Para el pobre, ni justicia

Para el pobre, ni justicia

El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Atención a la Justicia, herramienta central para que la población más vulnerable acceda a sus derechos y resuelva sus conflictos.

“Se cierra otra caja de la política: el Ministerio de Justicia pone fin al CAJ”. Así anunció este lunes el Gobierno nacional, por medio de un comunicado, el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), pasando de tener 109 a tan solo 28. Estos se suman a otros cierres que ya se dieron durante el mes de abril. De los 120 despidos que se registraron hasta abril, se sumarían 400 más con el cierre de estas oficinas. “Asistimos estos días al desmantelamiento de áreas fundamentales para la atención de los derechos de los más vulnerables en los territorios. Esto tiene correlato con el desfinanciamiento de comedores y desarticulación de todo tipo de redes de contención en lugares más desfavorecidos”, señala en diálogo con ANCCOM Julián Axat, abogado y escritor y quien supo estar a cargo de la Dirección General de Acceso a la Justicia.

Silvina Silva, trabajadora de CAJ y delegada de ATE Acceso, señala que empezaron a enterarse de los despidos la semana pasada, cuando circuló un expediente que tenía como título el cierre definitivo de los CAJ. Así, varios trabajadores se dirigieron al Ministerio de Justicia, pero, desde allí, manifestaron que no era el cierre de los centros, sino un proceso de reordenamiento, mejoramiento de la función y tarea y geolocalización. Sin embargo, el lunes se enteraron por medio de las redes sociales que, en verdad, se trataba del cierre de oficinas de los CAJ.

“El acceso efectivo a la justicia se puede considerar como el requisito más básico –el derecho humano más fundamental– en un sistema legal igualitario moderno que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos”, destaca Axat. Esta es la tarea principal del CAJ: “Acercar la justicia y acercar los derechos a las poblaciones marginalizadas por el devenir económico y social del sistema, rompiendo esas barreras de acceso a la justicia”, dice Ariel Korzin, antropólogo y coordinador del Área de Capacitaciones de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Los CAJ son dispositivos territoriales con un amplio despliegue federal, que brindan atención legal primaria integral, mediante el asesoramiento, la asistencia y el acompañamiento. Y está dirigido especialmente a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que enfrentan barreras para el ejercicio de sus derechos, o conflictos interpersonales y/o legales. En el 2023 se atendieron a un total de 101.621 personas. “A estos lugares -señala Korzin- llegan todo tipo de problemáticas que tienen que ver con el acceso a la justicia, es decir con la violación de algún tipo de derecho, por ejemplo, una mujer a la que su marido le adeuda cuota alimentaria. También puede concurrir una persona por acceso a documentación, por acceso algún tipo de prestación sociolaboral, por algún conflicto laboral con su patrón y demás”.

En el 2023, los CAJ atendieron a un total de 101.621 personas.

Uno de los tantos casos que circulan por los pasillos de las oficinas de los distintos CAJ que se encuentran en el país, es el de una señora mayor cuyo nieto sufría todo tipo de maltrato por parte de sus progenitores. La mujer relata cómo el CAJ fue fundamental para salvar a su nieto: “Cuando planteé la situación fui golpeada, me rompieron las cámaras, puerta, vidrios de la ventana y recibí amenazas de muerte de parte de él (el papá) y de tirarme ácido en la cara de parte de ella, mi hija”. A partir de esto, y sin recibir ayuda de nadie, llegó a las oficinas del CAJ. Allí recibió contención por parte de distintos profesionales, como psicólogos, para hacer frente a lo que estaba viviendo. “Mi nieto le sigue apostando a la vida, con miras a un futuro, las crisis donde se escondía bajo la mesa al escuchar las amenazas del agresor cesaron, sé que el camino es largo. Sin embargo, con la ayuda del CAJ lo vamos logrando y digo CAJ porque es un equipo donde trabajan por el bien de los que menos pueden o los que menos tienen, donde nos sentimos tratados con respeto, guiados legalmente y cuidados psicológicamente”, señala la mujer que prefirió mantenerse en el anonimato.

Sobre catalogar a los CAJ como “cajas de la política”, la trabajadora Silvina Silva destaca que “No pueden gestionar sobre algo que desconocen. Estamos convencidos que si los funcionarios comprendieran y entendieran de qué se trata la política pública de los CAJ no estarían de manera cínica refiriéndose a la labor más preciada y más humana que tiene el Ministerio de Justicia. Los CAJ tienen un anclaje territorial y un poder de avanzada sobre los territorios que requiere no solamente de una labor profesional interdisciplinaria muy compleja de llevar adelante, sino que necesita un expertise que no se encuentra en cualquier trabajador y esto lo hace un organismo diferenciado a cualquier otro”. Y añade: “No solamente acercamos y efectivizamos la política pública del Estado nacional, sino que reducimos muchas veces los gastos que ese mismo Estado tiene”.

“No solamente es desolador, sino que es criminal tratar todo el tiempo de criminalizar el trabajo de los CAJ, sancionarlos, injuriarlos y calumniarlos”, dice Silva. “Ojalá toquemos el corazón (si lo tienen) para que no quiten el CAJ. Mucha gente lo necesita, personas maltratadas y violentadas que, como en mi caso, fue y es nuestro refugio. Un lugar donde se une el respeto, la solidaridad, la empatía y el amor hacia quienes llegamos desbastados”, concluye la mujer asistida por CAJ.

«Nadie te registra»

«Nadie te registra»

Las organizaciones Proyecto 7 y Lxs Irrompibles realizaron este sábado un desayuno y almuerzo solidarios para personas en situación de calle. ANCCOM habló con las personas que vivien en la vía pública y cuentan por qué no sirven los paradores y por qué no pueden salir a flote.

«¿Quién te va a dar trabajo viviendo en la calle? Te vas deteriorando, te crece la barba, se ensucia tu ropa y no tenés cómo cambiarte», se lamenta Carlos mientras se acerca a las mesas desplegadas sobre Entre Ríos y Rivadavia, para tomar un café caliente y comer algo. Está viviendo en la calle desde el inicio de la pandemia, cuando perdió su trabajo de albañil. “Cuando se terminó el laburo –cuenta-, enganché en un supermercado chino, estuve unos meses pero después el dueño no me quiso pagar más y me echó, me tenía en negro”.

Este sábado 8 de junio las organizaciones Proyecto 7 y Lxs Irrompibles realizaron un desayuno y almuerzo solidario frente al Congreso de la Nación. El desayuno arrancó a las 8:30 de la mañana, con la consigna “la calle no es un lugar para vivir”, el lema de Proyecto 7 desde hace 20 años, y que lucía en las banderas rojas colgadas en las rejas de la plaza. En las mesas había termos con bebidas calientes y comida para ofrecer, debajo de un gazebo, se desplegaron mesas con ropa y abrigos a disposición, además de un rinconcito de «peluquería» para quien lo necesitara.

Proyecto 7 es una organización social integrada y coordinada por personas en situación de calle. Tienen cuatro Centros de Integración donde realizan acompañamientos de proyectos de vida, generan fuentes de trabajo y las personas pueden recibir alimentos, asistencia social, legal, sanitaria, entre otras.

Desde la organización sostienen que, tras el cambio de gobierno, ha crecido el número de personas que viven en la calle, y consideran que la situación irá empeorando con el correr de los meses producto de las políticas de Javier Milei, que hacen que incluso gente con trabajo no pueda pagar el alquiler. Miguel fue desalojado hace una semana de un monoambiente que alquilaba con su amigo. “Me quedé sin trabajo hace unos meses y sólo encuentro changas que no me alcanzan para nada, no pudimos pagar más el departamento”, se lamenta. “Nos turnamos con mi amigo para ir a buscar trabajo, porque no podés dejar las cosas solas, te las roban”, agrega.

En el último censo realizado a fines de abril, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que hay 4.009 personas viviendo en situación de calle en el territorio porteño. Desde diferentes ONG denuncian que estos números no son reales debido a los métodos que se usan para censar, ya que sólo se recorre la ciudad por un par de horas y las observaciones se hacen sin bajarse de los móviles. Según el último censo popular de personas en situación de calle realizado en 2019, la cantidad ya era 7.251, de los cuales 871 eran niños y adolescentes. Tras las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, estiman que el número habría alcanzado a las 12.000 personas sólo en Capital Federal.

«Si vivís en la calle nadie te tiene confianza, no te dan laburo. Te piden un teléfono para contactarte, no tenés; te piden una dirección de referencia, no ténes», dice Florencia.

Rodrigo, que lleva cinco años viviendo en la calle, comenta: “Estás peor en los paradores del Gobierno que durmiendo en la calle, deberían ser centros de integración según la ley, con personas capacitadas para acompañar y ayudar, pero recibís malos tratos nomás. Mejor te buscás algún techo, con dos o tres frazadas o cartones y ahí pasás la noche”, agrega mientras busca entre las mesas algo que lo abrigue.

Además, estos lugares imponen horarios estrictos; una vez finalizado el desayuno, las personas deben retirarse y sólo pueden volver por la tarde-noche. «Es complicado buscar trabajo, ningún lugar abre antes de las 9 o 10 de la mañana, y desde las 6:30 ya estás en la calle. Hasta el mediodía buscás, pero después no tenes a dónde ir, y es peor si llueve», comenta Florencia, de 30 años, acompañada de su hijo de 6. «Si vivís en la calle nadie te registra, nadie te tiene confianza, no te dan laburo. Te piden un teléfono para contactarte, no tenés; te piden una dirección de referencia, no ténes; y no podés poner la información del parador», añade, señalando los obstáculos diarios que enfrentan quienes viven en la calle.

En medio del conflicto con el Jefe de Gobierno, quien recientemente mostró en redes sociales cómo «limpiaba» la zona donde se encontraban personas en situación de calle y les confiscaba sus pertenencias, Proyecto 7 está exigiendo la implementación de la Ley 27654 para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo. Instan a que se asigne el presupuesto necesario y se establezcan los programas pertinentes para abordar esta problemática de manera integral.

“Los árboles son necesarios para vivir en la ciudad”

“Los árboles son necesarios para vivir en la ciudad”

En el Día Mundial del Medio Ambiente, organizaciones ambientalistas participaron de una jornada de denuncia y reflexión sobre la falta de política que prioricen el medio ambiente y la necesidad de forestación en la Ciudad d Buenos Aires.

El reloj de autómatas frente a la Legislatura Porteña anuncia las 14, hora de la convocatoria pública por el arbolado urbano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se lleva a cabo en el Salón Montevideo del recinto. Las diversas asociaciones participantes se congregaron en el Día Mundial del Medio Ambiente, para encontrar respuestas y desarrollar propuestas a la situación actual.

María Angélica Di Giacomo, docente universitaria e integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM) una de las organizaciones convocantes, explicó: “Plantar no es solamente el problema, nuestro lema es preservar, plantar y cuidar. No podemos darnos el lujo de perder ni una hoja porque, salvo la absorción de agua por las raíces, todos los beneficios del arbolado son los del follaje. Así que, cuando se está podando, no solamente se nos están quitando todos los beneficios sino haciendo que el árbol se vuelva más peligroso, vulnerable a los vientos, que pierdan la protección entre el follaje de ellos y encima quedan expuestos a las plagas y a las enfermedades. Por esto hacemos mucho hincapié en el follaje, no solamente en el árbol como un tronco y cinco hojitas”.

Junto a BdM, Cultura Abasto, Fundación Ciudad, Red Argentina del Paisaje – Nodo Buenos Aires y el Centro de Estudios Metropolitanos, organizaron la jornada que fue transmitida en la cuenta de YouTube de BdM.

“Desde muchos actores sociales tenemos identificado que el problema del arbolado urbano está en una situación dramática por escasez de ejemplares y por mucho maltrato institucional de las especies existentes por malas prácticas de mantenimiento, manejo y cuidado. Por esto fuimos convergiendo para empezar a debatir lo que creemos que debiera hacerse, planificarse e instalar en la agenda ambiental de la Ciudad lo que tiene que ver con el arbolado urbano que necesitamos para atenuar los males del cambio climático”, relató Fabio Márquez, conocido en redes sociales como @Paisajeante y director de proyectos de Cultura Abasto.

Entre las boiseries del salón lleno para la ocasión, Márquez fue el coordinador de los más de 20 expositores que tomaron el micrófono y a su lado se sentaron los legisladores que acompañaron la cita: Celeste Fierro del MST en el FIT y Matías Barroetaveña, Alejandro Grillo y Delfina Velázquez de Unión por la Patria.

Myriam Godoy del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones adherentes, comenzó con un “directo, directo” debido a los 4 minutos que tenía cada uno para hablar y procedió a recitar con énfasis y a bastante velocidad una batería de medidas, levantando así la primera ovación del público. “Esta convocatoria es un primer paso para que los legisladores se den cuenta de que este tema es importante, que no es un capricho ni una estupidez. Los árboles son necesarios para vivir en la Ciudad, no podemos estar destruyéndolos como las licitaciones de poda que lo único que hacen es promover que las empresas se hagan de dinero porque cumplieron con una cantidad de árboles podados por día, hora, mes o lo que fuere, cuando lo que importa es si el árbol lo necesita o no. Por eso lo comparé con la violencia obstétrica: ¿a cuántas mujeres les hicieron cesáreas que no necesitaban? ¿Entonces por qué podan árboles que no necesitan ser podados?”, agregó Godoy en diálogo con ANCCOM.

Otros expositores fueron Isabel D’Amico, de Amigos de la Estación Coghlan, Silvana Canziani, de la Comisión de Vecinos de la Calle Irala y Adyacencias. Además, adhirieron Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler y Amparo Ambiental Chacarita, entre otros.

Finalizando la lista de expositores y en línea con lo dicho por Godoy, María Angélica Di Giacomo denunció bastante molesta y con una pasión que contagia: “Para lo único que tenemos inspectores de arbolado es para la destrucción”. Luego agregó: “Después de 12 años de trabajo de nuestra organización creo que hemos logrado visibilizar el problema y lo que seguimos intentando hacer es poner el foco en el follaje frondoso, el verde vegetal vivo y el suelo absorbente”.

Tras los expositores, los legisladores presentes saludaron la convocatoria. Entre ellos, se destacó Fierro, quien levantó otro aplauso nutrido que interrumpió su alocución al señalar: “Estamos de acuerdo en que hoy estamos en un momento donde no se puede esconder la crisis climática ambiental y, sin embargo, tenemos un Gobierno nacional negacionista. Pero ojo, porque eso es vox populi, pero el resto también es negacionista porque sigue aplicando las mismas políticas perjudiciales para la protección del ambiente, como la megaminería, el fracking y demás”.

Después, Matías Barroetaveña se ocupó de advertir que están al tanto de que en junio el Gobierno de la Ciudad pretende presentar un nuevo Código Urbanístico en reemplazo al actual que fue sancionado en 2018 y levantó muchas críticas por aumentar considerablemente la superficie construible, algo que se reflejó en algunas de las exposiciones.

Al respecto, Godoy apuntó: “Ha sido recontra perjudicial, porque ha generado que se cemente y construya incluso vivienda que no se necesita cuando ese espacio lo necesitamos para la naturaleza. Nosotros, los seres humanos, necesitamos respirar y para eso necesitamos los árboles”.

Sobre cuáles son los pasos a seguir, Di Giacomo mencionó: “Queremos ver si podemos hacer algo más continuo, en el sentido de ver qué se hace con los proyectos de ley que presentamos. Nos interesa saber si hay más apoyo desde los legisladores para que estas iniciativas pasen a ser realmente leyes y normativas. Por el lado del Ejecutivo y de las juntas comunales, ellos no nos escuchan, pero lo seguiremos intentando. Además, asesoramos a los consejos consultivos y vamos a continuar difundiendo nuestras acciones”.

También recordó: “La modificación a la Ley 3263 de Arbolado Público Urbano que presentó la legisladora Laura Velasco (Frente de Todos) hace tres años no pasó ni siquiera de la Comisión de Ambiente” y aprovechó para señalar que “tanto el Río de la Plata, como las tierras ferroviarias, como las veras de autopistas y rutas son las últimas oportunidades que tenemos de aumentar el suelo absorbente y el verde vegetal vivo en nuestra Ciudad. Por eso es fundamental que las tierras públicas se utilicen para eso”.

Por otro lado, Márquez, apuntó que la convocatoria “superó las expectativas. Para ser un miércoles día hábil y a las dos de la tarde, nosotros temíamos que mucha gente que quisiera estar no iba a poder, pero tuvimos que cerrar la inscripción muchos días antes de lo que pensábamos porque desbordó la capacidad de la sala y de expositores. Esto es un punto de inicio por la diversidad de propuestas que se hicieron y por la cantidad de gente que participó. Nos genera mucha motivación”.

En línea con Di Giacomo, agregó que “el oficialismo de esta Ciudad es muy reticente a la participación social y es el principal responsable de que estas cosas no estén funcionando bien. Esperamos que, con los distintos y diversos sectores de la oposición más los actores sociales que no tienen identidad partidaria podamos permitir la reflexión para que cambien su manera de hacer las cosas y que podamos hacerlos entrar en razones antes una necesidad que es urgente ante los males que está recibiendo la Ciudad por el cambio climático. No es una cuestión estética o meramente ecologista, se trata de la preservación de la calidad ambiental de la Ciudad”.

Concluida la convocatoria, algunos de los participantes se dispusieron a sacarse fotos al grito de “Feliz día del ambiente”.

Visita al corazón del Delta

Visita al corazón del Delta

El Área Natural Monte Blanco, ubicado en el Delta del Tigre, abrió sus puertas al público desde el invierno pasado. Investigación, educación y conservación en el verde de los humedales.

Poner en pausa el ritmo de la ciudad para embarcarse en una aventura en el Delta: a eso invita la Reserva Natural Monte Blanco, que hace casi un año se encuentra abierta al público de viernes a domingo. Al llegar a la estación fluvial de Tigre ya se siente un aire distinto. Desde ahí se puede llegar con lancha colectiva en unos 45 minutos, o menos en transporte privado, a esta reserva ubicada en el Arroyo Rama Negra Chico, o “Ramita” (como le dicen los vecinos), a 500 metros del arroyo Espera.

Al surcar el arroyo se anuncia la llegada a la reserva con un cartel de madera: “Disminuya la velocidad, cruce de fauna’’. Detrás del muelle se puede ver un salón de usos múltiples donde se dan charlas y talleres. Está rodeado de un deck de madera muy prolijo, abrazado por distintas tonalidades de verde de la vegetación que compone a la reserva. En total son 20 hectáreas. Cuentan con un centro de interpretación, donde se cuenta la historia del Delta y se dan detalles sobre la flora y la fauna. También hay dos caminos, que en conjunto suman alrededor de dos kilómetros. Los visitantes pueden salir a caminar por su cuenta o con un guía intérprete llamado Sebastián Arena , quien brinda dos visitas guiadas los días de apertura. Los responsables del lugar llevan registradas alrededor de 350 especies en la reserve, aunque estiman que un lugar así podría tener alrededor de mil especies, incluyendo animales, plantas y hongos. Algunas de las que se encuentran son carpinchos, gato montés, plantas exóticas y nativas, entre otras.

“Hay mucha gente que visita el Delta con su embarcación, hace paseos turísticos o se baja en el muelle y camina. Pero hay pocos lugares que te permiten caminar hacia el centro de la isla. Y entre esos pocos, hay uno solo que es público: la Reserva Monte Blanco. Es la oportunidad de visitar otra isla. El corazón del Delta”, sostiene Román Labrousse, uno de los guardabosques de la reserva, y explica: “El nombre hace referencia a la formación boscosa del lugar. Es un bosque que estaba en la parte alta de las islas. La leyenda cuenta que los árboles tenían las cortezas blancas y por ese motivo cuando llegaron los europeos lo denominaron Monte Blanco’’.

 

De privado a público

Hasta el año 2021 Monte Blanco era una reserva privada. Estuvo 13 años funcionando bajo la administración de la Fundación Félix de Azara, con quien continúan trabajando articuladamente en la actualidad. En este sentido, cuenta Labrousse, “es raro, pero no es el primer caso en Argentina de un área privada que pasa a ser municipal a través de la gestión de una fundación”. A principios de la década la reserva pasó a ser pública. “Los primeros años nos agarró la pandemia. Fue un poco más complejo en cuanto a la organización y los recursos para que este espacio se pueda mantener. A partir del año pasado pudimos repuntarlo. De enero a junio logramos que esto esté abierto al público”, cuenta a ANCCOM Lucila Pimentel, quien está a cargo de áreas naturales del municipio de Tigre.

Al ser privado, tenía otro tipo de visitas: eran más que nada extranjeros y grupos acotados. “Hoy nuestro desafío es que la gente del lugar también lo empiece a tomar como propio” cuenta Pimentel, y agrega: “Hay muchos vecinos de la zona que capaz un domingo terminan de almorzar y se vienen acá como si fuera el patio de su casa. Se empezaron a realizar actividades donde los vecinos participant. Hace poquito, para el Día Mundial de los Humedales, hicimos acá una jornada alusiva. Una de las actividades era una clase de yoga y la daba una vecina. Queremos empezar a abrir las puertas para todos.”

Labrousse y Pimentel, recibieron al equipo de ANCCOM en la reserva. También Omar, el conductor de la lancha, quien se encontraba esperando en la estación fluvial. Se hablan amistosamente: son un equipo pequeño con mucha dedicación y amor por la naturaleza. Tienen uniformes de polar verde, abrigo necesario para enfrentar el frío. El sol y los mates calientes también ayudan en ese sentido. De fondo se escucha un silencio calmo que de a ratos se interrumpe por el sonido de alguna lancha o el canto de los chiricotes.

¿Cuál es la importancia de este lugar?

“Son lugares donde uno puede repensar la relación de la sociedad con la naturaleza”, dice Labrousse mientras pasa un mate. “El hecho de ir a un espacio verde, trae un montón de beneficios. A nivel sociedad, cuando entendés qué significa un espacio natural, podés defenderlo. Manteniéndolo, estás mejorando la calidad de vida de toda la población que lo rodea”.

Concretamente, el espacio cuenta con tres ejes de acción: educación, investigación y conservación. Consideran que la educación es uno de los pilares fundamentales. Por ese motivo, brindan talleres para la conservación del ambiente y visitas guiadas de interpretación ambiental. Además, tienen proyectos con escuelas: “Desde 2022, veníamos dando charlas de biodiversidad en escuelas. Ahora tenemos una propuesta para los últimos años de secundaria. En ese año los chicos deberían ir de viaje de egresados. Con el contexto del país y otras cuestiones, sabemos que puede ser inviable. Esto se presenta como para que puedan hacer una salida extracurricular. Se promociona en todas las escuelas públicas. Las que se anotan, tienen el traslado y el día acá”.

Respecto a la investigación, trabajan con organismos produciendo datos científicos para ampliar el conocimiento del área. “Participamos dentro de lo que es conservación y ciencia ciudadana en el convenio con Fundación Vida Silvestre. Usamos plataformas para registrar biodiversidad: Argentinat y Ebird. Quien quiera, en cualquier parte del mundo, puede acceder a esa base de datos, entrar al proyecto del Área Monte Blanco y encontrarse con la galería de biodiversidad que tenemos”, cuenta Labrousse, y agrega: “Recabamos datos en general. Lo que recibimos de Fundación Azara fue un relevamiento de las condiciones básicas del elenco de flora y fauna. Nosotros reforzamos eso con salidas semanales para hacer relevamientos. Esos datos sirven para contrastar con otros años’’. Sostiene que hay muchos registros que son la primera foto conocida del individuo vivo: “Antes se los capturaba, se los mataba, y con eso se clasificaba. Capaz hoy uno se encuentra con un saltamontes y resulta que le está sacando la primera foto o es por lo menos la primera publicada conocida de la especie”.

Para el tercer eje, conservación, se realizan trabajos de restauración de ecosistemas a través de la plantación de flora autóctona, control de especies exóticas invasoras y se trabaja en conjunto con organizaciones de rescate y rehabilitación de fauna silvestre: “Trabajamos mucho con Temaiken. Ellos hacen el trabajo de rescate y rehabilitación de animales y nosotros en este lugar le damos la posibilidad a esos animales de regresar a su hábitat natural. Es un lugar que está controlado, entonces si llega a aparecer algún animal con alguna anomalía o se enferma, tenemos un registro. También trabajamos con el Serpentario de Tigre, que también tiene un centro de rescate. Ellos se encargan de la rehabilitación de los animales, y nosotros acá hacemos la recepción de los mismos y el seguimiento, en caso de que sea necesario”, cuenta Pimentel.

Sostienen que el espacio está abierto para estudiantes o posibles proyectos de conservación de alguna especie que se pueda realizar en la reserva: “Nosotros hoy no tenemos ningún proyecto de conservación con alguna especie particular. Pero están dadas las posibilidades para quien lo desee o lo necesite. Este verano lo estuvimos haciendo con el proyecto de conservación de los murciélagos de Argentina. Fuimos parte de la captura de murciélagos y la toma de muestras. A nosotros nos sirve porque nos capacita y ellos se fueron con datos concretos. Obvio que después volvieron a la naturaleza. Se les sacó sangre, se les hizo muestreo de saliva”.

Las puertas de la reserva, se encuentran abiertas al público de viernes a domingo, de 10:00 a 17:00. Se puede llegar en transporte privado o en lancha colectiva, desde la estación fluvial de Tigre. Tanto las escuelas que quieran formar parte de la iniciativa como cualquiera que quiera contactarse, puede hacerlo al siguiente mail: CentroHumedalesTigre@tigre.gob.ar.

Los días del hambre

Los días del hambre

Referentes de comedores y merenderos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano cuentan cómo se las rebuscan para ayudar a las miles de personas que carecen de recursos para alimentarse, mientras el Gobierno de Javier Milei se niega a entregar mercadería.

Ante la emergencia alimentaria profundizada por la crisis económica recesiva, el comedor popular Vientos de Libertad ubicado en el barrio de Parque Patricios, el merendero solidario Pancitas Contentas de la ciudad Mariano Acosta de Zona Oeste del Gran Buenos Aires y la Red de Apoyo Escolar que incluye a 17 Organizaciones Educativas y Comunitarias distribuida por los barrios populares del Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, intentan contener a quienes quedaron excluidos por las medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. ANCCOM conversó con las referentes de los tres espacios que cada vez deben asistir a una mayor cantidad de personas que necesitan alimentos frente al alza de los precios y a la ausencia de políticas públicas para paliar el hambre.

Lo más urgente: conseguir alimentos

“A veces se enojan porque la comida no alcanza y nos tenemos que bancar las puteadas. Nosotros nos ponemos en el lugar de ellos: es el único plato de comida que comen al mediodía y después no comen hasta el otro día al mediodía», manifiesta Graciela “Chula” Lazarte, cocinera desde hace 6 años y hoy coordinadora del espacio de cocina del comedor Vientos de Libertad que alimenta entre 180 y 200 personas por día. Frente a la escasez de alimentos tuvieron que empezar a implementar un sistema de números para evitar las confrontaciones y problemas. 

A las doce del mediodía, en la puerta del lugar se van sumando hombres, mujeres y niños a una fila que se alarga por toda la cuadra. Esperan, mientras una de las repartidoras que entrega las viandas, reparte los papelitos con un número dibujado a cada uno de los que se acerca. La cantidad de papelitos depende de la cantidad de viandas que hayan alcanzado a hacer ese mismo día. El comedor de Atuel, dejó de percibir la entrega de alimentos por parte del Estado desde diciembre de 2023. En respuesta a esta situación, las cocineras se organizaron para realizar un fondo común en el que cada una de ellas hace un aporte para tratar de cubrir los gastos de los alimentos y mantener el volumen de comida que venían cocinando sin que baje la calidad de las viandas.

Por otro lado, el Merendero de Pancitas Contentas llevado adelante por Estela Escobar en su casa desde hace 6 años, con ayuda de toda su familia, se vio en la necesidad de reducir la frecuencia con que brindaban la merienda a los niños y vecinos humildes del barrio: “En principio teníamos tres veces a la semana. Hace un tiempo atrás teníamos 2 veces a la semana, y ahora ya solamente podemos una vez a la semana, los sábados al mediodía”. Además, agrega que la recesión impactó en los comercios del barrio que realizaban donaciones para ayudarla a conseguir los alimentos. Pese a la solidaridad que percibe de los vecinos de Mariano Acosta, menos personas están en condiciones de donar, lo que se traduce directamente en lo que ella puede recaudar para las meriendas.  

Margarita Zubizarreta es referente de la Red de Apoyo Escolar (RAE) con centros que asisten a 3000 destinatarios. La red cuenta con prestaciones de alimentos desde 1989 y auditorías todos los meses. Por primera vez en 20 años dejaron de percibir los fondos para poder comprar la comida y poner en funcionamiento las cocinas. Esto terminó con 13 de los 17 centros, cerrados. El cese de las prestaciones se realizó sin ningún tipo de explicación. La referente cuenta que al principio mandaron una carta al programa avisando sobre la baja de la calidad de la comida, trataron de estirar con el stock de alimentos secos (fideos y arroz) y terminaron endeudados con los proveedores de los alimentos para poder garantizar a los niños y niñas que asisten, al menos una comida caliente al día, durante las últimas dos semanas. Finalmente advirtieron que sin recursos, el 30 de mayo iban a tener que cerrar y así sucedió en 13 de los 17 centros de la Red.  

Las tres trabajadoras coinciden en que aumentó la cantidad de personas que asiste a los comedores y centros comunitarios. En este sentido, Zubizarreta confirma que aumentó la demanda e incluso hay listas de espera y suma que cada vez hay más personas mayores pidiendo alimento en los espacios: “¿Cómo les decís que no a todos ellos que están viviendo con 100 mil pesos por mes?”. 

En el caso del Merendero Pancitas Contentas, Escobar cuenta que cada vez le llegan más solicitudes a través de conocidos que piden llevar a sus familiares: “Lamentablemente no podemos anotar a más gente porque a veces no logramos cumplir con ellos”. Graciela Lazarte, nota que se acercan muchos vecinos jubilados del barrio de Parque Patricios. “Eso es nuevo”, comenta.

Además la cocinera de Atuel recuerda que durante la gestión del gobierno actual fueron una sola vez a inspeccionar el comedor y les exigieron “pintar el lugar o podía correr el riesgo de cerrar”. En contraste con el gobierno anterior en el que todos los meses les alcanzaban la mercadería, “Ahora no nos entregan nada”.

“Están jugando con la necesidad de la gente”

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), en este último trimestre de 2024 la pobreza alcanzó el 55% de la población del país y se duplicó el nivel de indigencia llegando hasta el 18%. Además, la  economía argentina cayó en marzo un 8,4% según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec. Se le suma una caída del empleo durante los últimos cuatro meses del 1,4% según el Ministerio de Trabajo. Esto es acompañado por una inflación alta en productos de primera necesidad. Frente a la crisis social, económica y alimentaria, el gobierno respondió los últimos cinco meses negando la existencia de los más de 5 millones de kilos de alimentos guardados en galpones, algunos a un mes de vencerse y otros ya vencidos en febrero. Cuando finalmente se supo la existencia de los alimentos a través de una investigación periodística presentada por el medio de comunicación El Destape y frente a la presión por la visibilización que obtuvo el caso, el juez Casanello tuvo como resolución que el ministerio de capital humano debía entregar un plan de distribución de los alimentos en el plazo de 72 horas. Aunque desde el gobierno anunciaron que los alimentos serán repartidos por el Ejército, vencido el plazo todavía no presentaron el plan correspondiente por lo que podría empezar un proceso judicial por rebeldía. La cartera de Sandra Petovello decidió apelar a la decisión del juez Casanello y, aunque fue admitida, prevalece la orden para presentar el plan para repartir los alimentos. Hasta el día de la fecha el comedor de Parque Patricios no recibió los alimentos ni obtuvo novedades sobre la mercadería en los galpones de Capital Humano.

A la par, se dio a conocer el convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El organismo lanzó un comunicado en el que manifiesta el objetivo original del acuerdo: “Desde el inicio de la gestión actual, el Ministerio de Capital Humano y la OEI firmaron un convenio para la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad”. El organismo se desliga de la decisión del ministerio encabezado por Sandra Pettovello de tercerizar la contratación de funcionarios por fuera de la órbita del control estatal, lo que conlleva a una baja transparencia sobre el paradero de esos fondos y qué se hizo con los mismos. El escándalo terminó con el despido de Pablo de La Torre de la secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, y el secretario denunciado por el gobierno en la Oficina de Anticorrupción.

Margarita Zubizarreta, en diálogo con ANCCOM cuenta que supone, debido al escándalo que terminó con la salida del funcionario, finalmente obtuvieron en el día de ayer los fondos para volver a poner en funcionamiento las cocinas de los centros. Sin embargo, el tiempo que duró el faltante de alimentos obligó a cerrar el jueves y viernes la asistencia, lo que constituyó “un desastre total, porque muchos no tienen comida en la escuela y en el único lugar que comían algo calentito y de calidad era en el centro. Era la única comida que tenían los pibes por día”. 

También, en respuesta a la gestión de los alimentos del gobierno libertario en medio de la emergencia alimentaria, Estela Escobar dice: “Es una política sucia. Están jugando con la necesidad de la gente. No los están utilizando, están jugando con ellos”.

El ajuste a cualquier costo

«¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver». El presidente Javier Milei pronunció estas palabras en la universidad de Stanford en Estados Unidos el 28 de mayo de 2024. “¿Qué le diría? Que vayan un solo día a vivir en una casita de chapa en José León Suárez, en Pacheco o en Moreno Cuartel Quinto. Un solo día. Que ellos vayan a vivir un solo día en una casita de tierra con techo de chapa en este invierno y después que me vengan a contar si ‘el pobre es pobre porque quiere’ y ‘no tiene voluntad para salir adelante.’ Que un día solo vayan a vivir ahí”, responde Margarita Zubizarreta. Las políticas que se desprenden de la ideología libertaria impactan directamente en la calidad de vida de las familias. En este sentido, cuenta: “se desmayan los pibes en la escuela” y argumenta “Si aumenta la pobreza y la indigencia, el reflejo es inmediato en la situación de salud y de nutrición”.

Además, expresa que aunque recibieron las prestaciones, toda la comunidad, el barrio, la organización y las familias se mantienen en alerta y preocupadas tras haber llegado a la situación límite, nunca antes alcanzada, de tener que cerrar los 13 espacios de la Red por falta de recursos. En este sentido, concluye diciendo que el ajuste no puede ser a cualquier costo.

La versión argentina de Dr. Jekyll y Mr. Hyde

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Mientras que el gobierno de Javier Milei goza todavía un gran apoyo popular, una encuesta realizada por el Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina, que aglutina a 15 universidades, muestra que la abrumadora mayoría del país se opone al retiro del Estado de la salud, la educación y de las regulaciones económicas.

Los resultados de una reciente investigación del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA) ponen en cuestión la importancia que le otorga la ciudadanía a la presencia estatal. ¿Es posible que los argentinos reconozcan el valor del Estado a pesar de votar un gobierno como el de Milei, que lo considera una “organización criminal”?

Concretamente, el estudio muestra que una mayoría de las personas que está a favor de la presencia estatal en ámbitos como la salud y la educación. El PIRC-ESA es un programa federal en el que participan 15 universidades nacionales, entre ellas la UBA, y la investigación aludida consistió en una encuesta probabilística presencial de 1500 casos (personas de distintos grupos de edad y géneros) de todo el país, relevada entre abril y mayo de este año.

El 81 por ciento de la población encuestada se pronunció a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76 por ciento cree que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario para ponerle tope a los alquileres, y el 72 por ciento que debe garantizar el derecho a la vivienda única familiar a través de distintos financiamientos.

En diálogo con ANCCOM, el sociólogo Julián Rebón, doctor en Ciencias Sociales e integrante del PIRC-ESA, afirma: “Estos datos muestran que es discutible el consenso en cuanto al repliegue de todas las áreas del Estado y que todo puede ser comprado y vendido sin ningún tipo de regulación. Según los resultados, lo público y la intervención estatal están muy bien vistos”.

Para entender la contradicción entre los resultados del estudio y lo que la ciudadanía eligió en noviembre pasado, Rebón sostiene: “Hay dos elementos. Por un lado, la gente vota por diversas razones, y algunas pesan más que otras, seguramente el tema inflacionario pesó más que otras aristas. Por otro lado, en este estudio no indagamos sobre qué tan importantes son los temas sobre los cuales preguntamos, o sea, cuál es el tono valorativo que les dan. Esto no quiere decir que la población va a apoyar todas las medidas del Gobierno, pero tampoco quiere decir que van a dar la vida por ello. El común de los ciudadanos no funciona como una orquesta sincronizada”.

Lejos del apoyo a la desregulación del mercado de trabajo y a la eliminación de la moratoria jubilatoria, el 83 por ciento de los encuestados está a favor de aumentar las multas a las empresas que tienen empleados en negro y el 72 por ciento considera que el Estado debe garantizarle una jubilación a quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa.

Además, según el estudio, la ciudadanía también se opone a la mercantilización de servicios sociales básicos como la salud y la educación: el 86 por ciento cree que el Estado debe garantizar la educación primaria y secundaria, el 83,5 por ciento está a favor de que las universidades sigan siendo gratuitas y el 78 por ciento está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos.

Al respecto, Rebón afirma que, si bien falta presupuesto en la mayoría de las universidades, el Gobierno tuvo que parar un poco y cambiar el rumbo de su política tras la masiva marcha del 23 de abril. “Hay una sociedad polarizada que, a pesar de haberlo votado, no necesariamente ‘compra’ toda la agenda del Gobierno. El sentido común es fluido y heterogéneo”, precisa.

En cuanto a las políticas referidas a poblaciones vulnerables como niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de calle, la encuesta arrojó que el 75,3 por ciento está a favor de garantizar jardines maternales públicos y el 93 por ciento sostiene que hay que subsidiar los medicamentos para los jubilados. Asimismo, el 82 por ciento considera que el Estado debe proveer alimentos a los comedores populares.

El apoyo a la regulación y sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones (entre dos y cinco puntos porcentuales) en todas las dimensiones descritas, debido a que son de las más afectadas por estas políticas y están muy implicadas en las tareas de cuidado.

Además, los segmentos de la población de bajos y medios niveles educativos tienen “una percepción más estatal”, ya que para ellos el Estado es un elemento de protección, y exhiben un acuerdo aún más intenso respecto a las políticas de formalización del empleo e intervención en el mercado laboral. Y el grueso de los encuestados con altos niveles educativos expresan un sesgo aún mayor hacia la defensa de la educación pública.