Una ley chamuscada

Una ley chamuscada

El Senado logró la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero debió renunciar a la modificación de la Ley de Tierras -que fomentaba la extranjerización- y a la Ley de Fuego que indirectamente promovía incendios intencionales en favor de negocios inmobiliarios. Estas derrotas fueron producto de la enorme presión social que hubo en las calles y en las redes sociales. Quedaron adentro de la norma, la posibilidad de los desalojos express y las trabas para las expropiaciones estatales. Ahora pasa a Diputados para la sanción definitiva. ¿Lo logrará el gobierno o seguirá adelgazando la iniciativa?

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se trató en la Cámara de Senadores durante la primera sesión de agosto. El Capítulo 3, que pretendía modificar la Ley de Tierras, quedó fuera del debate el día anterior y durante la sesión se cayó también la modificación a la Ley de Manejo de Fuego.

“Es una victoria del pueblo que quiere defender a su país, que no quiere entregar nuestros recursos y que se movilizó para lograr convencer a los indecisos”, destacó a ANCCOM el senador peronista Mariano Recalde, portando un pin que decía “Las Malvinas son argentinas” en su saco.

Como consecuencia, el oficialismo solo pudo avanzar con los capítulos sobre las expropiaciones y los desalojos. “Lo que queda no es bueno para la Argentina tampoco, es la habilitación a generar desalojos express en un contexto donde crece la pobreza y las dificultades de nuestros vecinos para pagar el alquiler. Además, también se limita la posibilidad del Estado para generar proyectos de obras públicas”, subrayó Ana Marks, senadora peronista de Río Negro, en conversación con la Agencia.

Luego de 18 modificaciones al proyecto para lograr convencer a los senadores indecisos, el oficialismo comenzó la sesión negándose a volver atrás. En diálogo con este medio, Nadia Márquez, senadora oficialista de Neuquén señaló que: “Ya nos pasó con otros proyectos como la Ley Bases, vamos ajustando y las decisiones que tomen otros legisladores dependen de ellos. Nosotros seguiremos trabajando para que Argentina sea un país libre”.

Sin embargo, la mayoría de los opositores destacaron dentro del recinto que las modificaciones no presentaban beneficios para la ciudadanía en general. “Más allá de endeudarnos, estamos convirtiéndonos en colonia. Esto forma parte de un paquete que, junto con el RIGI y la modificación a la Ley de Glaciares, busca inversiones extranjeras sin control ni trazabilidad”,  detalló el senador chaqueño, Jorge Capitanich.

Pasadas las primeras horas de debate, representantes de las bancas opositoras adelantaron a este medio que el proyecto sería aprobado, pero presentarían modificaciones. Mientras tanto, los disparos de balas de goma y los gritos en las cercanías al Congreso comenzaban a escucharse dentro del recinto.

Hacia el cierre de la sesión, Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, anunció que también sería retirado el Capítulo 4, que modificaba a la Ley de Manejo de Fuego. Como resultado, en la votación en general, el gobierno logró aprobar los girones del proyecto con 37 votos a favor contra 33 en contra.

En las próximas semanas, el proyecto llegará a Diputados para obtener la sanción definitiva. Con casi un capítulo y medio, se presentará flaco y habrá que ver si allí adelgaza más aún.

 

Sin celular no hay comida

Sin celular no hay comida

Además de preparar el menú y entregar las viandas, los comedores comunitarios que reciben alguna ayuda de la Ciudad deben registrar todos los días, mediante una aplicación oficial, el documento de cada persona que retira comida. Los que no cumplieron con este registro fueron suspendidos, dejaron de recibir mercadería y no pudieron abrir sus puertas.

El comedor Copitos de La Boca asiste a 450 personas cada día. 

El camión llega temprano con los alimentos frescos: carne, pollo y verduras. Una vez por semana entrega también los productos secos, como fideos, arroz y aceite. Con esa mercadería, en el comedor comunitario Siete Esquinas, en esta Ciudad, deben preparar 145 raciones. Afuera, sin embargo, esperan casi 190 personas.

La diferencia de 45 platos es la primera cuenta del día y nadie logra resolverla. Las cocineras estiran las porciones y, cuando ya no alcanza, alguien tiene que salir a decir que no: “Nosotros tenemos que rechazar gente que está realmente con hambre, pero no podemos achicar más los pedazos de carne o los pedazos de pollo”, dice Cecilia Rojas, responsable del espacio.

A esa dificultad, cotidiana desde hace años, se le sumó otra más reciente. Antes de empezar la entrega, una persona debe encender el celular provisto por el Gobierno de la Ciudad, abrir una aplicación y registrar el DNI de cada vecino que retira una vianda. Si ese registro no se hace, el comedor puede ser suspendido y dejar de recibir alimentos durante un período determinado.

Siete Esquinas funciona en el antiguo mercado ubicado en Escalada y Juan B. Alberdi. El galpón perteneció a la Ciudad hasta 1991, permaneció cerrado durante una década y volvió a abrir en 2003, recuperado por una cooperativa surgida de la asamblea barrial. Está en el cruce donde confluyen Mataderos, Floresta, Villa Luro y Parque Avellaneda. De personas que llegan desde esos cuatro barrios se arma la fila. También de otros más alejados: “Hay gente que viene del centro, de distintos lugares”, cuenta Rojas. En los últimos años, dice, cambió el perfil de quienes buscan un plato de comida: “Cada vez llegan más jubilados”.

Hace años que el comedor reclama un aumento en la cantidad de raciones: “Se dan cuenta de que tenemos más gente que raciones y no hay ninguna explicación ni ninguna respuesta”, señala la referente.

Las trabajadoras continúan anotando a mano y recién después trasladan esa información a la aplicación.

La hora y media

A unas treinta cuadras de allí, en Necochea 779, La Boca, la fila frente a Copitos empieza a formarse alrededor de las nueve y media de la mañana. En verano, incluso antes. La gente se sienta sobre el cordón de la vereda de enfrente, conversa, espera. La entrega comienza a las once y media.

Desde la pandemia el comedor dejó de servir la comida dentro del salón. El espacio ya no alcanzaba para la cantidad de personas que asistían y todas las raciones comenzaron a entregarse en viandas. Los viernes, además, reparten la merienda correspondiente al fin de semana para que las familias tengan qué comer el sábado y el domingo. Son unas 450 personas, distribuidas en alrededor de 180 familias. Cecilia Persico coordina el comedor junto a otras dieciséis mujeres, organizadas en dos grupos de trabajo.

Cuando se entrega la última vianda empieza otra jornada. Ya sin la fila en la puerta, la hija de Emilia Persico toma el celular y comienza a cargar uno por uno los datos de quienes retiraron comida: “No la podés hacer mientras tanto, porque con tanta gente llevás un ratito por cada uno”, explica la coordinadora. Entre que ingresa los datos y espera la respuesta del sistema, el procedimiento demora cerca de una hora y media.

El registro digital no reemplazó al de siempre: se sumó. Las trabajadoras continúan anotando a mano quién asistió y quién no, y recién después trasladan esa información a la aplicación: “Ahora ya estamos más cancheras”, dice Persico.

Los comedores comunitarios ya estaban obligados a presentar, cada seis meses, un listado con las personas que asistían: “Lo nuevo es la obligatoriedad de la persona a venir y la obligatoriedad de las personas que participamos de esta tarea de tomar asistencia”, explica.

Al principio el sistema exigía escanear cada DNI. Después permitió cargar los datos manualmente y, más adelante, incorporar con nombre y apellido a quienes no tienen documento. Sin embargo, sigue dependiendo de una conexión a internet, algo que no está garantizado en todos los barrios.

En Siete Esquinas tuvieron que destinar a una persona exclusivamente a esa tarea: “Todas estas labores son gratuitas, a nosotros nadie nos da ni un centavo por hacer estas cosas”, resume Rojas. Y compara esa inversión con otras necesidades que, según sostiene, siguen sin respuesta: “Hay plata para comprar teléfonos celulares para tener un control, cuando era mucho más fácil que tuvieran en cuenta a los trabajadores sociales que iban al territorio a ver las necesidades que hay”.

El Programa de Fortalecimiento de Grupos Comunitarios reúne a cerca de 500 espacios en la Ciudad y todos recibieron un celular con la aplicación instalada. Para Persico, el registro no alcanza: “La aplicación solo sirve para decir: hoy vinieron tantos a buscar la comida, y nada más”.

El sistema no informa cuántas personas viven en la calle, cuántas necesitan medicación o cuántas están por perder la vivienda. Las organizaciones propusieron incorporar datos sobre escolaridad y acceso a la salud para construir un diagnóstico más amplio de la situación social, pero nunca obtuvieron respuesta: “Ahí se pierde el sentido de lo comunitario, se pierde la visión de la realidad, no hay un diagnóstico de las dimensiones de la pobreza”, sostiene la coordinadora.

El menú del miércoles

En la manzana 26 de la Villa 20, en la esquina de Barros Pazos y Miralla, Lugano, el mediodía del grupo comunitario Los Patitos tiene un menú decidido de antemano. Los lunes se sirve pasta; los martes, medallones de pollo; los miércoles, guiso de carne; los jueves, milanesa con puré; los viernes, pollo al horno con ensalada. No lo define el comedor. Lo establece el Gobierno de la Ciudad.

En ese mismo espacio se entregan entre 380 y 400 raciones por día y funciona además un centro de alfabetización para adultos. Cada treinta días llega una inspección para verificar que lo que hay en la olla coincida con lo que figura en la planilla: “Consiste en controlar el alimento, si viene en mal estado, y si se hace el mismo menú del día”, explica Carlos Cañete, referente del comedor.

A diferencia de otros espacios, describe una relación fluida con las autoridades. Todos los miércoles, cuenta, los referentes de los barrios se reúnen en el Elefante Blanco con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para discutir los menús y la calidad de los productos que reciben: “A veces viene otra marca de fideos y se te hace todo bollo”, ejemplifica.

El celular llegó a principios de año y la capacitación duró una sola jornada. Después, una integrante del grupo quedó a cargo de cargar, de lunes a viernes, la asistencia de cada familia. La resistencia apareció cuando el sistema exigía escanear el documento de identidad de cada persona: “No queríamos escanear a cada beneficiario, nos parecía de policía controlar cada DNI. Los beneficiarios tampoco lo querían”, recuerda Cañete. Con el tiempo, como ocurrió en otros comedores, terminaron adaptándose al nuevo mecanismo.

Quince días

Los tres comedores terminaron utilizando la aplicación. Dos de ellos lo hicieron después de haber sido sancionados. La penalidad siempre fue la misma: el Gobierno dejó de enviar la mercadería y como consecuencia el lugar debe permanecer cerrado. No hubo multas ni instancias de descargo. Simplemente, el camión dejó de llegar. Transcurrido un plazo de unas semanas, el envío de alimentos se reanudó automáticamente y el comedor volvió a funcionar bajo un seguimiento más estricto. Lo único que no regresó fueron las comidas que dejaron de servirse durante esos días.

En Los Patitos la suspensión llegó después de impedir el ingreso de los inspectores durante un control. El comedor permaneció cerrado dos semanas: “Lo tuvimos que hacer sí o sí”, resume Cañete.

En Siete Esquinas la sanción fue distinta. No habían designado a una persona para realizar diariamente la carga en la aplicación: “Tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para que alguien asuma esa tarea. Nos sancionaron 15 días sin alimentos y tuvimos que dar el brazo a torcer”, recuerda Rojas.

Los pallets y la boleta de luz

Las inspecciones existen desde hace años. Están a cargo de equipos técnicos encabezados por trabajadoras sociales y, hasta hace un tiempo, también participaban nutricionistas asignadas a cada barrio. Lo que cambió, según coinciden las organizaciones, fue la frecuencia de los controles y el tipo de exigencias.

En Siete Esquinas las inspecciones son semanales: “Nosotros somos controladas todas las semanas”, dice Rojas. En Copitos recuerdan operativos en los que cuatro o cinco personas recorrían el lugar, revisaban los freezers y regresaban durante el horario de entrega para contar cuántas personas retiraban comida.

Ninguno de los tres espacios rechaza las inspecciones: Estoy de acuerdo con las condiciones de seguridad”, aclara Persico. Por eso, en Copitos reemplazaron las estanterías de madera por estructuras metálicas y levantaron las cajas del piso. Sin embargo, las exigencias continúan creciendo: pallets plásticos, carros con ruedas, matafuegos especiales para cocina: “Primero tenés que pagar la luz y el agua para poder comprarlas. Que nos las compren ellos, que nos las bajen ellos, no tenemos problema”, reclama la coordinadora, que pide que el control alcance también a la mercadería que llega desde los proveedores: “Viene el pan con el pollo y ves la bolsa del pan mojada con el descongelamiento. Me vas a controlar a mí, controlá también a la empresa”.

Los alimentos llegan, pero el dinero no siempre. Copitos y Siete Esquinas reciben, además de la mercadería, un subsidio semestral, mientras que Los Patitos sostiene su funcionamiento únicamente con los alimentos que entrega el programa. Incluso donde existe ese aporte, las cuentas tampoco cierran. El último desembolso, además de la entrega de comida, que recibió Copitos fue de dos millones de pesos, correspondiente a seis meses: “Con esto pago dos boletas de agua y dos boletas de luz. Nada más”, calcula Persico. En Siete Esquinas el subsidio apenas alcanza para cubrir el gas, y las ollas, los utensilios, las reparaciones y buena parte de los gastos cotidianos salen del bolsillo de quienes sostienen el espacio.

Los nuevos

Mientras las exigencias y las necesidades aumentan, la red de comedores se reduce. En La Boca, de los 28 grupos comunitarios que integraban el programa hoy quedan 21. Los otros siete cerraron o fueron suspendidos y las familias que asistían a esos espacios comenzaron a acercarse a los que continuaban abiertos:Los absorbimos nosotros y no nos aumentaron raciones”, dice Persico.

Hace años que coordina Copitos: “Para mí el comedor es un termómetro, no me hace falta ningún economista”, dice la referente. Durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, recuerda, la demanda aumentó cerca de un 50 por ciento. Durante la gestión de Alberto Fernández se estabilizó. En la pandemia volvió a crecer, aunque de manera transitoria. Lo que observa desde hace dos años es distinto: “Hay un mix de realidades que va desde la persona en situación de calle hasta el que tiene el kiosquito, o el que trabaja en blanco y no le alcanza y viene a buscar la comida para la noche”. Entre quienes hacen la fila aparecen vecinos con casa propia, algunos con auto y cada vez más jubilados: “Hay mucha gente que viene con vergüenza”, dijo.

En Los Patitos entregan comida a 389 personas y todos los días alguien pregunta si quedó una vacante: “Hay más necesidad que antes”, resume Cañete. En Copitos ya no hay lugar para incorporar nuevas familias. En Siete Esquinas, mientras tanto, cerca de 50 personas diariamente no están contempladas en la cantidad de alimentos que descarga el camión.

La aplicación registra una por una a las personas que alcanzan una vianda. A quienes vuelven a su casa sin comida, en cambio, no los cuenta nadie.

Criminalizar la solidaridad

Criminalizar la solidaridad

Todos los domingos desde hace más de dos años en el barrio porteño de Caballito la organización Peronismo Solidario realiza una olla popular para dar de comer a más de 250 personas vulneradas. El pasado domingo 12 de julio, personal de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad intentó frenar la entrega de comida amenazando con imponer una contravención

En la esquina que une las avenidas Rivadavia y Acoyte, todos los domingos se forma una larga fila de personas a la espera de viandas de comida caliente que reparte la agrupación política Peronismo Solidario entre las 11:30 y las 13:30. “Hacemos la olla popular en esta esquina porque nos parece interesante en un barrio como Caballito, de clase media acomodada, visibilizar la cantidad de personas del barrio que están sin la posibilidad de acceder a un plato de comida”, cuenta Florencia Lorenzo, referente de la agrupación, y agrega: “Surgió porque nosotros somos vecinos del barrio, vemos la cantidad de personas que hay en situación de calle en esta zona. Empezamos de a poco hasta hacerlo todos los domingos. Al principio había alrededor de unas 30 personas que venían a comer y hoy estamos entregando arriba de 250 raciones de comida”.

 El pasado domingo 12 personal de Espacio Público increpó a quienes se encontraban trabajando en la olla popular, interrumpiendo la jornada que transcurría de forma habitual, al intentar sancionar a la agrupación. Sobre este episodio Lorenzo señaló: “Nosotros no estamos haciendo nada malo, de hecho no nos supieron explicar cuál era la contravención, por lo cual nosotros no pensamos que tengamos nada que modificar. No creo que tenga que ser castigada o criminalizada la solidaridad. Nos parece que es algo que está buenísimo y que la verdad que no hay motivos para dejar de hacerlo. Incluso porque tenemos buena relación con el resto de los actores del barrio y con los vecinos. Sumado a esto, baldeamos y limpiamos todo cuando termina la olla, entonces la verdad que no consideramos que sea justo que nos vengan a correr porque a algún que otro vecino pueda no gustarle la imagen”. Frente a este acto arbitrario y abusivo, la referente explicó que “Claudio Ferreño y Berenice Iañez, ambos legisladores porteños, presentaron un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad detalle los fundamentos del procedimiento realizado ese domingo”.

 El hecho sucedió en un contexto en el que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, arremete contra acciones de solidaridad hacia personas sin techo, al afirmar que “la lógica de darle abrigo y comida a la gente en la calle solo hace que vengan más a la ciudad y que queden dependientes de eso”. Ante esto, la referente de la organización opinó que “pedirle al pueblo que no les dé una mano a los que no tienen las necesidades básicas cubiertas, me parece un discurso totalmente aberrante y de odio”. Además, sobre los dichos de que la solidaridad genera que se acerquen personas que no son de la ciudad, la referente afirmó que la gran mayoría de las personas que buscan los platos de comida son “vecinos del barrio solo que sin techo” y que no son los únicos que lo necesitan: “Si bien empezamos solo con gente en situación de calle, hoy vienen un montón de jubilados y jubiladas, que tienen incluso su casa propia dentro del barrio, pero que no pueden pagar los remedios, pagar las expensas y pagar un plato de comida”.

 Sobre los dichos de Jorge Macri, Jesús, un hombre que se encuentra en situación de calle y desde que se enteró de esta acción se acerca cada domingo en busca de una vianda servida por la organización, dijo: “Las distintas organizaciones sociales, las Iglesias e incluso los vecinos nos ayudan con la comida, con frazadas y ropa. Siempre hay gente que te da una mano. Pero del gobierno nada, olvidate. No pueden los políticos salir a hablar de dependencia cuando lo único que hace la gente es ayudarnos para que no nos muramos de frío o de hambre. Aunque la ayuda tendría que venir de parte del gobierno, tanto de la ciudad como provincial o nacional”.

 Hace más de dos años que la iniciativa de Peronismo Solidario se lleva a cabo. Aunque al principio únicamente la realizaban durante las fechas patrias y fue creciendo hasta transformarse en lo que es ahora. La olla se convirtió en un punto que organiza la pulsión solidaria de diversos actores del barrio: “Nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda del Estado. Las donaciones generalmente las juntamos en la misma esquina. Tenemos muchísimos vecinos y vecinas que ya nos conocen y pasan todos los domingos y nos traen cosas. Hay un señor grande que todos los domingos trae una bolsa de arpillera gigante llena de manzanas para el postre, por ejemplo. Hay distintos vecinos que encontraron acá la posibilidad de ayudar y acercar sus donaciones”, cuenta Florencia.

Se realiza los domingos por el vacío durante ese día de la semana de comedores abiertos, tal como lo explica Jesús: “Los chicos nos dan una mano porque nosotros los domingos no tenemos dónde comer. Yo estoy en la calle y, bueno, donde hay algo para comer, voy. La cosa está muy complicada, me quedé hace dos meses ya sin trabajo, porque este gobierno hoy liberó todo, no hay una ley que proteja al trabajador, entonces te hacen contrato por dos meses y de un día para el otro, chau, como me pasó a mí.”

Durante las jornadas se pasa música y se realiza una radio abierta en la que se tratan temas diversos: “Charlamos de la coyuntura, obviamente de política nacional, porque hoy Milei nos da de qué hablar siempre y también abrimos el micrófono a distintas personas que por ahí no tienen la posibilidad de tener un micrófono en otras circunstancias y así se habla de las distintas problemáticas que atraviesan las personas que están viviendo en la calle y se piensan posibles soluciones o respuestas”, contó la referente.

En relación al evento del 12 de julio, Lorenzo sostuvo: “Por suerte todo terminó saliendo bien porque la persona se fue y porque el hecho nos dio la posibilidad de visibilizar la iniciativa, que un montón de medios lo levanten y poder contar qué es lo que hacemos y por qué. Se solidarizaron también muchísimos grupos que hacen lo mismo. El domingo pasado armamos la radio con legisladores, con diputados, con distintos referentes de otros espacios que vinieron justamente a bancar y a solidarizarse con lo que nos había pasado. Así que nos parece que, dentro de todo lo malo, se demostró muchísima solidaridad del resto de los sectores.”

 

El “cumpleañito” agropecuario

El “cumpleañito” agropecuario

El presidente Javier Milei cosechó aplausos este domingo en el acto inaugural de la 138° Exposición Rural de Palermo, aunque no anunció el fin de las retenciones, como esperaba el sector, uno de los más beneficiados con la política económica del gobierno. La promesa de seguir incrementando los ingresos del campo a través del boom de Vaca Muerta. Crónica de la fiesta de la Argentina feliz.

Es domingo, 10:30, unos paisanos arrean una tropilla de potrillos y yeguas por Avenida Sarmiento. Dos mujeres caminan procurando que los vestidos tradicionales que portan no se ensucien con bosta, mientras los sostienen delicadamente con las yemas de sus dedos para suspenderlos en el aire. Sin saberlo, recrean un cuadro de Molina Campos.

Sobre la misma avenida, una fila de camiones jaula se alistan para trasladar nuevamente hacia sus potreros de origen a los más de 2.500 animales –entre vacas, caballos, toros y novillos–, selectos ejemplares de sus respectivas razas, que han venido al porteño barrio de Palermo desde diferentes puntos del nuestro país, para ser galardonados y reconocidos en la 138ª Exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Es el cumpleaños del agro”, sintetiza un joven de boina colorada, facón de alpaca en la cintura, bombachas de gaucho y alpargatas.

Dentro del predio de La Rural, la inminente llegada del presidente Milei mantiene expectante a la gente que se congrega en los alrededores del “corralito”, comúnmente llamado al sector de gradas, que circunda el escenario principal. Se habla de un posible anuncio vinculado a un adelanto en la quita de retenciones pactado para enero de 2027. Otros simplemente acuden a verlo para aplaudir y acompañar: “Vinimos a acompañar al Presidente porque respeta la propiedad privada y la tierra es de quien la trabaja”, refiere un adolescente de 15 años, que está junto a su padre, ambos provenientes de la ciudad bonaerense de Daireaux.

La relación entre el sector agropecuario y el Ejecutivo transita por un buen momento: la quita paulatina de retenciones y de regulaciones a la exportación de carne, es correspondida con producciones récords que hacen ingresar dólares frescos a las arcas públicas. Tal es la simbiosis que no sorprendió que la SRA reprograme para el domingo su clásico evento de cierre, que históricamente se realiza el sábado anterior, para esperar el arribo de Milei de Brasil, a donde fue a promover la candidatura de Flavio Bolsonaro –a puro insulto contra Lula- y tensar aún más la relación bilateral con el país vecino, uno de los principales socios comerciales de Argentina.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros funcionarios y personalidades destacadas, como el presidente de YPF, Horacio Marín. Llamó la atención la ausencia de varios gobernadores. Sólo estuvieron el jefe de Gobierno de CABA Jorge Macri, el mandatario de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y su par de Santa Cruz, Claudio Vidal. La vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con el primer mandatario, tampoco asistió y a cambio se hizo ver disfrutando de un descanso en Villa La Angostura.

Bajo un sol tibio y frente a los ejemplares ganadores de la exposición, el discurso de Milei quedó lejos de las expectativas iniciales: no hubo anuncios de envergadura, sólo reivindicaciones de la gestión, guiños al presidente de la SRA, Nicolás Pino, camino a su cuarto mandato en la entidad, en una feroz interna contra su vicepresidente y competidor, Marcos Pereda, y algunas frases de reconocimiento al sector, que generaron aplausos en la multitud ataviada con boinas, botas de cuero y termos Stanley.

La quita total de las retenciones quedó como una promesa, sujeta al desarrollo de otros sectores, como la energía y la minería, o el impulso del polémico proyecto de Ley de Tierras, el cual, según el presidente, de aprobarse, provocará un aluvión de inversiones. “Nuestra única labor es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”, afirmó. Tras escuchar atentamente el discurso, un productor, en diálogo con ANCCOM, expresó: “El Presidente ha ayudado mucho al campo, pero aún falta que quiten las retenciones”.

Poco más tarde, Milei brindó una entrevista radial en la que acusó a Brasil, México y al Partido Demócrata estadounidense de “financiar” la supuesta campaña antiargentina en redes sociales y aludió a comentarios de los actores Samuel Jackson o el español Pedro Pascal. Mientras tanto, en el pabellón “José Alfredo Martínez de Hoz” –llamado así en honor al ministro de Economía de la última dictadura–, niños y padres hacen fila para acariciar a una yegua mansa, mientras sus cuidadores ceban mate y celebran la oportunidad de “volver a encontrarse con los pares y reivindicar las tradiciones de nuestra patria”.

Una cortina persistente de humo y olor a choripán inunda el ambiente. Pero estos choripanes son distintos a los que se venden en las manifestaciones populares. Dos mujeres con poncho caminan comiendo unos sanguchitos de vianda, recién salidos de una cartera. “La comida de los puestitos está cara”, admiten. Más allá puede oírse la voz de Atahualpa Yupanqui interpretando “El arriero”, que suena desde el parlante de un foodtruck: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.

La hora de la unidad

La hora de la unidad

La CGT, junto con ATE, la CTA y la UTEP, se sumaron a la marcha de los jubilados de cada miércoles, en apoyo a los reclamos de aumento de haberes, restitución de los medicamentos gratuitos y retorno de la moratoria. También hubo protestas contra la reforma laboral. El principio de un plan de lucha que se propone articular todos las demandas sociales.

Este miércoles se realizó, como cada semana, la marcha de los jubilados en reclamo por los bajos aumentos de las jubilaciones y las condiciones laborales luego de la aprobación de la Reforma Laboral. El reclamo estuvo acompañado por la CGT, ATE, la CTA y la UTEP.

La marcha comenzó a las 15 en el centro porteño, en Rivadavia y Montevideo, y con tres cuadras de extensión, en dirección al Congreso. Las agrupaciones escoltaban a los jubilados, portando banderas de “La Seguridad Social es un derecho, no un privilegio” y “La Patria no se vende”, bajo los nombres de cada agrupación.

En diálogo con ANCCOM, Marta Reyes, de 82 años, cuenta que asiste a las marchas cada miércoles porque a sus compañeras “no les alcanza y no saben si comprar remedios o comer”. La jubilada, que se acercó desde Tigre, cuenta: “La inflación va por arriba y cuesta mucho llegar a fin de mes. Yo sabía que no venía nada bueno, pero no pensé que era tan grave”.

Por su parte, Luis Maceiro, de 87 años, marcha con una pechera de ATE en la que se lee “Con la fuerza de los que no se resignan”. “Hay que reaccionar y no tener miedo” dice. “¿Qué país le vamos a dejar a nuestros nietos?”, pregunta en voz alta y cuenta que la jubilación ni siquiera le cubre los medicamentos. “No hay que seguir callados, hay que romper este silencio que hay en la sociedad”, finaliza.

Unos pasos más adelante, a metros del Congreso y en un pequeño escenario, jubilados se reunían, acompañados por trabajadores, para escuchar las palabras de sus dirigentes. Ana Valverde, dirigente de La Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), explica: “Hemos salido a la calle miles de trabajadores, jubilados y activos. La única manera de sacar a Milei es con la huelga general y un plan de lucha y todos juntos en la calle. El aumento de agosto para un jubilado va a ser de 8.000 pesos”.

Por su parte, el operativo policial rodeó las calles alrededor del Congreso, bloqueando las calles Rodriguez Peña, Mitre, la Avenida de Mayo y Avenida Rivadavia. A pesar de una fuerte presencia policial, no hubo tensiones visibles, como sí las hubo por la mañana cuando la columna de la UTEP cruzó el Puente Pueyrredón. Por la tarde, la policía se mantuvo pacífica a diferencia de lo que suele ocurrir cada miércoles. La tarde se caracterizó por las banderas desplegadas en las calles, los bombos y platillos que acompañaban a los manifestantes mientras caminaban hacia el Congreso, y la presencia de los dirigentes que hablaban a los asistentes.

El necesario apoyo de la CGT

Lo distintivo de la marcha de jubilados de este miércoles fue la presencia de la CGT y demás agrupaciones, que marcharon juntos para intensificar la lucha en contra de las decisiones tomadas por el gobierno. “Estamos con bronca con el gobierno de Milei. Hay que exigirle a la CGT y a la CTA que no se queden en la inercia, y que el 6 de agosto que se quiere votar la Ley de Tierras haya paro y movilización”, comentaba en el escenario Carlos «Titín» Moreira, dirigente de la agrupación Jubilados del PTS.

Por su parte, Carlos Alberto Colapián, de 75 años, asiste cada miércoles a las marchas de jubilados frente al Congreso. En diálogo con ANCCOM comenta que hoy, particularmente, hay un amplio espectro de agrupaciones que se unieron, según él, no solo en contra del gobierno de Javier Milei, sino buscando “un cambio y unidad profunda: tenemos que unirnos, todas las organizaciones, y elaborar un profundo programa de transformaciones. En este gobierno nos han abandonado”, finaliza. Los jubilados piden a las organizaciones gremiales, la CGT y la CTA, que «dejen de dormir» frente a las reformas.

Por los jóvenes

Entre las voces de los jubilados aparece una preocupación en común: el futuro de los jóvenes del país. Respecto a esto, Marta comenta “Yo siempre le digo a la gente más joven que nosotros, los jubilados, luchamos por el futuro de los que van a ser jubilados, porque si seguimos así no va a haber jubilación. No hay trabajo, no tenés para aportar”.

Uno de los temas en boca de dos manifestantes que se presentan como Marta y Luis es la informalidad laboral actual gracias a la cual a los jóvenes se les dificulta cada vez más encontrar trabajos dignos, ahorrar o independizarse. Respecto a esto, Luis afirma que, “gracias a Dios, tengo una casa propia por el esfuerzo de mi familia, pero no puede ser que mi hija no pueda pagar un alquiler o que mi nieto vaya a una escuela con 40 alumnos”. Marta agrega: “Yo apoyo a los jóvenes, ya estoy hecha, tengo 30 nietos, 31 bisnietos y 12 hijos. Antes había más trabajo y los gobiernos escuchaban y algo se lograba, pero ahora no tenemos nada de justicia. Hay que seguir en la calle y pedirle a los jóvenes que nos acompañen”. Los jubilados piden a los jóvenes que se unan a ellos en esta lucha, ya que son el futuro del país.

Respecto a esto, Nahuel Fernández, delegado de ATE y el INDEC, cuenta a ANCCOM que ATE acompaña el reclamo de los jubilados contra el ajuste que está impulsando el gobierno. “Estamos en un contexto donde crece la informalidad laboral, donde los jóvenes somos los que más sufrimos esto y el gobierno avanza con leyes que degradan las condiciones de los trabajadores. Venimos a mostrar nuestro repudio a la aplicación de la reforma laboral, al avance de la flexibilización, de la informalidad, y a plantear que cada vez los salarios alcanzan menos para llegar a fin de mes. Como dice la consigna, el día de mañana todos nos vamos a jubilar. Creo que sería bueno avanzar con medidas más contundentes y preparar un paro general para salir a plantear que no se puede bancar más lo que está haciendo el gobierno”, dice.

Una lucha más grande

Desde julio, el haber mínimo a jubilados pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Pero más allá del reclamo por el bajo aumento, los jubilados están más preocupados por el futuro del país. “Falta unión popular”, dice Carlos Alberto, preocupado no solo por este gobierno en particular, sino por lo que pueda venir en el futuro.

Ricardo y Liliana, junto con otros jubilados del Sindicato de Telecomunicaciones y sindicatos docentes, cuentan a ANCCOM la necesidad de ser acompañados por otros sectores: “En general el jubilado perdió el 80% del haber y no le alcanza para los productos básicos. Esperamos que la CGT fortifique la pelea y haga un paro general”, comenta Ricky. Además, agrega que “los jubilados son un pilar marcando el camino todos los miércoles, pero el resto también tiene que acompañar, incluyendo a los estudiantes. Si nos quedamos todos en nuestras casas callados, ellos siguen avanzando”.

“Nos encantaría que los jóvenes vengan con banderitas de sus universidades y nos acompañen, porque todo este esfuerzo que hacemos es para ustedes, que son los que van a quedar”, dice finalmente un jubilado que prefirió no decir su nombre.

La palabra que finalmente une todos los discursos es “futuro”, la necesidad de reconstruir el país desde abajo, saliendo a las calles, concientizando acerca de las consecuencias que puede tener la falta de lucha.

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La precarización laboral avanza

La precarización laboral avanza

Distintos informes, de diversas fuentes, coinciden en que aumenta la informalidad laboral, el horario extendido y el pluriempleo, mientras bajan los salarios y los derechos de los trabajadores ceden ante los avances desregulatorios.

Recientemente la UCA publicó un informe titulado “Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina (2010-2025)”, allí se detectó que en los últimos años se dio una inversión de las principales actividades generadoras de valor, los sectores de las actividades primarias, las finanzas y las minas y canteras ganaron terreno frente a los sectores más afectados que son los de la industria manufacturera, la construcción y en menor medida el comercio.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) señala “Los sectores más dinámicos de la economía no tradujeron su crecimiento en puestos de trabajo suficientes para mejorar las oportunidades de acceso a empleos más productivos y bien remunerados”, así mismo indica, “durante este periodo ha crecido en 4,5 puntos porcentuales la proporción de ocupados que, estando en puestos registrados, se encuentran por fuera de los convenios colectivos”.

Ramiro Robles, miembro del equipo que realizó el informe, recalcó que difícilmente la reforma laboral pueda mejorar los niveles de informalidad, ya que lo que realmente se necesita es mayor productividad.

Por otro lado, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) publicó el 22 de junio su “Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos”. La informalidad laboral reflejada allí fue del 44,2%, contra el 55,7% de los trabajadores formales, la primera presentó un aumento de 2,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior y el cuanto a los desocupados, el 31,8% mantiene un periodo de búsqueda de empleo superior al año, siendo que el 78% de las personas tenían una ocupación anteriormente, viniendo el 3,3%  del sector estatal, mientras que el 96% se desarrollaba en el sector privado.

Sobre esta problemática, Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, señala que “se ha deteriorado muchísimo el mercado de trabajos en Argentina, los convenios colectivos fijan escalas salariales muy inferiores a lo necesario para vivir dignamente, e incluso el Consejo del Salario, que fija el salario mínimo, vital y móvil, propone sumas prácticamente insignificante”.

A raíz del bajo nivel adquisitivo de los salarios surge otro fenómeno: el pluriempleo. Según el INDEC, 1,6 millones de personas tienen más de un empleo, lo que representa el 12,2% de las personas ocupadas. Cremonte comenta: “Hay una necesidad de trabajar más para llegar a alcanzar un salario que medianamente asegure una vida digna,  y como en nuestro país no se garantiza que en un jornada legal se pueda vivir dignamente con un salario mínimo, la mayoría de los trabajadores debe tener mas de un empleo, y esto, por supuesto, supone una vida no digna, partiendo de la definición de la Constitución Nacional”. Para el abogado laboralista: “esto rompe con la idea que establece que la jornada laboral máxima legal diaria es de ocho horas, se pierde esta idea de ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de esparcimiento; ocho horas para vivir, ocho horas para hacer con el tiempo libre y de descanso lo que uno quiera, la vida familiar, la vida social, la vida deportiva, estudiar, o no hacer nada, el derecho al ocio también”.

La precariedad es la nueva norma, el informe de la UCA menciona que en 2025, el 45% de los trabajadores se encuentran en puestos considerados precarios, frente al 42,6% de 2010. La incidencia llega al 66,5% entre quienes trabajan en el sector microinformal y escala al 81,1% para los asalariados informales. Sin embargo, el deterioro también alcanza al empleo privado formal, donde la proporción de puestos precarios aumentó hasta 29,1%.

La consultora Focus Market elaboró otro informe en base a un relevamiento que se realizó dentro del proyecto “Econochori” en el Comedor Pequeños Gigantes de Florencio Varela creado por Massimo Pastore. Los datos obtenidos dan cuneta de la vulnerabilidad económica que atraviesan los hogares en los barrios populares: El 40% de los ingresos son de carácter variable, lo que “refleja la dependencia hacia actividades informales, trabajos ocasionales o fuentes inestables de recursos”. Así mismo, el 93% de estos ingresos se destina a la compra de alimentos, por lo cual, el presupuesto familiar solo llega a sustentar necesidades básicas.

En este contexto, la Justicia rechazó el pedido de la CGT que buscaba suspender la aplicación de manera provisoria de 81 artículos de la reforma laboral – que permite modificar la jornada laboral, reduce multas por trabajo no registrado, flexibiliza el periodo de prueba y crea un nuevo fondo de indemnizaciones, entre otros retrocesos en los derechos laborales. La resolución fue firmada por los jueces Rogelio Vicenti y Jorge Morán, quienes consideraron que no se cumplían los requisitos legales para dictar una medida cautelar.