Las cuatro mujeres habían sido detenidas en el violento desalojo de octubre pasado. Se firmó un acuerdo por el que recuperan su espacio ceremonial y sus viviendas.
Luego de ocho largos meses, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y María Celeste Ardaiz Guenumil obtuvieron, el 5 de junio pasado, su libertad. Habían sido detenidas durante el violento desalojo de los integrantes de la comunidad índigena Lafken Winkul Mapu en octubre del 2022, en Villa Mascardi. El operativo había terminado con la destrucción de viviendas, la toma de su rewe (espacio ceremonial) y el procesamiento de las cuatro mujeres por la jueza federal María Silvana Dominguez, quien las acusó del delito de usurpación.
Las lamngen (hermanas) estuvieron encerradas en condiciones de hacinamiento junto a sus nueve hijos e hijas, en una vivienda insalubre, sin cloacas, con una calefacción insuficiente, sanitarios deficientes, instalación eléctrica riesgosa. A este contexto deplorable se le debe sumar el hecho de que una de las mujeres debió dar a luz con custodia policial. Desde el Instagram “Wiñotupe Taiñ Machi ñi Rewe mew”, donde se brinda información sobre las presas políticas mapuche puelche, se dio a conocer la noticia de su libertad y se publicaron fotos de su firma. “Ocho meses de injusta prisión, con montajes, con estigmatización, con todas las violencias que el estado ejerció y demostró que puede ejercer”, dice la descripción que acompaña la imagen. “Sin embargo, aquí estamos, ahora firmando la libertad que se consiguió gracias a la larga historia de nuestro pueblo que una vez más se propuso parlamentar, la lucha y la organización”.
Frente al sexto pedido de excarcelación por parte de los abogados de las mujeres, la resolución por parte del Tribunal Oral Federal de General Roca plantea que “no se podrá recurrir a una prisión cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad” y les otorga la excarcelación bajo caución juratoria a las cuatro mujeres implicadas con la imposición de ciertas reglas de conducta a cumplir. La abogada Laura Taffetani, defensora y miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas, en diálogo con ANCCOM dijo que legalmente no correspondía que estuvieran presas por ser un delito excarcelable y por su condición de Pueblo originario. Se esperó con la intención de negociar “en términos desventajosos para ellas”.
Esta buena noticia se da días más tarde de la concreción de la Mesa de Diálogo, tan prometida como postergada, que reunió al secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Alejandro Marmoni y otros funcionarios del gabinete de Alberto Fernández, junto a representantes indígenas –Orlando Carriqueo, Isabel Huala y Soraya Guitart, entre otros– y veedores de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. El 1 de junio en la sede de la secretaría de Derechos Humanos en la EXESMA, acordaron lo que ya había sido prometido en febrero en la Casa Rosada y que estuvo a punto de no concretarse. El retorno de la machi (autoridad espiritual) Betiana al rewe, la construcción de tres viviendas que fueron destruidas al momento de la represión, para que ella y su familia vivan allí y puedan ejercer sus tareas espirituales y medicinales con sus asistentes.
Desde el lado mapuche se aceptó la reubicación del resto de la comunidad en tierras que aún no fueron definidas pero que serán cedidas por Parques Nacionales. Pero uno de los puntos más importantes fue el compromiso de firmar un “acuerdo de conciliación” entre las partes, que destrabara el proceso judicial por el cual estaban detenidas las mujeres, objetivo que en la actualidad está logrado y que implica el reconocimiento por primera vez del Estado nacional a la comunidad y a la autoridad de la machi.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad se comprometió a garantizar la seguridad del rewe que en la actualidad se encuentra vulnerado. Las mujeres mapuches, luego de recorrer su territorio se han encontrado con destrozos, abandono y la ausencia de la armonía que implicaba ese espacio para la comunidad. “Estamos libres pero aun queda camino para que esto termine. No hay reparación para los graves daños que atentaron contra nuestras vidas y de nuestrsx hijxs”, escribieron las lamngen en su último comunicado.