Un viaje al barrio Mugica

Un viaje al barrio Mugica

Los vecinos de la Villa 31 se plantan contra la estigmatización y el avance del negocio inmobiliario. “La gente de acá es humilde y empática”, dicen. Mientras tanto, siguen reclamando que el Gobierno porteño cumpla con la Ley de Integración Sociourbana.

“La gente de afuera suele pensar que todos morimos de hambre, que somos villeros, delincuentes o drogadictos”, revela Micaela Ortiz (25), quien, junto con su familia, vivió toda su vida en el Barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31 bis), ubicado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, entre la concurrida estación de trenes de Retiro, el puerto y la adinerada Recoleta.

La infinidad de cables entrelazados sobre las calles y las estrechas casas pintadas de todas las gamas forman parte de su paisaje cotidiano. Ella no tiene la voluntad de irse a vivir “afuera”, sino que ve el barrio como una verdadera comunidad cuyas puertas de entrada resguardan más que separan. “La gente acá es humilde y empática. Cuando ven que alguien necesita comida, o le falta un abrigo, siempre ayudan. Si te falta algo para cocinar o si hay una urgencia, tenés la seguridad de que si vas a tocar el timbre del vecino, vas a recibir apoyo; no estás sola. Afuera es distinto: una vez, me descompuse en medio de una plaza y a nadie le importó”, recuerda. 

 El barrio nació en la década de 1920, cuando obreros del puerto y del ferrocarril comenzaron a asentarse en la zona. A lo largo de las décadas, las crisis económicas y las guerras impulsaron su crecimiento, alimentado por la llegada de inmigrantes del interior y del exterior en busca de nuevas oportunidades. Estigmatizado como “villa miseria”, pronto las autoridades intentaron erradicarlo. La última dictadura ejecutó desalojos forzados y desató una persecución que incluyó el asesinato del sacerdote Carlos Mugica, quien hoy le da nombre a la otrora Villa 31.

Micaela Ortiz junto a su madre Karina en su casa del Barrio Padre Mugica.

Desde la vuelta de la democracia, el barrio se fue transformando y expandiendo. Cuenta hoy con centros de salud, escuelas, supermercados, un banco Santander y un McDonald’s. La zona, de alrededor de 40 mil habitantes según el Censo 2022, funciona como una ciudad dentro de la misma ciudad: “Acá se encuentra todo, entonces ¿por qué la gente saldría? Hay muchas personas que no conocen otra cosa más que esto”, explica Ortiz.

 

Límites de la urbanización

El crecimiento del Barrio Mugica ha sido acompañado por un Proyecto de Integración Social, Económica y Urbana, impulsado desde 2016 por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad. El objetivo era claro: mejorar los servicios y dar a los vecinos las mismas oportunidades que al resto de los porteños. El plan, establecido por la Ley 3343, fue la primera etapa de la propuesta cuya ejecución se puede observar hoy en la parte portuaria del vecindario.

Las calles principales son pavimentadas y anchas. A los costados, los edificios se alzan en verdes y azules de hojalata que brillan bajo el sol. Sin embargo, el aire se siente denso: los comercios y puestos policiales permanecen vacíos y, en la vereda, las pocas personas que circulan lo hacen en silencio, evitando cruzar la mirada con los demás, como si ese simple gesto pudiera malinterpretarse. 

En una panadería, una joven que prefiere conservar el anonimato, cuenta: “Hace cinco años que vivo acá. Cuando construyeron las nuevas viviendas, me reubicaron en una de estas y estoy muy contenta. Vivo en condiciones mucho mejores que antes y desde entonces nunca tuve ningún problema, ni con las infraestructuras, ni con el acceso a los servicios básicos. También pusieron postes de luz, lo que me hace sentir más segura cuando salgo del trabajo de noche”.

Al cruzar la calle, hay otra panadería, donde Sofía Montserrat, quien también se mudó a una de las nuevas viviendas, señala: “Los edificios están bien, pero algunos departamentos tienen fallas y nadie se ocupa de ellas. Hace poco tuve un accidente: se cayó un bloque de cemento en mi baño y lo dejaron suelto, sin reparar. En otros pisos hubo filtraciones y son los mismos vecinos quienes deben encargarse de eso”. 

Estos defectos no son casos aislados: en su informe de 2022, la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya reportaba quejas de vecinos que esperaban, en vano, reparaciones. Se reportaron problemas como calefones solares que no funcionaban, cielos rasos rotos, o bombas que llevaban meses rotas. En julio de 2025, el Gobierno de Jorge Macri prometió corregir las fallas con un proyecto de “puesta en valor” de estos edificios. Montserrat, sin embargo, no tuvo noticias de eso.

Los planes de urbanización –hoy paralizados– no transformaron por igual a todos los sectores del barrio. En los más precarios, la vida cotidiana transcurre bajo una nube de polvo constante que levantan los autos al pasar por las calles de tierra. Las casas, con sus pisos superpuestos y desiguales, parecen haber crecido una sobre otra con el paso del tiempo, como si cada familia hubiera construido su historia encima de la anterior. Ortiz resume la situación: “En verano, tenemos muchos cortes de luz, que pueden durar hasta dos o tres días. Los sectores cercanos a las vías de tren son los más impactados. Con el proyecto de urbanización, se cambiaron las cloacas y los caños de agua de una buena parte de la zona, pero no de estas secciones: tienen que usar filtros y todo se inunda cuando llueve. También se instalaron nuevos postes de luz, pero no en todas las cuadras”.

 

Inclusión y participación

El proyecto de Integración del Barrio Mugica también supone un fortalecimiento del acceso al aprendizaje. En 2019, se terminó de trasladar el Ministerio de Educación a la zona, lo que llevó a la implantación de un Centro para adultos y adolescentes.

Cristián trabaja en el Centro de Integración de las Mujeres del Barrio –ex Secretaría de Integración Social y Urbana– y comenta el impacto que puede tener en los habitantes: “Proponemos una diversidad de talleres: costura, uñas, peluquería, electricidad, plomería y administración de consorcio. Están destinados a todos y les ayudan mucho para salir adelante. Por ejemplo, hace poco dimos un curso exclusivamente para mujeres donde aprendieron a armar un tablero eléctrico”.

Más allá de las políticas oficiales, la integración también nace desde adentro. En medio de las dificultades, los vecinos encuentran en el deporte una forma de unión. Así nacieron clubes impulsados por ellos mismos, donde cada tarde se reúnen decenas de jóvenes en un clima de alegría. “La gente viene acá para pasarla bien y divertirse. Es una escapatoria para muchos, y puede evitar que algunos pibes tomen el mal camino”, afirma Gimena Cubillo (33), administradora de Fútbol Retiro, mientras detrás de ella se escuchan los gritos de un partido.

 Aunque Cubillo no reside en el barrio, conoce de cerca la rutina de quienes lo habitan: los problemas que persisten, los prejuicios que los persiguen y, sobre todo, el sentimiento de abandono por parte de las autoridades, de los servicios públicos y de la gente de afuera, que muchas veces elige mirar hacia otro lado. “Desde acá vi todo el embarazo de una chica con adicciones que vive en la calle. El bebé tuvo su primer baño acá en el predio del club. Le ofrecieron asistencia social, pero volvió a caer y hoy sigue consumiendo”, relata con la voz entrecortada. 

Ortiz denuncia y resiste a este olvido a través de la información y la participación comunitaria. “Voy a las reuniones porque nadie toca la puerta para mantenerte al tanto. Hacen las obras que quieren sin avisar ni pedir opinión. Entonces, trato de explicarles a mis vecinos, que ya son mayores, lo que pasa y los proyectos que se proponen. Por ejemplo, cuando en mi cuadra instalaron los postes de luz, los colocaron donde se les ocurrió, sin consultar a nadie si les molestaba. Así que salimos a reclamar para que respetaran nuestro consentimiento”.  

El sol cae sobre los techos de colores. Las voces se confunden con el viento, entre ellas, la de Ortiz: “Me gustaría que la gente sepa que acá adentro hay muchas personas buenas que tienen ganas de salir adelante, y que no es como lo que pintan en la televisión. Yo estoy orgullosa de haber nacido y vivido acá. Aprendí muchas cosas y estoy muy agradecida. Este lugar da valores que en muchos lados no están”.

Chubut en llamas

Chubut en llamas

La fiscalía de Lago Puelo determinó que el incendio de Puerto Patriada fue intencional y detectó gases inflamables que actuaron como material acelerante. Los habitantes y el territorio de la comarca andina son acechados por los grandes intereses económicos y castigados por un estado nacional que no da respuesta.

La Patagonia argentina inicia otro año envuelta en llamas. La postal de los bosques incendiados se transformó en un habitué de cada año. El fuego comenzó el lunes 5 de enero por el camino que va desde el centro de la localidad de El Hoyo hacia Puerto Patriada, a orillas del Lago Epuyén. Trás cinco días de lucha, el fuego avanza de manera intensa y errática, impulsado por las condiciones climáticas adversas y la extrema sequedad del terreno.

Más de 7.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas dejando pérdidas irreparables: animales, cultivos, tierras fértiles, casas y maquinarias. Vecinos autoconvocados, brigadistas, combatientes y bomberos trabajan día y noche en el terreno dejando sus trabajos y vidas de lado para salvar el territorio. Enfrentan las llamas con lo que tienen a mano, impulsados por el compromiso y amor por la flora y fauna de la patagonia argentina y sostenidos por la organización colectiva.

A partir de la cantidad de incendios en la comarca se genera todo un sistema de red comunitarias que está fortaleciéndose constantemente, el pueblo está unido frente a estos ataques intencionales. Nos convertimos de trabajadores, padres, madres y vecinos a brigadistas autoconvocados. Hay personas que gestionan y cocinan viandas para alimentarnos, gente que está en logística y transporte, o recibiendo donaciones para que quienes combatimos el fuego tengamos equipamiento ignífugo y herramientas. Esto se hace a pulmón y a corazón, sostenidos en comunidad”, explicó en diálogo con ANCCOM Mauricio Lopez, integrante de la brigada Loma del Medio.

Las localidades de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo ya habían sufrido incendios en años anteriores, en su regeneración los bosques nativos fueron reemplazados por pinos. Estos árboles limitan a las especies autóctonas y nativas, crecen muy rápido y cuando se incendian las piñas estallan y prenden todo a su alrededor. Pinares que actúan como fósforos.

Sabina Aime Bizama, integrante de la Brigada Andina, explicó en diálogo con ANCCOM: “El fuego comenzó en un Pinar abandonado, sin mantenimiento hace mucho tiempo. Se sabía que eso era una bomba. Esto se debe a la negligencia por parte de los gobiernos, se sabe y no se controla. El origen del fuego es difuso, puede haber sido intencional o por imprudencia pero no fuimos los habitantes. Acusar a las comunidades mapuches es un clásico. Nadie prendería fuego su propia casa y animales. Es el típico discurso del enemigo interno, ellos quieren que vengan los extranjeros. La disputa es por la soberanía nacional”.

El 95% de los incendios son responsabilidad de la actividad humana. La fiscalía de Lago Puelo determinó que el incendio de Puerto Patriada fue intencional y detectó gases inflamables que actuaron como material acelerante. Los habitantes y el territorio de la comarca andina son acechados por los grandes intereses económicos y castigados por un estado nacional que no da respuesta. “Si bien hay focos chicos generados en el verano por vientos, tendidos eléctricos, o algún asado mal apagado, la mayoría de los casos suceden en días puntuales de mucho viento y calor, producidos con acelerantes y combustibles de forma premeditada, organizada y paga”, agregó Lopez.

Las temperaturas en la Patagonia no descienden y las lluvias son nulas. Apagar el fuego exige tiempo y energía. La comunidad de la comarca andina organiza donaciones a través de las redes de las brigadas, con listas de insumos que incluyen ropa ignífuga, motobombas, motosierras, nafta, linternas nocturnas, mochilas hidrantes y handies de largo alcance. Involucrarse y ayudar es clave para sostener la lucha contra el fuego.

Además, los vecinos cuestionan el rol de los medios nacionales: “Se está dejando de lado la catástrofe. Buscan enfocar la conversación en quién es el culpable. No necesitamos eso, necesitamos recursos para apagar el fuego y no perderlo todo. Necesitamos ayuda del gobierno nacional, más brigadistas y mejores equipos. Es importante que circule otro tipo de información. Debemos cuidar el territorio y prevenir entre todos”, explica Bizama. La comunidad reclama que se visibilice la emergencia y se accione.

La necesidad no se toma vacaciones

La necesidad no se toma vacaciones

El primer miércoles del año los jubilados se manifestaron junto al colectivo de personas con discapacidad y el sector de salud, frente a los nuevos ajustes del gobierno: cierre de ANDIS y el desmantelamiento del Programa Federal de Cardiopatías Congénitas.

El primer miércoles del año no trajo descanso frente al Congreso. La Plaza vuelve a ser el escenario habitual de la resistencia de los jubilados contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, el paisaje cambió: esta vez no estuvieron solos. Sin embargo, el mensaje de los mayores se mantuvo firme y unívoco: ni un paso atrás en el reclamo por una jubilación digna y la recuperación de los medicamentos.

Para los jubilados, volver al Congreso no es una opción, es una necesidad para poder visibilizar su situación del día a día. La jubilación mínima no alcanza para llegar a fin de mes y la canasta básica se volvió un lujo imposible. Por eso están acá: el hambre y la necesidad no se toman vacaciones de verano.

Ramón Ferreyra, jubilado que forma parte del grupo Jubilados Insurgentes, pone en palabras el drama urgente que atraviesan: «Es tremendo lo que estamos viviendo, se están muriendo jubilados por no recibir los medicamentos sin costo. El costo de esos medicamentos ya lo pagamos con 35, inclusive 40 años de trabajo».

Frente a la unión de los diferentes sectores en la plaza, Ferreyra declara:»Que hoy estemos todos juntos es fundamental porque todas las conquistas las conseguimos en las calles».

Esa unidad en la calle cobró una urgencia desesperada tras oficializarse, mediante el decreto publicado el pasado 2 de enero, la decisión política de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ya no se trata de rumores, sino de un hecho consumado. Los manifestantes denuncian que la estrategia oficial fue de manual: primero, instalar la idea de corrupción para deslegitimar al organismo; segundo, y como estocada final, disolverlo por completo.

Este cierre no implica simplemente achicar oficinas o reducir el organigrama estatal. Sin la ANDIS, se corta la cadena que garantiza las pensiones no contributivas, se paraliza la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y se deja sin cobertura a quienes dependen de esta estructura para acceder a sus tratamientos vitales.

En medio de la multitud, el reclamo se hace carne en la historia de Karina Nieto. Ella camina junto a su marido. Marchan por Amorina, su hija, quien es paciente oncológica del Hospital Garrahan: «El gobierno está jugando con la vida de las personas», sentencia la madre. «Es completamente traumático lo que se está viviendo. Detrás de cada ajuste en discapacidad y pediatría hay un nene que espera, una familia que se rompe. No somos números ni partidas recortables: son nuestros hijos. Ajustar en salud y discapacidad es decidir quién vive y quién se queda afuera».

Nieto agrega: «Ahora cerró la ANDIS y a mí me compete porque mi hija es una niña autista sin lenguaje. Nosotros somos sujetos de derecho, la discapacidad es un derecho a la vida también; nadie eligió vivir una situación así». Su voz se alza contra una discriminación que parecía cosa del pasado y que hoy vuelve a escucharse desde el poder. Para Karina Nieto, la pelea es por dignidad: «Los discapacitados no son enfermos, por eso salimos a las calles. No vamos a permitir que el Estado considere a nuestros hijos como enfermos».

Al reclamo se sumó un tercer sector: los familiares afectados por el desmantelamiento del Programa Federal de Cardiopatías Congénitas.

Natalia Miranda, mamá de León e integrante de los colectivos «CardioCongénitas Bonaerense» y «Familias Unidas por el Garrahan», pone en palabras lo que significa perder esta cobertura. «Este programa daba la garantía y la seguridad a nuestros hijos de que, además de ser operados en tiempo y forma, tuvieran la medicación y pudieran ser derivados al Hospital Garrahan», explica.

La falta de este plan golpea directamente a los que menos tienen y a los que viven lejos de la Capital. «El acceso a la salud para las personas con cardiopatías congénitas no es lo mismo en un lugar donde no tenés obra social y el sistema local no puede responder a una intervención quirúrgica compleja; eso lo hacía el plan», detalla Miranda.

La situación actual es de desamparo burocrático: «Hoy el plan se desmanteló. Te reciben administrativos que no son médicos cardiólogos intervencionistas; es directamente un piloto automático que va de cadena en cadena y lo que va a hacer es saturar los hospitales centrales, que son el Garrahan, el Elizalde y el Ludovica, y hace que las provincias probablemente no puedan acceder en tiempo y forma a la intervención quirúrgica o al tratamiento. Es un efecto dominó”, asegura la madre de León.

Natalia Miranda describe que su hijo León tiene un aneurisma en el arco superior de la aorta y una enfermedad poco frecuente, el síndrome de Marfan. «Vamos 20 veces al hospital al año, este hospital es nuestra garantía», cuenta Natalia, y cierra con una verdad federal que duele: «Pero las personas que no viven en Buenos Aires, necesitan del plan como garantía».

La jornada concluyó con una postal inquietante pero poderosa: tres generaciones unidas por el espanto del ajuste, pero también por la dignidad de la resistencia. Abuelos que pelean por su pasado laboral, padres que pelean por el futuro de sus hijos y pacientes que pelean por su presente. Frente a un Congreso vallado, la calle dictó su propia sentencia: la salud y la vida no pueden ser variables de ajuste.

“América para los estadounidenses”

“América para los estadounidenses”

Luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, Trump apuesta a la intimidación para controlar la región. Anccom dialogó con Gabriel Puricelli quien asegura que el presidente norteamericano pretende manejar el comercio del petróleo.

Durante la madrugada del 3 de enero, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó un operativo— que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones de Venezuela— para secuestrar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, junto a la Primera Dama, Cilia Flores, y apresarlos en Nueva York. “Vamos a gobernar Venezuela hasta el momento que podamos tener una transición segura”, amenazó el mandatario. En diálogo con ANCCOM, Gabriel Puricelli, sociólogo y profesor de la Especialización de Estudios Contemporáneos de América y Europa (UBA), analiza el nuevo escenario político.

Los hechos

Hace ya varias semanas Estados Unidos realizaba un despliegue naval con barcos de guerra en el Caribe Sur generando una tensión sobre el futuro del gobierno venezolano. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, designando a Maduro como jefe de una organización terrorista llamada “Cartel de los Soles”, Trump pudo eludir la autorización de guerra que tendría que haber dictado su Congreso y llevar a cabo el operativo.

En este sentido, Puricelli opina que lo sucedido “establece un precedente histórico al intervenir de forma directa en América del Sur”. El mismo Trump no esperó a lanzar amenazas contra otros gobiernos latinoamericanos como el mexicano o el cubano. En este punto, el especialista explica que “la única manera de asegurarse de no atraer la intervención de los Estados Unidos es tener gobiernos políticamente alineados, no ya con los Estados Unidos, ni siquiera con el Partido Republicano, sino que con Trump”.

Con un saldo aproximado de 40 muertos, la “Operación Resolución Absoluta” desató una preocupación en la región respecto a la revitalización de la Doctrina Monroe, mediante la cual durante el siglo XX Estados Unidos utilizó su hegemonía política para saquear las regiones tercermundistas, bajo un lema simple: “América para los estadounidenses”. Incluso Trump nombró irónicamente al operativo bajo el paraguas de la “Doctrina Donroe”.

El petróleo

En este punto, es clave entender el rol que juega el petróleo venezolano en el conflicto, no solo por su valor, sino por cómo posiciona a Estados Unidos frente a México y Canadá. Así lo explica Puricelli: “Esto se hace para garantizar el flujo del petróleo ultrapesado que tiene Venezuela, que es un petróleo que hoy Estados Unidos lo tiene en parte de Venezuela, porque hay una parte del comercio bilateral que funciona normalmente, y otra de Canadá”.

Por su parte, México también entra en la negociación con Canadá porque las refinerías del Golfo de México—rebautizado Golfo de América por Trump el año pasado—también escasean de ese petróleo ultrapesado. Sigue Puricelli: “Canadá y México se están asociando para impedir que Trump obtenga todo lo que quiere en esa negociación. Evidentemente, Trump se siente más seguro consiguiendo petróleo de un protectorado venezolano que seguir dependiendo de un aliado tradicional con el que ahora está en problemas como Canadá”.

Esta estrategia que prepara el magnate estadounidense será clave en el panorama político porque como advierte Puricelli: “No tiene la vista nada más en Canadá, sino que también forma parte de condiciones que le quiere imponer a otros aliados o ex aliados de los Estados Unidos”.

Las incógnitas

Por otro lado, queda por ver qué sucederá con las sucesivas violaciones institucionales que realizó el mandatario estadounidense, primero con los organismos internacionales, como la ONU y la OEA; y luego dentro de su país, en el Congreso. Sobre este punto, Puricelli vaticina que hasta las elecciones legislativas de este año no habrá novedades: “En este momento, con las dos cámaras del Congreso en manos de los republicanos, con la Corte Suprema en manos de los republicanos, es muy poco probable que se le pueda poner límites a Trump desde dentro de Estados Unidos”.

Una pregunta sobrevuela todo el operativo. ¿Por qué fue tan simple la operación? ¿Por qué no hubo disparos de las fuerzas armadas venezolanas hacia los helicópteros estadounidenses? En palabras del analista: “Lo que parecería haber sucedido es que se rompió el chavismo, una fracción traicionó a la otra y a caballo de eso Estados Unidos cometió esta violación del derecho internacional”.

En cuanto al gobierno, interinamente asumió la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aunque durante la conferencia de prensa del día de ayer, Trump aseguró que gobernará Venezuela hasta que “pueda haber una transición”. Simultáneamente, descartó que la fuerza opositora liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado, asuma el poder: “No cuenta con apoyo ni respeto en el país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

Los venezolanos que se fueron

En muchas ciudades del mundo, a raíz de la diáspora de 7 millones de venezolanos, esta población festejó “la caída de Maduro”. El Obelisco porteño se iluminó con los colores de la bandera venezolana e incluso se izó una bandera de ese país. Sobre este punto, Puricelli opina: “La alegría de los venezolanos, basadas en la esperanza de que los presos políticos y desaparecidos—cuya existencia ha sido denunciada por Amnistía Internacional en el período postelectoral de 2024—que hay en Venezuela van a ser liberados o van a aparecer, es totalmente comprensible”.

Sin embargo eso juega en un plano distinto que esta crítica que tenemos que hacer a la acción de los Estados Unidos. Estamos tratando de leer las acciones de los Estados Unidos bajo el prisma del derecho internacional e incluso desde el prisma del derecho argentino. Porque este tipo de intervencionismo puede tener consecuencias para cualquier país que no se pueda defender”, aclaró el analista.

En este sentido, a la par de los festejos, también hubo multitudinarias manifestaciones en todo el mundo condenando la invasión norteamericana y llamando al accionar de los distintos líderes. En la capital porteña, una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes y partidos de izquierda se reunieron fuera de la embajada de los Estados Unidos a manifestar su repudio contra la superpotencia; recordando el violento pasado de ese país en la región. Además, convocaron a una nueva movilización el lunes 5 de enero a las 17 horas en Plaza Italia, con dirección a la embajada estadounidense.

Un futuro que se teje desde abajo

Un futuro que se teje desde abajo

Con el crecimiento de las derechas nivel nacional e internacional, la relación de las juventudes con la política volvió a ocupar un lugar central en el debate público. Una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Universidad de San Martín recupera la experiencia de mujeres jóvenes que siguen militando.

Lejos de los diagnósticos que reducen la relación entre juventudes y política a la apatía o el desinterés, la investigación titulada ”Seguir militando: juventudes, feminismos y política en tiempos adversos”, realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto al Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín (LEDA–UNSAM), muestra que la política no desaparece, sino que se transforma. A partir de entrevistas en profundidad a 15 mujeres jóvenes de entre 17 y 27 años, militantes de distintos espacios partidarios, territoriales, sindicales, estudiantiles, culturales y activismos digitales, el estudio indaga cómo se sostiene la participación política en un escenario que se presenta tan adverso, entre la precarización de la vida, la sobreexposición digital, la fragmentación de los espacios colectivos y el desencanto frente a las instituciones democráticas y la representación tradicional.

En diálogo con ANCCOM, Flavia Gemignani, directora de Comunicación de ELA, explica que como organización de la sociedad civil feminista y apartidaria, su objetivo es promover el ejercicio de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en toda su diversidad y la igualdad de género en la región. Para ello, la organización produce evidencia empírica, impulsa reformas normativas y políticas públicas y busca incidir en las decisiones que impactan en la vida cotidiana. En este mismo marco, se inscribe la articulación con LEDA–UNSAM, que surge a partir de intereses compartidos en torno a la democracia, la participación política y los desafíos que estos procesos enfrentan en la actualidad.

“Lo que se buscaba indagar, y que entendíamos que no estaba suficientemente explicado –señala Gemignani–, era cuál es la visión, la experiencia y las prácticas políticas de este grupo específico”. En sus propias palabras, “uno de los hallazgos centrales es que, frente a los diagnósticos extendidos de apatía o desinterés juvenil, la política no desaparece, se reconfigura”. La pandemia del covid-19 aparece en los relatos como un punto de quiebre para las juventudes. Más que un episodio coyuntural, fue una experiencia que interrumpió proyectos, alteró las formas de vincularse y modificó los modos de participación. El aislamiento, la virtualización forzada de la vida cotidiana y la imposibilidad de sostener espacios colectivos presenciales profundizaron malestares que venían de antes. En las entrevistas realizadas por ELA y LEDA–UNSAM, ese período es recordado como un momento que dejó marcas persistentes, tanto en la subjetividad como en las formas de organización política de las jóvenes.

A esto se suma un escenario económico que ocupa un lugar central en las preocupaciones cotidianas. Cuando la urgencia por llegar a fin de mes no deja margen para pensar a largo plazo, se debilitan las expectativas de futuro colectivo y ganan terreno otras promesas. En ese contexto, las redes sociales refuerzan la idea de soluciones rápidas: desde la fantasía de convertirse en influencer, ganar dinero especulando, apostar online o emprender bajo la lógica del “sé tu propio jefe”. Lejos de la ilusión de ampliación de derechos que atravesó a generaciones anteriores, muchas jóvenes describen su presente en términos de ahogo económico.

Las jóvenes refieren una crisis de representación política atravesada por la precarización de la vida cotidiana y por la dificultad de los partidos, gobiernos e instituciones para garantizar derechos básicos y ofrecer horizontes. Emerge una mirada crítica hacia las lógicas tradicionales de la política partidaria, percibidas como estructuras adultocéntricas, poco permeables a las demandas juveniles, con escasa transparencia y desconectadas de las experiencias concretas de quienes intentan involucrarse.

Según Gemignani, la investigación “cobró aún más relevancia en un contexto en el que los feminismos han sido frecuentemente señalados como chivo expiatorio para explicar derrotas políticas, una lectura que no solo es injusta, sino que invisibiliza aportes fundamentales a la democracia y a la participación política”. Considera que “otro hallazgo clave es el rol del feminismo como experiencia formativa y política. No solo como demanda de derechos, sino como escuela de participación, de acción colectiva y de construcción de sentidos en un contexto marcado por discursos de odio y autoritarismo”.

Si bien esta generación se caracteriza por la ansiedad, la aceleración y la dificultad para proyectar a largo plazo, el feminismo se presenta como un espacio capaz de canalizar esos malestares y propone procesos colectivos que, sin prometer soluciones rápidas, ofrece pertenencia, horizonte y aprendizaje político. La militancia, en estos casos, aparece como un cauce posible para ordenar deseos dispersos, dotarlos de dirección y convertir la incertidumbre en motor de cambio.

Para las jóvenes entrevistadas, haber transitado las movilizaciones por la legalización del aborto significó no solo una instancia de participación, sino la vivencia concreta de lo que implica hacer política colectivamente. En los relatos aparece con fuerza la idea de “perder el miedo”, como el resultado de haberse reconocido parte de una comunidad que ocupa el espacio público, se vuelve visible y se sabe acompañada. Estar rodeadas de otras, no temerle a nadie, animarse a hablar y a exigir derechos son marcas de un proceso que deja huellas.

Mientras muchas de las entrevistadas creen haber encontrado en el feminismo un espacio de pertenencia, contención y acción colectiva, perciben que una parte significativa de los varones de su generación quedó al margen de esos procesos. Según sus relatos, ellos no solo no se sintieron interpelados por las demandas feministas, sino que experimentaron una pérdida de privilegios, reconocimiento o lugar simbólico, lo que derivó en enojo, aislamiento y resentimiento.

En este punto, la investigación identifica lo que denomina una “politización asimétrica”: Desde la mirada de las jóvenes entrevistadas, el feminismo “les habló personalmente”. Sin embargo, en contraste, muchos varones aparecen descriptos como sujetos sin un espacio equivalente de elaboración política, más expuestos a la fragmentación y, en algunos casos, disponibles para discursos autoritarios que canalizan el malestar desde la bronca individual.

Mientras las mujeres jóvenes describen trayectorias atravesadas por el aprendizaje colectivo, el cuidado y la organización, los varones aparecen más frecuentemente asociados a recorridos solitarios, atravesados por la sensación de desplazamiento y pérdida. La investigación sugiere que esta asimetría no es un dato menor para comprender el presente político, sino una clave para pensar los modos en que se producen hoy las adhesiones, los rechazos y las disputas en torno a la democracia.

Gemignani destaca que “la investigación habilita una mirada que se aleja tanto del optimismo ingenuo como del pesimismo paralizante. Lo que emerge es una militancia lúcida, crítica y no idealizada, que reconoce los límites del presente, pero no renuncia a la acción colectiva. Esa mirada recupera el valor de lo pequeño, de lo situado y de lo comunitario como formas concretas de resistencia democrática.” Y concluye: “Escuchar las voces de las jóvenes militantes se vuelve también una forma de defender la democracia”, no desde consignas vacías sino desde las prácticas que la mantienen viva. Porque si incluso en el malestar persiste el deseo de construir en común, entonces hay futuro, ya no uno que se promete desde arriba, sino que se teje, con paciencia y convicción, desde abajo.

El estudio completo, presentado el 10 de diciembre, Día de la Democracia y los Derechos Humanos, puede descargarse en la web de la organización.