Hipócrates estaría orgulloso

Hipócrates estaría orgulloso

Jul 3, 2025 | Comunidad, Destacado 3

¿Me regalás una hora? es una asociación de médicos y enfermeros voluntarios que atienden a personas vulnerables y en situación de calle. Crónica de una jornada en las escalinatas de la Catedral Metropolitana.

La temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 19:40 marcaba 4.6°, y la Catedral Metropolitana era iluminada por dos focos de una luz amarilla y los focos blancos que cruzaban la calle de la histórica Plaza de Mayo. Había gente en las escalinatas con frazadas y unas ollas que brindaban un recipiente con comida caliente a los presentes. A un costado, otro grupo de personas con chalecos blancos que en su espalda llevan escrita una pregunta: ¿Me regalás una hora? Adriana Arancibia, licenciada en Enfermería y referente de las atenciones que se brindan en Plaza de Mayo y Barracas, dio por comenzada la recorrida cuando dijo: “Hoy no va a haber colectivo sanitario, vamos a hacerla como lo hacíamos en los inicios, en la calle”. Se colocó su chaleco y con uno de los voluntarios fue en búsqueda de gente que necesitara atención médica. Los demás se colocaron barbijos y guantes, armaron dos mesas y alrededor de ella colocaron pequeñas banquetas de plástico. Bajaron de un auto tres recipientes con cajas de medicamentos y otros rellenaban planillas con la iluminación de las linternas de sus celulares. En un transcurso de veinte minutos llegaron las personas que necesitaban de atención médica, familias de hasta cuatro integrantes con niños y adolescentes, jóvenes que no pasaban los treinta años y adultos de la tercera edad. Mientras uno de los voluntarios los agrupaba por filas, las doctoras dialogaban con ellos, los revisaban y rellenaban planillas en caso de tener que recetar algún medicamento.

¿Me Regalás Una Hora? es una Asociación Civil integrada por profesionales de la salud y no profesionales voluntarios, que brindan atención médica gratuita a personas en situación de calle y vulnerabilidad social. Hacen puntos de encuentro en distintas calles de Capital Federal; el Gran Buenos Aires o en lugares físicos como iglesias, comedores o clubes de barrio. También están en Chaco, Corrientes y Formosa.

“¿Y PAMI dónde está?”, dijo un jubilado y sonrió irónicamente; luego se sentó en una banqueta y le contó a la médica que sentía dolor en su pie derecho. Lo tenía hinchado y apenas podía caminar. Pero no solo eso, también quería ser escuchado por alguien, conocía a los miembros de la Asociación. Al retirarse, abrazó a muchos de ellos y les agradeció la atención: “Con esto tiro un par de días”, dijo. Pero las voluntarias fueron insistentes en que tenía que acercarse a un centro de salud para que el tratamiento sea continuo y los dolores en algún momento desistan.

“Muchos tienen problemas respiratorios, entonces ya nos conocen, nos piden medicación de las que ya saben que le damos –contó a ANCCOM Arancibia–. Eso es lo que nos diferencia de otras ONG, nosotros no hacemos solo atención incidental sino que los pacientes tienen un tratamiento y tratamos que tenga continuidad”.

Todo comenzó en el 2014 cuando Mariano Masciocchi, presidente de la ONG y médico cardiólogo, montó un consultorio y brindó atención médica gratuita en la parroquia San Carlos Borromeo en el barrio de Almagro. Luego de dos años de estar haciéndolo solo, el cardiólogo publicó un aviso en la red social Facebook que se hizo viral: “Si conocés a alguien que no tenga cobertura médica, que esté en una mala situación y necesite atención médica gratuita y medicamentos, contale que desde hace dos años atiendo los sábados desde las 10 en un consultorio gratuito a la comunidad». Y logró sumar 150 voluntarios en diferentes zonas del país que hoy en día colaboran con la causa.

La temperatura continuaba en baja: para las 21 el Servicio Meteorológico Nacional marcaba 2.4º. Los voluntarios estaban extenuados, en tan solo una hora y media atendieron a veinte pacientes. Masciocchi contó cómo culminó esta jornada para él: “La verdad que contentos, cumplimos nuestro objetivo y trabajamos un montón con este frío. Muchos problemas respiratorios, gente con dolor y angustia. Acabamos de ver cuadros más allá de una gripe; por ejemplo, atendí a un chico que tiene una otitis supurada, significa que sale el pus del oído directamente, es decir, eso es algo grave”.

“Imaginate estar en una plaza, sin equipo para realizar un electro o radiografías y teniendo que hacer diagnóstico –explicó–. Sin embargo, lo importante es que formemos también nuevas generaciones de médicos que aprendan a pensar distinto, que son los que nos van a atender a nosotros en el futuro. Lo hacemos con el objetivo de descomprimir estas necesidades”.

Necesitamos un móvil propio o un lugar propio –explicó–. No tenemos donantes o sponsors, nosotros nos manejamos en forma gratuita y solidaria, nunca hemos cobrado nada, ni nos hemos llevado nada. Salvo, obviamente, la alegría y el corazón pleno de haber hecho lo que creemos que está bien”, dice Masciocchi..

Carolina Guaman, médica residente en cardiología, contó lo que es para ella ¿Me Regalás Una Hora?: “Es dar una pequeña parte de mí a las personas que más necesitan. Y qué mejor forma que hacerlo acá. Darle un pequeño minuto a las personas que no pueden acudir a un centro médico o no tienen prepaga. Dar un pequeño apoyo de nuestra parte siento que suma mucho”. Por otro lado, cuando fue consultada por las patologías que se repitieron a lo largo de la noche sostuvo que por motivo del invierno, se encontró con cuadros de neumonía o afecciones respiratorias.

Arancibia, por su parte, asegura que las patologías que se atienden dependen mucho de la época, y que generalmente notó muchas personas con traumatismos y dolor corporal: “Siempre digo que tenemos una máquina expendedora de analgésicos porque realmente hay gente que está con mucho sufrimiento, aparte del emocional. Hoy atendimos muchas afecciones respiratorias y traumatológicas”. 

Por último, Masciocchi enfatizó en la importancia de que más profesionales de la salud se sumen a ¿Me regalás una hora?, entre otras cosas para poder hacer seguimientos de los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas. “Necesitamos un móvil propio o un lugar propio –explicó–. No tenemos donantes o sponsors, nosotros nos manejamos en forma gratuita y solidaria, nunca hemos cobrado nada, ni nos hemos llevado nada. Salvo, obviamente, la alegría y el corazón pleno de haber hecho lo que creemos que está bien”.

 

 

 

Puntos de atención

 

Plaza Miserere Juana Azurduy en Avenida Rivadavia y Avenida Pueyrredón.

San Pedro Armengol en Coronel Burela 31, Gerli, Lanús.

Plaza Barrancas de Belgrano en Zabalía 2038, CABA.

Villa Soldati – Nuestra Señora de Fátima en Mariano Acosta 2920, CABA.

Santuario de San Expedito en Bartolomé Mitre 2350, CABA.

Plaza de Mayo en Avenida Rivadavia 500, CABA.

Sagrado Corazón – Barracas en Avenida Vélez Sarsfield 1351, CABA.

Catedral Anglicana San Juan Bautista en 25 de mayo 282, CABA.

Torturados y, encima, endeudados

Torturados y, encima, endeudados

Jul 3, 2025 | DDHH, Destacado 3

Un grupo de ambientalistas de Chubut denunció apremios ilegales cuando fueron detenidos luego de una manifestación. Ahora los condenaron a pagar 10 millones de pesos, acusados de falsa denuncia, en un proceso lleno de irregularidades.

Cuatro militantes ambientalistas que denunciaron torturas tras la represión del 5 de diciembre de 2019 en Chubut podrían ser obligados a pagar más de 10 millones de pesos en concepto de costas judiciales. Una causa atravesada por irregularidades, silencios institucionales y la avanzada extractivista en la Patagonia.

El 5 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados del gobierno saliente de Mariano Arcioni –quien finalizaba el mandato del gobernador Mario Das Neves tras su fallecimiento– se disponía a aprobar en su última sesión la creación del Ministerio de Minería. Afuera de la Legislatura, cientos de militantes ambientalistas reclamaban por considerarlo un atropello.

Aquella jornada se saldaría con las detenciones de seis manifestantes, referentes en la lucha contra el avance extractivista en la provincia. Cuatro de ellos denunciaron torturas por parte del aparato policial de Rawson. Sin embargo, y a pesar de la cantidad de pruebas que aportaron los damnificados y otras tantas que fueron descartadas tras procesos judiciales irregulares, finalmente los policías denunciados por torturas resultaron absueltos.

Luego de más de seis años, el Poder Judicial de la provincia ahora pretende que estas cuatro personas paguen una suma de más de 10 millones de pesos en costas judiciales. Se trata de Noelia Silva, peluquera y comunicadora social; Juan Salvador, artesano; Roberta Gogorza y Jairo Epulef, ambos docentes. ANCCOM dialogó con algunos de los protagonistas.

“Lo que se quería aprobar en diciembre de 2019 era un proyecto que vulneraba la Ley 5001, la cual nos protege de la actividad minera”, comentó Noelia Silva.

A raíz de eso, se convocó a una concentración en las puertas de la Legislatura desde las 11 de la mañana. El debate legislativo se extendió hasta cerca de las 11 de la noche. “No nos permitieron ingresar; estaba todo cerrado con candados”, recordó Silva, y agregó: “En un momento, logramos entrar al recinto, y suspendieron la sesión por unos cinco minutos mientras cantábamos”.

Cuando se reanudó la actividad parlamentaria, y pese a que los cánticos continuaban, se aprobó la creación del ministerio. Luego se dio por finalizada la sesión y los diputados comenzaron a retirarse en sus camionetas a través del subsuelo del edificio.

“Cuando salieron, se armó la revuelta”, comentó a ANCCOM Roberta Gogorza. “Salían las camionetas en contramano, atropellando a la gente y a la policía. Era una situación de griterío, confusión y violencia”, agregó.

A partir de la medianoche empezó un violento despliegue de autoridades policiales. Y, en un marco en el que volaban las postas de goma hacia el cielo, comenzó la represión.

“De pronto, el jefe del operativo –el entonces subcomisario Juan García– se le colgó del cuello a uno de nuestros compañeros. Logramos liberarlo, pero inmediatamente después agarraron a otro compañero, Jairo. Lo tuvieron rodeado por más de 20 policías y lo estuvieron ahorcando”, narró Silva.

Minutos más tarde fue detenido Juan Salvador, quien un día después de los hechos, declaró en la oficina judicial: «Me dijeron que me iban a matar y que iba a ser el segundo Maldonado».

“A Juan lo agarraron tres veces mientras él intentaba zafarse; lo arrastraron de las rastas y lo patearon en el piso”, comentó Silva, y agregó: “Cuando una compañera vio esto y se acercó, la detuvieron a ella también. Así empezamos a caer, y terminamos siendo seis personas detenidas”.

A Noelia Silva la arrestaron mientras intentaba ayudar a su hermano, que también fue detenido. “Me golpearon entre siete u ocho policías a patadas para que lo soltara. Finalmente, una oficial me empezó a ahorcar. Cuando sentí que ya no podía más, solté a mi hermano y me redujeron”, comentó.

Las inmediaciones de la Legislatura de Chubut se habían convertido en un escenario de violencia policial desatada. “Nunca viví algo así: soy docente, no estoy acostumbrada a situaciones violentas”, relató Gogorza. “Veía cómo los compañeros trataban de separar, cómo se armaban las rondas policiales, cómo golpeaban a mujeres mayores”, agregó.

En medio del tumulto, se refugió en lo que creyó más útil: registrar lo que sucedía. “Yo me dediqué a filmar, hasta que se volvió imposible. Vi cómo tiraban del pelo a una compañera, cómo su cabeza golpeaba contra el piso”.

La represión no distinguía edades ni géneros. A una mujer mayor le quebraron un dedo. “No quiso denunciar por miedo”, explicó Gogorza. En su caso, la situación escaló rápidamente. “En un momento estaba en el piso, rodeada de policías. Me esposaron solo una mano”, recordó. Observó cómo sus compañeros intentaban acercarse para ayudarla, pero temiendo por su integridad, tomó una decisión desesperada. “Le dije a la policía que me llevaran al patrullero, con tal de salir de ahí”.

Terror puertas adentro

Pero la violencia no terminó con la detención ni con los golpes recibidos dentro del patrullero. Al llegar a la comisaría, el hostigamiento policial se profundizó: empujones, insultos, amenazas y nuevas agresiones físicas marcaron las horas que siguieron.

Gogorza recordó haber visto a sus compañeros Epulef y Salvador ya contra la pared. “Todo el tiempo nos golpeaban, nos obligaban a abrir las piernas, nos encapuchaban”, dijo. Mientras tanto, los patrulleros seguían llegando con más detenidos y detenidas.

Silva contó que los golpes continuaron también en el patio del lugar. “Nos trasladaron a la comisaría, donde volvieron a golpearnos en el patio: a mí y a los dos varones, Jairo y Salvador. A mí me golpearon mujeres”, denunció. Y agregó: “Nos encapucharon, bajo la orden de que ‘no teníamos que ver’, mientras escuchábamos cómo golpeaban a los chicos en una oficina al otro lado de la pared”.

Los gritos que se escuchaban desde el interior eran inconfundibles. “Empezaron a meter a los chicos adentro. Nosotras escuchábamos los gritos desde afuera”, relató Gogorza. La escena se intensificó cuando, en medio de ese caos, ella fue separada del grupo. “A mí me llevaron a un patio oscuro. Sentí que me iban a violar”.

La presencia de otra compañera fue lo que probablemente evitó un daño mayor. “Noelia gritó ‘¡qué hacen!’, y en ese instante me devolvieron con las chicas. Eso me salvó”.

Silva también recordó ese momento: “Nos pusieron una guardia masculina a las tres mujeres. A una compañera se la estaban llevando hacia un costado del patio, pero cuando yo grité ‘¿qué hacés?’, pensaron que los estaba viendo y la devolvieron”.

El maltrato continuó durante horas. “Estuvimos así hasta las 4 de la mañana, sin poder tomar agua ni ir al baño”, señaló Silva. Recién cuando fueron liberados, pudieron ver a su abogado. La excusa para la detención fue “resistencia a la autoridad”, según los documentos que las obligaron a firmar. A las mujeres las dejaron en libertad con el argumento de que “no había lugar”, pero a los varones se los llevaron a otra comisaría.

“Estamos denunciando torturas porque, además de los vejámenes, a los chicos los llevaron personas encapuchadas en un vehículo, los cambiaron a otro a las pocas cuadras y los metieron por un camino de tierra, todo mientras los obligaban a mantener la cabeza entre las piernas bajo insultos y golpes”, afirmó Silva.

El clima cambió recién cuando algunos manifestantes llegaron desde la Legislatura hasta la comisaría. “Se empezaron a trepar. Automáticamente, los golpes cesaron, y salieron policías con otro perfil, parecían administrativos”, contó Gogorza.

El proceso judicial

Todo el proceso que continuó a aquella jornada estuvo plagado de irregularidades. El fiscal que armó la causa omitió presentar como prueba un video clave de las cámaras de la Legislatura que demostraba la brutalidad de la detención, alegando que esa prueba no existía.

“Cuando nos presentamos en la oficina judicial, nos informaron sorpresivamente que nos iban a imputar a nosotros también”, declaró Silva. “Nos acusaron de haber lesionado a más de 16 policías y de haberle quebrado la mandíbula al subcomisario García, quien en realidad nos había golpeado brutalmente en la comisaría”, agregó.

Tras ser revisados por un médico forense, que constató las lesiones, presentaron la denuncia por vejaciones y detención ilegal en la Fiscalía de Rawson. “Sin embargo, la causa que ellos nos iniciaron por lesiones, daño y resistencia a la autoridad avanzó rápidamente, mientras que la nuestra no arrancaba”, comentó Silva.

El juicio por aquella denuncia finalmente comenzó en 2023. “El primer día, la abogada de la policía pidió que nuestro propio abogado fuera su testigo, y la jueza Karina Breckle se lo concedió, dejándonos sin defensa a media hora de empezar”, narró Silva. El juicio se reanudó dos días después con un defensor público.

Durante el proceso, ocurrieron graves irregularidades. El médico forense que había certificado las lesiones jamás se presentó a declarar. Además, había elaborado dos informes contradictorios: el primero certificaba las lesiones y el segundo, hecho para la investigación interna de la fiscalía, decía lo contrario.

Las fotos de las lesiones, tomadas por el forense, fueron presentadas en el juicio blanqueadas y con menor claridad. Además, Silva contó: “La persona de la Comisión Contra la Impunidad que yo misma pedí que ingresara para fotografiar mis heridas, negó en el juicio habernos tomado las fotos”.

“Claramente perdimos”, contó Silva. La jueza sentenció que tenían una animadversión ideológica contra la institución policial y que “somos victimarios acusando falsamente a los policías”. Silva declaró que la jueza “justificó nuestras lesiones indicando que pertenecemos a ‘un grupo social que es muy revoltoso’, y que eso ameritó la violencia en las detenciones”.

El miedo como castigo

Tras la represión y el encierro, llegó el hostigamiento silencioso, pero persistente. Gogorza relató que durante meses fue perseguida en la calle, observada desde patrulleros y acosada incluso en redes sociales. “Rawson es chico; sabés quién es quién. Uno de los policías denunciados me mandó solicitud de Instagram. Me hostigaban en la calle, llegando a mi casa”. Las secuelas emocionales no tardaron en aparecer: “Sufrí ataques de pánico, ansiedad, traumas. Dejé de militar. Sentí culpa por haber concientizado, por haber formado parte del proceso que sacó a la gente a la calle”.

El temor la paralizó, pero también la llenó de preguntas. Pensaba en sus hijos, en sus alumnos, en cada persona que había contribuido a informar. “Sentía que los había puesto en riesgo. Me alejé de todo. Ni siquiera podía leer las causas. Iba a las audiencias solo porque tenía que ir”.

Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. “En un momento sentí que no podía seguir callando; que había que hacer algo por quienes confiaron en mí; que no podía permitir que esto siguiera ocurriendo; que si al menos tres de diez policías pensaban que podría haber juicio, algo cambiaría”. La persecución judicial no hizo más que reforzar ese impulso: “Nos están cobrando esta causa más cara que a figuras del poder. Están dando un mensaje: que si te animás a ir contra la policía, vas a pagar. Física, psicológica y económicamente, y todo con el aval del Poder Judicial”.

La fuerza para hablar en público no llegó de un día para el otro. “Cuando hice mi primera entrevista, temblaba. Tenía miedo de equivocarme, de no entender lo legal, de exponerme”. Pero también comprendió que el silencio tiene un precio. “Entendí que el silencio también es cómplice. No me voy a inmolar, no soy la salvadora de nadie. Pero mis compañeros me sostuvieron, y yo quiero devolverles eso”.

Gogorza se animó a hablar para dar una señal: “Creo que es necesario que se sepa. Para mostrar que no estamos solos. Para romper el mensaje de miedo que quieren imponer. Hay medios de otros lugares que nos están mirando. No me voy a callar”.

“Aceptar la vulnerabilidad también es parte de esto. Hoy estoy firme para acompañar y sostenernos como grupo humano. Y porque mis compañeros no tienen que cargar solos con todo esto”, concluyó.

Cuarto mes de toma en la gráfica Morvillo

Cuarto mes de toma en la gráfica Morvillo

Jul 1, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Los trabajadores y las 240 familias que vivían de esos salarios se oponen al cierre y exigen la continuidad productiva.

Tras 50 años de actividad, en febrero de este año las máquinas de la gráfica Morvillo dejaron de imprimir. Ante la baja en la productividad, sus dueños presentaron la quiebra. Desde entonces, los trabajadores permanecen en la planta ubicada en Avellaneda en rechazo al cierre y en defensa de sus puestos de trabajo. Ya llevan más de 115 días de ocupación y reclaman la intervención del gobierno provincial para retomar la producción.

“El 25 de febrero nosotros trabajamos hasta las 10 de la noche. A las 23:30 nos llega un mensaje de WhatsApp de la empresa diciendo que cesaban las tareas, que al otro día no teníamos que presentarnos y debíamos esperar instrucciones. En ese momento nos pusimos a discutir la necesidad de volver a la fábrica para ver de qué se trataba”, recordó Enrique Andina, miembro de la Comisión Interna de Morvillo. “Cuando nos hicimos presentes, ya no discutimos qué teníamos que hacer, sino que empezamos a ver por dónde entrar”, continuó.

El comunicado enviado por el directorio anunciaba el cese de actividades a partir del primer turno del 26 de febrero. El texto acusaba una caída del 63% en el volumen de producción debido a la pérdida de varios clientes importantes, aumentos en los precios de los insumos y la exigencia de pago adelantado por parte de los proveedores de papel. El pedido de quiebra fue rechazado en primera instancia por la justicia, pero finalmente fue aceptado tras una apelación.

La principal producción de Morvillo eran catálogos y revistas. Al igual que el resto de la industria gráfica, sufrieron el avance de la tecnología y la digitalización, a la que, en este último tiempo, se sumó la recesión económica.  “Se olfateaba que algo iba a pasar. Nosotros lo veíamos por el lado de los despidos, que era lo que la patronal hacía correr muy fuerte”, señaló Sebastián Rodríguez, quien dedicó más de la mitad de sus 48 años de vida a la empresa y también forma parte de la comisión interna. Luego del anuncio, los dueños no volvieron a aparecer: no se presentaron a la conciliación obligatoria ni dieron mayores explicaciones a sus empleados, cuyas indemnizaciones aún deben resolverse por la vía judicial.

“Abajo la quiebra fraudulenta”, “240 familias en la calle”, “Que ningún taller imprima nuestros trabajos mientras dure el conflicto”, dicen algunos de los carteles pegados en la fachada de la imprenta, que cumple cuatro meses sin operar. La principal demanda apunta a revertir esta situación: que el gobierno provincial intervenga para garantizar la continuidad productiva. “No solamente nos aseguraría el laburo a nosotros, sino que tiene una utilidad pública. Tenemos la capacidad para hacer manuales y libros para los 135 municipios de la provincia. También boletas electorales. Tenemos las máquinas preparadas y gente capacitada para hacer esos trabajos. Hay compañeros con muchísimos años de antigüedad, el promedio de la compañía es de 25, 30 años”, aseguró Andina. 

Luego de idas y venidas, una primera reunión hace aproximadamente dos meses con autoridades del municipio de Avellaneda y una movilización a La Plata donde fueron recibidos por funcionarios de la provincia, los trabajadores pudieron presentar su reclamo. Sin embargo, a más de 20 días de la última reunión, siguen sin recibir respuestas. Por esa razón, el pasado jueves 19 realizaron una manifestación en Puente Pueyrredón, que contó con alta presencia policial.

Los días pasan y en la planta reina la incertidumbre. Son más de 200 los trabajadores que en febrero sufrieron la pérdida de sus empleos. Hoy se enfrentan a las dificultades de volver al mercado laboral con más de 45 años de edad y, muchos de ellos, con problemas físicos por las características demandantes del trabajo en la fábrica. Sus ingresos se limitan a lo provisto por el fondo de desempleo, que en junio tuvo un tope de $313.400. “Nadie vive con 300 mil pesos. Necesitamos sostenernos de alguna manera. Hay compañeros que vienen haciendo changas. Es una situación muy complicada”, afirmó Andina. Ante esta dificultad, crearon un fondo de lucha con el alias morvilloenlucha para recibir colaboraciones y poder continuar con la medida de fuerza.

Mientras esperan la contestación del gobierno de Kicillof, los trabajadores también pelean contra el remate de los bienes de la empresa, patrimonio del que obtendrían las indemnizaciones que les corresponden. “Están tirando abajo los precios de una manera descomunal. Si nosotros no continuamos productivamente y tenemos que cobrar la plata, la cobramos de la venta del inmueble y de los muebles. Con los precios por el piso no vamos a ver ni un peso”, explicó Rodríguez. “Tenemos otra pelea con el síndico, que nos viene diciendo que sobre el inmueble nos correspondería, en cuanto a saldo indemnizatorio, solamente la mitad. Un acreedor puede llegar a cobrar la totalidad de su deuda y nosotros solo el 50%”, agregó Andina. El viernes ambos se presentarán a una nueva audiencia como representantes y miembros del comité de control del proceso de quiebra, donde, según sus testimonios, se seguirá tratando el tema de la tasación.

A la par del reclamo por la continuidad productiva está la posibilidad de entablar un vínculo con Desarrollo Social para que atienda las necesidades específicas de los despedidos. Muchos padecen alguna enfermedad o tienen familiares enfermos con necesidad de tratamiento y perdieron la cobertura médica. Las problemáticas que enfrentan desde el cierre de la imprenta son numerosas. Para los trabajadores, la permanencia en la planta y la custodia de los medios de producción, ya sea para retomar la actividad o cobrar una compensación, es la única manera de velar por sus intereses, aún cuando no cuentan con el apoyo de su sindicato. “No se puede obviar el rol de la Federación Gráfica Bonaerense. No sólo no mueve un dedo, sino que milita activamente contra nuestra lucha”, denunció Rodríguez, y afirmó que solo los incitan a esperar el cobro por la venta del inmueble.

El cierre de la gráfica no solo tuvo consecuencias económicas, sino también emocionales. “Vos armás tu vida en función al trabajo. Se te cae el organizador social y se te descalabra un poco todo. El nuevo escenario sin un peso en la calle es muy complicado. Eso afecta emocionalmente, de hecho tenemos compañeros afectados que empezaron tratamiento psiquiátrico”, dijo Rodríguez. 

Alejandro Mereles llevaba más de 30 años en la empresa. Falleció a los 20 días de ocupación. “Fue un golpe muy duro para él el tema del cierre. Esos primeros 20 días fueron los más álgidos, nadie sabía qué iba a pasar y Ale estaba firme ahí. Fue uno de los pioneros en la organización de la fábrica. Perdimos a un gran compañero”, comentó Andina. La bandera con el rostro de Mereles acompaña a los trabajadores de Morvillo en todas las actividades y movilizaciones.

Unidad de los trabajadores

A pesar de todo, la lucha dentro y fuera de la planta continúa. En estos cuatro meses se realizaron festivales, plenarios, manifestaciones y otras actividades en pos de visibilizar estos reclamos. Los trabajadores destacan el apoyo que han recibido de parte de familiares, vecinos, organizaciones sociales y obreros que corrieron la misma suerte que ellos con otras empresas, como fue el caso de Secco. “Nosotros venimos acompañando varias luchas, así como a nosotros nos vienen acompañando, porque eso hay que mencionarlo, la solidaridad es enorme”, sostuvo Andina. En las movilizaciones pueden verse carteles en apoyo a los jubilados y los médicos del Garrahan. Las banderas colgadas en la entrada de la gráfica apuntan a la unidad de todas las demandas obreras. “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro” se lee en una de ellas.

“O te resignás o luchás. A los trabajadores no nos queda otra que salir a luchar”, sentenció Rodríguez. Los trabajadores de Morvillo afrontan cada nuevo día, cada turno de vigilancia en la gráfica, cada audiencia, cada actividad con esa misma convicción.

A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

A Milei ni siquiera lo conmueve la tragedia de Bahía Blanca

Jun 29, 2025 | Comunidad, Destacado 3

El presidente vetó la Ley de Emergencia destinada a la reconstrucción de Bahía Blanca mientras el Hospital Penna sigue con servicios sin habilitar, las calles están poceadas por la fuerza del agua y muchos vecinos aún no regresaron a sus casas.

A tres meses de las inundaciones en Bahía Blanca, Javier Milei vetó la Ley de Emergencia que había sido aprobada por la Cámara de Diputados con 196 votos a favor. Mediante el decreto 424/2025, firmado también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno anuló la norma que contemplaba la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir y reconstruir la ciudad y sus alrededores.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión en X: “Hoy, casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”. Además, argumentó que ya se implementaron medidas urgentes a través de otro decreto presidencial que creó el programa Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), haciendo innecesaria una ley adicional.
Pese a las justificaciones y avisos de ayuda ya enviada, instituciones como el Hospital Penna siguen con sectores completos sin funcionar, hay puentes rotos y familias con las casa a medio arreglar porque no alcanzan las ayudas enviadas por la Provincia de Buenos Aires.
También en X , el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció que tanto Milei como Caputo tienen sin utilizar un crédito del Banco Mundial por  200 millones de dólares, gestionado en 2023, y destinado a emergencias como la de Bahía Blanca. “Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia…”, reclamó.
¿Se implementaron realmente todas las medidas urgentes? ¿Qué se necesita para reparar los daños ocasionados por una inundación de esta magnitud? ¿Cómo continúa la situación en Bahía Blanca, a tres meses del desastre? Para responder estas preguntas, ANCCOM dialogó con la funcionaria de la Municipalidad de Bahía Blanca, Ana Biera -trabajadora social del Hospital Penna y ex jefa de servicio-, y vecinos de zonas especialmente afectadas, que compartieron sus vivencias y las consecuencias que aún persisten.

La reconstrucción

Ana Biera atiende a ANCCOM desde el Hospital Penna, al final de su jornada laboral. Aun con la chaqueta puesta, busca un rincón tranquilo para hablar, aunque el ritmo del hospital se cuela en la conversación: puertas que se abren y cierran, voces que resuenan, pasos que no se detienen. Tras las inundaciones, la trabajadora social se abocó a relevar la situación de más de 1.200 trabajadoras y trabajadores del hospital, respecto a los daños sufridos en sus hogares. Junto a equipos del Programa Cuidar -del Ministerio de Salud bonaerense- y del PROSAMIC (Programa de Salud Mental en Catástrofes), conformaron un grupo de asistencia que no solo entregó insumos, sino que también realizó seguimiento emocional y simbólico a las familias afectadas. Llamaban preguntando cómo estaban y se repetían frases como: “De pronto se llenó de agua”, como algo que irrumpió. Además, la incertidumbre atravesaba todos los relatos. No solo hubo personal afectado en sus casas, muchos estaban en el hospital en el momento del temporal. “Toda la gente que trabaja en el subsuelo, tuvo que salir con los pacientes o intentando salvar insumos vitales, medicamentos, equipamiento de laboratorio”. A eso se sumó el corte de comunicaciones: no podían saber qué pasaba en sus casas, ni con sus familias.

El Hospital Penna, de jurisdicción provincial, cumple un rol clave en la zona. “Todo lo que ocurre en los alrededores termina llegando al Penna”, explica Biera. Destaca el esfuerzo institucional por poner nuevamente en funcionamiento los servicios: “La semana pasada volvió a funcionar Neonatología y la terapia intensiva de adultos. Pero todavía falta: quirófanos, Maternidad, Recursos Humanos”. Asegura que los fondos provinieron mayoritariamente del Ministerio de Salud de la Provincia. “También hubo donaciones, aunque representan una pequeña parte dentro de todo lo que implicó reconstruir el hospital”.

Los testimonios vecinales también dan cuenta de un panorama complejo. Aunque destacan la solidaridad y el apoyo entre pares, los días posteriores fueron críticos. 

La inundación en primera persona

“La revivo y se me pone la piel de gallina”, confiesa Florencia Belardinelli, de 34 años, quien vive con su pareja Melisa en una de las zonas más afectadas por el temporal, el barrio Napostá. “Afuera parecía un río: el agua se llevaba autos y entraba por todos lados”, recuerda. Agarraron unas pocas pertenencias y salieron cuando el agua ya les llegaba hasta las rodillas. “Con una escalera, trepamos por los techos y llegamos a lo de un vecino que tiene dos pisos”, recuerda. “Cuando volvimos la casa estaba dada vuelta. Estuvimos una semana con familia y amigos limpiando, éramos como treinta personas”, recuerda Belardinelli. 

Augusto Morelli estaba solo en su casa del barrio San Agustín cuando comenzó la inundación. “No había escuchado ningún pronóstico. Estaba durmiendo hasta que empecé a escuchar a mi perro ladrar sin parar y él nunca ladra a la madrugada”, recuerda. Se levantó para ver qué pasaba y, al poner los pies en el suelo, el agua ya le llegaba hasta los tobillos. Dos de sus perros estaban subidos al sillón y el que ladraba, arriba de la mesa. Diez minutos después, el agua ya estaba a la altura del colchón. “Ahí entendí que esto venía para rato”. 

En el grupo de WhatsApp del barrio avisaban que a muchos vecinos los habían evacuado. Intentó comunicarse con emergencias, pero las líneas estaban saturadas. “No sabía qué hacer. Llamé a un amigo y le pedí que viniera a ayudarme con los perros”. Cuando su amigo llegó, el agua ya les llegaba hasta la cintura. “Agarré a un perro, mi amigo cargó a otro y el tercero -que es un galgo- se manejó solo, fue nadando todo el trayecto”. Concluye: “La sensación de abandonar tu casa, sin saber qué va a pasar, es muy fea”. 

Valentina Vercelli, de 34 años, vive sola con su perra en el barrio Pedro Pico. Cuando empezó la inundación, intentó contener la entrada de agua. Pero pronto entendió que la situación no se resolvería rápido y cambió de estrategia: pasó a evaluar posibles vías de escape. “Afuera, el agua arrastraba a todos los que intentaban salir, así que quería evitarlo. Pero si seguía subiendo, no iba a tener otra opción”, recuerda. Se preparó con su perra por si era necesario evacuar y se subieron a la mesa del comedor a esperar. Pasaron allí desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. El agua llegó a alcanzar unos cincuenta centímetros dentro de la casa. Cuando finalmente comenzó a bajar su mamá y su hermano lograron llegar a buscarla. 

El miedo sigue muy presente entre los bahienses: “Se anuncia lluvia o viento y se cancelan todas las actividades, la gente tiene miedo de salir. Falta que recuperemos la tranquilidad”, reflexiona Vercelli. Morelli coincide: “El miedo sigue, queda esa herida abierta”. Belardinelli y su pareja están haciendo terapia para enfrentar las secuelas: “Nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda para seguir adelante, porque el trauma que te deja esto es muy grande”, cuenta. Además, aún lidian con las pérdidas materiales. En su casa las puertas no cierran bien, el piso sigue húmedo y las paredes se descascaran. Por ahora, viven en un departamento prestado hasta poder terminar de reparar su casa. Vercelli menciona manchas de humedad y techos que necesitan mantenimiento. 

Tanto Belardinelli como Vercelli accedieron al subsidio provincial y al nacional. “Sirve, pero no alcanza”, resume la primera. “Los arreglos más grandes los hicimos gracias a un crédito del Banco Provincia. El subsidio llegó recién hace dos semanas”. Vercelli coincide: “Me ayudó, aunque lo recibí varios meses después”.

Belardinelli también advierte que la ciudad está lejos de haberse recuperado. “En los barrios más alejados las calles siguen destrozadas. Incluso en el centro hay pozos sin reparar desde la inundación. Los puentes del canal Maldonado siguen rotos. El arreglo de la ciudad va muy lento”, lamenta. Para Morelli, el episodio evidenció una gran falencia estructural: “La ciudad no está preparada para enfrentar algo así. Faltan sistemas adecuados para prevenir y manejar inundaciones de esta magnitud”, advierte.

Las respuestas que aún faltan

Gracias al relevamiento que coordinó, Biera ofrece una mirada integral. “Nos sigue llegando gente que está en sus casas y no resolvió todo -sostiene-. Vino el invierno y no han podido terminar de arreglar la casa o de comprar todo”. Subraya la desigualdad en la recuperación: “Hay quienes pudieron rehacer una pared, revocar, comprarse una cama. Pero otros no y tampoco recibieron la ayuda necesaria”. Biera considera que el estado de emergencia debería continuar: “Bahía Blanca viene de un año y medio de catástrofes: el tornado, el temporal, la pedrada de enero. Es una ciudad golpeada por el clima. Merece otra consideración”.

Un funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca que prefiere no dar su nombre contó a ANCCOM que el veto presidencial fue recibido con desconcierto. “La expectativa era que la ley se reglamentara y se pusiera en marcha”, afirmó. Según explicó, las medidas implementadas hasta ahora por el Gobierno nacional resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños. “Aún hay una gran cantidad de vecinos que consulta por el acceso a subsidios”, señaló y remarcó que prácticamente todos los sectores necesitan algún tipo de asistencia. Si bien el municipio y el gobierno provincial brindaron ayuda a sectores productivos y comerciales, aún queda mucho por hacer. Desde el ámbito local se insiste en la necesidad de sostener la actividad económica: “Si estos sectores tienen que achicar gastos, eso impacta directamente en el empleo”, advirtió el funcionario. También destacó el acompañamiento constante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto en términos económicos como en presencia territorial. 

Por su parte, Biera remarca el valor de la organización comunitaria en contextos de emergencia: “La solidaridad se activa en momentos clave, y nadie duda de que hay que salir y organizarse para ayudar”. Sin embargo, enfatizó que la respuesta no puede recaer únicamente en la sociedad civil: “El rol del Estado es irremplazable. En una inundación, la pérdida es inconmensurable. El Estado tiene que dar respuestas; debe ser ese espacio que devuelva colectivamente todo lo que recoge colectivamente. No sólo a través de recursos económicos, sino también mediante programas, contención y acompañamiento tanto material como simbólico”.

El legado de Darío Santillán

El legado de Darío Santillán

Jun 26, 2025 | Destacado 3, Vidas políticas

A 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el barrio La Fe de Montechingolo, donde militaba el primero de los dos, mantiene viva su memoria pero también el trabajo social y la organización barrial con el objetivo de construir un mundo mejor.

A 23 años de la masacre de Avellaneda, cuando la Policía Bonaerense mató a los militantes sociales Darío Santillán y a Maximiliano Kosteki, ANCCOM estuvo en Monte Chingolo, la localidad donde hoy el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) continúa su trabajo territorial, levantando la bandera de quien fuera uno de los suyos. Desde aquel oscuro 26 de junio de 2002 hasta hoy, sin descanso, el movimiento mantiene viva su memoria a través del trabajo social, la organización barrial y la resistencia popular, con la convicción de que un mundo mejor es posible.

En 2002 Argentina atravesaba una de las crisis sociales más profundas de su historia reciente. La pobreza, la desocupación y el hambre, productos del colapso económico marcaban el pulso de un país desolado que todavía tenía abiertas las heridas de diciembre de 2001. Fueron seis meses muy críticos tras el estallido. Ese junio de 2002, los piqueteros jugaban una pulseada silenciosa con el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde: querían cortar el acceso sur y los funcionarios estaban dispuestos a impedirlo. Para variar, el FMI exigía mayor control de las calles, y así la represión se hacía presente en cada jornada de protestas. Aquel 26 de junio, miles de manifestantes se congregaron en el Puente Pueyrredón para reclamar por trabajo, alimentos y asistencia en los barrios más carenciados.

La Policía Bonaerense –una de las cuatro fuerzas que integraron el operativo bajo órdenes del entonces gobernador Felipe Solá– avanzó con una brutalidad inusitada. Entre las postas de goma, algunas balas de plomo fueron disparadas contra la multitud. A Maximiliano Kosteki, de 22 años, lo mataron frente al Carrefour de Avellaneda y sus compañeros lo trasladaron a la estación ferroviaria. Poco después, Darío Santillán, de 21 años, fue ejecutado cuando se negó a abandonar a su compañero herido mortalmente, a quien no conocía. En ese momento lo ejecutaron por la espalda y su gesto trascendió la escena y se volvió bandera.

Las imágenes del crimen –captadas por fotoperiodistas Sergio Kovalewski y Pepe Mateos–, recorrieron el país, y dejaron al descubierto que no se había tratado de un enfrentamiento entre piqueteros, como había propalado el gobierno de Duhalde, sino de un asesinato a manos de las fuerzas represivas del Estado.

Veintitrés años después, en Monte Chingolo, el barrio donde militó Darío Santillán, su nombre sigue vivo en el trabajo cotidiano del FPDS, una organización que lleva su legado y lo multiplica en el trabajo comunitario. Allí, donde nunca dejó de funcionar la bloquera M’Barete, hoy funciona un merendero, jardines comunitarios, bachilleratos populares y espacios de contención. Todo lo que Darío soñó, y por lo que murió, hoy se construye con esfuerzo colectivo y compromiso con los barrios carenciados. 

De la crisis al barrio organizado

Carlos Leiva empezó a militar en diciembre del 2001, cuando el desempleo estaba desatado y la pobreza se profundizaba. “Nos habíamos quedado sin trabajo”, contó. “Vivía a media cuadra de donde estaba el comedor, me fui acercando cuando la necesidad se hizo fuerte. En ese momento no había otra salida”. Allí, Carlos conoció a Darío. Y desde entonces no se separó del Frente. Participando, ayudando en el comedor, acompañando a las familias. Cuando la organización comenzó, agrupada en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, tenían presencia en cuatro barrios de Lanús. Hoy son ocho en Chingolo y muchos más en otros distritos. “Antes teníamos muchos más compañeros”, dijo Carlos. “Hoy, por las políticas de este gobierno contra los movimientos sociales, somos menos. Todo lo que tenemos lo conseguimos a pulmón”, apuntó entre el polvillo de la obra y un mate caliente.

El Frente es el sostén del barrio, el apoyo a los más carenciados. Es la organización y resistencia contra la pobreza, la desocupación y el narcotráfico que seduce a los más jóvenes. Desde los bloques que ellos mismos hacen, el plato de comida, hasta el acompañamiento a los adolescentes, el Frente nunca cesó de trabajar. “Nos cuesta más que antes”, comentó Leiva y agregó: “Atravesamos la pandemia siendo un eslabón clave. Nos decían ‘quedate en casa’, pero había que comer. Nuestros comedores no cerraron entonces ni lo hicieron durante está crisis brutal”.

En una semana de memoria por la masacre de Avellaneda, el Frente planteó el pasado 20 de junio una jornada en la que cada distrito eligió sus actividades. En Almirante Brown, por ejemplo, embellecieron sus espacios pintando y arreglando. En otros lados hubo charlas, debates, proyecciones de documentales y encuentros con los distintos compañeros que hoy están organizados. “Nosotros elegimos hacer lo que hacemos siempre: trabajo solidario en uno de nuestros espacios”, explicó Leiva. Así, pasaron el día construyendo un local destinado a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de plantear una alternativa al narco que rápidamente está captando a los más jóvenes. “Les ofrecen una salida más fácil: el celular, unas zapatillas nuevas, cosas que los padres no pueden comprar porque eligen comer”.

 

Construcción y memoria: la bloquera M’Barete 

En Roca Negra, a ocho cuadras del centro del FPDS en el barrio La Fe, se levanta uno de los espacios productivos más significativos de la organización: la bloquera M’Barete –que en guaraní significa ‘fuerte’ –. Funciona en un terreno recuperado en el 2006, dónde también conviven un comedor, un espacio textil, un jardín comunitario y un bachillerato popular para adultos. La bloquera nació en los primeros años del Frente, fundada por el propio Darío Santillán, con una idea sencilla pero fuerte: fabricar bloques y ladrillos para que los vecinos pudieran construir sus propias viviendas, y al mismo tiempo generar trabajo digno y organización comunitaria. “Hace un año y medio que estoy en la bloquera”, recordó con orgullo Leiva. “Nuestros edificios están hechos, en gran parte, con bloques nuestros. Hoy están certificados por el INTI, antes eran mucho más precarios”, agregó.

Marta Alarcón es militante, cocinera y vocera del FPDS. Ella recordó los inicios del espacio. “Al principio se hacía todo a mano para construir escuelas y generar trabajo. Las paredes de este lugar están hechas con esos bloques. Con el tiempo llegaron máquinas y fue creciendo”. Hoy, la bloquera no sólo produce insumos de construcción. Produce dignidad, memoria y autonomía popular, sosteniendo con cada ladrillo un modelo de organización desde los cimientos, con la convicción de que la realidad se cambia así, trabajando.

 

   Un compañero, un ejemplo, una bandera

 

Así como Leiva, muchos en el Frente convivieron con Darío Santillán en aquellos años de crisis y lucha activa, y lo recuerdan con lágrimas en los ojos pero con el orgullo de saber que su recuerdo aún vive y que los valores por los que él murió siguen siendo el espíritu del Frente que ahora lleva su nombre. “Para mí es muy duro, pero a la vez gratificante”, contó Alarcón, recordando a Darío. “Dar una mano como lo hizo él, dejando su vida, es algo muy emotivo”.

Nadie se olvida de mencionar que Darío fue asesinado por negarse a abandonar a un compañero al que ni siquiera conocía. Tenía 21 años cuando lo asesinaron, pero todos lo recuerdan como el motor del lugar. “Hoy hablás con un pibe de esa edad y no tiene la coherencia que tenía él”, narró Alarcón. “Él nos motivaba, iba casa por casa, te buscaba si no venías a la asamblea, te empujaba a salir, a hacer algo”. Incluso quienes no llegaron a conocerlo, resaltan la importancia de reflotar su ejemplo y convocar desde la memoria. “El gesto solidario de Darío, que al ver a Maxi herido frenó para ayudarlo, sin conocerlo y poniendo en riesgo su vida, es una bandera que levantamos todos los días”, contó Tamara Kallsen, una joven militante del FPDS.

Esa bandera se traduce en los comedores, que sostienen a familias que no pueden garantizar un plato de comida; en el jardín comunitario donde se da educación amorosa y gratuita desde muy pequeños; en los espacios de niñeces, adolescencias y bachilleratos populares. “Buscamos colectivizar nuestras vidas y realidades. Pensar en comunidad, frente a un sistema que todo el tiempo nos empuja al individualismo, a la meritocracia, al ‘sálvese quien pueda’”, narró.

Juventudes, educación y contención 

Contener a los más pequeños es una tarea fundamental para el Frente. Se trata de apoyar a las familias para que puedan salir a trabajar sabiendo que sus hijos están protegidos, y de inculcar los valores del servicio comunitario desde muy chicos. Maia Mauriño es docente en el espacio educativo que está en Roca Negra. “Acá funciona un jardín de primera infancia desde hace más de ocho años. No le decimos ‘guardería’, porque no creemos que se trate de ‘guardar’ a los chicos como si fueran objetos. Es un espacio de cuidado, pero también de aprendizaje”.

Las jornadas de memoria también se llevan a cabo en este lugar, en donde se enseña desde un enfoque político-pedagógico que los invita a jugar, aprender y participar desde la educación popular. “Hacemos política desde lo cotidiano, desde lo social”, comentó Mauriño. “Obvio que creemos que las cosas están mal y que hay que cambiarlas, pero no creemos que eso se resuelva solo yendo a votar cada cuatro años”.

Melina Rogl también enseña en el lugar, es profesora de Lengua en el bachillerato. “Ahí damos clases para adultos que quieren terminar el secundario, que funciona de lunes a jueves por la noche”. El bachillerato está reconocido como anexo de un Centro Educativo de Nivel Secundario, y funciona, como parte de la organización, con asambleas mensuales. Kallsen acota que “hoy, en una situación donde la pobreza crece, donde la crisis ajusta y el narcotráfico se mete cada vez más en los barrios, creemos indispensable volver a abrir este lugar para contener a un montón de pibes y pibas que, si no encuentran espacios de abrazo, terminan en situaciones de riesgo”.

En el barrio nadie tiene el día libre, y así aprovecharon el 20 de junio feriado, aunque la mayoría deja de salir a buscarse el sustento o de hacer las tareas del hogar para estar, para acompañar, para trabajar por los demás y aportar a un proyecto que es social y colectivo. “En momentos donde más nos cuesta, es cuando más necesitamos tejer lazos sociales y no olvidarnos que somos compañeros y compañeras”, comentó Kallsen. Para ella, estas jornadas se vuelven fundamentales porque hay “pibes y pibas desamparados», una política que busca bajar la edad de imputabilidad, sin presupuestos que apuesten a fortalecer la niñez y que abona el abandono estatal. 

Las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki no apagaron la militancia. A 23 años de caer fusilados por las balas del comisario Alfredo Fanchiotti y su subalterno, el cabo Alejandro Acosta, el Frente Popular Darío Santillán sigue vivo en cada merendero, en cada bloque de la bloquera M’Barete, en cada clase de los bachilleratos populares, en cada jornada solidaria que le arrebata terreno a la exclusión. “Hoy sostenemos el trabajo con su ejemplo, con memoria todos los días, desde lo cotidiano”, afirmó Leiva. Porque el legado de Darío, dice, no es una consigna ni una efeméride, es una forma de vivir, de luchar, de no rendirse. Su historia. concluye, no se cuenta en pasado: se respira, se enseña y se construye.

Soja sana y poblaciones enfermas

Soja sana y poblaciones enfermas

Jun 25, 2025 | Comunidad, Destacado 3

En los pueblos rociados con glifosato, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Los casos de Ituzaingó y Monte Maíz, en Córdoba.

La soja es fundamental en nuestro modelo productivo, su siembra se realiza con semillas transgénicas resistentes a varios químicos, entre ellos el glifosato, desde 1996. Estos componentes lo que hacen es matar a otras plantas que le compiten, como las malezas, funcionando así como un herbicida. Pero el beneficio para la producción agrícola tiene su contracara en las poblaciones cercanas, conocidas como “pueblos fumigados”. En ellos, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer en un año y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde la provincia de Córdoba.

            Sofía Gatica, una de las fundadoras de las Madres de Ituzaingó, barrio anexo a la ciudad de Córdoba, en diálogo con ANCCOM relata: “Yo veía pasar mujeres con pañuelos en la cabeza y muchos niños con barbijo, las madres tenían cáncer y los niños diabetes”. Ese fue el puntapié inicial para comenzar a investigar lo que sucedía en la zona, golpeando casa por casa, así logró formar lo que denominó “un “mapa de la muerte”. Presentaron este documento en varios ministerios: en el de Salud, el de Medio Ambiente y el de Agricultura, pero el gobierno se negó a investigar. “Cajoneó nuestra nota hasta que llamamos a los medios, salimos a la calle a decir que teníamos cáncer”, recuerda Gatica y explica: “Nos dimos cuenta que el agua que nosotros consumimos tenía agroquímicos”. Los químicos presentes son endosulfán, DDT, malatio, y glifosato.

            Ávila Vázquez, explica sobre los problemas en las infancias y en el desarrollo neuronal: “Si la madre vive en zonas donde fumigan con glifosato y clorpirifos, hay un riesgo muy alto de que los chicos tengan problemas de defensa intelectual”, ya  que las neuronas en presencia de estas sustancias no se ramifican y no se intercomunican, pierden su  capacidad de funcionamiento. “Las ramas neuronales –complementa- son fundamentales para desarrollar nuestra capacidad subjetiva, sensorial e inteligencia”, agrega. En este sentido, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha reconocido en el 2015 que los herbicidas más utilizados en el mundo (el glifosato y 2.4D) son cancerígenos. Sobre esta misma línea Alejandra Paganelli, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área Biología Molecular, ha demostrado en sus investigaciones que el glifosato afecta el desarrollo embrionario produciendo malformaciones.

Los médicos de estas localidades han tenido reiteradss acciones de protesta contra este modelo, algo que muchas veces les ha traído problemas. Ávila Vázquez, quien se involucró en el estudio exhaustivo de los efectos de los agroquímicos en la salud de los niños, después de conocer la problemática de las fumigaciones hechas públicas por las Madres de Ituzaingó, contó que los productores los odian y los persiguen, además del apriete a los intendentes para que no hagan respetar las ordenanzas que las organizaciones lograron para que no se fumigue cerca de los pueblos. El médico aclara que la industria química sigue mintiendo, dicen que los agrotóxicos no son tóxicos y que el glifosato no hace nada, “es una mentira absoluta”, afirma.

            Es fundamental entender el peso del agronegocio en la economía nacional. Gatica explica: “Fijate que, tanto los gobiernos anteriores, como el de Macri, como éste, presionan a las empresas para que vendan la soja, para que hagan esto. Todo depende de la soja de estos señores”. Eso lleva a que las restricciones en muchas ocasiones no se respeten, nuestro país impone distancias de hasta 1000 metros con áreas de resguardo ambiental. Gatica, declara que pese a la existencia de estas regulaciones, muchas veces no se respetan, porque no hay quien haga el control. 

            Según Ávila Vázquez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, en la actualidad se usan más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, lo que implica una exposición por argentino de 15 litros por persona. Por otro lado, informa que las aplicaciones de estos químicos son bastante incontrolables, solamente el 20% de los que ellos tiran queda en el campo, el 80% se va al ambiente, terminando así en los cursos de agua.

            En este sentido, Ávila Vázquez junto a Flavia Difilippo, en su investigación explican que el intenso uso de agrotóxicos contamina los cursos de agua, el de lluvia, la tierra y el aire del ambiente agrícola, genera exposición ambiental y laboral a pesticidas, y también genera que los alimentos presenten residuos de estos cada vez más elevados, es así como la soja argentina que se exporta como poroto de soja lleva residuos de glifosato, muy superiores al límite permitido y paralelamente, las verduras que se consumen en la ciudades argentinas contienen cantidades preocupantes del agrotóxico.

            La alternativa posible es la agroecología y la adopción de programas de reducción de agrotóxicos similares a los que se usan en Francia, Bélgica y Dinamarca, asegura Ávila Vázquez: “Con asesoramiento del INTA, con asesoramiento de las facultades de Agronomía, con créditos y sobre todo con el estímulo de las retenciones, nosotros podríamos ir bajándole las retenciones a los productores que usen menos o no usen agrotóxicos, como lo han hecho Francia y Bélgica. No lo ha hecho prohibiéndolo, sino induciendo a los productores a cambiar el modo de producción”.             

            En 2016, la Red de Prevención de Monte Maíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba, y el Municipio de esa localidad le solicitaron a miembros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) un análisis socio-ambiental de la población. Allí se hizo un estudio ecológico observacional para verificar la contaminación con un análisis geográfico, químico y epidemiológico tranversal de prevalencia de enfermedades. Monte Maíz tiene 8.000 habitantes, allí se encontraron con 35 vecinos recientemente enfermos de cáncer. Según la OMS la población evaluada debería tener 11 casos. La tasa de mortalidad es de 38% debido a cáncer o tumores, mientras que las cifras de Buenos Aires no superan el 20%, ciudad de referencia. Se encontraron además que los casos de vecinos con enfermedades respiratorias obstructivas tipo asma, hipotiroidismo, lupus erimatosa se encuentran duplicando o triplicando las tasas de prevalencia en poblaciones de referencia a nivel provincial o internacional.

            Hace años se divulgan diversas publicaciones sobre las consecuencias de la exposición a estas sustancias en los seres humanos; sin embargo, las instituciones gubernamentales siguen aceptando solamente los estudios que le proporcionan las mismas empresas. Mientras tanto, en los pueblos fumigados, el 50% de las personas que se muere en un año, lo hace a causa del cáncer.

            En el 2019, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en prohibir en todo su territorio el herbicida glifosato, y la provincia de Misiones quiso seguir este mismo camino, prohibiendo en 2023 este mismo químico en su territorio, su aplicación comenzaría a regir a partir de este año. Sin embargo, en 2024 se decidió postergar la implementación de la ley hasta el 2030. La Sociedad Rural presentó muchas resistencias en este último caso tachando la ley de inconstitucional. Hace una semana, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe confirmó que los agrotóxicos producen daño a la salud y fijó los mil metros a la redonda de las poblaciones como límites a las fumigaciones. Un paso para que la producción agrícola sea más amigable con sus habitantes.