«Sobreviví, pero siempre queda algo»

«Sobreviví, pero siempre queda algo»

Sara Laura Abadi tenía 23 años y estudiaba Medicina cuando fue secuestrada y torturada en noviembre de 1977, durante la última dictadura cívico-militar. Este martes, con 71 años, esta pediatra declaró en la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II sobre las torturas y abusos que padeció. También testimonió la hija del exconcejal radical Enrique Merino que estuvo secuestrado en la comisaría de Moreno.

“Diariamente yo sufrí torturas en todo el cuerpo y cuando no, escuchaba los gritos del resto. En ese lugar se sentía la angustia de las personas diseminadas en varias salas”, relató como parte del duro testimonio la sobreviviente Sara Laura Abadi. En una nueva audiencia  por la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad ejecutados en la Mansión Seré IV y el circuito represivo RIBA solo expusieron una sobreviviente y una testigo. Por estar abocado el tribunal también a la causa Campo de Mayo, la vigésimo sexta audiencia fue corta y concisa en comparación con otras previas de varias horas de duración y con al menos cuatro declaraciones.

“Yo fui víctima de la última dictadura militar, estuve en cautiverio en Mansión Seré”, fue lo que respondió Abadi a Manuel Castro, defensor de los represores acusados, exintegrantes de la Fuerza Aérea, José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch. El doloroso testimonio de la sobreviviente estuvo signado por la narración de las torturas y violaciones físicas y psicológicas contra su persona, y por las secuelas posteriores que ella y su familia debieron afrontar. “Yo sobreviví. Pero siempre queda algo, nunca se olvida. La terapia ayuda, pero se mantiene el sufrimiento, y también el vivir sin poder decir muchas cosas. Aunque tuve una vida bastante íntegra y cumplí parte de mis objetivos de juventud, mi vida quedó atravesada”, relató Abadi, que actualmente tiene 71 años y es pediatra. Al momento del secuestro estudiaba Medicina, y declaró que los hechos vividos le hacen atravesar muchas prácticas de la profesión con dificultad y dolor, como la denuncia de abusos a las infancias.

“Nunca asumí que finalmente me habían dejado libre, en los días posteriores a la liberación solo pensaba en que me iban a recapturar. Era muy difícil vivir en Buenos Aires con ese miedo”, relató la testigo y ahondó en las dificultades del exilio de un año que se vio obligada a transitar en Brasil. “En la familia, mi secuestro impactó muchísimo. Mi padre, Jacobo Abadi, nunca lo pudo superar y hasta el día de su muerte estuvo pendiente del teléfono y los llamados. Con mi madre, Marta de Abadi, pudimos ir conversando los sucesos, al igual que con mi hijo, que cuando fue más grande logré abrirme y contarle algunos temas, para que sepa sobre la vida de su madre”, detalló.

En la madrugada del 23 de noviembre de 1977, en la casa que vivía con sus padres en Capital Federal, “golpearon a la puerta, se escucharon gritos y golpes, y en el domicilio entraron varias personas de civil con armas importantes. Yo dormía con mi hermana en una habitación, a la que entraron con mucha violencia. Me dijeron que me tenían que llevar, que me vistiera. Me sacaron de la casa con una venda y esposas. Luego me enteré que mis dos hermanos, Samuel Eduardo y Maria Victoria, y mis padres fueron encerrados en el baño. Nosotros somos judíos y en la casa había algunos elementos relacionados a la religión que destrozaron. A mí me tiraron en la parte de atrás de un auto y me aplastaron. Comenzó una recorrida en la que evidentemente iban buscando a más personas, siempre con mucha agresividad y gritos, cuando no encontraban a alguien se volvían locos”, relató Abadi.

“Llegamos a un último lugar que fue donde permanecí durante mi cautiverio. Bajamos del auto, era un lugar silencioso y tranquilo, parecía muy lejano a la ciudad. Subimos escaleras, atravesamos pasillos y en una sala me hicieron un interrogatorio inicial diciendo que tenía que colaborar con ellos. Luego, me piden que me desnude y me pasaron a otra habitación, en la que volvieron a interrogarme y maltratar. Me pusieron en una situación de indefensión, hay en ese momento una situación de abuso con lo que yo creo fue un objeto o cachiporra mientras me interrogaban. Hacían siempre alusión a mi condición de judía”, relató Abadi y la fiscalía en representación de Félix Crous, junto a la jueza Claudia Morgese Martín, ofrecieron a la sobreviviente iniciar una investigación respecto al hecho.

“Luego de la primera sesión de tortura y en un lugar donde había más personas cautivas, apareció un cura que, haciendo alusiones a Dios, nos dijo que debíamos colaborar y ayudar, que básicamente era decirles todo lo que supiéramos, que no tomáramos agua (para sobrevivir a la electricidad de la picana)”, relató la sobreviviente. “En los dias subsiguientes sufrí nuevamente tortura con picana eléctrica, maltrato y golpes –continuó–. Todo era con violencia y a los gritos, pidiendo información, amenazando. Hubo simulacros de muerte con pistolas en la sien diciéndonos ‘o declarás o morís’. Hasta que en la última semana disminuyó la tortura y hacia mitad de diciembre me liberaron. También a una chica más joven con la que había compartido la sala de cautiverio en planta baja”, recordó con angustia la sobreviviente.

Con el tiempo pudo conocer el motivo de su secuestro. “Figuraba mi nombre en la libreta de un muchacho que vivía en Liniers, Jorge “El Tano” Infantino, a quien habían secuestrado antes. A Jorge lo vi en la mansión, incluso en algún momento sirvió la comida que se repartía en ollas grandes”. Allí también reconoció a Gustavo Mensi, a quien conocía de su militancia secundaria, la cual ya no mantenía al momento del golpe de Estado: “No tenía conexión política ni contactos, aunque ellos me pedían nombres”.

La otra declaración de esta audiencia, fue la de Miriam Beatriz Merino, citada como testigo del secuestro en 1977 de su padre Enrique Merino. “Hace mucho tiempo de estos hechos y siempre he tratado de olvidar, ahora tampoco quiero recordar. A su vez, poco nos contaban en esa época y a mí no me interesaba demasiado”, se excusó la testigo en reiteradas oportunidades por no poder precisar preguntas del fiscal general de la causa, Crous.

Luego de un mes de secuestro Merino fue liberado. “Él estaba asustado pero mi mamá estaba contenta de que hubiera vuelto y de que no estuviera lastimado –prosiguió la testigo–. Durante su desaparición mi mamá se había enterado que estaba detenido en la comisaría de Moreno y le llevaba comida, pero no la dejaron verlo. Cuando regresó, nos contó que le habían dado las comidas. Nos relató, además, que eran varios los presos políticos aunque él había estado solo, en un cuartito oscuro y sucio con olor a orín, y luego junto a otras personas”. Su padre era radical, dijo, “y había sido concejal porque le gustaba la política y el debate”.

Sobre el momento del secuestro relató que se dio durante el almuerzo y que a la casa “entraron militares armados que esposaron a mi padre y se lo llevaron luego de revolver la vivienda. Recuerdo muchos gritos, un show de militares que rodeaban la casa y estaban por todas partes”, explicó la testigo, que tenía entre 19 y 20 años en aquella época.

Con estas dos declaraciones finalizó una nueva audiencia de este juicio inciado el 27 de agosto de 2024. Próximo a cumplirse un año de desarrollo, aún continúa en etapa testimonial, dando lugar a declaraciones nunca antes escuchadas y otras que vuelven a ser requeridas por los procesos judiciales. La próxima audiencia de este juicio será el 5 de agosto a las 9 de la mañana.

Un frente contra la motosierra

Un frente contra la motosierra

Más de 150 sindicatos y organizaciones marcharon en el centro porteño hacia el Ministerio de Desregulación, en lo que fue el debut del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. El mensaje es claro: unidad, organización y resistencia.

Estado afuera: la actual administración de gobierno, a cargo de Javier Milei, inició una total desregulación de la administración nacional. Una de las herramientas usadas es la denominada motosierra que se aplica desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Hasta ese edificio pretendían llegar más de 150 organizaciones gremiales y sociales. Sin embargo, un fuerte cordón policial les impidió el paso y leyeron en la esquina el documento que tenían preparado, rechazando las desregulaciones y los fuertes ajustes que están haciendo en todos los sectores.

Antes del mediodía habían comenzado a llegar centenares de sindicatos, y miles de trabajadores estatales y agrupaciones sociales a Carlos Pellegrini y Sarmiento. Las columnas superaron a la policía. Se extendieron por Pellegrini desde Bartolomé Mitre hasta la diagonal, Av. Roque Sáenz Peña. Los cordones policiales trataban de contener en la plazoleta de 9 de julio para evitar también el corte de esta vía mano al norte. A medida que avanzaban las columnas hacia y sobre Sáenz Peña, ellos avanzaban también. No faltó el espectáculo de la policía motorizada acelerando cerca de los manifestantes.

El diputado y Secretario General de la CTA Hugo Yasky reflexionó: “Hoy es una jornada que muestra que hay una voluntad de lucha de los sindicatos que hoy estamos en este frente, convocados para defender el salario, para defender los derechos laborales, los convenios con los movimientos sociales, con los representantes y también de los jubilados. Creo que es un gran movimiento que viene a llenar un vacío. Hay que estar en la calle, hay que pelearla y acá estamos”.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, también se hizo presente en la movilización: “Es muy importante reclamar por la soberanía y defender los puestos de trabajo ya que Milei básicamente nos está barriendo los derechos”. Sobre la lectura política de la jornada, la diputada manifestó que “es un mensaje para los bloques que le votaron todo a Milei, empezando por el endeudamiento con el Fondo Monetario”. Y para cerrar indicó que “hay que ganar las elecciones: si no lo traducimos en las urnas va a ser muy difícil”.

A su vez, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y la CTA de la provincia de Buenos Aires remarcó que “esta es una marcha multitudinaria porque nos están asfixiando como a las provincias y a los gobernadores, asfixian la salud, la educación, los salarios. La política le tiene que poner voz al reclamo popular, nosotros no vamos a dejar la calle hasta ocasionarles la derrota”, remarcó el dirigente.

 

Todas las voces

La situación es crítica en muchos sectores. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que intenta resistir el desguace. Verónica Mautone, de la agencia de San Vicente de INTA, explicó: “Queremos defender nuestros puestos de trabajo. Decidieron cerrar la sede experimental de AMBA donde nosotros trabajamos desde la agencia de San Vicente y de nueve agencias más. Esto implica que quedamos en disponibilidad más de 130 trabajadores. Además estamos en contra del decreto que quiere sacar el presidente que afecta a la autarquía, la gobernanza y los centros regionales de todo el INTA”. Luego agregó: “Es importante que nos unamos independientemente de que sindicato, organización o movimiento social que seamos, porque todos defendemos lo mismo y para eso hay que estar unidos”.

También estuvieron presentes los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que vienen denunciando las malas condiciones de trabajo. Gonzalo Sans Cerbino, secretario adjunto de ATE-CONICET Capital, contó que el organismo “perdió en el último año y medio más de 1.500 trabajadores”. Sanz Cerbino agregó: “Están generando condiciones imposibles de soportar, a la cabeza la reducción del salario. Nosotros perdimos un tercio del poder adquisitivo, por eso hoy nos estamos movilizando junto al conjunto de estatales y muchos otros gremios. Necesitamos parar el desguace del Estado, necesitamos recomposición salarial y organismos de ciencia y tecnología”.

Además, el secretario del CONICET destacó que “el gobierno tiene en la picota al conjunto de los organismos científicos tecnológicos, que están amenazados de intervención o de desguace”. Sanz Cerbino, además del INTA y el INTI, remarcó que el Instituto Nacional de Agua también fue descabezado. Sobre estas acciones consideró que “prefiguran una profundización del ajuste que va a depender de los trabajadores, de la lucha que podamos dar y la fuerza que mostremos en la calle”.

Por su parte, desde Vialidad Nacional también denuncian un desfinanciamiento. “Tenemos el salario congelado desde diciembre de 2023, estamos sin presupuesto, no tenemos financiación ni obras públicas, es una situación devastadora” contó el delegado Ariel Saqui. Además, recordó que el presidente dijo que si aumentaba un impuesto se cortaba un brazo y enfatizó: “La cabeza se tiene que cortar porque no aumentó un impuesto, aumentó todo”. Acerca de la manera de enfrentar el desguace Saqui consideró que “podemos tener diferencias pero tenemos que demostrar unidad”.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago también se hicieron presentes para denunciar el ajuste en el sector. Nahuel Puig, delegado del astillero, dijo que “nosotros también somos parte del achicamiento, de la falta de inversión y de trabajo”. Además señaló que “entendemos que la salida es colectiva, nuestro rubro está atravesado por un montón de otros compañeros trabajadores”.

Muchos más sindicatos estuvieron presentes y dieron sus testimonio acerca de cómo se vive bajo la motosierra del Estado.

Cierre de la jornada

Para cerrar la movilización, desde la central gremial dieron lectura a un documento donde destacan que “con un cinismo inédito, el primer mandatario manifiesta abiertamente su oposición a las decisiones colectivas del pueblo expresadas a través del Congreso de la Nación” y denuncian la situación actual. En sintonía con la jornada de protesta y unidad convocaron a todos los presentes a continuar la marcha hacia el Congreso en apoyo a la ya tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, el sector más castigado por el ajuste de Milei.

«Si la crueldad está de moda, no cuenten con nosotros»

«Si la crueldad está de moda, no cuenten con nosotros»

A pesar de que la derecha iba dividia, Leandro Santoro, que encabezaba Es Ahora Buenos Aires, quedó en segundo lugar a tres puntos de Manuel Adorni. Si bien será la primera minoría en la Legislatura, hubo decepción en el peronismo. 

Tras una hora y media después de que cierren los comicios en todas las escuelas de la capital argentina y que la incertidumbre reine en el polideportivo del Club Ferrocarril Oeste, lugar donde se ubicó el búnker de Es Ahora Buenos Aires, finalmente llegaron los primeros resultados: la lista liderada por Leandro Santoro se posicionó en el segundo lugar con el 27,35% de los votos, superado por el vocero presidencial , Manuel Adorni, quien logró el 30,13%. Para evitar especulaciones, el diputado rápidamente dispuso una conferencia en la zona de prensa donde no admitió preguntas de los periodistas que esperaban expectantes su testimonio y enfocó la atención en el decepcionante resultado del PRO que, comandado por Silvia Lospennato, se ubicó tercero luego de liderar los comicios en la ciudad durante dieciocho años: “Las urnas han hablado. En esta ciudad de Buenos Aires que tanto amamos, se ha cerrado un ciclo de abandono que permitió que, durante muchos años, queden insatisfechas las demandas históricas de los porteños y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños”.

Inmediatamente después, dedicó unas palabras de agradecimiento a su electorado y festejó que el peronismo haya aumentado su representación en la Legislatura, teniendo en el peso de sus competidores: “A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción es seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio del esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la Legislatura porteña, ganando dos nuevas bancas para nuestro espacio y al menos seis comunas”. Para finalizar el breve discurso, que se extendió durante poco menos de tres minutos, cerró con una reflexión por los sucesos que se dieron en la noche del sábado y la mañana del domingo, marcados por la constante agresión por parte del movimiento oficialista nacional: “Si la crueldad se puso de moda, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado en las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y a comprometernos políticamente”. Concluyó Santoro, quien se retiró sin realizar más declaraciones.

Pese a agradecerle a “la militancia”, ninguno de los candidatos habló en el escenario dispuesto frente a las cientos de personas que se congregaron en el predio del club de Caballito, lo que provocó la bronca de los votantes: “Levantaron todo, cortaron el audio y nadie dijo nada” aseguraba Mariano, una de las personas que, sin entender, la razón de semejante decisión, se retiraba en medio de gritos, reproches y desconcierto. Luego de unos minutos, con el ambiente más sereno y tomando dimensión del resultado, Alejandro “Pitu” Salvatierra, flamante legislador electo, militante comunitario y panelista del programa “Duro De Domar”, salió a la calle para agradecerles por la paciencia y haber aguantado el frío y, en diálogo con ANCCOM, realizó una valoración de los resultados y la escasa participación electoral -votó el 53,35% del padrón, la cifra más baja del siglo en la Capital Federal-: “Me parece que es un clima de época. La dirigencia política y la política en líneas generales está alejada de la necesidad de la gente, de lo que la gente realmente viene discutiendo y viviendo, entonces hay un desencanto que hay que volver a reconstruir. Una de las tareas que vengo a aportar al espacio político que pertenezco es esa, acercar a la política a la gente de a pie, a lo que está sufriendo el trabajador, los que viven en los barrios populares, los recicladores urbanos perseguidos, los que siempre son los últimos en la fila.

De origen “villero”, Salvatierra afirma tener bien en claro a quién va a representar a partir del 10 de diciembre, cuando, por primera vez, ocupe su banca como legislador porteño: “Vine a representar al sur de la capital. Al sur olvidado, dejado y abandonado, donde conviven el 80% de las villas porteñas, al sur donde tenemos los complejos habitacionales más grandes de la Ciudad de Buenos Aires. Eso lo convierte en el lugar más pobre del distrito. Por eso necesita un gobierno y un Estado presente, que lo incluya y que piense en el sur de una manera productiva para el desarrollo y como una extensión del conurbano bonaerense”. La declaración del “Pitu”, como lo llaman los militantes que le piden fotos y le agradecen por haber salido a saludar, cobra sentido al desglosar el resultado de la elección por comunas: Las seis comunas en las que lideró Es Ahora Buenos Aires pertenecen al centro y al sur de la ciudad.

En consonancia con el panelista de “Duro de Domar”, su compañera Mariana Gonzalez -cuarta candidata de la lista- sostiene la importancia de tener bien en claro su rol en la Legislatura: “Tenemos la expectativa de llevar la voz de los que menos tienen, de las personas que están en situación de calle. Lo venimos sosteniendo durante toda la campaña. Vamos a defender los derechos de los vendedores ambulantes, de los cartoneros, de los excluidos, de las personas que la están pasando mal en esta ciudad”. Además, reconoce que “la gente está descreída, todavía necesita más para confiar y creer que otra realidad es posible. Por eso hay que seguir militando más, pero militando en lo concreto, en los barrios”.

Sin lugar a dudas, el paso de las horas y la puesta en perspectiva de los resultados, logró transformar la bronca y decepción en esperanza y positivismo, que se materializó fuera del predio, sobre la avenida Avellaneda, donde decenas de jóvenes entonaron la Marcha Peronista y los cantitos tradicionales del movimiento, aunque en un tono que lejos estaba de la algarabía de quien se sabe ganador. Entre ellos, Mariano, quien fiscalizó en una escuela en el centro porteño, reconoció: “Se veía ver que La Libertad Avanza iba a comer el electorado del PRO. Creo que el gran perdedor obviamente es el PRO y Mauricio Macri. Para mí, el peronismo hizo una elección regular tirando a buena. Si bien las encuestas decían que el peronismo iba a ganar, siempre nos ha sido bastante difícil ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que desmenuzar un poco el resultado: ganamos dos bancas nuevas, el peronismo va a ser primera minoría y puede bloquearle ciertos proyectos al gobierno de Jorge Macri, que viene haciendo un desastre y esta elección lo comprobó”.

 

Kim y Abal Medina tuvieron más presencia mediática que votos

Por Pilar Pisano

El escenario político del peronismo se presentó fragmentado. El candidato Alejandro Kim por Principios y Valores, lista alineada con Guillermo Moreno, obtuvo un 2.03% mientras que  Juan Manuel Abal Medina logró un 0.51% por Justa, Libre y Soberana, sin restar significativamente los votos del partido encabezado por el candidato principal Leandro Santoro que quedó en segundo lugar en estas elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque si esos votos linealmente se sumaban, hubiera igualado al triunfador Manuel Adorni. 

Más allá de que los resultados de Alejandro Kim no le permitieron conseguir una banca dentro de la Legislatura porteña ni cumplir su objetivo de “ser la sorpresa” como indicaban desde el bunker de Parque Chacabuco, el candidato afirmó que “estuvimos a la altura de las circunstancias en esta elección” que considera que solo fue un entrenamiento para la discusión de octubre. “Empezamos a rediscutir la política actual trayendo la mística peronista. Seguiremos levantando orgullosamente las banderas del peronismo”, reflexionó.

Por su parte, Juan Manuel Abal Medina, desde su bunker en el barrio de Balvanera caracterizado por un ambiente tranquilo e íntimo, agradeció a los siete mil porteños que lo votaron. También analizó que “las principales fuerzas suspendieron las PASO y adelantaron las elecciones supuestamente para discutir los temas de la Ciudad y el resultado fue el piso de participación (53% del padrón), 17 listas y altísimos niveles de polarización”, responsabilizando en forma directa al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Por último, invitó al peronismo a debatir para lograr volver a convocar mayorías luego de analizar que esta fue una elección donde mantuvo sus porcentajes habituales pero con una caída en términos absolutos de la cantidad de votos.

Tanto Kim como Abal Medina afirmaron que sus objetivos de campaña están cumplidos. Mientras que el primero señaló que su principal meta era establecer su agenda política, Abal Medina se refirió a lo central de instalar la discusión y que, más allá de lo que ocurra en las urnas, estas elecciones son solo un puntapié inicial para un proceso de transformación más largo.

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Liberaron -bajo prisión domiciliaria- a la joven activista que estuvo detenida durante 50 días en una comisaría de Esquel por solidarizarse con la comunidad mapuche tehuelche de Chubut.

Victoria Núñez Fernandez estuvo más de 50 días detenida en la comisaría 1º de Esquel, en el marco de la causa armada por los incendios en la Patagonia, donde también otros defensores ambientales, rescatistas y brigadistas, fueron falsamente acusados. Al ser liberada fue recibida por los abrazos de sus compañeras de la Lof Pillan Mahuiza, que militan la campaña colectiva que pide su absolución “no es una libertad completa, sino que sigue criminalizada”. Esto es porque, si bien la justicia de Chubut considera que no existe riesgo de fuga, debe permanecer bajo arresto domiciliario hasta la próxima audiencia del 12 de mayo.

“Lo que se está criminalizando es la solidaridad de alguien que no es mapuche, pero se acerca a la comunidad y pone su vida al servicio de esa comunidad”, dice Lucía Cavallero, referente del colectivo #NiUnaMenos, al referirse a esta mujer de 37 años oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. “Me hace acordar a Santiago Maldonado, a esas personas que deciden dedicar su vida al trabajo político de crear alianzas y unidad”, agrega. Todo indica que tuvo algún efecto positivo la conferencia de prensa que exigió la libertad Victoria, con la consigna “la solidaridad no es delito”. Allí se hizo presente un amplio abanico de organizaciones y personalidades: estuvieron Moira Millán, weichafe del lof Pillán Mawiza, Nina Brugo, de la Campaña por el Aborto Legal y de la CTA; María Elena Nadeo de la APDH; y las diputadas Mónica Macha (Unión por la Patria), Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Mercedes Trimarchi y Celeste Fierro (FIT-Unidad). También estuvo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y activistas de distintos espacios como la Asamblea Antifascista LGBT y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). 

Vic, como es conocida en la comunidad, fue detenida el 11 de febrero de 2025, cuando el juez federal penal de ejecución de Esquel, Criado, ordenó 12 allanamientos simultáneos en comunidades mapuche tehuelche de Chubut en un contexto de incendios forestales que se presumen intencionales, que gobiernos provinciales y nacional han usado para criminalizar al pueblo mapuche tehuelche acusándoles de ser responsables de estos. Victoria fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”. Se había dispuesto la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y que la medida se cumpla en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, salvo que la defensa pública requiriera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.

La audiencia del 7 de abril fue ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala de la prensa a las organizaciones y personas autoconvocadas. Gracias a la geolocalización de su camioneta, la defensa de Victoria, a cargo de Valeria Ponce, probó que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario por su presunta participación en el incendio de maquinaria y camiones de la estancia ubicada sobre la Ruta 71 en jurisdicción de Trevelin. Fundaron su pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ponce se opuso y el juez concluyó que no hay elementos que acrediten el riesgo de fuga. Para el juez, sólo existiría riesgo de entorpecimiento procesal y para cautelarlo dice que es suficiente con que la imputada no salga de la ciudad de Esquel, salvo expresa autorización judicial, ni regresar al lof Pillan Mahuiza. 

Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”. Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció “un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista”.

Vía redes sociales (Instagram) Moira Millán compartió que “es urgente y necesario pronunciarnos desde todo espacio, organización o movimiento que defiende los derechos, para que todes sepan, no solo que es inocente de los cargos que se le imputan, sino que está siendo víctima de un montaje mediático y causa armada para criminalizar la solidaridad al pueblo Mapuche Tehuelche y la defensa de la vida en la Patagonia”. Durante la conferencia de prensa se mostraron ejemplos de cómo ciertos medios tradicionales hicieron un montaje mediático en donde tratan a las comunidades mapuches de falsas, se los nombra como intrusos y/o terroristas.

Victoria es una persona disidente que en el año 2020 llegó al Lof Pillañ Mawiza, ubicada en Corcovado, Chubut, para participar de un encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tras esa experiencia tomó la decisión de quedarse y el lof decidió adoptarla como un integrante más.

No es seguridad, es punitivismo

No es seguridad, es punitivismo

Resistencia al punitivismo disfrazado de seguridad: ¿Qué está pasando en los servicios penitenciarios federales tras las resolución de Patricia Bullrich?

En el Centro Universitario de Devoto estudian alrededor de 300 personas. Foto: Archivo TELAM, 2023. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich prohibió mediante la resolución 372/2025 la existencia de centros de estudiantes dentro de unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. La disposición también impide la permanencia de personas privadas de su libertad en espacios de estudio fuera del horario de clases.

El argumento por parte de la ministra indica que estas actividades impiden el buen funcionamiento del sistema carcelario, irrumpen en la seguridad del servicio penitenciario y obstruyen la realización de trabajos de limpieza no remunerados por parte de los estudiantes privados de su libertad. Esta resolución marca un giro en las políticas de reinserción social al restringir espacios de organización y participación educativa en contextos de encierro.

En este sentido, Yrene, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, cuenta su experiencia sobre la contención que significa estudiar en contextos de encierro: “Yo creo que nosotros nos insertamos adentro, no afuera. Adentro nosotros hacemos grupo de estudio, nos empoderamos, cuidamos el lugar. Nosotros nos insertamos ahí, porque las herramientas poderosas son los estudios, la educación. La herramienta más poderosa es el programa UBA XXII, que pensó en todes. Desde ahí nos articulamos, desde ahí nos paramos.” La estudiante comenzó la carrera de Sociología en contexto de encierro. Cuando salió en libertad, comenzó la carrera de Trabajo Social. El caso de Yrene ilustra con claridad como el acceso a la educación en contextos de encierro puede ser una herramienta fundamental para lograr la reinserción social.

También recuerda lo difícil de la reinserción cuando se recupera la libertad y se llega a un sistema totalmente desconocido: “Es como que te entran a un callejón en oscuridad y vos tratas de, a lo ciego, ver, encontrar la salida. Imagínate, tenés que insertarte en un sistema de nuevo. Uno está vulnerable, no sabe si preguntar, si te están mirando, si tenés acá el letrero de la detención, y que te miren a tus compañeros. Es como que te haces una idea fantasma dentro de vos”.

Sobre la medida plateada por Bullrich, Yrene analizó: “lo que ella quiere es individualizarnos para cortar, romper el poder que tenemos nosotros de empoderarnos con los estudios, y de agruparnos. Tiene miedo de que nosotros tengamos más conocimiento intelectual de organización, porque no nos estamos organizando por algo negativo, nos estamos organizando por algo positivo, para formarnos como futuros profesionales”.

Pablo, estudiante en contexto de encierro del Centro Universitario de Ezeiza, indica que esta situación ha pegado muy fuerte en la comunidad de estudiantes privados de su libertad, ya que se traduce en prohibiciones al acceso a la educación, falta de garantías constitucionales y restricción de lo establecido en los objetivos de la ejecución de una pena impuesta: “Nos preocupa porque el daño es actual y se traduce a un daño futuro. Las personas privadas de su libertad que pasan por los centros de estudiantes prácticamente no reinciden, cambian sus vidas y maneras de pensar, ven en el estudio una oportunidad para nunca más un robo, nunca más un asesinato en ocasión de robo, nunca más comercialización de estupefacientes y otros delitos que se dan dentro del marco de las necesidades económicas de los sujetos y de los grupos sociales de bajos recursos y sin oportunidades laborales. Nos preocupa el gran daño que está ocasionando a toda la sociedad. No son solo discursos y acciones irresponsables para un público determinado que no entiende las consecuencias que traerá esta medida. Lo decimos por la sociedad en general y también por nosotros y nuestras familias que son trabajadoras y nuestros hijos, expuestos a que alguien los mate por robarle un celular”.

Lucas Belfiore, profesor de Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Devoto apunta sobre la importancia de los centros de estudiantes en contexto de encierro: “Lo que ocurre es que no hay trabajadores de la UBA que se encarguen de la parte administrativa en las carreras en contexto de encierro. Tampoco el servicio penitenciario lo realiza. Quienes se encargan son justamente los centros de estudiantes de cumplir con esas funciones. Por eso es que la resolución es tan dañina. El centro de estudiantes tiene una función diferente a la que tiene afuera. Afuera te orientarían como estudiante. Adentro, se encargan de gestionar todo lo que ocurra: el uso de los espacios, que puedan ingresar los docentes con las autorizaciones adecuadas, crear las listas de personas para que bajen”.

Todas estas tareas que ahora son realizadas por el centro de estudiantes pasarían a estar en manos del Servicio Penitenciario Federal. Lucas indica que sería como vaciarlo, ya que las actividades serían realizadas por personas que no saben cómo hacerlo correctamente, no tienen el personal suficiente ni la vocación para llevarlo a cabo. “Nosotros nos comprometimos a dar clases en un espacio seguro, donde supuestamente la policía no puede entrar. Eso para mí es importante a la hora de decidir donde dar clase”, expresó el docente.

La medida afecta las cárceles del Servicio Penitenciario federal, que son 15 establecimientos a lo largo de todo el país, los cuales no todos tienen centros de estudiantes. Entre los que sí contienen se encuentran la Unidad 2 de Devoto, la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 32 de Florencio Varela y la Unidad 19 de Ezeiza.

En respuesta a la resolución presentada por la Ministra de Seguridad, el magistrado Mariano Iturralde hizo lugar de manera parcial a un recurso de habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en oposición a la medida. Se dispuso que las personas privadas de su libertad que cursan sus estudios en el Servicio Penitenciario Federal “deberán ser habilitadas a permanecer en dichos centros educativos, durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”.

Esta disposición por parte de la justicia pone freno y límite en el avance contra los derechos humanos y las políticas de inclusión. Igualmente, se sigue vulnerando el derecho a la organización, la educación y la participación política de las personas privadas de su libertad. El desguace y el desmantelamiento de uno de los pocos espacios que promueven la reinserción social en las cárceles es realmente preocupante.

La situación en el CUE es compleja. Pablo afirma que es aún más grave de lo visibilizado. “Muchos de los estudiantes en horarios que no cursan realizaban actividades laborales de producción, mantenimiento y mayordomía, todo por un salario de $70.000 mensuales con aportes jubilatorios. La semana pasada se echaron a más de 600 trabajadores en la cárcel de Ezeiza y el Ministerio pretende que los mismos continúen trabajando gratis, la mayoría utilizaba el dinero para costear el viaje mensual a visitarlo de sus familias, otros le trasferían ese dinero para ayudar a sus familias de bajos recursos, otros compraban comida.”

Además de la falta de derechos laborales, las trabas para estudiar y las políticas en detrimento de los derechos humanos, Pablo indica que la situación dentro de la cárcel es muchísimo más compleja de lo que se expone: corrupción y violencia institucional, falta de elementos de higiene, poca atención médica, alimentación escasa, ropa y abrigos insuficientes. “No se entregan más frazadas ni sábanas, ni ningún tipo de ropa, se redujo la provisión de comida a la mitad, basada en arroz blanco, polenta, fideos y en algunos casos una vez por día. Hay un solo médico para 2000 personas privadas de su libertad, los odontólogos no atienden por falta de insumos, los traslados a hospitales extramuros programados se suspenden por falta de combustible. Ha aumentado la mortalidad por falta de atención médica, sobre todo en el caso de adultos mayores. La violencia institucional tambien ha aumentado, dado los bajos salarios y el descontento del personal del Servicio Penitenciario Federal, lo que además generó un aumento de la corrupción”.

También peligran las propuestas de enseñanza: el taller de Diseño Gráfico que dicta Lucas es extracurricular y, como docente, expresó su preocupación por la posible desaparición del espacio: “Estos son los que están corriendo mayor riesgo de cierre porque es lo primero que atacan, los talleres. Son en este momento 1.600 personas en Devoto, de las cuales las que participarán en el centro universitario serán unas 300, diría. Nosotros arrancamos el cuatrimestre hace tres semanas y durante todo ese tiempo tuvimos entre 15 y 20 estudiantes. El día jueves de esta semana, habían venido tres.” El docente cuenta cómo los estudiantes viven la situación desde dentro. Menciona el concepto de ruidazo, que es la manera en que los presos deciden llamar a sus manifestaciones dentro de la cárcel. “Se lo vendió como un motín pero en realidad ellos siempre me dijeron que eso es un ruidazo, una batucada. No es un motín, es una protesta que yo considero que es legítima”.

La resolución 372/2025 no solo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino también un intento deliberado por desarticular espacios de organización dentro de las cárceles. La educación en contextos de encierro ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para la reducción de la reincidencia.

Ayudamos a soñar con una mejor vida, una segunda oportunidad, la posibilidad de poder obtener un título universitario y ser seguramente el primero en la familia, recuperar proyectos de vida, tener esperanza, y saber que cuando uno se esfuerza tiene resultados, todo ello teniendo en cuenta que la mayoría de les estudiantes privados de la libertad provienen de hogares muy humildes, donde la palabra ‘oportunidad’ brilla por su ausencia”, concluye Pablo.

Detrás de cada testimonio, como el de Yrene, Pablo o Lucas, hay una red que lucha por mantener viva la dignidad en medio del encierro. El desmantelamiento de estos espacios vulnera derechos, profundiza la exclusión social de quienes ya han sido marginados por el sistema y responde a una lógica punitivista disfrazada de seguridad. Atacar a los centros de estudiantes es atacar la posibilidad de transformar la cárcel en un lugar de reinserción y no solo de castigo.