El modelo de seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele gana admiración en América Latina como respuesta al crimen, pero enfrenta crecientes denuncias internacionales por detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia estatal y un deterioro sostenido de la libertad de prensa.

En América Latina y el resto del mundo avanzan los gobiernos con rasgos autoritarios. Esta deriva se manifiesta en la fragmentación de la participación ciudadana, los ataques recurrentes a la prensa y a defensores de derechos humanos, así como en políticas de seguridad que, en determinados escenarios, han sido asociadas a crímenes de lesa humanidad.

Este tipo de políticas se manifiestan de distintas maneras: una de ellas, de las más recurrentes, es una política penitenciaria que viola incluso principios básicos de los derechos humanos. El Salvador de Bukele es uno de los países que han hecho de esto una marca que, lejos de escandalizar a otros países, se utiliza como modelo a seguir.

El modelo y las denuncias

El régimen de excepción vigente hasta la fecha en El Salvador fue implementado en marzo de 2022 tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas, que en pocos días dejó decenas de homicidios y generó una fuerte conmoción social. Frente a ese escenario, el gobierno de Nayib Bukele impulsó la medida como una respuesta urgente para recuperar el control territorial y frenar la criminalidad. La decisión fue aprobada por la Asamblea Legislativa y permitió suspender garantías constitucionales como el derecho a la defensa inmediata, la inviolabilidad de las comunicaciones y los límites a la detención administrativa, habilitando así un esquema de detenciones masivas que se convirtió en el eje central de la política de seguridad del Ejecutivo.

El llamado “Modelo Bukele”, impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ganado visibilidad en la región por su enfoque de mano dura contra el crimen. Este modelo ha llevado a más de 90 mil personas a prisión, entre ellos, menores de edad y personas de bajos recursos.

El modelo es fuertemente cuestionado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias, torturas, muertes bajo custodia estatal y restricciones a la prensa, así como una creciente concentración de poder. La organización Socorro Jurídico Humanitario, que ha tenido que mudar su personería jurídica al igual que otras organizaciones defensoras de derechos humanos, ha documentado más de quinientos asesinatos bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción.

En este sentido, la jurista Claudia Martin, integrante del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador, sostiene que el régimen de excepción, vigente en ese país desde el 2022, podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad:

“Para que se configuren crímenes de lesa humanidad, deben existir determinados actos prohibidos que constituyen, en general, violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual”, explica la experta.

Según el Estatuto de Roma, estos actos deben cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Para la experta, en El Salvador “existe una fuerte centralización en la toma de decisiones, lo que debilita los mecanismos de control institucional”.

La expansión regional

La popularidad del modelo salvadoreño se refleja en el interés que despierta entre dirigentes de distintos países, así como en visitas oficiales y declaraciones públicas de apoyo.

Según Martin, este fenómeno responde en parte a los problemas estructurales de seguridad en la región: “Frente a contextos de alta criminalidad, este tipo de políticas aparecen como soluciones rápidas, lo que explica su recepción positiva en ciertos sectores sociales y políticos”. Sin embargo, la experta advierte que la gravedad de las denuncias en El Salvador no siempre ha sido percibida con la misma urgencia a nivel internacional, en parte por factores geopolíticos y por la priorización de otras crisis en la agenda global.

El modelo Bukele no aparece únicamente en la narrativa de los líderes latinoamericanos que lo emulan, sino que existen “experimentos concretos que buscan replicar lo realizado en el país centroamericano”.

Para Claudia Martin: “El informe tenía no sólo la intención de evaluar la situación de El Salvador sino también mostrarles a otros líderes que este tipo de mecanismos, este tipo de modelos, en realidad no son los más aconsejables para enfrentar problemas de seguridad”.

La experta advierte que “en Costa Rica estaban muy entusiasmados también. En todos los países donde hubo elecciones recientemente había un ‘candidato Bukele’. En Colombia creo que había un candidato que hasta tenía unas patillas parecidas a las de Bukele. Ha habido como una intención de emular. Y en el caso de Costa Rica, por ejemplo, entiendo que hasta estuvo Bukele dando consejos de cómo hacerlo, etcétera”.

Para Martin, “el informe ha llamado la atención de mucha gente y ojalá que sea un factor de evaluación de quienes están pensando en implementar políticas de seguridad más estrictas que reconozcan que no es necesario llegar a un extremo como lo que está implementando la autoridad de El Salvador”.

A pesar de la admiración que provoca este modelo, según la experta ningún país de la región lo ha replicado al cien por ciento. Sostiene que “como ninguno todavía lo ha implementado, ojalá que el informe les haga pensar que no es conveniente porque efectivamente involucra violaciones de normas nacionales e internacionales”.

Por su parte, la abogada Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, sostuvo que «no solo el gobierno de El Salvador, sino otros países de la región han tomado este modelo como un ejemplo de una política de seguridad pública exitosa». Añade que en diversos países de América Latina se ha comenzado a invocar esta política como una solución directa al crimen.

Para Indacochea, «importar el modelo implica importar todo”, en referencia al debilitamiento de la independencia judicial y la eliminación de la separación de poderes. Señala además que la aparente efectividad convive con un “alto costo en materia de derechos”, que incluye detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la defensa y la posibilidad de encarcelamientos indefinidos.

Según Indacochea, lo que se está exportando no es únicamente una política de seguridad, sino una forma de gobernar: “Se presenta como un modelo de seguridad, pero en la práctica funciona como un mecanismo de control social”.

Libertad de prensa

El impacto del régimen también se refleja en el deterioro de la libertad de prensa. Según datos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos en un contexto de hostigamiento, restricciones legales y temor a represalias. Organizaciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador y Reporteros Sin Fronteras han advertido sobre un deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio del periodismo.

Las consecuencias de estas políticas se reflejan en testimonios como el de Víctor Barahona, periodista salvadoreño encarcelado en 2022. Arrestado sin orden judicial, permaneció privado de libertad durante más de once meses en condiciones extremas.

Barahona sostiene que su detención estuvo vinculada a su trabajo periodístico: “Tenía programas que incomodaban”. Y continúa: “Éramos más de 70 personas en una celda. Nos tiraban gases, nos castigaban. Había gente que se enfermaba, se la llevaban y no volvía”, relata.

El periodista señala que otros gobiernos no querrían enfrentar las consecuencias legales que este modelo conlleva: «No creo que algún gobierno quiera ser parte de causas en una Corte Penal Internacional o ser llamado dictador».

En la misma línea, la periodista salvadoreña Graciela Barrera, del medio digital El Faro, advierte que el modelo Bukele no es replicable en otros países sin un costo profundo en términos democráticos y de derechos humanos. “Cualquier país que implemente este modelo tiene que saber que implica vulneraciones a los derechos humanos. No se trata solo de capturar pandilleros, sino también de miles de personas inocentes detenidas, muertes bajo custodia estatal y procesos judiciales sin garantías”, sostiene.

Para Barrera, la lógica del régimen de excepción supone además, una criminalización de la pobreza y un sistema judicial desbordado, donde “no hay forma de hablar de juicios justos cuando hay audiencias con cientos de personas”, lo que vuelve inviable su aplicación sin erosionar el Estado de derecho.

La disputa

Líderes y candidatos en países como Colombia y Costa Rica han intentado emular la estética y las formas de Bukele. Esta tendencia se extiende a naciones donde la seguridad está instalada en la agenda pública como Argentina, Ecuador, México, Perú y Honduras. En algunos de esos lugares parece prevalecer la idea de que solo existen dos opciones: negociar con el crimen o adoptar políticas extremas.

En Argentina, la actual senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich elogió el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la megacárcel de El Salvador, y dijo que sería un modelo a imitar en Argentina para endurecer la lucha contra el crimen organizado y las pandillas.

Para Barrera, el crimen organizado “es una realidad en la región pero parece que o bien negociamos con el crimen organizado o, si no, adoptamos estas políticas draconianas extremas”.

Según Martin, “las políticas de seguridad llevadas a cabo en El Salvador son todas irracionales y que, como son populares, parece que es mucho más fácil seguir con ellas que ponerse a trabajar en formas legítimas de combatir el crimen organizado”.

La creciente admiración internacional por el modelo de Nayib Bukele expone una tensión central en la región: la búsqueda de respuestas inmediatas frente a la inseguridad convive con la aceptación —explícita o implícita— de graves retrocesos en materia de derechos humanos. Mientras distintos gobiernos observan en El Salvador una fórmula eficaz para reducir el crimen, las denuncias por torturas, muertes bajo custodia estatal, detenciones arbitrarias y persecución a periodistas revelan el costo estructural de ese enfoque.

En este escenario, el debate ya no se limita a la eficacia de una política de seguridad, sino a los límites que las sociedades están dispuestas a aceptar en nombre del orden. La expansión del modelo Bukele en la narrativa regional plantea una pregunta de fondo: si la seguridad puede sostenerse sin erosionar las bases democráticas o si, por el contrario, su consolidación implica necesariamente el debilitamiento de las garantías fundamentales.