Un año sin Octavio Buccafusco

Un año sin Octavio Buccafusco

El joven de 34 años había llamado a la policía para que lo auxilie y terminó asesinado por ella. La familia reclama que la causa sea caratulada como homicidio agravado.

En la madrugada del 3 de septiembre de 2025 Octavio Buccafusco murió después de ser interceptado y reducido en la vía pública por agentes de la Patrulla Municipal de Vicente López y un efectivo de la Policía Bonaerense. Buccafusco, de 34 años, había llamado esa noche al 911 para denunciar una intrusión en su domicilio. Según la familia y la querella, estaba atravesando un episodio de salud mental cuando fue reducido por los agentes.

Ante la negativa de los oficiales a ingresar a verificar la situación, decidió trasladarse en bicicleta, con su perro en brazos, hasta la dependencia policial más cercana, ubicada en Güemes y Maipú. Allí fue interceptado por los mismos agentes municipales que habían desestimado su pedido, junto con un policía bonaerense. 

Según las cámaras de seguridad que registraron la escena, lo rodearon, lo tiraron boca abajo contra el cordón de la vereda y lo mantuvieron inmovilizado mediante presión física durante varios minutos, hasta que dejó de reaccionar. Recién entonces llamaron al SAME, que lo trasladó al Hospital Municipal de Vicente López, donde fue declarado muerto pasadas las 8.30 de la mañana.

A un año de su muerte, la causa continúa abierta y la familia reclama que el hecho sea investigado como homicidio agravado. El proceso judicial avanzó con demoras que la propia querella considera alarmantes. Entre ellas, la falta de insumos en los laboratorios del Ministerio Público para realizar el informe toxicológico, situación que postergó el informe final de autopsia. Recién diez meses después de la muerte de Buccafusco, tres integrantes de la Patrulla Municipal -Yamila Flores, Gustavo Acosta y Eduardo Jaime- y el policía bonaerense Maximiliano Maguayar fueron llamados a declaración indagatoria. Los tres patrulleros declararon el 15 de julio de este año. Maguayar lo hizo primero el 24 de junio y, después de haber pedido revertir su decisión inicial de no declarar, volvió a hacerlo el 18 de agosto.

El núcleo del conflicto judicial pasa por la calificación del hecho. El fiscal de San Isidro Alejandro Adrián Guevara caratuló la causa como homicidio culposo en concurso ideal con severidades, apoyándose en una autopsia que definió la muerte como “multifactorial”. En ella se detectaron restos de sustancias tóxicas junto con lesiones traumáticas en el bloque laringotraqueal y a nivel pulmonar y meníngeo.

La familia de Buccafusco y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechazan esa calificación. La CPM es un organismo público extra poderes de la provincia de Buenos Aires dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos y a la prevención de la violencia estatal. En este caso interviene como particular damnificado institucional, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura.

 

Morir asfixiado por la policía 

Un informe pericial de parte, elaborado por el médico legista Marcelo Nienkes y aportado por la CPM, concluyó que la causa de muerte fue una asfixia por sofocación posicional, que vinculó directamente con la intervención de los tres patrulleros y el efectivo policial. Augusto Infante, abogado de la CPM, cuestiona el criterio fiscal: “La causa ha avanzado porque la prueba se ha acumulado. A la fecha sigue estando inconclusa una pesquisa que debió haberse terminado mucho antes”. Para Infante, la descripción del hecho realizada por el Ministerio Público Fiscal “no valora adecuadamente la secuencia de los hechos que motivaron o que dieron lugar al resultado de muerte”, al partir de la premisa de que el procedimiento de identificación y retención de Buccafusco fue legítimo, algo que la querella rechaza.

El abogado sostiene además que la calificación correccional y no criminal del expediente limita la posibilidad de juzgar con la intensidad correspondiente la responsabilidad de los imputados. La familia reclama, en cambio, que se investigue el hecho como homicidio doloso agravado.

La CPM también cuestiona el funcionamiento de las patrullas municipales bonaerenses. La Patrulla Municipal de Vicente López fue creada durante la gestión de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y continúa bajo la gestión de Soledad Martínez, también del PRO.

Infante describe que este tipo de patrullas municipales presentan irregularidades que exceden el caso de Vicente López. Señala que suelen estar integradas por personal contratado de manera precaria, con instancias de formación muy cortas que no están auditadas ni determinadas por una autoridad de aplicación. Adicionalmente, cuestionó la ausencia de controles sobre la idoneidad de sus integrantes y sobre sus condiciones psicoemocionales, además de la falta de equipamiento y protocolos de actuación equivalentes a los que rigen para las fuerzas de seguridad provinciales.

En su Informe Anual 2026, la Comisión señaló que en los últimos años proliferaron las llamadas guardias municipales bonaerenses, creadas al margen de la regulación provincial. Según el organismo, estas estructuras asumen facultades propias de la función policial, como la aprehensión de personas o la requisa de pertenencias, y utilizan equipamiento policial. Para la CPM, este proceso supone un quiebre de la institucionalidad y genera condiciones para el incremento de la violencia estatal.

El caso de Buccafusco no es el único que involucra a la Patrulla Municipal de Vicente López. En junio de 2024, un móvil de esa dependencia atropelló y mató a Pedro Pressavento, de 21 años, en Villa Martelli. Meses después, en marzo de 2025, agentes de la misma fuerza dispersaron con pistolas de gas comprimido a integrantes de la agrupación murguera Murgas Unidas mientras se presentaban en Vicente López. Hubo heridos y un detenido por resistencia a la autoridad.

A un año de la muerte de Buccafusco, la disputa judicial sigue abierta. Con las indagatorias ya realizadas, la fiscalía dispuso recientemente una ampliación de la pericia médico legal para determinar con mayor precisión el mecanismo de la muerte.

Mientras la investigación continúa, su hermano sostiene que el reclamo trasciende la causa judicial. En un video publicado por la CPM en Instagram por el primer aniversario de la muerte de Octavio, expresó: “Hoy en día no puedo traer a mi hermano de la muerte, pero sí puedo hacer algo al respecto para que esto no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasarle a nadie. Porque Octavio podría haber sido tu hermano, un amigo, tu hijo”.

También recordó los testimonios de cuatro personas que, según relató, escucharon a Octavio gritar durante el procedimiento: “Me están matando, basura. Llamé a la policía. Me arrepiento de haber llamado”.

Sobre el accionar de los agentes, cuestionó: “La Patrulla Municipal de Vicente López se maneja así. Hay tantas cosas que se pueden hacer antes de acudir a la violencia, pero ellos acudieron a la violencia y terminaron asesinándolo. Todo mal hicieron. De todas las formas que había de encarar esta situación, ellos eligieron la peor”.

 

La familia y la CPM continúan reclamando que la investigación contemple la responsabilidad de los agentes en la muerte de Buccafusco y que el hecho sea juzgado como homicidio agravado. La definición de la fiscalía sobre la calificación del delito y los resultados de la nueva pericia médico legal serán determinantes para el futuro de la causa.

«El tema de la vivienda es una demanda histórica»

«El tema de la vivienda es una demanda histórica»

Mientras el jefe de Gobierno señala que urbanizar las villas fue un error, los vecinos de la 1-11-14 presentaron un proyecto para mejorar su calidad urbanística. Proponen, además, implementarlo con mano de obra propia, de manera de solucionar también la problemática laboral.

«Nuestros principales reclamos son los servicios básicos como luz, gas y agua de los cuales muchos vecinos no disponen. Además, que se garantice el acceso a calles abiertas para que circulen las ambulancias, a obras de cloacas para que no se inunde, mejorar el tendido eléctrico, la limpieza, y varios reclamos que el IVC [Instituto de Vivienda de la Ciudad] no puede resolver», afirmó, en diálogo con ANCCOM, la comunera Elisa Juárez y vecina histórica del barrio popular Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 1-11-14, CABA).

Juárez, junto con las legisladoras del bloque de Fuerza por Buenos Aires Bárbara Rossen y Berenice Iañez, acompañó la presentación de un proyecto de ley para la reurbanización del barrio, ubicado en la zona de Flores, en la Comuna 7 porteña. «El tema de la vivienda es una demanda histórica y con este proyecto parece que podemos lograr algún cambio», agregó Juárez, quien además se desempeña como educadora popular y promotora de género y diversidad.

El proyecto, cuyo objetivo es establecer un marco legal para la zonificación e integración social del barrio Ricciardelli, fue presentado ante la Legislatura porteña el 13 de julio último por el padre de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo, Martín Durán. La iniciativa busca actualizar la antigua Ley 403/2000, con nuevas herramientas y garantíasque aseguren el acceso a una vivienda.

Según el último censo porteño de 2018, en el barrio viven 12.000 familias en unas 4.000 viviendas, lo que refleja una importante situación de hacinamiento y déficit habitacional.

La Ley 403, sancionada el 8 de junio del 2000, ya contemplaba la reurbanización de la entonces Villa 1-11-14, sin embargo, gran parte del plan nunca llegó a concretarse. El nuevo proyecto retoma esa base, pero incorpora mecanismos para hacer efectiva la reurbanización y adaptarla a la realidad actual del barrio.

«Le brinda más elementos técnicos al Ejecutivo porteño para desarrollar una estrategia del suelo y así plantear los proyectos de las necesidades del barrio –subrayó la legisladora peronista Berenice Iañez–. La presencia del Estado es esencial para garantizar el desarrollo de las obras».

Según el último censo porteño de 2018, en el barrio viven 12.000 familias en unas 4.000 viviendas, lo que refleja una importante situación de hacinamiento y déficit habitacional. El proyecto de ley, que cuenta con 10 capítulos y 41 artículos, resalta las necesidades del lugar –tales como infraestructura y tierras para un reordenamiento de las familias– y exige mejorar el acceso a la salud, educación, áreas verdes, tránsito, transporte y seguridad.

Entre los aspectos previsto por el proyecto, destaca la creación de una Mesa de Gestión Participativa (MGP) conformada por el IVC, delegados del barrio, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente y vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de CABA y el presidente y vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano del mismo cuerpo. Como se explica en los artículos 24 y 25, la MGP tiene el objetivo de convocar periódicamente a asambleas de carácter abierto para garantizar el acceso a la información y la participación de los vecinosen el proceso de reurbanización, para luego aprobar reglamentos de funcionamiento interno y/o mecanismos propios para la generación de consensos.

 

Asimismo, el proyecto plantea un horizonte de obras a largo plazo para completar la integración urbana. Durante ese período, deberían desarrollarse reformas vinculadas con viviendas, infraestructura, servicios y espacios públicos. La iniciativa legislativa busca promover el empleo local, reglamentando en su Artículo 36 que al menos el 30 por ciento de la mano de obra utilizada en las construcciones deberá provenir del propio barrio, para que funcione como fuente de ingresos de los propios vecinos.

«Es un proyecto bastante ambicioso y nos propusimos construirlo en comunidad. Además, se dio en un ámbito muy democrático de ida y vuelta, durante cuatro meses de debates y reuniones con los vecinos de todas las manzanas, ya que ellos querían estar al tanto de cada detalle», explicó el comunero Leonardo Militello. «Esto va a ser un círculo virtuoso para la economía del barrio,ya que los vecinos van a poder ser partícipes de la opinión de cómo pueden ser sus viviendas y a la vez va a generar trabajo», añadió.

Otro punto importante es la prohibición de desalojos forzosos. «El orden no es estigmatizar a todos aquellos que hayan elegido nuestras tierras para vivir o por su condición de pobre, orden es garantizar a las familias una vida normal, y eso incluye tener una vivienda en condiciones, la posibilidad de un hospital cercano y una escuela para los chicos», subrayó la legisladora Iañez.

«Es un hecho de violencia institucional, ataque mediático y hostigamiento»

«Es un hecho de violencia institucional, ataque mediático y hostigamiento»

A través de un mensaje en la red sociodigital X, el Gobierno anunció el despido de Norma Lezana, referente gremial del Garrahan. Pero no hubo notificación fehaciente ni motivos aparentes para la desvinculación.

“Estaba destruida cuando vi lo que estaba pasando”, aseguró Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, en diálogo con ANCCOM.

A través de un comunicado en X, el Gobierno nacional informó su desvinculación. La institución afirmó que “no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales”, haciendo referencia al 2025 y los reclamos salariales del sector.

La delegada sindical comentó que rechazaron todas las pruebas que presentó en su defensa. “Nosotros tenemos el reconocimiento facial para ingresar y para registrar la salida. Nadie duda de que yo estuve en el hospital, fiché ingreso y salida y estuve donde todos sabían que estaba, que era en el hospital y recorriéndolo”, argumentó contra las acusaciones del Gobierno nacional.

Lezana es una de las referentes en las manifestaciones contra el ajuste en el presupuesto destinado a la salud pública. Protagonizó el conflicto gremial de 2025 a través de medidas de fuerza, como paros y asambleas en el Hospital Garrahan, que lograron una recomposición salarial del 61% en noviembre. En este contexto, el Ministerio de Salud inició un sumario contra 40 trabajadores.

“Uno podría decir que es una fake news pero, viniendo del ministro de Salud, parecería más una operación mediática para desprestigiar y perseguir a una secretaria general de un sindicato”, afirmó Lezana en respuesta al accionar de Lugones. La nutricionista, que desconoce la medida comunicada en las redes por no haber sido notificada fehacientemente, caracterizó este proceso como un hecho que denota violencia institucional, ataque mediático y hostigamiento.

A pesar de la merma de los reclamos en comparación al año anterior, la crisis económica sigue presente en la disminución del personal, el aumento de los costos y la falta de medicamentos. Lezana admitió que la desfinanciación del sistema de salud atravesó todos los gobiernos pero, a diferencia del actual, había un diálogo con las autoridades, una posibilidad de llegar a un acuerdo y un reconocimiento de la situación crítica en materia salarial. “Durante 2025 hubo 70% de ajuste en el presupuesto comparado con 2024”, describió la secretaria general de APyT.

El plan económico del presidente Javier Milei se basa en el ajuste sobre el sector público, incluyendo el sistema de salud, para sostener el superávit fiscal. Lezana se ve a sí misma como un obstáculo para este modelo de país y comprende que no es algo personal. A través de asambleas y marchas, la sindicalista confía en la construcción colectiva y en que debe tomar la historia en sus manos porque cada vez que el pueblo se manifiesta en las calles, el gobierno retrocede. “Lo peor que nos puede pasar es pensar que no se puede cambiar nada (…) Tenemos que recuperar la esperanza y la certeza de que podemos levantarnos y ponernos codo a codo”, cerró con firmeza.

Peter, Peter, compadre

Peter, Peter, compadre

Dos semanas después de que un conjunto de gandalfs se presentara en su mansión para decirle “you shall not pass”, y al día siguiente de que se realizara una audiencia informativa en el Congreso en torno a su llegada al país, un grupo de personas con máscaras, disfraces, gorros y carteles se concentró en la casa de Peter Thiel para pedir por su desalojo.

Este sábado, un grupo de personas marchó desde la Flor de Figueroa Alcorta hasta la mansión que Peter Thiel compró en Barrio Parque, sobre la calle Dardo Rocha. “Que dé explicaciones de qué está haciendo en nuestro país y qué va a hacer con nuestros recursos”, dice Paula (24 años), una de las manifestantes. La convocatoria había sido difundida bajo las consignas de “Desalojo express a Peter Thiel”, “Peter Thiel go home”, “No al Súper RIGI”, “La tierra y el agua no se venden”. Aunque embrionaria aún, parece empezar a aparecer una reacción a la llegada del fundador de Palantir, que estuvo tres meses en Argentina y se reunió con distintos funcionarios del gobierno. Los paquetes de reformas que la administración de Milei intenta promover son motivo de esta reacción, en tanto parecen estar hechas a medida para el arribo de este tipo de empresas tecnológicas a nuestro territorio. Los manifestantes, escoltados siempre por varios efectivos de policía, estuvieron unos minutos en la puerta de la mansión de Thiel, leyeron mensajes con sus megáfonos y volvieron hacia las escalinatas de la Facultad de Derecho, donde culminó la marcha.

“Hay cosas que no se pueden vender. El agua y la tierra no se pueden vender, y menos para que sean los recursos de los data centers que quieren implantar en la Patagonia. Se la pasan desalojando a las comunidades originarias en todas partes del país. Nosotros queremos desalojar a Thiel. Así como logramos frenar la extranjerización de tierras, tenemos que seguir movilizándonos, por los endeudados, por las comunidades originarias, por los que no llegan a fin de mes. Para frenar a este gobierno que quiere reprimarizar la economía y entregar el país a estos tecnofascistas para hacer negocios”, dice Paula. El reclamo sobre la soberanía del territorio y los recursos nacionales destaca en un contexto donde el gobierno nacional sigue intentando impulsar el Súper RIGI, un proyecto de régimen impositivo que otorgaría inéditos beneficios para empresas extranjeras y que busca especialmente seducir a empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial y a la explotación de minerales críticos. El Súper RIGI reduce la alícuota de Ganancias al 15 por ciento, permite acelerar la amortización de bienes y otorga créditos fiscales para saldar IVA y aportes patronales. El proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y busca su aprobación en el Senado, donde el oficialismo necesita acordar con otras fuerzas políticas: Patricia Bullrich, senadora de la Libertad Avanza, está negociando con el PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales.

Fernando (67 años), otro asistente de la movilización, explica: “Esto es una mezcla de todo porque, por un lado, están intentando un extractivismo sobre nuestros recursos naturales como siempre en la historia lo quiso hacer el liberalismo. Tierras, minerales, hidrocarburos. Pero ahora viene lo nuevo: vienen estas empresas tecnológicas a expropiar esos recursos para solventar sus infraestructuras digitales, que son de un enorme riesgo para nuestra democracia. Con esas infraestructuras expropian otros recursos: los datos de la gente. Y andá a saber qué hacen con eso. Yo creo que lo peligroso es la colaboración con el Estado. Porque acá no es solo que te estudian para ponerte publicidad a tu medida. En Estados Unidos ya estuvieron usando la infraestructura de Palantir para deportar gente, por ejemplo”.

En síntesis, los riesgos que subrayan los detractores de la llegada de Thiel son tanto ambientales y económicos como políticos y culturales. Es decir, por un lado, el riesgo ecológico que supondría implantar sin límites centros de datos en el sur del país, ambiente que tiene los recursos hídricos y el clima idóneo para desarrollar este tipo de industrias. Por otro lado, los efectos que tendría sobre la democracia la vinculación de empresas como Palantir con el Estado Nacional, nexo del que la sociedad civil no sabe prácticamente nada, ya que todas las reuniones con actores del gobierno fueron privadas. En Estados Unidos, Palantir brinda sus servicios al gobierno nacional para colaborar con el ICE, el organismo dedicado a deportar inmigrantes del territorio, y con instituciones militares y de inteligencia como la CIA o el Pentágono. La Argentina, por sus condiciones climáticas, su ubicación geográfica y, contingentemente, por su gobierno libertario, se erige como una tierra fértil para la experimentación de tecnomagnates como Thiel: “No queremos que nuestro país se convierta en un laboratorio”, dice Paula.

Si bien el fundador de Palantir había llegado a la Argentina en abril de este año, recién durante las últimas semanas empezaron a aparecer reacciones políticas incipientes. Para dilucidar la opacidad que reviste la visita y estadía de Thiel a la Argentina, Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, había convocado el día anterior a una audiencia informativa en el Congreso, a la que, a pesar de estar invitados para dar explicaciones, no asistieron ni Thiel ni ningún funcionario del gobierno. Además, dos semanas antes de la manifestación del sábado, se había congregado en la casa del empresario un grupo de personas disfrazadas de Gandalf, el mago de El señor de los anillos. Ese día, desplegaron un cartel que decía “You shall not pass / La concha de tu madre” y cantaron: “Peter, Peter, compadre / la concha de tu madre / Si querés palantires, para ver el futuro / Mirate en el espejo, vas a ver un boludo”.

Con aquel episodio se libra una guerra narrativa. “Los palantires son estas esferas de cristal circulares que sirven para la comunicación”, explica Justo (29 años), otro manifestante: “En El Señor de los Anillos, Saruman, que es un mago que fue corrompido por el poder de la oscuridad y del mal, las usa para comunicarse con Sauron, que es el líder de la maldad, básicamente. Y estas bolas pueden ser útiles, pero si son utilizadas de una manera oscura o caen las manos equivocadas, pueden tener fines muy malos. Es un medio para esparcir y comunicar maldad. Pero lo peor es que no sabés quién te puede estar mirando del otro lado cuando lo usás”. Metáfora de su omnipresencia y capacidad de vigilancia masiva, la utilización de la creación de Tolkien para denominar a su empresa sitúa a Palantir en una posición de imponente poder. Alex Karp, cofundador de Palantir junto con Thiel, escribe en su libro La República Tecnológica: “Palantir toma su nombre de El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien, y hay quien ha sugerido que las referencias a Tolkien son preferidas por la ‘extrema derecha’. El interés por arraigar los objetivos de una empresa corporativa en un contexto y una mitología más amplios debería festejarse, no desestimarse”. La elección del nombre describe también la frontalidad con que los fundadores de la empresa definen sus objetivos y sus intenciones de colaborar con el Estado norteamericano en actividades de vigilancia, de persecución de personas, e incluso en actividades bélicas.

“Es tan irónico que le hayan puesto Palantir a su empresa. Nosotros, por ejemplo, estamos todo el día hablando con la inteligencia artificial, y no sabemos qué se hace con esa información que le estamos cediendo. ¿Quién tiene la propiedad de esa información? ¿Quién está del otro lado viéndote? No hay mucha conciencia sobre eso todavía. Y eso que uno elige hablar con la IA. Pero ¿qué pasa con estas empresas que, en tándem con el gobierno, quieren imponer un sistema de vigilancia masiva, sin nuestro consentimiento?”, dice Justo. Y cierra con una reflexión: “En El señor de los anillos, Pippin, uno de los hobbits, agarra el palantir y ahí tiene una comunicación directa con Mordor y con Sauron, y eso hace que Sauron tenga más información sobre lo que está pasando en la Tierra Media. O sea, sobre lo que está pasando con su enemigo. Pero eso lo terminan usando a su favor, para confundirlo. Después Aragorn agarra el palantir y se muestra a propósito, para que Sauron desvíe su atención y mande sus fuerzas a Gondor. Y así, el camino de Frodo para destruir el anillo se hace más fácil. Quizás hoy podrían intentarse estrategias en ese sentido. Hay que engañar a estos sistemas de inteligencia artificial, confundirlos”.

La casa de Peter Thiel en Barrio Parque ya se convirtió en un escenario de protesta. Queda por ver cómo seguirá reaccionando la política y la sociedad civil ante los beneficios que quiere otorgar el gobierno a los gigantes tecnológicos, ante el extractivismo de recursos naturales y virtuales, y ante la intromisión de la vigilancia masiva digital en la vida cotidiana.

Condenado pero no tanto

Condenado pero no tanto

El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal dictó sentencia este miércoles contra Gonzalo “Chispa” Sánchez, exintegrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue sentenciado a 16 años y 8 meses por 178 casos de privación ilegítima de la libertad y homicidios cometidos entre 1976 y 1978, durante la dictadura cívico militar.

“16 años y 8 meses” fue  el veredicto de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli que pone fin al juicio oral iniciado en octubre del año pasado contra Gonzalo “Chispa” Sánchez. La condena es por 178 casos de privación ilegítima de la libertad y homicidios (de los 193 de los que se lo acusaba) cometidos entre 1976 y 1978. El represor de 74 años, además, tuvo que ser extraditado desde Brasil en 2020 tras más de dos décadas de permanecer prófugo. Su participación con el terrorismo de Estado llevado adelante por la ultima dictadura civico-militar, incluye el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh.

Durante la lectura de la sentencia, llevada a cabo cerca de las 11 de la mañana en Comodoro Py 2002, estuvieron presentes familiares, sobrevivientes, periodistas, militantes de Derechos Humanos y de distintas agrupaciones políticas, los cuales demostraron malestar tras conocerse la decisión unánime por parte del tribunal y levantaron carteles que mantienen vivas a las víctimas de la dictadura. El genocida presenció el veredicto de forma virtual, un beneficio que le otorgó el tribunal al igual que en la primera audiencia, que también había sido desarrollada de forma presencial.

La decisión del tribunal se dio luego de los pedidos formulados durante la etapa de alegatos. La fiscalía (encabezada por Félix Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko) y las querellas que representan a querellantes particulares y organismos de derechos humanos habían solicitado la pena de 25 años de prisión sosteniendo la responsabilidad operativa del acusado dentro de la patota de la ESMA.

Tras la lectura del fallo en Comodoro Py, el abogado querellante Pablo Llonto, en diálogo con ANCCOM, criticó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 5: «La lectura que hacemos es crítica porque con 178 privaciones ilegales de libertad se hace muy difícil entender algún fundamento para justificar ese monto de pena cuando lo que se pidió es el máximo que correspondía, que es 25 años». El especialista puso el foco en la desproporción de los 16 años fijados por los jueces al compararlo con resoluciones de otros procesos por delitos de lesa humanidad: «Ha habido otros casos de genocidas condenados por privación ilegal de libertad de menos casos (de un caso, de tres casos) y las condenas fueron a 18 años, o sea, a más de 16».

Poco para festejar

En Comodoro Py el clima no fue de festejo ni alegría, en diálogo con ANCCOM, Carlos Loza, uno de los sobrevivientes de la ESMA, que declaró en este juicio contra “Chispa” Sánchez, sostuvo: “Nos queda un sinsabor porque consideramos que es una pena menor para los gravísimos hechos que cometió: 178 fueron secuestros, torturas, en algunos casos violaciones; todo lo que ha pasado no está contemplado en esta pena”. Y agregó: “La pena de este tribunal es desconcertante, insuficiente, seguramente las querellas apelaremos este desastroso veredicto que no contempla la justicia que nosotros pretendemos para criminales de esta envergadura, gravísimos para la humanidad”. Como testigo en el juicio dio cuenta de que horas después del crimen de Jorge Mendé (una de las caras que sostiene en sus carteles) un represor joven subió hasta «Capucha», se sentó frente al ventiluz del altillo y tocó unos temas de rock nacional en la guitarra. En la audiencia desarrollada el 19 de noviembre del año pasado, el testigo se preguntó abiertamente si ese muchacho no había sido el propio Gonzalo Sánchez, a quien una investigación del periodista Ricardo Ragendorfer para Tiempo Argentino ubica como el ejecutante de la guitarra en la ESMA.

Respecto a las especulaciones técnicas sobre los considerandos de la condena, Llonto advirtió sobre la falta de consistencia jurídica del fallo: «Si bien los fundamentos van a aparecer en octubre, es muy difícil comprender por qué lado van a ir. Probablemente vayan por el lado de una posición no jerárquica en el grupo de tareas o algún invento por ese lado, pero la verdad que en el monto de la pena es una pésima sentencia. Rescatamos la condena, sin duda, porque es un nuevo genocida sentenciado y más un genocida que estuvo prófugo, pero no podemos de ninguna manera avalar ese monto de pena».

Tras la lectura del veredicto, el proceso entrará en una breve pausa procedimental. Según lo estipulado por el Tribunal Oral Federal N° 5, habrá que esperar hasta el próximo 22 de octubre para conocer en detalle los fundamentos completos del fallo. A partir de la difusión de ese documento, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que tanto las querellas como la defensa presenten sus eventuales recursos de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Las infancias también fueron víctimas de la dictadura

Las infancias también fueron víctimas de la dictadura

En el marco de los 50 años del golpe, Sudamericana publicó Malmö, una historia argentina, un libro escrito por Mónica Szurmuk que narra las vivencias de los tres hermanos Ramírez en la Casa de Belén, un hogar convertido en centro clandestino de detención para los niños y niñas cuyos padres habían sido asesinados o desaparecidos por la última dictadura.

María Ramírez realizó esta obra durante el juicio que condenó a los responsables del asesinato de su madre.

La investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Mónica Szurmuk, publicó Malmö, una historia argentina, un libro que cuenta lo que vivieron María, Carlos y Mariano Ramírez en el Hogar Casa de Belén luego de que la dictadura asesinara a su madre, Vicenta Orrego Mesa, frente a sus ojos. La obra protagonizada por María, quien continúa reconstruyendo su vida en la ciudad sueca que le dio el título al libro, alumbra una dimensión del horror poco conocida del terrorismo de Estado: hubo niños que no fueron apropiados, sino retenidos en instituciones, sometidos a múltiples abusos y separados de su identidad durante años.

La Casa de Belén se ubica a cinco cuadras de la estación de Banfield. Mónica Szurmuk, que vivía en el mismo barrio, tomó contacto con lo que sucedía allí porque los padres de una amiga suya fueron parte del grupo fundador del hogar. Cinco de los catorce niños y niñas que estaban retenidos en ese lugar eran hijos e hijas de personas desaparecidas o asesinadas por la dictadura. Entre ellos se encontraban los hermanos Ramírez, quienes estuvieron encerrados desde abril del 77 hasta diciembre del 83. La jueza de menores de Lomas de Zamora, Delia Pons, que murió impune, fue la encargada de caratular los expedientes de los tres como NN, de enviarlos y retenerlos en el Hogar y obstaculizar la restitución de su identidad y su encuentro con su familia.

“¿Qué imaginaba Vicenta que vendría después? María no puede pensar en eso todavía. Recuerda las últimas palabras que le dijo su madre: ´Cuídense entre ustedes´. No recuerda lo que pasó después: la lluvia de balas sobre la mamá, la caída, la muerte. El aire liviano de la madrugada”, escribe Mónica en Malmö. La narración sensible de la autora sigue a María y recorre su infancia atravesada por el horror, pero también su adolescencia y adultez marcada por el arte, la resistencia y reparación a partir del reencuentro con su padre, Julio Ramírez, que había sido un preso político desde 1974, con el que se fue a vivir a Suecia, donde se exilió. Recién en 2023 los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los hermanos Ramírez fueron juzgados. 

María Ramirez junto a Mónica Szurmuk.

¿Cómo tomaste contacto con lo que sucedía dentro del Hogar Casa de Belén y cuándo decidiste contarlo en un libro?

Yo me entero que iba a haber hijos e hijas de personas víctimas del terrorismo de Estado por una amiga cuyos padres estaban involucrados en ese lugar. En ese momento no sabíamos qué era lo que pasaba. Después, cuando me enteré de que había chicos desaparecidos y niños nacidos en cautiverio que no se encuentran, me empezó a hacer ruido ese lugar y comencé a pensar que había estado relacionado con eso que estaba pasando. Ahí fui a la casa de Abuelas de Plaza de Mayo a contarles esto que yo no sabía, pero me encontré con que ellas sí sabían lo que pasaba en ese lugar, conocían a la jueza Pons y habían ido a visitarla. Pasaron muchos años desde ese momento hasta que escribí el libro, pero en el medio tuvimos un proyecto con un grupo de investigadores y estudiantes doctorales y de maestría de la UNSAM que se llama Cartografías Íntimas en Comunidad, en el que trabajamos en la zona con sitios de memoria, algunos que ya fueron designados como tales como El Pozo de Banfield y otros, como la Casa de Belén, que sigue en funcionamiento y hasta ahora no ha sido caratulada de esa forma.

 

El libro está compuesto por capítulos cortos y la historia está escrita casi sin adjetivar el horror, ¿por qué tomaste la decisión de contar la historia de María y sus hermanos de esa manera?

Buscaba una manera de contarlo y leí un libro de una autora vietnamita-canadiense que usa este tipo de narrativa de capítulos muy cortos y despojados, porque el problema es que toda esta situación es tan horrible y tan terrible que sobran los adjetivos. La narración te dice todo. Yo no quería guiar a los lectores y decirles ´acá se tienen que poner tristes´. A mí me parecía que tenía que contarlo de la manera más despojada posible y eso fue lo que hice. Gran parte del trabajo de escritura fue como hacer una escultura, fui esculpiendo la piedra para que fuera apareciendo esta forma que es bastante económica de contar, con capítulos cortos que se ocupaban de diferentes cosas.

 

¿Por qué elegiste que el nombre de la ciudad en la que vive María Ramírez sea el título del libro?

Tiene que ver con una experiencia que hace que María sea diferente a otros sobrevivientes.  María llegó a Suecia a los 12 años, ella vivió esta historia en otro idioma, se escolarizó en sueco. Cuando estuve con ella en Malmö entendí que la manera que tuvo de poder hacer sentido de su historia había pasado muy lejos de la Argentina y además, a diferencia de otras comunidades de exiliados como las de España o México, el refugio en Suecia fue mucho menor y mucha de la gente regresó al país, entonces María cuando fue siendo adolescente adulta, joven, conocía esta historia, la compartía con su padre y sus hermanos, pero fue creando a través de la literatura y la pintura una manera particular de registrarla. Ella en Malmö reconstruyó su vida con mucho trabajo, pudo tener una profesión, una familia, tener un hijo. A mí me parecía que el libro tenía que tener las dos partes: “Malmö” y “una historia argentina”. Malmö es ese lugar donde María pudo repararse a sí misma y donde se sigue reparando. Lo que pasa con estas historias es que continúan para siempre por el enorme trabajo que ella ha hecho, el enorme deseo de justicia y el enorme trabajo para lograr la justicia. Es una familia que sufrió muchísimo, entonces el trabajo de reparación es continuo, no se termina cuando finaliza el juicio pero sí se avanza.

En el libro relatás una conversación que tuviste con María en la que le dijiste que la justicia llegó tarde y ella replicó: “la justicia es imprescindible”. ¿Qué importancia tiene la justicia en esta historia y por qué se debe continuar juzgando a los responsables después de tantos años?

Esa fue una conversación que tuvimos con María en el jardín de su casa. Ella estaba pintando el operativo (en el que asesinaron a su madre) y me dijo que era lo más difícil que había pintado, que no podía terminarlo, y estaba la balanza de la justicia. Evidentemente, era una incapacidad mía ver lo que significaba para ella, entonces yo le dije que a mí me parecía que la escena no necesitaba la justicia, que la justicia había llegado muy tarde, porque ese es el último momento en el que están todos juntos, a la madre la van a matar en pocos minutos y ellos van a quedar al cuidado de un sistema judicial que les va a fallar continuamente, que los va a maltratar, pero ella me dijo: “la justicia es imprescindible”. En estos años de amistad con María me di cuenta que ella tenía razón, no yo. A ella la vida le cambió enormemente después del fallo. La justicia les pudo restituir algo importantísimo, por supuesto no les pudo restituir a su madre ni la vida que ellos tenían, pero les pudo dar cierta reparación para seguir viviendo. Eso es fundamental y es lo que tenemos que defender, por eso los juicios tienen que seguir.

 

El lanzamiento del libro coincide con avances en relación a la lectura que hace la Justicia de los crímenes de la dictadura cometidos contra niños y niñas. En el juicio de la Comisaría 5ª de La Plata, la Fiscalía Federal de La Plata le solicitó al juzgado tipificar los delitos de lesa humanidad contra las infancias y considerarlas como víctimas directas del terrorismo de Estado. Hace unos días la Justicia de Santa Fe también dictó un fallo histórico en la causa Laguna Paiva II que reconoció que el abandono de niñeces durante la dictadura es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué lugar tomaron las infancias a 50 años del golpe a partir de estas nuevas dimensiones para entender el alcance del terrorismo de Estado?

Me parece fundamental lo que está sucediendo, era una deuda. Dentro de H.I.J.O.S hay militantes que hace muchos años están haciendo este reclamo, lo mismo sucede con muchos académicos y académicas. En el caso específico de la Casa de Belén el fallo dice que estos chicos y chicas fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, del sistema concentracionario. Para los hermanos Ramírez fue fundamental que se los considerara víctimas directas. Yo creo que ese es el cambio: reconocer que las infancias fueron víctimas directas. Entonces me parece que estos fallos son muy importantes y que van a abrir un camino nuevo para entender el terrorismo de Estado y las infancias.

 

Lo que está sucediendo contradice a los discursos que afirman que son hechos que ya están en el pasado

Si hay algo que me ha demostrado el libro, que salió hace dos meses, es que no están en el pasado. Yo ya creía que no estaban en el pasado, pero ahora escucho a lectores y lectoras decir que los afecta como si estuviera pasando hoy en cierto modo. Cuando hay una necesidad de seguir revisando este tema claramente no está en el pasado. Además, es un periodo con el que se puede trazar el origen de un montón de prácticas autoritarias y de distribución de riqueza y prácticas que ahora se ejercen, por ejemplo, contra los pueblos originarios. Lo que he notado es que mucha gente me dice que le afecta muchísimo y ese es el presente de esta situación.

¿Por qué a la par de la continuidad de los juicios la literatura tiene que seguir contando estas historias?

Hay tantas historias que conocemos y, sin embargo, hay muchas que no conocemos, la literatura las va contando desde la intimidad. Son todas historias de nuestro pasado como país y por eso fundamentales. Me parece que la literatura, el cine y el arte son lugares privilegiados para narrarlas y para producir las emociones que nos llevan a entenderlas.

 

¿Cómo fue la recepción de Malmö?

Extraordinaria. Fue un libro leído por gente muy diferente, por personas que estuvieron involucradas en esta historia, que tiene historias similares, pero también por lectores que me dicen que no sabían lo que sucedió con esta familia. Lo más importante para mí es que María sintió que el libro contaba con justicia su historia y el papá de María, Julio Ramírez, también.  Esa era una responsabilidad enorme porque es contar la vida y la experiencia de ellos.

 

Mónica Szurmuk presentará Malmö, una historia argentina el jueves 27 de agosto a las 18 hs en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Avenida Libertador 8151, CABA.