Representantes de 32 comunidades originarias que acampaban en Plaza de Mayo levantaron la medida de protesta luego de reurnirse con distintos organismos públicos y crear diversas mesas de diálogo.
Los 130 miembros de 32 comunidades indígenas de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes, luego de cuatro días de acampe con carpas azules, colchones, abrigos y banderas en Plaza de Mayo, se llevaron una serie de compromisos tras haber mantenido reuniones con diferentes despachos oficiales del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social y de la Mujer, Diversidades y Géneros. Ya de regreso a sus territorios comienza una etapa de informes y relevamientos porque las demandas son muy variadas, van desde el acceso a la tierra y a los dominios de las comunidades contemplados en la Ley de Reparación Histórica a los Pueblos Originarios hasta el acceso al agua, tanto potable como para la producción, pasando por la falta de acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda digna.
Los pueblos wichi, toba, mocoví y guaraní –representados por las comunidades de Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle. Molinos, Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, entre otras– exigían el reconocimiento y derecho de gestión de sus territorios ancestrales, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra, un Estado Plurinacional y Plurilingüe. También reclamaban el acceso a la justicia, sin acciones discriminatorias y cese de la violencia sobre mujeres y niñas.
“Se olvidan que el pueblo indígena está sufriendo, nuestros niños están desnutridos, nos dicen que somos usurpadores, sin embargo somos los dueños de las tierras, nacimos acá y somos el pueblo originario”, dijo Anselmo Rojas, del pueblo qom del Impenetrable chaqueño. Rojas mencionó que la policía persigue y tortura a chicos, tanto indígenas como criollos, los detiene sin causa por reclamar por la tierra en la zona de Pompeya y Miraflores. “No pueden andar tranquilos por la vía pública, necesitamos que intervenga el ministro de Justicia”, agregó. Al mismo tiempo, denunció que de las 10 mil hectáreas que correspondían a su comunidad “prácticamente nos dejaron sin nada, sin título de propiedad”. Eran sus primeras palabras luego de un viaje de treinta horas, y cuando le preguntaban hasta cuándo se quedarían respondía que “hasta que haya respuestas”.
El acampe fue organizado con la finalidad de insistir en que el Estado nacional, y los gobiernos provinciales, adopten “políticas públicas con perspectiva indígena”, tal como expresaron otros referentes apenas pisaron suelo porteño. “A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, recordaron antes de hacer una asamblea.
El jueves indígenas y militantes del movimiento La Dignidad comenzaron a desarmar el acampe, mientras los micros se estacionaban frente al Cabildo para emprender el regreso. En esos días habían sido recibidos por diferentes organismos estatales. “En algunos se lograron armar mesas de diálogo a través de las cuales se han alcanzado marcos básicos de consenso para avanzar sobre algunos de los temas en agenda, ahora queda realizar la tarea de informes y relevamientos territoriales, sentarse con los distintos organismos correspondientes y ver qué resultados obtenemos”, sintetizó ante Anccom Manuel Malenchini, de La Dignidad de Corrientes. “De esos resultados dependerá la respuesta de las comunidades. Si vemos que los acuerdos de palabra asumidos avanzan materialmente no hará falta salir a protestar de nuevo. Mientras tanto estamos en alerta y en constante comunicación con las comunidades y operativizando los distintos informes y relevamientos que.nos solicitaron de parte del Estado”, agregó.
Malenchini dijo que conversaron sobre la “situación de abandono de las comunidades, la gran discriminación desde el sistema judicial y la falta de acceso a denuncias” con Carolina Varsky, subsecretaría de Programas Especiales contra las violencias, Bruno Cassan, director nacional de programas especiales y Aymara Choque, coordinadora de abordaje contra las violencias hacia pueblos indígenas. Se acordó la implementación de programas tales como el “articular”, “producir” y “escuelas populares” en las distintas comunidades.
“El acampe fue levantado pero la lucha sigue”, enfatizó.
Tal como sucedió con la mesa de diálogo con el Estado que propició la liberación de las cuatro mujeres mapuches en Bariloche, algo similar parece haberse gestado con las comunidades originarias del centro y norte del país. Sin embargo, esta voluntad política está destinada a chocar con sectores conservadores de abierto racismo, como el diario La Nación que publicó días atrás un editorial sobre la solución en Villa Mascardi con el título “Acuerdo ilegal con falsos mapuches”.