Baños para todos

Baños para todos

En Argentina, más de seis millones de personas no tienen acceso a un baño digno. Una organización de voluntarios construye módulos sanitarios para los sectores más vulnerables de la población.

La falta de un baño adecuado, evidenciada en los últimos censos, es parte de una crisis sanitaria más general, agravada por problemas como la desnutrición y el aislamiento social. En este marco, Módulo Sanitario, una organización de voluntarios, busca mejorar la calidad de vida de las familias que viven sin baño mediante la construcción de soluciones sanitarias y la promoción de hábitos de higiene y salud. En diálogo con ANCCOM, su coordinadora de Desarrollo Institucional, Agustina Aguirre, cuenta cómo un grupo de ingenieros convirtió su proyecto académico en una iniciativa solidaria.

¿Cómo surge Módulo Sanitario?

En 2015, uno de los fundadores, Matías Nicolini, junto a un grupo de amigos, investigaron el tema sanitario por su tesis de ingeniería. Fueron a Ingeniero Allan, un barrio de Florencio Varela, para un proyecto habitacional. Pidieron permiso a una vecina para pasar al baño y descubrieron que aquello que llamaban baño era un inodoro apoyado sobre un pozo en una estructura muy precaria. Matías estudió el tema y ahí empezaron con Módulo Sanitario, con foco en la construcción de baños de la mano de voluntarios.

¿Cuál es su forma de trabajo?

Hacemos entre 200 y 300 baños por año tanto en el conurbano bonaerense como en barrios de Córdoba y San Luis. Estamos en cuatro barrios de la ciudad de Córdoba, en San Luis y en Buenos Aires en Río Luján (Pilar), Ingeniero Allan (Florencio Varela) y Cuartel V (Moreno). Trabajamos sólo baños familiares, no comunitarios. Son prefabricados, todos iguales, como una cabina que se anexa a la vivienda y con calefón. Construir uno nos lleva todo un fin de semana.

¿Tienen criterios de selección?

El proceso de selección es bastante exhaustivo. Analizamos el barrio, el equipo social rastrilla el lugar, cómo es la dinámica y dónde hay posibilidades de quedarnos a largo plazo. Matías empezó en Ingeniero Allan y todavía seguimos ahí, pero nos expandimos a otros puntos. Realizamos censos, vamos puerta por puerta. Preferimos los barrios donde nos podamos asentar con nuestro equipo, planear cómo construir cien baños en el lugar. Buscamos lugares que no tengan que ver con la política ni con la religión. En Módulo hay gente de distintas ideologías, pero trabajamos todos juntos. El proyecto va más allá de lo partidario. Además, trabajamos mucho el arraigo con la gente. En cada construcción tenemos un presupuesto y capacidad física. Ponderamos la urgencia sanitaria de cada familia. No es lo mismo ir con una pareja que trabaja en blanco y tiene el baño sin revoque, que ir con una madre soltera con hijos chiquitos que hacen sus necesidades en un balde. Las familias pagan el 10 por ciento del valor del baño, limpian el terreno y hacen un pozo ciego. Allá no tienen cloacas. Si dejás un baño desconectado, provocás problemas comunitarios y de contaminación.

¿Aceptan a cualquier voluntario?

Tenemos voluntarios de 18 a 70 años, profesionales o no. No se necesita que sean arquitectos o ingenieros. Yo soy voluntaria desde la parte social. Hay muchas actividades como los censos o los talleres de higiene, de instalación y comunitarios para adultos o infantes. Pueden participar en descarga de materiales también.

¿Cómo se financia Módulo Sanitario?

Por un lado, con voluntarios individuales que se comprometen a hacer todos los meses una donación, pequeña o grande. Hay empresas que donan o sponsorean nuestro trabajo, algunas ayudan a construir. Tenemos también fondos internacionales, hay embajadas con proyectos en países en vías de desarrollo como el nuestro. Además, tenemos campañas de recaudación de fondos, buscamos que la gente nos acompañe, hay un trabajo de comunicación permanente.

¿Las familias les abren las puertas de sus casas?

Al principio no nos creen, nos dicen que ya muchas personas les prometieron cosas y no pasó nunca nada. Pero después de la primera construcción vienen los vecinos a preguntarnos para sumarse. Una vez que llegamos y hacemos algo, nos ganamos el aprecio y la confianza del barrio. Compartimos mates, charlamos mucho. Vamos sin juicios de valor y ellos se dan cuenta. Las mujeres nos contaban que les daba miedo que las espíen cuando iban al baño porque las paredes son chapas agujereadas o que les pase algo en el camino porque el baño está a 20 metros de la casa. Incluso les temen a las infecciones urinarias.

¿Qué desafíos enfrentan?

Trabajar en una fundación es estar constantemente buscando fondos. Enfrentamos un montón de desafíos económicos y sociales en Argentina, pero los más difíciles son los humanos. Muchos voluntarios se volvieron a vivir con sus papás y dejaron de donar, hay vecinos que no pueden pagar su cuota del baño porque se quedaron sin trabajo o los voluntarios que van a censar y se enteran que la mujer de la casa sufre violencia de género y hay que acompañarlos a ellos y a las víctimas.

¿Qué cambios observan a partir de la construcción del baño?

En 2025 cumplimos diez años y vamos a producir un informe sobre el impacto de un baño en el hogar. Notamos los cambios en cuanto a comodidad, cuentan que se bañan todos los días, que ahora llegan del trabajo y se bañan. Así ahorran un montón de tiempo porque antes tenían que ir a buscar el agua, calentarla en una pava y lavarse como podían. Ahora enchufan el calefón y listo. También los temas sociales que nos sorprenden, familias que nunca festejaron sus cumpleaños porque no podían invitar gente a la casa por no tener baño. Hay mejoras de salud bucal. Es el baño, pero hay un proceso social atrás. Hay mujeres que nunca nadie las escuchó. Les damos recursos para que puedan cumplir con los pagos y quedan como con un trampolín de energía, muchas consiguen trabajo o venden productos. Hace poco, en San Luis, le llevamos a una mujer donaciones de harina para que pueda vender comida y pagar su cuota del baño. Seis meses después seguía vendiendo empanadas porque le agarró el gusto al emprendimiento y se dio cuenta que podía hacerlo mientras los chicos estaban en la escuela. Nos dimos cuenta que para recuperar a un chico de la desnutrición es indispensable que tenga un baño. Si te bañas no tenés parásitos, que provocan la desnutrición.

Otro show de Patricia Bullrich

Otro show de Patricia Bullrich

El gobierno anunció el desalojo del Lof Paillako en Chubut. Movilizó decenas de efectivos y móviles y cuando llegó al territorio no había nadie.

El operativo ordenado por el juez federal Guido Otranto para desalojar a la comunidad mapuche Paillako del Parque Nacional Los Alerces fue un fracaso. A pesar de que se sabía en el territorio que sus integrantes se habían ido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Parques Cristian Larsen y el gobernador de Chubut Nacho Torres desplegaron desde las 7 del jueves 9 un enorme procedimiento que contó con más de 30 vehículos de la Policía Federal y de Gendarmería, algunos todo-terreno bélicos, un camión de bomberos y cuatriciclos, entre otros, que ingresaron por la mañana a Lof Paillako. Al bajar de su helicóptero, las autoridades no encontraron a nadie. Las tres familias que conforman la comunidad Paillako ya se habían retirado pacíficamente en el transcurso de la semana.

Hace meses que esa comunidad está en el ojo de la tormenta de las fuerzas del cielo del gobierno libertario. La amenaza de desalojo había sido anticipada por la propia ministra Bullrich cuando fue derogado el Decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160 con el nuevo Decreto 1.083/24. Esa norma establecía la emergencia territorial y frenaba los desalojos. En este contexto, en diciembre el juez Otranto activó una causa civil contra la comunidad, en aplicación de una ley de la dictadura que los califica de “intrusos”, como si fueran turistas que se colaron sin permiso en el Parque Nacional, cuando en Paillako vive la cuarta generación de nacidos en esa tierra. Es así como el jueves 2 de enero del 2025 personal de Policía Federal junto al intendente de Parques Nacionales, Danilo Hernández Otaño, notificaron a Lof Paillako que tenían hasta el jueves 9 de enero del 2025 para retirarse, sino se utilizaría “la fuerza pública».

Primer acto, movida mapuche

El miércoles ocho referentes de la comunidad y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Esquel dieron una conferencia de prensa para repudiar y compartir con medios locales, nacionales e internacionales el rechazo al anunciado operativo, en las voces del longko Angel Quilaqueo, Moira Millán, weichafe (guerrera) de la comunidad Pillán Mahuiza, y Mariela Llanquinao, referente mapuche, junto a Raúl Mazone y Nora Rodríguez, (APDH). 

Millán expresó que “el parque se está privatizando, los lugares públicos ya no están y el desalojo se hace porque es tierra que quieren para un negocio”. Acto seguido, llamó a “toda la sociedad argentina a realizar un boicot frente a todos los Parques Nacionales pues no solo es tierra ancestral que pierde la comunidad sino que también es espacio público que pierden los ciudadanos”. Millán afirmó que “la plata de las entradas de Parques Nacionales no va para inversión o para mantener el lugar limpio y protegido, va a parar a los bolsillos de los que se creen dueños del lugar”.

Luego de la conferencia, integrantes de la comunidad mapuche y medios de comunicación, entre ellos ANCCOM, realizaron un relevamiento del territorio de Paillako como un “acto de resguardo para la comunidad”. Mariela Llanquinao, en defensa de la Lof Paillako dijo a esta agencia que “tuvieron que ir implementando como comunidad diferentes medidas para poder resguardarnos y prevenir futuros inconvenientes. Muchas veces han implantado cosas que no eran nuestras, en desalojos, para luego culpabilizarnos”. La actividad consistió en recorrer las tres rucas (casas) y la ruca comunitaria, que también funcionaba como escuelita, que conforman la Paillako. Son tres familias que juntas conforman una comunidad de 20 personas que tenía su propia huerta con animales, asambleas para tomar decisiones en conjunto rodeada de los árboles maitén, considerados como sagrados para la Lof.

 Las puertas llevan pegados carteles para recibir a la comitiva de prensa. En uno de ellos se lee: “Aki se gestó y se parió a una persona de modo libre, en armonía con territorio ancestral. No hay desalojo k despoje esa memoria”.

 La comunidad hace mucho énfasis en las niñeces mapuches que nacieron allí y en cómo un desalojo afecta psicológicamente a sus infancias. Son situaciones violentas a las que ya no quieren exponer a sus hijos, por eso buscaron medios pacíficos para evitar el desalojo. El pueblo mapuche de Chubut y Río Negro ya carga con las heridas de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elias Garay. Cuentan que incontables veces pidieron a los diferentes representantes del gobierno en sus múltiples jerarquías lograr una mesa de diálogo, pero en cada oportunidad se les fue negado. 

Segundo acto, movida del gobierno

“Sabíamos que esto iba a suceder así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, se encontraron con casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno” dijo Millán ante el resultado negativo del desmesurado procedimiento policial. En línea con esto, el juez Otranto expresó: “No había ninguna persona en el predio a desalojar”. 

Aunque la Lof Paillako estaba vacía de la presencia física de las familias que la integran, estaba presente su identidad en todo el predio que dicen que les pertenece ancestralmente –son la cuarta generación y sus antepasados son preexistentes al Estado nacional e incluso a Parques Nacionales– y que desde 2020 está en proceso de recuperación. También es probable que policías, gendarmes y funcionarios se hayan topado con los carteles que les dejaron: “Señores winkas: las fuerzas del territorio les están observando”, “aki permanecerán por siempre nuestra gente antigua, nuestros brotes” y “su gobierno caducará, nuestra ancestralidad es permanente, presente y milenaria”.

Pero mientras autoridades y agentes emprendían su aterrizaje en Paillako, en la estación Nahuel Pan del tren turístico patagónico La Trochita integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche y militantes de derechos humanos de la zona se congregaron en repudio al desalojo. Colgaron banderas, alzaron carteles y repartieron folletos a los turistas para explicar lo que padecen hace décadas. Hubo un corte momentáneo de las vías del tren, y por el retraso que esto le generó al recorrido apareció la Policía de Chubut. Fue el único momento de tensión, cuando un agente quiso sacar una de las banderas y liberar la traza del ferrocarril. 

La comunidad eligió a la estación Nahuel Pan para reclamar por Paillako porque del territorio que hoy conforma esa estación fueron desalojados, en 1937, 300 familias. En ese mismo año se creó el Parque Nacional Los Alerces. En ese desalojo incendiaron sus casas con ellos adentro. Hay descendientes del desalojo de NahuelPan en Lof Pailako. El longko Angel Quilaqueo de Nahuel Pan nació en medio de un campamento  a orillas del arroyo Montoso, cuando su padre y su madre “andaban desalojados”. 

A pocos kilómetros, Bullrich, Torres y Larsen recorrieron el lugar y descubrieron que los “intrusos” ya no estaban. Izaron una bandera argentina y luego hicieron declaraciones a la prensa. Bullrich manifestó que durante 18 años en la Argentina se usurpaba impunemente y que la propiedad privada había perdido su valor. Por eso el gobierno luchó para poner fin a la Ley 26.160. “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la Argentina donde reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, manifestó.

 

Paraíso en llamas

El viaje en auto desde Buenos Aires a Chubut toma unas 22 horas aproximadamente. Para llegar se pasa por Rio Negro, y en esa parte del trayecto, es posible observar desde la ruta el humo del incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi, que se desató en los últimos días de diciembre de 2024 y ya consumió un poco más de dos mil hectáreas de bosque. La tarea de los brigadistas con el actual gobierno es bastante complicada pues despidieron al 50% del total, de modo que la cantidad de manos capaces de apagar el incendio se redujo a la mitad. Deberían ser 700 brigadistas en el país pero apenas son 400. También es cierto que cobran al mes casi lo mismo que gasta Cristian Larsen, el presidente de Parques Nacionales, en un almuerzo: $339.200. Un brigadista sin experiencia gana $470.000 pesos en zonas no frías, en la Patagonia apenas supera los $600.000 pesos el sueldo. El verano pasado, ante el incendio en Los Alerces, el gobernador Torres había acusado a un miembro de Lof Laillako de haberlo iniciado, pero no aportó pruebas ni impulsó denuncia penal alguna.

Repelente bueno y universitario

Repelente bueno y universitario

Una cátedra de la Facultad de Farmacia y Bioquímica produce repelente para mosquitos que distribuye de manera gratuita para contribuir a mitigar el dengue.

Silvia Lucangioli , doctora en Farmacia y Bioquímica y profesora titular de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA recibió a ANCCOM para conversar sobre la producción del repelente de mosquitos a cargo de la cátedra que conduce. El producto se distribuye sin costo a través del programa “UBA en Acción”, que recorre diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. Lucangioli habló sobre los comienzos de  la producción, sus costos, las dificultades en la producción y su contribución a la sociedad. 

¿Qué motivó el desarrollo de estos repelentes en la Facultad de Farmacia y Bioquímica?

Fue un pedido del Decano y quien mejor que nosotros, nuestra cátedra, para hacerlo. En nuestra asignatura “Tecnología farmacéutica I» vemos los geles o las lociones. Es una materia del último año, los estudiantes las distintas formas farmacéuticas en nuestro caso las líquidas y las semi ólidas. Entonces teníamos la tecnología y los recursos para hacerlo. La idea era contribuir a la escasez que hubo, sobre todo el año pasado, y a combatir la suba de precios, queríamos aportar en ese sentido. La fórmula no es un desarrollo nuestro sino que es una fórmula codificada en el Codex Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires donde su seguridad y la eficacia está comprobada. Nosotros aseguramos la calidad, así están presentes los tres pilares para cualquier tipo de formulación.

 ¿Cuáles son los principales componentes activos de los repelentes y cómo actúan contra los mosquitos transmisores del dengue?

En realidad repelen,  evitan que se acerquen los mosquitos y en este caso tiene uno de los componentes más utilizados que se llama DEET (Dietil-meta-toluamida, una sustancia química, la más común para repelentes) y está preparado en un 7%, de manera que es permitido también en niños.  El porcentaje varía de acuerdo a la frecuencia de la aplicación, usando este repelente, a las 2 a 3 horas hay que reponerlo para que siga teniendo efecto.

Silvia Lucangioli , doctora en Farmacia y Bioquímica y profesora titular de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron al desarrollar estos repelentes?

 La compra de los insumos porque el activo es muy difícil de conseguir porque la Universidad de Buenos Aires tiene procesos muy rígidos para las adquisiciones, igual que la administración  pública, entonces es muy difícil hacer una licitación. Fue difícil poder comprar el DEET, pero además fue difícultoso conseguirlo por el precio, por la demanda y porque es importado. Las etiquetas son especiales. Lo más difícil de conseguir fueron el DEET y los frascos. El diseño es nuestro y es un producto “Hecho en UBA”.

 ¿Cuáles son los próximos pasos o avances que esperan lograr en este proyecto en el corto y largo plazo?

Al respecto de la producción de repelente, se está tratando de hacer en una escala mayor. Nos falta comprar un agitador más grande para producir en mayor cantidad. Nosotros hacemos solo 20 litros por vez, que es muy poquito pero es la escala que manejamos en esta cátedra.

 ¿Qué tipo de financiación y apoyo institucional recibieron para llevar adelante este proyecto?

El apoyo y los recursos son propios de la Facultad ¿Que son los recursos propios?: el dinero que ingresa por actividades de posgrado, que son aranceladas, y por actividades de transferencia tecnológica y servicios. La Facultad realiza muchos que son arancelados. Con esos fondos se compran los insumos para fabricar los repelentes. Por lo menos en esta etapa fueron recursos propios de la Facultad, no del rectorado de la UBA. Recibimos otros tipos de donaciones: un particular donó glicerina, algunos docentes de la propia cátedra trajeron cosas de sus farmacias,  fue todo muy a pulmón. Recibimos felicitaciones de la comunidad científica y además la gente está muy receptiva respecto a los repelentes.

¿Existen planes para llevar estos productos al mercado?

Nosotros bajo el paraguas de la UBA  lo hacemos como una formulación magistral y los entregamos de manera gratuita. Si quisiéramos vender deberíamos asociarnos con un laboratorio que pueda registrar ese producto, porque tenemos que cumplir una serie de requisitos. El propósito es otro: nuestra idea es colaborar con la sociedad y entregarlo de forma gratuita dado a la escasez y los altos precios. El producto no aporta nada distinto a lo que ya existe en el mercado como para licenciarlo, este no sería el caso, el producto ya existe es solo colaborar.

¿Qué papel juegan los estudiantes y profesores en el desarrollo de estos proyectos?

Algunos  estudiantes estuvieron y colaboraron, ellos no pueden preparar porque no están habilitados, entonces lo que pueden llegar a hacer es rotular y pegar etiquetas en los frascos. Este es un proyecto de extensión.

¿Cómo impacta este tipo de proyecto en la lucha contra el dengue?

Es aportar un granito, sobre todo para las poblaciones más vulnerables que no pueden acceder a un repelente. Dado que es estacional, el pico seguramente será en marzo, entonces unos meses antes contar con repelente para el uso diario es importante.

 

Un proyecto en defensa de las lechuzas del Parque Sarmiento

Un proyecto en defensa de las lechuzas del Parque Sarmiento

En el límite de la ciudad de Buenos Aires y la General paz un grupo de personas se organizan para cuidar la biodiversidad y en especial las lechuzas que habitan un parque destinado a uso deportivo y recreativo. EL problema de los megarrecitales.

El Proyecto Lechus se dedica a la conservación y estudio de las aves rapaces que habitan el Parque Sarmiento, como la lechucita vizcachera. Sus integrantes son vecinos y no vecinos del parque, quienes también se encargan de velar por el bienestar de las lechuzas cuando se llevan a cabo modificaciones al predio o cuando este se convierte en escenario de recitales masivos. La iniciativa comenzó en 2012 y obtuvo una declaración de interés por parte del Gobierno de la Ciudad en 2017.

El Parque Sarmiento es un gran espacio verde sobre el límite de la Ciudad de Buenos Aires y, como tal, es usado para varios propósitos. Canchas de fútbol, tenis y basquet, pistas de atletismo y de patín, una pileta y más. También, su tamaño ha llevado a que se realicen varios megarecitales, como el festival Primavera Sound, que convoca a miles de personas.

Sin embargo, el parque representa un gran refugio en plena zona urbana para la fauna rioplatense, como la lechucita vizcachera (Athene cunicularia), que usa madrigueras para anidar y descansar. “El problema que hay es que es un lugar donde se lo termina viendo como un polideportivo solamente, donde esa gente viene a hacer deporte y se va. No lo ve como un lugar con una biodiversidad, un lugar con otro valor ambiental también. En realidad es el lugar de ellas donde uno viene a hacer deporte u otras cuestiones. Habitamos mutuamente, pero en realidad es de ellas”, dice Denise Miguel Maggiolo, integrante del proyecto, mientras mira hacia las dos lechucitas que habitan el parque ahora, a las que el proyecto llama Pequén y Awka.

El Proyecto Lechus surge en 2012 con la intención de proteger y estudiar a los ejemplares de lechuza que habitan el parque. Maggiolo cuenta que ya había un registro anterior a ese año en el Parque Sarmiento, pero que el proyecto tomó forma al ver que las lechuzas que necesitaban tener un espacio propio en el parque: “Lo primero que pasó es que querían anidar en los arcos de fútbol, que tenían un caño donde se hacía un hueco y ellas se metían ahí. Una de las compañeras vio que en otros lugares hacían cuevas artificiales, entonces dijo ‘¿Por qué no hacemos cuevas artificiales?’. Entonces se hicieron las cuevas artificiales. Después, el problema fue que, un par de veces, veníamos y la cueva estaba salida, la habían vandalizado”. Por esta razón, comenzaron a construir un lechuzario con cuevas artificiales duraderas para alejar a las “lechus” de las canchas de fútbol y las pistas de atletismo.

“Decidimos pedir permiso para cercar el lugar. Preguntamos si podíamos poner unas rejas alrededor para poder proteger el lugar y nos dijeron ‘Sí, no hay problema’. Estos son postes de madera que fuimos encontrando”, dice, mientras señala la cerca que armaron para delimitar el lechuzario. “Están clavados en el piso con una red de balcón y con eso se armó el espacio”. Maggiolo también señala cuáles son los diferentes componentes de las cuevas artificiales: “Esto en realidad es un tacho de veinte litros. Está enterrado ahí abajo”. Señala, además, que el pasto que lo cubre “tiene un agujero. De ahí sale un caño de zinc, que tiene una pendiente determinada para que no se llene de agua”.

Mientras camina hacia la reserva ecológica del Sarmiento, zona donde hace poco avistaron ejemplares de lechuzón orejudo, Maggiolo reflexiona sobre la falta de acción ante cuestiones como esta, a pesar de que exista una preocupación: “Hay gente que por ahí mira y dice ‘¿Hay recitales? Uy, que pena, pero no se puede hacer nada’. Y a veces hay una mirada muy ‘ay, qué lindo, ay, qué pena’ y a veces falta una mirada crítica y autocrítica también : ¿Qué hacemos frente a esto?’ Esta bueno venir a ver las aves y es lindo verlas. Pero ¿solamente las vinimos a ver porque nos gusta o porque nos interesa qué pasa con ellas?”.

Maggiolo también habla del vínculo entre la situación de las lechucitas del Sarmiento y otras  similares: “Hay cosas que pasan acá que también pasan en otros lados. Está bueno vincularse con otros lugares y otros territorios que también tienen inconvenientes. Entonces, a veces vienen personas para dialogar y conocer otras realidades. Ahí hay un poco de acompañamiento. Todo está vinculado, interconectado”.

El proyecto ha observado y registrado a cuatro camadas, compuestas por dos o tres lechuzas cada una. Integrantes como Laura Borse han publicado investigaciones científicas sobre el proyecto y las lechucitas. En 2017, la iniciativa obtuvo una declaración de interés por parte del Gobierno de la Ciudad tras dialogar con legisladores. Esto, según Maggiolo, les brinda algo de ayuda a la hora de velar por el bienestar de las lechucitas cuando se realizan los megarecitales, pero sigue siendo un desafío: “Lo que podés hacer es negociar. Decir, ‘bueno, dejame poner vallado acá, tratá de dejarnos entrar para cuidar, fijate esto?´ Estar acá haciendo presencia y cuidándolas cuando están los recitales.¿Qué hacemos para mitigar el impacto? Y la verdad es que tenés a las personas que están arriba diagramando y después tenés la gente acá que está laburando en el evento, que vinieron a armar las cosas y no tienen nada que ver”.

Otro de los desafíos que encuentra el proyecto son las modificaciones al parque, en especial cuando se tratan de eliminar zonas de árboles y arbustos en favor de instalar, por ejemplo, nuevas canchas. Mientras camina hacia una arboleda donde han avistado ejemplares de caburé, Maggiolo señala un área con pasto corto y algunos árboles. “Todo esto estaba lleno de vegetación, hasta un par de meses atrás. Cuando hicieron la pista de ciclismo, de repente sacaron todo, podaron todo. Había un montón de vegetación interesante, con un montón de bichos”, dice  y agrega: “No es que uno esté en contra de ciertas cuestiones, el tema es que hay lugares y circunstancias donde hacer las cosas y donde no hacerlas”.

Dentro del proyecto, los roles de cada integrante no están muy definidos y los integrantes provienen de diferentes disciplinas. Gracias a esto, cada persona puede aportar algo distinto: “Pablo es sociólogo, Laura es licenciada en Comunicación, hay una chica que hace avistaje de aves, después tenés a Mabel que es técnica de jardinería, hay otra chica que es docente que quiere hacer una visita con algunos niños de primaria, que también se dedica al arte”, enumera Maggiolo, y completa: “Tenes gente que viene de distintos ámbitos que le interesa participar. Hay distintas formas de contribuir, porque a veces las circunstancias no permiten que uno pueda encontrarse físicamente. Estaría bueno encontrarse más, y poder sumar más gente al grupo”.

Maggiolo destaca la relación que se ha dado entre las lechuzas y las personas que van seguido al parque, como el equipo de atletismo: “Los chicos de atletismo, en general, tienen un muy buen vínculo con las lechus. De hecho, cuando diseñaron el logo para la camiseta, decidieron que le querían poner una lechu. También viene mucha gente a sacar fotos”. Pero, para Maggiolo, el proyecto no solo se trata de ayudar u observar a las lechuzas, sino de una “ayuda mutua interespecie”, como dice la cuenta de instagram del proyecto: “es también sobre lo que uno puede aprender de las lechus”, expresa.

Un año en cien imágenes

Un año en cien imágenes

En 2024, por primera vez, la Argentina experimentó un gobierno libertario, con un ajuste sin precedentes, donde los mayores perjudicados fueron los jubilados. También lo padecieron los empleados estatales, los universitarios, los discapacitados y los enfermos oncológicos, entre otros colectivos. Hubo retroceso en las políticas de género, en el desarrollo científico y en derechos humanos y laborales. Se desmantelaron los medios públicos y se frenaron las obras de infraestrutura. El único objetivo de Milei pareciera ser la macroeconomía: la desaceleración inflacionaria, el dólar casi congelado y el retroceso del riesgo país. Así retrataron los fotógrafos de ANCCOM el año de la motosierra.

Cinco siglos igual

Cinco siglos igual

Un nuevo decreto de Javier Milei deroga la protección legal que tenían los pueblos originarios para evitar los desalojos de sus territorios. Las comunidades indígenas realizaron presentaciones judiciales y los organismos internacionales manifestaron su preocupación.

El gobierno de Javier Milei, en el Día Mundial de los Derechos Humanos y de la restitución de la democracia, decidió a través del decreto 10183/2024 eliminar la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios. Lo hizo a pocas horas de difundida la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando su preocupación por la vulneración de los derechos de los pueblos originarios. El organismo internacional indicó que casi la mitad de las 1881 comunidades aborígenes del país están siendo afectadas por el gobierno de Milei

El Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano y que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. También asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Por otra parte, la Ley 26.160 sancionada en 2006 durante el gobierno de Nestor Kirchner declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, con personería inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La parte nodal es su Artículo 2 que dispuso suspender por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias o actos administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las tierras. 

 El gobierno libertario aduce que dichas normas han generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los “legítimos dueños”, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores. Dicen que entra en contradicción con el derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el Artículo 124 de la Constitución. Así, emitió el decreto 1.083/24, que derogó el decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160, y estableció “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

Las comunidades responden

Soraya Maicoño, mujer mapuche del Puel Mapu, dice:  “No nos sorprende esta decisión porque la realidad es que justamente todos estos territorios son los que están en la mira del empresariado argentino y extranjero, entonces necesitan tener toda la vía libre posible para seguir entregando el territorio”. A su criterio, “la situación en las comunidades es muy endeble porque hay muchos proyectos extractivistas a lo largo y a lo ancho del país”. Y con respecto a los desalojos agrega: “la realidad también es que la gente va a seguir viviendo en sus territorios, porque no hay donde irse, y en todo caso verá de qué manera resiste llegado el caso de que aparezca la represión estatal policial, la persecución judicial. Mientras tanto se va a seguir trabajando y sosteniendo de la manera más digna que se pueda”.

En la misma sintonía, Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, anunció que las comunidades se preparan para resistir las medidas de Milei, y que evalúan hacer una presentación judicial por inconstitucionalidad. “Esto es de una gravedad institucional enorme, significa la violación de los derechos humanos, de los convenios internacionales y de la propia Constitución”. En ese sentido, Carriqueo advirtió que la medida “tiene una gravedad enorme porque también se eligió el día para darlo a conocer. Y fue el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y Día de la Democracia. Es una medida que se aleja del pacto democrático, puede generar una inestabilidad muy grande, mucha conflictividad social y puede costar vidas”. El referente apuntó que “nosotros denunciamos esto como una práctica genocida y también como un delito. Violar los derechos humanos en un sector de la sociedad es un delito. Y si lo hace el Estado, es un delito de lesa humanidad. Entonces, creo que hay que advertir eso”. Cuando Carriqueo habla de costo en vidas pone en evidencia que está vivo el recuerdo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, desaparecido y asesinado en el contexto de la represión a la resistencia a los desalojos.

Desde las bancas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad  (FITU) presentaron un proyecto para derogar el Decreto 1083/24, con la firma de Alejandro Vilca, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer y Vanina Biasi. Vilca explica que “La Libertad Avanza y sus cómplices gobiernan a pedido de empresarios, inmobiliarias, mineras y todos los negocios que quieren quitarle la tierra a las comunidades indígenas, el peronismo debería apoyar este proyecto y oponerse a la avanzada contra quienes resisten en sus territorios, contra el negacionismo racista y antiderechos del gobierno de Milei”.

Por su parte, en el otro extremo del país, el Tercer Malón de la Paz manifestó desde Jujuy su rechazo a la derogación de la Ley 26.160 y repudió el accionar de Milei. En un manifiesto que difundieron la pasada semana afirmaron que el decreto 1083/24 es ilegal, y solicitaron la intervención del Congreso Nacional para defender la vigencia del estado de derecho y el efectivo cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional.

También se pronunció contra las iniciativas oficialistas la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena, y recordó que la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, suspendía los desalojos, y ordenaba la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, una tarea que aún está inconclusa. En efecto, de las 1.881 comunidades identificadas el 47% aún no fue relevado. Sin embargo, la AADI destacó que “la derogación de la norma no habilita el impulso de desalojos de comunidades indígenas, ya que como postulaba Germán Bidart Campos, la cláusula de la Constitución Nacional es operativa y así debe respetarse en sede judicial”. Queda por verse si los juzgados que tienen ya firmadas las órdenes de desalojos, como en los casos de las Lof Buenuleo o Pailako, recuerdan las palabras de Bidart Campos o aprovechan que los libertarios les dejaron la vía libre para realizar estos operativos.

Desde la AADI dijeron que repudian “este decreto inconsulto, que avanza por sobre la Constitución Nacional y normativa vigente nacional, tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y recuerdan “la necesidad de aprobación de una ley de propiedad comunitaria indígena, en consulta con los pueblos indígenas”.