El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Su objetivo es favorecer la toma de conciencia sobre los derechos de los adultos mayores, no subestimarlos por su edad y tomar medidas contra su vulneración.
En el 2011 Naciones Unidas calificó a la violencia hacia adultos mayores como un problema social al que se debe hacer frente. Por eso, en su resolución 66/127 designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Es una fecha en la que se busca generar conciencia sobre la existencia del abuso hacia personas mayores.
La vulneración puede consistir en maltratos físicos, psicológicos, sexuales o económicos o también en negligencia y descuido hacia la persona. Si bien la Constitución Nacional argentina prevé que el Congreso dicte normas para resguardar los derechos de los adultos mayores porque son considerados un grupo vulnerable, no hay una vía específica para la denuncia de estos casos. “Se trata a toda la violencia doméstica igual”, asegura Anabella Crisci, abogada especializada en salud y discapacidad.
Las denuncias deben realizarse en los organismos disponibles en cada jurisdicción. La víctima es evaluada por un equipo interdisciplinario para establecer la verosimilitud de la denuncia y la peligrosidad a la que está sometida. A partir de allí, “lo que suele ocurrir es que el juez dicta una medida cautelar de restricción de acercamiento a esa persona para resguardar su integridad”, explica Crisci.
El problema es que muchas veces las denuncias no se realizan porque no se identifican siquiera como tales. «Pensar que por ser vieja la persona no comprende o no puede tener ocupaciones o proyectos es un prejuicio, es ´edadista´», afirma Romina Rubin, médica geriatra y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría.
La Constitución y el Código Civil afirman que la capacidad de una persona debe suponerse hasta que se demuestre lo contrario. Si bien hay personas de edad avanzada que tienen dificultades para desenvolverse en un plano de igualdad con el resto, esto se debe a afecciones en la salud pero no a la edad en sí misma. Crisci asegura que muchas veces los mismos jueces que deberían ser expertos en el tema suponen que los años vividos condicionan las capacidades de las personas.
Antes de saltar a una conclusión así, se debe establecer si la persona cuenta realmente con capacidad de tomar sus propias decisiones a conciencia o no. Esto se logra a través del proceso de determinación de la capacidad que se dirige a todos aquellos que tengan una afección mental que por su gravedad les impida desenvolverse en igualdad de condiciones y pueda perjudicar su libertad. Lo que se busca es resguardarlos mediante la asignación de una figura de apoyo que los ayude a tomar decisiones o una figura de curador que los represente en distintos actos jurídicos.
Otras vulneraciones
La vulneración de los derechos también puede provenir del Estado y se le hace frente recurriendo al amparo de salud, un proceso judicial que se emplea para obtener una solución urgente frente a situaciones en las que se atropellan derechos y garantías constitucionales. En casos como este, afirma Crisci, se busca la cobertura de cuidadores o residencias geriátricas cuyo acceso presenta barreras burocráticas. En general, las obras sociales y prepagas se niegan a cubrir este tipo de prestaciones ya que la consideran un asunto social, dejando de lado que la salud es entendida como “el más alto bienestar físico, mental y social”.
Al tratarse de servicios con costos elevados, muchas veces es necesario recurrir a la justicia solicitando un amparo de salud ya que las residencias geriátricas suelen negarse a trabajar con obras sociales y empresas de medicina prepaga debido a los bajos montos que dedican a cubrir esta necesidad. Conseguir un servicio geriátrico en estas condiciones implica un proceso en el que el paciente o su familia debe acudir a un abogado especializado y presentar los documentos necesarios para solicitar a un juez que ordene la cobertura de la prestación. “Son todas barreras que se deben vencer para que la justicia les dé lo que indica la Ley de Discapacidad”, explica Crisci.
Una forma frecuente de violencia en geriátricos es la sujeción de los pacientes para evitar, por ejemplo, que se hagan daño a sí mismos o se quiten algún tipo de asistencia, por ejemplo, para respirar. Como establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el Artículo 4 de su Capítulo III, la sujeción física prolongada forma parte de las prácticas que deben ser prevenidas, sancionadas y erradicadas por los Estados Parte.
Rubin lidera un grupo llamado Desatar Argentina cuyo objetivo principal es generar conciencia acerca del daño que producen las sujeciones físicas (ataduras) y capacitar y brindar herramientas prácticas alternativas a su uso y promover su eliminación, debido a que las sujeciones vulneran los derechos de las personas, principalmente el derecho a la libertad y autonomía además de ocasionar daños a nivel físico, psicosocial y emocional. “La piedra angular es la formación, capacitación y fortalecimiento del cuidado bajo el paradigma de derechos y atención centrada en la persona”, explica la especialista.
El desafío es grande porque, como dice Crisci, las personas mayores con discapacidades requieren un control permanente que desgasta a sus cuidadores. Las prestaciones que se ofrecen en las distintas residencias son variadas y eso se refleja en el precio: “Hay para todos los gustos. Una estándar vale cuatrocientos mil pesos por mes y después hay instituciones que valen un millón quinientos mil que tienen hasta peluquería; tienen de todo”.
Aún así, Crisci remarca que existe un prejuicio en las familias que piensan que al dejar a la persona en una residencia, la están abandonando: “Yo veo muy claro cómo mejora la gente en los hogares porque una cosa es estar solos en su casa, cuidados por los cuidadores y que vengan eventualmente los familiares. Otra cosa es en los hogares buenos donde tienen terapias y pueden compartir con pares”.
Se trata de una realidad que no es accesible para todos. En parte debido a las barreras burocráticas mencionadas y a las listas de espera con las que cuentan las obras sociales como PAMI que además tienen convenios con instituciones que no siempre son las más adecuadas para cubrir la totalidad de las necesidades de los pacientes.
¿Cómo le hacemos frente?
El maltrato se puede manifestar de distintas formas y también son diversas las maneras en que se le puede hacer frente. Por su parte, las políticas públicas tienen impacto en la situación. Como plantea Crisci, es necesario facilitar los trámites necesarios para que los adultos mayores puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. A su vez, como considera Rubin, es la misma sociedad la que debe visibilizar esta problemática ya que se trata de un grupo vulnerado del que todos formaremos parte en tanto todos somos “seres envejecientes”. Vale la pena tomarse el día para pensar en esto.