“La libertad de expresión es una condición indispensable para la vigencia de la democracia”
Se presentó el Segundo Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina, un trabajo sistematizado, realizando por sindicatos de prensa, la carrera de Ciencias de la Comunicación Comunicación (UBA) y Democracy al Work. Los casos de Pablo Grillo, Julia Mengolini y Ari Lijalad en un contexto de agresiones físicas, judicialización a la prensa, hostigamiento en redes sociodigitales y censura.
A pocos días de cumplirse la mitad del mandato presidencial de Javier Milei, hay un escenario que se repite cotidianamente: el deterioro del derecho a la libertad de expresión. Ante este panorama, las universidades públicas, sindicatos de prensa y representantes de la política confluyeron este martes en la presentación del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 en el Senado de la Nación. “La Argentina atraviesa quizás el mayor retroceso en torno a la libertad de expresión al tiempo que cada vez tenemos muchas más maneras de ejercerla”, declaró la senadora de Fuerza Patria Carolina Moisés durante su exposición.
La segunda edición del informe fue elaborada por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work. El trabajo fue presentado por Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Moisés, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado de la Nación; y Carla Gaudensi, Secretaria General de FATPREN, adjunta de SIPREBA y secretaria de género de la CGT. Además, contó con los testimonios de periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes expusieron ante un auditorio repleto de referentes de la política y de la academia.
“Durante 2025 el escenario comunicacional estuvo marcado por una aceleración y profundización de las tendencias regresivas y las preocupaciones ya evidenciadas y reseñadas en la primera edición de este Informe”, introduce el documento. Así, en sus más de cien páginas analiza, por medio de la presentación de casos y datos concretos, una continuidad del retroceso en materia de derechos comunicacionales, así como también un deterioro de las condiciones de debate público reflejado en la censura, el hostigamiento y el disciplinamiento a cualquiera que, a través del uso de la palabra, exprese una mirada disidente a la del oficialismo.
Entre los acontecimientos más notables se encuentra el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido – y hasta el día de hoy continúa luchando por su vida- tras recibir un disparo de gas lacrimógeno mientras cubría una marcha de jubilados el 12 de marzo. De este modo, el informe registró un incremento de la represión en las manifestaciones del 66% respecto al 2024. Otro elemento identificado fue la utilización de herramientas judiciales y administrativas para restringir la palabra, en especial el caso de censura judicial y hostigamiento contra periodistas que difundieron investigaciones sobre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Además, el nuevo régimen de acreditación en la Casa Rosada, la suspensión de la pauta oficial, la desinformación y el uso de deep fakes en tiempos electorales, sumado a una mayor concentración en el sistema infocomunicacional y el aumento de la violencia simbólica fueron otros de los ejes paradigmáticos que se introdujeron a lo largo del año transcurrido.
La primera en hacer uso de la palabra fue Moisés, quien dio a conocer un proyecto de ley de régimen especial de protección de la libertad de expresión, que fue elaborado en conjunto con sindicatos de prensa. En diálogo con ANCCOM, la senadora explicó que el objetivo de esta normativa es “actualizar las cuestiones procesales, penales y civiles, adaptándolas a esta situación de emergencia”. Además, destacó la importancia de estas investigaciones, ya que permiten aportar datos lo más objetivos y concretos posibles para construir una legislación que atienda esta problemática.
Luego fue el turno de De Charras quien expresó: “Hoy nos estamos preocupando por la integridad física de los trabajadores de prensa. Con lo cual, nuestro informe se inicia allí con un caso emblemático que es el de Pablo Grillo. Y luego lo que fuimos viendo es el incremento de la agresión verbal y la persecución judicial, algo que prácticamente habíamos abandonado en Argentina, que era que los funcionarios de gobierno iniciaran causas judiciales o criminalizaran el ejercicio de la voz pública al punto de solicitar censura lisa y llana a ciertas temáticas o ciertas personalidades”. Y explicó que este informe “es un trabajo de investigación que busca desde fuentes primarias y secundarias reflejar un proceso de agravio a la libertad de expresión, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país con una vocación claramente federal”.
Continuó Gaudensi y describió la situación en la que se encuentran los trabajadores de prensa, quienes viven el hostigamiento, la precarización laboral y el pluriempleo como la nueva normalidad en su trabajo. En este sentido, reveló: “Nuestros salarios no alcanzan a cubrir la canasta básica, tenemos el 70% de los trabajadores que con un solo trabajo no la pueden cubrir y están por debajo de la línea de pobreza. Con esa situación se precariza también y se flexibilizan las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de prensa”.
Más tarde, le siguieron las exposiciones de los periodistas Julia Mengolini, Ari Lijalad, Ángela Lerena y Zuliana Lainez (esta última integrante de la Federación Internacional de Periodistas) y el fotoperiodista y presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Sebastián Vricella. También declararon Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Jorge Sola, secretario general de la CGT y Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Sus discursos sirvieron a la audiencia para reconstruir una frase que se hace carne en el gobierno nacional al momento de hablar sobre periodismo: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.
Kejval explicó que este documento sirve para dar cuenta de que no se tratan de casos aislados, sino de una política que se despliega desde el hostigamiento en redes hasta causas judiciales, esto último lo calificó como algo novedoso en los últimos años de democracia. Por último, le exigió a los senadores allí presentes que acompañen el pedido de visita de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, tanto Mengolini como Lijalad recordaron que estos ataques hacia la prensa no son una novedad, sino que se vienen gestando desde hace tiempo con la particularidad de que ahora esos discursos los hace la ultraderecha y en espacios, como las plataformas digitales, en donde el debate público se encuentra regulado por unos pocos. Al mismo tiempo, Lijalad afirmó: “Es importante actualizar año a año este documento. Pero no sirve de nada simplemente tener un informe de cómo se ataca la libertad de expresión, si no se trabaja para mejorarla”. E instó a que estos debates se trasladen al plano político.
“Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye el informe.









