“Manicomios porteños: la transformación que no llega”

“Manicomios porteños: la transformación que no llega”

Ene 15, 2026 | DDHH, Destacado 4

Las organizaciones ACIJ y CELS presentaron un trabajo de relevamiento sobre cuatro hospitales públicos que no se han adecuado a la nueva Ley de Salud Mental. Describen las dificultades para la reinserción social de los pacientes y denuncian el ajuste en el programa PREASIS para facilitar la externación; la “patologización de la pobreza» y en algunos casos malos tratos, agravados por la condición de mujer.

El hospital «Tiburcio Borda» en 2024 registró 1.036 ingresos. Foto: Archivo/ ANCCOM

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron Manicomios Porteños: La transformación que no llega. Este documento es un relevamiento de los cuatro hospitales monovalentes públicos en CABA que siguen funcionando sin cambios a pesar de que, por decreto, debían adecuarse y sustituirse definitivamente para el año 2020. La investigación expone el incumplimiento de la ley y el déficit estructural en cuanto a salud mental y discapacidad, siendo los más afectados las personas de bajos recursos, mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNyA). Mientras que en 2024 todos los establecimientos presentaron aumentos significativos en el ingreso de pacientes internados, los dispositivos sociales para garantizar la reinserción en sociedad son prácticamente inexistentes.

Los manicomios en CABA no desaparecieron, son cuatro: Dos hospitales para adultos, “José Tiburcio Borda” y el Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”; otro para emergencias psiquiátricas, “Torcuato de Alvear”; y uno para NNyA, “Carolina Tobar García”. En ellos hay una ocupación completa constante. Esto se debe a que los lugares para la internación en salud mental en hospitales generales de la ciudad son muy pocos, apenas 77 camas disponibles. Por este motivo muchos de los pacientes son derivados casi directamente a una institución monovalente, generando una cantidad de internaciones en aumento desde hace varios años. Por ejemplo, en el caso del hospital “Tiburcio Borda”, en 2024 registró 1.036 ingresos, cifra que no alcanzaba desde 2011.

La concentración no solo es de personas hospitalizadas, sino también de recursos. El relevamiento dedica un segmento al análisis del presupuesto de CABA en 2024 y afirma la “insuficiente inversión en políticas y dispositivos comunitarios, de apoyo y de inclusión social”. En palabras de Sofía Soberón, trabajadora social integrante del equipo de CELS: “El problema es cómo se distribuye ya que la mayor parte [de los recursos] está centralizada y no se refuerza toda esta otra red que tendría que poder tener el peso en la forma de abordar la salud mental. Y esto es solo en salud, cuando deberíamos poder hablar de lo laboral, lo habitacional y la educación. Es decir, debería tratarse transversalmente, no solamente relegado al ámbito de la salud.”

En números, un 75,6% del presupuesto estuvo dedicado a estas instituciones psiquiátricas, 11,4% se destinó a salud mental en centros generales, y solo 0,005% fue dirigido al Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS).

Este último fue creado para acompañar a las personas que egresan de la internación para reinsertarse en la sociedad. En el PREASIS hacia fines de 2024 trabajaban solo 75 personas, lo que podría considerarse insuficiente personal en relación a la cantidad de egresos que en ese año mantuvieron un promedio de 589. El programa también incluye apoyo económico. Un primer “Subsidio de Revinculación Familiar” que consta de 900 pesos mensuales, y un “Subsidio de Externación y Reinserción Social” dirigido a las personas que no pudieran garantizar su independencia habitacional de idéntico monto al primero. Ambos valores sin actualización desde 2012.

De hecho, en el proyecto de Ley del Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de la Ciudad el programa desapareció y tampoco figura en la sección correspondiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat. Cuando los investigadores de ACIJ y CELS consultaron al respecto, las autoridades afirmaron que el programa continuaba activo, pero sin explicación de cómo se sustenta o por qué desapareció del documento oficial.

Otro de los puntos clave es el tiempo de permanencia de los pacientes. La Ley 26.657 estipula que las internaciones deben ser del menor tiempo posible, sin embargo, se identificó que el 72% de las personas adultas internadas entre mayo y octubre de 2024 tuvieron internaciones prolongadas (más de seis meses). También se evidenciaron internaciones máximas de hasta 40 años, con un promedio cercano a los 10 años.

Gran parte de la permanencia en los psiquiátricos no está relacionada a motivos médicos, sino a que muchas personas, después de largos periodos internados, no tienen lugar para vivir. La estadía prolongada produce la pérdida de los vínculos familiares y afectivos, como también la falta de contacto con el mundo laboral, agravando la situación de la persona dada de alta.

Pasillo del Hospital Braulio Moyano. Según el informe, muchas de las mujeres internadas son vistas como “mujeres que fallaron” en su rol socialmente impuesto como madres, proveedoras y cuidadoras. Foto: Archivo/ANCCOM

Si bien los hospitales son de puertas abiertas, salvo en la internación involuntaria, el abogado Eduardo Quiroga, otro de los autores del trabajo por parte de ACIJ, explicó que “eso no se traduce en una vida independiente, ya que la mayor parte de esa población no decide dónde, cómo o con quién vivir, qué trabajo tener, qué rutinas implementar. En la institucionalización están sometidas a lógicas que vulneran el derecho de vida independiente. Eso es mucho más difícil si no se logran los apoyos y recursos para vivir en comunidad”.

Los investigadores identificaron las siete Residencias Asistidas de Rehabilitación Psicosocial existentes en CABA y señalaron dos problemas principales: la escasez de vacantes por un lado (un promedio de 14 personas por residencia), y por otro la falta de adecuación a los requerimientos de la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Son lugares pensados para trastornos mentales severos y un tiempo de permanencia máximo de dos años. Subrayaron que, aunque las residencias deberían funcionar como dispositivos de transición a la vida social, en algunas de ellas se terminan reproduciendo las lógicas del psiquiátrico aunque en menor escala.

Quiroga señaló que no solo se trata de un problema habitacional, sino que “requiere asistencia personal, acompañamiento terapéutico, un lugar de atención ambulatoria de referencia, y muchas otras cosas. Deben externarse de hospitales psiquiátricos, pero también debe existir una continuidad de cuidados con la que actualmente no contamos”. Esta situación expone que en muchos casos el reingreso a los psiquiátricos se debe a la cruda disyuntiva que enfrentan las personas: el manicomio o la calle.

El informe sostiene que las internaciones no solo se atribuyen a un estigma social de la “locura” y “peligrosidad”, sino que esto también convive con otro esquema de exclusión social, la “patologización de la pobreza”. Personas internadas no por salud sino falta de trabajo, vivienda y protección social.

ACIJ y CELS observaron instalaciones precarias, prácticas de aislamiento, casos de violencia física y psicológica, sujeciones físicas y farmacológicas y muertes que no se han investigado debidamente. Así como también usos indebidos de la medicación psiquiátrica, como el castigo, la coerción y la gestión de conflictos, generando graves deterioros orgánicos en la salud. En este panorama, también identificaron a mujeres y NNyA como los grupos más vulnerados.

Entre 2023 y 2024 se registró la mayor cantidad de NNyA internados desde 2012. Allí se encuentran expuestos a “situaciones de riesgo psicofísico y social, traumatismos corporales, amedrentamientos, temores, y falta de acompañamiento adulto”, mencionando posteriormente la pérdida de la escolarización y la dificultad para reintegrarse socialmente.

Con respecto a las mujeres internadas, “están sujetas a lógicas patriarcales de control sobre sus cuerpos y maternidades que afectan su autonomía y las someten a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la anticoncepción y esterilización forzada y la privación de la responsabilidad parental sobre sus hijos e hijas”. De acuerdo con el trabajo, muchas de ellas son vistas como “mujeres que fallaron” en su rol socialmente impuesto como madres, proveedoras y cuidadoras.

Si bien la transformación está lejos de lograrse, los autores apuestan a que sea posible, tomando como referencia otra investigación elaborada por CELS sobre desmanicomialización en el Hospital Dr. Alejandro Korn “Melchor Romero”. En él se observaron avances para la adecuación a la ley y bienestar de las personas externadas. “Lo que el informe busca transmitir es que más allá de un marco normativo y necesario, hace falta voluntad política para poder pensar en políticas públicas claras”, afirmó Soberón. “Como sociedad deberíamos poder visibilizar estas situaciones de las que cuesta hablar por el estigma social, como también exigirle al Estado la implementación de políticas”, concluyó.

Chubut en llamas

Chubut en llamas

Ene 11, 2026 | Comunidad, DDHH, Destacado 1

La fiscalía de Lago Puelo determinó que el incendio de Puerto Patriada fue intencional y detectó gases inflamables que actuaron como material acelerante. Los habitantes y el territorio de la comarca andina son acechados por los grandes intereses económicos y castigados por un estado nacional que no da respuesta.

La Patagonia argentina inicia otro año envuelta en llamas. La postal de los bosques incendiados se transformó en un habitué de cada año. El fuego comenzó el lunes 5 de enero por el camino que va desde el centro de la localidad de El Hoyo hacia Puerto Patriada, a orillas del Lago Epuyén. Trás cinco días de lucha, el fuego avanza de manera intensa y errática, impulsado por las condiciones climáticas adversas y la extrema sequedad del terreno.

Más de 7.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas dejando pérdidas irreparables: animales, cultivos, tierras fértiles, casas y maquinarias. Vecinos autoconvocados, brigadistas, combatientes y bomberos trabajan día y noche en el terreno dejando sus trabajos y vidas de lado para salvar el territorio. Enfrentan las llamas con lo que tienen a mano, impulsados por el compromiso y amor por la flora y fauna de la patagonia argentina y sostenidos por la organización colectiva.

“A partir de la cantidad de incendios en la comarca se genera todo un sistema de red comunitarias que está fortaleciéndose constantemente, el pueblo está unido frente a estos ataques intencionales. Nos convertimos de trabajadores, padres, madres y vecinos a brigadistas autoconvocados. Hay personas que gestionan y cocinan viandas para alimentarnos, gente que está en logística y transporte, o recibiendo donaciones para que quienes combatimos el fuego tengamos equipamiento ignífugo y herramientas. Esto se hace a pulmón y a corazón, sostenidos en comunidad”, explicó en diálogo con ANCCOM Mauricio Lopez, integrante de la brigada Loma del Medio.

Las localidades de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo ya habían sufrido incendios en años anteriores, en su regeneración los bosques nativos fueron reemplazados por pinos. Estos árboles limitan a las especies autóctonas y nativas, crecen muy rápido y cuando se incendian las piñas estallan y prenden todo a su alrededor. Pinares que actúan como fósforos.

Sabina Aime Bizama, integrante de la Brigada Andina, explicó en diálogo con ANCCOM: “El fuego comenzó en un Pinar abandonado, sin mantenimiento hace mucho tiempo. Se sabía que eso era una bomba. Esto se debe a la negligencia por parte de los gobiernos, se sabe y no se controla. El origen del fuego es difuso, puede haber sido intencional o por imprudencia pero no fuimos los habitantes. Acusar a las comunidades mapuches es un clásico. Nadie prendería fuego su propia casa y animales. Es el típico discurso del enemigo interno, ellos quieren que vengan los extranjeros. La disputa es por la soberanía nacional”.

El 95% de los incendios son responsabilidad de la actividad humana. La fiscalía de Lago Puelo determinó que el incendio de Puerto Patriada fue intencional y detectó gases inflamables que actuaron como material acelerante. Los habitantes y el territorio de la comarca andina son acechados por los grandes intereses económicos y castigados por un estado nacional que no da respuesta. “Si bien hay focos chicos generados en el verano por vientos, tendidos eléctricos, o algún asado mal apagado, la mayoría de los casos suceden en días puntuales de mucho viento y calor, producidos con acelerantes y combustibles de forma premeditada, organizada y paga”, agregó Lopez.

Las temperaturas en la Patagonia no descienden y las lluvias son nulas. Apagar el fuego exige tiempo y energía. La comunidad de la comarca andina organiza donaciones a través de las redes de las brigadas, con listas de insumos que incluyen ropa ignífuga, motobombas, motosierras, nafta, linternas nocturnas, mochilas hidrantes y handies de largo alcance. Involucrarse y ayudar es clave para sostener la lucha contra el fuego.

Además, los vecinos cuestionan el rol de los medios nacionales: “Se está dejando de lado la catástrofe. Buscan enfocar la conversación en quién es el culpable. No necesitamos eso, necesitamos recursos para apagar el fuego y no perderlo todo. Necesitamos ayuda del gobierno nacional, más brigadistas y mejores equipos. Es importante que circule otro tipo de información. Debemos cuidar el territorio y prevenir entre todos”, explica Bizama. La comunidad reclama que se visibilice la emergencia y se accione.

Venezuela: ¿puerta de entrada a Latinoamérica?

Venezuela: ¿puerta de entrada a Latinoamérica?

Ene 10, 2026 | DDHH, Destacado 4

Donald Trump bombardeó Venezuela, secuestró a Maduro, puso a Delcy Rodríguez como presidenta y ya está administrando el petróleo que se adjudica. ¿Qué pasó con la revolución, cuál es la situación y cómo se acomodan las piezas geopolíticas? Anccom entrevistó a distintos especialistas para esbozar las primeras explicaciones sobre lo que está pasando.

El 2026 arrancó con el colonialismo al palo. ¿Acaso un país puede tener recursos estratégicos sin que venga otro y se lo lleve? Pues no. Algunos se preguntarán: ¿y la propiedad privada? Para los poderosos eso solo es válido para los estados “maduros” o “mayores de edad”, conceptos que expone Enrique Dussel en 1492, cuando arranca la violencia sacrificial originaria. Las vaquitas siempre son ajenas.

Estados Unidos desembarcó en Venezuela y atacó sediento de petróleo. El 3 de enero irrumpió en territorio venezolano con ataques aéreos sobre Caracas, La Guaira, la estratégica base aérea La Carlota, entre otros. Jaque mate al régimen de Nicolás Maduro cuya imagen, esposado de pies y manos, parece ser el gran premio del momento. Su esposa Cilia Flores también fue detenida. Entre las excusas está el fraude de las elecciones del 2024 y el narcoterrorismo.

¿Qué significa este imperialismo sin sutilezas ni justificaciones culposas? ¿Es un síntoma de poderío o debilidad? ¿Solo había que tocar el régimen para que cayera por sí solo? Anccom entrevistó al historiador Danie Campione, al periodista especializado en política internacional, Guadi Calvo, y a Gonzalo Fiore Viani, abogado, magíster y doctor en Relaciones Internacionales, para esbozar las primeras explicaciones sobre lo que está pasando.

Sin cartel

Maduro fue acusado de liderar el “cartel de los soles”. Sin embargo, la justicia determinó que es inexistente. Para el politólogo, historiador y docente de la UBA, Daniel Campione, “Maduro ha tenido el posicionamiento correcto de considerarse prisionero de guerra en su primera declaración ante el juzgado”. El contexto bélico ha sido naturalizado por una parte de la población, agrega: “Hay que ligar lo que EE.UU. hace en nuestro continente con acciones agresivas fuera del área, como el genocidio en Gaza y los bombardeos a Irán”. Al interior del país del norte, no todos están de acuerdo con el accionar del presidente. El Comité Editorial del New York Times, independiente de la redacción, publicó un artículo en donde sienta su postura y afirma que Trump “viola la Ley”. En la rueda de prensa el presidente de EE.UU afirmó que va dirigir ese país a una “transición segura, adecuada y sensata”, para sus intereses, claro. En el plano internacional, ¿tendrá legitimidad? ¿Cómo se acomoda el ajedrez geopolítico?

El periodista especializado en política internacional Guadi Calvo, en diálogo con ANCCOM analiza que “los veintiséis años de la revolución bolivariana fueron realmente un gran fracaso adjudicable al ala internacional, al bloqueo norteamericano, a la persecución, al frente interno opositor que fue terriblemente duro, al constante ataque a los medios de producción, incluso la muerte de Chávez en el 2013. Su gran error fue dejar a Maduro, un hombre que carecía de experiencia para semejante rol, que se perpetuó en el gobierno durante trece años. Este combo ha dado como resultado esta experiencia del 3 de enero”.

“Yo conocí muy bien Venezuela antes de Chávez y posterior a la revolución y no he visto en seis, siete años cambios notorios. Creo que hubo mucho discurso revolucionario pero poca revolución”, explica Guadi Calvo. En comparación con Cuba, “fue diametralmente opuesto porque el proceso revolucionario cubano tuvo un desarrollo que alcanzó algunos objetivos, pero obviamente las condiciones geográficas, la pobreza de su territorio y ese enemigo constante que ha perseguido a la revolución desde el comienzo, ha impedido su pleno desarrollo, pero que todavía estemos hablando de la revolución cubana es un prodigio de la naturaleza”. En el caso venezolano, “sabemos que cuenta con la reserva mundial de petróleo más grande, una industria absolutamente desarrollada. Creo que más que por acción del enemigo, ésto ha eclosionado por corrupción”, desarrolla Guadi Calvo.

En cuanto a la actualidad cubana, teniendo en cuenta que Venezuela era un aliado de la isla que se encuentra con serios problemas, para Campione, “EE.UU y todos los enemigos de la revolución cubana apuestan a algún tipo de revuelta que pueda afectar la estabilidad interior. También puede haber operaciones de inteligencia e infiltración que busquen el caos y la desestabilización. El poder político, económico y comunicacional estadounidense sabe que la sofocación del proceso revolucionario cubano sería un gran triunfo histórico para ellos. Si perciben como más cercana esa posibilidad no hay duda que operarán en esa dirección”.

 Ego Conquiro, luego existo

Daniel Campione afirma que el ataque perpetrado por EE.UU. “mostró total desprecio por cualquier regla jurídica y toda consideración humanitaria”. El catedrático explica que “la ‘deuda’ que tiene la patria de Bolívar con el imperio tiene que ver con el proceso que ha transcurrido allí en el último cuarto de siglo. No le perdonan el `No al ALCA`, la conformación del ALBA, el haber puesto de nuevo en el tapete la revolución y el socialismo cuando parecían una perspectiva clausurada. Tampoco el propósito de armar una democracia participativa, de dar poder a las comunas, de estructurarse en torno a un partido unificado proclamado socialista. Quieren cobrarle todo eso. Hundirlo bajo tierra mientras se llevan el petróleo”.

No se necesita el diario del lunes para saber cuáles eran las variables. Todo estaba dispuesto en dos líneas, en ambas el gobierno de EE.UU. intervenía, en una por cuenta propia, en otra con la colaboración del régimen. Esta última idea cobra aún más fuerza cuando los militares estadounidenses logran detener al presidente de Venezuela sin problemas en una acción denominada “Operación Resolución Absoluta” que no hace más que resonar aquella “solución final”.

Al respecto, Guadi Calvo afirma que “la inteligencia norteamericana había infiltrado totalmente al ejército. Es así como teniendo 20 mil millones de dólares en armas rusas no se ha disparado un tiro y han logrado ejecutar a la guardia de Maduro, 32 cubanos que son agentes de altísima calidad, ultraentrenados de la escuela de inteligencia cubana que ha impedido en decenas de oportunidades el asesinato de Fidel Castro. En este caso han sido traicionados, evidentemente, desde el mismo poder venezolano. Esto habla del estado de pudrición de esta mal llamada revolución”. Según agrega el analista, “es una extraña transición donde continúan los mismos pero con otro patrón, en lugar de Maduro o el chavismo, Trump. Nada se ha alterado en Venezuela, es muy extraño”.

Para Gonzalo Fiore Viani, abogado, magíster y doctor en Relaciones Internacionales, el gobierno de Venezuela estaba “estable en su inercia autoritaria: sin legitimidad democrática, pero con control territorial y reconocimiento de hecho. El ataque rompe esa ‘estabilidad degradada‘ y abre un escenario mucho más peligroso: no ordena, sino que desinstitucionaliza”. Ante esto, para el Fiore Viani hay un “vacío de poder, faccionalismo interno y una soberanía suspendida bajo tutela externa”.

El objetivo de Trump es administrar el país. Según Fiore Viani el plan es el “control energético, neutralización del chavismo duro y un gobierno funcional que garantice petróleo, migración contenida y alineamiento geopolítico”. Se trata de un “protectorado informal” y no un “cambio de régimen liberal”, afirma el analista. “Por eso arregla con Delcy. No le interesa quien gobierne sino cómo y para quién”, sentencia Fiore Viani.

Para Campione, “ese ‘protectorado’ en materia económica se extiende al plano político, con la exigencia de liberar presos o la imposición de negociaciones para entablar de nuevo relaciones diplomáticas entre ambos países. Todo bajo la amenaza que de no amoldarse a las demandas imperiales podría producirse una segunda ofensiva, más destructiva que la primera”. El politólogo agrega que “Trump ha querido dar una muestra de que puede imponer su superioridad político-militar. Encuentra allí una compensación para la declinación que EE.UU parece experimentar en el campo económico. América Latina es la región elegida para desplegar por completo su predominio y su poder de fuego y excluir a otras potencias de su ámbito”.

Por su parte, Guadi Calvo considera que “Trump se asume a sí mismo como el gran triunfador pero todavía está por demostrarse. Esto ha sido como patear a un borracho en el piso”. Además, Calvo agrega que el mandatario “va a usar a Venezuela como trampolín para avanzar hacia el resto del continente. Esto es un desastre para América Latina”, sentencia. Sin embargo, alerta que si bien “Trump va a sacar músculos frente al mundo, no hay que olvidar que existen una China y una Rusia que miran de igual a igual a los EE.UU.”.

Para quienes aún esperan que la Organización de Naciones Unidas (ONU) haga algo, Gonzalo Fiore Viani afirma que los organismos internacionales “están estructuralmente impotentes. El límite no es jurídico, es político. El derecho internacional funciona entre pares; frente a una potencia que decide violarlo, sólo queda la condena simbólica”. Para él, “el límite real lo ponen otros Estados poderosos como China, Rusia, incluso Brasil, no las instituciones”. Al ser consultado sobre la posibilidad de intervención de esos países en el conflicto, Fiore Viani responde que “ninguno está dispuesto a escalar, si escalan los actores con capacidad real de daño, los límites a la violencia se vuelven difusos. No automáticos, pero sí frágiles”.

La izquierda y el camino a seguir

Al inquirir sobre el rol de la izquierda, Guadi Calvo manifiesta que “quedó en un papel muy incómodo por haber tenido que sostener al gobierno, no generar autocríticas ni reemplazos, por mantenerse cerrada a nuevos aires, por la falta de continuidad de un proyecto realmente revolucionario”.

Por su parte, Campione asegura: “A la izquierda internacional no cabe otra actitud que la firme condena a la agresión y al secuestro resultante. Y la solidaridad con el pueblo y gobierno venezolano. Claro que pueden existir muchas críticas a la situación allá. Lo que es indudable es que la violenta actitud imperialista de EE.UU es por completo intolerable y debe ser denunciada en todos los ámbitos posibles, locales e internacionales. La calle es un espacio indispensable para ello. Por fortuna en Argentina hubo dos movilizaciones inmediatas. Que quede claro que Trump no puede contar con consenso para sus atropellos. Y tampoco con silencio y pasividad como respuesta.”

Campione invita a “preguntarse cómo actuar contra las amenazas de agresión a otros países y territorios, de Colombia a Groenlandia. Acerca de qué puede hacerse para prevenir un empeoramiento de la situación”.

Un gobierno entreguista

El Ejecutivo argentino en manos de Javier Milei no pierde oportunidad para someterse a los designios de Donald Trump. Milei ha respaldado y celebrado lo acontecido en Venezuela. Como lo explica Campione, “el ‘socialismo del siglo XXI’ es uno de los enemigos que ha construido. Un ‘cambio de régimen’ en Venezuela cumpliría una parte de sus sueños”. También alarma sobre “su propósito de convertirse en líder de una especie de liga de presidentes de derecha de toda América Latina” y convoca a que “toda actitud de denuncia y protesta sobre lo ocurrido en Venezuela debe ser también reclamo y movilización contra las políticas del gobierno de Milei”.

Los especialistas atribuyen distintos niveles de debilidad y falencias al gobierno venezolano, pero coinciden en que este país demonizado y acosado por décadas resulta ideal para los manotazos de Donald Trump para detener la caída económica, industrial y financiera que experimenta su país.

¿El imperialismo es la fase superior del capitalismo o un síntoma de su decadencia?

La necesidad no se toma vacaciones

La necesidad no se toma vacaciones

Ene 8, 2026 | Comunidad, DDHH, Destacado 1

El primer miércoles del año los jubilados se manifestaron junto al colectivo de personas con discapacidad y el sector de salud, frente a los nuevos ajustes del gobierno: cierre de ANDIS y el desmantelamiento del Programa Federal de Cardiopatías Congénitas.

El primer miércoles del año no trajo descanso frente al Congreso. La Plaza vuelve a ser el escenario habitual de la resistencia de los jubilados contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, el paisaje cambió: esta vez no estuvieron solos. Sin embargo, el mensaje de los mayores se mantuvo firme y unívoco: ni un paso atrás en el reclamo por una jubilación digna y la recuperación de los medicamentos.

Para los jubilados, volver al Congreso no es una opción, es una necesidad para poder visibilizar su situación del día a día. La jubilación mínima no alcanza para llegar a fin de mes y la canasta básica se volvió un lujo imposible. Por eso están acá: el hambre y la necesidad no se toman vacaciones de verano.

Ramón Ferreyra, jubilado que forma parte del grupo Jubilados Insurgentes, pone en palabras el drama urgente que atraviesan: «Es tremendo lo que estamos viviendo, se están muriendo jubilados por no recibir los medicamentos sin costo. El costo de esos medicamentos ya lo pagamos con 35, inclusive 40 años de trabajo».

Frente a la unión de los diferentes sectores en la plaza, Ferreyra declara:»Que hoy estemos todos juntos es fundamental porque todas las conquistas las conseguimos en las calles».

Esa unidad en la calle cobró una urgencia desesperada tras oficializarse, mediante el decreto publicado el pasado 2 de enero, la decisión política de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ya no se trata de rumores, sino de un hecho consumado. Los manifestantes denuncian que la estrategia oficial fue de manual: primero, instalar la idea de corrupción para deslegitimar al organismo; segundo, y como estocada final, disolverlo por completo.

Este cierre no implica simplemente achicar oficinas o reducir el organigrama estatal. Sin la ANDIS, se corta la cadena que garantiza las pensiones no contributivas, se paraliza la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y se deja sin cobertura a quienes dependen de esta estructura para acceder a sus tratamientos vitales.

En medio de la multitud, el reclamo se hace carne en la historia de Karina Nieto. Ella camina junto a su marido. Marchan por Amorina, su hija, quien es paciente oncológica del Hospital Garrahan: «El gobierno está jugando con la vida de las personas», sentencia la madre. «Es completamente traumático lo que se está viviendo. Detrás de cada ajuste en discapacidad y pediatría hay un nene que espera, una familia que se rompe. No somos números ni partidas recortables: son nuestros hijos. Ajustar en salud y discapacidad es decidir quién vive y quién se queda afuera».

Nieto agrega: «Ahora cerró la ANDIS y a mí me compete porque mi hija es una niña autista sin lenguaje. Nosotros somos sujetos de derecho, la discapacidad es un derecho a la vida también; nadie eligió vivir una situación así». Su voz se alza contra una discriminación que parecía cosa del pasado y que hoy vuelve a escucharse desde el poder. Para Karina Nieto, la pelea es por dignidad: «Los discapacitados no son enfermos, por eso salimos a las calles. No vamos a permitir que el Estado considere a nuestros hijos como enfermos».

Al reclamo se sumó un tercer sector: los familiares afectados por el desmantelamiento del Programa Federal de Cardiopatías Congénitas.

Natalia Miranda, mamá de León e integrante de los colectivos «CardioCongénitas Bonaerense» y «Familias Unidas por el Garrahan», pone en palabras lo que significa perder esta cobertura. «Este programa daba la garantía y la seguridad a nuestros hijos de que, además de ser operados en tiempo y forma, tuvieran la medicación y pudieran ser derivados al Hospital Garrahan», explica.

La falta de este plan golpea directamente a los que menos tienen y a los que viven lejos de la Capital. «El acceso a la salud para las personas con cardiopatías congénitas no es lo mismo en un lugar donde no tenés obra social y el sistema local no puede responder a una intervención quirúrgica compleja; eso lo hacía el plan», detalla Miranda.

La situación actual es de desamparo burocrático: «Hoy el plan se desmanteló. Te reciben administrativos que no son médicos cardiólogos intervencionistas; es directamente un piloto automático que va de cadena en cadena y lo que va a hacer es saturar los hospitales centrales, que son el Garrahan, el Elizalde y el Ludovica, y hace que las provincias probablemente no puedan acceder en tiempo y forma a la intervención quirúrgica o al tratamiento. Es un efecto dominó”, asegura la madre de León.

Natalia Miranda describe que su hijo León tiene un aneurisma en el arco superior de la aorta y una enfermedad poco frecuente, el síndrome de Marfan. «Vamos 20 veces al hospital al año, este hospital es nuestra garantía», cuenta Natalia, y cierra con una verdad federal que duele: «Pero las personas que no viven en Buenos Aires, necesitan del plan como garantía».

La jornada concluyó con una postal inquietante pero poderosa: tres generaciones unidas por el espanto del ajuste, pero también por la dignidad de la resistencia. Abuelos que pelean por su pasado laboral, padres que pelean por el futuro de sus hijos y pacientes que pelean por su presente. Frente a un Congreso vallado, la calle dictó su propia sentencia: la salud y la vida no pueden ser variables de ajuste.

Contra la policía política secreta que el Gobierno quiere en la SIDE

Contra la policía política secreta que el Gobierno quiere en la SIDE

Ene 8, 2026 | DDHH, Destacado 4, slider

El CELS pidió ante la justicia la nulidad del DNU de Javier Milei que modifica peligrosamente el sistema de inteligencia, ya que habilita persecuciones sociopolíticas y hasta detenciones sin orden judicial. La ex ministra de Seguridad Sabina Frederic y la socióloga Malena Silveyra (APDH) consideran al decreto una amenaza contra libertades esenciales de la democracia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU 941/25, mediante el cual el gobierno de Javier Milei reformó de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La presentación judicial incluye el pedido de una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos 4, 17, 18 y 19 del decreto, al advertir que la implementación de los mismos implica una consecuencia directa sobre los derechos humanos.

El decreto establece un rediseño integral del sistema de inteligencia, que determina que todas las actividades de inteligencia serán encubiertas y amplía de forma imprecisa los supuestos bajo los cuales el Estado puede utilizar y supervisar información sobre los ciudadanos y ciudadanas de Argentina. Según el CELS, el decreto carece de toda justificación y urgencia, ya que legisla en materia penal (algo prohibido para el Poder Ejecutivo) y establece un esquema que habilita intromisiones sobre la vida privada, la libertad personal, la participación política y social: “Desde el CELS nos vimos en la necesidad de presentar una acción judicial, que de algún modo suplante la falta de debate, claramente, con las limitaciones que tiene una acción judicial para reemplazar el debate que no se dio en un ámbito parlamentario o en el ámbito público”, explicó Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del organismo.

Morales detalló que la acción judicial se apoya en cuatro preocupaciones centrales, donde la primera es “el amplio paraguas que el DNU habilita para llevar adelante tareas de inteligencia” a partir de definiciones vagas e imprecisas como las de “investigaciones de inteligencia”. El segundo problema apunta al desmantelamiento de prohibiciones históricas que impedían a los organismos de inteligencia intervenir en la vida social y política del país, ahora exceptuadas bajo la figura de la contrainteligencia. El tercer punto señalado por el CELS tiene que ver con el acceso, uso y circulación de la información de las personas en Argentina, porque el decreto habilita a la SIDE a requerir datos a cualquier organismo del Estado (como Migraciones, ANSES o Aduana) y a integrarlos en un sistema de inteligencia sin control judicial ni civil: “Esto es muy preocupante porque las personas no vamos a saber cuál es el uso que se le da a nuestros datos personales”, destacó Morales. Y por último, el cuarto eje, y quizás el más preocupante, es la facultad que se le otorga a la SIDE para detener personas sin orden judicial, en caso de delito de flagrancia o en caso de que sus acciones lo ameriten.

Desde el CELS recuerdan que la Ley de Inteligencia vigente hasta la publicación de este DNU había sido diseñada para evitar que los servicios actuaran como fuerzas represivas internas: “Lamentablemente, tenemos muchos episodios donde las tareas de inteligencia se desarrollaron sobre grupos sociales, o tareas de espionaje que se hicieron sobre las familias de las víctimas del ARA San Juan, para decir casos muy recientes, aunque toda nuestra historia está repleta de estos casos, y sabemos los riesgos que implican”, señaló Morales. 

Un cheque en blanco para los servicios

El decreto es caracterizado por los especialistas como un retroceso democrático. Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo en diálogo con ANCCOM que el DNU 941/25 “rompe con la adecuación de la inteligencia de Estado a un régimen democrático” y consolida un esquema “hipercentralizado, con amplias facultades discrecionales y mecanismos de control débiles e insuficientes”. Frederic advirtió especialmente sobre la institucionalización de la opacidad: “El decreto establece que todas las actividades de inteligencia van a ser encubiertas, sin aclarar a qué se refiere con ese carácter. Esto elimina la seguridad jurídica, la transparencia y el control ciudadano”. En ese sentido, remarcó que la combinación entre actividades encubiertas y la facultad de detener personas coloca a las agencias de inteligencia “en un lugar de mayor poder que las fuerzas de seguridad”, y conformando lo que para ella sería una “policía política secreta”.

Una lectura similar aportó Malena Silveyra, socióloga y militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien consideró que el DNU consolida una tendencia previa de retroceso en materia de derechos humanos: “Al centralizarlo y correr las potestades que tenían los otros dos poderes del Estado, vinculados a la inteligencia, de alguna manera es como darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran”, sostuvo.

Silveyra expresó que una de las conquistas del período democrático fue la construcción de fuerzas armadas y de inteligencia sometidas al control civil y al equilibrio entre poderes. “Este decreto rompe con ese esquema y este gobierno hace tiempo marca una mirada sobre la democracia y sobre nuestras instituciones, es decir, juegan con las instituciones en la medida en que les conviene y cuando no, no tienen ningún problema en hacerlo de espalda a ellas, porque su definición es avanzar por donde se pueda, no hay un respeto a las instituciones de la democracia”, sostuvo. A su entender, y algo que también señaló Frederic, es que, el impacto del DNU no se limitará a militantes o dirigentes opositores, sino que puede extenderse a amplios sectores sociales, incluso actores aliados al oficialismo.

Desde el CELS, junto a voces como las de Silveyra y Frederic, se advierte que la ampliación de las facultades de contrainteligencia y la introducción de categorías como la de “injerencia externa” pueden ser utilizadas para justificar la vigilancia sobre periodistas, organizaciones sociales, y políticos. En ese marco, consideran que la judicialización del decreto sería la clave para frenar su implementación.

Mientras el Congreso aún no trata el DNU y el Gobierno avanza en su aplicación, el debate sobre los límites del poder estatal vuelve al centro de la escena política. La reforma del sistema de inteligencia por decreto no solo expone una concepción del Estado basada en la concentración de poder, sino que reactualiza situaciones que la democracia argentina se propuso desterrar. Para los organismos de derechos humanos lo que está en juego no es una discusión técnica ni administrativa, sino la vigencia misma de los controles democráticos frente a un Ejecutivo que avanza sobre derechos, garantías y libertades en nombre de una supuesta seguridad nacional.

 

 

“América para los estadounidenses”

“América para los estadounidenses”

Ene 4, 2026 | DDHH, Destacado 1, slider

Luego del ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, Trump apuesta a la intimidación para controlar la región. Anccom dialogó con Gabriel Puricelli quien asegura que el presidente norteamericano pretende manejar el comercio del petróleo.

Durante la madrugada del 3 de enero, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó un operativo— que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones de Venezuela— para secuestrar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, junto a la Primera Dama, Cilia Flores, y apresarlos en Nueva York. “Vamos a gobernar Venezuela hasta el momento que podamos tener una transición segura”, amenazó el mandatario. En diálogo con ANCCOM, Gabriel Puricelli, sociólogo y profesor de la Especialización de Estudios Contemporáneos de América y Europa (UBA), analiza el nuevo escenario político.

Los hechos

Hace ya varias semanas Estados Unidos realizaba un despliegue naval con barcos de guerra en el Caribe Sur generando una tensión sobre el futuro del gobierno venezolano. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, designando a Maduro como jefe de una organización terrorista llamada “Cartel de los Soles”, Trump pudo eludir la autorización de guerra que tendría que haber dictado su Congreso y llevar a cabo el operativo.

En este sentido, Puricelli opina que lo sucedido “establece un precedente histórico al intervenir de forma directa en América del Sur”. El mismo Trump no esperó a lanzar amenazas contra otros gobiernos latinoamericanos como el mexicano o el cubano. En este punto, el especialista explica que “la única manera de asegurarse de no atraer la intervención de los Estados Unidos es tener gobiernos políticamente alineados, no ya con los Estados Unidos, ni siquiera con el Partido Republicano, sino que con Trump”.

Con un saldo aproximado de 40 muertos, la “Operación Resolución Absoluta” desató una preocupación en la región respecto a la revitalización de la Doctrina Monroe, mediante la cual durante el siglo XX Estados Unidos utilizó su hegemonía política para saquear las regiones tercermundistas, bajo un lema simple: “América para los estadounidenses”. Incluso Trump nombró irónicamente al operativo bajo el paraguas de la “Doctrina Donroe”.

El petróleo

En este punto, es clave entender el rol que juega el petróleo venezolano en el conflicto, no solo por su valor, sino por cómo posiciona a Estados Unidos frente a México y Canadá. Así lo explica Puricelli: “Esto se hace para garantizar el flujo del petróleo ultrapesado que tiene Venezuela, que es un petróleo que hoy Estados Unidos lo tiene en parte de Venezuela, porque hay una parte del comercio bilateral que funciona normalmente, y otra de Canadá”.

Por su parte, México también entra en la negociación con Canadá porque las refinerías del Golfo de México—rebautizado Golfo de América por Trump el año pasado—también escasean de ese petróleo ultrapesado. Sigue Puricelli: “Canadá y México se están asociando para impedir que Trump obtenga todo lo que quiere en esa negociación. Evidentemente, Trump se siente más seguro consiguiendo petróleo de un protectorado venezolano que seguir dependiendo de un aliado tradicional con el que ahora está en problemas como Canadá”.

Esta estrategia que prepara el magnate estadounidense será clave en el panorama político porque como advierte Puricelli: “No tiene la vista nada más en Canadá, sino que también forma parte de condiciones que le quiere imponer a otros aliados o ex aliados de los Estados Unidos”.

Las incógnitas

Por otro lado, queda por ver qué sucederá con las sucesivas violaciones institucionales que realizó el mandatario estadounidense, primero con los organismos internacionales, como la ONU y la OEA; y luego dentro de su país, en el Congreso. Sobre este punto, Puricelli vaticina que hasta las elecciones legislativas de este año no habrá novedades: “En este momento, con las dos cámaras del Congreso en manos de los republicanos, con la Corte Suprema en manos de los republicanos, es muy poco probable que se le pueda poner límites a Trump desde dentro de Estados Unidos”.

Una pregunta sobrevuela todo el operativo. ¿Por qué fue tan simple la operación? ¿Por qué no hubo disparos de las fuerzas armadas venezolanas hacia los helicópteros estadounidenses? En palabras del analista: “Lo que parecería haber sucedido es que se rompió el chavismo, una fracción traicionó a la otra y a caballo de eso Estados Unidos cometió esta violación del derecho internacional”.

En cuanto al gobierno, interinamente asumió la vicepresidenta Delcy Rodríguez, aunque durante la conferencia de prensa del día de ayer, Trump aseguró que gobernará Venezuela hasta que “pueda haber una transición”. Simultáneamente, descartó que la fuerza opositora liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado, asuma el poder: “No cuenta con apoyo ni respeto en el país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

Los venezolanos que se fueron

En muchas ciudades del mundo, a raíz de la diáspora de 7 millones de venezolanos, esta población festejó “la caída de Maduro”. El Obelisco porteño se iluminó con los colores de la bandera venezolana e incluso se izó una bandera de ese país. Sobre este punto, Puricelli opina: “La alegría de los venezolanos, basadas en la esperanza de que los presos políticos y desaparecidos—cuya existencia ha sido denunciada por Amnistía Internacional en el período postelectoral de 2024—que hay en Venezuela van a ser liberados o van a aparecer, es totalmente comprensible”.

“Sin embargo eso juega en un plano distinto que esta crítica que tenemos que hacer a la acción de los Estados Unidos. Estamos tratando de leer las acciones de los Estados Unidos bajo el prisma del derecho internacional e incluso desde el prisma del derecho argentino. Porque este tipo de intervencionismo puede tener consecuencias para cualquier país que no se pueda defender”, aclaró el analista.

En este sentido, a la par de los festejos, también hubo multitudinarias manifestaciones en todo el mundo condenando la invasión norteamericana y llamando al accionar de los distintos líderes. En la capital porteña, una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes y partidos de izquierda se reunieron fuera de la embajada de los Estados Unidos a manifestar su repudio contra la superpotencia; recordando el violento pasado de ese país en la región. Además, convocaron a una nueva movilización el lunes 5 de enero a las 17 horas en Plaza Italia, con dirección a la embajada estadounidense.