cuente él mismo cuando se sienta listo. “Me contó que fue criado como hijo único y que no tiene familia, a lo que le dije: ‘Yo’. Mi hijo Lucas, me señaló que cambió mi forma de hablar al estar con él presente. Solía referirme a ‘mi mamá’, pero con él hablo de ‘mamá’ y ‘papá’. No fue forzado porque siempre fui consciente de que tengo un hermano. A partir de acá es todo ganado para la familia Metz Romero pero también para la sociedad. Porque cada niño que recuperó su identidad nos ilusiona un poquito más”, relató la hermana mayor y colaboradora de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, quien en el proceso de búsqueda abrió un blog de tejido en el que escribía a su hermano, al igual que lo hizo en una carta el 17 de abril en el que cumplía 40 años. “Fue construyendo una red que la cobija y hoy también abraza a su hermano en este encuentro tan esperado”, expresó Carlotto sobre Adriana, en un discurso sincero y cercano que recordaba a una niña infante, recuperaba la historia y la personalidad de los aún desaparecidos.

Adriana Metz Romero, que hizo propia la búsqueda iniciada por su abuela, se refirió en diálogo con ANCCOM a la importancia de socializar la lucha. “La fuerza se encuentra en esta red colectiva que armaron las abuelas. Una red de contención, de búsqueda, a la que incorporan a los nietos, a los hermanos, enseñándonos que la búsqueda terminará cuando los encontremos a todos”. Fue criada por sus abuelos y construyó un núcleo familiar: “Esto es el día a día y construir a pesar de la ausencia. Por su parte, mis hijos, hicieron suya la causa y buscaban a su tío, no al hermano de su mamá. Ahora ya no tienen que salir a buscar a mi hermano, pero sí tendrán que buscar a los demás”.

Por su parte, Estela de Carlotto, expresó a ANCCOM: “Nadie puede vivir en una historia que no es cierta y sin conocer a su familia. Esto para nosotros es como un nacimiento y así lo festejamos. Recuperar a los nietos es llegar a la verdad de lo que ha sido la apropiación de niños durante la dictadura cívico militar, darles la identidad que corresponde y que se encuentren con su familia para disfrutar de la verdad”, situación que describió durante la conferencia de prensa como “un bálsamo para seguir a pesar de las circunstancias”. En ese sentido, la militante histórica expresó que a pesar de los tiempos hostiles para las políticas de memoria, “la fuerza está en la convicción y en el deseo que sentimos de que nuestro país sea el que soñaron los 30.000, que desde donde estén nos ayudan, pero nosotros somos los que tenemos que movernos, y para ello no hay edad. Mientras pueda estar parada y mi cerebro funcione voy a estar, si yo puedo ustedes también. Tengo fe en la juventud, en su inteligencia de seguir los buenos ejemplos”.

En particular, esta búsqueda comenzó a partir de la recepción de denuncias anónimas y la investigación posterior por parte de la organización. En ese sentido, recordaron la importancia de la construcción colectiva de la verdad: “Cualquier sospecha, por mínima que parezca, es motivo para acercarse a Abuelas. Por eso, si alguien tiene algún dato, también le pedimos que se acerque. Son esas las informaciones guardadas hace años las que nos permiten hallar a nuestros nietos y nietas”, expresó Gonçalves Granada. Sin embargo, también llamó la atención sobre la alarmante situación de los trabajadores de los distintos organismos abocados a las políticas de memoria. Mencionó del decreto 351/2025 por el cual el gobierno atacó a la ciencia y la memoria. En el mismo se determina que el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por la Ley N° 23.511, quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete en manos de Guillermo Francos, dejando de ser un organismo autónomo y autárquico. “La búsqueda colectiva sostenida a lo largo de 49 años condensado en estos momentos ratifican lo imprescindible que son las herramientas construidas por el Estado y la labor silenciosa de decenas de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Que aún hoy en condiciones precarias y con enormes dificultades continúan trabajando con la convicción de que este delito debe ser resuelto”,

“Con la restitución 140 confirmamos, una vez más, que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que, gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos años de lucha seguirán apareciendo”, expresó Carlotto en la ronda de prensa que finalizó con los vitoreos infaltables: “30.000 compañeros detenidos desaparecidos: ¡Presentes!” La gente no abandonó el predio hasta varias horas después de finalizada la conferencia. Aunque la búsqueda es continua y quedan aún 300 nietas y nietos con su derecho a la identidad vulnerado, el murmullo, las conversaciones y la alegría en un espacio como la ex ESMA recuerdan por qué es necesario continuar con la causa de las Abuelas.

 

“Le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma determinación”

“Le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma determinación”

El presidente de Brasil, Luis inácio Lula da Silva, visitó a Cristina Kirchner en su departamento de Constitución, donde cumple con su prisión domiciliaria. El brasileño, que estuvo más de 500 días detenido por un proceso judicial amañado, llevó su solidaridad a la dirigente argentina, quien luego denunció en las redes la presencia de «un terrorismo de Estado de baja intensidad».

En la esquina de San José y Humberto Primo se encuentran los resabios de unas álgidas semanas. Las paredes, las calles y las veredas están impregnadas todas de un mismo mensaje y por una misma causa: el amor a Cristina, ese amor que no puede proscribirse. Y es el mismo amor y respeto por la democracia y la patria grande que juntó hoy, 3 de julio de 2025, a la dos veces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el actual presidente de Brasil por segunda vez, Lula Da Silva.

El encuentro se dio en el marco de una visita del mandatario brasileño al domicilio de Cristina, ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución. La expresidenta cumple la prisión domiciliaria de seis años tras la condena firme dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 en la causa Vialidad, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La reunión se dio entre las 12:45 y las 13:30 del mediodía de este jueves.

La visita tuvo que ser autorizada por el Poder Judicial a condición de que Cristina se “abstenga de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”. Esta es la primera visita que recibe fuera de las previamente autorizadas de abogados y familiares. Además, es el primer encuentro de ambos líderes luego de que saliera la sentencia.

La agenda de la charla fue coordinada entre delegados diplomáticos, que acompañaron a Lula en la reunión. La visita no contó con la presencia de medios de comunicación, ya que el mandatario explico que tenía un fin privado y humanitario.

Afuera, militantes rodeaban la casa de la exmandataria, como fue cotidiano en las últimas semanas. Entre cantos y abrigos, esperaban con frío que Cristina saliera al balcón, o poder ver a Lula entrar y salir del edificio de la calle San José. La energía era de alegría por el encuentro, de nostalgia por tiempos pasados, de la esperanza que traen casos como los de Lula en Brasil: Lula también estuvo preso más de 500 días antes de volver a la presidencia y que se corra el velo de un proceso judicial amañado.

Días antes de este encuentro y cuando se supo la condena a la expresidenta, Lula públicó en redes sociales que se comunicó telefónicamente con ella: “Llamé a la camarada Cristina Kirchner esta tarde y le expresé mi solidaridad. Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles. Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando”.

Luego del encuentro, la líder públicó en su cuenta de X y de Instagram fotos con el título: “Miseria planificada y terrorismo de estado de baja intensidad. Hoy recibimos al compañero @LulaOficial”. En el posteo, denuncia a “un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico”. Indica además que “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”. En este sentido, reflexiona que su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un “acto político de solidaridad”.

Con firmeza, Cristina afirma que “Los ojos del mundo están viendo con atención como la Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de estado de baja intensidad”, haciendo referencia no solo a su situación sino a lo vivido por los jubilados reprimidos cada miércoles, los jóvenes y las militantes detenidas ayer. También, conmemora lo sucedido con los periodistas, y la violación a la libertad de prensa que múltiples veces se ha sucedido en el último tiempo. “Nos costó demasiado construir la democracia argentina como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice “Libertario”… pero que solo le da libertad a los más ricos”.

En sus declaraciones, la expresidenta analiza el gobierno de Javier Milei y compara aspectos de la dictadura de Pinochet en Chile: “Están convirtiendo al país en un experimento continental. Mismo manual, salarios de hambre, privatización total, entrega absoluta al Fondo Monetario Internacional. Lo que completa este cuadro tétrico… es esto que estamos viviendo: prensa bajo cuerda por miedo al Presidente, a las órdenes del patrón o a la pérdida de la pauta; leyes represivas, líderes de la oposición a los que se les quiere impedir salir al balcón de su casa. Todo es parte de un ataque preventivo contra la capacidad del pueblo de organizarse. Tenemos algo que ellos jamás van a tener: un nosotros –concluyó-. Este nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos”.

Tras el encuentro, el presidente de Brasil también realizó declaraciones en su cuenta de X y de Instagram. Indicó que se alegró de volver a verla y encontrarla tan bien, tan fuerte y con ganas de luchar. “Mi amistad con Cristina es de larga data y va mucho más allá de la relación institucional. Es el cariño y el amor de amigos, colegas en el ámbito político y en los ideales de justicia social y lucha contra la desigualdad. Además de expresarle mi solidaridad por todo lo que ha vivido, le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma determinación que ha caracterizado su trayectoria vital y política. Pude sentir el apoyo popular que ha recibido en las calles y sé lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles”.

En 2018, cuando lideraba todas las encuestas para las elecciones presidenciales, Lula fue condenado y encarcelado por supuestos actos de corrupción en el marco de la operación Lava Jato, un proceso plagado de irregularidades y maniobras jurídicas. La condena fue luego anulada por la Corte Suprema, que reconoció la parcialidad del juez Sérgio Moro, quien luego fue ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro, principal beneficiario de la exclusión de Lula. Posteriormente, Lula fue absuelto y reelecto presidente en el año 2022.

“Nosotros nos sentimos muy identificados porque en Brasil pasamos por un proceso muy similar con la parcialidad de los jueces”, sostiene Mayara Dos Santos, militante del Partido de los Trabajadores, en esta esquina de Constitución. “Brasil se vio muy dividido con toda esa situacion –prosigue–. Pero bueno, lo logramos, pasamos. Y aquí nos sentimos muy interpelados por todo el contexto que vive la sociedad argentina, y nos pusimos recontentos al saber que nuestro presidente venía por 24 horas y que iba a reunirse con alguien tan importante para muchos de acá. Nos parece muy importante que muestre su apoyo, como ella lo hizo en su momento. El encuentro nos amplía la visión de cómo debemos estar preocupados por lo que sistemáticamente padecen nuestros líderes políticos con la persecución judicial, algo que padece también el presidente Petro en Colombia. Tenemos que tener una visión más amplia de la región, y de verdad preocuparnos por este avance de la extrema derecha”.

Tanto el caso de Lula como el de Cristina son emblemáticos ejemplos del lawfare, una estrategia de judicialización de la política que busca la proscripción de dirigentes populares, y la desestabilización de los gobiernos populares de Latinoamérica. Estas operaciones políticas son antidemocráticas, persecutorias y buscan bloquear por vías no democráticas no solo la voluntad popular, sino también a dirigentes que representan proyectos de ampliación de derechos, justicia social y movilidad social ascendente en Latinoamérica.

Los encuentros como los de hoy son claves para pensar no solo que todo no está perdido para la Argentina en términos democráticos, sino también que la unión de los países de Latinoamérica aún se mantiene. Solo se puede derrotar a las operaciones políticas derechas extremas si los países de nuestra Latinoamérica se encuentran hermanados en un proyecto mayor: la integración regional, la cooperación latinoamericana y la autonomía y soberanía frente a las influencias de los Estados Unidos. Hoy se sintió, una vez más, que la patria grande está de pie.

Otra opositora al gobierno presa

Otra opositora al gobierno presa

En nuevo avance de la criminalización de la protesta, la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, Alesia Abaigar, fue detenida en la carcel de Ezeiza acusada de incitar al odio por participar, supuestamente, de un repudio al diputado José Luis Espert. Sus abogados no pueden acceder a la causa y los organismos defensores de los Derechos Humanos exigen su libertad.

Alesia Abaigar, funcionaria del gobierno bonaerense y militante del campo nacional y popular, fue apresada el miércoles pasado en un operativo policial en la ciudad de La Plata. Su detención se dio en el marco de una causa judicial que la acusa de participar en una protesta frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert, realizada días antes en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires.

Según la versión difundida por el propio Espert y algunos medios oficialistas, durante la manifestación se habría colgado un pasacalle con consignas políticas y arrojado excrementos en la puerta de su casa. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que vinculen directamente a Abaigar con estos hechos. Tampoco se le permitió a su defensa acceder al expediente completo ni conocer en detalle los cargos por los cuales permanece detenida. “A pesar de ya tener un trámite esta causa, en siete días no pudimos ver el expediente. Defender a ciegas no es algo fácil, ni tampoco es algo tolerable de un hecho de esta naturaleza, que se le ha dado una magnitud que realmente no tiene”, explica Daniel Llermanos abogado defensor de Abaigar.

Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, agregó: “La prisión de Alesia es política; a ella le tocó la cárcel, como a Pablo Grillo le tocó la bala. Hace días de su prisión y todavía no se sabe qué se le imputa, no hay ninguna prueba que vincule a Alesia en el lugar del hecho, por lo que significa que es una presa política. Esto, en consecuencia, genera una sensación de que la justicia está descargando sobre sus ciudadanos todo su poder, sin tener en cuenta los derechos fundamentales de las personas. Es una prisión política porque busca un objetivo político claro: el de aleccionar, atemorizar, estigmatizar, deshumanizar a las personas que buscan un país mejor, con más justicia social”.

José Luis Espert en la sesión diputados de este miércoles. 

Si bien su defensa presentó un pedido de excarcelación, el mismo fue rechazado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro. Desde entonces, la funcionaria bonaerense fue trasladada al penal federal de Ezeiza, donde permanece detenida, acusada de “incitar al odio”. “No todas las conductas que puedan considerarse malas o negativas son delictivas. No está tipificada la acción y la jueza forzó la tipificación del caso para ponerla dentro del concepto global de amenazas que no ocurrieron”, detalló el abogado defensor, Llermanos.

¿Quién es Alesia Abaigar?

Alesia es militante feminista, activista social y actualmente es directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense. Es reconocida por su trabajo en políticas públicas vinculadas a juventudes y derechos sociales, y por su participación activa en espacios de militancia territorial. Su detención fue interpretada por muchos como un intento de criminalizar a una mujer militante, comprometida con causas populares y con la organización colectiva.

Portos mencionó: “Hay intereses claros que son amedrentar a la militancia, disuadir la protesta social porque el Gobierno sabe que su modelo económico no resiste y que estos pequeños hechos de resistencia, como los miércoles en el Congreso, las grandes marchas universitarias y otros hechos que están ocurriendo van a terminar uniéndose en protestas masivas.”

Conferencia de prensa

El lunes 30 de junio se realizó una conferencia de prensa encabezada por Llermanos donde, además de Portos, también estuvieron la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la periodista Marta Dillon y el militante por los derechos humanos Eduardo Tavani .

“Esto es un compromiso republicano, estar preocupados por alguien que, por un acto político que por más criticable que pueda ser, está muy injustamente privada de su libertad”, comenzó la conferencia de prensa el abogado Daniel Llermanos.  Allí se denunció el uso del sistema judicial como herramienta para amedrentar a la militancia y disciplinar la protesta social. También se advirtió sobre el peligro de avanzar en un modelo de criminalización selectiva, que busca desmovilizar y deslegitimar a quienes se oponen al rumbo político y económico del gobierno nacional.

La detención de Alesia ocurre en un clima político de creciente hostigamiento hacia la protesta social. En los últimos meses, se intensificaron las detenciones arbitrarias, la represión en movilizaciones pacíficas y los discursos estigmatizantes por parte de funcionarios nacionales, en especial, de quienes integran las áreas de seguridad. La frase del propio Espert —“a los militantes kirchneristas les toca cárcel o bala”—, pronunciada semanas atrás, alimenta aún más las sospechas sobre la intencionalidad política detrás de esta causa.

Al respecto, Portos señaló: “La protesta es la forma que tiene el pueblo de accionar cuando se están avasallando sus derechos y se les está aplicando una política de crueldad planificada, que no es aleatoria. Los discursos de odio forman parte de ese plan, protestar tiene que ver con no resignarse ante la autoridad injusta”.

Diversos espacios políticos, sindicales y de derechos humanos continúan organizando actividades para exigir la liberación de Abaigar, entre ellas movilizaciones, acciones legales y campañas de difusión en redes sociales. La consigna es unánime: “Basta de perseguir a quienes piensan distinto, libertad inmediata para Alesia”.