Avances tecnológicos nucleares, ¡afuera!

Avances tecnológicos nucleares, ¡afuera!

Sep 15, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El Gobierno paralizó la construcción del CAREM-25, un reactor nuclear de avanzada desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. 250 trabajadores despedidos, atrasos salariales, desfinanciamiento y advertencias por falta de mantenimiento en Atucha: el alarmante abandono del sector.

La semana pasada se volvió a visibilizar el conflicto por la paralización del proyecto CAREM-25, el reactor nuclear de desarrollo argentino que posicionaba al país en la vanguardia tecnológica mundial. La suspensión de las obras ha provocado 250 despidos y desató una movilización en el acceso al Complejo Atucha, en Zárate. El conflicto no solo impacta en los trabajadores despedidos, sino que expone la tensión entre el gobierno y el desarrollo científico y tecnológico en el país.

La movilización fue encabezada por gremios como ATE, UOCRA, Luz y Fuerza y UECARA. “Es un proyecto que le da al país la posibilidad de posicionarse mundialmente”, declaró el secretario general de la UOCRA en Zárate, Julio González, a ANCCOM. Los sindicatos denunciaron la paralización del proyecto, mientras que desde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aseguraron que la obra sigue en marcha, con el foco ahora puesto en resolver los desafíos de ingeniería y montaje electromecánico del reactor prototipo.

Lo cierto es que la semana pasada finalizaron 150 contratos laborales con las empresas contratistas Masoero y Asociados, Conuar y Centro Construcciones. “Fueron despedidos la totalidad de los compañeros del Centro de Construcciones (37 trabajadores), 35 de Conuar y 78 de Masoero y Asociados”, denunció González. La cifra asciende a más de 200 despidos si se suman otros 89 contratos terminados hace dos meses.

“En términos económicos estamos hablando de exportaciones unitarias por más de 4 mil millones de dólares por cada reactor”, señala Tomás Avallone.

“Estamos sometidos a un ajuste presupuestario salvaje que hace que empecemos a tener problemas, por ejemplo, con los servicios tercerizados. Se atrasan los pagos y eso provoca, por un lado, las suspensiones parciales de servicios, y por otro, que empiezan a retirar a trabajadores tercerizados”, comenta Carolina Komar, delegada de ATE-CNEA.

Además de los despidos, se suma la situación salarial de los trabajadores que todavía permanecen en CNEA. “Hoy casi todos los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza, y son categorías profesionales con veinte años de experiencia”, denuncia Komar. Y sostiene: “Esto hace que opten por renunciar e ir a trabajar de cualquier otra cosa. Cada puesto de trabajo que se pierde, es muy difícil de recuperar y lleva mucho tiempo”.

 

Un tema enorme, los pequeños reactores

El proyecto CAREM posiciona a la Argentina como líder en un mercado estratégico a nivel mundial. Este reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés) se destaca por su bajo costo y rápida construcción, siendo una solución ideal para abastecer a ciudades pequeñas y aisladas de las grandes redes eléctricas. De acuerdo con un informe publicado en marzo por la Nuclear Energy Agency, que analiza 21 proyectos globales, el reactor argentino se encuentra entre los más avanzados, junto a otros dos en China (ACP100) y Rusia (Brest-OD), como los tres únicos SMR en construcción actualmente. Dos días después de la publicación del informe, la CNEA e INVAP (empresa argentina de alta tecnología situada en Río Negro) anunciaron un memorando para exportar esta tecnología al mundo. Las características del nuevo reactor lo hacen especialmente atractivo para su exportación a países que no cuentan con energía nuclear y tienen redes eléctricas de menor escala. “En términos económicos estamos hablando de exportaciones unitarias por más de 4 mil millones de dólares por cada reactor”, señala Tomás Avallone, operador de reactores nucleares y trabajador de la CNEA.

“En energía nuclear estamos bien posicionados a nivel internacional. Manejamos tecnología que pocos países en el mundo manejan”, destaca Komar. Argentina se encuentra en una posición favorable para aprovechar la ventana comercial en el mercado de reactores modulares pequeños, ya que los países que logren poner en funcionamiento un reactor demostrador antes de 2030 podrán captar una parte significativa de este mercado. Actualmente, competidores como Estados Unidos y Reino Unido aún no han iniciado la construcción de sus proyectos, lo que otorga una ventaja competitiva considerable a Argentina.

Alineados al norte

Según denunciaron desde CTA Autónoma, la situación se agrava por la decisión del gobierno de Javier Milei de alinearse a los intereses de la OTAN y Estados Unidos. “Con la salida de las BRICS, a tono con el nuevo alineamiento, se pone en pausa el contrato con la República Popular China por la construcción de la cuarta central nuclear, Atucha III que es resistido por Washington y al mismo tiempo, desplazan del mercado mundial al reactor nuclear de baja potencia, CAREM, competidor directo de las inversiones yanquis”, denunciaron desde la Central de Trabajadores. 

Además de la paralización del proyecto CAREM, los trabajadores denuncian que desde el inicio de la gestión libertaria se han producido retrasos alarmantes en las tareas de mantenimiento de Atucha I, conocidas como «obras de extensión de vida». Estas intervenciones son fundamentales, ya que las centrales requieren mejoras continuas, especialmente en materia de seguridad. La central podría operar hasta fin de mes, cuando deberían comenzar las obras de extensión que tomarán aproximadamente dos años. “Patearon el inicio de las tareas de extensión de vida de Atucha pensando en la falta de energía que va a haber en el verano y en los cortes asociados a eso”, advierte Komar.

«Si hay veto, hay marcha»

«Si hay veto, hay marcha»

Sep 13, 2024 | Comunidad, Destacado 4, slider

Docentes, no docentes y estudiantes se reunieron en la Plaza del Congreso para apoyar el tratamiento al presupuesto universitario, que finalmente fue aprobado esta madrugada, por amplia mayoría. Frente al mismo despliegue policial que la jornada del miércoles, los manifestantes defendieron el derecho social a la educación superior.

Una nueva movilización fue convocada por gremios docentes y no docentes, universitarios y preuniversitarios, sindicatos, estudiantes y representantes de centros de estudiantes de las universidades nacionales de todo el país durante el tratamiento en Senadores del proyecto de ley, finalmente aprobado, que busca garantizar el presupuesto par alas casas de studios superiores.

La plaza del Congreso, a las 13, ya estaba rodeada por un cordón de la Policía Federal. Permanecieron las vallas que utilizó el operativo a cargo de Patricia Bullrich durante la movilización del día anterior, que terminó con jubilados, jubiladas, niños y manifestantes reprimidos y gaseados. Por los parlantes resonaban canciones de rock nacional mientras que integrantes sindicales con pecheras de la CONADU tocaban trompetas y bombos. Algunos de los manifestantes llevaban pañuelos azules en el cuello o en la cabeza con la frase “En defensa de la universidad pública”. Entre una exposición y otra dentro del Congreso, afuera empezaron a cantar: “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”. Los carteles de los manifestantes llevaban las consignas: “Sin docentes no hay universidad. Sin lucha no hay salario digno” y “No regales tu educación. No regales tu futuro”.

Entre los autoconvocados pasaban las rondas de mate, otros almorzaban o se sacaban algunas fotos grupales. Había pecheras blancas y azules y banderas de los principales sindicatos, gremios docentes y no docentes como la CGT, FEDUBA, CONADU, CONADU HISTÓRICA, AGD UBA, CTA, CTERA, FEDUN, FAGDUT, FATUN, UDA, ADUBA, entre otros. Una bandera citaba “En defensa de la Universidad Pública” y agrupaba a todos los sindicatos docentes y no docents. Era el fondo del escenario donde se fueron sumando las intervenciones. El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Carlos De Feo, expresó durante su exposición en la Plaza: “Si hay veto, hay marcha. Si hay agresión a cualquier sector de los trabajadores o sector social, estaremos los universitarios acompañando y ayudando”.

También estaban presentes las banderas de los centros de estudiantes como el CEFYL de Filosofía y Letras y el CECSO de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto a algunos partidos políticos de izquierda, organizaciones del campo popular y movimientos socials. Entre los presents, se advertía a algunos diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores y de Unión por la Patria.

En las intervenciones públicas se remarcó la necesidad de construir una unidad más amplia, que exceda el espacio de la universidad e incluya a trabajadores y movimientos sociales: “No alcanza con la lucha de los universitarios solamente. Tenemos que militar en las aulas, tenemos que militar en nuestros barrios, tenemos que militar en las fábricas”, agregó el gremialista.

Los oradores también denunciaron la represión que se estaba llevando a cabo en ese mismo momento en la Ciudad de Santa Fe, durante el tratamiento de una reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien incluyó un tope a las jubilaciones, un aumento de los aportes y la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria desde el gobierno provincial.

Además, De Feo recordó la reciente intervención policial en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y el desconocimiento por parte del Gobierno nacional de la autonomía universitaria a partir del nombramiento del interventor Eduardo Maurizzio, que atenta sistemáticamente contra el funcionamiento de la institución y definió que se trataba de una agresión a todas las universidades en su conjunto “porque si intervienen una, mañana intervienen cualquier otra que se les oponga”.

En sintonía con lo mencionado por el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo Paula Torricella, en diálogo con ANCCOM, contó: “Desde principio de año la universidad no tiene ni un centavo ni para salarios, ni para internet, ni para papel higiénico”. Frente al interrogante de cómo logran mantener la sede abierta y en funcionamiento, contestó que: “Con todo el esfuerzo de nuestra comunidad educativa. Como docentes, bancándonos con nuestros propios ahorros, nuestras propias fuerzas, con nuestra propia internet. Pero claramente es una situación muy insostenible y muy injusta”.

Con respecto a la situación salarial y la importancia de la aprobación del proyecto de ley, el secretario general de FEDUBA, investigador del CONICET y profesor de la UBA, Pablo Perazzi explicó: “Nosotros tenemos al 80% de los docentes universitarios por debajo de la línea de la pobreza”. El Consejo Interuniversitario Nacional confirma esta situación en el Informe de Emergencia Salarial de las y los Trabajadores de las Universidades donde se registra que más del 85 % de las y los docentes de universidades y el 60% de las y los no docentes están por debajo de la línea de pobreza.

En consonancia con lo expresado por el secretario Perazzi, el secretario adjunto de la Asociación Docente de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Ricardo Aguirre, explicó con respecto al proyecto de ley que horas después se aprobara: “Es una ley que contempla, entre otras cuestiones, la recomposición salarial del 30% del salario docente. Nosotros de diciembre a la fecha perdimos un 35% del poder adquisitivo, sin contar el Fonid y, entre otras cosas, está ley nos permite pensar en un futuro a nivel universitario, en un presupuesto y finalmente sostener un pilar fundamental que es la educación pública y el derecho social a la educación universitaria”.

El movimiento estudiantil

Un representante del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza señaló ante sus pares: “Los estudiantes estamos hartos de esta situación que estamos viviendo, desde el 10 de diciembre que asumió Javier Milei. Estamos hartos de no tener previsibilidad, de no saber si el próximo cuatrimestre las materias se van a seguir dictando con normalidad.”. La presidenta de la Federación Universitaria de La Plata Albertina Bidart sumó: “No nos tenemos que olvidar que este gobierno, deshumanizante desde que arrancó, nos está haciendo cagar de hambre. Si pensamos solamente en la universidad escindida de nuestros abuelos y nuestras abuelas que eligen entre comprar los medicamentos y comprar la comida nos estamos equivocando. Si decidimos defender la universidad y no defender que hay un millón de pibes y de pibas que se van a dormir sin comer, nos estamos equivocando” y continuó: “Los estudiantes somos las juventudes que no solo no llegamos a tener nuestro trabajo en blanco para ser jubilados y jubiladas en algún momento, sino que tenemos uno, dos, tres o cuatro trabajos para sostenernos en la universidad pública. Esa es la universidad que estamos habitando hoy. La universidad donde los pibes y las pibas nos estamos quedando afuera”.

En coincidencia con lo expresado, la presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Agostina Olivera, en diálogo con Anccom, profundizó: “Tenemos cada vez más compañeros que tienen que tomar la decisión de juntar toda la cursada el mismo día o ir solo dos días porque no les alcanza para pagar el boleto de ida y vuelta. Compañeros que tienen que pasar tiempo en el cyber que está ahí en la facultad, porque no tienen la plata ni para tener una computadora ni tampoco para comprar los apuntes. Y compañeros que directamente están teniendo que dejar de estudiar porque están teniendo que agarrar trabajos de doce horas o conjugar horarios con cuatro trabajos”.

Hacia una nueva marcha universitaria

La solidaridad de la comunidad universitaria busca seguir entretejiendo alianzas con distintos sectores de trabajadores que son el blanco de las políticas del Gobierno de Javier MIlei, además de entrelazar las luchas con los sectores excluidos del modelo económico social y político que quiere imponer el gobierno libertario. La docente universitaria Paula Torricella aportó: “En el día de ayer los representantes universitarios hicieron una confluencia de intereses de acuerdo con los aeronavegantes, los aeronáuticos, sobre la base que son dos actividades que están siendo particularmente agredidas desde el gobierno nacional. Y ahí se empieza a ver una confluencia de diversas luchas de diversos sectores de nuestro pueblo. Eso me da esperanza y ojalá que se replique”.

La presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Agostina Olivera, expresó que el desafío será construir la unidad y articulación con otras sedes, facultades, universidades y centros de estudiantes e invitar a los movimientos sociales y populares a participar de las instancias convocadas por la comunidad educativa, a la vez que estar presentes ellos mismos como universitarios en las luchas populares de esos sectores, tal como sucedió el día anterior, con la participación de los estudiantes en la marcha por la movilidad jubilatoria.

Hacia el final de la movilización, la cantidad de policías se duplicó alrededor de la plaza. Sin embargo, los autoconvocados desconcentraron sin incidentes ni represión.

Con respecto a las expectativas de la votación en el Senado y la amenaza latente del presidente Javier Milei de vetar la ley si llegara a aprobarse, la comunidad universitaria ratificó que se realizará otra marcha en defensa de la educación pública. Agostina Olivera opinó: “Sería una muy mala estrategia de este gobierno decidir vetar la ley de financiamiento universitario porque el 23 de abril fue una demostración de que no es solo quienes habitamos las universidades los que las defendemos, sino que es un consenso del conjunto de la sociedad argentina en todo el país”.

En coincidencia con Olivera, el secretario general FEDUBA planteó: “Sobre todo porque la universidad, y después de la marcha del 23 de abril creo que quedó demostrado, es un valor constitutivo de la sociedad argentina que atraviesa todos los sectores de la sociedad argentina. Entonces el aeronáutico tiene un hijo en la universidad, el obrero de la construcción tiene un hijo en la universidad, el trabajador no docente tiene un hijo en la universidad o es él mismo, al mismo tiempo un estudiante de la universidad” y concluyó “Todos conocen a alguien o tienen un familiar en la universidad”.

 

“No sé si gastar mi sueldo en el viaje o renunciar y quedarme sin ingresos”

“No sé si gastar mi sueldo en el viaje o renunciar y quedarme sin ingresos”

Sep 12, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Septiembre marca un antes y un después para millones de trabajadores y estudiantes que cruzan diariamente el umbral entre el Gran Buenos Aires y CABA. La eliminación de subsidios y el aumento de tarifas perjudican su acceso a empleo y educación.

 

A partir del 16 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aumentarán un 40 por ciento las tarifas de trenes y subtes, y 37,5 los colectivos. A esto se le suma la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios para las 31 líneas de colectivos dentro de la ciudad, junto con la quita del «boleto integrado», lo que llevará el pasaje promedio a más de 700 pesos, cuando el mínimo actual es de 270.

“Estos aumentos me están matando, estoy pensando hasta en cambiar de trabajo”, expresa con preocupación Silvia Hernández, quien trabaja en un alquiler de bicicletas en San Telmo y vive en Florencio Varela. “Pero allá tampoco hay laburo. Así que al final, no sé si gastar mi sueldo en el viaje o quedarme sin ingresos”, se ríe con frustración.

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, justifica la medida: «Traspasamos las líneas de colectivos a CABA para eliminar privilegios con respecto al interior», declaró. Aunque esta decisión pretende ahorrar recursos al Gobierno, su impacto directo en el costo de los viajes diarios es innegable.

Horacio Jara, docente en una escuela porteña, critica la medida: “La eliminación del subsidio a la Red SUBE y el aumento encubierto de tarifas no se corresponden con los aumentos salariales”. Además, señala que el ajuste afecta no sólo al bolsillo de los usuarios, sino también «el acceso de los alumnos a la educación». Muchos estudiantes del conurbano enfrentan ahora una barrera económica que les dificulta asistir a clase con regularidad.

El impacto de estas medidas va más allá del encarecimiento de los viajes. Fragmenta aún más la cohesión social y económica del AMBA. “El mes pasado gasté aproximadamente 17.500 pesos en transporte. Con los ajustes, voy a empezar a gastar más de 68.800, es una locura si considerás que sólo estoy viniendo a estudiar”, dice Facundo Cancela, un estudiante de Quilmes que viaja a Capital para cursar. “Siento que ignoran esta realidad”, agrega.

“Salgo de trabajar de noche y no tengo opción más barata, porque los trenes ya no pasan a esa hora. Termino tomando dos colectivos y me sale un ojo de la cara. Si me siguen aumentando, no sé cómo voy a hacer”. Lautaro trabaja en un restaurante de Recoleta y hasta hace poco su gasto diario en transporte rondaba los 600 pesos, pero con las nuevas tarifas, superará los 1.400 diarios: “Una cifra insostenible para alguien que cobra el salario mínimo”, afirma.

La eliminación del «boleto integrado» agrava el ajuste del transporte para los habitantes del conurbano que viajan a la ciudad, incrementando los costos y complicando los desplazamientos entre distintas áreas metropolitanas.

Pero el costo del viaje diario no es el único precio a pagar, el tiempo también es un recurso que se gasta. “Es una locura el tiempo que se pierde», dice Marcela López, madre de dos hijos y empleada en una empresa de limpieza en el centro porteño. “Y ahora no sólo tardo casi dos horas en llegar a mi trabajo, sino que tengo que gastarme mi sueldo en un servicio que ni siquiera funciona bien”, se queja.

Las nuevas medidas agudizan las desigualdades en el transporte público y ponen en riesgo la movilidad y la equidad en el acceso a recursos esenciales.

El precio de ser celíaco

El precio de ser celíaco

Sep 12, 2024 | Comunidad, Destacado 5

El costo de la alimentación es más caro para los celíacos. ¿A qué se debe? ¿Es esa la única dificultad para acceder a una dieta sana?¿La legislación vigente contempla algún tipo de ayuda?

Las personas diagnosticadas con celíaca deben llevar una dieta estricta.

De acuerdo a la definición ofrecida por la Sociedad Argentina de Gastroenterología, la afección es una intolerancia permanente a ciertas proteínas del gluten, el cual se encuentra principalmente en el trigo, la cebada, el centeno, la avena y sus derivados. La enfermedad se manifiesta en individuos con una determinada predisposición genética. Ataca principalmente al intestino delgado que es el encargado de la digestión y absorción de los nutrientes, vitaminas y minerales.

Si no hace una dieta libre de gluten y se evita la contaminación cruzada en otros alimentos con estas proteínas, el paciente puede sufrir diarrea, distensión abdominal, constipación, alopecia, entre otros síntomas. Sin embargo, el costo que implica llevar adelante una alimentación libre de gluten, más elevado que la dieta media, puede constituir un escollo para mantener la salud. Si bien algunos pacientes a partir del diagnóstico empiezan a incorporar más alimentos de origen natural y menos procesados, muchos deciden sustituir las típicas preparaciones con gluten por versiones aptas para celíacos.

En la actualidad, un paquete de fideos de trigo de medio kilo en un comercio minorista puede costar unos 1.500 pesos, mientras que un paquete de fideos sin gluten de 250 gramos en una dietética puede tener un costo de 2.100 pesos, más del doble si se tiene en cuenta el peso de cada propuesta. Un paquete de harina de trigo de un kilo cuesta unos 1.000 pesos, en tanto que una premezcla para pan sin gluten de solo 500 gramos cuesta unos 3.000 pesos.

Las razones por las cuales algunos celíacos no cumplen de manera estricta con la dieta pueden ser varias. En una encuesta publicada por ANMAT en el 2020, el 61% de quienes contestaron señalaba al factor económico como la principal causa, el 56% lo atribuía a la falta de disponibilidad de alimentos libres de gluten, mientras que un 41% mencionaba a la falta de tiempo y organización. 

Recetas recargadas

Mariana Holgado es parte de la Comisión de Alimentos de la Asociación Celíaca Argentina y considera que el costo mayor de los alimentos libres de gluten se debe a varios factores: en su elaboración suelen emplearse productos que pueden llegar a ser costosos, como almidones, aditivos, féculas, leche en polvo, goma xántica o fécula de papa. Esta última es importada. En definitiva, explica: “No es lo mismo fabricar un pan que se hace con agua y harina que fabricar un pan libre de gluten que se hace con aditivos, almidones, féculas: eso encarece mucho”. Además, destaca que en estos alimentos la cadena de distribución tiene muchos más intermediarios.

La mezcla de almidones se emplea para lograr mayor textura y esponjosidad, de tal manera que el producto sea aceptable al paladar. Esa tarea la cumple el gluten en los panificados comunes.

Otra cuestión, explica Holgado, es la necesidad de utilizar ciertos envases para la comercialización. Por ejemplo, las galletitas o la premezcla vienen en un envase que resguarde correctamente el producto a diferencia de la harina de trigo que viene en un papel. Las galletitas, a veces vienen en un envase de plástico y en una caja que proteja el producto porque son frágiles y pueden romperse. La otra cuestión, agrega, es que “los alimentos sin gluten se fabrican para un porcentaje mucho más reducido de la población que los productos con gluten”. Lo bueno –agrega- es que las empresas de producción masiva inscriben cada vez más productos libres de gluten y se pueden encontrar opciones en supermercados, kioscos o almacenes de barrio, ya no sólo en dietéticas o tiendas especializadas.

Desde la empresa Arcor, una de las principales productoras de alimentos de la Argentina, explican que ofrecen más de 420 productos aptos para celíacos y que para su producción la compañía cuenta con diez plantas industriales a lo largo de todo el país habilitadas con el certificado de “Establecimiento Elaborador de Alimentos Libres de Gluten”. También aseguran que al lanzamiento de productos aptos para celíacos sumaron acciones como la presentación de un recetario gratuito con opciones dulces y saladas.

Consultados por ANCCOM explican que “para garantizar la seguridad en cada instancia de producción, necesariamente se debe contar con instalaciones certificadas, procedimientos específicos, rigurosos controles de calidad y personal capacitado”. Sin embargo, aseguran a que, más allá de los factores esenciales para evitar la contaminación cruzada, ningún producto sin TACC del portfolio de la compañía tiene costos adicionales por ser libre de gluten.

El costo social

La nutricionista Paula Cabrera, especializada en enfermedad celíaca y trastornos relacionados al gluten trigo, señala que otro factor que puede incidir en el cumplimiento de la dieta es el aspecto social, la posibilidad de compartir con los demás. Por ello señala la importancia que tiene el acompañamiento de la familia y de aquellos que rodean a la persona diagnosticada.

“Lo recomendable es que una vez diagnosticado, el paciente se acerque a hacer una consulta personalizada con nutricionistas que lo puedan orientar”, explica y agrega que de esta manera pueden identificar de forma más precisa cuáles son las barreras que cada uno tiene con el cumplimiento de la dieta y así se podrán establecer estrategias para mejorar esas dificultades. “Que busquen asesoramiento porque eso mejora mucho la adherencia a la dieta libre de gluten y la calidad de vida en torno a las dificultades que puedan surgir”, asegura.

Con respecto a aquellas personas que no están diagnosticadas como celíacas y que están pensando en seguir una alimentación libre de gluten, Cabrera hace una recomendación: “Siempre frente a esta sintomatología hay que descartar primero la enfermedad celíaca y después evaluar cuál es el mejor abordaje nutricional para esa persona, según el diagnóstico que tenga”. Cabrera aclara que si una persona deja de comer gluten sin consultar con un médico, eso podría dificultar que en un futuro se llegue a un diagnóstico.

La Ley Celíaca 27196 (que modifica a la 26588) fue reglamentada el año pasado. Entre sus novedades establece que quioscos y comedores en institutos de enseñanza, como también los bares y restaurantes deben ofrecer al menos una opción libre de gluten. Además, la legislación vigente contempla el derecho de las personas celíacas a la detección, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad. Esto incluye una cobertura por parte de las obras sociales de un monto equivalente al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria. El objetivo de esta ayuda económica es cubrir la diferencia entre los productos con y sin gluten. Actualmente el monto es de 31.865 pesos. Fue actualizado por última vez en abril y tendrá que volver  a ser actualizado en octubre de este año.

Las obras sociales y prepagas deben asegurar el reintegro de este dinero. El Ministerio de Salud de la Nación indica en su sitio web que quienes no tengan cobertura explícita y tienen una cobertura pública pueden presentar la constancia de enfermedad celíaca en la oficina de Desarrollo Social que corresponda a su jurisdicción.

Más allá de las dificultades, varias de las fuentes consultadas dijeron que la variedad de productos dirigidos a este segmento de la población está en aumento. Por su parte, Cabrera insistió en señalar la alta efectividad del tratamiento. La nutricionista remarca que si un paciente celíaco cumple con una alimentación libre de gluten en forma estricta y de por vida a partir del momento del diagnóstico, el riesgo de complicaciones disminuye o incluso puede igualar al de una persona no celíaca. Esto recuerda que, a veces, cuidar nuestra salud puede ser una tarea difícil pero no imposible.

Para el que sufre la crisis, ni siquiera el rebusque

Para el que sufre la crisis, ni siquiera el rebusque

Sep 9, 2024 | Comunidad, Destacado 1, slider

Tras el desalojo de los manteros de Parque Centenario y Parque Patricios, el Gobierno porteño continúa con la misma mecánica en otras plazas de la ciudad. Ahora les tocó a las emprendedoras de la Plaza Egipto, en el barrio de Palermo, a quienes la policía amenazó con sacarles la mercadería. «A los vecinos les molesta», argumentó Jorge Macri.

Todos los fines de semana, en la Plaza República Árabe de Egipto, frente al Planetario Galileo Galilei, pequeñas emprendedoras desplegaban sus mantas y ponían a la venta sus productos de merchandising–papelería, bijouteriee indumentaria–, que eran la atracción de adolescentes y jóvenes que buscaban algún artículo de sus artistas favoritos. La mayoría de los emprendimientos están manejados por pibas, incluso adolescentes,que se publicitan por redes sociales y se asocian entre sí formando ferias en la plaza.

El fin de semana anterior al desalojo en Parque Centenario, las emprendedoras tuvieron que reorganizarse, ya que la Policía de la Ciudad también ordenó desalojar la zona. En diálogo con ANCCOM, una fuente que prefiere mantenerse anónima cuenta: “Le dijeron a las chicas que estaban detrás del Planetario que no podían estar ahí porque ahora cambió el comisario y es más estricto. Les dijeron que en Plaza Egipto no habría problema porque no pasaba tanta gente por ahí”. Al cruzarhacia allí, la policía comenzó a sacar fotos de los emprendimientos, especialmente de aquellos que ofrecían comida, y les avisó a todas las feriantes que si no se iban en 20 minutos, les sacarían la mercadería.

Aldana, emprendedora de Somos Racat, relata: “Nos levantaron a las dos horas de comenzada la feria. Por lo que noté, fue todo en buenos términos,Siempre tuvimos en cuenta que existía la posibilidad de que nos levanten o de que no les guste que estemos ahí, así que desde la organización siempre se mantuvo el orden y la limpieza. Sé que está pasando en otras plazas. No volvería a feriar en espacio público”.

Desde Feria Malta denuncian haber sufrido amenazas y destrato por parte de los vendedores de pochoclos y algodones de azúcar, que claman que ellos sí tienen permiso para vender en la vía pública. Cabe recordar que la Feria Swiftie se inició en este espacio y se vieron forzadas no sólo por cuestiones climáticas sino también por el mismo maltrato de otros vendedores, a realizar sus ferias en lugares cerrados.

Para organizar una feria de este estilo es necesario tener un permiso del Gobierno de la Ciudad que se puede tramitar en su página web tras haberse registrado. Uno de los requisitos es tener un domicilio legal en CABA, lo cual muchas veces no sucede, ya que los emprendedores se trasladan desde el conurbano a las plazas donde saben que habrá más concurrencia. El trámite incluye un listado de rubros aceptados entre los que se encuentran aromatizantes, decoración, papelería, indumentaria, entre otros. Sin embargo, un grupo de k-popers que se juntaban a bailar y vender productos del género en las Barrancas de Belgrano presentaron un proyecto hace dos años y todavía no tuvieron respuesta oficial. En ese parque los manteros también han sufrido desalojos.

“Nos dijeron que no puede haber intercambio de plata. La denuncia la hicieron por los que vendían alimentos, pero tenían orden de levantar a cualquiera que venda cualquier tipo de mercadería. Muy ridículos, pero bueno, era porque llevábamos las mantas y entregábamos, nada más, sin exponer mercadería, y ellos vigilaban que no recibamos plata, ni tengamos nada con precio, ni nada en las mantas”. Las emprendedoras, que sólo pueden estar ahí como punto de entrega, afirman que la vigilancia constante es un método invasivo. Al preguntarles si eran agentes de la Policía de la Ciudad, indicaron que eran miembros de la Agencia Gubernamental de Control, supuestas autoridades de la Comuna 13 que vestían chalecos verdes y tenían permiso para levantar mercadería.

Según algunas emprendedoras, la mecánica de los desalojos se repite en localidades del conurbano, como San Miguel, en espacios donde antes podían instalarse a vender. “A varias en distintos puntos les pasó lo mismo, que fueron a echarlas. Será una cuestión nueva, que ahora no se pueden hacer más ferias sin registrarse oficialmente”, comenta una de ellas.

Cabe subrayar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el operativo de desalojo en el Parque Centenario justo un día antes del Día de las Infancias, fecha en la que muchas familias buscan un regalo para los más pequeños. Así, los comerciantes informales se vieron perjudicados y no pudieron colocarse en el espacio público. Con la justificación de no cumplir con las obligaciones fiscales que sí tienen los locales y los “fuertes reclamos de los vecinos que no pueden circular”–en palabras de Jorge Macri–, la policía e inspectores vaciaron el lugar. Como si esto fuera poco, los feriantes que poseen puestos formales,tal es el caso de los de libros usados, también se vieron perjudicados, ya que, por pedido expreso del Gobierno, no pudieron abrir ese fin de semana para “no atraer de nuevo a los manteros”.

Exigen soluciones urgentes al Gobierno porteño

Exigen soluciones urgentes al Gobierno porteño

Sep 8, 2024 | Comunidad, DDHH, Destacado 2, slider

Organizaciones políticas y sociales entregaron un petitorio al Jefe de Gobierno Porteño, en el que se reclama intervención en políticas públicas desfinanciadas en la ciudad con más presupuesto del país.

Organizaciones políticas, sindicales, asociaciones civiles, centros de jubilados y de estudiantes entregaron el viernes último un petitorio al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que reúne focos de conflicto de diferentes sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. El objetivo fue visibilizar los distintos reclamos en la jefatura de gobierno, ubicada en Uspallata al 3150. La convocatoria también llevó a cabo una radio abierta y una merienda popular.

El petitorio aborda ejes como la educación, la salud, el acceso a la vivienda, el transporte, los derechos humanos, el trabajo estatal, la economía social, la seguridad, los merenderos y comedores comunitarios, las personas mayores, la cultura, los clubes deportivos y la situación de calle. Diferentes referentes de cada una de estas problemáticas compartieron sus reclamos en el escenario armado en la vereda de la sede porteña.

“Venimos de muchos años de una gestión a cargo de Soledad Acuña que se empecinó en vaciar la educación pública y no solo eso, si no también en hostigar a las comunidades”, declaró Lucía Cancela, subsecretaria de “Docentes nóveles” y “Estudiantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de CTERA”, en diálogo con ANCCOM. “Si bien ahora hubo un cambio de gestión en el Ministerio, es importante organizarnos porque el Estado de la situación de la educación después de muchos años de desfinanciamiento y de vaciamiento es muy grave y tenemos que discutir la educación que nuestros pibes necesitan y en qué condiciones se puede desarrollar eso”.

El informe “Financiamiento educativo provincial”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, demuestra que CABA fue la jurisdicción del país en la que más cayó el presupuesto para Educación entre 2004 y 2021. Este año se ha destinado un 20% al área. Lucía agrega que se necesita que “el presupuesto educativo aumente notablemente y que eso tenga un correlato en los programas que hacen al ingreso y a la permanencia de los pibes en el sistema”.

El petitorio de cinco páginas pone de manifiesto que en CABA se concentra el mayor presupuesto por habitante en términos comparativos con el resto de las jurisdicciones argentinas. “Si a esto le sumamos la presencia de recursos del Estado Nacional y la menor superficie a abordar en relación con las provincias del país, las condiciones de vida de una gran parte de quienes habitan esta ciudad solo se explican por la falta de respuestas concretas a los conflictos”, dice el petitorio.

El documento también trata sobre la falta de las políticas de ayuda económica a los clubes de barrio frente a los tarifazos en los servicios y reclama por un aumento en la infraestructura deportiva por ser de vital importancia para la contención social y el desarrollo de la comunidad. “Tenemos muchos becados porque los padres no pueden pagar la cuota del club, no queremos que los pibes dejen de practicar un deporte por la crisis”, alertó Ana Rodríguez, presidenta del club Malvinas Argentinas y miembro de “Defendamos los clubes”, en diálogo con ANCCOM. “Acá hay un consejo asesor del deporte en la ciudad que da un subsidio a un monto de 2 millones anuales como máximo. Con esa plata para un club para todo el año no podes hacer nada. Entra menos dinero de las cuotas, menos dinero de los Deportes, sube el precio de los servicios y es insostenible”.

En el petitorio también se reclama por el cumplimiento de la Ley 3706 de “Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle”, de 2013. En esta se manifiesta la necesidad de la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo para los ciudadanos que viven por debajo de la línea de la pobreza.

“Hubo más de 10 personas que fallecieron por el frío en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este año. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue represiva con operativos desde el BAP que es el organismo que se encarga, en teoría, de asistir a la gente que está en situaciones habitacionales complicadas. Iban y les sacaban las cosas como los colchones o la ropa”, describió Lucía Hamilton, secretaria adjunta de la Juventud Peronista de CABA.

El acto cerró con una merienda popular para los vecinos del barrio, a la que se acercaron varias personas en situación de calle para pedir comida. “La ciudad es autónoma como lo marca su constitución, por ende tiene la facultades para dar respuesta a cada uno de estos reclamos”, sentenció Juan Cruz Ayala, secretario de deporte, cultura y medioambiente de la juventud peronista. Y agregó que “hay un montón de vacíos de los que la ciudad tiene que hacerse cargo porque ya pasó el tiempo suficiente en estos siete meses como para que se acomoden en la gestión y encuentren la botonera para dar respuestas”.

El petitorio fue firmado por Juventud Peronista CABA – La Cámpora – Grupo Bicentenario- Peronismo por la Ciudad Simón Bolívar – Peronismo Militante – Unidos y Organizados – El Hormiguero – Soberana – Partido Comunista- Federación Juvenil Comunista CABA – Partido Comunista Congreso – Extraordinario – Nuevo Encuentro – Militancia Popular – Puebla – Juventudes del Instituto Patria – Kolina – Flores Solidario – Juventud Comunista Revolucionaria – Frente Papa Francisco – Frente Social Peronista – Proyecto 7 – Cuidadores de la Casa Común – Juventud Sindical de la CGT – Juventud de la CTA de los Trabajadores – Juventud de la CTA Autónoma – Asociación de Trabajadores del Estado – Sindicato de Prensa de Buenos Aires – Club Social y Deportivo Rodrigo Bueno – Defendamos Los Clubes – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Vecinos Unidos de la Ex AU3 – Organizaciones Populares – Hábitat Autogestivo Urbano – Ley 341 – Coordinadora de Estudiantes de Base – Red Nacional de Centros de Estudiantes – Frente de Adultos Mayores – Juventud de la Confederación General Empresaria – Resistentes – HIJOS CABA.