¿Cómo combaten los medios las fake news?

¿Cómo combaten los medios las fake news?

De las lunas habitadas en el siglo XIX a los deep fakes de hoy, la desinformación va en aumento. En un escenario donde las redes sociales amplifican datos falsos y las audiencias desconfían de los medios tradicionales, el periodismo enfrenta un doble desafío: verificar datos a contrarreloj y recuperar la credibilidad perdida.

La desinformación y el descreimiento en las noticias que circulan en los medios presentan un crecimiento sostenido a nivel mundial. Según el Instituto Reuters, “más de la mitad del público muestra inquietud en torno a qué es verdadero y qué es falso cuando se trata de las noticias online. Más del 40% de los encuestados se declaran preocupados incluso en Dinamarca, Alemania o los Países Bajos, lugares que cuentan con medios relativamente sólidos, ampliamente consumidos y fiables, instituciones políticas razonablemente estables y un Estado de derecho”. La tendencia se profundiza conforme las audiencias se informan a través de las redes sociales, donde los mecanismos de moderación y regulación funcionan de manera irregular.

En ese contexto, los periodistas deben lidiar con la presión de la inmediatez, la multiplicación de fuentes opacas y el crecimiento de nuevos formatos –como la inteligencia artificial– que amplifican la confusión y erosionan aún más la confianza. Ante esto, algunos medios proponen iniciativas para educar a las personas sobre la desinformación y buscan aplicar soluciones que verifiquen la veracidad de las noticias eficientemente, combatiendo los altos caudales de fake news presentes en el ámbito digital.

Si bien es difícil dar cuenta de manera rigurosa del inicio de este fenómeno, el primer caso del que se tiene registro es del diario The Sun, en 1835. La desinformación es un desafío histórico para el periodismo, y las nuevas tecnologías sólo lo exacerban.

“Diremos de una vez, que por medio de un telescopio de vastas dimensiones y un principio completamente nuevo, el joven Herschel, en su observatorio en el Hemisferio Sur, ya ha hecho los descubrimientos más extraordinarios en cada planeta de nuestro sistema solar. Obtuvo una vista distinta de los objetos en la luna, totalmente igual a la que el ojo desnudo domina de los objetos terrestres a una distancia de cien yardas. Resolvió afirmativamente la cuestión de si este satélite está habitado, y por qué orden de seres”.

Este es el primer párrafo de una nota del diario The Sun de Nueva York del 25 de agosto de 1835, anunciando la existencia de vida en la luna. Es la primera fake news de la que se tenga registro.

¿Por qué la mentira? Para vender más diarios. Richard Adam Locke, escritor britanico y autor del engaño, llegó a The Sun cuando vendía sólo unos 8.000 ejemplares al día y era superado por la mayoría de sus rivales. Luego de pasado el escándalo del engaño, Locke dijo que nunca esperó que los lectores creyeran que su sátira fuera una crónica real.

 En la nota, el diario afirmaba que el astrónomo Sir John Herschel (hijo de Sir William Herschel, quien descubrió el planeta Urano), había captado con su telescopio “cuadrúpedos marrones” y “grandes criaturas aladas” a las que denominaba “Vespertilio-homo”, que aseguraba habitaban la luna.

La historia se difundió por Europa a través de los barcos que llevaron la versión de The Sun hasta Francia e Italia, donde los diarios locales incluyeron ilustraciones.

Algunos medios internacionales han desarrollado equipos especializados en la verificación. La agencia AFP, por ejemplo, se presenta como “la red de fact-checking más amplia del mundo”, con más de 150 verificadores digitales.

Según Anella Reta, responsable de verificación en Chile, los fact-checkers investigan “afirmaciones sospechosas que son virales, tienen impacto en la sociedad y son potencialmente dañinas para el público”. Para seleccionar qué contenidos verificar, su equipo prioriza el interés público y la evidencia disponible, poniendo especial atención en aquellas afirmaciones que puedan “poner en peligro la salud o la vida de las personas, perjudicar procesos democráticos o favorecer el discurso de odio y el racismo”.

La verificación de imágenes —uno de los desafíos más grandes— requiere procesos que combinan tecnología y análisis humano. Reta afirma que el equipo utiliza múltiples motores de búsqueda inversa y analiza detalles visuales de los registros: arquitectura, sombras, vestimenta, señales, o cualquier elemento que permita ubicar la escena.

En Estados Unidos, The New York Times emplea a una reportera full time y organiza “escuadrones de verdad” durante grandes eventos, como los debates presidenciales. Aún así, según Vera Carothers, fact-checker de The New Yorker, el ritmo de los diarios limita la posibilidad de realizar chequeos exhaustivos: “Los diarios no hacen checking porque no tienen tiempo, tienen que sacar notas muy rápido”. Carothers describe un proceso minucioso –anotación de cada fuente, llamadas a entrevistados, consultas con expertos y revisión legal– que distingue a The New Yorker, donde al menos treinta personas se dedican exclusivamente a verificar.

Carothers también destaca que el nivel de rigurosidad norteamericano no tiene correlato en la región: “En Argentina, aparte de Chequeado, no es lo normal hacer un fact checking. Yo he colaborado con notas para el DiarioAR y no hubo”. La periodista añade que el chequeo es poco frecuente en el caso de las editoriales: “La mayoría de los libros no son chequeados porque las editoriales no lo requieren ni lo pagan. Así que ojo cuando lees algo de no ficción, porque puede que sea ficción”.

Bruno Scelza Lorenzo, periodista y fact-checker de Radio Ambulante, suma a la discusión sobre la desinformación una problemática vigente en el rubro periodístico: la precarización laboral. Si bien los beneficios económicos y “la velocidad y la aceleración de la información y de la desinformación” es una realidad, Scelza Lorenzo retruca: “Un gran conspirador te puede decir ‘no chequean bien porque están respondiendo a un poder superior que le importa esto’. Yo desde mi experiencia como periodista, trabajando en agencia, trabajando en diarios y en otras cosas, te puedo decir que no se puede porque el periodismo está cada vez más polarizado. Los periodistas ganan cada vez menos, tienen más responsabilidades y terminan trabajando cada vez más horas. No les da la cabeza para atender y atajar tantos penales juntos”.

La desinformación busca impactar en lo emocional, ya que así se alimenta la percepción colectiva sobre cualquier tema. Contra esto, el rol del periodista es el de “portero de la desinformación”, en palabras de Scelza Lorenzo. Aún así, el periodista reconoce que “a pesar de los intentos, siempre circularán más noticias falsas de las que el periodismo puede hacerse cargo y el desmentido nunca va a tener el mismo éxito que la desinformación en sí”.

El fact-checker ejemplifica: “Uno de los grandes casos de desinformación de Trump en su última campaña fue el de los migrantes haitianos que comían perros y gatos de los vecinos. Salieron un montón de desmentidos, de pruebas de que estaban usando diferentes tipos de herramientas para desinformar en su ataque a los migrantes. Toda esa información se publicó […] y yo creo que al final del día, la gente que pensaba que los haitianos comían perros, iba a seguir pensando que los haitianos comían perros, por más de que se lo mostrara”.

Un desafío local

 En el plano nacional, hay una baja en el interés y confianza en las noticias. Según un informe realizado por el Instituto Reuters, una de las principales razones es la polarización política. “En 2017, el 77% de los argentinos decían estar extremadamente o muy interesados en las noticias; en 2025, sólo el 42%. Menos de un tercio confían en los medios en general, y menos del 40% confían en los medios que consumen”.

En cuanto a los diarios locales más conocidos, desde La Nación informaron que “no hay” un equipo destinado específicamente al fact checking, y desde Clarín: “Lo hacemos los mismos periodistas. Solo se chequean los datos con los abogados cuando involucran directamente los intereses del diario”, declaró un periodista del medio que prefirió no ser nombrado.

En este contexto surgen medios independientes dedicados al chequeo de noticias. Uno de los referentes en la región es Chequeado, una organización argentina sin fines de lucro fundada en 2010, en la que periodistas, con la ayuda de profesionales de diferentes áreas, verifican información que circula en el ojo público. Es el primer medio en América Latina en dedicarse íntegramente al fact checking, y uno de los diez primeros a nivel mundial.

El trabajo del equipo de Chequeado tiene como fin frenar la desinformación, transparentar datos públicos y facilitar el acceso a información confiable para contribuir al fortalecimiento de las democracias. Actualmente, es el único medio argentino certificado anualmente por la Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN), y es líder de LatamChequea, una red de verificadores que se extiende por toda Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal.

“El periodismo de verificación es una respuesta a los desafíos del ecosistema informativo actual. Nos permite reconstruir la confianza en los medios, fomentar el pensamiento crítico y ofrecer información verificada en contextos donde la desinformación se propaga con facilidad. Es una práctica que complementa y potencia al periodismo tradicional”, plantea Sandra Venditti, Jefa de Comunicación en Chequeado.

Chequeado también capacita a diferentes medios en la práctica del fact checking a través de cursos, como en el caso de Agencia Presentes, un medio digital independiente que hace foco en temáticas de género y diversidades. Su directora, Maria Eugenia Ludueña, cuenta que abrieron su Unidad de Verificación de Datos, “La Factoría”, en 2024, luego de uno de estos cursos. Menciona que la inauguraron en los últimos Juegos Olímpicos: “Ahí trabajamos con la noticia falsa de que participaron mujeres trans, porque había mucha desinformación sobre las características sexuales y la identidad de género de dos boxeadoras, una de ellas más conocida como Imán Khelif”.

La desinformación avanza

Si bien la desinformación existe desde hace mucho tiempo, los avances tecnológicos facilitan su alcance y velocidad de difusión, volviéndose cada vez más difícil de controlar y verificar. Las campañas electorales, las crisis sanitarias o los momentos de alta tensión social suelen amplificar este fenómeno.

Según una nota realizada por Chequeado, la capacidad de discernir entre la veracidad o falsedad de las noticias online representa una inquietud cada vez mayor a nivel mundial.

“Los posteos y las imágenes editadas con IA son cada vez más indistinguibles, y eso genera un mayor cuestionamiento a cosas que pueden ser reales. Creemos menos en lo que es verdad y somos más crédulos con lo que no es verdad”. Esta declaración la hace José Giménez, redactor de Chequeado. “Nosotros seguimos una metodología internacional que está dictada por la International Fact Checking Network […] La metodología se aplica a dos grandes formas de chequeo: una es a líderes políticos y la otra es a la información que circula en las redes sociales. En ambos casos buscamos el contexto de la frase, le preguntamos al líder de opinión pública o a las personas que promueven el contenido de donde lo sacaron o en que se basan las informaciones, y después lo contrastamos con fuentes oficiales. También hay fuentes alternativas, como economistas, médicos, politólogos, autoridades electorales, etc., que nos ayudan a interpretar los datos oficiales”.

Frente a los nuevos desafíos que surgen en el ámbito digital, Giménez reafirma el compromiso de la organización: “Tenemos a alguien que se dedica todos los días a revisar los Trending Topics y posteos más virales. También tenemos un acuerdo con Meta para trabajar con desinformaciones que circulan en Facebook e Instagram, que se descontinuó en Estados Unidos, pero se mantiene en Argentina. Eso nos habilita una serie de herramientas que nos muestran los posteos denunciados por desinformación. Igualmente, la comunidad tiene un rol importante a través de nuestros bots de Whatsapp. Ahí nos mandan cosas que pueden contener desinformación. […] Nuestros editores eligen por viralidad, urgencia, o por si afecta a la salud o a la democracia”.

“Hoy no alcanza con informar: hay que ayudar a las audiencias a distinguir entre lo real y lo manipulado, entender cómo funcionan las tecnologías y qué sesgos pueden tener […]  Por eso creemos que el trabajo de verificación, la educación mediática y la colaboración entre medios y plataformas son claves”, añade Sandra Venditti.

Este nuevo panorama está obligando al periodismo a repensar sus herramientas y responsabilidades. Se están lanzando iniciativas que formen a los periodistas en la práctica y los alfabeticen sobre este nuevo ecosistema mediático. Pero eso no es todo, para asegurar un futuro con periodismo confiable es importante reconocer esta problemática y ajustarse a las nuevas condiciones: hacer norma el fact checking, crear competencias tecnológicas en la ciudadanía, mejorar las condiciones laborales del rubro periodístico y usar la tecnología para fortalecer la confianza social, no socavarla.

“La discapacidad es un sector desprotegido”

“La discapacidad es un sector desprotegido”

Las personas con discapacidad y sus familias padecen la crueldad del Gobierno nacional, que ha eliminado 100 mil pensiones e incumple su obligación de garantizar los derechos de todos y todas. Al desgaste que genera esta situación, se suma la creciente dificultad para acceder a terapias y tratamientos. Además, 2026 arrancó con el cierre de ANDIS.

Malena tiene 17 años y un certificado que la acompaña desde que nació. Su mamá, Rita, recuerda que el diagnóstico de síndrome de Down llegó en el parto, junto con la incertidumbre de un futuro para el que no estaba preparada. “Fue difícil adaptarnos, en realidad no tanto, porque al ser nuestra primera hija no sabíamos lo que era tener un hijo, entonces fuimos aprendiendo”, sostiene Rita. Desde allí comenzaron con los estudios genéticos, que confirmaron un camino distinto para su hija y para toda la familia.

En 2023, Rita volvió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) -actualmente cerrada por el gobierno de Javier Milei- con los informes de terapeutas y el estudio genético en mano. La renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fue rápida, pero la ansiedad permanece. “Me generan incertidumbre los cambios para renovarlo porque yo no sé, dentro de diez años, qué política va a estar en ese momento, qué nos van a pedir, si va a ser tan fácil como ha sido hasta ahora o quizás no”, confiesa. El temor no es por el trámite en sí, sino por el criterio cambiante de un Estado que parece redefinir, cada pocos años, quien merece ser protegido.

Este miedo se volvió más comprensible con el actual Gobierno nacional, que dejó sin ingresos ni cobertura a miles de familias. A fines de octubre, un fallo judicial ordenó al Ejecutivo restituir más de 100 mil pensiones por discapacidad dadas de baja el último año. Pero detrás de cada número hay historias que no aparecen en los comunicados oficiales: las de personas que viven con miedo a que un trámite suspendido las deje sin seguro de salud, sin terapias, o sin la posibilidad de mantener una vida digna.

Liliana se encuentra en proceso de trámite del CUD para su hijo, que tiene Asperger: “Estamos realizando los análisis: resonancias, estudios del sueño, informe del centro psicopedagógico, informe del neurólogo. Lo necesita para que en la escuela le adapten los contenidos”. Las demoras para obtener el certificado la agotan. “Aún no me adapto. Hay mucha burocracia”, se queja, y comenta que desde el grupo de madres le advirtieron que “esta vez es más difícil tramitarlo”. La incertidumbre crece con cada nuevo requisito, y el miedo a que el trámite no avance se vuelve parte de la rutina.

Micaela no tuvo dificultades para tramitar el CUD. Su diagnóstico, artritis reumatoide, se comprueba con un análisis, y eso le permitió acceder a una prótesis cubierta al 100%. Además, no recibe pensión ya que trabaja, pero reconoce que muchas personas en su misma situación no tienen esa posibilidad. “La discapacidad es un sector desprotegido y olvidado por décadas por el Estado. Me genera preocupación mi futuro, porque no sé si siempre voy a poder continuar con mi trabajo”.

Paula todavía espera la pensión para su hijo con TGD leve. “Quiero que el Estado cumpla. Porque son sus derechos. Lo necesita tanto la persona discapacitada como la persona a su cargo”. Entre formularios y demoras, la ayuda estatal se vuelve cada vez más inalcanzable.

Susana Heredia, psicopedagoga especializada en trastornos del neurodesarrollo, explica que el CUD representa una gran ayuda para las familias de los niños con discapacidad, logrando que largos períodos de tratamientos sean solventados por las obras sociales o prepagas.

Heredia cuenta que hay familias que encuentran chocante la idea de tramitar un certificado de discapacidad, e intentan abonar de manera particular las evaluaciones y tratamientos, pero con el tiempo no pueden afrontar los costos. A pesar de que algunos padres deciden pagar las terapias sin contar todavía con el CUD, la realidad económica los va empujando al límite.

En los últimos meses, la situación se volvió más grave. Familias que antes podían costear tratamientos ahora deben recurrir al carnet de discapacidad para acceder a descuentos o transporte gratuito. Pero no solo las familias están desbordadas, también los equipos terapéuticos comienzan a quebrarse. “Muchos colegas van a dejar de atender el año que viene. Mantener un consultorio hoy es insostenible. Hay que pagar alquiler, luz, impuestos, fumigación, limpieza. Es imposible sustentarlo”.

La burocracia, además, se volvió un obstáculo más. “Los trámites de renovación del CUD son un gran problema. Piden mil cosas nuevas, estudios que antes no pedían y eso perjudica también a las familias”.

El impacto económico atraviesa a todas las familias. La pensión hoy apenas alcanza para cubrir lo más básico: “Para muchos padres es una pequeña ayuda, tal vez para pagar los alimentos. Ya ni se puede hablar de comprarse unas zapatillas. Es muy poco lo que se cobra, pero aun así la necesitan, aunque no todos logran obtenerlo, a varios se la han negado”.

Desde su experiencia, Heredia señala un deterioro en las políticas públicas. “Este gobierno ha hecho todo lo que no se debe hacer. Eliminó apoyos en discapacidad, salud y educación. Y no son beneficios, son cosas necesarias. Es un gobierno que no está sensibilizado, se burla de las familias. Destruye la salud y la discapacidad también”.

En agosto, la ANDIS quedó en el ojo de la tormenta cuando su director, Diego Spagnuolo, fue acusado de recibir presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos y la suspensión masiva de pensiones por discapacidad. El caso estalló con la filtración de audios en los que Spagnuolo habría mencionado pagos ilegales por parte de la droguería Suizo Argentina y habría hecho referencia a la participación de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, en una causa que avanzaba lentamente.

Las oficinas de la ANDIS se encuentran cerradas desde que arrancó 2026, cuando mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el gobierno redujo la discapacidad a una problemática de salud. La incertidumbre que se sentía en las colas de la Agencia hasta 2025 se mezcla con frases repetidas hasta el cansancio: “Este mes no cobré la pensión”, “¿qué otro trámite tengo que hacer?”. 

Una trabajadora social con más de 30 años de experiencia en el área, cuya identidad fue preservada, refiere que la situación actual “es mucho más restrictiva”. Según relata, en el último año se suspendieron más de cien mil pensiones, muchas de ellas sin que las personas afectadas lo supieran previamente. “La gente no se enteró porque vivía en otro lado, o porque vivía en zonas donde el correo no entra. En otras gestiones la citación figuraba en el recibo de cobro, en la parte baja, por lo tanto era más fácil que la persona se enterara”.

La profesional afirma que hace ya varios años que el sistema de asignación de pensiones dejó de tener en cuenta diversos factores socioeconómicos que proporcionaban una visión más amplia del contexto de la persona, como, por ejemplo, su educación o su ocupación, y si está última se veía afectada por su discapacidad.

Su testimonio deja ver el colapso de un sistema que parece pensarse más en términos de control que de acompañamiento. “Controlar no está mal, siempre existieron los controles, pero se debería hacer de a poco, o citando a la gente de otra manera. A veces la gente viene llorando porque con la pensión que recibían podían subsistir, y hubo casos donde se quedaban en la calle porque no tenían para pagar el alquiler o un hotel”.

También señala que los empleados aplauden cuando se logra aprobar una pensión, ya que es mucho menor la cantidad de pensiones que pueden liquidarse, y eso depende de la “gestión de turno”. Agrega que hay una larga espera entre el momento en que una persona es evaluada favorablemente y el instante en el que efectivamente comienza a cobrar.

Desde el Gobierno circularon noticias sobre supuestas pensiones “truchas”, como la famosa radiografía del perro presentada por el vocero Manuel Adorni, hoy jefe de Gabinete, una pensión que jamás se había otorgada. A propósito de ese caso, la trabajadora social manifiesta: “Claro que hubo casos falsos, siempre los hubo. Pero antes existía un criterio, ibas a ver las condiciones en las que vivían, ahora se hizo a mansalva, sin medir consecuencias. Y yo me pregunto, ¿una persona se va a sentar en un organismo público a pedir una pensión de 200 mil pesos si no tiene una necesidad?”.

Este miércoles, a las 17 horas, los colectivos en defensa de las personas con discapacidad, vuelven a convocar a marchar junto a los jubilados en el Congreso, para exigir la reapertura de ANDIS, y defender los derechos de las personas con discapacidad.

Ahora vienen los alegatos

Ahora vienen los alegatos

Tras la resolución de conflictos entre las partes sobre la validez probatoria de documentos incorporados a la causa, en 2026 solo quedará el tramo final del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad en la Mansión Seré y el circuito RIBA.

Durante el último martes del año se llevó a cabo la audiencia 39° del juicio conocido como Mansión Seré IV y RIBA II, marcando el cierre de la actividad judicial del año para este proceso que investiga el entramado represivo de la Fuerza Aérea en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

La breve jornada estuvo centrada en la resolución de una controversia procesal que retrasó el avance de la etapa de alegatos: un debate alrededor de la incorporación por lectura de legajos y declaraciones de exintegrantes de las fuerzas de seguridad. Es que, durante la audiencia anterior, el defensor público oficial, Leonardo Miño, planteó una férrea oposición a la incorporación de tres documentos específicos. Miño argumentó que dichas piezas no eran “documentos convencionales” sino “expresiones de personas que se pretenden incorporar” como prueba de cargo sin que la defensa pudiera controlar dicho testimonio, lo cual “violaría el derecho a garantizar y controlar la prueba de cargo por parte de la defensa”.

Frente a este planteo, el fiscal Félix Crous había recordado que la defensa no presentó objeciones durante el ofrecimiento de prueba original y que el Artículo 392 del Código Procesal Penal ampara explícitamente este tipo de incorporaciones. Ante la complejidad del debate, el tribunal, presidido por la jueza María Claudia Morgese Martín, postergó la decisión para esta última audiencia del año.

Prioridad a la “libertad probatoria”

Al inicio de la jornada, la presidenta del tribunal procedió a dar lectura a la decisión adoptada, rechazando el pedido de la defensa. El tribunal fundamentó su postura destacando que la pretensión de Miño resultaba «extemporánea», ya que la prueba había sido admitida el 3 de mayo de 2023 sin oposición previa de las partes.

En un pasaje central de la resolución, la jueza subrayó los principios rectores del sistema judicial argentino: “Habremos de recordar que en nuestro sistema procesal rige el principio de libertad probatoria (Artículo 206 del Código Procesal Penal) y que aquel encuentra su límite cuando la prueba fuera obtenida de manera ilegal o ilícita”. El tribunal aclaró que el caso no encuadra en los supuestos de ilegalidad y que los legajos de Juan José Dopaso y Mario Domingo Rulli son pertinentes debido a que ambos cumplieron funciones en la Brigada Aérea de El Palomar, vinculada directamente al objeto de la causa.

Respecto a la imposibilidad de interrogar a los autores de dichas expresiones, el tribunal recordó que en el caso de Rulli se dictó la extinción de la acción penal por muerte en mayo de 2023, y que Dopaso también se encontraría fallecido. En este sentido, la resolución citó jurisprudencia de la Corte Suprema, señalando que la invalidez de una condena solo se daría si el elemento central fuera “exclusivamente evidencia que no ha podido ser controlada por la parte afectada”, algo que no ocurriría en este proceso donde existen múltiples elementos de prueba.

Tras la lectura del fallo, Miño tomó la palabra para dejar sentada su disconformidad, adelantando posibles futuras apelaciones. “Hago las reservas pertinentes porque entiendo que se viola la garantía del derecho defensa técnica; máxime ante la eventualidad de que la prueba indicada fuera dirimente a los efectos de resolver la responsabilidad de mi asistido, Herrera”, declaró.

Camino a los alegatos

De esta manera se cerró el capítulo del debate probatorio, permitiendo que el juicio avance hacia sus instancias finales. Es que, aunque la muerte de un imputado extingue la posibilidad de juzgarlo, el legajo de una persona fallecida puede ser considerado como una prueba para reconstruir el accionar represivo y las responsabilidades de otros procesados que aún siguen con vida.

Así, el juicio entra en su etapa final luego de un año marcado tanto por el cierre de la etapa testimonial que tuvo lugar en septiembre y abarcó declaraciones desgarradoras, como por la incorporación de múltiples cargos por delitos sexuales y el rechazo a la solicitud de considerar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad.

El cronograma de 2026 comenzará el 10 de febrero, según comunicó el tribunal, dando inicio al alegato del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Félix Crous y Nuria Piñol.

La Navidad de los nadies

La Navidad de los nadies

Por noveno año consecutivo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos organizó la cena solidaria de Nochebuena para quienes están en extrema vulnerabilidad. En Plaza Congreso asistieron cerca de 5 mil personas.

Si dicen 24 de diciembre se activan los pensamientos navideños: vitel toné, tomates rellenos, matambre con rusa, melón con jamón, pan dulce, las 12 uvas, la mesa dulce. Algunos preprarán el vitel toné con peceto y alcaparras, otros con cuadrada o pollo. Los regalos. La familia que querés, la que no querés, los amigos, lo que elegís.

La situación no es igual para todos. Según el Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires hay al menos 12 mil personas sin techo. Por noveno año consecutivo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) preparó la Nochebuena para que nadie se quede en soledad con una cena solidaria para las personas que están en situación de vulnerabilidad.

Este 24 de diciembre la cita en Congreso comenzó a las 16 horas, pero el trabajo empezó mucho antes con las donaciones y las manos de los más de 1.500 voluntarios. Mientras tanto, el presidente Javier Milei, con motivo de la salutación de Navidad, publicó en la red social X un video donde afirma: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”. La cena comenzó cerca de las 10 de la noche, constó de tres pasos: entrada, plato principal y postre. Además de compartir el brindis y el pan dulce, se hizo presente Papá Noel y entregó regalos.

No nos podrán quitar la risa

Todo estaba dispuesto en la Plaza de los Dos Congresos para prepararse para recibir la Navidad: baños y duchas móviles, puestos de peluquería, manicuría y maquillaje, postas de salud. También un espacio exclusivo para las infancias con inflables, juegos y actividades. Casi 300 mesas para 10 personas cada una, dos voluntarios por mesa. También un escenario por donde pasaron diferentes artistas invitadas como Barbi Recanati, Marui Serrano y La soberana cumbia.

Barbi Recanati al bajar del escenario comenta a ANCCOM: “Me da mucha alegría hacer algo que no siempre se siente útil. No es la primera vez que estoy en una actividad del MTE, pero sí de la Navidad en Congreso. Estoy muy emocionada de poder formar parte de una noche tan especial”.

Así como durante el carnaval, que describe y estudia Bajtín a partir de la obra de Rabelais, no hay jerarquías ni clases sociales, conviven en las mismas mesas personas que están en situación de calle, jubilados que van a comedores para poder alimentarse, jóvenes, familias enteras, personas que están solas, los voluntarios. Todos bailan al compás de la música y ríen como no lo hacen el resto de las noches en donde falta el alimento o aprieta el frío. Ríen, comparten, son familia y comunidad. Son uno y todos a la vez. Los roles se intercambian, se confunden en la multitud y tienen una Nochebuena como cualquiera que se encuentre leyendo esta nota.

Los números no mienten

La gente afuera. Mientras el año pasado participaron en la cena solidaria cerca de 4 mil personas, este año fueron cerca de 5 mil y desde la organización se preapraron incluso para más. La solidaridad también creció. El número de voluntarios superó los 1500 inscritos.

Esteban Bekerman y Ana, que no da su apellido, son voluntarios de la mesa 145. Ana, que asiste hace varios años, cuenta a ANCCOM que “el año pasado después de las 10 de la noche comenzó a llegar gente de todos lados, se enteraban por medio del boca a boca y venían. Hay algo de la solidaridad que estamos tratando de mantener, aportando lo que se puede”, dice Ana y agrega sonriente: “Se vive una fiesta”. Los engranajes funcionan por turnos y tareas. Hay quienes descargan mesas y sillas, quienes ordenan, decoran, están quienes cocinan, organizan. También las y los peluqueros, maquilladoras, manicuras y están los que realizan actividades con las infancias. 

“Nos tratan tan bien que volvemos” dicen Hugo y Roxana de 70 y 61 años que no dan su apellido, pero cuentan que vienen de Caballito. “Ahí vamos, a los empujones” cuentan sobre la situación que viven día a día. También se acerca Héctor, comenta que vive en situación de calle hace muchos años, “Ya perdí la cuenta, calculo que más de 13 años. Me enteré de esto por Guille, el chico del comedor a donde voy. Nos avisó a todos”. En otra mesa está Erica Macedo, tiene dos banderas pintadas en la cara, la argentina de un lado, y la peruana del otro: “Estoy muy agradecida con Argentina por recibirme, estoy muy contenta. Soy peruana y mi marido se regresó, así que estoy acá”, comenta.

 

Festejo federal

Este año bajo la consigna “Ninguna familia sin Navidad” el MTE extendió la cena solidaria a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Misiones y Formosa. Mientras, en el interior de la provincia de Buenos Aires, la cena se realizó en Pergamino, San Pedro, Santa Teresita, Mar del Plata y Necochea. En AMBA, en Escobar, San Miguel, Tres de Febrero, Morón, Alte. Brown, La Plata, La Matanza, Merlo y Luján. 

Muchos comensales ríen, comparten y se abrazan en un sin fin que dura el suspiro de una noche para volver a la realidad. Fue hermoso mientras duró.

Alquilar en tiempos de libre mercado

Alquilar en tiempos de libre mercado

A dos años de que el gobierno derogara la Ley de Alquileres, los argentinos viven dentro de un experimento económico inédito. En lo que va del año, el precio de la vivienda aumentó hasta un 82%, más del triple que la inflación acumulada del mismo período. En agosto, se necesitaron casi tres salarios mínimos para acceder al alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA.

En Argentina, alquilar nunca fue sencillo, pero desde diciembre de 2023, cuando el gobierno nacional derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, la vivienda pasó de ser un derecho tensionado a convertirse en una incertidumbre cotidiana. Desde entonces, se evidenciaron fuertes aumentos en el valor del alquiler, con plazos más reducidos, actualizaciones mensuales o trimestrales y mecanismos de ajuste que no contemplan los aumentos de salario. En otras palabras: ya no hay plazo mínimo, no hay índice de actualización y  tampoco hay moneda legal. Sin claridad de largo plazo no hay planificación posible. Hoy, una persona que busque alquilar en Argentina puede firmar un contrato que dure un mes, pagar en dólares y sufrir aumentos discrecionales según “decida” el mercado. Es una negociación entre individuos libres, dice la teoría.

Si bien el presidente de la Nación sostiene que la eliminación de la Ley de Alquileres fue un éxito rotundo los datos muestran lo contrario: según valores del INDEC, correspondientes a septiembre de 2025, los alquileres aumentaron un 85%, 63 puntos porcentuales más que una inflación que llegó al  22%.

Trabajar para el propietario

Tal vez sí: fue un éxito, pero no para los inquilinos. Según la Encuesta Nacional Inquilina Trimestral, el 66% de los inquilinos dedica entre el 30% y 60% de su salario para pagar el alquiler y un 25% destina entre el 70% y 100% de sus ingresos, algo que implica endeudarse para comer.

La relación entre propietario e inquilino nunca fue equilibrada. Lo saben quienes buscaron un lugar donde vivir en los últimos años: pocas alternativas, pocas posibilidades de negociación y una oferta cada vez más concentrada en menos manos. Entre 2010 y 2020, el porcentaje de hogares propietarios cayó del 73% al 65%, aún en pleno boom inmobiliario. Eso implica más personas buscando alquilar y menos unidades disponibles para hacerlo: un mercado perfecto para quienes poseen propiedades y las hacen dinero a través de alquileres para comprar otras en un círculo que se retroalimenta sin límite.

Por eso, la Ley de Alquileres -aún con todas su falencias- no nació del capricho legislativo, sino de la urgencia social: inquilinos que no podían firmar contratos razonables, actualizaciones sin sentido para los ingresos reales y plazos demasiado breves. La ley no resolvía todo, pero daba tres cosas esenciales: tiempo, previsibilidad y un índice claro. Su derogación borró esas bases y dejó a millones a merced de un mercado que, lejos de regularse por sí mismo, sólo profundizó las desigualdades previas.

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, describe el escenario actual como el resultado directo del Decreto 70/2023. “Hay efectivamente una regulación, pero a favor de los dueños”, señala. “Esa regulación dice que no hay plazo mínimo, que no hay ninguna regla para actualizar los precios de los alquileres, ni ningún índice. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy son contratos muy cortos, de seis meses, un año, como máximo dos, y actualizaciones cada dos o tres meses por inflación o por cualquier otro índice. Inclusive se está dando el aumento en porcentajes fijos: 10% trimestral o 50% semestral”.

El impacto, advierte, es inmediato: salarios que no acompañan, gastos de vivienda que recaen por completo en los inquilinos y una creciente imposibilidad de sostener el pago. “Hay mucho endeudamiento, mucho empobrecimiento de los hogares inquilinos y muchas rescisiones de contrato. Gente que se va porque no pueden seguir pagando. También hay mucha conflictividad de suspensiones o de retraso del pago de los alquileres. Ese es el clima que se está viviendo hoy”.

Según el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), en agosto del corriente año se necesitaron casi tres salarios mínimos (2,96 SMVM) para acceder al alquiler de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, el valor más alto de los últimos 12 meses. De la misma manera, se necesitaron dos jubilaciones mínimas y media para afrontar el mismo alquiler.

La oferta cayó un 20% interanual y se concentra en los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires (Palermo, Belgrano y Caballito), expulsando a quienes no pueden acceder con esos precios. La desigualdad territorial se vuelve parte del contrato: mientras algunos barrios se vacían de inquilinos, otros se superpoblan de personas que comparten el hogar y familias que vuelven a sus casas de origen.

El deterioro no es sólo económico: es vital. El 90% de los inquilinos tuvo que recortar gastos para pagar el alquiler: casi la mitad ajustó en alimentos y en salud. El mercado inmobiliario define precios, pero también define jornadas laborales, horas de sueño y posibilidad de descanso y esparcimiento. Según la encuesta, más de un tercio de quienes alquilan sumó otro empleo para poder sostener el contrato. Para Muñoz, se trata de una verdadera crisis hacia el interior de los hogares. “Lo que hay es un plan de transferencia de ingresos de los inquilinos hacia los dueños de las viviendas que impacta de una forma muy violenta.  Nosotros medimos endeudamiento incluso para comprar comida. Es una crisis muy dura puertas adentro”.

Detrás de los porcentajes

Alquilar, en la Argentina de hoy, es un ejercicio de cálculo constante. Se mide el salario contra la inflación, la inflación contra el IPC (o ICL, o índice según corresponda a gusto de cada propietario), las expensas, la conectividad, el transporte y las deudas. Y detrás de los porcentajes, hay hogares desarmados a las apuradas, endeudamientos y la vida reducida a pagar un lugar donde vivir. Una de cada cuatro personas inquilinas tuvo que irse de su vivienda en los últimos tres meses por no poder afrontar el pago del alquiler y el 73% de los hogares inquilinos está endeudado.

La derogación de la Ley de Alquileres fue presentada por el gobierno como una vía para aumentar la oferta y bajar los precios. Muñoz cuestiona directamente ese argumento. “Es la misma promesa que se hace ahora con la flexibilización laboral: quitar derechos para que el mercado tenga más libertad. En la práctica quitar derechos es sólo quitar derechos”. Con la negociación entre individuos libres, la desigualdad entre quienes buscan un lugar donde vivir y quienes lo ofrecen es mucho más notoria: “Se termina cualquier control sobre los precios y el mercado aumenta todo lo que puede porque siempre va a haber alguien que necesite un lugar donde vivir. Entonces una persona paga el alquiler pero deja de comer carne, se endeuda con la tarjeta o pierde la obra social”, concluye.

Mónica Contreras tiene 57 años, trabaja ocho horas por día como conductora de una aplicación de transporte y estudia abogacía a distancia, pero sabe que el tiempo que tiene para cursar se reduce mes a mes: “No puedo alquilar. Si mi pareja se va o fallece, estoy en la calle”, cuenta. Durante 35 años alquiló, pero hoy depende de la vivienda de su compañero mientras sostiene, además, el alquiler de sus dos hijos.

“Le pago la mitad del alquiler a mi hijo, que trabaja también como conductor de aplicación y ayudo a mi hija en Córdoba”, dice. Contreras, al igual que sus dos hijos, está en busca de un empleo: “Mi hijo está buscando trabajo hace dos años pero no consigue. Tiene preparación, inglés casi nativo, educación universitaria que tuvo que abandonar para trabajar y experiencia, pero realmente no consigue. No somos considerados población vulnerable, pero es casi lo mismo”. Los tres viven alquilando unidades viejas, con humedad, goteras y sin ventilación, con aumentos cada cuatro meses: “Pero no podemos afrontar una mudanza por la cantidad de dinero y requisitos que exigen impunemente. Día a día significa angustia e impotencia. Pagamos la luz con plan de pagos y el gas siempre vencido y a un paso del corte”, relata.

“Ya no podemos juntarnos a comer con mis hijos. No nos vemos más con la que está en Córdoba porque no podemos pagar el pasaje. Antes íbamos juntos a conciertos de música clásica una o dos veces al año: ya no. Esa platita que se guardan los dueños son vivencias irrecuperables con mis hijos. No festejamos los cumpleaños, y ahora, para las fiestas vamos a trabajar para juntar un mango más”, cuenta Contreras, y agrega: “Ante un problema de salud, dependemos del sistema público, con largas esperas y discontinuidad y atraso en los tratamientos. Sin dentista, ni psicólogo. Si alguno falleciera, no podemos pagar un velatorio, ni entierro, ni cajón”.

Carolina Finocchiaro tiene 39 años y trabaja doce horas rotativas en un comercio en el centro de Lanús. En noviembre tuvo que volver a la casa de su madre porque se le vencía el contrato que había firmado, originalmente, con la Ley de Alquileres vigente. “Es realmente muy triste la situación. Desde los 18 años que me independicé y ahora casi a mis 40 tener que volver a la casa de mi mamá es, de verdad, muy triste. Pero no me queda otra, se me venció el contrato y la inmobiliaria me ofrecía uno por dos años sin posibilidad de renovación, además de un precio totalmente irracional con pago en dólares. Para mí, imposible”, cuenta Finocchiaro. “Además, me la paso laburando, haciendo horas extra para poder pagar todo, alquiler, luz, gas, internet que también es igual de necesario. Es pasarte todo el día laburando para pagar un alquiler de una casa en la que ni siquiera estás porque tenés que trabajar para poder pagarlo, una locura. Y de salidas y demás, ni hablemos. Estoy endeudada con la tarjeta de crédito porque la uso todos los meses para ir al supermercado y poder pagar la comida. Es horrible vivir así, pero se ve que es lo que nos toca”.

El caso de Contreras, el de Finocchiaro y el de miles de inquilinos no son excepciones: son la consecuencia directa de un modelo que entiende a la vivienda como mercancía antes que como un derecho. Según el último Censo, realizado en 2022, más de 8 millones de personas viven en hogares inquilinos: esto es 3,3 millones de familias cuya estabilidad depende del vaivén de un mercado desregulado.

Hoy, acceder a una vivienda estable dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio atado al poder adquisitivo, al ahorro previo o a la suerte de encontrar un propietario dispuesto a negociar. Para la mayoría, alquilar ya no significa elegir un lugar donde vivir, sino aceptar lo que se puede pagar. Mientras la mano invisible del mercado fija las reglas, habitar sin miedo al próximo aumento se volvió un lujo para pocos.

De influencer evangelista a outsider político

De influencer evangelista a outsider político

¿Quién es Dante Gebel, el pastor evangelista que juega en el nombre de su show PresiDante flirteando con la política? Una conversación con Pablo Semán para analizar este personaje, a quien ya miden en encuestas las consultoras del establishment.

Acaba de cerrar su tour PresiDante luego de dos Gran Rex, habiendo vendido más de 700 mil entradas. Ya tiene planificado gira 2026 con más destinos por Latinoamérica y coquetea con la política. ¿Quién es Dante Gebel, aquel a quien Mario Pergolini le produce un programa en un canal de aire mientras que el “Gordo Dan” defenestra en las redes?
Gebel no reside en Argentina. Vive en Anaheim, California, Estados Unidos. Allí es pastor evangélico, propietario del River Arena donde celebra las misas de su iglesia River Church y produce su programa Dante Night Show. En los últimos años inscribió seis empresas: Dante Gebel Ministries INC, River Church USA Incorporated, Open Line Group LLC, Favorday, Dante Gebel Ministries Inc en Weston y DMG Entertaiment Group Corp. Vive como lo que es: un multimillonario que, vestido de traje, habla en nombre de Dios con un discurso centrado en la fe y la esperanza. Además, ya lo miden en las encuestas los consultores políticos.

Para analizar la figura del outsider que vuelve a instalarse como estrategia de la política argentina, este tipo de liderazgos que se presentan como ajenos al sistema aunque se encuentran profundamente insertos en él, que aparecen como respuesta a un escenario de crisis de representación, desgaste y desilusión que las vías tradicionales no consiguen suturar, ANCCOM dialogó con el sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión Pablo Semán,

Con respecto a la idea del outsider, indica que “la clase política tradicional, es decir, la dirigencia que ha gobernado durante los últimos 40 años de democracia, ha perdido el respeto y el conocimiento de las situaciones, aunque hay excepciones importantes entre jóvenes dirigentes. En este contexto, la idea de un outsider se vuelve tentadora. Sin embargo, son outsiders respecto de la carrera política tradicional, pero son absolutamente insiders de la sociedad, por lo que termino pensando que outsider sólo es una categoría cómoda para quienes piensan desde el círculo rojo”.

El discurso de Gebel vira entre lo humorístico, lo religioso y lo comunicacional, más cercano a un conductor de TV, a un influencer, que a un pastor evangélico. Sin embargo, sobre esta mixtura Semán explica que el discurso religioso también posee una hibridación con otros tipos de discursos: “Yo diría que no hay que partir nunca del prejuicio de que un discurso es puro. De hecho el cristianismo es una hibridez de otras tradiciones y, si uno piensa en perspectiva, se da cuenta que tanto el protestantismo como el catolicismo son resultado de hibridaciones diferentes. Dante Gebel es, en todo caso, uno (y no el primer caso) de hibridación entre la fe evangélica y la cultura de masas. Algo que los evangélicos siempre buscaron. Y que también buscó el catolicismo, a veces con menos éxito”.

Pero entonces, ¿qué hace al discurso de Dante Gebel tan llamativo? El sociólogo señala que “el discurso de Dante Gebel integra la perspectiva psicológica y de autoayuda con la cristiana evangélica”. La autoayuda ocupa un rol central en la forma de comunicar del pastor. Para Semán la autoayuda no debe ser pensada con la “mala fama” que le adjudican algunos sectores académicos o psicoanalíticos: “Es un discurso de recuperación y de restauración de los sujetos en un momento en que está todo el mundo roto. Por tanto, puede tener valor político ya que podría llevar, de lo privado a lo público, las necesidades que habitan esas subjetividades doloridas. Y también darle un lugar político al dolor derivado de una serie de daños subjetivos acumulados en los últimos años.” Desde esta perspectiva, el antropólogo reflexiona sobre la posibilidad de creación de un discurso político por parte de Gebel que intente representar una dimensión transversal a la experiencia de muchísimos argentinos, más allá de las grietas históricas y recientes.

El mundo de las iglesias evangélicas no es homogéneo, sino que cada pastor construye su propios discursos y adeptos. En este sentido, La Libertad Avanza parecía ser hasta el momento el único espacio político que observaba a este sector, ya que este pasado 10 de diciembre asumieron diez evangélicos en el Congreso Nacional. “Dante Gebel no es el conjunto del evangelismo. El mundo evangélico es heterogéneo y no está estructurado de manera tal que a la confesión religiosa se le asocien inmediatamente valores políticos. Si Gebel progresa habrá que ver qué tipo de evangélicos se suman y con qué propuestas, y solo en ese momento se podrán saber las consecuencias de esa Alianza”, detalla Semán.

En la construcción de la imagen de Dante Gebel, además de Pergolini, su amigo y productor artístico, considerado uno de sus creadores mediáticos al darle aire en Vorterix, se encuentran también otros referentes de la política. Por un lado, Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, miembro de la agrupación peronista Fuerza Argentina. Por otro lado, Eugenio Casielles, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, que se retiró del espacio político que ayudó a fundar, desencantando, allá por noviembre de 2024. Sin embargo, analizando esta articulación entre política y medios, y frente a la irrupción de su figura en la agenda mediática en los últimos días, Semán afirma que “la propagación veloz de su imagen entre el periodismo y las redes sociales para mí son expresiones muy parciales que no hablan de toda la sociedad. Refieren más a las necesidades de algunos políticos -el peronismo que trata de salir del pozo y otros muchos que intentan aferrarse a un referente externo al peronismo- y a la búsqueda de clics por parte del periodismo. Habrá que ver si esto prospera en un sentido más amplio y más profundo”.