Ojos que sí la ven

Ojos que sí la ven

Una muestra colectiva de fotografías narra la represión de las Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones contra la Ley Ómnibus que se realizaron frente al Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto. «Mostrar estas imágenes -dice el texto curatorial- es una forma de solidaridad pero también de defender el derecho a la libertad de expresión». La selección de imágenes tomadas por los 35 reporteros gráficos heridos en esas jornadas corresponde a una inciativa conjunta de ARGrA, SiPreBa, Fatpren, el Área de Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Entrá y mirá las fotos.

“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

Esta fue una de las coincidencias de quienes participaron de una audiencia en el Congreso convocada por la bancada del FIT-U para analizar las consecuencias de la represión a las manifestaciones contra las medidas del gobierno de Milei.

“Quieren prohibir la protesta social y aleccionar al pueblo trabajador, como hizo Bullrich en diciembre de 2017, ahora con Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma en el medio de la plaza, en contradicción con su propio protocolo que habla de despejar la calle”. Así abrió Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), la audiencia pública ayer en el Anexo del Congreso convocada por su bancada para escuchar los informes de organismos de derechos humanos y de víctimas de las represiones protagonizadas por las fuerzas policiales y de seguridad desde que asumió Javier Milei, y en particular los días 31 de marzo, 1 y 2 de febrero contra la manifestación en rechazo de la Ley Ómnibus. “Es ilegal lo que hace la ministra de Seguridad, y la justicia está dejando que el Gobierno haga el trabajo sucio para eliminar el derecho a la protesta, cada herida a un fotógrafo es la verdad que se quieren robar, y acá tenemos herido también a nuestro compañero abogado, Matías Aufieri”, agregó la legisladora. 

La sala 2 del Anexo C estuvo completa por la gran cantidad de periodistas, diputados y dirigentes que acudieron a la invitación de Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá para exponer los hechos ocurridos frente al Congreso de la Nación cuando cientos de personas sufrieron la represión producto del protocolo de Patricia Bullrich mientras se trataba la Ley Ómnibus. Toda la atención de los y las presentes se distrajo de quien estaba hablando cuando, por la mitad del encuentro, hizo su ingreso en su silla de ruedas Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien dijo estar muy emocionada, deseó suerte a todos los presentes para enfrentar lo que se viene y expresó su intención de presentar un escrito para que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei. 

Veinticinco oradores y oradoras coincidieron en la necesidad de lograr una “unidad en la diversidad” para hacer masivas las movilizaciones que se vienen en marzo, el 1 por el inicio de las sesiones del Congreso, el 8 por los feminismos y disidencias y el 24 por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, con el objetivo de hacer caer el DNU de ajuste del gobierno.

«La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo un informe de esta circunstancia trágica, fue la profundización de esta escatología que se esperaba si ganaba la derecha, 285 víctimas produjo su altísimo poder de daño, en sus formas se va pareciendo bastante en las formas de la dictadura», dijo Dora Barrancos, presidenta de ese organismo. “En el recinto usamos el informe de la CPM mientras un sector de los diputados se reían, estábamos denunciando un protocolo de represión que viola todos los tratados internacionales y es ilegal, no vamos a permitir que toda la Argentina se convierta en Mendoza o Jujuy», expresó la diputada Del Pla sobre los detenidos y condenados por protesta social. 

Por su parte, Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) manifestó que “el protocolo habilita al Estado a intervenir ante cualquier corte vehicular como delito y eso lo transforma en una herramienta para prohibir un derecho. También autoriza a las fuerzas a realizar tareas de inteligencia, lo cual es un uso descabellado de la ley».

Se pronunciaron  la legisladora Mercedes de Mendieta (IS), Rosario Gauna (Comité Nacional para la prevención contra la tortura), Mónica Hidalgo del Frente Popular; Susana Ancarola del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Nicolás Tauber de Liberpueblo, e Inés Hayes de Periodistas Argentinas, delegada de Página/12 y trabajadora de CTA Autónoma. 

Con lentes de sol porque se recupera lentamente de la herida en su ojo, y aún no recuperó la visión, Matías Aufieri, describió los detalles del momento en que lo lastimaron. «El gobierno redobla la apuesta todo el tiempo, salvo cuando la movilización es grande, hay que frenar esta espiral delirante de Bullrich y Milei, el 1 de febrero hubo una cacería, no podíamos salir de la plaza, nos tiramos al piso, querían esa foto para frenar a la gente que podía venir». Y luego se abrazó con Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la dictadura, quien había recordado que Aufieri solía visitar a los testigos luego de sus declaraciones en los juicios de lesa humanidad, donde “dejábamos nuestra alma al reabrir las heridas”. A su turno, Mirta Israel –hermana de Teresa, desaparecida en la última dictadura cívico-militar– dijo que pudieron seguir haciendo el festival Unidos por la Cultura gracias a los periodistas que estaban bloqueando a la policía que reprimía. 

Se escucharon también los testimonios de otras víctimas como Nicolás Ramos, fotoperiodista de Anred que recibió disparos; Alfredo Luna y Víctor Carrera de Télam, quienes afirmaron que “se trató de un show montado para transmitir el mensaje de que también pueden reprimir a los trabajadores de prensa”; y se comunicó Anibal Maidana por videollamada como consecuencia de la perimetral que no le permite acercarse al Congreso, tras su detención. Elida Carci, jubilada y perteneciente al Plenario de Jubilados, contó que también sufrió los ataques. Los diputados de Unión por la Patria, Carlos Castagneto y Vanesa Siley, hicieron sus aportes. «Cuando vienen políticas de ajuste, poner un protocolo demuestra que es un gobierno que quiere quitar derechos. Hay que tirar abajo el DNU, el miedo tiene que ser de ellos, no les gusta la comunidad organizada», expresó Castagneto.

También hablaron Franco Capone y la médica y diputada Laura Cano, de la Posta de Salud que montaron en Plaza de los dos Congresos, que atendieron a más de 285 personas y advirtieron rápidamente sobre el gas pimienta que se está utilizando en la represión que produce una sintomatología más fuerte de la acostumbrada. Por último, llegados del piquete frente al Ministerio de Trabajo, hablaron Néstor Pitrola y Eduardo Belliboni. “El león herido es más peligroso, hay que derrotar al animal salvaje que quiere destruir nuestros derechos”, dijo el líder del Polo Obrero.

Todos coincidieron en que la represión del jueves 2 fue una “cacería”, que se disparaba indiscriminadamente, en un contexto pacífico donde nada justificaba el despliegue de las fuerzas tal y como lo llevaron a cabo, como una provocación y un intento de intimidación. Y también hubo unánime repudio a la resolución de la Cámara Federal que ayer avaló el protocolo represivo de Bullrich. La legisladora del MTS, Celeste Fierro, quien había iniciado una acción el 18 de diciembre ante el Poder Judicial con la intención de declarar el carácter inconstitucional del protocolo, contó que la medida cautelar dictada por el juez federal Sebastián Casanello quedó sin efecto y que los camaristas le pidieron que se alejara de la causa. “Tardaron 50 días en actuar, aun viendo lo que sucedía”, criticó la legisladora 

Casi en el cierre, Guillermo Torremare (CPM-APDH) destacó la resolución que dictó la semana pasada la ministra Bullrich por la cual “se habilita a las fuerzas de seguridad a utilizar armas letales en las movilizaciones sociales, les da libre interpretación del agente de seguridad que va armado y lo habilita a disparar sin necesidad de dar la voz de alto. Se soslaya así un principio elemental del derecho penal que es la proporcionalidad entre la reacción del agente de seguridad y la presunta falta o delito que se quiere neutralizar. Esto en un país como Argentina que en 40 años de democracia lleva más de 8 mil personas muertas por los excesos y abusos en manos de las fuerzas de seguridad, instaló un peligro gravísimo”. 

Nicolás del Caño cerró la audiencia haciendo hincapié en “la valentía de los compañeros y compañeras que se movilizaron, que fue fundamental para hacer caer la ley”, y en la necesidad de plantear un paro nacional en el marco de un “verdadero plan de lucha para dar esta batalla contra el plan motosierra-licuadora contra el pueblo”. 

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.

En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.

Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.

Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.

Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA

El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.

El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.

También en la Ciudad de Buenos Aires

Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.

En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.

Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.

 

Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.

También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.

 

«No van a callarnos»

«No van a callarnos»

Los reporteros gráficos realizaron un camarazo frente al Congreso de la Nación para protestar por la represión sufrida mientras realizaban su trabajo periodístico durante el debate de la Ley ómnibus.

Con la consigna “¡Basta de balas de goma! ¡Basta de gas pimienta! Nuestro ojos miran”, un grupo numeroso de reporteros gráficos organizados en aRGa, FATPREN Y SiPreBA se manifestó frente al Congreso de la Nación contra la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad a cargo de la Ministra Patricia Bullrich durante el debate de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus.

Los trabajadores gráficos se concentraron por la tarde del 6 de febrero en la Plaza del Congreso. Llevaban sus credenciales y sus chalecos de prensa y levantaron sus cámaras al canto de “¡Unidad de los trabajadores!”.

Mediante un comunicado, SiPreBA informó que fueron más de 30 los trabajadores de prensa heridos con impactos de bala de goma y gases lacrimógenos. Desde el sindicato, se llamó a un cese del accionar represivo y se exigió que los trabajadores de prensa “puedan realizar su tarea periodística en paz, sin agresiones ni impedimentos”.

“Hay una agresión marcada a los reporteros y reporteras gráficos y a los periodistas en general. Los gases que están utilizando son más fuertes y te inhabilitan para seguir trabajando, dejas de ver -afirmó Mariana Nedelcu, reportera gráfica-. En este contexto, el periodismo gráfico tiene un rol fundamental: tenemos la responsabilidad social de documentar las atrocidades que se están cometiendo”.

Rodrigo Ruiz es reportero gráfico para Revista Cítrica, un medio gráfico cooperativo. En diálogo con ANCCOM relató cómo fue el accionar represivo de las fuerzas de seguridad el jueves pasado, cuando aún en el Congreso se debatía la Ley Ómnibus. “En un momento sorpresivo, la policía motorizada enciende los motores de sus vehículos y dispara. Sentí un impacto en la pierna izquierda. Levanté la mirada y alrededor mío solo había colegas, fácilmente identificables, que hacían su trabajo”, afirmó. En su pierna quedó incrustado un perdigón.

Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, otra víctima de la represión policial durante la tarde del jueves, también brindó su testimonio: “A eso de las 19:30 llegaron unos camiones de gendarmería con muchos efectivos, que comenzaron a avanzar sobre los manifestantes que estaban en la Plaza del Congreso y en la Avenida Rivadavia. El gas que tiraron me impactó directamente en la cara y quedé enceguecido. Me costó recuperarme. Cuando lo logré, vi que las motos de la policía pasaban y disparaban sobre la gente”.

En relación a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y del vocero presidencial Manuel Adorni, Luna afirma que es otra forma de violencia por parte de las instituciones. Bullrich había afirmado que los trabajadores no se encontraban debidamente identificados mientras que, por su parte, Adorni subió memes en sus redes sociales que aluden a la pregunta que le realizó un periodista respecto del accionar represivo de las fuerzas de seguridad hacia los trabajadores de prensa.

“Los gases que tiraron mientras hacíamos la cobertura nos dejaron quemaduras, que duraron por horas. Eso nos saca del juego y nos imposibilita seguir con nuestro trabajo. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión, la sociedad tiene derecho a informarse. Vamos a seguir reunidos, no van a callarnos”, afirmó Leandro Teysseire, reportero gráfico de Página/12 y editor de ANCCOM, quien fue reprimido durante el debate de la Ley Ómnibus.

Desde SipreBA, afirman que la libertad de prensa es “un pilar fundamental de la democracia que debe ser defendido, garantizado y respetado por todos los poderes del Estado y por todos los sectores políticos y económicos que forman parte de nuestra sociedad”.

Mientras cae el sol pasando el mediodía, siguen los reclamos de los reporteros gráficos y una pareja de jubilados se sienta en uno de los bancos de la plaza: venden pañuelos celestes. Los pañuelos llevan impresa una consigna: “la patria no se vende”. Detrás, las vallas que resguardan al Congreso fueron intervenidas: “Traidores, la casta no anda en tren y bondi. No a la Ley Ómnibus”.

En la primera marcha contra el ajustazo hubo un desfile policial

En la primera marcha contra el ajustazo hubo un desfile policial

Cuando se cumplieron 22 años del estallido social de 2001, se realizó la primera marcha opositora al gobierno de Javier Milei. Hubo una sobreactuación de la Policía y la Gendarmería: centenares de uniformados custodiaron la movilización de la izquierda a Plaza de Mayo. Se cortó la calle pero no hubo disturbios y no se efectivizó el protocolo Bullrich.

Son las tres de la tarde en el microcentro porteño. Los rayos del sol se reflejan sobre los cascos de los más de 200 efectivos de la Policía de la Ciudad que, apostados sobre la esquina oriental de Diagonal Norte y Esmeralda, observan cómo un centenar de militantes del MST cantan contra el presidente Javier Milei. Es 20 de diciembre y se cumplen 22 años del estallido social ocasionado por la peor crisis de la historia argentina.

Desde aquella jornada que culminó con la renuncia de Fernando De la Rúa, anualmente movimientos de izquierda y organismos de derechos humanos han marchado a la Plaza de Mayo para recordar a los más de 39 asesinados por las fuerzas represivas del Estado.  

La convocatoria de este año se dio en la antesala de la presentación de un DNU que apunta  a desregular la economía, desarrollar una reforma laboral anti obrera y privilegiar los intereses del poder económico. 

Es por eso que ahora los manifestantes cantan contra los negociados y las políticas que oprimen a las clases populares. Tal vez no lo sepan, pero están formados junto a la escultura de Lisandro de la Torre, aquel diputado al que intentaron asesinar por denunciar que la oligarquía argentina había hecho un pacto con el Reino Unido para enriquecerse a costa de la soberanía nacional. De alguna manera, pasado y presente se unen esta tarde para recordar que el patriotismo es una amenaza para los negociados de los grupos concentrados de la economía. 

Cerca de 100 efectivos de la Policía Federal arman un corral que impide que los participantes de la manifestación se muevan del único carril que ocupan. 

  • Yo soy del área audiovisual. Sabemos que se va a intervenir el INCAA — expresa una mujer de unos 50 años mientras sostiene una bandera en la que se lee “Evitemos el apagón cultural” —. Nos acusan de corruptos, de hacer películas que no ve nadie. Por eso marchamos, para que la cultura no se transforme en una mercancía. 

Mientras habla, observa cómo el personal de Infantería que estaba sobre su flanco derecho ahora toma los escudos, pasa por delante de ella y reemplaza a la pared humana que impedía el avance hacia la calle.

  • Este despliegue le cuesta al país todo lo que de alguna manera se le está sacando en materia de subsidios. Este hombre dice que no tiene plata, pero sí la tiene para esto — advierte el trotskista Jorge Altamira, sin miedo de que lo escuchen los policías parados a menos de un metro de distancia —. Es un papelón, es una escena que cuando salga en la televisión internacional, van a decir que Argentina entró en la vergüenza. 

Desde las otras veredas, los vecinos del barrio observan a las personas marchar como si fuera un fenómeno incomprensible. Es una mirada similar a la que tenían los porteños en 1945 cuando desde sus balcones veían a decenas de obreros conurbanos caminar las mismas calles y mojar los pies en las fuentes que aún permanecen frente a Casa Rosada. Observan desde lejos, como quien queda absorto por una bestia a la que desea conocer, pero bajo ciertas medidas precautorias.

Para los extranjeros también es un espectáculo. Pasan en los colectivos turísticos y sacan fotos de los carteles del Partido Obrero. Los que van a pie sacan su celular, graban, se ríen en idiomas indescifrables y vuelven a grabar. 

A las cuatro y cuarto, Infantería permite que se ocupe la avenida. De a poco, la masa avanza hacia Plaza de Mayo mientras canta “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”.  

La manifestación se mueve bajo la mirada de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien permanece parada en el cordón de la vereda con los brazos cruzados

  • Hoy hubo episodios que fueron irregulares, probablemente ilegales, tendrá que decidirlo la Justicia — denuncia — Está claro que el protocolo es inaplicable, que la Ciudad de Buenos Aires no lo hizo suyo, porque hoy emitió un comunicado recordando los puntos de concentración y estabilizando a los desorganizadores. 

Al llegar a la Catedral, los manifestantes optan por no pasar la Pirámide de Mayo y pararse sobre Bolívar, frente al Cabildo. La Policía Federal arma una nueva hilera, esta vez desde la entrada al subterráneo, en la esquina de Hipólito Irigoyen, hasta la mitad de la Plaza. 

De repente, el ruido de los bombos y redoblantes es interrumpido por el de las sirenas. Diez segundos más tarde aparece una unidad de Gendarmería que es escoltada por otra, junto a un camión hidrante. Luego de abrirse paso entre la gente que ocupaba la calle, estacionan a metros de la sede central de la AFIP. Bajan con cascos, escudos, rodilleras y coderas. Son como una especie de robocops verdes que cobran en pesos y que ahora se paran detrás de la fuerza porteña para armar un doble cordón. 

Otro camión aparece, pero no lleva armas, sino parlantes y micrófonos. Al llegar a Rivadavia y Bolívar las puertas laterales del acoplado se abren y se suben algunos oradores. Gritan contra el ajuste, la represión y el ataque al sistema democrático; recuerdan que algunos de los responsables de la barbarie del 2001, como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, el 10 de diciembre volvieron a ser gobierno. Luego llaman a mantener la lucha y a trabajar para evitar que la especulación financiera termine de aplastar a una clase popular ya herida de muerte. 

Mientras todo esto sucedía, Javier Milei se hizo filmar en el Departamento Central de Policía monitoreando a través de  una pantalla gigante todo el operativo, como si estuviera al frente de un ejército en guerra, ladeado por su ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su ministra de Capital Humano Sandra Petovello. En su línea se veía a sus tiktokers Iñaki Gutiérrez y Emilia Rolón filmando la escena con sus celulares.

Cuando llegan las seis de la tarde, las columnas se alejan por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio. Es el mismo camino que 22 años atrás realizaron miles de argentinos para pedir ante el Congreso y la Casa Rosada que se vayan todos los políticos, mientras las balas de goma llenaban el asfalto de sangre. 

Hoy el pedido es otro: que por primera vez paguen los platos rotos quienes empobrecieron el país y no los que día a día se enfrentan a la posibilidad de ir a dormir sin comer. 

A las nueve de la noche ya no hay militantes en el microcentro. Con la tranquilidad de tener la Plaza despejada, el presidente Javier Milei inicia una cadena nacional desde Casa Rosada, escoltado por su gabinete. 

Está sentado detrás de una mesa, en la cual solo hay un vaso, un estuche para lentes y las tres hojas en las que se resume la transformación del Estado. Se derogan 300 leyes, pero elige poner el foco en 30, entre las cuales se destaca la Ley de Alquileres. 

La respuesta no tardó en llegar. Al igual que aquella noche de diciembre del 2001, pocos minutos después del anuncio,  el ruido de cacerolas volvió a sonar en la Ciudad de Buenos Aires no solo como protesta, sino también como recuerdo de que los métodos de lucha utilizados durante el estallido siguen presentes en la memoria popular.