Un manto de neblinas

Un manto de neblinas

Sep 5, 2026 | Destacado 1, Vidas políticas

El súbito cambio de perspectiva de Javier Milei sobre la causa Malvinas genera sospechas entre los especialistas del tema. La catarata de anuncios de medidas que ya estaba facultado para tomar y no lo hizo. Los temores con el Consejo de Seguridad.

 

“Las Malvinas son argentinas y los isleños no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”, dijo el presidente Javier Milei, al comenzar la cadena nacional del 3 de septiembre. En apenas 15 minutos revirtió su histórica posición por la soberanía de las Islas Malvinas, anunció un paquete de medidas contra empresas extranjeras y convocó a los argentinos a unirse más allá de las banderas políticas. La pregunta que quedó flotando es qué lo hizo cambiar de opinión.

En 2024, el presidente de la Nación dijo que Margaret Thatcher le parecía “brillante”. El 2 de abril de 2025 aseguró que los isleños tenían derecho a elegir su futuro. Este año, luego de que la Selección flameará la bandera de Malvinas manifestó: “Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas”. Pero cuatro días después de que Trump comentará que estaría dispuesto a revisar su postura en la causa Malvinas, Milei se olvidó de todo lo anterior.

Según Juan Rattenbach, abogado especialista en Malvinas, quizás las declaraciones de Trump aceleraron las cosas, pero la verdadera razón del discurso –aseguró- es otra: “La bandera de Malvinas fue un punto de inflexión en la historia argentina. Se comprobó el 6 de agosto cuando se cayó en el Senado la Ley de Tierras que promovía su venta a extranjeros. El gobierno hizo una lectura de eso y de su derrota parlamentaria, y de ahí sale esta cadena nacional”.

Durante el discurso, Milei anunció un paquete de medidas para defender la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos que las rodean. Aplicará la Ley 26.659 para sancionar a las empresas que extraen petróleo en el yacimiento Sea Lion; firmará un DNU para que el Ministerio de Defensa termine de construir una base naval en Tierra del Fuego –que él mismo había frenado a través del desfinanciamiento del proyecto-; y creará un Consejo de Seguridad Nacional.

Pero según Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, periodista, y escritor de Iluminados por el fuego, estas decisiones llegaron tarde. Al ser consultado por este medio, Esteban señaló: “Las empresas que mencionó Milei son una británica y una israelí que hace 9 meses están acá y ya sacan barriles de nuestro mar. Se estima que para 2018 van a sacar 125.000 barriles de petróleo crudo por día”.

Además, Esteban subrayó que la normativa mejor conocida como “Ley Pino Solanas” está vigente desde 2011, pero no hubo intenciones de aplicarla. “Milei fue tres veces a Israel y nunca habló con el presidente Netanyahu sobre las acciones que tiene uno de sus hijos (accionista) en estas empresas”, agregó a ANCCOM.

Otra medida que parece reciclada es la creación de la base naval, ya que debería haberse inaugurado el año pasado. Algo similar sucede con el Consejo de Seguridad Nacional. Al respecto, Federico Lorenz, historiador especializado en Malvinas, comentó que el Consejo no será un organismo nuevo, sino una centralización de las distintas instituciones y organismos de defensa del Estado, que ya cuentan con la potestad para defender la soberanía en Malvinas.

En ese sentido, la ANCCOM le consultó a Lorenz qué objetivo podría tener el nuevo organismo y su respuesta fue clave: “Teniendo en cuenta los antecedentes políticos del gobierno es un mecanismo que puede ser muy funcional en términos de policía interna, sobre todo si pensamos en el alineamiento de Milei con la política exterior de Estados Unidos y su participación en el Escudo de las Américas”.

Lo único incuestionable del discurso de Milei es que la causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una cuestión nacional que está por encima de cualquier diferencia política. Sin embargo, la honestidad de sus palabras y su compromiso con el reclamo se comprobarán con el tiempo.

Al finalizar el intercambio con ANCCOM, Esteban, quien le puso el cuerpo a la Guerra de Malvinas dijo: “Se acerca el año electoral, las encuestas no le dan bien y creo que hay una especulación política más que una preocupación concreta del gobierno. Ojalá Milei pueda cumplir con lo que dice, pero -sin hacer una comparación con la dictadura militar- me hizo acordar al 30 de marzo cuando los trabajadores salieron a marchar a la Plaza de Mayo y tres días después se decía que se habían recuperado las Islas Malvinas. Ojalá logremos con diplomacia lograr lo que muchos soñamos, ver flamear la celeste y blanca en nuestras islas”.

Peter, Peter, compadre

Peter, Peter, compadre

Ago 31, 2026 | Destacado 3, Vidas políticas

Dos semanas después de que un conjunto de gandalfs se presentara en su mansión para decirle “you shall not pass”, y al día siguiente de que se realizara una audiencia informativa en el Congreso en torno a su llegada al país, un grupo de personas con máscaras, disfraces, gorros y carteles se concentró en la casa de Peter Thiel para pedir por su desalojo.

Este sábado, un grupo de personas marchó desde la Flor de Figueroa Alcorta hasta la mansión que Peter Thiel compró en Barrio Parque, sobre la calle Dardo Rocha. “Que dé explicaciones de qué está haciendo en nuestro país y qué va a hacer con nuestros recursos”, dice Paula (24 años), una de las manifestantes. La convocatoria había sido difundida bajo las consignas de “Desalojo express a Peter Thiel”, “Peter Thiel go home”, “No al Súper RIGI”, “La tierra y el agua no se venden”. Aunque embrionaria aún, parece empezar a aparecer una reacción a la llegada del fundador de Palantir, que estuvo tres meses en Argentina y se reunió con distintos funcionarios del gobierno. Los paquetes de reformas que la administración de Milei intenta promover son motivo de esta reacción, en tanto parecen estar hechas a medida para el arribo de este tipo de empresas tecnológicas a nuestro territorio. Los manifestantes, escoltados siempre por varios efectivos de policía, estuvieron unos minutos en la puerta de la mansión de Thiel, leyeron mensajes con sus megáfonos y volvieron hacia las escalinatas de la Facultad de Derecho, donde culminó la marcha.

“Hay cosas que no se pueden vender. El agua y la tierra no se pueden vender, y menos para que sean los recursos de los data centers que quieren implantar en la Patagonia. Se la pasan desalojando a las comunidades originarias en todas partes del país. Nosotros queremos desalojar a Thiel. Así como logramos frenar la extranjerización de tierras, tenemos que seguir movilizándonos, por los endeudados, por las comunidades originarias, por los que no llegan a fin de mes. Para frenar a este gobierno que quiere reprimarizar la economía y entregar el país a estos tecnofascistas para hacer negocios”, dice Paula. El reclamo sobre la soberanía del territorio y los recursos nacionales destaca en un contexto donde el gobierno nacional sigue intentando impulsar el Súper RIGI, un proyecto de régimen impositivo que otorgaría inéditos beneficios para empresas extranjeras y que busca especialmente seducir a empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial y a la explotación de minerales críticos. El Súper RIGI reduce la alícuota de Ganancias al 15 por ciento, permite acelerar la amortización de bienes y otorga créditos fiscales para saldar IVA y aportes patronales. El proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y busca su aprobación en el Senado, donde el oficialismo necesita acordar con otras fuerzas políticas: Patricia Bullrich, senadora de la Libertad Avanza, está negociando con el PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales.

Fernando (67 años), otro asistente de la movilización, explica: “Esto es una mezcla de todo porque, por un lado, están intentando un extractivismo sobre nuestros recursos naturales como siempre en la historia lo quiso hacer el liberalismo. Tierras, minerales, hidrocarburos. Pero ahora viene lo nuevo: vienen estas empresas tecnológicas a expropiar esos recursos para solventar sus infraestructuras digitales, que son de un enorme riesgo para nuestra democracia. Con esas infraestructuras expropian otros recursos: los datos de la gente. Y andá a saber qué hacen con eso. Yo creo que lo peligroso es la colaboración con el Estado. Porque acá no es solo que te estudian para ponerte publicidad a tu medida. En Estados Unidos ya estuvieron usando la infraestructura de Palantir para deportar gente, por ejemplo”.

En síntesis, los riesgos que subrayan los detractores de la llegada de Thiel son tanto ambientales y económicos como políticos y culturales. Es decir, por un lado, el riesgo ecológico que supondría implantar sin límites centros de datos en el sur del país, ambiente que tiene los recursos hídricos y el clima idóneo para desarrollar este tipo de industrias. Por otro lado, los efectos que tendría sobre la democracia la vinculación de empresas como Palantir con el Estado Nacional, nexo del que la sociedad civil no sabe prácticamente nada, ya que todas las reuniones con actores del gobierno fueron privadas. En Estados Unidos, Palantir brinda sus servicios al gobierno nacional para colaborar con el ICE, el organismo dedicado a deportar inmigrantes del territorio, y con instituciones militares y de inteligencia como la CIA o el Pentágono. La Argentina, por sus condiciones climáticas, su ubicación geográfica y, contingentemente, por su gobierno libertario, se erige como una tierra fértil para la experimentación de tecnomagnates como Thiel: “No queremos que nuestro país se convierta en un laboratorio”, dice Paula.

Si bien el fundador de Palantir había llegado a la Argentina en abril de este año, recién durante las últimas semanas empezaron a aparecer reacciones políticas incipientes. Para dilucidar la opacidad que reviste la visita y estadía de Thiel a la Argentina, Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, había convocado el día anterior a una audiencia informativa en el Congreso, a la que, a pesar de estar invitados para dar explicaciones, no asistieron ni Thiel ni ningún funcionario del gobierno. Además, dos semanas antes de la manifestación del sábado, se había congregado en la casa del empresario un grupo de personas disfrazadas de Gandalf, el mago de El señor de los anillos. Ese día, desplegaron un cartel que decía “You shall not pass / La concha de tu madre” y cantaron: “Peter, Peter, compadre / la concha de tu madre / Si querés palantires, para ver el futuro / Mirate en el espejo, vas a ver un boludo”.

Con aquel episodio se libra una guerra narrativa. “Los palantires son estas esferas de cristal circulares que sirven para la comunicación”, explica Justo (29 años), otro manifestante: “En El Señor de los Anillos, Saruman, que es un mago que fue corrompido por el poder de la oscuridad y del mal, las usa para comunicarse con Sauron, que es el líder de la maldad, básicamente. Y estas bolas pueden ser útiles, pero si son utilizadas de una manera oscura o caen las manos equivocadas, pueden tener fines muy malos. Es un medio para esparcir y comunicar maldad. Pero lo peor es que no sabés quién te puede estar mirando del otro lado cuando lo usás”. Metáfora de su omnipresencia y capacidad de vigilancia masiva, la utilización de la creación de Tolkien para denominar a su empresa sitúa a Palantir en una posición de imponente poder. Alex Karp, cofundador de Palantir junto con Thiel, escribe en su libro La República Tecnológica: “Palantir toma su nombre de El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien, y hay quien ha sugerido que las referencias a Tolkien son preferidas por la ‘extrema derecha’. El interés por arraigar los objetivos de una empresa corporativa en un contexto y una mitología más amplios debería festejarse, no desestimarse”. La elección del nombre describe también la frontalidad con que los fundadores de la empresa definen sus objetivos y sus intenciones de colaborar con el Estado norteamericano en actividades de vigilancia, de persecución de personas, e incluso en actividades bélicas.

“Es tan irónico que le hayan puesto Palantir a su empresa. Nosotros, por ejemplo, estamos todo el día hablando con la inteligencia artificial, y no sabemos qué se hace con esa información que le estamos cediendo. ¿Quién tiene la propiedad de esa información? ¿Quién está del otro lado viéndote? No hay mucha conciencia sobre eso todavía. Y eso que uno elige hablar con la IA. Pero ¿qué pasa con estas empresas que, en tándem con el gobierno, quieren imponer un sistema de vigilancia masiva, sin nuestro consentimiento?”, dice Justo. Y cierra con una reflexión: “En El señor de los anillos, Pippin, uno de los hobbits, agarra el palantir y ahí tiene una comunicación directa con Mordor y con Sauron, y eso hace que Sauron tenga más información sobre lo que está pasando en la Tierra Media. O sea, sobre lo que está pasando con su enemigo. Pero eso lo terminan usando a su favor, para confundirlo. Después Aragorn agarra el palantir y se muestra a propósito, para que Sauron desvíe su atención y mande sus fuerzas a Gondor. Y así, el camino de Frodo para destruir el anillo se hace más fácil. Quizás hoy podrían intentarse estrategias en ese sentido. Hay que engañar a estos sistemas de inteligencia artificial, confundirlos”.

La casa de Peter Thiel en Barrio Parque ya se convirtió en un escenario de protesta. Queda por ver cómo seguirá reaccionando la política y la sociedad civil ante los beneficios que quiere otorgar el gobierno a los gigantes tecnológicos, ante el extractivismo de recursos naturales y virtuales, y ante la intromisión de la vigilancia masiva digital en la vida cotidiana.

¿A qué viene Peter Thiel a la Argentina?

¿A qué viene Peter Thiel a la Argentina?

Ago 29, 2026 | Destacado 2, Vidas políticas

El interrogante fue el eje de una audiencia informativa solicitada por el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino. La audiencia reunió durante seis horas a especialistas en inteligencia artificial, investigadores científicos, periodistas y académicos.

Peter Thiel, fundador y presidente de Palantir, llegó al país en abril junto con su familia y se asentó en Barrio Parque donde compró una propiedad valuada en 12 millones de dólares, que recientemente fue escenario de una protesta de Los Gandalf’s, un grupo anónimo que lo repudió llevando disfraces del personaje del Señor de los Anillos y película que inspiró al magnate a ponerle Palantir a su empresa. Desde que arribó, mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y con funcionarios como Luis Caputo y Federico Sturzenegger. También recibió en su casa a Juan Grabois, dirigente del partido Patria Grande, quien luego contó sus impresiones en una entrevista en Radio con Vos.

Entre una profecía y el interés por los recursos críticos de la Argentina, distintas versiones intentan responder una pregunta: ¿A qué vino Peter Thiel al país? Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, convocó este 28 de agosto a una audiencia informativa que buscó poner en debate a la figura de Thiel y sus intenciones en Argentina. Durante seis horas, diferentes especialistas aportaron su conocimiento en inteligencia artificial, uso de datos personales y soberanía tecnológica.

Para los expositores, la discusión no pasa únicamente por saber qué negocios podría realizar Thiel, sino por entender qué riesgos implica para el país que uno de los principales empresarios tecnológicos del mundo se instale en Argentina. «Hay un primer punto a clarificar en esta audiencia acerca de si Thiel es un inversor privado más o si es más que eso. Y eso define también la importancia de discutir políticamente e institucionalmente y en los medios de comunicación la presencia de Thiel en Argentina’’, planteó Marino durante la apertura.

Hasta el momento, no existe una declaración o documento público que explique el contenido de las reuniones entre el empresario y el Presidente. Ninguno de los principales funcionarios y empresarios invitados asistió a la audiencia. Peter Thiel, Javier Milei, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, fueron convocados formalmente como expositores, pero no concurrieron.

Argentina como patio de juegos

Natalia Zuazo, politóloga y especialista en políticas digitales, inteligencia artificial y gobernanza tecnológica, puso el foco en la infraestructura necesaria para el desarrollo de los proyectos de Palantir: ‘’Para Thiel, la inteligencia artificial es, ante todo, una tecnología militar que él vende a través de una teología del miedo, de un mundo estancado a causa de defensores de derechos humanos’’. Según explicó, ‘’empresas como Palantir necesitan para funcionar centros de datos, agua, electricidad, minerales, capacidad nuclear. Argentina tiene todo eso, pero sobre todo un gobierno, por ejemplo, que a través del RIGI le ofrece a las grandes tecnológicas recursos baratos y reglas hechas a su medida’’.

El problema no es la presencia de una empresa extranjera en sí misma, sino las condiciones en las que opera: ‘’La discusión no es si un extranjero puede vender sus productos acá, sino ¿para qué fines, bajo qué reglas y con qué controles? No sabemos a qué vino Peter Thiel, pero sabemos qué hace y qué vende. Esa información es suficiente para que este Congreso actúe, investigue y pida explicaciones’’, concluyó Zuazo.

El poder de los datos

Uno de los principales puntos de preocupación planteados durante la audiencia fue el rol que pueden adquirir empresas como Palantir dentro del funcionamiento del Estado. Gabriela Mitidieri, doctora en Historia y docente de la UBA, sostuvo que la firma representa algo más que un proveedor tecnológico: «Palantir no vende tecnologías a los Estados, sino que se convierte en parte de la infraestructura de gobierno». Según explicó, ‘’esto implica poner en manos privadas la capacidad de integrar datos, producir inteligencia y orientar decisiones públicas que afectan la vida de millones de personas».

Como señalaron distintos expositores, Palantir trabaja con organismos estatales y de seguridad de distintos países y desarrolla sistemas capaces de integrar grandes volúmenes de información. Para los especialistas, esto plantea interrogantes sobre quién controla esos datos y qué uso se hace de ellos.

En esa línea, Micaela Mantegna, abogada especialista en ética de la IA, definió el modelo como una innovación parasítica: «Como un parásito, se adosa a las estructuras del Estado para vaciarlas desde adentro». Y resumió cuál considera que es el principal riesgo: «Lo que nos tiene que preocupar es la soberanía digital».

Esteban Magnani, periodista especializado en tecnología, docente universitario y editor de ANCCOM, aportó: ‘’Thiel ve la democracia como obstáculo y logra saltearla a través de contratos con el Estado, a la manera en que lo hace Palantir, donde ya las decisiones se toman dentro de una caja negra de supuesta inteligencia artificial que está diseñada por humanos con intereses políticos particulares, pero donde ya todo parece automatizado y supuestamente neutral gracias a la matemática’’.

Por su parte, Mitidieri afirma que «el objetivo declarado de Palantir es lograr que los Estados operen en buena medida o totalmente a través de sus productos. El problema es quién controla las infraestructuras que organizan el poder estatal».

Los expositores plantearon la necesidad de abrir una discusión sobre la gestión de los datos, el uso de tecnologías de vigilancia y la soberanía tecnológica, pero también sobre la capacidad democrática de controlar cómo el Estado produce conocimiento y ejerce poder.

La profecía

Algunos panelistas también intentaron sintetizar la ideología de Thiel para comprender qué podría motivar su llegada a la Argentina. Uno de los textos que apareció de manera recurrente durante la audiencia fue El individuo soberano: cómo sobrevivir y prosperar durante el colapso del Estado de bienestar, de james Dale Davison y William Rees-Mogg, publicado en 1997 y señalado como uno de los libros de referencia del magnate.

La obra plantea un futuro marcado por el colapso de los Estados y el avance de la tecnología donde marca a Argentina y Nueva Zelanda como posibles destinos privilegiados frente a ese escenario. La relación entre el libro y su llegada a la Argentina fue analizada por el periodista estadounidense Gil Duran, quien participó de la audiencia a través de un video grabado: «Thiel compró tierras en Nueva Zelanda y obtuvo la ciudadanía de ese país en 2011. Ahora en la cima de su poder e influencia en Estados Unidos, donde está profundamente entrelazado con el autoritario régimen de Trump, puso la mirada en Argentina porque ve que el régimen de Trump se tambalea y es impopular. Tal vez esté buscando una vía de escape o también esté buscando una profecía». En su interpretación, la Argentina podría representar algo más que un refugio: «Ve a Argentina como un lugar para explotar y colonizar tras la decadencia de Estados Unidos, tal como lo predice el libro’’.

Al contrario de lo que explican muchos allegados al gobierno de Milei, las conexiones de Thiel con Argentina no son nuevas. Recientemente los periodistas Juan Luis González y Giselle Leclercq, junto con Reporteros sin Frontera, publicaron en Anfibia Hackear a Peter Thiel donde rastrea las conexiones del magnate con Argentina hasta el 2017, año en el que Palantir intentó comprar la digitalización de los archivos de la AMIA. En sus aportes en la audiencia, mencionan el silencio que recibieron por la mayoría de las fuentes ante preguntas sobre Thiel y el labor de la tarea periodística en la búsqueda de documentación y archivo para dar con los hechos encontrados.

¿Y ahora qué?

La audiencia finalizó con un total de 33 expositores y puso en discusión el avance de la inteligencia artificial, la regulación de los datos, las tecnologías de vigilancia, el denominado tecnofascismo y la soberanía tecnológica.

Al cierre, Marino anunció que buscarán darle continuidad al debate: «Una de las primeras resoluciones es la publicación de un dossier escrito con todas las exposiciones para la capacitación de diputados y diputadas nacionales. Entendemos que el paquete legislativo que impulsa el Gobierno está marcado por la orientación estratégica de Peter Thiel. De esta forma es poder responder a la discusión sobre la reforma de ley de sociedades y el super RIGI’’.

Además, propuso «la creación de una página web que realice un seguimiento de las novedades de Peter Thiel e iniciativas impulsadas». La charla completa está disponible en YouTube, en el canal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El gran hermano estatal

El gran hermano estatal

Ago 26, 2026 | Destacado 2, Vidas políticas

Un informe de Amnistía Internacional revela la inversión del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires en tecnología de vigilancia. Contratos con Clearview AI, el aterrizaje de Palantir de la mano de Peter Thiel, un decreto que blindó de secreto al sistema de inteligencia y decenas de pedidos de información pública respondidos con evasivas o silencio.

Mientras el Gobierno nacional repite el eslogan “no hay plata” para jubilados, personas con discapacidad y universitarios, entre otros, sí hubo fondos para otros menesteres: al menos 1,2 millones de dólares en infraestructura de vigilancia comprados en dos años por la administración de Javier Milei, según el informe que Amnistía Internacional presentó esta semana. Drones con cámaras térmicas y seguimiento automatizado, herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y sistemas de reconocimiento facial son parte de una suba del 29% en la partida de seguridad y del 6% en inteligencia en 2025, mientras el gasto público general caía un 41%.

A esa cifra nacional se suma la inversión de la Ciudad de Buenos Aires: 48 millones de dólares en cámaras y drones, concentrados, sobre todo, en el epicentro donde ocurren las manifestaciones (la zona del Congreso y sus alrededores, escenario habitual de las marchas de jubilados de los miércoles o las movilizaciones por la Ley de Tierras). Según pudo reconstruir Amnistía, la Ciudad ya cuenta con 17.100 cámaras.

“Se empieza a generar otra arquitectura de vigilancia, con las preocupaciones del caso”, resumió Paola García Rey, una de las autoras del informe de Amnistía Internacional presentado el 19 de agosto pasado en las oficinas de la organización. El entretejido de ese cruce entre infraestructura callejera y capacidad estatal de vigilancia es, para la investigadora, cada vez más difícil de desarmar:

El secreto como regla

El armazón legal de ese ecosistema es el Decreto 941/2025, de necesidad y urgencia, que reformó el sistema de inteligencia nacional. Según el informe, la norma redefine los conceptos de inteligencia y contrainteligencia ampliando drásticamente qué actividades quedan amparadas bajo estos rótulos, invierte la relación entre regla y excepción en materia de secreto: “Por supuesto, los sistemas de inteligencia tienen una dimensión de seguridad y protección que merecen secreto, pero esto era la excepción. Ahora el secreto pasa a ser regla”, explica Paola García Rey. El decreto también habilita el intercambio de datos personales entre agencias del Estado sin consentimiento ni control judicial, a la vez que extiende esa posibilidad de traspaso de información a agencias extranjeras.

El DNU no llegó solo. Se completa con la reforma del Estatuto de la Policía Federal, que amplía las facultades de ciberpatrullaje de las fuerzas federales, con la creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia y con un protocolo que regula el uso de agentes encubiertos. Puertas adentro del Ministerio de Seguridad se creó, además, la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), una dependencia con competencias para rastrear la deep web, hacer perfilamiento, ciberpatrullar y aplicar reconocimiento facial. “Es como una superagencia que tiene capacidad de hacer todo”, describió García Rey en la conferencia sobre el informe.

Ese entramado normativo se montó, a su vez, sobre el conocido “protocolo antipiquetes” sancionado en 2023, que habilita la identificación, el registro y la sistematización de información sobre manifestantes y organizaciones sociales. El mismo tipo de operativo que ANCCOM retrató en la represión frente al Congreso el 6 de agosto durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuando el comisario Gustavo Gauna fue fotografiado armado y vestido de civil entre los manifestantes. El informe de Amnistía sitúa a ese tipo de episodios dentro de un mismo continuo. La posibilidad de identificar, registrar y perfilar a quienes protestan,

Reconocimiento facial

El informe distingue entre dos tipos de reconocimiento facial. El primero es la verificación “uno a uno”: la que usa, por ejemplo, un teléfono celular para comparar un rostro con una imagen previamente registrada por su propio dueño y almacenada localmente. Amnistía considera que ese uso conlleva un riesgo limitado.

El problema, advierte el organismo, es el segundo tipo, la identificación “uno a muchos”, que es la que efectivamente usan los Estados. Para funcionar, este sistema necesita una base de datos de referencia construida a partir del scrapeo masivo de imágenes de personas, tomadas de internet, redes sociales y registros gubernamentales, sin que medie ningún tipo de consentimiento. “Sin ese scrapeo inicial y no consentido de imágenes, la tecnología no puede funcionar”, explicó durante la presentación Matt Mahmoudi, investigador y asesor en inteligencia artificial y derechos humanos de Amnistía Internacional. Para el organismo, esa dependencia estructural de una base de datos armada sin consentimiento hace que el reconocimiento facial masivo sea, en sí mismo, incompatible con el derecho a la privacidad, más allá de cómo se lo use después.

Esa distinción técnica choca, además, con un argumento que las propias autoridades porteñas suelen esgrimir. La diferencia entre un sistema “en vivo” y uno retrospectivo. En la Ciudad de Buenos Aires, el uso de reconocimiento facial está suspendido desde que la Justicia hizo lugar a una acción presentada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y el CELS. Cuando Amnistía solicitó información sobre el uso de esta tecnología, el Gobierno porteño reconoció que aplica reconocimiento facial de manera retrospectiva, como si esa distinción lo eximiera de responsabilidad.

Según pudieron reconstruir a partir de licitaciones, la Ciudad adquirió, en el marco de una compra de mayor escala, un sistema de reconocimiento facial en tiempo real distinto del que está judicialmente suspendido, aunque el Gobierno porteño asegura no utilizarlo mientras dure la restricción judicial. A nivel nacional, la Policía Federal confirmó a Amnistía, ante un pedido de acceso a la información, que utiliza sistemas de reconocimiento facial, pero no en tiempo real, sino de manera retrospectiva. Parte de las preguntas que Amnistía hizo, sin obtener respuesta, apuntan a si existen convenios entre la Ciudad y la Nación para que la primera le ceda a la segunda su infraestructura de cámaras y de software.

A eso se suma el contrato con Clearview AI, un antecedente que preocupa especialmente al organismo. Clearview es la empresa detrás de una de las mayores bases de reconocimiento facial del mundo: según su propia descripción comercial, dispone de más de 70.000 millones de imágenes faciales recolectadas. El Ministerio de Seguridad Nacional adquirió en octubre de 2025 una licencia de su software por contratación directa, con el objetivo declarado de “identificar instantáneamente a una persona con una foto”, la misma tecnología fue adquirida también por el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Clearview construyó su herramienta sobre una gigantesca base de imágenes obtenidas de diferentes fuentes públicas de internet, una práctica que derivó en sanciones de autoridades de protección de datos de distintos países europeos.

¿Y Palantir?

Si sobre Clearview el informe pudo reconstruir contratos concretos, cuando se trata de Palantir, la compañía de datos fundada por Peter Thiel, la investigación se topa con un muro. Desde Amnistía Internacional se presentó un pedido de información pública a la Secretaría General de la Presidencia para determinar si existieron reuniones, acuerdos, provisión de servicios o cesiones de datos estratégicos entre el Ejecutivo y Palantir. Las reuniones que Milei mantuvo con Thiel figuran en el sistema de audiencias oficial bajo la fórmula “visita de cortesía”, sin ningún detalle sobre su contenido. Sobre eventuales contrataciones o acuerdos, la respuesta fue directamente nula.

A la Cancillería, en tanto, Amnistía le consultó puntualmente por el memorándum firmado en noviembre de 2025 en el marco de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, uno de cuyos puntos identifica a ese país como “jurisdicción adecuada” para la transferencia de datos personales de la ciudadanía argentina. Tampoco hubo precisiones. “Como ha sido el ejercicio de este gobierno, nos mandan a mirar la web y a fijarnos si hay un acuerdo, si el Congreso lo ratificó”, describió García Rey. Amnistía calificó el conjunto de esas respuestas como “vagas e insuficientes” y ya inició acciones judiciales por la falta de información en varios de estos expedientes.

Aunque el informe no logró establecer una vinculación económica formal entre el Gobierno argentino y Palantir, Mahmoudi situó esa ausencia dentro de un patrón internacional. “La empresa suele aparecer en contextos de represión creciente”, comentó. Palantir proveyó a la agencia migratoria estadounidense (ICE) las herramientas utilizadas para las redadas contra comunidades extranjeras y para el sistema InmigrationOS que permitió ejecutar la política de revocación de visas contra estudiantes internacionales y personas que se manifestaron en apoyo a Palestina, entre ellos Mahmoud Khalil, detenido en Nueva York. “Si las empresas saben que los Estados están utilizando sus herramientas para cometer violaciones de derechos humanos, tienen la responsabilidad de actuar”, sostuvo en referencia a las obligaciones de debida diligencia que establecen los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

La empresa también proveyó tecnología a fuerzas policiales alemanas, cuyo uso para el perfilamiento fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional alemán. “Las empresas que proporcionan tecnologías de vigilancia también tienen responsabilidades frente a estos desarrollos”, afirmó.

Para Mahmoudi, el problema no reside únicamente en una herramienta determinada, sino en lo que ocurre cuando estas tecnologías se articulan entre sí. “Estos sistemas combinados pueden generar perfiles extremadamente detallados de quién asistió, con quién, cuándo y qué hizo”. Y ahí aparece, según explicó, uno de los principales riesgos. “Ninguna de estas tecnologías puede establecer la intención” de una persona de cometer un delito.

Autocensura

El informe conecta ese entramado técnico y legal con un fenómeno que Amnistía viene documentando desde antes, en investigaciones como Muteadas. El efecto inhibidor que genera la sola existencia del aparato de vigilancia, más allá de si puede probarse su uso puntual en cada caso. En las entrevistas realizadas para este nuevo informe, periodistas, activistas y manifestantes coincidieron en la sensación de sentirse observados de manera constante.

Varios periodistas consultados relataron que empezaron a cubrir las marchas “en modo guerra” es decir, “con antifaz y casco”, porque, dijeron, la sola exposición ya genera temor. A eso se suma la necesidad de seguir cubriendo movilizaciones para poder llegar a fin de mes, incluso cuando eso implica exponerse.

Amnistía no pudo confirmar, por ahora, un uso sistemático del reconocimiento facial contra manifestantes puntuales, pero sí relevó algunos indicios. Entre ellos, el uso de drones durante manifestaciones, pese a que Patricia Bullrich negó que se utilizaran con fines de reconocimiento facial. Según el informe, esa afirmación contradice material de difusión del propio Gobierno, que muestra esos mismos drones en operativos durante protestas.

Comisión bicameral

Frente a este panorama, Amnistía Internacional pidió al Estado argentino prohibir el desarrollo, la producción y el uso de tecnologías de reconocimiento facial y otras formas de vigilancia biométrica remota, además de establecer un marco regulatorio claro para la adquisición y utilización de estas herramientas, con límites explícitos y mecanismos de reparación.

También pidió prohibir los sistemas de policiamiento predictivo «porque reproducen y refuerzan sesgos históricos y carecen de fundamentos empíricos suficientes», suspender de inmediato toda tecnología adquirida sin evaluación de impacto en derechos humanos. Por último, reclamó que el Congreso ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, prevista desde hace años por la Ley 25.520 y hasta ahora inactiva.

Como señaló Mahmoudi durante la presentación, “estas tecnologías no pueden funcionar sin la recolección masiva de datos”. Si para garantizar la seguridad es necesario convertir la vida cotidiana en una fuente permanente de datos, es necesario preguntarse ¿qué límites puede tener un sistema de vigilancia cuyo funcionamiento depende de identificar y perfilar a personas que no dieron su consentimiento para ser observadas?

“Hubo una decisión política de reprimir de manera salvaje”

“Hubo una decisión política de reprimir de manera salvaje”

Ago 14, 2026 | Destacado 3, Vidas políticas

El pasado jueves 13 de agosto La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convocó a una sesión abierta con el fin de exponer la represión policial ocurrida el pasado en la marcha en contra de la Ley de Tierras y Desalojos. Allí se debatió y alertó sobre las irregularidades del accionar policial al llevarse a cabo hechos represivos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convocó a una sesión abierta con el fin de exponer la represión policial ocurrida el pasado jueves 6 de agosto en la marcha en contra de la Ley de Tierras y Desalojos. La reunión en la Sala 1 del Anexo del Congreso –encabezada por el presidente de la comisión y diputado nacional por el partido justicialista, Horacio Pietragalla Corti– contó con la presencia de alrededor de 65 personas. Entre los presentes se destacaban periodistas, personal de salud, personas que trabajan en el monitoreo de la ciudad, representantes de agrupaciones de derechos humanos y agrupaciones contra la represión, entre otros.

En diálogo con ANCCOM, Pietragalla comentó la finalidad del encuentro: “Primero y principal, la visibilidad que le da el Congreso y que queden registrados estos hechos de violencia institucional, de represión desde el Gobierno Nacional en una institución que es otro poder, que es el Poder Legislativo, es importante. La idea es construir a partir de estas herramientas para visibilizar tanto de consulta sobre lo que significan estas represiones, pero también para hacer presentaciones judiciales”.

Entre los tantos testimonios de los participantes de la asamblea, se destacaron dos grandes temas: La represión sistemática, las irregularidades de la policía al momento de llevar a cabo la represión y principalmente se acusó a la policía de atentar de manera intencional contra la población.

La reunión inició con videos de 3 chicas que fueron detenidas en la manifestación que contaron sus experiencias. Tuvieron que hacerlo por vídeo debido a que a los 29 detenidos que dejó la manifestación se les puso una orden de restricción de 500 metros con el Congreso de la Nación. “Nos acercamos al Congreso cuando sacaron las vallas, nos manifestamos pacíficamente bailando, haciendo música, hasta que empiezan a violentarnos. Yo trato de defender a un jubilado que tiraron al piso, estábamos en una manifestación pacífica. A mí me ataron con un precinto. Me gustaría ser parte de la audiencia del jueves próximo, cosa que no sé si será posible porque me prohibieron acercarme a 500 metros del Congreso.» Declaro Lola Cancino, una de las 29 personas detenidas.

Orden de atacar

Roberto Cipriano García es secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo de derechos humanos que viene monitoreando las represiones policiales. Esta agrupación acompañanda, por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, llevan monitoreadas 221 marchas y segun Roberto esta fue la mas salvaje: “La marcha del jueves pasado la definimos de alguna manera como una de las más brutales y salvajes, porque se trató de eso, de un despliegue de la represión pocas veces visto”. Ciprano afirmó que la represión fue premeditada: “Claramente había una decisión de reprimir. No fue una cosa que se fue dando sola con la dinámica de los acontecimientos, sino que se vio que estaba planificada, hubo una decisión política”.

Cipriano García justificó su afirmación reconstruyendo cómo se fueron dando los hechos: “Hay que hacer un control de cómo son esas medidas preventivas o cómo se organiza la fuerza para garantizar la seguridad del evento. En este punto, las vallas estaban flojas. Es decir, una persona que va y empuja la valla, la valla se mueve, la valla sale rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Están mal montadas las vallas para que frente a una muy escasa violencia de una persona la valla se caiga. Eso genera, obviamente, que la Policía venga, reprima”.

Esteban Chala, rescatista que estaba como personal de salud en la manifestación explicó cómo el temporal de esa jornada influyó en la represión: “Las circunstancias extras de que estaba lloviendo, había baja presión, hacía muy peligroso el tema de los gases lacrimógenos en ese contexto, porque al haber un sistema de baja presión hace que el humo de los gases quede suspendido en el aire bajo, afectando a muchísima más gente. Eso es lo que vimos, que cada vez que caía una lata de gas generaba a muchísima gente daño: gente que caía al piso, que no podía seguir caminando, gente que no podía respirar”.

Retomando la explicación de Chala, Roberto Cipriano siguió exponiendo la voluntad de las fuerzas de seguridad en herir a la población o de ser ignorantes: “Lo segundo es la cuestión climática que Esteban mencionaba, que también debería la Policía conocer esto que informaba Esteban. Lo que genera el efecto climático en los gases frente al uso que se hace en el marco de la represión”. Y agregó: “Nos llamó la atención que fue una de las veces que más granadas de gas lacrimógeno dispararon, más de 100 solamente contamos nosotros, porque no estábamos en todos los focos represivos por la dimensión que tuvo, nos preguntamos, si no tendría que ver justamente con conocer el efecto que tienen. Si lo conocían y lo hicieron para generar el efecto es muy grave, si no conocían el efecto es muy grave también, ¿no?, porque la responsabilidad de arrojar tantos gases en una marcha como está”.

Otro que expuso sobre la represión sistemática fue Nicolás Unafó, periodista que se desempeña como movilero en C5N: “El otro día hubieron 29 personas detenidas y más de 1.500 heridos, pero cuando terminan deteniendo a estas 29 personas, lo que queda claro es que a las pocas horas recuperaron la libertad porque nunca pueden demostrar que estas personas son las que después salen a decir que estaban rompiendo la plaza o estaban prendiendo fuego un contenedor. A los que supuestamente inician los disturbios, nunca los agarran”.

Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso las irregularidades policiales en el disturbio: “Lo que vimos centralmente es una repetición de patrones que venimos observando desde diciembre del 2023, con un uso abusivo de las armas que nosotros llamamos ‘menos letales’ y la criminalización de quienes participan de la protesta social”. 

Victoria señaló tres cuestiones de la policía que notaron desde el CELS en la última manifestación: “La primera tiene que ver con el comisario inspector Gauna vistiendo de civil, portando una escopeta que, como dijo la ministra de Seguridad, puede disparar balas antitumulto, balas de estruendo, pero también puede cargar plomo. Eso es muy relevante. No había ninguna identificación que pudiera señalar que esta persona era parte de la Policía Federal”. Darraidou agregó que “la Ciudad de Buenos Aires tiene en su ley la obligación de portar el uniforme y un gafete que le permita individualizar a quienes integran las protestas, quienes son parte de los operativos. No era el caso de Gauna y era una persona que estaba empuñando una escopeta”.

La segunda cuestión que rescató la activista del Celso fue el mal manejo de las pistolas lanzagranadas, esta arma que fue la causante de la agresión al periodista Pablo Grillo. “Las pistolas lanzagranadas deben ser disparadas a 45 grados. Un policía federal empuñó este arma en paralelo al piso, misma maniobra que hirió a Pablo Grillo. El responsable de Gendarmería del disparo a Grillo, está atravesando un proceso judicial por esa maniobra. Lo vimos repetido el jueves pasado”.

Por último pero no menos importante, Darraidou destacó una escena que fue muy repetida por la policía durante la represión: “Integrantes de la Policía Federal empuñando armas a la altura de los ojos, que podemos claramente advertir que esos disparos también van dirigidos al rostro de quienes se manifiestan. Es algo que está totalmente prohibido por los estándares de Naciones Unidas que indican cómo disparar estas armas”.

No abandonar la calle

 Pese a todo el horror del que se habló en la reunión, Pietragalla destacó la importancia que tiene estar en la calle y que no hay que tenerle miedo a lo que allí pueda suceder: “Nosotros tenemos que seguir estando cotidianamente. En cada convocatoria, en cada movilización. Es un derecho democrático, hay que seguir estando y no tenemos que dejarnos ganar por el miedo que el Gobierno Nacional genera con las represiones. Tenemos una historia de lucha, de resistencia. Por ejemplo, en 2001, momentos muy difíciles del país donde la sociedad supo siempre salir a la calle y es la única herramienta que tenemos para defender nuestros derechos. Hay que seguir estando». Sentenció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.

Gauna, el comisario armado que se disfraza de civil

Gauna, el comisario armado que se disfraza de civil

Ago 11, 2026 | Destacado 2, slider, Vidas políticas

El comisario de la Policía Federal Gustavo Gauna fue fotografiado armado y sin uniforme durante la represión a la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Diversos medios, entre ellos ANCCOM, lo retrataron, algunos mientras apuntaba. Denuncias de los organismos de Derechos Humanos.

El jueves 6 de agosto, mientras el Senado debatía la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron frente al Congreso para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno. La jornada estuvo atravesada por un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad y, bajo la lluvia, la protesta terminó con represión, heridos y 29 detenidos.

Entre las imágenes que dejó el operativo hay una –que entre otros fotógrafos la registro la fotoperiodista de ANCCOM, Oriana Estrada- que concentra una de las escenas más controvertidas de la jornada. Un hombre vestido de civil, con un arma larga en las manos, junto a efectivos uniformados de la Policía Federal. No lleva uniforme ni una identificación visible que permita reconocerlo fácilmente como integrante de una fuerza de seguridad. Se trata del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, Director General de Organizaciones Criminales de la PFA.

Las imágenes difundidas durante y después de la manifestación lo muestran portando una escopeta calibre 12/70. Desde el Gobierno se justificó el accionar policial, alegando que el comisario formaba parte de las brigadas de civil, destinadas a observar e identificar a personas que generan disturbios para luego intervenir y que portaba un arma “no letal”.

La explicación oficial, deja abiertas varias preguntas: ¿qué función cumplen esas brigadas de civil? ¿bajo qué protocolo intervienen en una protesta?, ¿cómo deben identificarse? ¿Quiénes forman parte de ellas? Y, en el caso particular de Gauna, ¿quién dispuso su participación y qué tarea tenía asignada durante el operativo?

Como en 2001

Para Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS, la presencia de un integrante de la Policía Federal vestido de civil y armado en una manifestación resulta especialmente preocupante. “En las imágenes se puede observar que se encuentra sin uniforme ni identificación visible y que porta una escopeta 12/70, un arma apta para cargar distintos tipos de munición, como los cartuchos de estruendo, antitumulto, balas de goma y postas de plomo”, señala.

La ministra de Seguridad sostuvo en una conferencia de prensa que Gauna llevaba una placa que permitía identificarlo como policía, a pesar de que esta no era identificable a simple vista. Para CELS, “esto es importante para que las personas que asisten a la manifestación puedan identificar quiénes son integrantes de las fuerzas de seguridad y también para los procesos de rendición de cuentas de la propia intervención de las fuerzas de seguridad, una vez que los hechos ocurrieron”.

Darraidou señala que la propia Policía Federal cuenta desde 2003 con normativa interna que establece la obligatoriedad del uniforme para los agentes que intervienen en operativos en contextos de protesta social. Ese criterio fue incorporado en 2011 a una resolución ministerial que fijaba criterios mínimos para la actuación de las fuerzas federales en manifestaciones y derogado en 2023 cuando Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, oficializó el protocolo para manifestaciones conocido como “protocolo antipiquetes”.  Sin embargo, “eso no significa que actualmente esté permitido que un funcionario policial intervenga de forma anónima o de civil en una protesta social”, explica Darraidou y  sostiene que “subsisten obligaciones derivadas de tratados internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen como obligatorio, para la intervención en contextos de protesta, que los integrantes del operativo usen una identificación”.

Desde esa perspectiva, el CELS cuestiona la respuesta del Ministerio de Seguridad frente a la presencia de Gauna en el operativo. “De modo que la intervención de Gauna es absolutamente preocupante”, sostiene Darraidou, y agrega: “Es muy grave que la ministra de Seguridad, lejos de indicar una investigación sobre por qué este comisario inspector formaba parte del operativo sin vestir un uniforme, trate de explicar o fundamentar por qué ese policía estaba en esas condiciones”.

 

Sin novedades en el frente

La presencia de policías de civil en movilizaciones, sin embargo, no es una novedad. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señalan que se trata de una práctica frecuente, aunque hay un elemento que vuelve particularmente significativo el caso de Gauna: “No es tan habitual que anden con armas largas”. Y agregan que lo particularmente significativo es que el comisario haya quedado registrado en imágenes “apuntando”, algo que, según CORREPI, resulta “indicativo del nivel de impunidad imperante”. 

Desde la organización también recuerdan que existen numerosos casos de violencia letal protagonizados por agentes que no se encontraban uniformados. Mencionan, entre otros, a los policías Robledo y Leiva, responsables de los disparos con plomo durante la represión del Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002, y el caso de Lucas González, asesinado en Barracas por agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban de civil.

Pero no se trata únicamente de episodios excepcionales. Señalan que los policías, aun cuando se encuentran de franco, conservan la facultad de portar su arma reglamentaria. Según CORREPI, “casi el 70% de los fusilamientos de gatillo fácil ocurren con personal de franco con el arma reglamentaria”. En el caso de las movilizaciones, agregan: “Muchas veces tratan de mimetizarse en la movilización para identificar personas”, una práctica que, sostienen, CORREPI ha podido documentar “con creces” en distintos casos. Entre los antecedentes mencionan el llamado Proyecto X de Gendarmería Nacional.

Por último, reparan en que la situación adquirió una nueva dimensión luego de que Bullrich derogue la Resolución 210/2011, que establecía que el personal de las fuerzas federales que participa de operativos en manifestaciones debe estar uniformado e identificado. “Desde diciembre de 2023 se incrementó la presencia de personal de civil en movilizaciones”. Aunque, según mencionan, aquella obligación “nunca se cumplió efectivamente”, su existencia permitía posteriormente “encarar cuestiones de responsabilidad”.

El abogado Gregorio Dalbón, por su parte, presentó una denuncia por el caso. Acusa a Gauna de abuso de autaoridd y violación de los deberes de funcionario público, además de vejaciones y apremios ilegales. La causa estará en manos de la jueza María Romilda Servini y la investigación quedará a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo.

El comisario fue denunciado también por la Comisión Nacional por la Memoria en una presentación judicial más amplia que exige la investigación por el desproporcionado operativo represivo del jueves pasado que incluyó, según el organismo, más de cien granadas de gas lacrimógeno, postas de balas de goma, gas pimienta y cuatro hidrantes que marcharon a contramano por las avenidas De Mayo y 9 de Julio en medio del tránsito.

El diputado socialista Esteban Paulón, a su vez, realizó un pedido de informes para que la ministra Alejandra Monteoliva se presente en el recinto a dar explicaciones de lo sucedido. La mentora de la funcionaria, Patricia Bullrich, negó –como suele hacer ante cada imputación- conocer al comisario Gauna, a pesar de las fotografías que trascendieron donde se los ve juntos en la provincia de Corrientes cuando llegaron allí tras la desaparición del niño de cinco años Loan Peña, cuyo paradero desde hace dos años se desconoce.