La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

Abr 23, 2024 | Comunidad, Destacado 5

Los trabajadores del Garrahan realizaron un ruidazo para denunciar el deterioro de la calidad hospitalitaria debido al inédito ajuste. Como respuesta, recibieron una catarata de ataques en las redes sociales.

“Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos y solicitudes de audiencia. El 95% de esas notas son ignoradas», dice Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

 

En este período de ajustes crecientes, recortes y ausencia de negociaciones, el pasado miércoles 17 de abril la Junta Interna ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) del Hospital Garrahan convocó a un ruidazo frente a la Dirección como protesta a la falta de insumos y despreocupación de parte del Estado por una mejora salarial y presupuestaria. Una vez finalizada la actividad, Alejandro Lipcovich, trabajador administrativo del hospital y secretario general de la Junta, sufrió un alto hostigamiento en sus redes de parte de distintas cuentas trolls con perfiles anónimos que el presidente Javier Milei retuitea habitualmente.

El aumento del presupuesto para el Hospital Garrahan fue tan sólo un 34% superior al de 2023, con una inflación interanual del 287%. En conversación con ANCCOM, Lipcovich explicó que se trata de un recorte de presupuesto muy fuerte, y destacó que son los trabajadores quienes enfrentan dichas condiciones del hospital: “Tenemos profesionales de enfermería que no llegan a cubrir la canasta de pobreza e incluso se están dando tijeretazos sobre las horas extras. Se trata de un hospital de alta complejidad, hay pacientes muy graves que requieren mucho cuidado y mucha atención. Si hay menos empleados para atenderlos eso empeoraría las condiciones de trabajo”.

No es la primera vez que se muestran los conflictos en el funcionamiento operativo del hospital porque hay insumos que empiezan a escasear o a ser degradada su calidad. El día que se llevó a cabo el ruidazo, se organizó una recorrida por el Sector de Quemados, donde se informó acerca de la situación en que no había gasas para hacer las curaciones porque faltaba el papel estéril que las envuelve. Por otro lado, se han recortado distintos programas nacionales de medicación que impactan en el hospital, que están vinculados con la medicación oncológica.

“En las redes me amenazaban de muerte», denuncia Lipcovich.

A pesar de que la movilización se realizó frente a las oficinas de los funcionarios, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. “Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos, solicitudes de audiencia y solicitudes de respuesta. El 95% de esas notas son simplemente ignoradas, cada tanto hay una respuesta que muchas veces niega las condiciones degradantes que se están experimentando hoy en día en el establecimiento”, dijo Lipcovich.

A pocas horas del ruidazo, y tras la difusión de distintos videos en los que Lipcovich aparecía hablando con un micrófono, comenzó un hostigamiento por redes sociales hacia su persona de parte de distintas cuentas anónimas, entre las cuales observó un patrón común en el hecho de que varias son las que usualmente likea o retuitea el presidente Milei. En los comentarios de los videos difundidos por la red social X (ex Twitter) distintos usuarios insultaron al trabajador por su reclamo y por hacerlo en una planta cercana a donde habría pacientes internados. “Me amenazaban de muerte, decían que estaba perjudicando a los niños con cáncer que querían descansar. Toda una serie de mentiras que justamente tratan de desacreditar el reclamo que estábamos llevando adelante”.

A través de la plataforma X, Lipcovich desmintió esta información al explicar que el espacio donde se realizó el ruidazo se encuentra dos pisos abajo de las salas de internación y que se trata de un espacio donde se hicieron decenas de protestas en gobiernos anteriores, como el de Alberto Fernández

«Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza», subraya Lipcovich.

Un dato importante para comprender el contexto de lo ocurrido tiene que ver con lo enorme que es el hospital ubicado en el barrio de Parque Patricios, que abarca cuatro manzanas por cuatro que en total suman 113 metros cuadrados. Cada año, se realizan 610 mil consultas y 12 mil cirugías, y egresan más de 28 mil pacientes. Dispone de 587 camas, de las cuales 132 corresponden a las terapias intensivas. La actividad cuestionada se realizó en el pasillo central de planta baja, lejos de los pacientes.

Además de la catarata de ataques recibidos, distintos usuarios comenzaron a difundir sus datos personales como su número de documento. Lipcovich contó al equipo de ANCCOM, que si bien este tipo de ataques permanecen en el mundo virtual, no deja de ser un recurso intimidatorio que genera cierto nerviosismo. “Entre distintos usuarios querían denunciarme ante el Ministerio de la Salud y demás”. Por las persistentes amenazas con datos sensibles, presentará una denuncia penal con el patrocinio de la asociación de abogados de derechos humanos APEL.

“Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza. Por eso nos organizamos con mis compañeros y compañeras de la lista Roja de ATE, que protagonizó reclamos históricos de la salud pública, como la gran huelga de 2005”, subrayó el trabajador del Garrahan. “Nuestros difamadores, por el contrario, se esconden en nombres falsos y viven de oscuros fondos públicos. Todo para defender a un gobierno criminal, que despide, recorta medicación oncológica y tantas porquerías más. Tienen miedo porque saben que la lucha va a crecer”, agregó.

A pesar de sus años como militante político, sindical y estudiantil –tiene 38 años, fue presidente de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), e integra el Partido Obrero–, dijo que nunca había experimentado un hostigamiento de este tipo. Lipcovich manifestó su agradecimiento a muchos de compañeros y compañeras del hospital que se solidarizaron tanto por redes como en persona y que difundieron el repudio sobre lo acontecido. “Me da mucha fuerza el apoyo de la gente y lo que es seguro es que la intimidación no va a surtir efecto. No es algo individual. Acá somos mucha gente y vamos a ser cada vez más los que vamos a defender el hospital”, expresó.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), opinó sobre la agresión recibida hacia su compañero: “El ataque a Alejandro Lipcovich es un ataque a la protesta a nuestro hospital y un intento de disciplinamiento. Desde la APyT lo repudiamos y exigimos que cese la persecución sindical”. En diálogo con ANCCOM, expresó la necesidad de un ajuste del salario por inflación y que el gobierno no solo actualice el presupuesto para el área de la salud sino también de la educación.

En ese sentido, Lipcovich agregó la importancia de asistir a la marcha del 23 de abril y la necesidad de “armar un canal para que mucha gente proteste por distintas causas, superando las diferencias que puedan existir por intereses diversos, para fortalecer la lucha de toda la sociedad”.

 

“Nos falta la esencia de lo que Mugica predicaba”

“Nos falta la esencia de lo que Mugica predicaba”

Abr 21, 2024 | Culturas, Destacado 5

A medio siglo del crimen del cura villero, una obra cuenta su vida y reafirma el anhelo del “mártir de los pobres”: reconocer la necesidad del prójimo, sobre todo del más necesitado.

Lágrimas y piel de gallina despierta el Padre Carlos Mugica que interpreta el actor Pablo Razuk. La obra Padre Carlos, el Rey Pescador recorre los aspectos más relevantes de la vida del sacerdote y luchador Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe, tal era su nombre completo, desde su infancia, cuando soñaba con ser futbolista de Racing, hasta su asesinato, el 11 de mayo de 1974, a la salida de la Iglesia de San Francisco Solano en el barrio porteño de Villa Luro, donde acababa de celebrar una misa.

Hoy, a 50 años de su muerte a manos de la Triple A –el escuadrón parapolicial comandado por el ministro de Bienestar Social del gobierno de Isabel Perón, José López Rega–, y con un gobierno de ultraderecha en la Argentina, la obra cobra actualidad, así como la vida del Padre Carlos. En escena, tras ser ametrallado, el cura villero se encarna en la figura del mítico Rey Pescador y deja un mensaje: el Padre no ha muerto, sino que está entre todos nosotros, y su herida no sanará hasta que no alcance a comprender por quién resucitó Cristo.

“La obra tiene un significado enorme porque lo que nos falta es la esencia de lo que Mugica predicaba. En primera instancia, reconocer la necesidad del prójimo, y especialmente del más necesitado. Si esto aconteciera, tengo la convicción absoluta, y creo que Mugica también, de que nuestro pueblo cambiaría absolutamente para bien. En este momento, subir las palabras de Mugica al escenario es una forma de sumar a nuestra idea de cómo sería el pueblo que deseamos: vivir en comunidad a partir del registro del prójimo”, expresa Pablo Razuk, en diálogo con ANCCOM.

Mugica nació en el seno de una familia porteña acomodada. Sin embargo, a pesar de estar “destinado” a pertenecer a las altas cúpulas de la Iglesia católica, debido a su clase social, se convirtió en el principal referente de “la iglesia de los pobres”. Pasó de ser gorila a peronista y se convirtió en el portavoz y representante del “Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo” (MSTM), fundado en 1967, que articuló la idea de renovación de la Iglesia subsiguiente al Concilio Vaticano II con una fuerte participación política y social. Todo esto lo explica Padre Carlos, el Rey Pescador, y lo hace de una forma bella y original: mezclando monólogos con melodías de violonchelo a cargo de Miguel Ángel Gómez y con la voz de Sola Juria.

Además de relatar su clara opción por la misión social y su costado político, la obra también toca las aristas de la vida más personal y privada del Padre Carlos: su ser hombre, sus contradicciones, su amor por Lucía, sus sueños de niño, su temor a ser expulsado de la Iglesia, entre otras.

Con dirección de José María “Cocho” Paolantonio y autoría de Cristina Escofet, el actor Pablo Razuk se “come” el escenario, al que transita de lado a lado con potencia y fortaleza. “Para componer el personaje, con Cocho (fallecido en 2021) trabajamos mucho en entender el clima del momento, ya que él había vivido los años 70. Además, fue fundamental entender por sensación cuál es la energía del personaje, desde qué lugar habla, cuál es el tono de ese cuerpo y ponerle nuestras propias creencias. Una vez que pasa eso, la cosa acontece genuinamente. Esto se comparte con el espectador y ahí, entre todos, en cada función hacemos la obra”, reflexiona Razuk.

Nominada en los premios ACE, Florencio Sánchez y Trinidad Guevara, y ganadora del premio Luisa Vehíl a mejor actor, la obra estuvo de gira en Barcelona, París y en el Vaticano, donde la pudo ver el Papa Francisco.

Padre Carlos, el Rey Pescador se presenta todos los viernes de abril y mayo a las 19 en el Espacio Experimental “Leónidas Barletta”, Av. Presidente Roque Sáenz Peña 943, CABA.

Despedidos con historia

Despedidos con historia

Abr 18, 2024 | Destacado 5, Trabajo

Tres historias de víctimas de la motosierra en el Estado, que reflejan la situación de más de 60.000 trabajadores. 

Desde el video de la motosierra en campaña a la realidad efectiva, Milei no mintió: la cantidad de despidos en diversas dependencias del Estado no ha dejado de aumentar desde que asumió. Si bien el dato exacto de la cantidad de trabajadores expulsados del Estado al día de hoy no es certero, el mismo presidente exclamó orgulloso: “Hemos echado a 50 mil empleados públicos. Eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos. ¡Eso es motosierra!».

Los tres primeros meses del año fueron críticos para los trabajadores de distintos organismos estatales. La proximidad de los vencimientos de contratos laborales de miles de empleados, junto con la escasez de información oficial, creó un clima de incertidumbre que fue la antesala a una ola de despidos masivos en los últimos días de marzo. Solo en el fin de semana largo de Semana Santa fueron despedidos 15.000 trabajadores.

ANCCOM dialogó con tres personas afectadas directamente por esta política de desguace del Estado, lo que implica un grave retroceso en relación a la protección de derechos fundamentales para la sociedad.

 

Niñeces, adolescencias y familias, más desprotegidas

 Adriana Ortega, licenciada en Trabajo Social, dedicó 23 años de su vida a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Hasta finales de marzo ejercía el rol de coordinadora de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Era interlocutora entre las provincias y el organismo central, llegando a tener a cargo la coordinación con 12 jurisdicciones. “No sólo hacíamos los relevamientos exigidos por organismos nacionales e internacionales, sino que diseñábamos planes según las necesidades de cada ciudad y región del país. Además se coordinaban convenios, proyectos y también trabajos con ONG”, declaró Ortega.

El SENAF es el organismo encargado de implementar políticas federales e inclusivas destinadas a promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores. “Trabajamos con poblaciones de extrema vulnerabilidad: niños abandonados, adultos mayores en situación de pobreza y abandono, mujeres que han sufrido violencia de género, adolescentes en situación de no adoptabilidad, menores y mayores víctimas de explotación sexual y laboral, entre otros. Hay muchísimo en la SENAF: los equipos fuimos abordando desde la asistencia directa y poniendo el cuerpo e incluso nuestros recursos económicos personales para mantener nuestro trabajo”, expresó la trabajadora social.

El miércoles 27 de marzo a las 20.40 llegó un mail a su casilla laboral que indicaba: “Por medio de la presente se le notifica que el contrato oportunamente celebrado con este organismo, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 9 del Anexo de la Ley N° 25164, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no será renovado. Queda Ud. debidamente notificado”. “Es un mail que no tiene ni mi nombre, ni encabezado, ni tampoco una firma oficial. El día que lo recibí fue tirar a la basura 23 años de especialización. Es muy fuerte porque yo no puedo ir a ningún lado a realizar la labor que solía hacer porque es un trabajo específico del Estado”, manifestó Ortega.

De la SENAF fueron despedidas 326 personas y quienes quedaron, tienen un contrato “en revisión” hasta el 30 de junio. Se espera así otra oleada de despidos en el organismo. “Echaron personas que eran piezas clave para el funcionamiento de la SENAF. No fue un proceso de análisis cuidadoso, sino un recorte sin ningún parámetro ni criterio. Nadie de la nueva gestión nos pidió explicar nuestras tareas, no hubo evaluación mediante. Tuvimos la mala suerte de que el dedo haya caído en nuestro apellido”, denució la trabajadora social.

El desguace de la SENAF significa la desaparición de “un veedor y un organismo para controlar el accionar del Poder Judicial o de las fuerzas policiales sobre poblaciones muy vulnerables. Es una función que cumple el Estado, que debe ser fortalecida y no diezmada”, finalizó Ortega.

Retroceso en las políticas para las personas con discapacidad

En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la situación no fue diferente. Guadalupe Bargiela, trabajadora del organismo, declaró: “Muchos se enteraron por un mail o por una lista en la puerta del edificio. Son 340 los despedidos a lo largo de todo el país. Dentro de ellos hay delegados sindicales, personas con discapacidad, personas con licencias psiquiátricas y de maternidad, algunos de planta permanente y otros con contratos de locación de servicios. Es un verdadero desguace del Estado nacional”. Bargiela trabajaba en ANDIS desde hacía cuatro años y se desempeñaba en el área de participación ciudadana, respondiendo mails a la comunidad.

ANDIS lleva adelante la junta evaluadora de discapacidad, que es el órgano controlador de todas las juntas de nivel provincial que emiten certificados de discapacidad y pensiones en todo el territorio nacional. “Además, se realizan talleres para la comunidad en el predio de la agencia, entre ellos clases de tango, escritura, deportes, etc. Otro punto nodal del trabajo de ANDIS es la promoción de la inclusión en todos los organismos estatales con capacitaciones para que estén preparadas para recibir a las personas con discapacidad”, declaró Bargiela sobre las tareas de la agencia. Ella misma es una trabajadora con discapacidad visual; sin embargo, derechos como éste que le garantizó a ella y tantos otros el derecho al trabajo, hoy se ven doblemente vulnerados.

En cuanto a las designaciones de la nueva gestión para el instituto, Bargiela señaló: “Las personas que entraron no saben de discapacidad. En realidad, al gobierno no le importa la cuestión. Para darse una idea, el nuevo director ejecutivo del ANDIS es un penalista”, haciendo referencia a Diego Orlando Spagnuolo, abogado del presidente y ahora cabeza del organismo.

La falta de personal afecta directamente a las funciones del instituto; el desarrollo de programas de inclusión, la atención al público, la ayuda y el otorgamiento de certificados y pensiones son obstaculizados por las medidas del Poder Ejecutivo. “Están realmente vulnerando, más aún de lo que se venía haciendo, al colectivo de personas con discapacidad”, aclaró Bargiela.

Muchos de los trabajadores despedidos se agruparon para tomar medidas de lucha. “Trabajadores de ANDIS en lucha” es el nombre que toma la organización que denuncia la situación de los empleados de la agencia y que el 20 de abril llevará a cabo una asamblea para plantear esta situación que afecta de manera transversal al colectivo. “Seguiremos peleando, mientras que los derechos de las personas con discapacidad estén siendo vulnerados”, finalizó Bargiela.

¿Quién protegerá a los parques nacionales?

Ayelén Arcos es antropóloga y desde mayo del año pasado formaba parte del proyecto Paisajes, promovido por el Banco Mundial. Paisajes es un convenio con Parques Nacionales para la recuperación de medios de vida sostenibles y de paisajes con una mirada socioambiental, a desarrollar en distintas zonas a lo largo del país. Junto a una compañera, era la encargada de las evaluaciones de impacto social y ambiental de las iniciativas de Paisajes en la zona que abarca desde El Chaltén y Calafate (Santa Cruz) hasta Ushuaia (Tierra del Fuego). “Al ser un convenio entre Parques Nacionales y el Banco Mundial, el empleo corre por cuenta del Estado pero el financiamiento del proyecto y los sueldos van por el parte del Banco Mundial, un organismo internacional”, declaró Arcos.

Parques Nacionales también fue impactado por la ola de despidos, la desfinanciación y la falta de definición de autoridades del Poder Ejecutivo: “En “Paisajes”, donde nosotras trabajábamos, había dos obras sumamente importantes: dos edificios de incendios en el Parque Nacional Los Glaciares y en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Para poder avanzar sobre esa licitación necesitábamos que alguien firme y no había tal firma, porque ni siquiera se habían definido autoridades”, explicó la antropóloga.

En cuanto a la situación previa a los despidos, Arcos detalló: “Nosotros la veíamos venir, porque el modus operandi es siempre el mismo: hay una especie de vaciamiento de tareas previa. Y, finalmente, como si fuera una profecía autocumplida, esa persona no está haciendo nada y esto justificaría su despido”.

La institución empleaba alrededor de 2.000 personas previamente a la asunción de Milei. “Antes de los despidos se calculaba que por cada funcionario de parque había 8.000 hectáreas. Hoy en día hay muchísima menos presencia. En esta tanda echaron a 80 personas y a mediados de año se pretende echar a 350 más. Es más de una cuarta parte del personal”, aclaró la antropóloga. De la cifra total, muchos eran especialistas que trabajaban en el proyecto Paisajes, aún cuando sus sueldos estaban financiados de manera externa al Estado.

La reducción de personal afecta al cuidado de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de los Parques Nacionales. “Pareciera que quieren reducir a Parques a una institución de solo guardaparques y brigadistas, eliminando todas las funciones de conservación. Hay un gran área de estudio de la biodiversidad, encargados de prevenir y manejar incendios e incluso investigación sobre el impacto del cambio climático. Somos muchos velando por las funciones de conservación e investigación que deben tener los parques nacionales”, concluyó Arcos.

Estas historias se multiplican por miles, en muchas dependencias estatales. Mientras que no se logre detener esta política de achicamiento del Estado, cada vez más derechos correrán el riesgo de evaporarse, destruyendo en un instante lo que lleva un largo período conquistar. 

La Biblioteca Nacional se defiende

La Biblioteca Nacional se defiende

Abr 17, 2024 | Culturas, Destacado 5, Trabajo

Escritores, intelectuales, gremialistas y trabajadores se reunieron en la explanada de la Biblioteca Nacional para reclamar por la reincorporación de los 120 despedidos y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

“¿En serio esto se soluciona despidiendo a 15 mil o 70 mil trabajadores?”, dijo Rodolfo Aguiar, titular de ATE, el martes 16 de abril en la explanada de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno cuando trabajadores y personalidades de la cultura se reunieron para exigir la reinciorporación de los 120 trabajadores despedidos de esa institución y hacer un llamamiento en defensa de la cultura.

La existencia de una biblioteca de libre acceso es de carácter imprescindible para el desarrollo social. Sergio Palazzo, diputado del Frente de Todos que se hizo presente en la Biblioteca, contó su propia experiencia: habiéndose criado en una familia de bajos recursos, siempre recurrió a la Biblioteca Nacional para poder acceder a libros escolares. Y sostuvo que si no fuese por la existencia de esta institución, su formación educativa no hubiese podido concretarse.

Señaló que la Biblioteca debe defenderse por la amplia cantidad de archivos que custodia, mediante los cuales permite conocer y conservar la historia nacional, así como también por la diversidad de libros escritos por intelectuales y científicos de todas las corrientes del pensamiento argentino e internacional.

También se hizo presente en este acto la escritora Claudia Piñeiro, quien expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos. “La biblioteca -subrayó- cuida, preserva y difunde el patrimonio bibliográfico y cultural de la argentina”. La autora de La viuda de los jueves agregó que esa tarea no se hace sola, se necesitan trabajadores que lo hagan con seriedad y profesionalismo, y señaló también que este pedido no es únicamente por los trabajadores sino también por el derecho de acceder a nuestra historia porque nos corresponde como ciudadanos. Piñeiro, además,  insistió que todo el material disponible en la biblioteca, siendo de gran valor, cree paradójico que a nuestro gobierno, caracterizado por los cálculos en sí, no pueda medir el valor de los archivos bibliotecarios.

A continuación, tomó la palabra la docente, activista por los derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida. Habló en nombre de todas las Madres y de todos los organismos que defienden los derechos humanos. Expresó un gran lamento ante la situación del país, señalando que casi todos los días se están llevando a cabo distintos actos en repudio de las medidas del presidente. De todas formas, pronunció palabras de aliento, pidiéndole a la gente que nunca abandone las luchas que nos competen como pueblo, porque “la única lucha que se pierde, es la que se abandona”

Para finalizar el acto, Aguiar exclamó que más de la mitad de esta crisis profunda que está atravesando el país “tiene que ver meramente con las medidas económicas que está impulsando este gobierno, no los anteriores, independientemente de la mirada que cada uno pueda tener”. Y agregó: “Pero yo nunca he visto otro camino a recorrer que no sea

la lucha en la calle y ahí nos tenemos que seguir juntando y uniendo. Todos unidos. Tenemos que ser capaces de preguntar ¿Qué hay detrás de los despidos? Con Milei nos damos cuenta que el Estado se fortalece o debilita depende de quién lo mire. Si lo miramos nosotros, están destruyendo el Estado de la gente, están debilitando el Estado de servicio del pueblo.”

Ya una semana antes de los despidos, efectivizados durante el feriado de Semana Santa, circuló una carta firmada por 21.000 intelectuales y personalidades de la cultura advirtiendo del riesgo que significaba el desmantelamiento de la institución cultural más antigua del país, que precede incluso a la conformación del Estado argentino.

«¿Está Télam?»

«¿Está Télam?»

Abr 17, 2024 | Destacado 5, Trabajo

Bajo el título “Fotoperiodismo de necesidad y urgencia”, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA organizó un encuentro con trabajadores de Somos Télam, ARGRA y SiPreBa para debatir acerca de la importancia de la Agencia Nacional de Noticias.

Periodistas, fotorreporteros, docentes y estudiantes, convocados por el apagón de Télam, debatieron la importancia de los medios públicos y de una comunicación democrática y con pluralidad de voces. Bajo el título “Fotoperiodismo de necesidad y urgencia”, el encuentro se realizó el pasado viernes 12 de abril en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El 14 de abril de 1945, Juan Domingo Perón determinó la creación de la que años después se convertiría en la mayor agencia de noticias de Latinoamérica. A 79 años de su fundación, Télam se ha consagrado como la principal proveedora de información periodística para más de 800 abonados y nueve millones de usuarios que consultan diariamente su página web.

“Es importante pensar en los procesos represivos que los reporteros gráficos están sufriendo actualmente, porque tienen un rol fundamental en el relato cotidiano contemporáneo de los conflictos que atravesamos como sociedad”, afirmó la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación y anfitriona, Larisa Kejval. De hecho, uno de los ejes de la charla fue el ataque violento a trabajadores de prensa acaecido el pasado 10 de abril, en el que un grupo de periodistas y reporteros gráficos fueron reprimidos por la policía en una manifestación de movimientos sociales en reclamo de comida.

El pasado 1° de marzo, durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei anunció el cierre de la agencia, la cual sería intervenida por personal policial días después. Hasta hoy, los cientos de trabajadores dispensados de sus labores llevan a cabo un acampe fuera de ambas sedes de la agencia. Desde el apagón, aseguran, la soberanía informativa ha sido puesta en riesgo.

Alfredo Luna, parte del colectivo de trabajadores Somos Télam y delegado del SiPreBa, estuvo presente el día que la policía procedió al vallado de la agencia: “Es difícil de entender lo que estamos viviendo. Télam no es solo nuestro lugar de trabajo, sino nuestro lugar de pertenencia. Lo que sentí más violento fue entrar a la página de la agencia y ver un cartel que dice ‘Página en reconstrucción’. Hoy sigo entrando al portal, esperando, por las dudas. Vamos a seguir acampando pacíficamente fuera de las dos sedes, resguardando nuestro patrimonio, que es el de todos”.

Igor, reportero gráfico de ARGRA, en diálogo con ANCCOM, expresó: “Es muy importante estar acá para ver cómo nos encontramos en la calle ante la represión que viene impulsando el Gobierno hacia los periodistas. Por otro lado, hay que resaltar la importancia de los medios públicos y las agencias como Télam, que permite que miles de medios locales e internacionales compren radio cables y difundan una material informativo impresionante. Esto crea la posibilidad de que Argentina tenga soberanía en términos de comunicación”.

“El fotoperiodismo permite contar lo que está sucediendo en la calle constantemente con una imagen –agregó–, a través de las fotografías se puede construir en un futuro un archivo para documentar lo que fue sucediendo a lo largo de la historia. Ningún período es ahistórico, todo se enmarca en la construcción de una historia colectiva y para que nosotros podamos entender lo que sucedió, por ejemplo en la época de la dictadura, las imágenes son clave para difundir ese relato”.

Por su parte, Victoria Gesualdi, fotoperiodista de Télam y una de las coordinadoras del equipo fotográfico de ANCCOM, subrayó la importancia de entender la situación de los medios en una coyuntura de represión y precarización: “Para pensar qué hacer con Télam, que es sin duda la mayor expresión de memoria y patrimonio visual que tenemos, hay que entender que en un contexto de precarización estructural de los medios la lógica de un periodismo con función social y comprendido como un servicio público, está totalmente en jaque. La circulación de las imágenes hoy compite con fuentes como Twitter o Instagram en una trama de inteligencia artificial. En esa coyuntura hay que poner en valor lo que implica la agencia pública de noticias y el producir imágenes desde una perspectiva federal y soberana como sucede en Télam”.

Analía, fotógrafa de Télam, explicó para todos el funcionamiento del área de fotografía: “Télam produce entre 200 y 300 fotografías por día, 90 mil por año. Somos 51 fotoperiodistas de todo el país, con 21 corresponsalías, una de ellas en la Antártida, registramos lo que sucede en cada provincia. Todo el material se sube a la cablera y se concentra en un inmenso archivo, que hoy se encuentra inhabilitado. Esta labor es fundamental para la identidad de un país, y para brindar información en y desde las localidades. ¿Qué cubrimos? De todo. En los inicios de la agencia únicamente se cubrían actos políticos, con el paso del tiempo hemos llegado a cubrir todo tipo de áreas y temáticas. Télam, entonces, como medio público, garantiza la circulación de información de interés público no sometida a presiones políticas o comerciales. ¿Para quién producimos? Para los más de 800 abonados, y para toda la ciudadanía”.

Durante la mesa de editores de pequeños portales y revistas que se llevó a cabo en el marco de la jornada, todos remarcaron el valor que tiene, para sus medios, el cuerpo de imágenes que componen el famoso archivo. La pregunta que la mayoría de ellos hacían en el lugar de los hechos, era: “¿Está Télam?”. La presencia de la agencia les garantiza a cientos de medios la posibilidad de cubrir lo que ellos llegaban, y Télam siempre está, a lo largo y ancho de todo el país. Hoy, sin su archivo, ¿qué información circula?

Detienen a una familia de refugiados y la liberan

Detienen a una familia de refugiados y la liberan

Abr 13, 2024 | DDHH, Destacado 5

Violando la normativa internacional, las fuerzas federales allanaron el domicilio de los Villalba, acusados por el Estado paraguayo. Mientras se realizaba una conferencia de prensa para denunciar la situación, los dejaron en libertad.

Durante la madrugada del viernes 12 de abril, se llevaron a cabo múltiples allanamientos de forma simultánea en los hogares de los miembros de la familia Villalba. Estos operativos fueron ejecutados con un despliegue de las fuerzas federales en las residencias de José, Rosa y Myriam Villalba, ubicadas en diferentes áreas del Gran Buenos Aires. Todos los integrantes de la familia cuentan con el estatus de refugiados, otorgado por la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados), y poseen documentos de identidad argentinos. A pesar de esto, Myriam, Rosa y Tania Villalba fueron detenidas con fines de extradición a solicitud del Estado Paraguayo, según lo dispuesto por el juez federal Julián Ercolini.

La familia Villalba ha sido objetivo del Estado paraguayo. En 2019, a través de una unidad militar especializada conocida como las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), creada para enfrentar grupos armados insurgentes, llevó a cabo un asalto a un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En dicho asalto, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, para luego ser disfrazadas como guerrilleras con el objetivo que el presidente paraguayo de ese momento, Mario Abdo Benítez, pudiera fotografiarse victorioso. Tras ese operativo, también desapareció Carmen Elizabeth «Lichita» Villalba, de quien no se sabe nada desde el 30 de noviembre de 2019. Entre las allanadas el viernes se encuentran Anita y Tania Villalba, ambas sobrevivientes de la cacería librada por el Estado Paraguayo. Anita, además, es melliza de “Lichita”.

Tanto Laura Villalba –presa en Paraguay, acusada de violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”– como Myriam Villalba, son las mamás de las dos niñas asesinadas. Cuando se produjo el allanamiento, Myriam estaba al cuidado de sus nueve niños, cuyos derecho fueron vulnerados por los uniformados hasta que fueron puestos a resguardo en la ONG Pelota de Trapo. Tania también tiene una bebé de un año y medio. La Gremial de Abogados y Abogadas hizo las gestiones judiciales e internacionales a fin de hacer cesar la detención e intentar hacer valer el refugio de toda la familia Villalba en el proceso de extradición que Paraguay pretende.

Ayer, a las 18:00 horas, se llevó a cabo una conferencia de prensa virtual –de la que participaron unas 90 personas, entre ellas los activistas de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel y María Elena Naddeo– con el propósito de informar sobre la detención de Myriam, Rosa y Tania, y coordinar acciones para su liberación. Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial y abogado de la familia Villalba, denunció: “Si la persona que es requerida, es refugiada, como lo es la familia Villalba de Paraguay, y el pedido de extradición viene de dicho país, el Artículo 20 de la Ley 24767 dice que el Ministerio de Relaciones exteriores tiene que devolverlo sin más trámite. El pedido no tendría que haber llegado al juzgado, y ni hablar de la detención”. Cuando le preguntaron sobre cuáles son las acusaciones por las que Paraguay las requiere, el letrado dijo no conocerlas porque no había tenido acceso al expediente pero insistió en que “no importan porque son refugiadas”.

El Artículo 20 de la Ley 24767 de Cooperación Internacional en Materia Penal dice que si la persona requerida poseyera condición de refugiado, y el pedido de extradición proviniera del país que motivó el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, procederá a devolver la requisitoria sin más trámite con explicación de los motivos que obstan a su diligenciamiento.

Si les revocan el estatus de refugiados, tampoco pueden ser extraditadas a Paraguay bajo ninguna circunstancia, ya que la Ley Argentina lo prohíbe terminantemente, en virtud del principio de «no devolución» que rige en el derecho internacional. Una vez que a una persona se le concede el estatus de refugiado en un país, es posible revocar ese estatus, pero no se puede retornar a esa persona al país del cual se ha refugiado. En ese caso, la intervención de la ONU sería necesaria para elegir un tercer país que pueda ofrecerles asilo.

Franquet aclaró que, apenas golpearon la puerta, Myriam pensó que intentaban robarle, debido a los «brutales golpes» en plena madrugada. «Rompieron las dos puertas, las rejas, destrozaron candados y entraron con armas en la mano, apuntando a los niños», agregó. A pocos minutos del inicio de la conferencia de prensa virtual, en la cual Franquet y Laura Taffetani de la Gremial estaban hablando desde un automóvil estacionado frente a la sede de Delitos Internacionales donde estaban las Villalba presas, ingresó al vehículo Eduardo Soares, también abogado de esa agrupación, con una sonrisa contó que no las había podido ver porque le informaron que el juzgado había dictado su liberación.

Alrededor de las 18 horas, Laura, Tania y Rosa Villalba fueron puestas en libertad. Sin embargo, la opinión preponderante de quienes integran la Campaña Internacional contra la persecución a la familia Villalba fue que este hecho “impune e ilegal que viola las leyes y el derecho internacional, representa un ataque del gobierno paraguayo, que posiblemente no sea el último”.

Mientras tanto, en Paraguay, los titulares del medio ABC Color, se refirieron a la familia Villalba como un “Clan del Ejército del Pueblo Paraguayo -EPP-”. Se lo consideró como un operativo “anti-terrorista”, al ensañarse con la familia Villalba, y definirla como un “brazo logístico del EPP”, el grupo insurgente armado paraguayo.