«No son excombatientes, son genocidas»

«No son excombatientes, son genocidas»

Jul 25, 2024 | DDHH, Destacado 4

La sobreviviente de la ESMA, Ana María Soffiatini, da cuenta de las implicancias de la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué es apología del delito?

Ana María Soffiatini guía una visita a la exESMA.

Ana Maria “Rosita” Soffiantini es una docente retirada, ceramista, militante, pero sobre todo sobreviviente “egresada” de la ESMA. Se identifica como parte de la extraordinaria generación de los años setenta, una juventud que vislumbró la política como transformadora de los dolores sociales. 

Militó en el secundario, ingresó a las filas de la Resistencia Peronista y luego se incorporó a Montoneros, una organización político-militar que cautivaba a la buena parte de la juventud peronista.
Describe su militancia como una experiencia hermosa, que le legó una serie de compañeros, entre los cuales estaba Hugo Luis “el Loro” Onofri, con quien tendría dos hijos, Luis y Maria. Una mañana de octubre de 1976, con el golpe militar ya instaurado, Hugo saldría a trabajar para nunca más volver. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy.
“Rosita” fue secuestrada, junto a sus dos hijos pequeños, un año después en el barrio de La Paternal, de camino a la panadería. Luisito tenía once meses y Maria apenas caminaba. Fueron arrancados de sus brazos y llevados a otro vehículo. Ana Maria, por su parte, fue golpeada ferozmente y forzada a abordar un auto donde, según recuenta, la recibieron Carlos “el Pajarito” Suarez Mason y Adolfo Donda entre otros uniformados que la vendaron y violentaron durante un largo tramo. Fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí, además de sufrir todo tipo de padecimiento físico, fue forzada a realizar trabajo esclavo.
Habitar ese infierno, según Soffiantini, era aún más difícil ante la constante presencia de oficiales que adornaban el dia a dia con frases como
la favorita de Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, quien a su vez se jactaba con sentencias del tipo  “de nosotros depende la vida y la muerte”. Alfredo Astiz, otro de los represores, tenía su propia bravuconada: “Vos te vas arriba cuando yo lo decida”
“Rosita” entró en régimen de libertad vigilada después de casi dos años de cautiverio, desde enero de 1979 hasta principios de 1980.  Hoy, es una de las integrantes del Consejo Asesor de Sobrevivientes en la exESMA y representante del mismo en el órgano ejecutivo de el Espacio para la Memoria que allí funciona.
Ahora, en conversación con ANCCOM, reflexiona sobre las visitas por parte de diputados del bloque de LLA a ocho represores, entre los cuales figuran cinco de sus propios victimarios, las declaraciones emitidas por los distintos protagonistas de la política, sus impresiones y las implicaciones que tiene esto para el proceso de construcción de la memoria.

Cuando el diputado Benedit presenta estos nombres que vos conociste en la ESMA como “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, parece querer humanizarlos ¿Como era su trato con la gente que tenían detenida?

Es complejo de explicar. Atravesé bastantes cosas: la situacion constante de tortura, el escuchar a los demas ser torturados, los abusos sexuales y fisicos constantes. Estos tipos, que decían luchar contra la subversión, se convertían cada vez más en una banda de delincuentes. Ellos, que decian defender un proyecto de pais, que secuestraban para proteger la nacion del enemigo interno, terminaron teniendo un goce por la tortura. Porque la gozaban. De otra forma, no lo harían a diario y sin motivo alguno. Nos robaron para siempre nuestras vidas, porque ninguno volvió a ser el mismo. Ellos me marcaron para siempre. Aunque resistimos y seguimos luchando por recuperar lo que somos, te queda lo vivido. Por su parte ellos, además de convertirse en delincuentes, pudieron sacar rédito de la situación. No solo con los bienes apropiados a desaparecidos, sino con negociados por sus tareas. No solo a ese nivel, sino también a nivel personal. La asimetría de poder al interior nos llevó a seguir sus mandatos porque no nos quedaba otra para seguir vivos que simular, acatar: éramos esclavos. Aceptamos ser esclavos por esa pulsión natural de sobrevivir y de tener siempre una esperanza. Hasta los que asesinaron compartian ese amor a la vida, algunos hasta estaban en situacion de esclavitud, como nosotros, y un dia decidieron matarlos. Ese impulso natural de querer sobrevivir es lo que me sostuvo en el tiempo. 

¿Eso es lo que te lleva a rescatar la humanidad que encontraste en esa experiencia? 

En ese horror, en medio de esa soledad terrible, uno busca tener alguna caricia. Yo tuve suerte de encontrarlo ahí dentro. Como parte del trabajo esclavo, me llevaron a trabajar a un lugar donde conocí a otro compañero, Ricardo Coquet, y esa convivencia se transformó en confianza y después en amor. Con él tuve una hija, Ana Julia. Aunque no prosperara, ese amor clandestino me ayudó a sobrellevar el calvario. En lo personal, me sirvió para volver a sentirme humana. Me sentí dueña de mi vida de nuevo.

Cuando Patricia Bullrich dice que visitarlos es una “construcción de libertad” y que “si alguien quiere ver a un detenido porque considera que forma parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver” ¿Que se está jugando realmente?

Primero que nada, tienen derecho a ser visitados. Todo lo que no está prohibido se puede hacer. El problema es la razón por la que los visitan, y las declaraciones que emiten. Lo que se quiere es institucionalizar los mecanismos para gobernar, los mismos que regían en la dictadura: la represión, la violencia. Estas declaraciones son apologías a un gobierno anticonstitucional. Estos tipos son asesinos, siguen sosteniendo lo perpetrado, y silenciando donde escondieron los cadáveres, como el de mi compañero, y así con cientos y cientos de personas que no están, cientos de niños que no fueron recuperados. Yo los oí nacer en la ESMA, los gritos de las madre en el parto, vi cómo las hacían escribir una carta falsa a sus padres diciendo que la militancia no las dejaba hacerse cargo de su hijo y que se los mandaban. Cuántos muertos y cuántos niñas y niños que no pudimos encontrar. Yo y muchos más como yo somos testigos vivos de lo que hicieron y lo volvemos a afirmar a diario. No fueron ex-combatientes, fueron genocidas.

Es importante rescatar que estas declaraciones se hacen al interior de un gobierno constitucional, por gente que ocupa cargos de forma democrática. ¿Qué dice eso de la sociedad que los elige?

Por más de ocupar la democracia, declaraciones como estas son tristes apologias de la violencia y el genocidio. La sociedad los condenó, no sólo a través de los juicios que se llevaron adelante con justicia plena, sino que, a sus ojos, fue un ataque contra la sociedad en su conjunto. Yo sigo peleando, pero no solo por lo que yo sufrí, sino por lo que ellos quisieron destruir a través de nosotros, desapareciéndonos. Lo que se quería era dar por tierra con un proyecto opuesto. Había uno pensado para el conjunto de la sociedad, y otro para beneficiar a un grupo hegemónico y a las transnacionales dueñas de la guita. La sociedad necesita reforzar la memoria, aun cuando el proyecto vigente trate de hacerla disipar.

¿Se puede sobreescribir la memoria social?

Mira, yo creo que si para algo sirve la memoria es para entender el tiempo de cada cosa. No sé si alcanzaremos algún día una victoria plena de nuestras aspiraciones de una sociedad justa. Sabemos que para eso tienen que darse muchas luchas. Hoy estamos viviendo un tiempo de derrota que nos desilusiona porque no hay una contención desde la oposición, que lidere y nuclee la situación que estamos pasando. Hay una incertidumbre generalizada y mucha bronca, pero no podemos encauzarla con mayor fuerza. Estas declaraciones son un caballo de Troya muy bien pensado, que busca correr el eje de la discusión. Va a llevar mucho tiempo reubicar y volver a construir una memoria que retome la discusión en medio de tanta burrada. Hay que erguir una historia, de la cual la lucha de la reivindicación es solo una parte.
El error, quizás, fue descuidar otros espacios. Nos faltó hablar en el lenguaje común, nos perdimos en niveles de conversación interna. Hablamos mucho de yo soy el otro, pero no lo concretamos. Y ese otro se sintió fuera. Dejamos afuera algo. Asi se empieza a desdibujar.  Hoy es ahi donde debemos trabajar, y apuntalar: no solo se reivindica el genocidio, sino que tambien se reivindica una metodologia para oprimir el pueblo, que viene acompañada de un discurso que lleva años construyendose. 

¿Lo que se busca es hacer pasar al genocida por excombatiente y así ampliar el horizonte de lo posible en la discusión política?

Lo que se busca es hacer que el conjunto de la sociedad lo naturalice. Mientras que reivindica un proyecto de país nefasto con formas de sostenerlo aún peores, estas declaraciones ayudan a evitar lo inhumano del genocida. Están presos, pero no reformados. La cárcel debería ser un espacio no de castigo, sino de reformación. Astiz, Pernia, Donda son asesinos, pero también siguen ocultando el paradero de los desaparecidos. No han recapacitado. No reflexionaron sobre el horror que generaron. Siguen afirmando que su accionar fue correcto. Yo si los iría a visitar, sería para que me digan a donde tiraron a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras madres, nuestros hijos. Mientras que no se sepa dónde están, el delito sigue existiendo.

¿Que se puede hacer frente a estos avances? ¿Se puede hacer apologia al genocidio sin consecuencias?

Por mi parte, como integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, reaccionamos a tiempo, haciendo una denuncia en la fiscalía. Hay un artículo en el Código Penal, el 213, que nosotros invocamos. Por fuera de lo legal, es importante que esto ingrese a la discusión pública, que sea parte de los problemas que les competen a los demás. Hay que escucharse y escuchar. No pensar en que se logró el cometido, sino disputar esta memoria en todos los sectores. La problemática tiene que extenderse a todos lados de la sociedad. Es una lucha que se da todos los días.

¿Por qué los testimonios de sobrevivientes son tan valiosos en esta disputa?

Somos testigos, somos prueba de lo que hicieron. Cada experiencia detalla el horror. Como mujer, fui humillada, vi a otras mujeres ser violadas, fui forzada al trabajo esclavo, pero también me costó tiempo de vida por fuera del secuestro. Después nos encontramos con una sociedad silenciada. Nos costó recuperarnos, recuperar nuestra autoestima. Estaba el algo habrán hecho que, como mujer, tenía otras implicaciones. Tener que dar explicaciones, hasta para las propias filas, fue duro. ¿Por qué volviste vos y no volvió fulano? Yo no fui la que decidí vivir. Estos tipos que hoy visitan estos diputados, nos tenían en sus manos y decidían: “esta que siga viva”
Lo que nos costó empezar a hablar, empezar a reconocernos, encontrarnos desde una perspectiva de aceptación y aprobación es también un testimonio del horror.
No vale una declaración que los tilde de excombatientes y héroes. Si hay constancia de los hechos, no es cuestión de que alguien crea en una versión de las cosas, sino en lo que sucedió en realidad. 

Hoy, desde tu lugar en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos en la ex-ESMA ¿Buscas aportar a la construcción de esta memoria social?

Para mí, volver a la ESMA fue durísimo. Fue un proceso que atravesé desde distintos planos. En primer lugar desde mi memoria personal, que es fundamental mantener genuina, tanto para testificar como para reconstruir los hechos. Esta memoria hoy se constituye como parte de la memoria colectiva. Lo que yo viví también lo fui armando con retazos que otros me fueron dando. Luego, mi postura dentro de la ESMA siempre fue que no debía ser un lugar encerrado en sí mismo, sino que tenía que avanzar sobre el territorio, más allá de la Capital Federal o de determinados núcleos o sectores. Porque cuando empezás a desparramar tu memoria, en ese espacio surgen otras memorias. La memoria del pueblo, no solo de los militantes sino también de los más vulnerados, que no logran aún recuperarse de esas heridas, y son víctimas de los repliegues de la política.

El combo de Sandra Chagas

El combo de Sandra Chagas

Jul 23, 2024 | DDHH, Destacado 5

Mujer, feminista, afrodescendiente y lesbiana, la activista Sandra Chagas repasa su historia familiar y lo que significa militar sus causas en la Argentina. El caso de José Delfín Acosta Martínez.

Del otro lado de una puerta de la que cuelgan muñecas, al final de un pasillo aireado de Once, una habitación blanca y memoriosa. Las aberturas son el espacio respirable de pedazos de pasados. Las paredes rebalsan fotos de mujeres con vestidos y hombres con tambores. Un mueble guarda tras sus ventanas más fotos y, ocasionalmente, una taza.

Al lado de la mesa, una escultura de ensamblados de metal: una pierna adelante, la otra atrás, rodillas flexionadas, rulos afro, una mano que toca un tambor y otra que lo sostiene, arriba de una sonrisa, la mirada. Esa mirada de júbilo turbada por algo más grande.

– ¿Quién es?

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José Delfín Acosta Martínez pertenecía al Grupo Cultural Afro, desde el que se inició todo el movimiento de reivindicación afrodescendiente en Argentina. Lo fundó con Diego Bonga, otro inmigrante afrouruguayo, en 1989. El candombe se convirtió otra vez en espacio de reunión y unión afro-rioplatense: el grupo enseñaba el baile y hacía presentaciones.

– Cuando lo asesinan a José, nosotros tenemos un quiebre – dice con pesar y brillo en los ojos Sandra Chagas, activista afro que conoció en bailes al candombero. Su mamá y su hermano eran muy activos en el Grupo Cultural Afro.

El 5 de abril de 1996, José había estado en una clase de la Universidad del Tango en la confitería El Molino. Pasó por la puerta del boliche Maluco Beleza, adonde iban muchos brasileros. La Policía Federal fue a la salida, argumentando que habían recibido la denuncia de una persona armada y quisieron arrestar, sin mucha más prueba que el color de piel, a dos afrodescendientes.

–   José estaba incluso con sus zapatos de tango. Lo único que hizo fue tratar de ayudar y defender a estos dos compañeros brasileños porque sabía de derechos, sabía que no se los podían llevar así nomás. Los estaban acusando de algo, pero se los querían llevar y eso no se puede. Cuando él salió en su defensa, agarraron y se lo llevaron a los tres. Pero el único que sale asesinado es José.

El candombero José, el defensor José. En el living, la escultura hecha por Waldemar Moreira Zurbrigk parece respirar.

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–  En el 98, dos años después del asesinato, Ángel Acosta Martínez, el hermano, hace lo que se llamó el Homenaje a la Memoria: homenajear no tanto a José Delfín, sino a la memoria de todos aquellos afrodescendientes en Argentina.

Para esa fecha, Ángel dio clases gratuitas de candombe en varios espacios de la ciudad de Buenos Aires. Había que pintar la ciudad de memoria afro. En una foto en blanco y negro sobre la pared, se ve una gran comparsa, la Kalakan-Gue.

– La comparsa fue desde Pasaje San Lorenzo hacia el Cabildo. En general, las llamadas – explica Chagas en referencia a las marchas populares con tambores y baile- se hacen desde más o menos Pasaje San Lorenzo hacia Parque Lezama. Pero esa vez se invirtió para visibilizar la presencia y tener ese registro del candombe resurgiendo en la Ciudad de Buenos Aires. Se visibilizó, no solamente el caso de José, sino también la presencia de los afroargentinos en este territorio, que hacía casi más de cien años que no transitaba por las calles.

La historia afro tiene mucho que ver con perder y recuperar. Los relatos de toda la Nación se destiñen a blanco: padres y madres de la patria, próceres y hasta sus caballos se blanquean en la imprenta de la historia. Aún así, la pérdida más grande es la identidad afro.

–  Venimos de la trata transatlántica esclavista. Las personas que habitan en estos territorios que hoy llamamos Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, somos toda la misma gente, traída en calidad de esclavos. Para mí, esto fue un genocidio que duró cuatro siglos y del que somos consecuencia.

La historia familiar de Sandra requirió cuatro generaciones para recuperar con total orgullo la identidad afro. “Mi madre no era candombera”, cuenta apresurada. Su bisabuela era una mujer criolla de arrugas profundas y mirada perdida. Su foto en blanco y negro reposa, desgastada, en el primer estante del armario familiar.

Primero, la bisabuela se casó con un hombre negro y después con uno blanco. Así, en la familia convivían los hijos negros con los blancos. El abuelo de Sandra era uno de los negros. Cuando le tocó cuidar a la próxima generación, fue determinante: tenían prohibido juntarse con “los negros que estaban en la esquina”.

–  Hoy todo el mundo quiere bailar candombe, quiere tocar candombe, como si hubiese sido fácil para la propia comunidad negra hacer entender a la propia familia lo que significaba para una. Para mi mamá era una contradicción no juntarse con esa gente que era su misma gente.

Mientras tanto, levanta uno de los cuadros. Una negra sonriente baila al compás de los tambores. La nieta rebelde, la madre de Sandra.

–  Su madre es negra, ella es negra, ‘¿por qué no me puedo juntar con esa gente?’, se preguntaba mi mamá. Pero vos ves que mi bisabuela es criolla.

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–  Ahora estamos viendo o viviendo un retroceso espantosísimo, donde lo que prima es todo lo que venga otra vez de Europa o de Estados Unidos, lo que venga de fuera… Sin mirar a la propia gente, ni lo que quieren, ni lo que desean, ni lo que piensan… Nada, las propias personas a las que se supone que gobernás o estás dirigiendo un país, ¿para quién? ¿Para qué? Porque no se está escuchando la voz de las personas, no se está escuchando la voz del pueblo. No hay un ida y vuelta. Es solamente tirar cosas que tenés que asimilar y chau – acelera.

De repente, se para en seco.

– Aquella ya está sacando fotos que me ponen más nerviosa. Estás sacando fotos de José igual, ¿no? Hay muchas con mi mamá también. Ellos bailaban juntos.

Arriba de la escultura, hay una foto de una Sandra joven en el Teatro Coliseo en una bailanta del Grupo Cultural Afro.

–  Hay otras fotos más – desliza mientras recorre la pared con la vista. A la derecha, una foto de su mamá en los 80 con el coro Kennedy.

La madre de Sandra bailó la prohibición familiar toda su vida. En esa época, se presentaba con Yavor, después con el Grupo Medio Mundo. Incluso, llegó a bailar en una obra de Egle Martin, una vedette y coreográfa argentina. Cada tanto, también le gustaba cantar.

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– Como mujer tenés otra carga más, porque sos mujer, sos negra, sos… 

– Soy lesbiana. Claro. Tengo el combo cuatro. Yo hablo de afrofeminismo. No puedo dejar mi identidad fuera del activismo, de nada. Es más, a veces hablo del afrolesbianismo feminista, porque en realidad soy afrodescendiente, soy lesbiana desde chica y llegué al feminismo. Ojo: no fue fácil llegar al feminismo.

Menos, cuando la liberación femenina se limita a pequeñas disputas que no cuestionan al sistema colonialista, capitalista y blanco. Un feminismo blanco de panel con cupo negro que excluye, que expulsa.

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–  Estoy estudiando la licenciatura de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad de Lanús para poder seguir defendiendo los derechos de nosotras, las personas afrodescendientes.

Tras una pausa, Sandra toma aire.

– Vos pensá que en 1996, cuando asesinaron a José, nosotros éramos “los negros”. Igual no va a cambiar eso, ¿eh? Nosotros no necesitamos que cambie, pero sí que la sociedad entienda algunas cosas. Porque, por ejemplo, después de la Cumbre de las Américas de Durban, Sudáfrica (2001), nosotros tenemos derechos humanos. Ahí fueron reconocidos por la política internacional.

El derecho internacional está más presente de lo usual en las historias personales cuando se trata del colectivo afro.

–  Tuvimos que pasar por muchas cosas. Primero, salir de las cárceles. Después, de la esclavización, del apartheid, de la segregación racial. O sea, hay todo un combo. Y lo que siempre nos toca, a cualquier afrodescendiente, esté donde esté: el racismo, la xenofobia, la discriminación racial, la extranjerización -suspira y se le caen los ojos-. Nosotros siempre vamos a terminar siendo extranjeros.

¿Cómo llamarse? ¿Migrante? ¿Transhumante? ¿Afroargentino?

–  La gente se traslada. Las poblaciones se mueven y van de acá para allá. Yo me considero afrodiaspórica. Y lo digo así porque de las dos diásporas, de la primera, la de la trata, y la segunda diáspora, que son de los países latinoamericanos y sus dictaduras económicas.

Con catorce años, su familia la subió a un colectivo de larga distancia de Uruguay a Argentina. De a uno, fueron viniendo. No los persiguieron las cachiporras de los represores. Los expulsó la economía que hacía cerrar los números con la gente afuera.

–  Ahora no estamos en dictadura, aunque sí hay una dictadura económica. Te podés manifestar, el derecho a la protesta está acá, en Naciones Unidas… pero quieren imponer la cultura del miedo: no es que van a perseguir sólo a los indígenas, a los negros, es a todos los que estén en desacuerdo.

Pero cuando la tez se oscurece, los policías gatillan más rápido.

***

Aún el caso de José Acosta no está cerrado en la Corte Suprema. Se agotaron las instancias nacionales y Argentina no se presentó a las internacionales de solución amistosa. Así que, en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expidió con una condena histórica. El racismo volvió a ser central para los organismos internacionales por la presión de movimientos como Black Lives Matter, creados con el caso de George Floyd, el ciudadano afroestadounidense asesinado en marzo de 2020 por la policía.

–  Ellos hace años que están teniendo un caso al que no le están dando bola. Hay un caso internacional que todavía lo tenés acá en la gatera. Y al que no le das viabilidad y al que dejaron muchísimo tiempo ahí en espera y espera y espera hasta que no había manera de poder tapar el sol con la mano.

Meses más tarde del violento asesinato de George, a fines de agosto de 2020, la CIDH falló en el caso José por primera vez acentuando la violencia policial por el “perfil racial” del asesinado.

–  A George lo filmaron, pero no había nadie que lo ayudara. José estuvo encerrado en una pieza donde lo golpearon hasta matarlo. Son dos cosas diferentes. No había nadie que filmara, ni que lo viera, ni que…O sea, ¿cómo probás todo lo que tenés que probar?

En la pregunta hay un aliento cansado, acarreado por generaciones.

***

–  Hoy las Naciones Unidas hablan de George Floyd y crean un ente, el EMLER, que tiene que ver con un foro por los casos de asesinato. No solamente lo ponen a George Floyd como el caso paradigmático, sino que no visibilizan el caso de José Delfín Acosta Martínez, que es un único caso en toda Latinoamérica y el Caribe.

El caso de José sirvió para el caso de Lucas González: en la primavera de 2021, policías de civil, lo persiguen en auto y le disparan por atrás. Lucas salía del entrenamiento de un club de fútbol, tenía gorra y la tez marrón.

–  Otro caso que tiene que ver es el de Fernando Báez Sosa. Fernando Báez era argentino, pero sus padres paraguayos. Entonces, a él le corría la extranjerización. Esas once personas que lo golpearon hasta matarlo, mientras lo golpeaban, no le decían “marrón”, le decían “negro de mierda”. Hay toda una connotación racista contra el color de la piel, que no te veas blanco.

Cuando hablamos de racismo, tenemos que hablar de clasismo. Y de exclusión.

En la sala, la estructura de metal exhala al ritmo del tambor repiqueteado por siglos de pérdida, rebeldía y rabia.

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

Jul 17, 2024 | DDHH, Destacado 1

El gobierno envió a Diputados un proyecto para bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Especialistas en infancias, criminología y violencia institucional analizan los riesgos de criminalizar a los niños. Los mitos de la delincuencia adolescente.

El proyecto de ley presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para bajar la edad de punibilidad, de 16 a 13 años, ingresó en la Cámara de Diputados y comenzará su tratamiento. Organismos internacionales, abogados de derecho penal y asociaciones de derechos del niño, niña y adolescentes, advierten sobre los peligros que implicaría que la ley se apruebe.

El proyecto establece que pueden ser sometidos a proceso penal adolescentes y niños a partir de los 13 años con penas de hasta dos décadas de prisión. Además, vuelve a incorporar un régimen de patronato de menores, en el que, niños de hasta 12 años que se encuentren en alguna situación de vulneración de sus derechos y puedan cometer nuevos delitos, podrán ser internados por orden de un juez en un establecimiento, privados de su libertad.

La presentación realizada por la ministra de Seguridad ya tuvo sus antecedentes durante el gobierno de Mauricio Macri que intentó llevar en 2017 la edad de punibilidad a los 14 años y en 2019 a 15 años. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, en diálogo con ANCCOM explica: “No hay ninguna fundamentación, ninguna explicación, no hay datos, no hay elementos que expliquen por qué a 13 años y no a 14 como propuso el macrismo en 2017, a través de su ministro de Justicia GGermán Garavano, o como propuso a través de Patricia Bullrich en 2019, también el gobierno de Macri, a 15. O sea 14, 15, 13, no hay explicación”.

Mitos

El gobierno de La Libertad Avanza justificó su proyecto bajo el eslogan “Delito de adulto, pena de adulto”. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú cuestiona esta consigna respondiendo: “A un pibe de 13, 14, 15 años, no lo dejás votar, no lo dejas que se case, no lo dejás que tenga una relación sexoafectiva, no le permitís que salga del país sin acompañamiento de sus padres, ¿y lo vas a tratar como a un adulto en materia penal? No tiene ningún criterio.” La recomendación internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es que la edad mínima de punibilidad no sea inferior a los 14 años y, a la vez, sea lo más cercano posible a los 18 años. La Convención de Naciones Unidas advierte que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto en los niños de 12 y 13 años todavía se está desarrollando.

Otro de los argumentos utilizados en la conferencia de presentación del proyecto legislativo vino de Cúneo Libarona quien dijo: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes». Sin embargo, la abogada de Correpi refuta los dichos aclarando: “La primera falacia con la que nos encontramos con todo este debate de la cuestión de la imputabilidad de niños, niñas y adolescentes es esta creencia de que si tenés menos de 16 años y cometés un delito no pasa nada. Pasan un montón de cosas, quedás a disposición de un juez tutelar, podés terminar en un instituto, no tiene absolutamente nada que ver con esta idea que se trata de instalar a través de redes de que no sucede nada”. En sintonía con Verdú, Cesaroni amplía: “No es que nosotros digamos que no haya nada que hacer con los adolescentes y con los niños no punibles por debajo de los 16 años. Nosotros decimos que sí hay cosas para hacer, pero que esas cosas las tiene que hacer el Estado, no el Estado penal, sino otras areas estatales”.

En 2022, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

Según la página oficial Argentina.gob.ar, el gobierno clama con poca precisión y datos oficiales que “las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”. En Argentina, en el año 2022, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, se registraron 2036 causas a menores sobre un total de 1.826.630 hechos delictivos. Es decir, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

“Lo que sucede es que cada vez que tenemos un pibito o una pibita involucrada en un hecho de esa naturaleza sale en todos los titulares de los diarios, en todos los noticieros de radio, de televisión, como la gran noticia, y en realidad eso no está reflejando la realidad de lo que sucede”, explica María Carmen Verdú.

Contribuyendo a la desinformación, la ministra de Seguridad de la Nación dijo en Radio Mitre: “Todavía se está discutiendo la edad, si es 14, si es 13 como es en Uruguay, si es 12 como en Brasil”. Por el contrario, la punibilidad penal en Brasil y Uruguay se mantiene a los 18 años, mientras que en Argentina es a partir de los 16 años. En el caso de los menores de edad, en ambos países cuentan con un sistema infraccional y medidas socioeducativas para reponer las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que delinquen; pero en ninguno de los dos países se puede procesar penalmente a un menor de edad, ni encarcelar “en pabellones separados” dentro de una cárcel de adultos.

Menos derechos y más jaulas

Los tres problemas más graves que tiene el proyecto de ley, según Cesaroni, son la baja de edad de punibilidad a los 13 años, el monto de penas que pueden llegar hasta los 20 años, y el reestablecimiento de un Poder Judicial que puede internar y privar de su libertad a niños y niñas menores de trece años. “Es un retorno al siglo XIX”, expresa. Tampoco se introducen medidas de reparación del hecho cometido ni de recomposición de los derechos vulnerados (sanitarios, afectivos, de pobreza extrema, abandono, educativos, etc) de los niños, niñas y adolescentes que cometen un acto delictivo.

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman, cuenta que el proyecto de ley no contempla garantías constitucionales y vulnera los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias: “Es cárcel y nada más, sin educación y sin salud”.

En su último informe, Unicef denuncia que el 69% (8,6 millones) de los niñas, niños y adolescentes en la Argentina es pobre y carece de derechos fundamentales, ya sea de acceso a la educación, a la protección social, a la vivienda, etcétera. “Si vos no reparás eso, por más de que metas presos a toda la población infanto juvenil del país no vas a llegar a solucionar nada”, explica Shulman desterrando la idea de que a penas más duras, menos es la delincuencia.

En este contexto, la respuesta del gobierno libertario fue desarmar los programas nacionales de asistencia y acompañamiento a las familias, infancias y adolescencias, en situación de riesgo y vulnerabilidad. Las políticas públicas iban desde la prevención del embarazo adolescente y capacitaciones contra la violencia infantil, hasta la asistencia económica directa. Este vaciamiento presupuestario se consolidó con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras que se encargaban de asistirlos. En este sentido, Cesaroni manifiesta: “Si vos desfinanciás esas otras áreas del Estado (no penales), si vos le quitás recursos, echás a los trabajadores, rompés los dispositivos; lo más fácil que te queda es mandar a la policía a detener pibes y encerrarlos en una jaula. Eso es lo más perverso, lo más brutal, mientras se desfinancian políticas públicas”. Frente a los riesgos de que se apruebe el proyecto advierte: “Van a salir a cazar pibitos de 13 años. Después es muy difícil volver atrás”.

Desaparecer la adolescencia

El diputado oficialista Alberto Bertie Benegas Lynch de La Libertad Avanza dijo en una entrevista radial que en situaciones de pobreza “no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre, trabajando” y que en esos casos el Estado no debería intervenir garantizando su derecho a la educación. Pese a la declarativa oposición del ministerio de Capital Humano, sobresale en el proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a los 13 años que entre sus condenas se encuentra la «obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo», avalando el trabajo de menores. Simultáneamente, el gobierno libertario elabora una reforma electoral que habilite a los niños de trece años a votar en las elecciones. “Hay algo muy grave acá que es hacer desaparecer la adolescencia, pasar de la primera infancia a la adultez”, dice la abogada Cesaroni.

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admiten que los delincuentes adultos del crimen organizado utilizan personas menores de edad para cometer delitos por ellos. “Esto es muy tremendo porque si el propio gobierno está diciendo que son utilizados para cometer delitos, pues entonces son víctimas. Vos tenés que evitar esto, no ir a meterlos presos”, expresa Cesaroni.

Encerrar a niños, niñas y adolescentes en cárceles y privarlos de la libertad, genera nuevos problemas sociales, entre ellos, la internalización del estigma en un momento de cambio, crecimiento y desarrollo: “Una vez que detiene esos pibes o los encierra la cárcel hace mucho más difícil la vida después porque efectivamente les pone un cartel en la frente que dice ‘este pibe estuvo preso’ e incluso en muchos casos consolida en estos pibes conductas transgresoras porque eso es lo que les da identidad”, cuenta la especialista. Al mismo tiempo que la sociedad adulta y el Estado se apartan de sus obligaciones para garantizar los derechos básicos de las infancias y adolescencias, cae sobre estas últimas una responsabilidad adulta inédita. “El lugar de un pibe de 14, 15, 16 años, dónde está ubicado en el mundo, la mayoría de las veces no tiene que ver con lo que él haga sino con lo que hagan con él, y lo que hagan con él es responsabilidad de los adultos”, explica Cesaroni.

Verdú denuncia que la ideología punitivista se fue estableciendo en el tejido social desde hace veinte años obteniendo una mayor difusión y virulencia con las redes sociales, donde proliferan estos discursos: “Eso lo vemos cada vez que denunciamos un caso de gatillo fácil y la respuesta del aparato de trolls es ‘uno menos, festejemos’”.

En referencia al devenir legislativo del proyecto de ley, Cesaroni concluye: “Hemos conseguido impedir que esto avance en 2017 y 2019 pero es cierto que este momento político es muy difícil y que las fuerzas parlamentarias han demostrado una y otra vez una mirada bastante punitivista y regresiva en estos temas”.

Todo está guardado en la memoria

Todo está guardado en la memoria

Jul 14, 2024 | DDHH, Destacado 4

Ante la ola de despidos de trabajadores de los sitios de memoria y de la Secretaría de Derechos Humanos, el excentro clandestino Virrey Cevallos organizó un festival de visibilización y defensa de la memoria. Un recorrido por el lugar histórico junto a sus sobrevivientes.

El Espacio para la Memoria Virrey Cevallos recibe a quienes pasean por Monserrat con sus puertas, su historia y una radio abiertas. Los parlantes dan a la calle y por los micrófonos corren palabras de protesta y aliento. Alrededor, militantes, vecinos y trabajadores se abrazan, aplauden y acompañan en un periodo muy difícil para los derechos humanos en Argentina: una ola de despidos estalló a principios de julio contra 86 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, 28 de los cuales pertenecen a los sitios para la reconstrucción de lo ocurrido durante la última dictadura militar. No se trata simplemente del desguace estatal que el gobierno de Javier Milei prometió desde su campaña, sino de un desmantelamiento estratégico y un posicionamiento ideológico contra las políticas de investigación y reparación por los crímenes de lesa humanidad, que fueron hasta diciembre de 2023 elogiadas en todo el mundo. 

 El excentro Clandestino de detención, tortura y extermiio Virrey Cevallos se quedó de un día para el otro sin la mitad de sus trabajadores -archivistas, guías, restauradores, algunos con más de 15 años de antigüedad- que este sábado organizaron un festival para que la importancia de sus puestos y el valor de sus conquistas no se borre en un telegrama de despido.

Norma Lugo, despedida del ex centro clandestino Virrey Ceballos.

Un centro de tortura en plena capital

En la calle Virrey Cevallos al 630, a siete cuadras del Congreso y en plena vorágine porteña, funcionó entre 1976 y 1983 un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Construida en 1908, la casona pertenecía a los hermanos Leonardo y Roberto Río cuando fue rentada al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que operó allí junto a miembros de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, la Policía Federal y el Ejército Argentino. Los detenidos -se estima que fueron al menos 300- entraban por el garaje hacia el patio de la planta baja y de ahí caían en la sala de interrogatorios y tortura. El Virrey Cevallos era un satélite de centros clandestinos mucho más grandes, un breve punto de paso hacia la cárcel, la ESMA o la desaparición.

Por alguna razón que desconoce, la periodista e investigadora Miriam Lewin estuvo allí diez meses recluida en una de las celdas del entrepiso. Hoy, su testimonio está impreso en cada pared de su secuestro, aunque a ella le duele volver a visitarlo: «No tolero más que venir un ratito porque me trae imágenes muy angustiantes y muy traumáticas. A pesar de que pasaron muchos años todavía no puedo superar la sensación, los olores, los ruidos que me dejaron marcada», expresó en la radio montada sobre la entrada de la casa. 

Lewin celebra el enorme proceso de restauración del Virrey Cevallos, que empezó en 2004 cuando la Legislatura porteña lo declaró como sitio histórico de utilidad pública, y enfatiza que «todo el equipo de trabajo le puso el cuerpo desde el inicio. Eso permitió que se fueran acercando distintos sobrevivientes y me hizo descubrir cosas espeluznantes, como que hubo otra mujer secuestrada acá y que los propietarios de este edificio también eran dueños del bar del colegio secundario al que yo iba… éramos pibes y ya nos estaban espiando», recordó Lewin.

Por último, apuntó contra el gobierno de Javier Milei, asegurando que «hay un goce en la crueldad de enumerar a las personas despedidas, como si no tuvieran identidad ni sentimientos, como si se presumiera que nadie trabajaba. No vinieron a negar, sino a reivindicar la dictadura, a justificar cada uno de los crímenes aberrantes que se cometieron». 

 

Años de trabajo

 Uno de los ejes orientadores del discurso libertario se basa en rotular como «ñoquis», «vagos» o «burócratas» a todos los trabajadores del Estado, gesto que luego justifica despidos en masa y evade sus explicaciones. Pero basta sólo con escuchar cómo el Virrey Cevallos fue reconstruido para desmontar ese mito. Norma Lugo lleva 18 años trabajando en el espacio y fue parte de la restauración y conservación de cada una de las habitaciones: «Cuando empezamos a restaurar, todas las paredes estaban tapadas con material. Los compañeros que reconocían el lugar recordaban que estas paredes eran de otro color, así que fuimos rasqueteando con un bisturí, capa por capa, hasta encontrarlo». Sentada en la recepción apenas se abrió la casa, Lugo también tuvo la difícil tarea de conocer a los vecinos, invitarlos a pasar, escuchar sus relatos y ensamblar la historia: «Al principio no se acercaban, pasaban de largo o por la vereda de enfrente. De a poco pude lograr conversaciones que terminaban en un ‘qué bárbaro… yo no sabía nada’. Eso lo decían por el terror que sentían, porque después y con más confianza fueron aportando detalles muy importantes». Con el trabajo constante, las visitas guiadas y la reconstrucción de los hechos, hoy ya son ocho los ex detenidos que reconocieron al Virrey Cevallos como su paradero, así como también se recuperó la identidad de tres hijos de desaparecidos.

Durante la primera semana de julio se confirmaron los despidos de cinco de los 10 trabajadores del excentro. En estas condiciones su funcionamiento resulta imposible y Osvaldo López, que fue detenido en Virrey Cevallos y años más tarde impulsó su recuperación como espacio para la memoria, explica que el Poder Ejecutivo Nacional «realiza los despidos al no renovar las contrataciones del personal contratado con la modalidad conocida como Artículos 9, una forma de empleo presuntamente temporal pero que arrastramos desde hace quimce años. Los contratos se renovaban anualmente, cosa que este gobierno anuló para acortarlos a tres meses. Buscan despedir en cantidad, es mentira que seleccionan, cortan por las formas contractuales más frágiles».

Este accionar incumple con la Ley 26.691, que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la preservación material de los sitios de memoria, así como facilitar las investigaciones judiciales sobre la represión ilegal desarrollada durante el Terrorismo de Estado. «Están haciendo un desguace de los sitios de memoria, porque Derechos Humanos es un área que quieren desaparecer», asegura López.

Políticas negacionistas

 La avanzada del gobierno de Milei contra el derecho a la memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad es cada día más alevosa. Los numerosos despidos en la Secretaría de Derechos Humanos no solo responden al credo libertario de achicamiento del Estado, sino que se enmarcan en un proyecto que busca vaciar los espacios, perder los archivos y revertir las conquistas de organismos fundamentales para la democracia, cuyos profesionales y militantes trabajan para acompañar a las víctimas y condenar a los responsables de lo ocurrido en la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. 

 Desde su asunción como Ministro de Defensa, entre tik toks disfrazado de gaucho y marine, Luis Petri se ocupó de desmantelar el Equipo de Relevamiento y Análisis que desde 2010 trabaja sobre archivos militares de la última dictadura, aportando más de 170 informes en las causas por delitos de lesa humanidad. A pesar de ser denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Petri derogó los decretos que crearon al equipo y despidió a sus trabajadores, quedando toda la documentación preservada en manos del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares y exjefe del Ejército Claudio Pascualini.

En vísperas del 24 de marzo, el ministro Petri mandó a sus funcionarios a tomar los reclamos de represores encarcelados por la desaparición de personas y de paso se fotografió junto a Cecilia Pando, activista que públicamente reivindica el genocidio realizado por las Fuerzas Armadas. 

 A finales de junio, se filtró que el gobierno también preparaba un decreto para eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.Di), en base al débil argumento de que se superponen funciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Este decreto, que entorpecería fuertemente la búsqueda de hijos e hijas de los desaparecidos, fue detenido por la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo y una medida dictada por el juez Ernesto Kreplak para evitar la desarticulación del organismo. Pero cuando el coqueteo con el revisionismo procesista no se concreta en lo jurídico, se refuerza en lo simbólico: ninguno de los funcionarios presentes en el desfile militar por el Día de la Independencia se mostró incómodo ante una bandera que flameaba con la consigna «Los carapintadas tienen razón». Además, por lo menos tres militares que estaquearon a soldados de Malvinas que estaban bajo su mando desfilaron a paso de ganso.

 

La reconversión

Hacia el segundo piso del Virrey Cevallos las paredes son más blancas. Dos escaleras terminan en un espacio restaurado, sin marcas superficiales del horror, donde una pequeña tarima recibe a los artistas con sus guitarras y poemas. Se baila chacarera, se come guiso y se sonríe mucho. Hasta los despidos, en este sector se programaban eventos culturales de todo tipo: conversatorios, talleres, debates, ciclos de cine y seminarios abiertos a toda la comunidad. También funcionan allí las redacciones de Grito del Sur y Feminacida. El sábado no hubo excepciones: músicos, grupos de teatro, profesionales de la comunicación y la política, militantes y vecinos expresaron todo su apoyo al equipo de un sitio para la memoria con más de 20 años de aportes en la construcción democrática. «Es muy reconfortante que la casa esté llena, nos hace sentir muy acompañados, sentir que el espacio no se va a cerrar ni caer. Esto no se termina acá, esto recién empieza», dice Maia Jait, trabajadora despedida que se encargaba de las visitas escolares al excentro. «La pelea que estamos emprendiendo no es solamente por nosotros y nuestros puestos, sino por la continuidad del trabajo que hacemos en los. Este espacio y muchos otros fueron identificados y recuperados por la sociedad civil, los sobrevivientes y sus familiares, las asambleas de barrio… por el pueblo. Eso tiene una potencia muy grande».

 

En el patio de la planta baja, frente a las salas de interrogatorio y tortura, hay un paredón donde se proyectan dibujos que los presentes hacen desde una tablet. A eso de las seis y media, con los primeros rayos de la noche, una nena pintó un corazón enorme. 

 

El León rindió cuentas ante la CIDH

El León rindió cuentas ante la CIDH

Jul 12, 2024 | DDHH, Destacado 2

A siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei tuvo que responder a los cuestionamientos de la Comisión Interamericana de DDHH por la represión policial, la criminalización de la protesta y las restricciones a la libertad de expresión. Lo hizo durante una audiencia solicitada por el CELS, tras la represión a las protestas contra la Ley Base frente al Congreso.

A los siete meses de asumir, la gestión de Javier Milei tuvo que enfrentarse a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos, por la represión policial, la criminalización de la protesta y las restricciones a la libertad de expresión a partir del protocolo antipiquetes. En especial por el accionar de las Fuerzas Federales en las protestas contra la ley bases y el paquete fiscal del 12 de junio.

“Desde que asumió Milei, las personas que salen a manifestarse corren el riesgo de ser reprimidas, detenidas al voleo, imputadas de delitos gravísimos. Hoy el gobierno deberá dar explicaciones”, así convocaba el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los representantes de la sociedad civil. Las justificaciones públicas fueron presentadas por Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Alberto Fohrig del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad.

Damián Loreti, abogado y secretario del CELS, destacó en diálogo con ANCCOM la celeridad de la Comisión para hacer la audiencia: “toma nota de que hay una situación de alarma. Luego de los hechos del 12 de junio, sacó un comunicado de prensa de la semana pasada alertando y ya había habido alguna indicación de preocupación por parte de la Comisión por los hechos que venían pasando”.

Yamile Socolovsky del gremio docente CONADU esgrimió que con el protocolo se pasó de pensar la protesta como parte de los derechos humanos a un delito público y que la protección policial pasó a asumir un rol represivo con medidas agravadas para personas migrantes y quienes asisten con niñes y adolescentes. Lito Borello, representando a los movimientos populares, apuntó a la construcción de un relato estigmatizante y desprestigiador de quienes se organizan. Con la detección de rostros y la detención arbitraria de más de 80 personas se forja una cultura del miedo. Borello sostuvo: “Roto el contrato social, quebrado el estado de derecho, nos alejamos de la verdadera democracia”.

En la audiencia también hizo uso de la palabra Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) para aportar sobre “uso ilegal de balas de goma que causa daños irreparables en la salud”. Además, expuso que en la represión de la Ley Bases del 1 de febrero, mientras relevaba el operativo represivo de las fuerzas policiales para informar a los diputados del PTS que se encontraban en sesión, la policía le disparó al rostro y perdió la visión de un ojo. “Esa represión cruenta tuvo lugar tras el intento de desalojar a quienes nos encontrábamos en las veredas con un claro patrón de disparo al rostro de los manifestantes”, detalló.

Carla Gaudensi de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denunció ataques específicos a periodistas y fotorreporteros. “El Presidente y su gobierno sostiene un ataque persistente a las y los periodistas con un fuerte sesgo de género. A los 7 meses de inicio del gobierno más de 50 periodistas han resultado afectados por golpes o uso abusivo de armas menos letales”.

Represión en un protesta de trabajadores del INTI.

Para defender el accionar, Alberto Fohrig, funcionario del Ministerio de Seguridad justificó: “El protocolo intenta remediar una serie de falencias que tiene el sistema y que se han agravado en las últimas dos décadas. Estas deficiencias tienen que ver con el intento de alterar el funcionamiento de poderes democráticamente electos. Ocurrió desde 1983 cuatro veces: 1989, 2001, 2017 y 2024. En los dos primeros, los presidentes constitucionales tuvieron que dejar antes su mandato y en los dos últimos casos se buscó mediante la violencia alterar el funcionamiento del Congreso de la Nación, que estaba bajo sesión”. Sin embargo, el protocolo antipiquetes se ha aplicado en momentos que no se estaba sesionando como la protesta en defensa del Cine Gaumont o el mes pasado a los trabajadores de ATE.

Fohrig consideró que el “modus operandi” de la protesta fue igual en todos los casos, ya que hubo “violencia inusitada en las calles, tratando de generar caos con incendios, piedras y violencia que hirieron a las fuerzas de seguridad”. Además, declaró: “gracias a ello, el Congreso pudo sancionar la Ley Bases”. Por la represión del 12 de junio, cuando se trató en el Senado, todavía hay cuatro detenidos.

En esa línea, Baños de la Secretaría de Derechos Humanos negó que haya restricciones a la libertad de expresión y aún luego de escuchar los relatos de la represión sostuvo que todas las fuerzas de seguridad “han actuado de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la ley”. Sobre esto Damián Loreti señaló que negar los problemas con la libertad de expresión no es un buen indicio, pero “es cierto que en una audiencia es difícil que los estados reconozcan responsabilidad o sus incumplimientos. De igual forma, es una mención que hace pensar que no hay percepción concreta de las consecuencias hacia la libertad de expresión y la libertad de reunión que generan las políticas del gobierno”.

Después de casi dos horas de presentación, todos los representantes de la Comisión le advirtieron al Estado Argentino. Jan Jarab, el representante regional del comisionado de la ONU fue contundente: “El derecho a la protesta debe reconocerse como una herramienta vital para la conquista de otros derechos, una característica que la libre circulación no tiene y puede ser compatibilizada por el uso de vías alternas. Las reuniones pacíficas pueden causar impedimentos a la circulación, que son elementos naturales del derecho a la protesta, pero no pone en entredicho su protección. El rol de las autoridades debe ser facilitar y no restringir este derecho”.

El comisionado Stuardo Ralón resaltó que la Comisión ya había expresado el 24 de julio su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de uso de fuerza pública contra personas que participaron en protestas pacíficas y periodistas. Ralón llamó a “garantizar y respetar libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y cumplir los estándares internacionales de uso de fuerza pública”. Respondiendo directamente a los funcionarios, añadió: “Es deber del Estado individualizar a los actores violentos de los que ejercen su derecho de protesta porque garantiza este derecho y protegen los derechos de todas las personas, participen o no” y alentó a la detección de infiltrados.

 

Familiares de los detenidos durante el tratamiento de la Ley Bases en un masivo acto en Plaza de Mayo.

José Luis Caballero, segundo vicepresidente de la Comisión, le ennegreció el panorama a los funcionarios libertarios: “La Comisión tiene información de que en Argentina está ocurriendo un deterioro grave en relación con la libertad de expresión y con el uso de la fuerzas con despliegues desmesurados y sobre el uso de armas no letales y el daño que pueden causar, y sobre la criminalización de la protesta”. Sobre la resolución 943, también llamado Protocolo antipiquetes, consideró que fija pautas “que van sumamente en contra de los estándares internacionales al desconocer y restringir excesivamente la libre expresión y la reunión pacífica”.

En línea con los denunciantes, argumentó que la protesta es un elemento esencial de la democracia y que la fortalece y añadió que “además de permitirla, deben establecer mecanismos de control de uso de fuerza y tienen la obligación de actualizar los protocolos de adecuación a los estándares”.

Los representantes del Estado tuvieron que aceptar la posibilidad de que la CIDH haga una visita a la Argentina para auditar el accionar de las fuerzas de seguridad y el protocolo de primera mano. Baños declaró que no tiene nada que esconder y siguió defendiendo su accionar y desmereció los aportes de los denunciantes. De hacerse la auditoría, se estaría más cerca de que la Comisión tome el caso para las sesiones ordinarias y que el Estado Nacional tenga que rendir cuentas a los organismos internacionales.

Un mes en prisión

Un mes en prisión

Jul 11, 2024 | DDHH, Destacado 1

Cuatro personas detenidas durante la movilización contra la Ley Bases aún se encuentran privadas de su libertad. Los organismos defensores de los derechos humanos exigen su liberación y el cierre de las causas abiertas a 33 manifestantes. Denuncian las condiciones humillantes en las que se encuentran los apresados.

Se cumple un mes de la represión del 12 de junio en las inmediaciones del Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases. Docentes, músicos, vendedores ambulantes, estudiantes y manifestantes fueron cazados uno a uno y llevados a comisarías por atentado a la autoridad, entre muchos otros delitos. 33 fueron en total las personas detenidas, 17 fueron liberados luego de dos noches de encierro, 11 a la semana siguiente. El último de los excarcelados, Facundo Gómez, tras 22 días de encierro. El resto, Daniela Arredondo Calarco, David Sica, Roberto María de la Cruz y Cristian Valiente aún esperan su liberación detenidos en penales de máxima seguridad. Además, las otras 29 esperan el cierre total de la causa.

Organismos de Derechos Humanos y referentes políticos tomaron la bandera de esta lucha, pero ahora se sumó el sector cultural. Cecilia Roth, Juan Minujín, Gustavo Santaolalla, Dolores Fonzi, Barbara Recanati, Lula Bertoldi, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto son solo algunas de las figuras, junto a otros actores, actrices, humoristas, periodistas, influencers y músicos, que le pusieron el cuerpo y la voz a una pieza audiovisual llevada a cabo por la artista Luli Adano, hermana de Santiago Adano, músico detenido aquel 12 de junio y, luego, liberado en la primera tanda. 

Los hermanos Adano, primero Luli en solidaridad con su hermano, luego Santiago una vez liberado, son los principales motores de esta pata artística. Durante la semana de encierro de Santiago, Luli rápidamente convocó, a través de redes sociales, a ilustradores en su lucha por la visibilización de la causa. A unos días de cumplirse un mes de la represión, no se mantuvo al margen y redobló la apuesta con un video de poco menos de dos minutos con referentes del ambiente artístico exigiendo la inmediata liberación de los detenidos y sobreseimiento del resto.

Con la premisa “No nos dejemos aturdir, nosotrxs hacemos la trama”, uno a uno explicó ante cámara la gravedad de las detenciones arbitrarias. Al mismo tiempo pidieron cualquier material audiovisual que pueda convertirse en prueba para facilitar la liberación de todos y todas. “Manifestarse no es delito. Pensar distinto tampoco”, sentenció de manera contundente el video en formato reel. 

Casi al mismo tiempo, León Gieco se sumó, también a través de sus redes sociales, al reclamo. De manera individual, en blanco y negro, exigió la libertad de las cuatro (cinco al momento de la grabación) personas confinadas. «Fue injusta la cacería policial, fueron injustos los maltratos que sufrieron y ahora son injustas las indignas condiciones de prisión», fueron las palabras que eligió el músico argentino para alzar su voz.

 

Los organismos de Derechos Humanos

Codo a codo con familiares y amigos, primero, y con excarcelados después, organismos de Derechos Humanos llevaron a cabo diferentes actos y manifestaciones para denunciar esta situación. «Por acá te quiero decir que estamos fuertes. Éramos un montón de desconocidos y ahora somos una familia grande. Tejimos una red y gracias a ella nos animamos mutuamente», ya expresaban los seres queridos en una emotiva carta durante un acto en Plaza de Mayo, una semana después de las detenciones.

Liberados, allegados de los detenidos, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, diputados y legisladores del Frente de Izquierda y Unión por la Patria se reunieron esta mañana en la sede central de Serpaj y brindaron una conferencia de prensa exigiendo, una vez más, la liberación del resto de los presos y el cese de las causas de los 33. En representación de los ya liberados, Sasha Lyardet, Juan Ignacio Spinetto y Gabriel Famulari leyeron un comunicado.

«Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la Policía», comenzó diciendo Spinetto. Luego detalló lo vivido: las mujeres pasaron la primera noche en una camioneta, amontonadas y esposadas, los varones gaseados en las cárceles, conviviendo con ratas y cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas. También denunciaron terminantemente la ilegalidad de todas las detenciones y la violencia inconstitucional. «No vamos a ser los primeros ni los últimos, pero nos preocupa cómo la criminalización de la protesta está en escalada», continuó Famulari e hizo hincapié en los delitos incontables de los que fueron víctimas, al mismo tiempo que denunció persecución policial, política y mediática. «Nuestras convicciones están intactas. Seguimos defendiendo el derecho a la protesta y nuestro lugar en las calles», finalizó Lyardett y extendió la invitación al festival solidario del próximo viernes por la tarde. 

Organizado por la Coordinadora por la Libertad de lxs presxs de la Ley Bases, Plaza de Mayo recibirá otra vez a familiares y exdetenidos que dirán unas palabras en el marco del evento por el primer aniversario. Se presentarán, además, artistas como Paula Maffia, El Príncipe Idiota, Sudor Marika, La Perra que los Parió y Julio Agosto, la exbanda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos. 

Con la liberación de Facundo Gómez, vendedor de café de 31 años y padre de un adolescente de 14, tras 22 días de encierro, son cuatro las personas que aún se encuentran confinadas en el penal federal de Ezeiza. La decisión de la última excarcelación fue efectuada por la sala II de la Cámara Federal y estuvo a cargo de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico. Ambos coincidieron en que la libertad de Facundo no entorpece la investigación. Tampoco consideraron que hubiera peligro de fuga.

Facundo fue detenido, al igual que la gran mayoría, al momento de la desconcentración. Acusado de saltar un vallado de más de dos metros, fue golpeado por la Policía Federal, quienes mediante la violencia física lograron que no dijera su nombre cuando un fotógrafo, testigo de la situación, se lo requirió. 

Facundo, al igual que Calarco Arredondo, Sica, Valiente y De la Cruz Gómez, fueron procesados por delitos de “intimidación pública” y “atentado contra la autoridad”. Luego de la decisión de Servini de liberar la segunda tanda de 11 personas, las defensas de los 33 presentaron recursos ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. 

Por su parte, Carlos Stornelli también apeló aunque en sentido opuesto. El fiscal le pidió a la Cámara la prisión, otra vez, de 7 de los 29 liberados. Por ello, se pide el desprocesamiento y el cierre definitivo del expediente en todos los casos. Todas las apelaciones recayeron en la Sala 2, integrada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Mientras tanto, a las cuatro personas restantes, que aún aguardan en el penal de Ezeiza, les ratificaron la prisión preventiva. 

Daniela Calarco Arredondo, la única mujer encarcelada, “se mantiene entera y organizada”, sostuvo Emilia Manazza, su compañera, hoy por la mañana en la conferencia de prensa en Serpaj. “Han querido demonizar a Daniela porque es lesbiana y parte del colectivo LGBT, interviene en el colectivo Ni Una Menos y lucha por el derecho al aborto, además de que trabajaba en la Secretaría de Justicia. Tenía todo el combo”, sostuvo ante ANCCOM Daniel Vázquez, abogado de Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) y defensor de Calarco. Al mismo tiempo que relató varias irregularidades durante su estadía en prisión. «Una mañana yo la visité en el Penal de Ezeiza y no estaba allí. Me tuvieron esperando una hora hasta que me informaron que la habían sacado del penal a eso de las 5 de la mañana en una camioneta, con los otros detenidos y con presos y presas comunes. La habían llevado a Comodoro Py sin notificarme nada. En el penal no me dieron explicaciones, en el juzgado de Servini tampoco. Me dijeron que no hacía falta notificar». Y agregó: “Fue amedrentada durante toda esa franja horaria. La estuvieron persuadiendo para que deje el patrocinio de un organismo de Derechos Humanos». Y agregó que a Daniela “le ofrecieron plata por declararse culpable y aceptar algunos de los delitos”.

Cristian Valiente, de 41 años, empleado de verdulería y padre de dos hijos, es acusado de poseer una granada de gas lacrimógeno en su mochila al momento de la detención. La prueba del supuesto delito no era más que un aerosol del Ministerio de Defensa utilizado por la Policía para gasear manifestantes. 

Roberto María de la Cruz Gómez fue detenido sobre la Avenida de Mayo y Sáenz Peña, también al momento de la desconcentración, por la Policía de la Ciudad, quienes, aseguró Roberto en su declaración, lo golpearon brutalmente al momento del hecho.

David Sica, en situación de calle, ni siquiera concurrió a la marcha, solo pasó por el lugar equivocado en el momento equivocado. Se dirigía a la Iglesia San Expedito, en Mitre y Azcuénaga, en busca de abrigo y comida. La Policía le ordenó dar la vuelta debido al vallado, David intentó cortar el camino y fue detenido en su intento, alrededor de las 14.