El índice de inflación de mayo marcó un 7,8%. Si bien hubo una desaceleración respecto al mes anterior, la situación sigue siendo crítica. Un economista cercano al peronismo y otro liberal analizan el problema de los constantes aumentos de precios. Uno habla de multicausalidad y el otro de déficit fiscal. En lo único que coinciden es en que la dolarización no es la solución.
Pasó el quinto mes del 2023 y el índice de precios de los bienes y servicios sigue en alza; con un 42,2% de inflación en los primeros cinco meses del año, los ciudadanos se encuentran con cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, porque los salarios de los trabajadores no acompañan estos rápidos movimientos de la economía.
Problemas económicos que no tienen freno, que parecieran cada vez empeorar más; con una génesis que no está clara y una sumatoria de percances a la rastra, entre los que están un déficit fiscal que viene desde hace una década, el achique del presupuesto estatal, la deuda con el Fondo Monetario Internacional tomada durante el macrismo, una pandemia, y una sequía que obligaron a una amplia emisión monetaria, más una serie de intentos de políticas económicas que no dieron resultado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Es evidente que no hay una única mirada a la situación actual, porque los economistas tienen perspectivas distintas en cuanto al origen de los altos índices de inflación en el país. Sergio Chouza, economista y columnista, aliado a las ideas del peronismo, sostiene: “La inflación es un tema con una multicausalidad de componentes donde la base es la de los desajustes macroeconómicos”. Mientras que Christian Buteler, empresario y analista financiero con mirada liberal, afirma: “La causa de la inflación es exclusivamente la emisión de pesos, después uno debe analizar el detrás y la justificación del por qué se hace”.
Ahora bien, la crisis existe, pero ¿cómo salimos de ella? Claramente no hay receta ni una fórmula que asegure un mayor bienestar económico, pero sí debe haber determinadas políticas que sea cual sea el color político, se deberían tomar. “Se debería ir a un programa de estabilización macro integral donde obviamente el centro tiene que ser una política antiinflacionaria consistente”, afirma Chouza.
Por su parte, Buteler comenta: “Al haber tantos desequilibrios macroeconómicos desde hace más de dos décadas, tiene que realizarse un plan integral, que considere a la economía como un todo, viendo la parte monetaria, lo fiscal, lo cambiario, al tema subsidios o asistencia social, y todo basándose en buscar un equilibrio fiscal, a los efectos de no depender de esa financiación que termina siendo emisión pura y que afecta a la inflación”.
Por lo tanto, ambas miradas coinciden en que cualquier plan de estabilización económica, debe tener en cuenta cada uno de los compartimientos, para que cuando se intente llevar a cabo la estabilización, no se termine perjudicando a algún sector más que otro.
Pero un plan de estabilización económica en cuanto a la inflación, ¿necesariamente conlleva a reducir el gasto público? Como es sabido, muchos economistas, políticos y especialistas en el tema sostienen que la inflación se da por la emisión monetaria, y que eso está dado para solventar al alto gasto público que lleva a cabo el gobierno nacional.
Acorde a esta mirada, Buteler asegura: “Parte fundamental del problema de la Argentina es tener un Estado que gasta más de lo que produce, el nivel del mismo debe ser acorde a sus recursos. El Estado no se puede hacer cargo de todo si no se tiene una organización y financiación que pueda solventar esos gastos. Entonces, en el caso de Argentina, sí es necesario ajustar, pero no vas a empezar por los planes sociales en un país que tiene casi un 50% de pobres, se tendrán que buscar otro tipo de recortes como en el área política conformada por la Cámara de Senadores, diputados nacionales y provinciales, concejos deliberantes”.
Pero, ¿realmente tan solo reduciendo ese gasto público se solucionaría el problema del aumento de precios constantes que padece el país? Vale destacar que durante el gobierno de Mauricio Macri no solo se redujo la emisión de billetes casi a cero sino que también los índices inflacionarios duplicaron a los que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Lo monetario es un factor muy determinante pero yo creo que no es el único, no podés solamente enfocarte en eso -sostiene Chouza-. Sin dudas hay que ordenarlo, pero sin descuidar el resto de los factores. La prueba está en el 2018, que se aplicó un programa bastante restrictivo en materias fiscales monetarias, pero la situación externa estaba mal con una situación de déficit muy pronunciado de la balanza de pagos, por los dólares que se iban de las reservas ya por el acuerdo con el FMI, entonces no alcanzó solamente tener una reducción del gasto y por ende menores necesidades de impresión de billetes”.
El gobierno actual también duplicó, a su vez, los preocupantes números de aumento de precios que había dejado el macrismo. La presidencia de Alberto Fernández realizó ciertos recortes estatales, como la disminución de subsidios y aumentos tarifarios, por el acuerdo con el FMI, y además, se incrementó la emisión monetaria, probablemente motivados para financiar los gastos durante la pandemia. La preocupación ante el ininterrumpido ascenso generalizado del valor de los bienes, hizo que en noviembre del año pasado, el Ministerio de Economía bajo el cargo de Sergio Massa, implementara una vieja fórmula ya utilizada por gobiernos anteriores para intervenir en los precios, pero esta vez con el nombre de “Precios Justos”. Chouza asegura que “son medidas que sirven para recomponer un poco las referencias de precios, que se suelen romper cuando la inflación supera determinado umbral, que yo prefiero que esté, pero no es un programa antiinflacionario que pueda solucionar problemas estructurales”.
Que el gobierno intervenga en los precios siempre despertó polémica, principalmente para el ala derecha de los economistas. “El Estado generalmente no debe intervenir en los precios porque lo suele hacer mal. Si hay problema con los precios, el Estado debería limitarse a incentivar la competencia, abriendo las importaciones de ese rubro en específico para que de forma natural los precios caigan”, opina Buteler.
Ahora bien, reducir más o menos el gasto público, intervenir en mayor o menor medida en el mercado, en las políticas cambiarias y sociales, están dentro del debate habitual desde hace años en cuanto a la manera correcta de administración económica de un país.
De todas formas, en el último periodo se ha comenzado a evaluar como alternativa, como medida monetaria, en un grupo reducido de dirigentes vinculados a la Libertad Avanza, liderado por el economista y diputado nacional Javier Milei: la dolarización. Bajo la mirada de estos, los precios se manejan tras los movimientos del dólar y cambiarse a la moneda norteamericana ayudaría a detener la inflación definitivamente porque no se podría acudir a la emisión de billetes.
“No me parece factible porque tiene poco consenso, y además le encuentro un problema técnico en el sentido de que la dolarización requeriría cumplir con ciertos prerrequisitos, para que no sea muy traumática en términos sociales, los cuales se podría reducir al orden fiscal, monetario y acumulación de reservas –argumenta Chouza–. Pero si uno pudiera cumplir con esos puntos, ya de forma natural habría un descenso en la inflación sin necesidad de ceder soberanía monetaria, ni descuidando la cuestión social que esta medida cristaliza a través de una distribución del ingreso mucho más estática”.
Buteler ofrece una mirada similar: “Te puede hacer bajar rápidamente la inflación, pero hay muchos otros problemas económicos de distribución de ingresos o el equilibrio fiscal que no te los resuelve dolarizar. Para sostenerla se deberían hacer ciertos cambios estructurales que en caso de que pudieran mantenerse, tampoco vas a tener inflación. El problema no radica en el nombre que tenga la moneda que tengo en el bolsillo, sino el plan económico y la organización que hay detrás”.
Por lo pronto, la situación económica se encuentra en una situación gravísima, según lo que publicó el Banco Central con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que calcula que el aumento de precios esperado para el sexto mes del año rondará el 8%, al mismo tiempo que se estima un 148,9% de inflación anual. Números que preocupan ya que empeoran las previsiones anteriormente publicadas.
El gobierno actual no puede hacer mucho en el corto plazo más que poner un dique de contención para tabicar la crisis. Y esperar, así como sostuvieron los economistas, a un plan integral en manos del próximo gobierno, que pueda traer mayor bienestar al pueblo argentino.