La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

Los trabajadores del Garrahan realizaron un ruidazo para denunciar el deterioro de la calidad hospitalitaria debido al inédito ajuste. Como respuesta, recibieron una catarata de ataques en las redes sociales.

“Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos y solicitudes de audiencia. El 95% de esas notas son ignoradas», dice Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

 

En este período de ajustes crecientes, recortes y ausencia de negociaciones, el pasado miércoles 17 de abril la Junta Interna ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) del Hospital Garrahan convocó a un ruidazo frente a la Dirección como protesta a la falta de insumos y despreocupación de parte del Estado por una mejora salarial y presupuestaria. Una vez finalizada la actividad, Alejandro Lipcovich, trabajador administrativo del hospital y secretario general de la Junta, sufrió un alto hostigamiento en sus redes de parte de distintas cuentas trolls con perfiles anónimos que el presidente Javier Milei retuitea habitualmente.

El aumento del presupuesto para el Hospital Garrahan fue tan sólo un 34% superior al de 2023, con una inflación interanual del 287%. En conversación con ANCCOM, Lipcovich explicó que se trata de un recorte de presupuesto muy fuerte, y destacó que son los trabajadores quienes enfrentan dichas condiciones del hospital: “Tenemos profesionales de enfermería que no llegan a cubrir la canasta de pobreza e incluso se están dando tijeretazos sobre las horas extras. Se trata de un hospital de alta complejidad, hay pacientes muy graves que requieren mucho cuidado y mucha atención. Si hay menos empleados para atenderlos eso empeoraría las condiciones de trabajo”.

No es la primera vez que se muestran los conflictos en el funcionamiento operativo del hospital porque hay insumos que empiezan a escasear o a ser degradada su calidad. El día que se llevó a cabo el ruidazo, se organizó una recorrida por el Sector de Quemados, donde se informó acerca de la situación en que no había gasas para hacer las curaciones porque faltaba el papel estéril que las envuelve. Por otro lado, se han recortado distintos programas nacionales de medicación que impactan en el hospital, que están vinculados con la medicación oncológica.

“En las redes me amenazaban de muerte», denuncia Lipcovich.

A pesar de que la movilización se realizó frente a las oficinas de los funcionarios, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. “Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos, solicitudes de audiencia y solicitudes de respuesta. El 95% de esas notas son simplemente ignoradas, cada tanto hay una respuesta que muchas veces niega las condiciones degradantes que se están experimentando hoy en día en el establecimiento”, dijo Lipcovich.

A pocas horas del ruidazo, y tras la difusión de distintos videos en los que Lipcovich aparecía hablando con un micrófono, comenzó un hostigamiento por redes sociales hacia su persona de parte de distintas cuentas anónimas, entre las cuales observó un patrón común en el hecho de que varias son las que usualmente likea o retuitea el presidente Milei. En los comentarios de los videos difundidos por la red social X (ex Twitter) distintos usuarios insultaron al trabajador por su reclamo y por hacerlo en una planta cercana a donde habría pacientes internados. “Me amenazaban de muerte, decían que estaba perjudicando a los niños con cáncer que querían descansar. Toda una serie de mentiras que justamente tratan de desacreditar el reclamo que estábamos llevando adelante”.

A través de la plataforma X, Lipcovich desmintió esta información al explicar que el espacio donde se realizó el ruidazo se encuentra dos pisos abajo de las salas de internación y que se trata de un espacio donde se hicieron decenas de protestas en gobiernos anteriores, como el de Alberto Fernández

«Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza», subraya Lipcovich.

Un dato importante para comprender el contexto de lo ocurrido tiene que ver con lo enorme que es el hospital ubicado en el barrio de Parque Patricios, que abarca cuatro manzanas por cuatro que en total suman 113 metros cuadrados. Cada año, se realizan 610 mil consultas y 12 mil cirugías, y egresan más de 28 mil pacientes. Dispone de 587 camas, de las cuales 132 corresponden a las terapias intensivas. La actividad cuestionada se realizó en el pasillo central de planta baja, lejos de los pacientes.

Además de la catarata de ataques recibidos, distintos usuarios comenzaron a difundir sus datos personales como su número de documento. Lipcovich contó al equipo de ANCCOM, que si bien este tipo de ataques permanecen en el mundo virtual, no deja de ser un recurso intimidatorio que genera cierto nerviosismo. “Entre distintos usuarios querían denunciarme ante el Ministerio de la Salud y demás”. Por las persistentes amenazas con datos sensibles, presentará una denuncia penal con el patrocinio de la asociación de abogados de derechos humanos APEL.

“Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza. Por eso nos organizamos con mis compañeros y compañeras de la lista Roja de ATE, que protagonizó reclamos históricos de la salud pública, como la gran huelga de 2005”, subrayó el trabajador del Garrahan. “Nuestros difamadores, por el contrario, se esconden en nombres falsos y viven de oscuros fondos públicos. Todo para defender a un gobierno criminal, que despide, recorta medicación oncológica y tantas porquerías más. Tienen miedo porque saben que la lucha va a crecer”, agregó.

A pesar de sus años como militante político, sindical y estudiantil –tiene 38 años, fue presidente de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), e integra el Partido Obrero–, dijo que nunca había experimentado un hostigamiento de este tipo. Lipcovich manifestó su agradecimiento a muchos de compañeros y compañeras del hospital que se solidarizaron tanto por redes como en persona y que difundieron el repudio sobre lo acontecido. “Me da mucha fuerza el apoyo de la gente y lo que es seguro es que la intimidación no va a surtir efecto. No es algo individual. Acá somos mucha gente y vamos a ser cada vez más los que vamos a defender el hospital”, expresó.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), opinó sobre la agresión recibida hacia su compañero: “El ataque a Alejandro Lipcovich es un ataque a la protesta a nuestro hospital y un intento de disciplinamiento. Desde la APyT lo repudiamos y exigimos que cese la persecución sindical”. En diálogo con ANCCOM, expresó la necesidad de un ajuste del salario por inflación y que el gobierno no solo actualice el presupuesto para el área de la salud sino también de la educación.

En ese sentido, Lipcovich agregó la importancia de asistir a la marcha del 23 de abril y la necesidad de “armar un canal para que mucha gente proteste por distintas causas, superando las diferencias que puedan existir por intereses diversos, para fortalecer la lucha de toda la sociedad”.

 

El Niño que demoró el otoño

El Niño que demoró el otoño

Inundaciones, efecto invernadero, veranos más largos e inviernos más cortos. Pese a que el Gobierno de Milei lo niega, el cambio climático avanza y amenaza a toda la población.

Inundación en la ciudad de La Plata en 2023. Archivo TELAM

El fenómeno de El Niño llegó y alertas amarilla, naranja y roja fueron las que predominaron durante marzo, en el que en un solo día de lluvia cayeron más milímetros de agua de lo que suele llover en todo el mes. Estas condiciones, además, hicieron que el otoño se retrasara más de lo habitual. Pero, ¿qué tienen que ver El Niño y el otoño? Al respecto, ANCCOM dialogó con Melanie Ayelén Alfonso, militante de la organización Consciente Colectivo y estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM.

Alfonso afirma que el fenómeno de El Niño y el otoño tardío tienen una estrecha relación. Por un lado, aquel genera un aumento de la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial y cambios en la atmósfera y en el clima a nivel global. Aproximadamente, ocurre cada dos a siete años y los episodios suelen durar de nueve a doce meses. “El Niño influye fuertemente en las condiciones del otoño debido a que el cambio climático intensifica este fenómeno. ¿Qué va a pasar? Lluvias, muchas lluvias. Tres de los diez otoños de los que se tiene registro desde los años sesenta fueron los más lluviosos y fueron bajo El Niño”, explica.

“El fenómeno de El Niño suele estar asociado a temperaturas mínimas más altas y máximas más bajas por un menor enfriamiento por la noche y mayor nubosidad durante el día. Además, al aumento de la temperatura media y la reducción considerable de ocasionales heladas, especialmente en la zona centro y norte del país, ya que la nubosidad por las noches conlleva a que la radiación solar acumulada en la Tierra se refleje en las nubes produciendo un esporádico efecto invernadero”, agrega.

Dado el cambio climático que se vive a nivel global, las estaciones van a durar cada vez menos. Alonso sostiene que un dato no menor es que todas las mediciones con las que se trabajan estos fenómenos son del pasado, tiempo en el que no existía un planeta tan caliente como ahora. “Estamos trabajando con un factor de incertidumbre extra que se genera año a año. Según un estudio de 2021, mientras más se intensifica el calentamiento global, las cuatro estaciones del año ya no son equivalentes en duración. Otro señala que entre 1952 y 2011 en el hemisferio norte el verano aumentó de 78 días a 95 días y el invierno redujo su duración de 76 a 73 días”, detalla.

El fenómeno de El Niño no se puede evitar debido a que es algo que sucede naturalmente. Pero, ¿y el cambio climático? Alfonso subraya que “no podemos pelear contra él porque ya sus consecuencias y efectos nos sobrepasan. Sí el Estado, a través de la ciencia, debe implementar políticas de mitigación, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero -que son los que calientan la atmósfera- en las distintas actividades productivas del país y producir recursos como paneles solares para bajar las emisiones. Además, se necesitan políticas de adaptación para prever cómo amoldarse a ciertos fenómenos que sabemos que van a ocurrir sí o sí, como generar infraestructuras para las inundaciones o más espacios verdes”.

En un contexto donde el CONICET y la ciencia argentina están en riesgo de desguace y vaciamiento, el desafío es mucho mayor. “Luchar contra el cambio climático no es trabajo de una sola disciplina. Sin la ciencia nacional en territorio, sin una ciencia que tenga intereses propios, no se pueden crear políticas públicas para tratar los efectos que el cambio climático trae en las distintas partes del país”, remarca Alfonso y concluye: “La coyuntura internacional nos condiciona política y económicamente a cumplir con políticas de mitigación y adaptación porque, por ejemplo, tenemos que seguir cumpliendo con el Acuerdo de París. Incluso nuestra propia Constitución nos obliga a cuidar los bienes comunes. El mismo cambio climático no te va a permitir seguir adelante con ciertos modelos de mercado y política que no son sustentables”.

La crisis universitaria, de norte a sur

La crisis universitaria, de norte a sur

Funcionarios de cinco universidades nacionales de distintos puntos cardinales explican la situación presupuestaria que atraviesan tras el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Todas marchan este martes en una movilización que para muchos será histórica.

Las impactantes imágenes de cortes de luz, cierre de aulas, reducción en el funcionamiento de ascensores y la dificultad para hacer frente al pago de servicios básicos son reflejo de la seria crisis presupuestaria que atraviesan las 62 universidades públicas nacionales. Siguiendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto de la educación superior disminuyó un 76% respecto al año anterior. A pesar de las medidas preventivas para amortiguar gastos e intentar solventarse con un presupuesto abismalmente atrasado con respecto a la inflación, algunas instituciones anticipan la posibilidad de cierre para la mitad del año lectivo.

Frente a la negación del gobierno a entablar un diálogo con las instituciones y bajo la consigna “En defensa de la educación pública”, el CIN convocó a una marcha federal el próximo martes 23 junto al Frente Sindical Universitario. El Consejo insta a que se adhieran todas las instituciones comprometidas con la educación y aclararon que la marcha es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.

La convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estipuló para las 15:30 horas en el Congreso de la Nación, para comenzar a marchar desde allí hasta Plaza de Mayo. A las 18 horas se hará lectura de un documento fuera de la Casa Rosada.

La crisis presupuestaria impacta a lo largo y ancho de todo el país. Con el fin de explorar cómo se está experimentando la lucha por el financiamiento universitario en diferentes regiones de la Argentina, ANCCOM conversó con representantes de cinco instituciones públicas localizadas en diferentes provincias: la Universidad Nacional del Litoral; la Universidad de Salta; la Universidad del Comahue; la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Universidad Nacional del Litoral

Este año, el sistema universitario ha sido financiado mediante la asignación del mismo presupuesto del año anterior, una medida contemplada en la Ley de Administración Financiera. Según explicó Germán Bonino, Secretario de Gestión y Administración Presupuestaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esto significa que el presupuesto que reciben las instituciones hoy se ha calculado en septiembre del año 2022 y fue pensado para el 2023. De esta forma, “hoy recibimos el mismo monto nominal que el año pasado, pero la inflación es de más del 280%. No estamos en caos pero es una situación crítica, si siguen estas condiciones no vamos a llegar a fin de año”, declaró el secretario.

A esta estrategia de desfinanciamiento se le agrega la quita de subsidios y el incremento de las tarifas de servicios públicos, principalmente de la luz. “En la UNL, la última factura de luz fue de 100 millones de pesos y recibimos 141 millones en total para todos los gastos. Con la diferencia hay que pagar las becas, el mantenimiento de las facultades, llevar adelante las obras públicas, los proyectos de investigación y extensión, hasta las fotocopias para los éxamenes. Claramente no alcanza”, confirmó Bonino.

La Universidad Nacional del Litoral tiene alrededor de 60.000 alumnos y nuclea estudiantes tanto de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos. Es un nodo central de la economía santafecina por la cantidad de jóvenes que estudian allí, por los proyectos y el conocimiento que genera y por los egresados que se insertan como profesionales de diversas áreas.

Otra dificultad que encuentran los administrativos de las universidades del país es la imposibilidad de proyección en los próximos meses, ya que se desconoce el presupuesto asignado para el resto del año. Sobre esto, el encargado del presupuesto de la UNL aclaró: “No sabemos cuánto va a llegar mes a mes. Eso es algo que estamos reclamando desde las universidades. Necesitamos saber con qué disponemos, sea mucho o poco”.

Universidad Nacional de Salta

Las acciones preventivas para controlar los gastos fueron adoptadas por la mayoría de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Su vicerrector, Nicolás Innamorato, expresó su preocupación por la gestión gubernamental de la situación: “Hemos implementado medidas, al igual que todas las universidades nacionales, pero son insuficientes. La crisis debe ser manejada de otra forma. La educación bajo ningún punto de vista puede ser recortada porque no es un ‘gasto excesivo’ o ‘inútil’ como dice el presidente. Son inversiones para el crecimiento de la sociedad en su totalidad”.

La UNSa tiene aproximadamente 80.000 estudiantes, cuenta con cuatro centros de investigación en conjunto con el CONICET y está trabajando en 300 proyectos que se vuelcan para la mejora de la comunidad. Para Innamorato, el rol que juegan los establecimientos de educación pública superior del país en el crecimiento social es esencial: “La única institución en el país que genera una movilidad social ascendente es la universidad nacional, pública y gratuita. Se perjudica, entonces, a todos los ciudadanos argentinos que de una forma u otra se ven beneficiados con una carrera o con una actividad dentro de la universidad”.

El vicerrector criticó la falta de plan del Gobierno para revertir o mejorar la situación en la que se encuentran. “A pesar de tener una comunicación fluida con las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, hasta el momento ni siquiera nos mostraron una planificación para el año 2024; y esto nos preocupa mucho. La mezcla de insensibilidad en cuanto al diálogo sumado a la incertidumbre por parte de los organismos oficiales es lo que genera mayor impacto”, declaró Innamorato.

Universidad Nacional del Comahue

La Universidad Nacional del Comahue no fue la excepción a la regla: sus directivos tuvieron que tomar medidas de recorte y disminución de las actividades académicas. Beatriz Gentile, rectora de la institución comentó: “Suspendimos la convocatoria a becas de investigación y extensión, redujimos los turnos de limpieza y priorizamos aulas y baños. Hay tasas municipales, deudas de agua u otros servicios que no estamos pagando”.

La Universidad Nacional del Comahue es la más grande en cantidad de alumnos, carreras y extensión territorial de la región patagónica; tiene sedes en diez localidades de dos provincias vecinas, Río Negro y Neuquén, y asisten más de 33.000 estudiantes. Esta institución juega un rol esencial en la democratización de la educación en la Patagonia Norte. “Llegamos a territorios que difícilmente llegue otra institución del Estado. Nos caracteriza esta vocación de ofrecer estudios superiores para todos y todas. Es necesario crear todas las condiciones para que hasta el último chico que está alejado de las ciudades también pueda estudiar en la universidad”, sostuvo la rectora.

Universidad de la Plata

Marilia Fogel, investigadora de Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata conversó con ANCCOM sobre el ataque del Gobierno nacional a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico. La docente afirmó: “Este ataque tiene varias dimensiones, ya que desde lo simbólico se ataca desprestigiando a las universidades instalando el discurso que las universidades son ‘centros de adoctrinamiento’. Esto es una mentira absoluta: en las universidades puede estudiar quien quiera, de todas partes del país y de Latinoamérica. Hay pluralidad de voces y eso se ve en todas las instituciones”.

El impacto del recorte presupuestario afecta gravemente a la enseñanza y el desarrollo de los programas de estudio. Fogel imparte Química General a estudiantes de primer año de licenciaturas en Biología y Geología, una materia que depende de una infraestructura de laboratorios y suministros especiales. «Necesitamos reactivos, guantes y material de laboratorio para llevar a cabo las prácticas. Estamos viendo cómo reciclar lo que tenemos y ajustarnos al presupuesto disponible. Todo esto afecta directamente la calidad educativa, ya que es posible que tengamos que reprogramar o incluso reducir algunas prácticas si la situación no cambia».

Además de los suministros, es crucial mantener la infraestructura existente. «Las carreras con orientación científico-tecnológica necesitan ciertos equipos y dispositivos, como microscopios, que requieren mantenimiento y, en caso de averías, reparación”, comentó Fogel. Además, destacó que existen otros gastos operativos continuos asociados al funcionamiento de las universidades.

Otro punto importante es la imposibilidad de realizar las prácticas y los viajes de campaña obligatorios para cumplir con los planes de estudio. “Los egresados y las egresadas de las carreras de naturales, además de cumplir con la aprobación de las materias, para acreditar la carrera deben tener una cierta cantidad de viajes de campaña que son obligatorios. Estos viajes están contemplados también dentro del presupuesto, por lo que este año esos viajes posiblemente no se realicen”, aseveró Fogel.

Universidad Nacional de Avellaneda

Ricardo Petraglia es el Secretario General de ADUNA, la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y hace énfasis en la problemática de las universidades de menor envergadura al atravesar la crisis. Destacó que las instituciones más nuevas, como es el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), carecen de relaciones que las puedan ayudar a afrontar la crisis, en desventaja con aquellos establecimientos más antiguos que ya han atravesado situaciones similares. “No es lo mismo ir a pelear el presupuesto siendo una universidad con una tradición y una capacidad de presión de años. A las universidades nuevas les llevará un tiempo para que eso ocurra. Para ello, es importante que el sistema universitario entienda las universidades nos necesitamos entre todas”, agregó Petraglia.

La UNDAV surgió en el año 2011 como un plan para enriquecer la cultura y la educación del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Si bien cuenta con seis departamentos orientados a diferentes áreas, el secretario afirmó que la UNDAV no tiene desarrollado un plan de otras formas de ingreso como los posgrados o los trabajos a terceros que le ayuden a hacer frente a la crisis.

Petraglia se mostró preocupado sobre la situación del salario docente. “El ajuste en sueldos más grande que había tenido la universidad fue durante el gobierno de Mauricio Macri, de entre 15 y 20 puntos. Ahora, en los primeros cuatro meses del gobierno actual, ya estamos en más del doble”. Remarcó que el ajuste presupuestario no se está dando de forma aislada sobre las universidades sino que “es parte de un ajuste que se está haciendo en toda la sociedad argentina y particularmente sobre el pueblo trabajador”.

De cara a la movilización del 23 de abril, el secretario dejó en claro: “Si bien las expectativas sobre la movilización son muy grandes, la marcha será sólo el inicio de un proceso de lucha que probablemente sea largo”. Finalmente, manifestó la importancia de mantener la unidad de los trabajadores, de los claustros y de las autoridades para defender la educación pública en Argentina.

Frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar el sistema universitario nacional, las universidades de todo el territorio convocan a marchar el martes 23 de abril en defensa de la educación pública, libre, laica, no arancelada y de calidad.

 

Puan, de la ficción a la realidad

Puan, de la ficción a la realidad

Un ruidazo en Filosofía y Letras, banderazos y clases públicas en Ciencias Sociales, Psicología, Exactas y Derecho, entre otras instituciones universitarias en defensa de su presupuesto. Crónica del cacerolazo en Puán, la facultad que anticipó los hechos en una película protagonizada el año pasado por Leonardo Sbaraglia.

Semanas antes del último balotaje presidencial, la película Puán se convertía en un suceso de taquilla. Casi sin proponérselo se transformó en una bandera de la defensa de la educación pública luego de que en su escena de mayor tensión, docentes y estudiantes ocupaban la vía pública y se enfrentaban a la policía ante la amenaza de cierre de las universidades públicas. Una vez más, la realidad supera a la ficción.

Noche del 10 de abril. La comunidad educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA -la que habita los pasillos que retrató la película- está por realizar un cacerolazo en avenida Rivadavia y Puan. La actualización presupuestaria, la implementación de un boleto educativo y una suba del salario docente y no docente son los principales reclamos. Agenda de lucha que se extiende a las otras sedes de la UBA como la Facultad de Derecho, la de Psicología, la de Agronomía, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Ciencias Sociales, entre otras, con reclamos, clases públicas y declaraciones. También hubo manifestaciones similares en las otras 61 universidades nacionales como manifestaciones previas y de concientización para la marcha universitaria del 23 de abril.

 Inflación interanual del 276% y un Gobierno nacional que prorroga el presupuesto universitario del 2023, aprobado en septiembre de 2022. Por cada 10 pesos que contaba la UBA en marzo del año pasado, hoy cuenta con 2. Emergencia presupuestaria, denuncia el Consejo Superior. En esa misma línea, las autoridades de FILO -igual que los de las otras facultades- advierten que de no actualizarse los fondos, en junio se verán obligados a cerrar sus puertas.

“No estamos frente a una discusión de presupuestos o lineamientos de políticas educativas, estamos ante un propósito frontal de destruir las condiciones de la educación pública argentina, ligado también a una tendencia muy penosa y dolorosa de desestimar lo que se hace en el ámbito público -comenta, presente en el cacerolazo, el docente Martin Kohan en diálogo con ANCCOM-. Nos manifestamos como lo que somos: una comunidad amenazada por el aparato del Estado”.

Semana de clases públicas, jornada de carteles, banderazo interclaustro y llegó el cacerolazo. Agenda de lucha de CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letra)  en defensa de la educación y gremiales que se suman: FEDUBA (Sindicato de Docente de la UBA), AGD (Asociación Gremial Docente) y la Comisión Interna nodocentes. Alumnos y militantes de diferentes facultades. Todos juntos. Diferentes cuerpos forman un mismo cuerpo: una red que resiste.

Siete de la tarde. La avenida Pedro Goyena separa del tono beige del respaldo de decenas de pupitres que actúan como contorno de ese Cuerpo que está en el medio de la calle Puan al 500 y participa de clases públicas. Antes de cruzar, en la vereda de Roma Café se oyó la charla de un hombre y su mujer “¿Dónde está el protocolo de Bullrich?”, pregunta él con mirada sombría y tono irónico haciendo referencia a ese Cuerpo que está cortando una sola cuadra, la cuadra de una casa de estudios, para que la motosierra no corte con el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. 

Estudiantes, sentados, parados y abrigados, forman un anillo. A metros de la entrada de la Facultad, más clases en el asfalto. Anillos más grandes y anillos más pequeños. “Estudiar es político” dice  un cartel. Atadas desde las persianas rojas bermellón del edificio cuelgan banderas de diferentes organizaciones, una al lado de la otra. “Vamos a prepararnos para ir al cacerolazo”, es la frase con la que una profesora finaliza su clase. Los alumnos se levantan de las sillas, las cargan encima suyo y las empiezan a devolver a las aulas. Van en fila india, abriendo paso entre el resto de la gente. El contorno beige queda suspendido y el anillo disuelto, pero el Cuerpo comienza a moverse. 

“El individualismo, como concepción, está destinado al fracaso. El hombre no se realiza como individuo. Somos individuos comunitarios. ¿Qué decía Aristoteles? ‘Zoon politikon’: somos personas políticas. El ataque genera como resistencia la construcción de lazos comunitarios más fuertes”, reflexiona Martín Cuesta, profesor adjunto en la cátedra de Historia Argentina II de la Licenciatura en Historia que se dicta en Filosofía y Letras. 

La euforia se empieza a sentir y cada vez más. Las ocho de la noche y el horario del ruidazo que llegó. Estudiantes que llevan y traen cosas del interior de la Facultad. Parlantes, banderas y cañas. Los que salen alzan la mirada buscando un espacio por el que meterse. “No al vaciamiento ni el cierre de la universidad pública. Triplicación del presupuesto, boleto educativo, salario para docentes y no docentes”, se lee en una cartulina de casi dos metros que va esquivando al mar de gente de la entrada del edificio; apurados como soldados que se preparan para la batalla, lo transportan los militantes del ¡Ya Basta!, identificados por sus sus remeras rojas con letras blancas. 

“Yo tengo 67 años, me podría haber jubilado a los 65 pero ejercí mi derecho a opción para quedarme hasta los 70 porque tengo algo para darle a esta casa aunque sea en la calle. Esto que tenemos, que es la universidad pública, la facultad en que me recibí, es un logro, un proyecto y un legado de generaciones anteriores a nosotros. Yo soy primera generación de universitarios de mi familia. Tenemos que estar en unidad porque es un patrimonio de todos”, expresa la profesora Irene. “Docentes luchando también enseñando” se vislumbra en otra pancarta.

En la esquina de la Facultad, sobre José Bonifacio, la rotativa luz azul de la sirena de la policía porteña  completa la puesta en escena.  “La jornada se viene desarrollando de manera muy pacífica y con la posibilidad de hacer las clases en la calle. Todo está conversado. No tuvimos mayores problemas. Sí un vecino o vecina que se queja o grita algo a favor de Milei, pero cosas mínimas”, explica Violeta. 

Un cartel que salió mal y la militante que usando el asfalto como mesa se arroja con la brocha para hacerlo de nuevo: “Si hay motosierra hay estudiantazo”, escribe sobre el papel que deviene pancarta.
La columna está a punto de cruzar Pedro Goyena. Como un metrónomo, los bombos suenan a la par de los cánticos que dirige una miembro del CEFyL a través de un megáfono: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo se va armar/ les cortamos las calles y les tomamos la facultad”, entona al mismo tiempo que con su mano libre arenga al resto.
Los fotógrafos van de aquí para allá mientras buscan la toma perfecta, corren. Algunos se alejan para hacer un plano general. Y es que la multitud se prepara para marchar hacia Rivadavia. Vecinos que pasan y se detienen a ver el suceso: algunos con cara seria, otros con una sonrisa entre medio. Un punto en común entre ellos: la cámara de los celulares que registran el hecho.
“Los estudiantes estamos con un ánimo de lucha. Estamos muy enojados ante la amenaza del cierre de nuestra facultad -continúa Violeta-. El reclamo es al gobierno de Milei, pero también busca captar la solidaridad del conjunto de la sociedad”.
Sincronizadas con el compás de los cantos, las bocinas de los autos que se escuchan al pasar. Un repartidor de Rappi va en bicicleta y alienta. Más tarde otro delivery con la tosca mochila de reparto, también de Rappi, pasaría a los empujones por el medio del cacerolazo. Dos señoras cruzan por lo que queda de la senda peatonal de la intersección de Goyena y Puan; quedando a poco más de un metro de distancia de la columna y los militantes del ¡Ya basta!, a una de las señoras se le escucha decir “¿Qué hacen? ¡Vayan a laburar!” a la vez que realiza el típico gesto argentino del montoncito. La voz del Cuerpo se escucha más que la de la señora.
Las distintas organizaciones se reubican. Los de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) toma la delantera y con su enorme bandera verde van al frente de todo; pecheras violetas, varios de los referentes sostienen algunos carteles: “Defendamos la educación pública. ¡Es ahora!”, dice uno con letras naranjas sobre cartulina blanca. “Ganemos la calle para no perder las aulas!! Todxs juntxs”, dice otro. “Hace mucho que no tenía esta sensación de unidad” expresa Lucía, estudiante de Geografía.
“Estamos encantados. En Brasil no tuvimos la misma fuerza para defender la universidad pública“, comenta una pareja de docentes del país vecino que fueron invitados para dar una clase Argentina.

El Cuerpo avanza. Paso firme y decidido, copando las calles. Una marea  inflexible e imparable, yendo a buscar lo que es de todos. “¡Azo/ azo/ azo/ por un estudiantazo!/¡Azo/ azo/ azo/ por un estudiantazo!”.Cruzan Pedro Goyena. El sonido de los bombos continúa.“ Vamos acomodándonos, vayamos más despacio para no dejar atrás a los compañeros”, comunica una estudiante por el megáfono.  La prensa agitada en busca del ángulo adecuado. La bandera del CEFyL que termina de desplegarse. Militantes que corren para estar con su agrupación. Cambian la melodía: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo se va armar”.

 “Estamos en un salto cualitativo en la ofensiva del capital sobre la clase trabajadora -indica el profesor Carlos Garberi- que se viene desarrollando en el planeta entero hace más de 40 años y que tiene su correlato en la crisis de lo que podemos denominar el Estado neoliberal. David Harvey señala que es la transición hacia un Estado neoconservador donde no se mantienen las  libertades democráticas ”

Llegando a  Rivadavia, la marcha de los estudiantes se vuelve a acelerar. Un grupo numeroso con las banderas de las organizaciones de izquierda se ubica en la intersección de la calle Chirimay. El resto de las columnas sigue llegando. Un camión con parlantes, reflectores de luz y una militante empuñando su voz en un micrófono, avanza hacia Chirimay: ”A ver, a ver/ quién dirige la batuta/ Los estudiantes/ o el Gobierno hijo de yuta/ yuta/ yuta”, vocaliza junto a la multitud.  Entre la gente del cacerolazo, una chica con una bolsa con la inscripción “Googleá empatía”. 

En una estrofa se hace presente La noche de los lápices: “¡Damela vos/ damela mi/ por el boleto estudiantil!”, se oye.

Un adulto mayor, Edgardo, pelo blanco, con suéter verde y pantalon negro, sostiene junto a Adela una bandera de la “Asamblea de Caballito. Resistencia Veterana”. Un grupo de jubilados que se organizaron desde la asunción de Milei y hoy están acompañando al movimiento estudiantil. “No es que solamente pedimos por un salario digno, no es un problema de subsistencia, sino de dignidad: trabajamos toda la vida aportando para que nos estafen de esta manera”, desliza Adela.

“¿Todo bien?“, le pregunta Micaela, estudiante de la Licenciatura en Historia, a quien fue su profesora en Antigua I. “Todo bien no, todo mal”, le responde entre carcajadas cómplices.

“Los docentes universitarios estamos de paro. Los estudiantes están en pie de lucha con numerosas clases públicas: en Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la de Ciencias Exactas, en Veterinaria… Esto muestra la energía y  la potencia del movimiento estudiantil, docente y no docente, para resistir y oponerse a la privatización de la universidad que quiere Milei y todo su séquito reaccionario”, comenta una profesora de Sociedad y Estado del Ciclo Básico Común, quien minutos antes animaba a un grupo de estudiantes. “Unidad de los trabajadores/ y al que no le gusta/ se jode/ se jode!”, siguen los cánticos.

“Un tiempo muy precario del punto de vista conceptual, muy implacable y cruel, en el que hay una desestimación y un desprecio por lo que en definitiva hace a lo público y a la posibilidad de constituirlo como lo que constituimos: una comunidad. Lo han hecho desde la base de una demonización del Estado, no desde una crítica o revisión de aspectos o distintas funciones, una demonización intrínseca de todo el trabajo que se hace en el ámbito estatal”, argumenta Kohan, el escritor-docente.

Hacia el final, Cuesta sintetiza: “Esto es un ataque a un sector central en la formación de comunidad, y uno pone el cuerpo. Pero la sensación de poner el cuerpo en comunidad siempre es gregario: genera más comunidad y nos da potencia”.

Desregula y aumentarás

Desregula y aumentarás

Los servicios de telefonía e internet aumentaron este mes casi un 16 por ciento, cinco puntos más que la inflación. Con un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Javier Milei desreguló las tarifas y los usuarios quedaron a merced de tres grandes empresas.

Mientras que la inflación de marzo fue del 11 por ciento, el incremento de los precios de las comunicaciones fue del 15,9, lo que significa un aumento acumulado del 80,9 en lo que va del año y una variación interanual del 336,7. Según el INDEC, el aumento se debe a las subas en servicios de telefonía e internet.

En este marco, tras derogar el DNU 690/2020 de Alberto Fernández –que declaraba servicios públicos esenciales a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)–, el actual gobierno desreguló las telecomunicaciones a través del decreto 302/2024.

La nueva disposición modifica la Ley Argentina Digital y establece que las empresas licenciatarias de servicios de TIC van a tener la «libertad de fijar sus tarifas» y así «promover la competencia» en el sector.

Diego Rossi, profesor de Políticas y Planificación de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y director de la Cátedra Libre Conectividad en la Universidad Nacional de La Plata, afirma, en diálogo con ANCCOM, que “Macri en diciembre del 2015 hizo una desregulación de las tarifas muy similar a la que Milei está haciendo ahora, con la diferencia de que no existía el DNU 690”.

El DNU 690 –que quedó paralizado por su judicialización repuso la condición de servicio público en competencia para las telecomunicaciones y, además, fijó que el Ejecutivo era quien debía indicar los aumentos de las tarifas. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) era el organismo responsable del control tarifario y de que se garantice la prestación básica universal.

El mercado de las telecomunicaciones es un mercado oligopólico compuesto por tres grandes empresas: Telefónica, Claro y Personal. Por eso el sector festeja la medida que adoptó el gobierno de Milei. A contramano, el diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, Pablo Carro, alerta que la derogación del DNU 690 representa un “salto al vacío” en la regulación de las telecomunicaciones en Argentina.

“La ausencia de una regulación inteligente que contemple las distintas modalidades de prestación del servicio (empresas corporativas, Pymes, cooperativas y emprendimientos comunitarios) deja a los usuarios a merced de la arbitrariedad de las grandes empresas”, advierte el diputado Carro.

Rossi, por su parte, sostiene que “Milei refrenda el criterio que ya venía trabajando Macri y que, en realidad, venían exigiendo e imponiendo las empresas desde principios del siglo XXI”: “Que nadie se meta con las promociones que estamos haciendo, con nuestra estrategia de mercado, los que van a decidir las inversiones somos nosotros”, dicen a las empresas.

En ese sentido, la intervención del ENACOM congeló todo los planes de fomento de la conectividad que se venían desarrollando. “Con este combo se restablece una situación de dominancia de los principales prestadores”, asegura Rossi.

“Con los DNU de los últimos tres gobiernos –agrega– se perdió la capacidad pública de densificar los debates, estamos en debates demasiado finalistas e ideológicos. Por querer imponerse drásticamente, las tres empresas oligopólicas nos demolieron las capacidades estatales de regulación. Paradójicamente, en Chile, se está por aprobar, después de cuatro años de debate, la designación de Internet como servicio público, pero evidentemente con otro marco de discusión entre las fuerzas políticas y el sector privado. En Argentina salimos perdidosos porque quizá la única manera que encontró Alberto Fernández de disponer una forma regulatoria para las telecomunicaciones, fue la confrontación. En ningún lugar del mundo es sencillo el diálogo con las empresas, pero en otras partes la política logró algún tipo de diálogo. Acá están desmantelando el ENACOM y se restablece el esquema de incapacitar al sector público para la regulación y fomento de las telco”.

Según Carro, “no basta con que haya accesibilidad al servicio, sino que es necesario garantizar que sea asequible para los bolsillos de cada familia. Se desregula argumentando la libertad y se deja al zorro en el gallinero. Es necesario que el Estado regule esa relación dentro de un mercado con precios distorsionados por la voracidad y la arbitrariedad de quienes los imponen”.

En cuanto a las consecuencias de la desregulación, Rossi subraya que “la situación de no planificación y no desarrollo de alternativas para la conectividad, hace que quedemos rehenes de la empresa o cooperativa que nos toque. El esquema desregulatorio favorece a los grandes. Las empresas adoptan un sistema de tratar de cobrar lo más posible, lo cual es ilegal, porque en el mismo barrio pueden convivir personas con el mismo plan y pagando boletas totalmente distintas producto de su capacidad de negociación con el call center del momento o de situaciones azarosas que tienen que ver con promociones”.

“El corazón del negocio de las empresas telefónicas es la perversidad de atomizarnos como usuarios. Esta medida necesariamente no va a encarecer los servicios, pero sí nos va a volver más rehenes de las empresas”, concluye.

 

El Gobierno recortó el 92% del programa que atiende a los pacientes con VIH

El Gobierno recortó el 92% del programa que atiende a los pacientes con VIH

Solo se ejecutó un 8% de los programas de prevención del VIH, de Infecciones de Transmisión Sexual y de Hepatitis Virales entre otros, que incluyen la provisión gratuita de medicamentos específicos. Denuncian faltantes de drogas e insumos.

La salud argentina es una variable más del ajuste libertario. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las áreas donde se notó una fuerte caída de ejecución presupuestaria interanual fueron el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica (-54%), el de Prevención y Control de enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-45%) y el de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra. Este sufrió un recorte presupuestario del 92%.

Este programa fue creado por la Ley Nacional 27675, aprobada y reglamentada en 2022 y plenamente vigente desde inicios del 2023. Gracias a esta normativa, se garantiza el acceso a la medicación y a los estudios de forma gratuita en el sistema de salud público y en el privado (obras sociales y prepagas) para todas las personas argentinas o extranjeras que lo soliciten. 

Con sólo un 8% de presupuesto con respecto al mismo periodo del año pasado, en todo el país comienza a haber faltantes. “El problema de que falte medicación es que muchas personas no pueden continuar con su tratamiento -denuncia Camila Arce, activista seropositiva-. Es una vergüenza porque no es algo caro lo que falta: la droga es genérica y se produce en un laboratorio nacional y privado”.

En este sentido, esta disputa es también por la soberanía. Lucas Fauno, periodista y activista VIH, lo sintetiza: “Cuando hablamos de VIH, hablamos de (no) producción pública de medicamentos, de ITS, de Educación Sexual Integral. La desfinanciación afecta a los medicamentos, pero también a los preservativos disponibles en todos lados y gratuitos, si hay información, cómo se está hablando de estos temas, cómo se evitan los nuevos casos y cómo es la calidad de vida de las personas con VIH. Vivir con el constante miedo de ir a retirar tu medicación y que no te la den, afecta tu salud”.

En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites.

En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites. Ante esta desidia planificada, los médicos cambian los componentes de los cócteles, arriesgando la adaptación de las personas ya en tratamiento. Además con las faltantes, se imposibilita el acceso a la biterapia, un esquema de tratamiento que reduce de tres a dos drogas.

Las provincias están tomando la responsabilidad de la compra de medicamentos faltantes para el sistema público. “En el caso Santa Fe estamos esperando una respuesta concreta del programa provincial, pero en Córdoba ya anunciaron que van a hacerse cargo de los medicamentos”, comenta Arce. Sin embargo, no todas las provincias tienen aceitada la implementación de los programas o el presupuesto necesario para hacer esta gestión.

Todas las aristas del cumplimiento de esta ley se resquebrajan. Por primera vez, A.T., una persona bonaerense viviendo con VIH hace más de una década, tuvo que pagar un copago de su obra social para hacerse los análisis semestrales. “La rutina de análisis es también para que me den los remedios. De nunca pagar nada, ahora tuve que pagar nueve mil pesos”, dice con indignación. Las personas con VIH deben testearse periódicamente para conocer el estado de su serología: si el virus no se detecta en sangre, el tratamiento está funcionando y es intransmisible. Si bien A.T. sigue recibiendo los remedios, teme por su continuidad.

“Es una situación que se repite históricamente: tenemos gobiernos neoliberales, de derecha y fascistas y esto es lo mismo que vivimos en 2017-2018”, recuerda Fauno sobre la desfinanciación en la gestión de Mauricio Macri. En ese momento, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentaron pedidos de información y recursos legales para resolver las graves faltantes de medicación antirretroviral. En el 2018, el 70% de la población con VIH recibía su medicación del sector público, por lo que el Estado nacional estaba incumpliendo su obligación de garantizar el acceso y adherencia al tratamiento del mayor segmento de personas con serología positiva.

“Hay que pensar nuevas estrategias -propone Fauno-: reunirse y animarnos a disentir entre pares. También hay que pensar que no tiene que ver con VIH, sino con salud pública. Si a mí, viviendo con VIH me falta la medicación no significa que el área VIH falla, sino que está fallando el sistema de salud. En este caso, falla por la decisión de un gobierno”.