Pros y contras del boom energético

Pros y contras del boom energético

Con numerosas entrevistas y visitas a los lugares afectados por la explotación de hidrocarburos, los sociólogos Gabriela Wyczykier y Juan Acacio presentan El latido del subsuelo. Consensos y resistencias desde Vaca Muerta hasta el mar Argentino, un trabajo desarrollado a lo largo de una década que da cuenta de la complejidad de esta industria, desde los beneficios económicos a las consecuencias ambientales.

Los sociólogos Gabriela Wyczykier y Juan Acacio publicaron recientemente El latido del subsuelo. Consensos y resistencias desde Vaca Muerta hasta el mar Argentino, uno de los últimos libros de la editorial Prometeo, que pone el foco sobre la cuestión energética desde una mirada integral, que entrecruza las cuestiones económicas, sociales, productivas, territoriales, ambientales, culturales y políticas.

Este libro, que propone complejizar la mirada acerca de la explotación de hidrocarburos en Argentina, recupera una trayectoria de casi diez años de investigación colectiva, contó con el financiamiento del CONICET, de agencias estatales y de universidades públicas, además del apoyo de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

“A diferencia de los artículos académicos o las notas que veníamos escribiendo, este formato nos permitía tener más sistematizado los datos disponibles con los que otros autores y colectivos venían trabajando, y a los que se agregó una impronta propia. Nuestra fortaleza es el trabajo de campo, que consta de más de 90 entrevistas muy diversas y muchas visitas a los territorios afectados por la explotación de hidrocarburos no convencionales, desde Neuquén y Río Negro hasta la costa atlántica”, sostuvo Juan Acacio.

Además, el autor comentó que este libro tiene una doble pretensión: “Ser accesible para el público que no tiene idea de lo que es Vaca Muerta y le interese conocer sobre la temática, pero también ser un insumo para los investigadores especializados que necesitan conocer las voces de los protagonistas, que no siempre tienen tanta visibilidad”.

De esta forma, el texto -que recopila información desde los primeros años del proyecto Vaca Muerta hasta el 2025-, entrecruza distintas miradas, tales como las de habitantes locales, funcionarios, referentes ambientales o empresarios. A lo largo de siete capítulos se analizan los consensos y conflictos que se dan a nivel local y, a la vez, se enmarca el caso argentino en una mirada macro que distingue las responsabilidades en materia energética entre el norte y el sur global.

Una cartografía del fracking

Vaca Muerta es una de las reservas más grandes de gas y petróleo a nivel mundial y es un megaproyecto que se extiende por 30.000km2 abarcando las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa. Además tiene efectos productivos en Chubut y Entre Ríos y atrae fuerza de trabajo de todo el país. A partir de 2012, comenzó la producción de hidrocarburos no convencionales en este territorio para satisfacer los requerimientos nacionales, buscando revertir la dependencia energética, y con metas de exportación.

Este proyecto se mantuvo activo a pesar de los cambios de gobiernos ya que, como se remarca en el libro, existe un consenso muy grande desde 2010 hasta el presente en torno a la explotación de hidrocarburos por los beneficios económicos. Pero tal como destacan los autores, así como la experiencia de Vaca Muerta está rodeada por múltiples consensos también lo está de resistencias sociales y discursivas.

Acacio remarca que, muchas veces, la aprobación hacia estos proyectos en las localidades se encuentra en las expectativas de potenciales puestos de trabajo y mejoras en infraestructura y servicios. “Si bien en términos económicos los números suelen ser positivos, las condiciones de vida se vuelven muy desiguales entre quienes pueden acceder a esos trabajos –que incluso muchas veces son temporales– y quienes no”, relata sobre la localidad neuquina de Añelo.

Esta aprobación también se extiende hacia los lugares costeros, donde las posibilidades de explotación offshore (en aguas profundas y ultraprofundas) tomó un lugar central en los últimos años en la región del Golfo San Matías por las mejoras que podría traer en un contexto de crisis económica.

Sin embargo, el sociólogo también destaca la existencia de contra narrativas muy potentes que “no sólo critican a la actividad por los daños en la biodiversidad, sino que critican el desarrollo tal como lo conocemos y proponen otras formas de vivir”.

El panorama global

Según informes de 2021 y 2023 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) –dependiente de la Organización de Naciones Unidas–, la quema de combustibles fósiles y el uso desigual de la energía y la tierra durante más de un siglo ocasionaron un calentamiento global de 1,1°C por encima de los niveles preindustriales.

Como consecuencia se han producido fenómenos climáticos extremos como el avance del derretimiento de los glaciares, el agotamiento de los espejos de agua dulce, la degradación de los suelos y las sequías, entre otros.

Sin embargo, los gases contaminantes para el ambiente, como los que se producen al quemar combustibles fósiles que dan paso al efecto invernadero y aceleran el cambio climático, son producidos en mayor medida por los grandes centros como Estados Unidos, China y la Unión Europea, mientras que los países periféricos del sur global son los principales afectados por las consecuencias ambientales.

La transición hacia energías limpias y renovables se presenta entonces como un horizonte necesario. Pero existen dos grandes posiciones al respecto: quienes ven en la crisis climática una nueva oportunidad de negocios y dominio geopolítico, y quienes proponen una transición energética popular que implique un cambio en los estilos de producción y consumo.

En el contexto argentino, donde el gobierno de Javier Milei niega la existencia del cambio climático y busca modificar leyes para flexibilizar la protección de los recursos naturales, pensar un escenario de transición se vuelve complejo. “Cuando la lógica del sistema sigue siendo la misma es un poco difícil, pero hay que seguir pensándolo. Un nuevo sistema tiene que prestar atención a estas experiencias más subterráneas, más comunitarias y locales como las del libro”, afirma Acacio.

En este sentido, la investigación científica se vuelve un aspecto estratégico para tomar decisiones a futuro, pero actualmente se encuentra en emergencia. Acacio sostiene que las partidas presupuestarias en el último tramo de su investigación se vieron recortadas y que actualmente hay presupuestos que no se entregaron para un nuevo proyecto por voluntad de quienes gobiernan. “Es un momento en el que la ciencia y la tecnología están en riesgo, y más aún los campos de los estudios sociales y todavía más aún los estudios ambientales”, agregó y completó: “Los equipos, sin embargo, siguen trabajando con los recursos que hay, eso es algo que caracteriza al sistema científico y universitario argentino, pensar otros futuros posibles en contextos sumamente críticos”.

 

Lo que la universidad nos dejó

Lo que la universidad nos dejó

En el pizarrón, uno de los símbolos por antonomasia de la educación, docentes, nodocentes, estudiantes, graduados y autoconvocados que partiparon de la IV Marcha Federal escribieron qué les dio la universidad mientras reclamaban que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento.

Caetano, estudiante de Sociología en la UBA.

Guadalupe, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP y Florencia recibida de la carrera de Diseño Gráfico de la UBA.

Malena, estudiante de Obstetricia en la UBA.

Almendra, Fernanda y Natalia, estudiantes próximas a recibirse en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Yesica, profesora de la carrera de Obstetricia en la UBA.

Estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Ludmila, estudiante de Artes en la UBA junto a Anahí y Natalia, estudiantes de Bibliotecología en la UBA.

Milena, estudiante de Obstetricia en la UBA.

Sabrina, estudiante de la Universidad de Artes de la UNLP.

Jonathan, docente de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA.

Hugo, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Leonor, docente de escuelas primarias en Morón.

Jorge, trabajador de Aerolíneas Argentinas.

Mariana, graduada de la carrera de Psicología de la UBA.

Valentín, ex-estudiante de Comunicación de la FCC, Córdoba.

Inti, estudiante secundario.

Ezequiel, egresado de Ciencias de la Comunicación de la UBA junto a Natalia, egresada de Psicología de la UBA y su hijo Tomás.

«Es muy jodido meterse con los sueños de la gente»

«Es muy jodido meterse con los sueños de la gente»

El centro porteño y de las principales ciudades del país se llenaron de ciudadanos que reclaman al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Sin una mejora de presupuesto los docentes renuncian, los estudiantes abandonan, los edificios se caen y los hospitales se cierran. Según los organizadores, un millón y medio de personas participaron de una jornada de lucha frente a un gobierno que sigue recortando.

En una jornada inagotable, más de un millón y medio de personas dijeron presente en la 4° Marcha Federal Universitaria, según lo que los organizadores anunciaron desde el escenario en Plaza de Mayo. La multitud se expandió por todo el centro porteño y en casi todas las provincias, donde convergieron diferentes agrupaciones docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, sindicatos, asambleas barriales, personas autoconvocadas y organizaciones políticas.  

La jornada comenzó antes del mediodía en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano. El reclamo principal fue que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo aprobada hace 203 días. De no hacerlo, explicaron todas las voces desde la marcha, está en peligro el sistema educativo sobre el que se construye buena parte de la identidad nacional. La consigna es clara: “Por la universidad pública y en defensa de la democracia”. No es casual que los gobiernos que buscan imponer políticas de ajuste a las grandes mayorías y a los que menos tienen atenten contra la educación.

Un documento publicado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia explica detalladamente: “Las universidades nacionales atraviesan una reducción presupuestaria de magnitud excepcional desde el retorno de la democracia. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004. Asimismo, en marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba un 25% por debajo del nivel registrado tres años antes”. Y esto es sólo la punta del iceberg.

Todos a las Plazas

En la Ciudad de Buenos Aires, todos confluyeron en Plaza de Mayo, donde pasadas las 18 se leyó el documento oficial. Entre los oradores estuvieron representantes de las federaciones nacionales que nuclean a los docentes CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por los No Docentes FATUN. También, por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presidente Franco Bartolacci dijo: “No queríamos llegar a este punto, queríamos que las respuestas aparecieran antes. El Poder Ejecutivo no cumple con su responsabilidad”.

El documento oficial consensuado por la comunidad educativa, leído por la Federación Universitaria Argentina, alertó que “si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad será sólo un sueño. La universidad pública se defiende.” Y Joaquín Carvalho, el presidente de la federación cerró: “Señor presidente, salga y tome nota, es muy jodido meterse con los sueños de la gente”.

Para Hernán Letcher, egresado de la UBA y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “la masividad de la convocatoria ilustra la importancia que le da la sociedad argentina a la universidad pública. Es una bocanada de aire fresco, efectivamente en la Argentina puede haber otro proyecto y podemos vivir distinto”. Además destacó que “Milei ataca abiertamente la universidad. Los docentes hacen malabares para sostener su vida y obviamente para tratar de sostener la universidad. Al Gobierno no le importa nada. Ayer mismo recortó el presupuesto universitario, de salud”, agregó en alusión a la reasignación de partidas del Presupuesto 2026, que en educación significa una baja de 78 mil millones de pesos. Al ser consultado sobre el contexto general del país, el economista alertó: “Imagínense qué significaría para los argentinos que Milei pueda ganar el año próximo. Ganó el año pasado y éstos son los resultados. Acá no hay ningún relato. Esta es la realidad”. Y sentenció: “El país que nos proponen es uno en donde estemos todos muertos”.

Carla Sagulo, es docente del Taller de Lectura y Escritura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y trabaja en el ingreso a la universidad, donde hay mayor afluencia de estudiantes por lo que puso el foco en la situación del alumnado: “Es compleja porque se dejan de dar becas y muchos de nuestros estudiantes las necesitan para llegar a la universidad. Además se da en un contexto de empobrecimiento general, no es solamente la universidad, el país entero está empobrecido, los estudiantes no tienen ni para comprar fotocopias”.

Oídos sordos

La educación pública es uno de los blancos favoritos del gobierno. Eso incluye también a los hospitales universitarios: la semana pasada alertaron que podrían dejar de funcionar en 45 días por falta de recursos. Ayer todas las facultades de la UBA se sumaron a las clases públicas, metodología de visibilización de los reclamos que se viene aplicando hace tiempo.

La comunidad educativa de todo el país ya no sabe cómo hacerse escuchar por el gobierno y detener la lenta agonía presupuestaria a la que la están sometiendo. La cantidad de gente en las calles de todo el país dejó un mensaje claro. Falta saber si el gobierno está escuchando.

Lo que el fuego se llevó

Lo que el fuego se llevó

Después de cinco meses de iniciados, se declararon extinguidos los incendios patagónicos. La afectación de la biodiversidad, el impacto emocional de la sociedad y la organización comunitaria solidaria como saldo.

Foto: Brigada del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)

Se declararon oficialmente extinguidos los incendios de Chubut iniciados este verano. Se estima que se perdieron 77 mil hectáreas de bosques andino-patagónicos, según afirmó a este medio Mariano Amoroso, ingeniero agrónomo e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET).

El primer foco ígneo, llamado “Puerto Café” se registró durante diciembre en el Parque Nacional Los Alerces. Mientras que en enero de este año se había desatado otro en Puerto Patriada llamado “Primera-Cantera”. ¿Cuál es el balance, pasados casi cinco meses de esos siniestros?

Los incendios de “nueva generación” reciben su nombre por la severidad con la que el fuego quema, lo cual es producto del cambio climático. Según un informe del World Weather Attribution en conjunto con el CONICET, durante este verano en la Patagonia hubo temperaturas superiores a los 38 °C y vientos de hasta 50 km/h que estimularon la propagación del fuego. Además, entre noviembre y enero, la intensidad de las precipitaciones en la región fue de un 20%, lo cual está por debajo de lo normal y propicia un ambiente de sequía. “Se están quemando bosques jóvenes, que se quemaron hace 15 o 25 años. Algo que en el ciclo previo a estos nuevos incendios, no ocurría. Y la biodiversidad de los bosques maduros que se quemaron va a llevar 200 años en regenerarse”, expresa Amoroso.

Parque Nacional Los Alerces en febrero de 2026. Foto: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo.

La biodiversidad afectada

El investigador alertó sobre la quema de bosques nativos de especies como el ciprés, el colihue, el radal, el maitén, ñires, y lenga. También se vieron comprometidos los bosques de alerces dentro del parque nacional que lleva su nombre. Ante este escenario de vulnerabilidad de especies autóctonas, se abre la ventana de supervivencia para las variedades exóticas como el pino o aquellas que no se regeneran por semilla, sino que son herbáceas, es decir no productoras de leña o madera, y que tienen alta capacidad de rebrote. “No quedan muchos individuos que puedan proveer semilla. Puede verse comprometida su regeneración futura si no hay legados vivos en las zonas afectadas del incendio de Chubut”, dice Amoroso.

Tanto las especies herbáceas como los pinos son fuente de combustible vegetal, lo cual alimenta las chances de expansión del fuego. Por lo tanto, hay un cambio en el paisaje que se vuelve más propenso a llamaradas, y afecta al patrimonio nacional, como a lo socio-económico dada la pérdida de bienes materiales como la leña o la madera de las que las comunidades locales hacen uso. En consonancia, Hernán Ñanco, perteneciente a la Brigada del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) exclama: “El bosque andino-patagónico eventualmente morirá, porque no puede adaptarse a este régimen de fuego, que seguirá empeorando”.

Otras secuelas son los cambios en el comportamiento de la biodiversidad animal: “Muchas especies se están viendo forzadas a moverse a los centros urbanos. Uno empieza a encontrar zorros cerca de las rutas, aves en otros lugares. Localmente, hubo una mayor presencia de roedores en escuelas, en zonas urbanas y rurales. Tienen que salir a buscar amparo, lo cual se va a ver más fuerte en invierno”, dice Amoroso y agrega: “Los incendios de ‘nueva generación’ lo que hacen es liberar una cantidad enorme de carbono en el ambiente, lo que de alguna manera contribuye al problema del cambio climático.”

Foto: Brigada del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)

Desinterés intencional

 El recorte de presupuesto para las provincias, el enjuiciamiento que hizo el gobernador de Chubut,  Ignacio Torres, a brigadistas voluntarios o a integrantes de las comunidades tehuelche-mapuche acusándolos de los incendios, y las omisiones de los gobiernos provincial y nacional a brindar ayuda son acciones que parte de la sociedad ve que guardan relación con los intereses mobiliarios, de extractivismo y megaminería. “Post incendio, cada jurisdicción y el Estado Nacional deberían dar un soporte para arreglar, para limpiar, para volver a poner todo en stock y funcionamiento. Eso a nivel Nación no está funcionando” dice Ñanco.

Por su parte, Andrea Baylet se expresó sobre la espalda que dio a la situación el mismo gobernador de Chubut: “Sabemos que Torres hasta cortó la ruta mientras todo se prendía fuego. Nos impedía el paso para poder apagarlo. Sí se trabajó con bomberos y brigadas oficiales, que son las instituciones que están para eso, pero que también andan en un estado deplorable con una subejecución de los presupuestos casi en un 80%”.

Claudia Elisabet Sastre, que vive en el lote 66 del Paraje Arroyo Minas y es comunicadora en la Radio Asamblea Epuyén, dice: “En nuestro caso se acercó personal de salud y un equipo de Gobierno de la Provincia. Les comentamos los daños pero no nos dieron número de expediente. Nosotros, en shock, tampoco lo pedimos. De la municipalidad de Epuyén no se acercó nadie. Lo que le interesa al gobierno es mostrar casas reconstruidas y solo considera damnificados a quienes perdieron su vivienda. Lo cierto es que se quemó mucho más que el bosque. La herida generada en la sociedad a través de enfrentamientos por intereses y dinero es muy profunda. Y la ruralidad, silenciosa y sufrida, parece condenada a desaparecer”.

 

El gobernador Ignacio Torres en Puerto Patriada en enero de 2026. Foto: Prensa Chubut.

Ayuda autogestiva

Las últimas catástrofes ígneas sucedieron en focos interface. Es decir, en espacios forestales conectados a zonas urbano-rurales. Por lo que no solamente se vieron afectadas la flora y la fauna. Amoroso señala que es un fenómeno de los últimos seis años el involucramiento de la sociedad civil en el combate y asistencia de estas catástrofes de la Patagonia andina.

La solidaridad colectiva aparece ante el descomunal avance del fuego y la poca respuesta del Gobierno provincial y nacional. Al respecto, ANCCOM dialogó con diferentes personas damnificadas como al servicio de ellas que pusieron y siguen poniendo el cuerpo.

Reconstruyendo Epuyén, por caso, es una comunidad organizada que se formó a partir de los incendios del verano de 2025, inicialmente como una asamblea de vecinos donde contener, encontrarse y unificar los reclamos. Esta localidad del norte de Chubut es una de las más afectadas y desamparadas.

A partir de las distintas necesidades que surgieron, Reconstruyendo se encargó de armar mil viandas por día para combatientes del fuego, voluntarios, así como para las personas que sufrieron daños materiales. También recolectó donaciones de ropa para brigadistas que no tenían el equipamiento adecuado, y combustible para los vehículos. Además, armaron una red circular de herramientas para quien las necesite. Otra gran labor son las “mingas” de reconstrucción de hogares, que durante el invierno cesan por las lluvias y el frío. Desde la comunidad señalaron que su trabajo hoy sigue siendo el de reconstruir las casas perdidas en el incendio del verano de 2025.

ANCCOM habló con una de las personas encargadas de la logística y damnificada que perdió su taller de encuadernación. Sus conocidos la llaman Tor: “En el incendio del año pasado, se quemaron más de 70 hogares, hubo pérdida de galpones, alambrados, animales. Sumado a que después de un año tuvimos este otro donde se quemaron alrededor de 40 hogares. Se calculan más de 300 familias afectadas solo en Epuyén”. En lo que va del año ya ayudaron a 50 de ellas a levantar sus viviendas. También se está proveyendo de alimentos a 15 familias, dado que la crisis también es económica: “Al haber perdido dos temporadas turísticas, donde no se pudo trabajar, se siente muchísimo la necesidad de la gente de poder comer”, afirma.

En tanto, el Centro Cultural Galeano, en El Bolsón, cuenta con una cocina comunitaria que hace casi 30 años que se pone en funcionmamiento ante toda catástrofe que se desate en las localidades vecinas. El año pasado conformaron la llamada Brigada Morfi,  que brinda alimentos a las brigadas, a las “mingas” de reconstrucción o a familias que lo precisen.

La referente del espacio,  Mercedes Casal, cuenta que hubo y hay un fuerte trabajo transversal con otras organizaciones como Reconstruyendo Epuyén o el Centro Integrador Comunitario (CIC), este último encargado en logística de ropa y herramientas. Respecto a la labor de Brigada Morfi, dice: “Este año, al tener el incendio más lejos, lo que hicimos fue constituirnos en apoyo. Ahora cosechamos fruta, hacemos conservas de dulce, escabeche, panes, tortas, tartas. Y donde sabemos que hay una minga, una familia que necesita, mandamos. Ya no es una tarea diaria, lo hacemos cuando podemos.”

El fuego también arremetió contra zonas más rurales y postergadas de ayuda. Sastre, la  comunicadora en la Radio Asamblea Epuyén que vive en el Paraje Minas, tras los incendios de este año perdió su chacra, mangueras y alambrados. Sobre la situación actual en zona expresa: “Estamos en total abandono. No tenemos ni siquiera agua potable para tomar”.

Impacto psicológico

Las secuelas también son emocionales, y la contención a veces es poca o sale de los brazos de las mismas personas que se organizan comunitariamente. Tor comenta: “En Epuyén tenemos la necesidad de recibir ayuda terapéutica además de material. Hay un ambiente de tristeza, enojo, frustración, decepción y depresión. Al gobernador de Chubut ya hemos tratado de pedirle una mano y no hubo respuesta. Capaz que desde la comunidad podamos encontrar algún acompañamiento, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Cholila, en dos meses se suicidaron tres jóvenes. Esto es una alarma.”

Sastre agrega: “En lo emocional sufrimos tres evacuaciones preventivas y todo el estrés y el pánico que genera. Sumale la tensión y la responsabilidad de ser la única radio que estaba al aire transmitiendo la emergencia. Acá no tuvimos ni tenemos contención emocional. Hay más que nada terapias alternativas. Creo que había algunos psicólogos pagos en el hospital, pero te dan turno a meses. Yo tuve ataques de pánico, tengo una insuficiencia cardíaca y me las arreglo como puedo. Aún no pude volver al aire.”

Casal, por su parte, recuerda: “Somos un espacio de contención de nosotres mismes primero. Yo no me podía quedar en mi casa mirando por la ventana y tampoco podía apagar el fuego. Y la cocina tiene eso de que es un lugar de encuentro, de amor. Había una mujer de unos 73 años que perdió su casa. Entonces vino al Galeano diciendo: ‘Quiero colaborar’. Nosotres le dimos como tarea, rotular con los gustos las bolsas de papel con empanadas que mandábamos. Y ella aprovechaba y dejaba mensajes a la gente como ‘Que llueva’, y Hecho con amor’”.

Para quienes combatieron el fuego también hubo consecuencias psicológicas. Andrea Soledad Baylet, que forma parte de la Brigada voluntaria Cumeche, este año asistió los incendios en Loma del Medio, El Hoyo, Rincón de Lobos, El Pedregoso, El Coihue y Epuyén. “Me volví al día 33 de fuego porque te quema la cabeza. Estuve dos meses bajo la cama con mucha angustia. Todo lo que no sentí durante el fuego, de repente cae”, recuerda.

Por su parte, Ñanco de la Brigada Nacional,  esta temporada estuvo trabajando en los incendios de El Turbio, Puerto Patriada, Puerto Café y Cholila. Y cuenta: “Muchos brigadistas tienen problemas depresivos, con sustancias, congestión de emociones, pero no lo tratan a no ser que lo hagan de manera personal, no en grupo, y no parece haber una apertura por parte de los servicios de incendios a que esto suceda. Sí a veces hablamos un poco de nuestros traumas, pero en forma de chiste y no con una reflexión marcada”.

Prevención

Actualmente en Chubut y en e El Bolsón se están realizando tareas en zonas turísticas como la reducción de vegetación, a través de quemas prescriptas para que en los futuros incendios el fuego tenga menos vegetación para quemar. Además se hacen plantaciones de bosque. Ñanco comenta sobre la preparación de combatientes: “El Servicio Nacional capacita a todas las provincias y bomberos que lo soliciten. El año pasado se agregó un curso de maniobras seguras en zonas de interfaz urbano-rural. Pero hay un límite en nuestro trabajo. Si no se gestiona el territorio no va a servir de nada, porque vas a estar en una situación de fuera de capacidad de extinción, que es lo que está ocurriendo.”

En 2026 se aprobó un recorte presupuestario del 70% respecto del año pasado para el SNMF, y su ejecución tiene un enfoque reactivo durante los incendios y no preventivo. Amoroso explica: “Entender el día después significa abordar el día previo al próximo incendio. Es más económico y eficiente trabajar en la prevención. No tenemos capacidad operativa para plantar 77 mil hectáreas. Primero, los estados provinciales y municipales tienen la obligación de hacer una evaluación de los tipos forestales quemados para entender qué lugares van a tener posibilidad de regenerarse solos, y en qué lugares tengamos que nosotros salir a reforestar con nativas; estudiar también qué medios de vida se vieron afectados, evaluar riesgos de desprendimiento. Y a partir de ahí definir prioridades. No se puede responder en un año a todas las problemáticas.”

Baylet, de la Brigada Cumeche, explica que se están gestionando campañas de concientización y cómo están formalizando su preparación ante las próximas temporadas,  donde la sociedad civil se visualiza combatiendo nuevamente la emergencia ígnea: “Se va dando como comunidad una nueva construcción de nuestro vínculo con el fuego. En la contingencia ya están juntando semillas y haciendo plantines de nativas; hay gente que está haciendo servicios de raleos, les compas de las brigadas nos venimos capacitando y también homologando criterio y haciendo mapeos; hay cursos de primeros auxilios; hay una red de apañe psicológico para damnificades y para brigadistas; las brigadas en sus barrios están haciendo reservorios, capacitaciones a los vecinos de cómo hacer prevención.”

Por su parte, Casal expresa la urgencia de sostener lo colectivo: “Esto que pasa acá es una puntita de lanza de muchas cosas graves, como la ley de glaciares. Pretender que alguien se haga cargo de esto es como de alguna manera soltarlo y me parece que no hay tiempo para hacerlo. Tenemos que empezar a confiar más en el poder popular.”

Los hospitales universitarios de la UBA están a punto de cerrar

Los hospitales universitarios de la UBA están a punto de cerrar

En una conferencia de prensa, sus directores denunciaron que no recibieron los fondos para los gastos de funcionamiento correspondientes a 2026 y que si la situación no cambia, en 45 días ya no podrán funcionar.

Los directores de la red de hospitales de la Universidad de Buenos Aires realizaron  esta mañana una conferencia de prensa en el Hospital de Clínicas. Estuvieron presentes Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas José de San Martín, Roxana del Águila, directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo y Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. “La conferencia es para informarles que estamos en una situación económica grave” arrancó Melo, quién además alertó: “Está en peligro la atención”. También reclamaron por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, detallaron la situación de los hospitales y convocaron a la marcha federal de la semana próxima.

En los hospitales de la UBA se atienden por lo menos 700 mil personas por año. Según denuncian desde la red, en lo que va del 2026 el Gobierno nacional no envió los fondos para el funcionamiento operativo de las tres instituciones. Ante ésto, los directores mostraron preocupación sobre la atención sanitaria, que “peligra” y “está en crisis” aseguran. 

Entre los detalles de la Ley de Presupuesto del 2026 destinado al financiamiento de las universidades, 80 mil millones de pesos corresponden a los hospitales, de los cuáles 20 mil millones son, mejor dicho, eran para el funcionamiento del primer cuatrimestre y el Estado no ejecutó un sólo peso. “Esto significa que el hospital no puede comprar insumos ni medicamentos, no puede pagar honorarios y todo eso hace al funcionamiento diario del hospital”, explicó Melo. 

“De a poco fuimos apagando el hospital”, declaró Melo. Foto Archivo 2024.  

El incumplimiento es doble, el Presupuesto propio del Ejecutivo y la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado por dos tercios del Congreso y ratificada por dos instancias judiciales. Si la situación se extiende peligran los servicios de la red de salud. “El funcionamiento del hospital se va a ver muy afectado. Dentro de un mes y medio, podría dejar de funcionar” declaró Melo. Además, el director del Clínicas detalló: “Afecta en la parte asistencial porque  tenemos que achicar el hospital, la cantidad de cirugías, los tratamientos médicos, la compra de insumos, de descartables. También se ve afectada la formación. Un gran porcentaje de todos los profesionales de salud en el país se forman en las universidades públicas. Y el último pilar del hospital es la parte de la investigación que está cercana a cero. No genera conocimientos, no genera proyectos y el hospital se va desactualizando”. 

“Tenemos que recurrir a todo tipo de ingeniería que se puedan imaginar. Desde el retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, el retraso en la atención, recurrir a donaciones, colaboraciones. El dinero que puede ingresar por el cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga, debe ser utilizado específicamente para gastos de emergencia, de insumos, medicamentos”, destacó a su turno en la conferencia el doctor Lafos.

El Hospital de Clínicas

Según Melo, el Hospital de Clínicas está funcionando al 50 por ciento. “De a poco fuimos apagando el hospital”, declaró en la conferencia de prensa. La situación es extremadamente grave. “Al no tener presupuesto no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Vamos haciendo con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores que aceptan entregar los productos a expensas de ir generando una deuda pero tampoco podemos generar deudas que sean después imposibles de solventar”, detalló el director. Según estima, en 45 días el Clínicas ya no podrá funcionar dignamente. “Achicamos la empresa de seguridad, la empresa de limpieza, las licitaciones de la compra de los medicamentos, los honorarios para los anestesistas, que obviamente cada paciente que se opera precisa un anestesista, precisa medicamentos, precisa descartable y todo eso es plata y esa plata no la tenemos y cuando queremos hacer cirugías, si no tenemos el proveedor que entrega esos suministro, no la podemos realizar” alertó Melo. 

El servicio médico gratuito fue parte de la jornada de visibilización en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario el pasado 24 de abril. 

La situación del Roffo

El Roffo se fundó en 1922, es el primer instituto de oncología de Latinoamérica. Actualmente atiende a más de 110 mil pacientes por año y pertenece a los hospitales escuela de la UBA, por lo que entre sus paredes se han formado la mayoría de los oncólogos argentinos. Su directora, la doctora del Águila contó que no sólo tienen problemas presupuestarios sino que “no tenemos el acelerador lineal, no está funcionando correctamente” en referencia al aparato que se utiliza para radioterapia. “En los pacientes con cáncer esto crea una gran incertidumbre y angustia. Y para los trabajadores de la salud también, es una gran impotencia no poder cumplir correctamente con nuestras funciones”, declaró la directora de la institución.

Por su parte, en diálogo con ANCCOM, Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología Clínica del hospital, explicó que la medicación oncológica “no depende de nosotros sino de las obras sociales o del Ministerio de Salud, a veces hay demoras pero nosotros tratamos de tener alguna  para llegar a cubrir las necesidades”. Al ser consultada por la radioterapia contó que “el acelerador lineal no funciona desde el año pasado y sale muchísimo dinero por eso los tratamientos radiantes se están derivando a otros centros. Muchas veces los pacientes hacen quimioterapia con nosotros y paralelamente la radioterapia en otro centro. Lamentablemente es la realidad que tenemos”. Sobre la situación personal, Cáceres comentó: “A mí me genera muchísima angustia por los pacientes, por los profesionales y todo el personal que trabaja en el instituto, los números hablan por sí mismos. Nuestros médicos brillan a nivel nacional e internacional y da vergüenza decir el sueldo que ganamos”.

Según explicó Cáceres, el instituto es el único hospital oncológico que funciona por patologías, “unidades multidisciplinarias donde el oncólogo, el radioterapeuta, el cirujano, el especialista en diagnóstico por imágenes, y el anatomopatólogo se dedican a una sola patología, por ejemplo, cáncer de mama. Todos discuten el tratamiento de la paciente acortando los tiempos, aumentando digamos esta subespecialización. Estamos formando especialistas en subespecialidades de la oncología. O sea, es fantástico lo que estamos intentando hacer. Obviamente con todas las restricciones que tenemos”.

De la UBA dependen seis hospitales: el Hospital de Clínicas «José de San Martín», el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. La política llevada a cabo por el Gobierno pone en riesgo no sólo las prestaciones de estos hospitales sino los de otras universidades nacionales, y hackea todo el sistema educativo, que prepara una nueva marcha federal para el próximo 12 de mayo. 

 

Una semana sin prensa

Una semana sin prensa

El cierre de la sala de prensa generó denuncias por restricciones al trabajo periodístico y al acceso a la información. Aunque el gobierno decidió reabrirla, el episodio expone tensiones sobre el rol de la prensa y el vínculo entre información, poder y democracia.

Durante la última semana, la Casa Rosada funcionó sin la presencia habitual de periodistas acreditados, luego de que el Gobierno restringiera el acceso a la sala de prensa sin previo aviso, en medio de una investigación interna vinculada a un presunto caso de espionaje. La decisión generó denuncias por limitaciones al trabajo periodístico y al acceso a la información. En las últimas horas, sin embargo, el escenario comenzó a modificarse: desde el propio Gobierno se dio a entender que la sala sería reabierta, aunque la tensión de fondo persiste. 

Para Diego Ruiz Díaz, periodista acreditado en Casa Rosada para Radio Provincia, el cierre no fue un hecho aislado sino parte de un proceso más amplio. “Uno ve un proceso de parte del Gobierno que va a empezar a acotar un poco más el acceso a la información, a los despachos”, sostuvo. En esa línea, recordó que ya existían restricciones previas, formalizadas incluso en resoluciones oficiales, que limitaban la posibilidad de filmar o circular libremente dentro del edificio. “Hay un montón de factores que se fueron incluyendo cada vez más hasta llegar a esto. Jamás hubo en democracia una situación igual”, afirmó.

El impacto, según el periodista, excede a la dinámica interna de la Casa Rosada e impacta directamente en la sociedad. “Hay una repercusión en la información que recibe la ciudadanía”, advirtió. En particular, señaló que el gobierno busca “transmitir directamente” a través de redes sociales, sin intermediación periodística. “Molesta tener a periodistas dentro de un lugar de poder”, resumió, y definió la situación actual como “extrema” en relación a experiencias anteriores.

El escenario cambió este viernes. “Estamos mejor, la sala se va a abrir. Están mandando las acreditaciones para todo el año y la conferencia de prensa podría ser el martes”, aseguró Gustavo Abu Arab, decano de la sala de periodistas de Casa Rosada, aunque aclaró que aún no hay confirmación oficial definitiva. El periodista vinculó el cierre a un hecho puntual: la filmación en un área considerada sensible. “Se parte de un hecho puntual y se vuelve una sanción amplia sin que se haga responsable el medio”, explicó. En ese sentido, planteó que la medida fue desproporcionada en relación al episodio que la originó.

Más allá de la coyuntura, Abu Arab defendió el rol estructural del periodismo dentro del funcionamiento democrático. “No hay otra manera de hacer periodismo que desde la Casa de Gobierno. La actividad central del gobierno argentino debe estar en manos de la prensa”, afirmó.

El conflicto también se inscribe, según el periodista, en un contexto más amplio de transformación del ecosistema informativo. “Hoy cada teléfono es periodismo”, señaló, en referencia a la irrupción de las redes sociales y la dificultad de sostener criterios comunes en un escenario atravesado por la inmediatez, la confrontación y múltiples interpretaciones de la realidad.

Desde el plano legal, el abogado Damián Loreti —quien presentó el amparo en representación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba)— señaló que la medida no se encuadra como una sanción formal. “Para que haya una sanción tiene que haber un sumario, derecho de defensa y una decisión fundada. Acá empezaron por la decisión, que ni siquiera está formalizada en papeles”, explicó.

En ese sentido, la definió como “una medida de restricción genérica” y advirtió que el Estado “no puede limitar el acceso de periodistas a espacios oficiales salvo en casos excepcionales y debidamente justificados”.

En paralelo, Ruiz Díaz advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales del sector y sus efectos en la calidad informativa. “La profesión está muy difícil por los bajos sueldos y los despidos. Donde más la sociedad necesita información, más aparecen las fake news”, sostuvo. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de “volver a tener un periodismo de calidad».