Un año sin Octavio Buccafusco
El joven de 34 años había llamado a la policía para que lo auxilie y terminó asesinado por ella. La familia reclama que la causa sea caratulada como homicidio agravado.
En la madrugada del 3 de septiembre de 2025 Octavio Buccafusco murió después de ser interceptado y reducido en la vía pública por agentes de la Patrulla Municipal de Vicente López y un efectivo de la Policía Bonaerense. Buccafusco, de 34 años, había llamado esa noche al 911 para denunciar una intrusión en su domicilio. Según la familia y la querella, estaba atravesando un episodio de salud mental cuando fue reducido por los agentes.
Ante la negativa de los oficiales a ingresar a verificar la situación, decidió trasladarse en bicicleta, con su perro en brazos, hasta la dependencia policial más cercana, ubicada en Güemes y Maipú. Allí fue interceptado por los mismos agentes municipales que habían desestimado su pedido, junto con un policía bonaerense.
Según las cámaras de seguridad que registraron la escena, lo rodearon, lo tiraron boca abajo contra el cordón de la vereda y lo mantuvieron inmovilizado mediante presión física durante varios minutos, hasta que dejó de reaccionar. Recién entonces llamaron al SAME, que lo trasladó al Hospital Municipal de Vicente López, donde fue declarado muerto pasadas las 8.30 de la mañana.
A un año de su muerte, la causa continúa abierta y la familia reclama que el hecho sea investigado como homicidio agravado. El proceso judicial avanzó con demoras que la propia querella considera alarmantes. Entre ellas, la falta de insumos en los laboratorios del Ministerio Público para realizar el informe toxicológico, situación que postergó el informe final de autopsia. Recién diez meses después de la muerte de Buccafusco, tres integrantes de la Patrulla Municipal -Yamila Flores, Gustavo Acosta y Eduardo Jaime- y el policía bonaerense Maximiliano Maguayar fueron llamados a declaración indagatoria. Los tres patrulleros declararon el 15 de julio de este año. Maguayar lo hizo primero el 24 de junio y, después de haber pedido revertir su decisión inicial de no declarar, volvió a hacerlo el 18 de agosto.
El núcleo del conflicto judicial pasa por la calificación del hecho. El fiscal de San Isidro Alejandro Adrián Guevara caratuló la causa como homicidio culposo en concurso ideal con severidades, apoyándose en una autopsia que definió la muerte como “multifactorial”. En ella se detectaron restos de sustancias tóxicas junto con lesiones traumáticas en el bloque laringotraqueal y a nivel pulmonar y meníngeo.
La familia de Buccafusco y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechazan esa calificación. La CPM es un organismo público extra poderes de la provincia de Buenos Aires dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos y a la prevención de la violencia estatal. En este caso interviene como particular damnificado institucional, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura.
Morir asfixiado por la policía
Un informe pericial de parte, elaborado por el médico legista Marcelo Nienkes y aportado por la CPM, concluyó que la causa de muerte fue una asfixia por sofocación posicional, que vinculó directamente con la intervención de los tres patrulleros y el efectivo policial. Augusto Infante, abogado de la CPM, cuestiona el criterio fiscal: “La causa ha avanzado porque la prueba se ha acumulado. A la fecha sigue estando inconclusa una pesquisa que debió haberse terminado mucho antes”. Para Infante, la descripción del hecho realizada por el Ministerio Público Fiscal “no valora adecuadamente la secuencia de los hechos que motivaron o que dieron lugar al resultado de muerte”, al partir de la premisa de que el procedimiento de identificación y retención de Buccafusco fue legítimo, algo que la querella rechaza.
El abogado sostiene además que la calificación correccional y no criminal del expediente limita la posibilidad de juzgar con la intensidad correspondiente la responsabilidad de los imputados. La familia reclama, en cambio, que se investigue el hecho como homicidio doloso agravado.
La CPM también cuestiona el funcionamiento de las patrullas municipales bonaerenses. La Patrulla Municipal de Vicente López fue creada durante la gestión de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y continúa bajo la gestión de Soledad Martínez, también del PRO.
Infante describe que este tipo de patrullas municipales presentan irregularidades que exceden el caso de Vicente López. Señala que suelen estar integradas por personal contratado de manera precaria, con instancias de formación muy cortas que no están auditadas ni determinadas por una autoridad de aplicación. Adicionalmente, cuestionó la ausencia de controles sobre la idoneidad de sus integrantes y sobre sus condiciones psicoemocionales, además de la falta de equipamiento y protocolos de actuación equivalentes a los que rigen para las fuerzas de seguridad provinciales.
En su Informe Anual 2026, la Comisión señaló que en los últimos años proliferaron las llamadas guardias municipales bonaerenses, creadas al margen de la regulación provincial. Según el organismo, estas estructuras asumen facultades propias de la función policial, como la aprehensión de personas o la requisa de pertenencias, y utilizan equipamiento policial. Para la CPM, este proceso supone un quiebre de la institucionalidad y genera condiciones para el incremento de la violencia estatal.
El caso de Buccafusco no es el único que involucra a la Patrulla Municipal de Vicente López. En junio de 2024, un móvil de esa dependencia atropelló y mató a Pedro Pressavento, de 21 años, en Villa Martelli. Meses después, en marzo de 2025, agentes de la misma fuerza dispersaron con pistolas de gas comprimido a integrantes de la agrupación murguera Murgas Unidas mientras se presentaban en Vicente López. Hubo heridos y un detenido por resistencia a la autoridad.
A un año de la muerte de Buccafusco, la disputa judicial sigue abierta. Con las indagatorias ya realizadas, la fiscalía dispuso recientemente una ampliación de la pericia médico legal para determinar con mayor precisión el mecanismo de la muerte.
Mientras la investigación continúa, su hermano sostiene que el reclamo trasciende la causa judicial. En un video publicado por la CPM en Instagram por el primer aniversario de la muerte de Octavio, expresó: “Hoy en día no puedo traer a mi hermano de la muerte, pero sí puedo hacer algo al respecto para que esto no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasarle a nadie. Porque Octavio podría haber sido tu hermano, un amigo, tu hijo”.
También recordó los testimonios de cuatro personas que, según relató, escucharon a Octavio gritar durante el procedimiento: “Me están matando, basura. Llamé a la policía. Me arrepiento de haber llamado”.
Sobre el accionar de los agentes, cuestionó: “La Patrulla Municipal de Vicente López se maneja así. Hay tantas cosas que se pueden hacer antes de acudir a la violencia, pero ellos acudieron a la violencia y terminaron asesinándolo. Todo mal hicieron. De todas las formas que había de encarar esta situación, ellos eligieron la peor”.
La familia y la CPM continúan reclamando que la investigación contemple la responsabilidad de los agentes en la muerte de Buccafusco y que el hecho sea juzgado como homicidio agravado. La definición de la fiscalía sobre la calificación del delito y los resultados de la nueva pericia médico legal serán determinantes para el futuro de la causa.


















