«Sin medios comunitarios, la libertad es verso»

«Sin medios comunitarios, la libertad es verso»

Sindicatos y representantes de medios comunitarios se reunieron para exigir la entrega de fondos al sector para garantizar la pluralidad de voces en la esfera pública. El Ente Nacional de Comunicaciones se encuentra intervenido y se desconoce el destino de los recursos del FOMECA desde la asunción de Milei.

Bajo un cielo gris, en el centro porteño, precisamente en la calle Perú 103, se agrupan paraguas, carteles, cámaras y micrófonos. Frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), trabajadores de prensa y comunicación se concentran bajo la lluvia que empapa el ambiente. La esquina que da acceso al organismo se encuentra vallada. El  único rincón de paso está vigilado por un policía que, firme, interroga a cada persona que intenta cruzar. A través de un criterio de selección –desconocido– permite o reorienta a los caminantes.

A tan solo unos metros tiene lugar la asamblea convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Red de Medios Digitales y la Confederación de Medios Comunitarios y Alternativos. El lema del acontecimiento: “Sin medios comunitarios la libertad es verso”. Además, adhieren varios gremios como la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Televisión Satsaid, el Sindicato de Prensa de Rosario, la Asociación de Comunicadores Argentinos por Internet, AATECO y CEADU.

 

La asamblea se lleva a cabo bajo un contexto en el que el ENACOM se encuentra intervenido por el gobierno de Javier Milei, gestión designada por decreto en la que Juan Martín Ozores asumió todas las funciones eliminando el Consejo Federal de Comunicación, como también, paralizando los fondos de fomento (FOMECA) para medios comunitarios, populares e indígenas. El ENACOM recauda mensualmente un gravamen que pagan todos los medios de comunicación –grandes, pequeños, comunitarios o privados– del que un 10 por ciento debe ser asignado por ley a los  FOMECA. Tanto los fondos como la Dirección de Fomento dentro del Ente Nacional de Comunicación siguen vigentes, la pregunta es: ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Qué sucede cuando se desfinancia por 18 meses el acceso a la pluralidad de voces?

Con la consigna: “¿Dónde está la plata?” las distintas organizaciones evidencian que el actual interventor Ozores decidió paralizar el fomento a los medios cooperativos y comunitarios, incumpliendo la ley y que, además, debe millones de pesos a proyectos en curso, incluso a pesar de que sigue recaudando el impuesto de esta asignación específica.

 

Se enciende el megáfono, junto a las cámaras y micrófonos de los presentes. La asamblea ocupa el espacio público. “¿Qué hacen además de cobrar el sueldo con nuestro dinero? El impuesto se sigue pagando y el financiamiento no llega, acá hay una deuda que el organismo tiene que pagar, vamos a estar acá hasta que nos paguen, y seguir haciendo crecer a nuestros medios”, expresa Natalia Vinelli, integrantes de Barricada TV, abriendo la ronda de intervenciones. La crisis de los medios comunitarios se intensifica. El trabajo se precariza cada vez más y es el blanco de represión y hostigamiento desde el aparato estatal. “Este es un gobierno que está obsesionado con atacar a los trabajadores de prensa. El no pago del FOMECA también tiene que ver con ese ahogo que ejercen hacia los medios que podemos tener una visión crítica. La palabra federal y plural es clave para que se cumpla la libertad de expresión que quieren acallar. Somos nosotros los que estamos contando todo el tiempo lo que pasa, somos fundamentales y este fondo es fundamental para sostener a los medios de comunicación comunitarios que acercan información a todo el país”, manifiesta Martina Noailles, secretaria de Medios Autogestivos del SIPREBA

A pesar de exigir respuesta, el diálogo por parte del ENACOM es nulo. “Ya no podemos más, estamos totalmente estrangulados, necesitamos respuestas urgentes, nuestros medios se están callando porque no nos podemos sostener más”, advierte Emilia Calderón, integrante de la radio comunitaria de La ranchada, de Córdoba.

La asamblea en Perú 103 también contó con la presencia de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), agrupaciones de jubilados y estudiantes y directivos tanto de la UBA -el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego de Charras- como de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros espacios. Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA tomó la palabra y afirmó el apoyo y acompañamiento de la institución. Además, expresó:  “Necesitamos a los medios comunitarios, creemos que  toda esta política cultural de desguace es el correlato cultural de un proyecto económico de saqueo y de un proyecto político profundamente individualista. Necesitamos salir de las burbujas de opinión y de mentiras, necesitamos que los medios comunitarios y universitarios sigan informando para poder unirnos y acompañar las luchas”.

En medio de la lluvia, la asamblea de medios comunitarios logró ocupar el espacio público al canto de “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”. La asamblea concluye con la entrega de una carta documento con todos los reclamos en la sede de ENACOM y una foto colectiva con todos los participantes. “Vamos a arrancar un plan de lucha si es que no nos dan respuesta a nuestros pedidos”, advierte Lucas Molinari, integrante de Radio Gráfica. La comunicación está en emergencia y el mensaje está claro: Sin medios comunitarios, la libertad es verso.

 

Sobreseen a seis manifestantes enjuiciados por protestar en Chubut

Sobreseen a seis manifestantes enjuiciados por protestar en Chubut

Dos legisladores radicales los habían denunciado cuando fueron increpados por votar el RIGI. Después de diez meses de estigmatización y criminalización fueron absueltos.

Protesta frente a la Legislatura de Chubut el pasado 15 de agosto. Foto: Gentileza Anibal Aguaisol

Los seis manifestantes denunciados por dos diputados radicales tras las protestas contra la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fueron notificados de su sobreseimiento en una causa judicial que, desde el inicio, había sido denunciada como armada y persecutoria.

A pesar de la contundencia de la resolución, que se emitió el pasado 30 de junio, los medios provinciales que durante el proceso promovieron el escarnio público contra los acusados, optaron por no difundir la noticia del fin de la persecución penal. Los manifestantes esperaron un tiempo antes de dar a conocer la resolución judicial, con la esperanza de que los medios se hicieran eco por sí mismos. Como esto no ocurrió, decidieron finalmente comunicarlo públicamente.

Los hechos se remontan al 15 de agosto de 2024, cuando la Legislatura chubutense aprobó la adhesión al RIGI. Aquel día se desarrollaron jornadas de protesta frente al edificio legislativo, como expresión de rechazo a esa medida. En ese contexto, durante un cuarto intermedio, los diputados radicales Luis Juncos y María Andrea Aguilera se dirigieron a un bar cercano. Un grupo de manifestantes los reconoció y se acercó a interpelarlos sobre su voto afirmativo.

El intercambio, que fue grabado en video por los asistentes y transmitido en vivo por redes sociales, no implicó agresiones ni amenazas físicas. Sin embargo, horas más tarde, ambos legisladores presentaron una denuncia por supuestas amenazas y violencia, la cual fue luego ampliada por el vicegobernador Gustavo Menna, quien ni siquiera se encontraba presente durante los hechos.

Los seis imputados fueron Aníbal Aguaisol, Iván Marín, Noelia Silva, Bettina Granillo, Vilma Pérez y Luis Alejandro González. Todos ellos tienen una trayectoria reconocida en la defensa del ambiente, la educación pública, los derechos humanos y la comunicación alternativa. 

La maquinaria de la criminalización

Desde un inicio, la causa estuvo atravesada por una clara intención de disciplinamiento. En una primera instancia, el Poder Judicial impuso una orden de restricción de acercamiento a 500 metros de los legisladores, a la Legislatura y, en un caso llamativo, a la hija menor de edad de la diputada Aguilera, quien habría estado presente durante el altercado. Sin embargo, las pruebas fílmicas descartaron de forma contundente que la menor haya sido objeto de agresión alguna, como denunciaban los diputados. Incluso la fiscalía no consideró esa parte en la acusación formal.

Vilma Pérez contó que incluso la madre de la menor implicada habría ofrecido durante el proceso judicial que se la someta a una cámara Gesell, un método de interrogación y observación utilizado comúnmente durante procesos judiciales cuando se tiene que tomar declaración de niños, niñas y adolescentes. “Esa diputada, esa madre, entregó a su hija haciéndola mentir. La expuso públicamente, siendo una adolescente, con todos los riesgos que eso implica. Esa niña está criada para mentir, para conseguir todo con mentiras”, comentó.

“Era ridícula la restricción porque no podíamos entrar a Rawson”, comentó a ANCCOM Bettina Granillo, docente jubilada y una de las denunciadas. Vive en Trelew, ciudad vecina a la capital, y relató que, tras la imposición de la medida, sufrieron persecución policial, restricciones a su vida cotidiana y limitaciones para manifestarse libremente.

Pocos días después, la medida fue reducida, ya que afectaba las condiciones laborales de los imputados. Algunos de ellos son comunicadores y periodistas, lo que les impedía incluso cubrir manifestaciones en la Legislatura y ejercer su libertad de expresión. La fiscalía reconoció que la policía estuvo presente durante todo el hecho y no actuó, lo que contradecía la idea de una situación violenta.

Foto: Gentileza Anibal Aguaisol

El doble estándar judicial

El pasado 3 de julio, en otra causa emblemática, hubo sentencia en la causa en la cual un grupo de manifestantes había denunciado torturas policiales tras ser detenidos durante una protesta. Inicialmente, se los amenazó con costas judiciales por más de 10 millones de pesos, cifra exorbitante e intimidante. Finalmente, sólo uno de los implicados fue condenado a pagar una suma considerablemente menor (alrededor de 500 mil pesos).

Este contraste evidencia cómo la justicia actúa bajo presión y de manera tendenciosa, exagerando las acusaciones iniciales y, luego, recortándolas en silencio cuando las pruebas o la opinión pública lo exigen. Pero el daño ya está hecho: los imputados atraviesan procesos largos, con persecución judicial y policial, obstáculos a sus posibilidades laborales, estigmatización pública y amenazas que afectan su vida cotidiana durante años.

“No hay sanción para quienes nos denuncian falsamente”, remarcó Iván Marín, periodista independiente y uno de los acusados. “Los medios hegemónicos, en términos generales, están alineados con el extractivismo, reproducen la voz del gobierno de turno y nos usan como ejemplo para disciplinar la protesta”.

Un mes después del episodio en el bar, Marín fue detenido nuevamente mientras cubría una manifestación de empleados estatales. Ya regía la reducción de la medida de restricción, y él se encontraba cumpliéndola. “Los policías me dijeron que tenía que estar a 500 metros, me detuvieron igual. Obviamente volví a salir en todos los medios como un violento, cuando no había hecho nada”, denunció.

Poner el cuerpo tiene su costo

Además de ser activistas, muchos de los imputados ejercen oficios vinculados a la comunicación, a la docencia y el acompañamiento social. Y es precisamente allí donde la persecución también actúa: afectando sus medios de vida y estigmatizando su rol social.

Aníbal Aguaisol es psicólogo, docente universitario y fotógrafo independiente. Cámara en mano, viene documentando desde hace más de una década las luchas sociales y la criminalización de la protesta en Chubut. “La denuncia que nos hicieron se enmarca en una serie, un proceso de criminalización de la protesta donde el poder de turno se articula con una justicia genuflexa y una prensa cómplice”, dijo.

“Yo creo que mi trabajo tiene que ver con la forma que encontré para que se intersecten mi militancia con la fotografía”, reflexionó Aguaisol. “La fotografía tiene una potencia enorme para mostrar una realidad que está invisibilizada por los discursos hegemónicos”, completó.

Aquel día, Aguaisol llegó con su cámara minutos después del inicio del cruce con los diputados. Para entonces, la menor ya se había retirado, sin embargo, también se le impuso una restricción de acercamiento al colegio de la niña. “Además coordino un grupo de hombres que han ejercido violencia de género”, contó. “Fue una paradoja enorme que alguien que trabaja para erradicar la violencia haya sido denunciado como violento. Me dolió mucho. Esa denuncia, que ahora sabemos que es falsa, manchó mi nombre”.

Aníbal Aguaisol es psicólogo, docente universitario y fotógrafo independiente. Documenta desde hace más de una década las luchas sociales en Chubut. Deslizá para ver algunas de coberturas. 

Vilma Pérez, activista mapuche, docente con más de 35 años de trayectoria y directora de una escuela, también fue blanco de la difamación. “Trabajo con chicos en situación de vulnerabilidad. Imaginate lo que fue para mí ver que todos los medios decían que una directora había maltratado a una nena y no la dejó salir del lugar”, comentó. “Había una radio comunitaria filmando en vivo, había vecinos grabando: se ve todo, desde que entramos hasta que nos fuimos”. Y agregó: “No les importa que sea mentira, el vicegobernador Menna y la diputada Aguilera iniciaron esta causa sabiendo que mentían. Lo hacen para dañarnos públicamente. Yo quedé como la ‘docente mapuche terrorista’ que golpeó a una niña”.

El caso de Noelia Silva es particular. Ella, en su labor social y periodística, ha estado presente en la inmensa mayoría de las causas sociales, lo que la ha convertido en protagonista de muchas de las denuncias. 

“Me gustaría aclarar que soy la única persona que está en todas las denuncias que hizo el Estado desde 2019 hasta hoy, eso me preocupa”, explicó. “Hay un video en el que le hago una pregunta a un diputado y Menna, desde la presidencia de la Legislatura, me hace callar y me dice que me van a imputar”. La imputación efectivamente llegó una semana después.

Además de las causas personales, Silva también sufre el silenciamiento institucional hacia el medio en el que trabaja, Radio Sudaka, un espacio comunitario que difunde noticias desde una perspectiva alternativa. “En la Legislatura no nos dejan ingresar al palco de prensa, no nos dejan hacer preguntas”, denunció. “Es como estar totalmente marginados de todo lo que es la esfera comunicacional en la zona. Y no hay medios que cuenten ninguna de las cosas que cuenta el nuestro”.

Sobre esto reflexionaron algunos de sus compañeros. “Hay una lógica en la que el Gobierno Provincial persigue y restringe a los pocos medios que no reproducen su visión”, comentó Iván Marín, periodista independiente que fue despedido por uno de los diarios más importantes de la provincia por tomar un megáfono durante una protesta que terminaría con daños al edificio de aquella redacción.

“No podemos permitir que se vulneren derechos que se ganaron con tanta lucha, con tanta militancia popular”, comentó Pérez. Y reflexionó: “No podemos tener la actitud de ´ya está´. No está nada. Si no salimos a contar lo que nos pasa, todo queda encerrado en estos kilómetros de territorio y no se conoce, y más aún cuando los medios hegemónicos callan o negocian”.

Masiva marcha contra el genocidio en Gaza

Masiva marcha contra el genocidio en Gaza

Una nueva convocatoria de Marea Roja por Palestina recorrió el centro porteño hasta llegar a Plaza de Mayo para solidarizarse con las víctimas y repudiar el accionar del Estado de Israel.

Una nueva Marea Roja por Palestina copó este sábado el centro porteño. Pasado el mediodía, la esquina de Corrientes y Callao comenzó a llenarse. Banderas de Palestina y prendas rojas, como proponía la convocatoria, se alzaron cerca de las 15 para emprender la marcha hacia Plaza de Mayo, donde dijeron “No al genocidio en Gaza”.

Además de la Federación de Entiades Argentino-Palestinas, estuvo presente el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino que está integrado por diferentes agrupaciones: la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Judíes por Palestina, Liga con Palestina, FIDAI Palestina, Sandía (Coordinadora Transfeminista por Palestina), la Campaña Fuera Mekorot (en alusión a la compañía de aguas israelí que tiene convenio con algunas provincias), entre otros. También acompañaron centros de estudiantes, agrupaciones sociales y de izquierda, la columna Mostri y Jubilades Insurgentes.

“No es una guerra, es un genocidio” y “Desde el río hacia el mar, Palestina vencerá” fueron los reclamos que sonaron durante toda la jornada. En la extensión de más de tres cuadras, acompañada en todo momento por un cordón policial, la marea enfiló hacia Plaza de Mayo donde se hizo el acto central y se dio lectura al documento de la jornada. El recorrido incluyó dos paradas: frente al supermercado Carrefour y a la casa de comidas rápidas Mc’Donalds, ambas empresas señaladas como cómplices del genocidio, la masacre y el apartheid del pueblo Palestino.

Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino Palestinas comentó que “el alto el fuego es mentiroso porque sólo será verdadero cuando Palestina sea libre”.  Por su parte, Luciana Alter integrante de Judíes por Palestina, comentó: “Somos una agrupación de judías, judíos y judíes antisionistas, lo que estamos planteando es que no es en nuestro nombre el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino, no apoyamos eso, no apoyamos el genocidio” remarcó. Además, destacó que “Israel tira bombas con la estrella de David a niños y niñas diciendo que hacen eso en nombre de todos los judíos y lo que consiguen es que crezca el antisemitismo, lógicamente”. Al ser consultada por la jornada de hoy, Alter dijo que “la marcha es muy grande, por suerte en Argentina se está despertando el movimiento en favor de Palestina”.

Otra de las entidades presentes fue la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Claudia Cesaroni, abogada e integrante de la organización, destacó que “la liga tiene una historia de solidaridad internacionalista desde su origen y la solidaridad con el pueblo palestino es parte de las mejores tradiciones”. Sobre la posición del gobierno argentino destacó que “repudiamos no sólo las acciones de Israel sino también la de casi el único país en el mundo, además de Estados Unidos, que lo apoya, que lamentablemente es nuestro país”.

Cayó la tarde sobre la Plaza de Mayo en otra jornada de comunión por el pueblo de Palestina. “Hace noventa años que están sufriendo, con más crudeza a partir del 7 de octubre del 2023 [cuando Israel ocupó Gaza] porque están enfrentando un exterminio étnico por intereses económicos capitalistas, y por la teoría conspirativa supremacista del Estado de Israel” comentó sin detener la marcha Guillermo, integrante de FIDAI Palestina. Agregó que “Palestina es la causa del mundo porque es el ensayo de represión, despojo y asesinato, y si Palestina es derrotada lo van a reproducir en toda la humanidad”.

Por su parte, el diputado nacional del PTS Cristian Castillo subrayó la importancia de la jornada: “Hay que seguir estando en las calles, repudiando el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Son voces que crecen y en todo el mundo el repudio es masivo. Netanyahu está cada vez más aislado pero sigue con el genocidio. Todos los días hay nuevos palestinos muertos en Gaza, en Cisjordania, es una barbaridad y hay que redoblar la movilización internacional en solidaridad, que es el único camino para poder frenar este genocidio”. Castillo destacó que “esta movilización se hace en todo el país con un gobierno totalmente servil, que incluso quiere trasladar la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén”. Además insistió en que “este gobierno es totalmente cómplice del genocidio”.

En el acto central hablaron Tilda Rabi, presidenta de la Federación de las Entidades Argentino-Palestinas (FEAP), Abdallah El Tibi, residente palestino en argentina y Sofía, enfermera argentina que estuvo en la Franja de Gaza. Además de leer el documento recordaron a los palestinos atrapados entre el hambre y las balas, que casi 800 personas murieron desde el mes de mayo, cerca de los centros de distribución de ayuda desde que Israel permitió el acceso limitado de alimentos. 

 

 

“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

“No existen políticas públicas integrales para las víctimas de trata”

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90% en términos presupuestarios.

Encuentro en la Asociación de Mujeres en Argentina por los Derechos Humanos AMADH.

En un contexto de gran vulnerabilidad social y económica, la gestión de Javier Milei parece esforzarse en darle la espalda a las personas que más necesitan del accionar y el acompañamiento del Estado. En el caso de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, el desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas que les brindan ayuda económica y asistencia enciende las alarmas.

Según el último informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%. En lo que va del año, programas como “Restituir” y el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de Competencias Laborales para las Afectadas y los Afectados por los Delitos de Trata de Explotación de Personas” fueron eliminados a partir de la Resolución 246/2025.

Sumado a esto, el Decreto 1048/2024 ya había dejado sin efecto el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, que tenía por objetivo administrar los bienes muebles e inmuebles decomisados en causas judiciales relacionadas con los delitos de trata y explotación de personas, y el lavado de activos provenientes de dichos delitos, para luego ponerlos a disposición de las víctimas.

Además, el último informe realizado por la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) denuncia que el Comité contra la Trata, que funcionaba en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación fue trasladado, por medio del Decreto 318/2024, al ámbito del Ministerio de Seguridad, situación que no es recomendada por los organismos internacionales debido a la larga historia de connivencia entre las fuerzas de seguridad y el control de los prostíbulos.

En diálogo con ANCCOM, la doctora Aldana Ros, especializada en la temática de delitos de trata con fines de explotación sexual, expresa que “hay un incumplimiento de las obligaciones que fija para el Estado la Ley de Trata. El Estado tiene que brindar un acompañamiento y una asistencia no solo económica sino integral, que incluya recursos y herramientas que le permitan a una víctima llegar a imaginarse y comenzar un proyecto de vida”.

En este sentido, Ros remarca que no todas las víctimas son iguales. Cada una tiene sus propias particularidades, carga con una historia personal y con un derrotero que tiene que ver puntualmente con la trata. Por este motivo, es tan importante el acompañamiento que se les brinda y la atención a la salud física y mental para que logren desarrollarse, formarse y tener un trabajo. “Hay algunas víctimas que antes de ser explotadas sexualmente, cargan con otra vulnerabilidad de haber sido víctimas de algún tipo de violencia de género, ya sea abuso sexual en la infancia o violencia física, verbal o psicológica en el ámbito intrafamiliar o alguna violencia que hayan recibido en algún vínculo de pareja. Es decir, son múltiples las causales por las cuales una persona ya tiene una determinada vulnerabilidad, y que la hacen más vulnerable a ser captada por aquellos sujetos que están detrás del delito de trata”, señala.

 Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH.

En este marco de abandono por parte del Estado, y también de complicidad para ocultar este delito, son las propias sobrevivientes agrupadas en diversas organizaciones sociales las que asumen la ardua tarea de acompañar a otras mujeres. Por su parte, Graciela Collantes, sobreviviente y presidenta de AMADH, expresa que “nos costó mucho el proceso de poder reconocernos primero como víctimas y después como sobrevivientes. Fue un proceso doloroso, pero fue bueno poder despertar y que nuestras propias voces sirvan para alentar a las nuevas generaciones. Desde ahí también una pelea interna nuestra de reconocernos como personas, porque este sistema nos había destrozado la autoestima, teníamos mucha culpa, cuando había un Estado muy cómplice con el proxenetismo”.

En AMADH, Graciela y sus compañeras trabajan día a día y codo a codo para visibilizar esta problemática hace más de veinte años. “En principio, nosotras nos organizamos para visibilizar los golpes y la persecución policial. Las instituciones que nos tenían que cuidar eran las mismas que protegían a los proxenetas y perseguían y eran cómplices de la explotación de las mujeres”, recuerda. Hoy en día, no es sólo patear las calles de Once, Flores y Constitución para hacer un relevamiento de las personas que se encuentran en esta situación, también es poner la oreja, construir un vínculo y acompañarlas en el difícil proceso de reconocerse como víctimas y llegar a la instancia de la denuncia.

Por su parte, Elena Moncada, sobreviviente y fundadora de la Asociación Civil Mujeres por los Derechos, hace lo propio desde “La Casita”, un centro de día ubicado en el barrio de Villa del Parque, en la provincia de Santa Fe. Allí se dictan talleres de oficio, de panificación, textil, manualidades, para sacar a las compañeras de la calle. “De esa plata rápida hasta que vienen acá, hasta que se empoderan, cuesta mucho. Cuando viene una chica nueva que cuenta de su violación, nosotras no decimos ‘mirá, este es tu fiolo, los clientes son los que te violan’. Nosotras hablamos de nuestras historias, de la vida, de los hijos. Sin hostigarlas, cada una hace su proceso y así pasaron 25 compañeras que dejaron esa maldita esquina”, comenta.

A nivel provincial, Moncada denuncia que tampoco existe un acompañamiento para las víctimas por parte del gobierno. “No hay ninguna política pública, solamente nos usan cuando viene el Día de la Trata. Nos incluyen en alguna cuestión pero en todos estos años, desde el 2009 hasta esta parte, jamás se acercó una funcionaria a decir ‘chicas me voy a poner la camiseta’”.

En este marco, Ros también señala la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en los programas de las escuelas para luchar contra el delito de la trata en un contexto marcado por la sobreexposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en las plataformas. Esta situación influye en el incremento de estas redes delictivas que utilizan imágenes y videos para la comercialización, la explotación sexual y la vulneración de la identidad. “Cuando hablamos de trata tenemos que hablar de la educación sexual integral y su importancia desde los primeros años de vida, adaptando los contenidos pedagógicos, desde el enseñar lo que es el respeto al cuerpo propio y ajeno, el respeto a la dignidad humana”. Y agrega que “la realidad es que las asociaciones civiles terminan abordando y desbordadas también por ocuparse de temáticas en las cuales el estado tiene falencias en políticas públicas o que directamente ni siquiera las tiene”.

Muchas de las sobrevivientes relatan su historia en las escuelas, para que niños, niñas y adolescentes puedan preguntar y debatir acerca de este tema, como en el caso de Moncada. “Cuento mi historia en escuelas y surgen preguntas de los chicos a falta de educación sexual integral. Desde este gobierno se paró muchísimo, estamos peleando para que la ESI no se saque y activamos protocolos”, comenta.

En este sentido, queda claro que la solución no es eliminar las políticas públicas sino dotarlas de contenido para que funcionen correctamente. Y en este proceso, es fundamental la articulación entre las asociaciones de la sociedad civil y el Estado. No sólo para adaptar los contenidos a las necesidades de las mujeres, sino también para sensibilizar a los profesionales en el tema a partir del trabajo y el aprendizaje conjunto entre las sobrevivientes y los funcionarios públicos. “No queremos asistencialismo, sino programas sociales de contención. Que el Estado entienda que tiene que estar presente. Esa política integral tiene que estar al alcance ahora, no de acá a tres meses, porque cuando la mujer pide ayuda las políticas tienen que estar”, expresa Collantes. En la misma línea, Moncada reflexiona que “tenemos que estar más juntas que nunca. Necesitamos políticas públicas integrales para acompañar a esas chicas que si esos tipos no van, los pibes no comen, no les pueden comprar un guardapolvo o el fiolo las caga a palos”.

“Hay que reclamarle al Estado políticas de inclusión, de educación, trabajo y salud para nosotras. Un espacio de educación para que los profesores que vayan tengan una perspectiva de género no discriminatoria. El abolicionismo tiene que trabajar para fomentar el trabajo, el estudio, la inclusión social”, reflexiona Collantes. En ese sentido, Moncada concluye que “el abolicionismo existe porque existimos las sobrevivientes o supervivientes. A mí me recontra destruyó la cabeza, porque dije ‘pará, nosotras somos súper valorables porque estamos sacando personas de la calle, cuando el Estado no lo hace”.  

“Sin residentes, no hay salud pública”

“Sin residentes, no hay salud pública”

Residentes del Garrahan y otros hospitales públicos rechazan la decisión oficial de convertirlos en becarios y reclaman la apertura urgente de nuevas instancias de diálogo.

Residentes del Garrahan, junto a sus pares de otros hospitales, encabezaron este jueves un acto en Plaza de Mayo para denunciar la precarización laboral que implica el nuevo régimen que implementó el Ministerio de Salud de la Nación.

«Pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, sin aportes y con importantes recortes en licencias, descansos y condiciones de trabajo», criticaron desde la Asamblea de Nación a través del comunicado leído en el acto.

Tras la tradicional marcha de Madres de Plaza de Mayo, y a pesar del frío, los primeros profesionales de la salud, además de agrupaciones de izquierda, comenzaron a llegar pasadas las 16 bajo la consigna “sin sistema de residencias, no hay salud pública”.

 

Pasadas las 17, hora anunciada para la conferencia de prensa de la Asamblea del Hospital Garrahan, se procedió a leer el comunicado, en el que apuntaron contra el gobierno nacional. Exigieron la derogación de la Resolución 2109/2025 y la apertura urgente de nuevas instancias de diálogo.

Resaltaron la importancia de las residencias hospitalarias como espacios de capacitación y especialización destinados a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología, bioquímica, entre otras, en el marco de trabajo asistencial académico supervisada por profesionales con años de experiencia.

Además, enfatizaron que este modelo, que rige Argentina desde hace más de 30 años y se ha ido perfeccionando a través del tiempo, «ha garantizado personal altamente capacitado en cada rincón del sistema» y que la nueva normativa «desmantela sus bases fundamentales».

La secretaria general de la Asociación de profesionales y Técnicos, Norma Lezana, en diálogo con ANCCOM, remarcó que fue una “decisión completamente unilateral del ministro de Salud Mario Lugones”: «Es el COFESA, Consejo Federal de Salud, el que regula las residencias desde hace mucho tiempo en nuestro país». Además, comentó que están llevando adelante un recurso de amparo y seguirán adelante con la lucha.

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de Capital Federal busca realizar una marcha de velas en solidaridad con el Garrahan el próximo jueves 10 de julio, día en que se realizará un paro en el hospital pediátrico.

También está prevista la realización de otra medida de fuerza de 24 horas el próximo 17 de julio, que incluirá una movilización, a partir de las 16, desde el Congreso a Plaza de Mayo, junto a otros sectores.

 

De sueldo formal a beca

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de redes sociales, aseguraron que ahora los residentes, quienes se encuentran en su último tramo de formación profesional, tendrán mayor libertad para elegir cómo realizarlo “después de una década de parches improvisados”, a través de la implementación de dos nuevas becas: Institución y Nación; las cuales reemplazan a la vieja modalidad de contrato laboral con sueldo formal.

Sin embargo, los afectados por la decisión, que por hora cobran 3 mil pesos y podrían pasar a cobrar de 2200 a 3200 según la beca, cuestionaron el cambio y aseguraron que, con el nuevo régimen, no podrán acceder a vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, ni posguardias (descanso luego de turnos de 24 horas); y que además los obligan a estar más horas trabajando en el establecimiento de salud: pasarán de 70 a 93.

«Lo único que hicieron fue desviar el problema, que ahora la solución la va a tener que dar el hospital, que no tiene recursos. Elegir entre dos vías de precarización, trabajar en negro para alguien que estudió años en una Universidad, no es válido para ninguna carrera ni para ninguna profesión, pero la verdad es que notamos un desprestigio absoluto continuo ante nuestros reclamos», dijo Belén Mansilla, del Garrahan ante los medios tras una pregunta realizada por ANCCOM.

Por su parte, Norma Lezana expresó: «Libertad sin derechos, no es libertad. Es como si fuera también una reforma laboral encubierta. Uno sabe que esos descuentos son los que le garantizan una jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas… Cosa que si no tenés esos aportes, no hay garantías en el trabajo; deja de ser remuneración y pasa a ser un estipendio».

Esto es visto como un duro golpe para quienes optan en continuar con su formación para ser especialistas por el exceso de carga laboral. «Si prestas atención a la letra chica tenemos muchas más obligaciones, seguimos sosteniendo las mismas que teníamos, sumando algunas otras y restando derechos. Golpea muy duro el hecho de que sean arrebatados de esta manera tan cruel», opinó Karen Godoy, de primer grado en enfermería en cuidados críticos pediátricos.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires hay incertidumbre ante la posibilidad de que el Gobierno porteño adhiera a la modificación implementada por Nación, algo que pone en alerta la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Capital Federal.

Franco Capone, residente de medicina general del Hospital Penna en el CeSAC 35 e integrante de la mencionada asamblea, expresó: «Lo vemos con una preocupación muy grande, porque si pasa en Nación, ¿Por qué no lo van a hacer en Capital? Por eso hicimos una movilización de mil personas, de Callao y Corrientes al Ministerio de Salud, hoy por la mañana (por ayer)».

Por su parte, Norma Lezana expresó: «Libertad sin derechos, no es libertad. Es como si fuera también una reforma laboral encubierta. Uno sabe que esos descuentos son los que le garantizan una jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas… Cosa que si no tenés esos aportes, no hay garantías en el trabajo; deja de ser remuneración y pasa a ser un estipendio».

Esto es visto como un duro golpe para quienes optan en continuar con su formación para ser especialistas por el exceso de carga laboral. «Si prestas atención a la letra chica tenemos muchas más obligaciones, seguimos sosteniendo las mismas que teníamos, sumando algunas otras y restando derechos. Golpea muy duro el hecho de que sean arrebatados de esta manera tan cruel», opinó Karen Godoy, de primer grado en enfermería en cuidados críticos pediátricos.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires hay incertidumbre ante la posibilidad de que el Gobierno porteño adhiera a la modificación implementada por Nación, algo que pone en alerta la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Capital Federal.

Franco Capone, residente de medicina general del Hospital Penna en el CeSAC 35 e integrante de la mencionada asamblea, expresó: «Lo vemos con una preocupación muy grande, porque si pasa en Nación, ¿Por qué no lo van a hacer en Capital? Por eso hicimos una movilización de mil personas, de Callao y Corrientes al Ministerio de Salud, hoy por la mañana (por ayer)».

La situación actual

Se viven momentos de angustia ante la situación, que se da en medio de una crisis sanitaria y un avance a un ajuste laboral en la salud pública nacional, con consecuencias en todo el personal.

«Estamos muy preocupados porque una flexibilización de transformar nuestro trabajo con posibilidad de despidos sin un contrato laboral acorde, sin antigüedad, ni recibo de sueldo para presentar en un alquiler o incluso en préstamo; nos va a llevar a que menos médicos quieran elegir el sistema de residencias y que menos médicos quieran ser especialistas», comentó Julián de Luca, residente tercer año de pediatría y neonatología.

Entre las consecuencias por tener salarios bajos, se encuentran el no poder llegar a fin de mes con su salario y tener que recurrir a ayuda familiar. «Yo personalmente recibo ayuda de mis padres, sino me puedo sostener. ¿Cómo podés pagar un alquiler, que hoy están caros en la Capital Federal? Acá los alquileres son elevadísimos», manifestó el joven.

Clara, quien se encuentra en el cuarto año también en el Garrahan, dijo: «Tuve que rescindir el alquiler porque no lo podía pagar más y volver a la casa de mis padres. Tengo 30 años, alrededor de 12 años de formación, una matrícula que me habilita ejercer la medicina y esa es mi situación económica».

A su vez, aclaró que hay algunos que tienen pocas posibilidades para recurrir a otros trabajos complementaros debido a la carga laboral: «No tenemos opciones reales de suplementar un sueldo de la precarización que les venimos comentando. Además, nuestro contrato tiene un carácter de exclusividad, así que no estamos habilitados en realidad para trabajar por fuera de esto».

Mientras tanto, deben sostener la atención de los pacientes y, a su vez, continuar capacitándose para ser especialistas de cara a futuros empleos laborales, lo cual le agrega una mayor carga horaria por fuera del horario de trabajo.

«Vos llegás a tu casa y todos los días tenés que hacer algo: preparar una clase, un proyecto de investigación, una disertación, lo que sea. Nunca dejás de estar ahí, sino que tu mente está 24/7 adentro del hospital», observó la enfermera Godoy.

Quienes ingresan, deben primero ser evaluados antes de estar en contacto con los pacientes, en el marco de la capacitación. En sus palabras: «El primer mes estuvimos haciendo cálculos de medicaciones para poder recién ahí decir que estamos aptas para tocar un medicamento para un niño».

 

El Bonaparte

Residentes del Hospital Nacional Laura Bonaparte de salud, establecimiento que viene desde octubre de 2024 con un intento de cierre y el despido de casi un tercio de la planta, estuvieron también presentes para acompañar a sus pares del Garrahan, mientras ellos no vieron nuevos ingresos en el último tiempo.

«No nos dieron cupos para que ingresen residentes nuevos, sino que cerraron puestos de Jefatura de varias disciplinas de nuestra residencia, en el último tiempo nos estuvieron rechazando los títulos de la especialidad, o sea que estamos terminando la residencia y no nos dan los títulos de especialista», expresó.

Consultado sobre los efectos de las medidas tomadas por Nación, respondió a ANCCOM: «Esto de cambiar de ser un empleado del Ministerio de Salud a pasar a ser un becario, significa un recorte y una precarización laboral que estuvo circulando todos estos días o desde en realidad hace muy poquitas horas».

Por el momento, a pesar de promesas de que no les modificarán el régimen vigente, se mantienen en alerta ya que el mismo estaba en base a una reglamentación que fue derogada y reemplazada, por lo que deberán ser cuidadosos ante una noticia muy reciente en la que no se encuentran todavía interiorizados de las consecuencias.

Hipócrates estaría orgulloso

Hipócrates estaría orgulloso

¿Me regalás una hora? es una asociación de médicos y enfermeros voluntarios que atienden a personas vulnerables y en situación de calle. Crónica de una jornada en las escalinatas de la Catedral Metropolitana.

La temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 19:40 marcaba 4.6°, y la Catedral Metropolitana era iluminada por dos focos de una luz amarilla y los focos blancos que cruzaban la calle de la histórica Plaza de Mayo. Había gente en las escalinatas con frazadas y unas ollas que brindaban un recipiente con comida caliente a los presentes. A un costado, otro grupo de personas con chalecos blancos que en su espalda llevan escrita una pregunta: ¿Me regalás una hora? Adriana Arancibia, licenciada en Enfermería y referente de las atenciones que se brindan en Plaza de Mayo y Barracas, dio por comenzada la recorrida cuando dijo: “Hoy no va a haber colectivo sanitario, vamos a hacerla como lo hacíamos en los inicios, en la calle”. Se colocó su chaleco y con uno de los voluntarios fue en búsqueda de gente que necesitara atención médica. Los demás se colocaron barbijos y guantes, armaron dos mesas y alrededor de ella colocaron pequeñas banquetas de plástico. Bajaron de un auto tres recipientes con cajas de medicamentos y otros rellenaban planillas con la iluminación de las linternas de sus celulares. En un transcurso de veinte minutos llegaron las personas que necesitaban de atención médica, familias de hasta cuatro integrantes con niños y adolescentes, jóvenes que no pasaban los treinta años y adultos de la tercera edad. Mientras uno de los voluntarios los agrupaba por filas, las doctoras dialogaban con ellos, los revisaban y rellenaban planillas en caso de tener que recetar algún medicamento.

¿Me Regalás Una Hora? es una Asociación Civil integrada por profesionales de la salud y no profesionales voluntarios, que brindan atención médica gratuita a personas en situación de calle y vulnerabilidad social. Hacen puntos de encuentro en distintas calles de Capital Federal; el Gran Buenos Aires o en lugares físicos como iglesias, comedores o clubes de barrio. También están en Chaco, Corrientes y Formosa.

“¿Y PAMI dónde está?”, dijo un jubilado y sonrió irónicamente; luego se sentó en una banqueta y le contó a la médica que sentía dolor en su pie derecho. Lo tenía hinchado y apenas podía caminar. Pero no solo eso, también quería ser escuchado por alguien, conocía a los miembros de la Asociación. Al retirarse, abrazó a muchos de ellos y les agradeció la atención: “Con esto tiro un par de días”, dijo. Pero las voluntarias fueron insistentes en que tenía que acercarse a un centro de salud para que el tratamiento sea continuo y los dolores en algún momento desistan.

“Muchos tienen problemas respiratorios, entonces ya nos conocen, nos piden medicación de las que ya saben que le damos –contó a ANCCOM Arancibia–. Eso es lo que nos diferencia de otras ONG, nosotros no hacemos solo atención incidental sino que los pacientes tienen un tratamiento y tratamos que tenga continuidad”.

Todo comenzó en el 2014 cuando Mariano Masciocchi, presidente de la ONG y médico cardiólogo, montó un consultorio y brindó atención médica gratuita en la parroquia San Carlos Borromeo en el barrio de Almagro. Luego de dos años de estar haciéndolo solo, el cardiólogo publicó un aviso en la red social Facebook que se hizo viral: “Si conocés a alguien que no tenga cobertura médica, que esté en una mala situación y necesite atención médica gratuita y medicamentos, contale que desde hace dos años atiendo los sábados desde las 10 en un consultorio gratuito a la comunidad». Y logró sumar 150 voluntarios en diferentes zonas del país que hoy en día colaboran con la causa.

La temperatura continuaba en baja: para las 21 el Servicio Meteorológico Nacional marcaba 2.4º. Los voluntarios estaban extenuados, en tan solo una hora y media atendieron a veinte pacientes. Masciocchi contó cómo culminó esta jornada para él: “La verdad que contentos, cumplimos nuestro objetivo y trabajamos un montón con este frío. Muchos problemas respiratorios, gente con dolor y angustia. Acabamos de ver cuadros más allá de una gripe; por ejemplo, atendí a un chico que tiene una otitis supurada, significa que sale el pus del oído directamente, es decir, eso es algo grave”.

“Imaginate estar en una plaza, sin equipo para realizar un electro o radiografías y teniendo que hacer diagnóstico –explicó–. Sin embargo, lo importante es que formemos también nuevas generaciones de médicos que aprendan a pensar distinto, que son los que nos van a atender a nosotros en el futuro. Lo hacemos con el objetivo de descomprimir estas necesidades”.

Necesitamos un móvil propio o un lugar propio –explicó–. No tenemos donantes o sponsors, nosotros nos manejamos en forma gratuita y solidaria, nunca hemos cobrado nada, ni nos hemos llevado nada. Salvo, obviamente, la alegría y el corazón pleno de haber hecho lo que creemos que está bien”, dice Masciocchi..

Carolina Guaman, médica residente en cardiología, contó lo que es para ella ¿Me Regalás Una Hora?: “Es dar una pequeña parte de mí a las personas que más necesitan. Y qué mejor forma que hacerlo acá. Darle un pequeño minuto a las personas que no pueden acudir a un centro médico o no tienen prepaga. Dar un pequeño apoyo de nuestra parte siento que suma mucho”. Por otro lado, cuando fue consultada por las patologías que se repitieron a lo largo de la noche sostuvo que por motivo del invierno, se encontró con cuadros de neumonía o afecciones respiratorias.

Arancibia, por su parte, asegura que las patologías que se atienden dependen mucho de la época, y que generalmente notó muchas personas con traumatismos y dolor corporal: “Siempre digo que tenemos una máquina expendedora de analgésicos porque realmente hay gente que está con mucho sufrimiento, aparte del emocional. Hoy atendimos muchas afecciones respiratorias y traumatológicas”. 

Por último, Masciocchi enfatizó en la importancia de que más profesionales de la salud se sumen a ¿Me regalás una hora?, entre otras cosas para poder hacer seguimientos de los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas. “Necesitamos un móvil propio o un lugar propio –explicó–. No tenemos donantes o sponsors, nosotros nos manejamos en forma gratuita y solidaria, nunca hemos cobrado nada, ni nos hemos llevado nada. Salvo, obviamente, la alegría y el corazón pleno de haber hecho lo que creemos que está bien”.

 

 

 

Puntos de atención

 

Plaza Miserere Juana Azurduy en Avenida Rivadavia y Avenida Pueyrredón.

San Pedro Armengol en Coronel Burela 31, Gerli, Lanús.

Plaza Barrancas de Belgrano en Zabalía 2038, CABA.

Villa Soldati – Nuestra Señora de Fátima en Mariano Acosta 2920, CABA.

Santuario de San Expedito en Bartolomé Mitre 2350, CABA.

Plaza de Mayo en Avenida Rivadavia 500, CABA.

Sagrado Corazón – Barracas en Avenida Vélez Sarsfield 1351, CABA.

Catedral Anglicana San Juan Bautista en 25 de mayo 282, CABA.