Un año sin Octavio Buccafusco

Un año sin Octavio Buccafusco

El joven de 34 años había llamado a la policía para que lo auxilie y terminó asesinado por ella. La familia reclama que la causa sea caratulada como homicidio agravado.

En la madrugada del 3 de septiembre de 2025 Octavio Buccafusco murió después de ser interceptado y reducido en la vía pública por agentes de la Patrulla Municipal de Vicente López y un efectivo de la Policía Bonaerense. Buccafusco, de 34 años, había llamado esa noche al 911 para denunciar una intrusión en su domicilio. Según la familia y la querella, estaba atravesando un episodio de salud mental cuando fue reducido por los agentes.

Ante la negativa de los oficiales a ingresar a verificar la situación, decidió trasladarse en bicicleta, con su perro en brazos, hasta la dependencia policial más cercana, ubicada en Güemes y Maipú. Allí fue interceptado por los mismos agentes municipales que habían desestimado su pedido, junto con un policía bonaerense. 

Según las cámaras de seguridad que registraron la escena, lo rodearon, lo tiraron boca abajo contra el cordón de la vereda y lo mantuvieron inmovilizado mediante presión física durante varios minutos, hasta que dejó de reaccionar. Recién entonces llamaron al SAME, que lo trasladó al Hospital Municipal de Vicente López, donde fue declarado muerto pasadas las 8.30 de la mañana.

A un año de su muerte, la causa continúa abierta y la familia reclama que el hecho sea investigado como homicidio agravado. El proceso judicial avanzó con demoras que la propia querella considera alarmantes. Entre ellas, la falta de insumos en los laboratorios del Ministerio Público para realizar el informe toxicológico, situación que postergó el informe final de autopsia. Recién diez meses después de la muerte de Buccafusco, tres integrantes de la Patrulla Municipal -Yamila Flores, Gustavo Acosta y Eduardo Jaime- y el policía bonaerense Maximiliano Maguayar fueron llamados a declaración indagatoria. Los tres patrulleros declararon el 15 de julio de este año. Maguayar lo hizo primero el 24 de junio y, después de haber pedido revertir su decisión inicial de no declarar, volvió a hacerlo el 18 de agosto.

El núcleo del conflicto judicial pasa por la calificación del hecho. El fiscal de San Isidro Alejandro Adrián Guevara caratuló la causa como homicidio culposo en concurso ideal con severidades, apoyándose en una autopsia que definió la muerte como “multifactorial”. En ella se detectaron restos de sustancias tóxicas junto con lesiones traumáticas en el bloque laringotraqueal y a nivel pulmonar y meníngeo.

La familia de Buccafusco y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechazan esa calificación. La CPM es un organismo público extra poderes de la provincia de Buenos Aires dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos y a la prevención de la violencia estatal. En este caso interviene como particular damnificado institucional, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura.

 

Morir asfixiado por la policía 

Un informe pericial de parte, elaborado por el médico legista Marcelo Nienkes y aportado por la CPM, concluyó que la causa de muerte fue una asfixia por sofocación posicional, que vinculó directamente con la intervención de los tres patrulleros y el efectivo policial. Augusto Infante, abogado de la CPM, cuestiona el criterio fiscal: “La causa ha avanzado porque la prueba se ha acumulado. A la fecha sigue estando inconclusa una pesquisa que debió haberse terminado mucho antes”. Para Infante, la descripción del hecho realizada por el Ministerio Público Fiscal “no valora adecuadamente la secuencia de los hechos que motivaron o que dieron lugar al resultado de muerte”, al partir de la premisa de que el procedimiento de identificación y retención de Buccafusco fue legítimo, algo que la querella rechaza.

El abogado sostiene además que la calificación correccional y no criminal del expediente limita la posibilidad de juzgar con la intensidad correspondiente la responsabilidad de los imputados. La familia reclama, en cambio, que se investigue el hecho como homicidio doloso agravado.

La CPM también cuestiona el funcionamiento de las patrullas municipales bonaerenses. La Patrulla Municipal de Vicente López fue creada durante la gestión de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y continúa bajo la gestión de Soledad Martínez, también del PRO.

Infante describe que este tipo de patrullas municipales presentan irregularidades que exceden el caso de Vicente López. Señala que suelen estar integradas por personal contratado de manera precaria, con instancias de formación muy cortas que no están auditadas ni determinadas por una autoridad de aplicación. Adicionalmente, cuestionó la ausencia de controles sobre la idoneidad de sus integrantes y sobre sus condiciones psicoemocionales, además de la falta de equipamiento y protocolos de actuación equivalentes a los que rigen para las fuerzas de seguridad provinciales.

En su Informe Anual 2026, la Comisión señaló que en los últimos años proliferaron las llamadas guardias municipales bonaerenses, creadas al margen de la regulación provincial. Según el organismo, estas estructuras asumen facultades propias de la función policial, como la aprehensión de personas o la requisa de pertenencias, y utilizan equipamiento policial. Para la CPM, este proceso supone un quiebre de la institucionalidad y genera condiciones para el incremento de la violencia estatal.

El caso de Buccafusco no es el único que involucra a la Patrulla Municipal de Vicente López. En junio de 2024, un móvil de esa dependencia atropelló y mató a Pedro Pressavento, de 21 años, en Villa Martelli. Meses después, en marzo de 2025, agentes de la misma fuerza dispersaron con pistolas de gas comprimido a integrantes de la agrupación murguera Murgas Unidas mientras se presentaban en Vicente López. Hubo heridos y un detenido por resistencia a la autoridad.

A un año de la muerte de Buccafusco, la disputa judicial sigue abierta. Con las indagatorias ya realizadas, la fiscalía dispuso recientemente una ampliación de la pericia médico legal para determinar con mayor precisión el mecanismo de la muerte.

Mientras la investigación continúa, su hermano sostiene que el reclamo trasciende la causa judicial. En un video publicado por la CPM en Instagram por el primer aniversario de la muerte de Octavio, expresó: “Hoy en día no puedo traer a mi hermano de la muerte, pero sí puedo hacer algo al respecto para que esto no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasarle a nadie. Porque Octavio podría haber sido tu hermano, un amigo, tu hijo”.

También recordó los testimonios de cuatro personas que, según relató, escucharon a Octavio gritar durante el procedimiento: “Me están matando, basura. Llamé a la policía. Me arrepiento de haber llamado”.

Sobre el accionar de los agentes, cuestionó: “La Patrulla Municipal de Vicente López se maneja así. Hay tantas cosas que se pueden hacer antes de acudir a la violencia, pero ellos acudieron a la violencia y terminaron asesinándolo. Todo mal hicieron. De todas las formas que había de encarar esta situación, ellos eligieron la peor”.

 

La familia y la CPM continúan reclamando que la investigación contemple la responsabilidad de los agentes en la muerte de Buccafusco y que el hecho sea juzgado como homicidio agravado. La definición de la fiscalía sobre la calificación del delito y los resultados de la nueva pericia médico legal serán determinantes para el futuro de la causa.

Nueva ley, viejos debates

Nueva ley, viejos debates

A partir del 5 de septiembre comenzará a regir la Ley de Regimen Penal Juvenil, sancionada en febrero de este año. Especialistas y organismos de derechos humanos advierten sobre la falta de infraestructura y posibles retrocesos en materia de garantías.

El régimen penal que establece la nueva legislación implica un cambio  en la relación de los niños, niñas y adolescentes  con la justicia. Sofía Porta, trabajadora social de la provincia de Buenos Aires y directora del programa de Niñez de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lo definió como “una retirada” y agregó:  “es tirar la toalla en materia de políticas de promoción y protección de derechos de esta población”.

Hablar sobre el nuevo régimen hace obligatoria la pregunta por los derechos humanos, la constitucionalidad del texto jurídico y retrocesos en paradigmas de derechos y estándares internacionales.

 

Principales cambios

La normativa reemplaza al Decreto-Ley 22.278 sancionado en 1980. En relación con el texto anterior, se baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Además, se amplía el catálogo de delitos contemplados incluyendo a los delitos leves, de acción privada y los reprimidos con multa e inhabilitación.

De acuerdo con el nuevo esquema, se establecen penas alternativas como reparación del daño, amonestaciones y monitoreo electrónico, reservando penas privativas de la libertad con un tope máximo de 15 años para los hechos más graves, así como también fija la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos.

Antes, el hurto de un celular en un colegio se resolvía en la Dirección de las escuelas en conjunto con los padres y un gabinete especializado para culminar en una sanción escolar. Hoy, se puede dar intervención fiscal y abrir un expediente penal juvenil. 

Si bien la nueva ley no implica que todo conflicto entre adolescentes sea delito, aún deja margen para la ambigüedad. Adrian Berrozpe, trabajador en un instituto de menores,  comentó al respecto: “La ley no lo deja establecido, es un tema importante porque le da mucho poder al juez que interviene en la causa el entender qué es grave y no grave”. 

 Los riesgos de su implementación también han dado de qué hablar entre los organismos de protección de derechos.  Por este motivo, en un posteo de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (DNNyA) del 2 de septiembre se recomienda la necesidad de un programa de implementación articulada a nivel federal, que permita adecuar instituciones, programas y servicios a los estándares de la justicia penal juvenil. 

Las dudas sobre los resultados de la aplicación de la ley crecen cuando se mira el texto jurídico de cerca. 

Este es un modelo de intervención estatal en el cual los niños, niñas y adolescentes son considerados objetos de tutela de la justicia en vez de  ser considerados sujetos de derecho.

Inconstitucionalidad

La ley ”tiene una inconstitucionalidad de base”, según Porta. Tal como está, la nueva norma viola el principio de no regresividad vigente en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto implica que no se puede retroceder en un derecho ya adquirido. La baja de la edad de punibilidad contradice los estándares internacionales en materia de la niñez. Además, la directora del programa de la CPM aclaró : “El Comité de los Derechos del Niño (CDN) encomienda elevar la edad de responsabilidad penal y no bajarla”.

Esto último se encuentra en la Observación General 24 (2019) en la que el Comité dice expresamente: “Se alienta a los Estados partes a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo. (…) Por consiguiente, el Comité encomienda a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia. “

Es necesario recordar que, desde la reforma constitucional de 1994, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional por lo que el resto de las leyes nacionales están subordinadas a ella. 

 

Adolescentes tras las rejas

En relación con las penas, la llamada “reforma penal juvenil” no establece un tiempo máximo de detención para la prisión preventiva diferenciado del de los adultos. En este caso se viola el principio de “trato diferenciado”  o “principio de especialidad” que debe aplicarse en cualquier proceso en el que estén involucrados niñas, niños y adolescentes. Sobre esto también se hizo eco el comunicado de la DNNyA donde dejó en claro que los dispositivos penales juveniles deben depender de las áreas de niñez, no de seguridad o servicios penitenciarios. Está prohibido alojar a niñas, niños y adolescentes junto a personas adultas incluso en módulos separados. En esa misma línea, Porta sostiene que la nueva normativa privilegia la privación de la libertad por sobre otras formas de abordaje.

Medidas complementarias y el viejo paradigma

En un artículo de Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y de la Red Argentina No Baja titulado “10 razones para no sancionar la llamada ‘reforma penal juvenil’”, publicado en febrero de este año, dedica un apartado hablar de las penas alternativas que “tienen un carácter profundamente clasistas”. Incluso describe: “Prohibirle a un adolescente que salga los fines de semana es una cosa en una familia que vive en un departamento cuya puerta se puede cerrar, que en una casilla de la que se sale fácilmente.” 

Berrozpe, tallerista y docente universitario de la UBA, cuestionó también las medidas de reparación económica que se exigen: “Si el 95% o 96% de los chicos detenidos son pobres, y entendiendo que el pibe sale a robar por una necesidad económica, ¿de donde va sacar los recursos él o la familia para afrontar los embargos que se le exigen?”.

Porta también se refirió a las medidas complementarias y afirmó : “Tienen una mirada fuertemente patologizante hacia los jóvenes y de mucho prejuicio sobre las familias”. Además, señala Cesaroni en su artículo, que se insta a modificar ciertas circunstancias del entorno del niño, niña y adolescente que, en realidad, deben estar garantizadas por el Estado. Entre ellas se incluyen el acceso a tratamientos de salud mental, o a cursos de formación laboral certificada. Esta exigencia también constituye una mirada regresiva en las infancias y en la persistencia del paradigma del patronato.

Este es un modelo de intervención estatal en el cual los niños, niñas y adolescentes son considerados objetos de tutela de la justicia en vez de  ser considerados sujetos de derecho. La ley 27.801 cae bajo esa lógica por tres elementos, según la exdirectora de la CPM. 

El primero es la figura del arrepentimiento presente en todo el texto jurídico, cuya búsqueda tiene que ver con someter a las infancias a un proceso moralizante a cambio de ciertos beneficios. Porta lo describe de la siguiente manera: “si vos te mostras arrepentido, eso podría darte ciertos atajos en el proceso penal”.

. El segundo elemento es la facultad de los jueces de tomar medidas protectorias, es decir, el magistrado puede decidir sobre cuestiones que hacen. por ejemplo, al fuero de familia, o de la salud como una solicitud de internación. 

Finalmente, el tercer elemento tiene que ver con la centralidad dada a los derechos de las víctimas, en la que se las toma como fuente de consulta para las decisiones de la justicia. Según Porta, esto “va en detrimento de los derechos procesales”. El correlato de esta norma o paradigma son los institutos de menores.

Solo castigo

“Hoy, en el sistema penal juvenil de CABA tenes un sistema hecho enteramente para castigar” sentenció Berrozpe sobre la nueva ley en vigencia a partir del próximo sábado.

 “La ley nueva podría haber subsanado esa situación pero no lo hace, pudo haber establecido mecanismos de trabajo con estos pibes, para la construcción de proyectos de vida, es una falta grave”, concluyó Berrozpe.

La ausencia de protocolos, la inconstitucionalidad del texto jurídico y la falta de infraestructura de aplicación no son elementos menores. “No se trata de poner una cucheta donde antes había una cama, la provincia no se está preparando con una perspectiva integral de derechos y los que van a pagar esa improvisación son los pibes”, afirmó la trabajadora social.

 

Prevención y educación

 

Rodrigo Morabito,  profesor adjunto de Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) publicó en la red social X: “La nueva ley no reemplaza a la familia. Ni a la escuela. Ni la comunidad. Ni las políticas sociales. El sistema penal interviene cuando el conflicto ya ocurrió. La prevención empieza mucho antes”.

La cuestión de la prevención y la transmisión de responsabilidad obliga a corregir las preguntas. Para Morabito, la discusión no pasa por qué pena recibirá el adolescente, sino por qué medidas se tomarán después para evitar la reincidencia, qué sistema penal se busca construir y si el objetivo es responsabilizar y prevenir o únicamente castigar. 

Para Morabito, el Estado fracasa cuando hace políticas públicas desde la certeza: “Estos chicos no tienen solución”.. Pensar a un adolescente como perdido supone dejar de intentar recuperarlo. 

“Una ley penal no cambia una realidad. Puede establecer obligaciones y sanciones, pero solo será una respuesta al delito. Jamás una solución al mismo”, finalizó Morabito en su publicación.

Cuando Bahía Blanca se tiñó de gris

Cuando Bahía Blanca se tiñó de gris

Se presentó «Bahía Gris: voces a 50 años del golpe», una antología de relatos sobre vivencias bajo el horror de la dictadura, ocurridas en Bahía Blanca. Desde una carta escrita en 1981 a un abrazo que se demoró cuatro décadas.

La sala de Hasta Trilce, en el barrio porteño de Almagro, estaba llena. Decenas de personas se reunieron para la presentación de Bahía Gris: voces a 50 años del golpe, un libro editado por Elijo Leer y Hemisferio Derecho Ediciones. Durante el encuentro expusieron algunos de los autores de los textos que componen esta antología de vivencias transcurridas durante la última dictadura militar en la ciudad de Bahía Blanca. Diego Martínez, Belén Zapata, Fortunato Mallimaci, Guillermo David y Federico Randazzo fueron algunos de los protagonistas de la conversación..

El volumen reúne crónicas, testimonios, investigaciones y poesía, con textos de Alicia Partnoy, Adriana Metz, Diego Kenis, Guillermo David, Mauro Llaneza, Mallimaci, Ana  Zapata, Randazzo, Ale Santucho, Anahí Junquera, Dante Patrignani y Alberto Manuel Rodríguez, acompañados por fotografías de Gustavo Pirola, Luis Ángel Salomón y Omar Morán.

El encuentro puso en diálogo el periodismo, la investigación histórica, la poesía y el testimonio. Zapata definió Bahía Gris como una obra “polifónica”, atravesada por múltiples voces y registros, y destacó la importancia de que estos relatos trasciendan los espacios académicos para llegar a sindicatos, bibliotecas populares y escuelas, especialmente a quienes no vivieron la dictadura.

En esa construcción confluyen distintas dimensiones de la experiencia bahiense durante aquellos años: la organización política y sindical, los conflictos laborales, la resistencia cultural y los mecanismos de persecución y construcción del “enemigo” que precedieron al golpe. También aparecen sus consecuencias posteriores, los procesos judiciales y las disputas en torno a la memoria y la justicia.

Esa diversidad encontró una expresión concreta durante el intercambio con el público. Entre las intervenciones estuvo la de Daniel Randazzo, quien se presentó como bahiense y compartió una experiencia familiar ocurrida en 1976. Contó que, mientras él y su pareja se encontraban en una peña, un grupo de tareas intentó secuestrarlos y, al no encontrarlos, los represores se llevaron a su padre, a su madre y a su hermana.

Randazzo relató también que, tiempo después, recibió la citación para presentarse en un destacamento de inteligencia. Allí acudió durante dos días consecutivos y prestó declaración ante un integrante del Ejército. Antes de dejarlo en libertad, le advirtieron que, si alguna vez era consultado sobre esa instancia, debía afirmar que había permanecido encapuchado, que desconocía el lugar donde había estado y que había sido retenido durante una semana. Años más tarde, volvió a encontrarse con aquel hombre durante un juicio por crímenes de lesa humanidad. Su testimonio en la sala permitió recuperar, desde la escala personal y familiar, otra dimensión de la trama represiva que atravesó a Bahía Blanca.

A su turno, Gema Fioriti tomó la palabra para reivindicar la identidad de su ciudad natal. “Les quiero agradecer la mirada sobre lo que es Bahía Blanca. Yo me crié ahí y me da mucha bronca cuando dicen que es una ciudad de mierda y fascista porque no conocen realmente. Somos muchos los que pensamos de otro modo, así que les agradezco mucho”, expresó emocionada. El gesto cobra aún más espesor al considerar que su hermano continúa desaparecido, una muestra viva de que la resistencia y el afecto por el territorio coexisten con la herida del terrorismo de Estado.

Instantes después habló Liliana Griskan, también detenida en Bahía Blanca, quien tomó la palabra conmovida por la intervención de Gema y por las palabras de Fortunato Mallimaci sobre la militancia estudiantil de los 70. Griskan recordó su juventud cursando Letras junto a Alicia Partnoy y rememoró la jornada en que fueron a la universidad a exigir la apertura de la carrera. Mirando a Mallimaci, rescató la firmeza con la que se plantaron ante las autoridades: “Subimos las escaleras con toda la altura y le dijiste a los decanos que abrieran las puertas. Yo me hice peronista ese día y quiero agradecer”, expresó, cerrando su testimonio con un reconocimiento directo al coraje de esa generación.

Así, la diversidad de voces que atraviesa Bahía Gris también se hizo presente en la sala: quienes asistieron no solo escucharon los relatos reunidos en sus páginas, sino que incorporaron sus propias experiencias y recuerdos al intercambio.

En diciembre de 1981, desde su exilio en Washington, Partnoy le escribió al abuelo de la familia. Habían pasado casi cinco años desde el secuestro de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, y más de cuatro desde el nacimiento del bebé en cautiverio. Tras haber compartido con la pareja aquellos días de reclusión en La Escuelita, Alicia logró reconstruir parte de lo sucedido y dejarlo por escrito.

Para que esa información no permaneciera únicamente en su memoria, preparó un escrito destinado a la familia, que Isabel “Chicha’ Mariani – una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo– llevaría personalmente. Allí dejó asentado lo que había podido conocer sobre el nacimiento del niño y se puso nuevamente a disposición para aportar información que pudiera contribuir a su búsqueda.

Fechada el 4 de diciembre de 1981, la misiva reconstruye el parto ocurrido el 17 de abril de 1977, en una casilla rodante instalada en el patio del centro clandestino de detención. Partnoy recuerda el agua que los guardias mandaron a calentar, la fuente plástica que le pidieron lavar y su propia insistencia para acompañar a Graciela durante el nacimiento. No se lo permitieron. Según su relato, el parto fue atendido por los propios guardias.

Después del nacimiento, Graciela permaneció junto al bebé hasta que fue retirada del lugar, entre el 22 y el 23 de abril. Cuando Alicia preguntó por el niño, los guardias le dijeron que uno de los interrogadores se lo había llevado.

La búsqueda continuó durante décadas. En marzo de 1982, el abuelo Metz respondió a Partnoy y relató las gestiones realizadas desde el secuestro: las recorridas por comisarías, cuarteles y juzgados, la presentación de hábeas corpus y las cartas dirigidas a obispos, dirigentes políticos, diarios, revistas y distintas instituciones. También habló de Adriana, la hija de Graciela, que tenía seis años y esperaba conocer al hermano nacido durante el cautiverio de su madre.

Más de cuatro décadas

Para Partnoy, aquellas palabras jamás quedaron relegadas al pasado. Ya en 1978 había intentado denunciar los crímenes ante la Cruz Roja Internacional y luego continuó reuniendo información junto a otras militantes, entre ellas Zulma Izurieta, posteriormente asesinada. Esas evidencias y su posterior declaración en los procesos judiciales fueron fundamentales para sostener la búsqueda.

La carta de 1981 y la conmovedora respuesta del abuelo volvieron a circular públicamente más de cuatro décadas después, cuando se conoció la noticia de una identidad recuperada. El 7 de julio de 2025, Adriana pudo abrazar por primera vez a su hermano, nacido en cautiverio casi medio siglo antes. Era el nieto 140 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo y, para Partnoy, el “ahijado del alma” cuya historia había acompañado desde el primer día.

Al recordar aquel encuentro, Alicia escribió: “Sí, querido señor Metz, gracias a su trabajo visionario junto a su compañera, el sol salió finalmente para Adriana y su hermano”.

Ese testimonio fue escrito desde la desesperación y el conocimiento del poder de nuestras voces”, explicó.

Años después, al reflexionar sobre el sentido de continuar preguntando, Partnoy volvió la mirada hacia las nuevas generaciones y hacia quienes mantienen vivo el trabajo de reconstrucción de aquellas experiencias.

Estás vos con tu juventud y tus preguntas”, dijo. “Está el libro Bahía Gris, en donde vive ahora mi voz junto a la de tantas y tantos bahienses con conciencia y memoria y vuelvo a ver que el Nunca Más es posible”.

La “nueva”

En esa tarea de reconstrucción también se inscribe la investigación del periodista Diego Martínez, que aborda otra dimensión de la trama represiva de Bahía Blanca: la persecución de la organización sindical y el papel de La Nueva Provincia en ese proceso.

En El pozo, la pala y el olvido, Martínez reconstruye las historias de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dos trabajadores gráficos y delegados sindicales del diario que fueron perseguidos y asesinados en 1976.

Antes de ser víctimas de la represión, Heinrich y Loyola eran trabajadores organizados. Tenían familias, vivían de sus salarios y desarrollaban su actividad gremial fuera del horario laboral. Participaban de asambleas en las que discutían y votaban a mano alzada, mientras sostenían reclamos por sus condiciones de trabajo.

En 1975, el conflicto laboral dentro de La Nueva Provincia se profundizó. Los trabajadores reclamaban el cumplimiento del convenio colectivo, mejoras salariales y condiciones laborales. Hubo paros, quites de colaboración y trabajo a reglamento. La empresa respondió con suspensiones, descuentos y otras medidas de presión.

En una de aquellas asambleas, mientras algunos trabajadores planteaban esperar una intervención externa, Heinrich tomó la palabra: “Ya se terminó el tiempo de los esclavos”.

El conflicto se intensificó durante los meses siguientes. En octubre de 1975, por primera y única vez en su historia, los seis sindicatos que agrupaban a los trabajadores de La Nueva Provincia, LU2 y Canal 9 resolvieron realizar un paro por tiempo indeterminado. La medida contó con el acompañamiento de la CGT local.

Mientras el conflicto se profundizaba, también cambiaba la manera en que los trabajadores organizados eran presentados por el diario y registrados por los organismos de inteligencia.

Un informe de Prefectura elaborado en diciembre de 1975 tituló el conflicto Diario La Nueva Provincia S.R.L. (Guerrilla Sindical)”. El documento identificaba a 17 empleados que debían ser “raleados de un medio de difusión fundamental” y ubicaba a Heinrich y Loyola al frente de la lista. También consignaba sus domicilios particulares.

El señalamiento de los trabajadores organizados, por lo tanto, precedió al golpe de Estado.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Ese mismo día, La Nueva Provincia publicó un editorial en el que reivindicaba una “violencia ordenadora” como respuesta a la violencia. En Bahía Blanca comenzaron las detenciones de dirigentes políticos y gremiales.

Días después, Heinrich y Loyola fueron citados, junto con otro delegado, al Cuerpo V de Ejército. Allí recibieron una advertencia: “Muchachos, la mano viene brava, déjense de romper las pelotas”.

Tres meses más tarde, el 30 de junio, un grupo de tareas llegó a la casa de Miguel Ángel Loyola. Redujo y ató a familiares y a otras personas que se encontraban en la vivienda. Loyola llegó cerca de las once de la noche y fue incorporado al grupo de secuestrados. Los hombres permanecieron allí durante horas, a la espera de Heinrich, que todavía trabajaba en la imprenta.

En la madrugada fueron a buscarlo. Heinrich dormía junto a su esposa y sus cinco hijos en una casa pequeña, todavía en construcción. Los hombres armados entraron, lo obligaron a vestirse y se lo llevaron. Antes de salir, pidió que le dejaran dinero a su esposa y que cuidara a los chicos.

Durante los días siguientes, sus familias los buscaron. Las denuncias llegaron a la policía, pero no derivaron en una investigación efectiva. La noticia circuló entre los trabajadores de La Nueva Provincia, pero no fue publicada por el diario.

Cuatro días después, Heinrich y Loyola fueron encontrados muertos en la Cueva de los Leones. Estaban atados y presentaban heridas de bala.

Martínez reconstruye el recorrido que condujo hasta ese desenlace: la organización sindical, los conflictos laborales, el señalamiento de los trabajadores como una amenaza, los informes de inteligencia y las listas que precedieron a los secuestros y asesinatos.

La pata civil

Durante el intercambio, el periodista contó que tardó más de veinte años en conocer estos crímenes. Había vivido en Bahía Blanca hasta 1994 y también había trabajado en La Nueva Provincia. Según explicó, el hecho de que esa historia prácticamente no formara parte de la memoria pública de la ciudad fue una de las razones que lo llevaron a investigarla.

Su trabajo reconstruye, además, la participación de sectores empresariales y mediáticos en la persecución de los trabajadores y en el posterior silenciamiento de los crímenes. La causa judicial permanece abierta: hubo condenas contra integrantes de las fuerzas represivas, pero la responsabilidad de la cúpula empresarial de La Nueva Provincia continúa sin una sentencia penal.

Durante el encuentro, Federico Randazzo señaló otra dimensión de este proceso: la posibilidad de pensar a Bahía Blanca no solo desde su tradición represiva, sino también desde las luchas que permitieron avanzar contra la impunidad. Recordó que, cuando comenzaron esos reclamos, imaginar condenas para los responsables parecía una utopía.

Esa tensión entre lo que fue silenciado y aquello que logró volver a decirse también atravesó el intercambio con el público. Las intervenciones sumaron recuerdos, vínculos y preguntas que no estaban previstas en el programa, pero que encontraron un lugar en la conversación.

Así, Bahía Gris no se limita a reunir materiales sobre el pasado: los pone nuevamente en circulación y los acerca a quienes no estuvieron allí para vivirlos.

La carta que Alicia escribió en 1981 volvió a cobrar sentido cuando el nieto 140 recuperó su identidad. Los nombres de Heinrich y Loyola regresaron a la memoria pública después de décadas de silencio. Y los documentos de inteligencia que alguna vez fueron utilizados para señalar a trabajadores hoy permiten reconstruir los mecanismos de persecución que atravesaron aquella ciudad.

Cincuenta años después, volver sobre esas historias no significa permanecer en el pasado. Significa preguntarse qué queda de ellas cuando vuelven a ser leídas, escuchadas y nombradas.

En aquella sala de Almagro, el pasado dejó de ser únicamente aquello que estaba escrito en las páginas del libro. Apareció en los testimonios, en los recuerdos y en las preguntas de quienes estaban allí. Una voz llamó a otra. Después, a otra más. Así, relatos separados por décadas volvieron a encontrarse frente a nuevos lectores. Allí reside una de las formas más profundas de hacer memoria: lograr que aquello que alguna vez intentaron callar siga encontrando quién lo escuche.

Condenado pero no tanto

Condenado pero no tanto

El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal dictó sentencia este miércoles contra Gonzalo “Chispa” Sánchez, exintegrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue sentenciado a 16 años y 8 meses por 178 casos de privación ilegítima de la libertad y homicidios cometidos entre 1976 y 1978, durante la dictadura cívico militar.

“16 años y 8 meses” fue  el veredicto de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli que pone fin al juicio oral iniciado en octubre del año pasado contra Gonzalo “Chispa” Sánchez. La condena es por 178 casos de privación ilegítima de la libertad y homicidios (de los 193 de los que se lo acusaba) cometidos entre 1976 y 1978. El represor de 74 años, además, tuvo que ser extraditado desde Brasil en 2020 tras más de dos décadas de permanecer prófugo. Su participación con el terrorismo de Estado llevado adelante por la ultima dictadura civico-militar, incluye el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh.

Durante la lectura de la sentencia, llevada a cabo cerca de las 11 de la mañana en Comodoro Py 2002, estuvieron presentes familiares, sobrevivientes, periodistas, militantes de Derechos Humanos y de distintas agrupaciones políticas, los cuales demostraron malestar tras conocerse la decisión unánime por parte del tribunal y levantaron carteles que mantienen vivas a las víctimas de la dictadura. El genocida presenció el veredicto de forma virtual, un beneficio que le otorgó el tribunal al igual que en la primera audiencia, que también había sido desarrollada de forma presencial.

La decisión del tribunal se dio luego de los pedidos formulados durante la etapa de alegatos. La fiscalía (encabezada por Félix Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko) y las querellas que representan a querellantes particulares y organismos de derechos humanos habían solicitado la pena de 25 años de prisión sosteniendo la responsabilidad operativa del acusado dentro de la patota de la ESMA.

Tras la lectura del fallo en Comodoro Py, el abogado querellante Pablo Llonto, en diálogo con ANCCOM, criticó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 5: «La lectura que hacemos es crítica porque con 178 privaciones ilegales de libertad se hace muy difícil entender algún fundamento para justificar ese monto de pena cuando lo que se pidió es el máximo que correspondía, que es 25 años». El especialista puso el foco en la desproporción de los 16 años fijados por los jueces al compararlo con resoluciones de otros procesos por delitos de lesa humanidad: «Ha habido otros casos de genocidas condenados por privación ilegal de libertad de menos casos (de un caso, de tres casos) y las condenas fueron a 18 años, o sea, a más de 16».

Poco para festejar

En Comodoro Py el clima no fue de festejo ni alegría, en diálogo con ANCCOM, Carlos Loza, uno de los sobrevivientes de la ESMA, que declaró en este juicio contra “Chispa” Sánchez, sostuvo: “Nos queda un sinsabor porque consideramos que es una pena menor para los gravísimos hechos que cometió: 178 fueron secuestros, torturas, en algunos casos violaciones; todo lo que ha pasado no está contemplado en esta pena”. Y agregó: “La pena de este tribunal es desconcertante, insuficiente, seguramente las querellas apelaremos este desastroso veredicto que no contempla la justicia que nosotros pretendemos para criminales de esta envergadura, gravísimos para la humanidad”. Como testigo en el juicio dio cuenta de que horas después del crimen de Jorge Mendé (una de las caras que sostiene en sus carteles) un represor joven subió hasta «Capucha», se sentó frente al ventiluz del altillo y tocó unos temas de rock nacional en la guitarra. En la audiencia desarrollada el 19 de noviembre del año pasado, el testigo se preguntó abiertamente si ese muchacho no había sido el propio Gonzalo Sánchez, a quien una investigación del periodista Ricardo Ragendorfer para Tiempo Argentino ubica como el ejecutante de la guitarra en la ESMA.

Respecto a las especulaciones técnicas sobre los considerandos de la condena, Llonto advirtió sobre la falta de consistencia jurídica del fallo: «Si bien los fundamentos van a aparecer en octubre, es muy difícil comprender por qué lado van a ir. Probablemente vayan por el lado de una posición no jerárquica en el grupo de tareas o algún invento por ese lado, pero la verdad que en el monto de la pena es una pésima sentencia. Rescatamos la condena, sin duda, porque es un nuevo genocida sentenciado y más un genocida que estuvo prófugo, pero no podemos de ninguna manera avalar ese monto de pena».

Tras la lectura del veredicto, el proceso entrará en una breve pausa procedimental. Según lo estipulado por el Tribunal Oral Federal N° 5, habrá que esperar hasta el próximo 22 de octubre para conocer en detalle los fundamentos completos del fallo. A partir de la difusión de ese documento, se abrirá un plazo de diez días hábiles para que tanto las querellas como la defensa presenten sus eventuales recursos de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Las infancias también fueron víctimas de la dictadura

Las infancias también fueron víctimas de la dictadura

En el marco de los 50 años del golpe, Sudamericana publicó Malmö, una historia argentina, un libro escrito por Mónica Szurmuk que narra las vivencias de los tres hermanos Ramírez en la Casa de Belén, un hogar convertido en centro clandestino de detención para los niños y niñas cuyos padres habían sido asesinados o desaparecidos por la última dictadura.

María Ramírez realizó esta obra durante el juicio que condenó a los responsables del asesinato de su madre.

La investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Mónica Szurmuk, publicó Malmö, una historia argentina, un libro que cuenta lo que vivieron María, Carlos y Mariano Ramírez en el Hogar Casa de Belén luego de que la dictadura asesinara a su madre, Vicenta Orrego Mesa, frente a sus ojos. La obra protagonizada por María, quien continúa reconstruyendo su vida en la ciudad sueca que le dio el título al libro, alumbra una dimensión del horror poco conocida del terrorismo de Estado: hubo niños que no fueron apropiados, sino retenidos en instituciones, sometidos a múltiples abusos y separados de su identidad durante años.

La Casa de Belén se ubica a cinco cuadras de la estación de Banfield. Mónica Szurmuk, que vivía en el mismo barrio, tomó contacto con lo que sucedía allí porque los padres de una amiga suya fueron parte del grupo fundador del hogar. Cinco de los catorce niños y niñas que estaban retenidos en ese lugar eran hijos e hijas de personas desaparecidas o asesinadas por la dictadura. Entre ellos se encontraban los hermanos Ramírez, quienes estuvieron encerrados desde abril del 77 hasta diciembre del 83. La jueza de menores de Lomas de Zamora, Delia Pons, que murió impune, fue la encargada de caratular los expedientes de los tres como NN, de enviarlos y retenerlos en el Hogar y obstaculizar la restitución de su identidad y su encuentro con su familia.

“¿Qué imaginaba Vicenta que vendría después? María no puede pensar en eso todavía. Recuerda las últimas palabras que le dijo su madre: ´Cuídense entre ustedes´. No recuerda lo que pasó después: la lluvia de balas sobre la mamá, la caída, la muerte. El aire liviano de la madrugada”, escribe Mónica en Malmö. La narración sensible de la autora sigue a María y recorre su infancia atravesada por el horror, pero también su adolescencia y adultez marcada por el arte, la resistencia y reparación a partir del reencuentro con su padre, Julio Ramírez, que había sido un preso político desde 1974, con el que se fue a vivir a Suecia, donde se exilió. Recién en 2023 los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los hermanos Ramírez fueron juzgados. 

María Ramirez junto a Mónica Szurmuk.

¿Cómo tomaste contacto con lo que sucedía dentro del Hogar Casa de Belén y cuándo decidiste contarlo en un libro?

Yo me entero que iba a haber hijos e hijas de personas víctimas del terrorismo de Estado por una amiga cuyos padres estaban involucrados en ese lugar. En ese momento no sabíamos qué era lo que pasaba. Después, cuando me enteré de que había chicos desaparecidos y niños nacidos en cautiverio que no se encuentran, me empezó a hacer ruido ese lugar y comencé a pensar que había estado relacionado con eso que estaba pasando. Ahí fui a la casa de Abuelas de Plaza de Mayo a contarles esto que yo no sabía, pero me encontré con que ellas sí sabían lo que pasaba en ese lugar, conocían a la jueza Pons y habían ido a visitarla. Pasaron muchos años desde ese momento hasta que escribí el libro, pero en el medio tuvimos un proyecto con un grupo de investigadores y estudiantes doctorales y de maestría de la UNSAM que se llama Cartografías Íntimas en Comunidad, en el que trabajamos en la zona con sitios de memoria, algunos que ya fueron designados como tales como El Pozo de Banfield y otros, como la Casa de Belén, que sigue en funcionamiento y hasta ahora no ha sido caratulada de esa forma.

 

El libro está compuesto por capítulos cortos y la historia está escrita casi sin adjetivar el horror, ¿por qué tomaste la decisión de contar la historia de María y sus hermanos de esa manera?

Buscaba una manera de contarlo y leí un libro de una autora vietnamita-canadiense que usa este tipo de narrativa de capítulos muy cortos y despojados, porque el problema es que toda esta situación es tan horrible y tan terrible que sobran los adjetivos. La narración te dice todo. Yo no quería guiar a los lectores y decirles ´acá se tienen que poner tristes´. A mí me parecía que tenía que contarlo de la manera más despojada posible y eso fue lo que hice. Gran parte del trabajo de escritura fue como hacer una escultura, fui esculpiendo la piedra para que fuera apareciendo esta forma que es bastante económica de contar, con capítulos cortos que se ocupaban de diferentes cosas.

 

¿Por qué elegiste que el nombre de la ciudad en la que vive María Ramírez sea el título del libro?

Tiene que ver con una experiencia que hace que María sea diferente a otros sobrevivientes.  María llegó a Suecia a los 12 años, ella vivió esta historia en otro idioma, se escolarizó en sueco. Cuando estuve con ella en Malmö entendí que la manera que tuvo de poder hacer sentido de su historia había pasado muy lejos de la Argentina y además, a diferencia de otras comunidades de exiliados como las de España o México, el refugio en Suecia fue mucho menor y mucha de la gente regresó al país, entonces María cuando fue siendo adolescente adulta, joven, conocía esta historia, la compartía con su padre y sus hermanos, pero fue creando a través de la literatura y la pintura una manera particular de registrarla. Ella en Malmö reconstruyó su vida con mucho trabajo, pudo tener una profesión, una familia, tener un hijo. A mí me parecía que el libro tenía que tener las dos partes: “Malmö” y “una historia argentina”. Malmö es ese lugar donde María pudo repararse a sí misma y donde se sigue reparando. Lo que pasa con estas historias es que continúan para siempre por el enorme trabajo que ella ha hecho, el enorme deseo de justicia y el enorme trabajo para lograr la justicia. Es una familia que sufrió muchísimo, entonces el trabajo de reparación es continuo, no se termina cuando finaliza el juicio pero sí se avanza.

En el libro relatás una conversación que tuviste con María en la que le dijiste que la justicia llegó tarde y ella replicó: “la justicia es imprescindible”. ¿Qué importancia tiene la justicia en esta historia y por qué se debe continuar juzgando a los responsables después de tantos años?

Esa fue una conversación que tuvimos con María en el jardín de su casa. Ella estaba pintando el operativo (en el que asesinaron a su madre) y me dijo que era lo más difícil que había pintado, que no podía terminarlo, y estaba la balanza de la justicia. Evidentemente, era una incapacidad mía ver lo que significaba para ella, entonces yo le dije que a mí me parecía que la escena no necesitaba la justicia, que la justicia había llegado muy tarde, porque ese es el último momento en el que están todos juntos, a la madre la van a matar en pocos minutos y ellos van a quedar al cuidado de un sistema judicial que les va a fallar continuamente, que los va a maltratar, pero ella me dijo: “la justicia es imprescindible”. En estos años de amistad con María me di cuenta que ella tenía razón, no yo. A ella la vida le cambió enormemente después del fallo. La justicia les pudo restituir algo importantísimo, por supuesto no les pudo restituir a su madre ni la vida que ellos tenían, pero les pudo dar cierta reparación para seguir viviendo. Eso es fundamental y es lo que tenemos que defender, por eso los juicios tienen que seguir.

 

El lanzamiento del libro coincide con avances en relación a la lectura que hace la Justicia de los crímenes de la dictadura cometidos contra niños y niñas. En el juicio de la Comisaría 5ª de La Plata, la Fiscalía Federal de La Plata le solicitó al juzgado tipificar los delitos de lesa humanidad contra las infancias y considerarlas como víctimas directas del terrorismo de Estado. Hace unos días la Justicia de Santa Fe también dictó un fallo histórico en la causa Laguna Paiva II que reconoció que el abandono de niñeces durante la dictadura es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué lugar tomaron las infancias a 50 años del golpe a partir de estas nuevas dimensiones para entender el alcance del terrorismo de Estado?

Me parece fundamental lo que está sucediendo, era una deuda. Dentro de H.I.J.O.S hay militantes que hace muchos años están haciendo este reclamo, lo mismo sucede con muchos académicos y académicas. En el caso específico de la Casa de Belén el fallo dice que estos chicos y chicas fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, del sistema concentracionario. Para los hermanos Ramírez fue fundamental que se los considerara víctimas directas. Yo creo que ese es el cambio: reconocer que las infancias fueron víctimas directas. Entonces me parece que estos fallos son muy importantes y que van a abrir un camino nuevo para entender el terrorismo de Estado y las infancias.

 

Lo que está sucediendo contradice a los discursos que afirman que son hechos que ya están en el pasado

Si hay algo que me ha demostrado el libro, que salió hace dos meses, es que no están en el pasado. Yo ya creía que no estaban en el pasado, pero ahora escucho a lectores y lectoras decir que los afecta como si estuviera pasando hoy en cierto modo. Cuando hay una necesidad de seguir revisando este tema claramente no está en el pasado. Además, es un periodo con el que se puede trazar el origen de un montón de prácticas autoritarias y de distribución de riqueza y prácticas que ahora se ejercen, por ejemplo, contra los pueblos originarios. Lo que he notado es que mucha gente me dice que le afecta muchísimo y ese es el presente de esta situación.

¿Por qué a la par de la continuidad de los juicios la literatura tiene que seguir contando estas historias?

Hay tantas historias que conocemos y, sin embargo, hay muchas que no conocemos, la literatura las va contando desde la intimidad. Son todas historias de nuestro pasado como país y por eso fundamentales. Me parece que la literatura, el cine y el arte son lugares privilegiados para narrarlas y para producir las emociones que nos llevan a entenderlas.

 

¿Cómo fue la recepción de Malmö?

Extraordinaria. Fue un libro leído por gente muy diferente, por personas que estuvieron involucradas en esta historia, que tiene historias similares, pero también por lectores que me dicen que no sabían lo que sucedió con esta familia. Lo más importante para mí es que María sintió que el libro contaba con justicia su historia y el papá de María, Julio Ramírez, también.  Esa era una responsabilidad enorme porque es contar la vida y la experiencia de ellos.

 

Mónica Szurmuk presentará Malmö, una historia argentina el jueves 27 de agosto a las 18 hs en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Avenida Libertador 8151, CABA.

 

 

La comunidad travesti trans también hace memoria

La comunidad travesti trans también hace memoria

Este sábado se presenta «Carne de Cañón: Memorias travestis trans de la dictadura 1976-1983, un libro que reúne los relatos en primera persona de los padecimientos específicos de esa comunidad durante los años del terrorismo de Estado.

“Cuando vine a Buenos Aires en 1983 pensaba que al llegar la democracia íbamos a tener libertad, que podríamos salir a todos lados, pero no fue así. Para nosotras seguíamos en dictadura”, dice Ornella Teté Vega, la voz del primer testimonio de Carne de Cañón, el nuevo libro del Archivo de la Memoria Trans Argentina (AMT) que reúne las vivencias del colectivo durante la última dictadura cívico militar. La obra, publicada a 50 años del golpe, se presentará el 15 de agosto a las 16, en la Casa Nuestros Hijos de la ex ESMA.

Teté está vestida con un delantal blanco. Sus manos están cubiertas con guantes de látex. Ese es su uniforme de archivista: trabaja en el AMT desde 2018. “Este es un espacio en donde podemos construir nuestra propia historia”, expresa. “Antes hablaban otras personas de nosotras, pero desde hace un tiempo atrás nosotras contamos todo lo que padecimos y lo que a veces pasamos”, agrega con orgullo.

En Carne de Cañón son sus voces, antes silenciadas, las que relatan en primera persona lo que vivieron durante esos años, dando a conocer nuevas dimensiones del terrorismo de Estado al exhibir prácticas violentas específicas ejercidas contra toda persona que no se ajustara a los cánones cisheteronormativos que pretendía preservar el régimen. Esas violencias, como cuentan ellas, no empezaron en el 1976, ni terminaron en el 1983.

La construcción de la memoria trans

El Archivo fue fundado en 2012 por María Belén Correa. Nació como un grupo de Facebook en el que las mujeres travestis y trans se encontraban y compartían recuerdos, anécdotas y fotos. En 2014 con la ayuda de Cecilia Estalles, artista visual, el Archivo comenzó a tomar otra forma a partir del trabajo de recopilación y preservación del material. Hoy ya cuenta con un acervo de casi 30.000 documentos digitales y analógicos.

La memoria trans se construye todos los días. Las mujeres que trabajan en el Archivo están sentadas en sus puestos. Teté está digitalizando cuidadosamente algunas fotos que les donaron, mientras que Marcela Navarro categoriza material en un Excel y Carolina Figueredo revisa y separa documentos periodísticos. En el AMT también hay antecedentes policiales, stickers, envoltorios. “Cualquier cosa que las chicas consideren de valor y que hayan alcanzado a este espacio es parte de sus fondos”, cuenta Sofía Naara, editora de Carne de Cañón e integrante del área de entrevistas del Archivo.

Sofía despliega sobre una mesa todos los libros publicados por la editorial del AMT y cuenta a ANCCOM que el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo inspiró mucho a Belén para crear ese espacio: “Ella había visto un documental en donde una de las madres decía que habían logrado hacer un archivo con lo más importante que tenían, porque aunque no tenían nada, contaban con las memorias de los sobrevivientes. Belén se quedó mucho con eso. Desde ese momento este libro es algo medio inminente, estaba pendiente”.

En 2019 Belén y Cecilia conocieron a Ana Pipi Oberlin, auxiliar fiscal integrante de la Unidad Fiscal interviniente en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, la escritora del prólogo de Carne de Cañón. En ese momento, Oberlin se encontraba en la búsqueda de personas trans sobrevivientes de la dictadura para que testificaran en el Juicio Brigadas, en el que se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno y Brigada de Investigaciones San Justo.

A partir de ese momento, explica Naara, Belén y Cecilia se sumaron a la investigación y también le facilitaron a Oberlin relatos con los que ya contaba el Archivo. “Ahí empezó el camino de la búsqueda de los testimonios específicos sobre ese periodo y continuó hasta este año”, cuenta. “Al cumplirse 50 años del golpe dijimos: ´Es el momento, ¿quién no puede faltar?´ Y empezamos a hacerle preguntas específicas sobre la dictadura a varias compañeras”, expresa Naara, quien rastreó las memorias y editó el libro. “Lo hice con el Nunca Más en la mano”, asegura. Así, el trabajo de años se materializó en Carne de Cañón, que pone en el centro la “trama de vidas que se negaron a desaparecer”, como reafirma el equipo del AMT en el epílogo.

El libro también reúne fragmentos del Juicio Brigadas en el que, gracias al trabajo del AMT y a la investigación de Oberlin, se juzgaron por primera vez en el mundo a integrantes de las fuerzas armadas por cometer crímenes de lesa humanidad contra ocho personas trans que estuvieron secuestradas en el Pozo de Banfield.

El libro también reúne fragmentos del Juicio Brigadas en el que, gracias al trabajo del AMT y a la investigación de Oberlin, se juzgaron por primera vez en el mundo a integrantes de las fuerzas armadas por cometer crímenes de lesa humanidad contra ocho personas trans que estuvieron secuestradas en el Pozo de Banfield. El juicio, que además fue el primero en el que testificaron personas trans, reconoció la violencia específica que se ejerció contra el colectivo como parte del plan sistemático de exterminio ejecutado por la dictadura. 

 

El terror, también en democracia

“La primera vez que me detuvieron tenía 14 años, fue el 28 de noviembre de 1977”, cuenta Ornella Teté Vega en el testimonio que brindó para Carne de Cañón. Teté fue la primera mujer trans en Vera, una ciudad chica de Mendoza, y vivió toda su adolescencia en dictadura. 

A ella le gustaba salir a la noche con sus amigos, siempre los apresaban porque eran menores, pero cuando la policía se dio cuenta de que Teté era afeminada, la persecución contra ella se volvió personal. “Nunca cometimos un delito, simplemente salíamos a la calle, me gustaba salir. Me había hecho amiga de un chico gay, me gustaba estar con él y salíamos a la noche a buscar algún novio o algo”, recuerda con una sonrisa. “No había delito pero la persecución era total, no podía salir a ningún lado”, dice.

Teté cayó presa muchas veces, en el medio sufrió múltiples abusos policiales. Para ella, como para todas las mujeres trans, esos hechos no cesaron en 1983: “Para mí la democracia fue peor. Nosotras íbamos a comprar y terminábamos presas. Yo no lo podía entender. Para nosotras la democracia recién llegó en 2012, cuando se implementó la Ley de Identidad de Género. Ahí pudimos tener otra vida, vida propia, y empezamos a salir a la calle tranquilas, sin que nadie nos molestara”, expresa.

A pesar de los avances en materia de derechos y reconocimiento que logró el colectivo tras su lucha continúa. Con el gobierno de Javier Milei sufrieron muchos retrocesos, para Teté la Argentina volvió a los años noventa, no solo por los discursos de odio que vuelven a circular con más fuerza y la actitud de la gente frente a las personas trans, sino que se replica en todos los ámbitos: “Esto que estamos pasando ahora, que haya desocupación, que se cierren las fábricas, ya lo vivimos nosotras. En vez de mirar hacia adelante, al futuro, volvemos al pasado”.

Carne de Cañón rompe con décadas de silencio, reivindica la resistencia y se consolida como un aporte fundamental a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. “Estoy maravillada y agradecida de poder contar nuestra historia y que la gente sepa cómo vivíamos nosotras en esa época y cómo vivimos hoy”, expresa Teté.

El libro Carne de Cañón: Memorias travestis trans de la dictadura 1976-1983 será presentado este sábado 15 de agosto a las 16 en la Casa Nuestros Hijos del Espacio memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), Avenida del Libertador 8151, CABA.