La Policía de la Ciudad desalojó a Alfredo Cuéllar y su familia Cuéllar. Llevaba décadas viviendo en una casa de la calle Raulet, en Parque Patricios. Pero los negocios inmobiliarios fueron más fuertes.

El pasado lunes 27 de octubre, la Policía de la Ciudad desalojó a la familia Cuéllar y a sus vecinos en Raulet 62/64/66, en Parque Patricios. Aunque la orden judicial estaba fechada para el martes 28, el operativo se adelantó, sorprendiendo a las familias y a las organizaciones sociales que preparaban una vigilia para resistir el desalojo.

Alfredo Cuéllar, padre de Florencia “La China” Cuéllar –fallecida en 2012 en una cárcel federal– se ha convertido desde entonces en un referente en la lucha por los derechos de las mujeres en las cárceles.

Desde hace más de 40 años, la familia Cuéllar habita una de las casas de la calle Raulet. Allí también viven otras familias, vecinas de toda la vida, que fueron desalojadas por orden judicial. El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y se desarrolló en medio de denuncias por violencia y represión.

El procedimiento, que incluyó un despliegue de “más de 70 efectivos, bastonazos y escudazos”, según relató a ANCCOM Alfredo Cuéllar, culminó con un detenido y la violación de los derechos de niños y niñas, sus nietos, que vivían en el inmueble. “El día 27, a las cuatro de la tarde, yo tenía cien policías en la cuadra. A las seis ya habían vallado todo y bajaron como setenta efectivos de un colectivo, con una brutalidad tremenda, y nos metieron adentro de mi casa a los empujones”, narró.

El inmueble se encuentra dentro del Distrito Tecnológico, una zona impulsada por el Gobierno de la Ciudad desde 2008, que ofrece beneficios impositivos a empresas del sector para promover la radicación de oficinas y startups. Sin embargo, su expansión ha generado un proceso de gentrificación debido al aumento del valor del suelo y la presión inmobiliaria sobre los inquilinos y ocupantes históricos.

Cuéllar contó que alquiló la vivienda en 1984, cuando aún vivía la propietaria original. Tras su fallecimiento, aparecieron distintos intermediarios vinculados con “el infame Francisco Ríos Seoane” (fallecido expresidente del club Deportivo Español) quienes, según denunció, intentaron apropiarse del inmueble. “Empezaron a trabajar de manera impune, bajo la sombra y con amenazas. Yo era un pibe, tendría 20 años, y no entendía nada, pero sabía que ese lugar no les correspondía”, recordó. 

Cuéllar sostuvo que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades. Según su testimonio, la actual propietaria, Úrsula Busset, “es la hija de una abogada que antes se presentó como representante de supuestos dueños del inmueble y luego se convirtió en titular del mismo”. Y denunció que “me terminó sacando de manera irregular porque hay un poder económico muy fuerte detrás. Busset es abogada de Karina Milei y asesora de Diana Mondino”.

La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado en lo Civil 35 a cargo de Ramiro Güiraldes, quien aceptó el título de propiedad de Busset, adquirido hace siete años, por sobre los derechos de las familias que llevan cuatro décadas viviendo allí.

Otra de las vecinas desalojadas, Roxana Salem, explicó: “A nosotros nos sacaron siendo propietarios, por una deuda hipotecaria que dejó mi papá, que era impagable, pese a que vivían tres discapacitados nos remataron igual”,

Las familias aseguraron que nunca fueron notificadas adecuadamente del proceso judicial ni se les ofrecieron alternativas de vivienda dignas. Ante la inminencia del operativo, durante el día anterior se organizó una vigilia vecinal para resistir el desalojo y exigir que las autoridades garanticen un lugar donde reubicarlos.

La vigilia y el operativo

Durante el día previo al desalojo, las familias que habitaban Raulet 62, 64 y 66 montaron una vigilia frente a las casas. Vecinos, organizaciones barriales y referentes de derechos humanos acompañaron la espera, sin saber con certeza a qué hora llegaría la policía, pero decididos a permanecer en el lugar.

Finalmente, la irrupción se adelantó a la hora pautada y llegó sobre la tarde del mismo lunes 27, cuando efectivos de la Policía Federal rodearon la cuadra para ejecutar el desalojo en un importante despliegue que valló la cuadra y bloqueó los accesos. Las fuerzas avanzaron para desalojar a las familias, entre gritos y empujones, y se llevaron a una persona detenida. Otras mostraron ante las pocas cámaras que había en el lugar los golpes y heridas recibidas.

“No fue un desalojo normal”, explicó Cuéllar. “Vinieron directamente a limpiar el territorio a fuerza de choque, de pelea y de brutalidad. Hubo mujeres muy golpeadas, un compañero detenido, mis nietos fueron violentados. Y ningún organismo de derechos humanos se acercó para defender a nuestros niños”.

La tensión se extendió durante varias horas. Los efectivos retiraron a los ocupantes y colocaron candados en las puertas. Desde entonces, las familias desahuciadas permanecieron a la espera de una respuesta oficial que garantizara una reubicación. 

“No tenemos garantías de nada, todo lo que te dan es una burla. Me quisieron ofrecer 120 mil pesos para alquilar. Hoy mis nietos no pueden ir al colegio porque no sabemos dónde vamos a estar viviendo”, contó Cuéllar.

En paralelo, el desalojo detonó una ola de protestas en redes y entre organizaciones sociales, que lo interpretaron como una muestra de violencia institucional y de un modelo urbano que privilegia los intereses inmobiliarios por sobre los derechos de los vecinos.

El Distrito Tecnológico fue creado por Ley en 2008, con el objetivo de radicar compañías del sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una zona que abarca 200 hectáreas del barrio de Parque Patricios, y parte de Nueva Pompeya y Boedo. 

Según datos oficiales del Gobierno de la Ciudad, desde su sanción por ley, el Distrito atrajo a más de 400 empresas y generó casi 24 mil empleos directos, con alrededor de 300 mil metros cuadrados de oficinas ya construidas o reconvertidas.

Sin embargo, estudios urbanos registraron que esta reconversión trajo consigo profundos efectos de gentrificación. Entre 2009 y 2011, por ejemplo, la superficie solicitada para uso no residencial en Parque Patricios aumentó casi seis veces, mientras que la destinada a la vivienda residencial cayó hasta más de un 15% en ese mismo período.

“Para nosotros esto es una cuestión de clase”, reflexionó Cuéllar. “Ellos consideran que son una clase superior, y que nosotros no tenemos que estar en este lugar ni habitar una casa, porque creen que el lugar nuestro es la villa”. 

De ese modo, el desalojo en Raulet no es visto solo como una operación judicial aislada, sino como parte de una transformación urbana más amplia que desplaza a familias de sectores populares que hace muchos años habitan esas viviendas en nombre de un nuevo modelo urbano e inmobiliario.

Una vida de lucha

Alfredo Cuéllar, es un militante de derechos humanos especializado en la defensa de personas privadas de la libertad y víctimas de violencia institucional. “El destino me puso en un lugar en el que nunca quise estar”, contó. “A partir de lo que le pasó a mi hija me convertí en algo que nunca me imaginé, y hoy me veo con la sorpresa de que mi nombre está en los libros de la policía porque logré desarticular la cúpula del poder penitenciario. Y eso no es gratis”.

Su visibilidad pública creció luego de la muerte de su hija, el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad IV del Penal de Mujeres de Ezeiza. La causa fue caratulada como suicidio por las autoridades penitenciarias, aunque Cuéllar y distintas organizaciones sostienen que la joven presentaba signos de golpes y que no tenía intención de quitarse la vida. Desde entonces, el caso se transformó en un símbolo de las muertes bajo custodia del Estado.

“La China” había ingresado al sistema penitenciario siendo muy joven y fue trasladada a pabellones de mayores donde, según denuncias, enfrentó hostigamiento sistemático y condiciones violentas. Su historia se transformó en un símbolo de las vulneraciones del sistema penitenciario y visibilizó las condiciones de violencia y desamparo que atraviesan muchas mujeres privadas de su libertad.

Luego de la muerte de su hija, Alfredo Cuéllar, fue víctima de múltiples amenazas y episodios de persecución por su empeño de denunciar los abusos dentro del sistema penitenciario. Desde entonces, su nombre se volvió incómodo para algunos sectores del Poder Judicial y policial.

“Por nuestra militancia empezó a salir a la luz lo que pasaba en las cárceles, y eso molestó”, recordó. “Allí violaban a las mujeres, las maltrataban, las golpeaban y las asesinaban”. Él se encargó de exponer todo eso, de ponerle nombre y cara a cada una de esas historias, y eso lo convirtió en enemigo para el sistema.

El 19 de mayo de 2019, Cuéllar fue secuestrado en las inmediaciones de Parque Patricios, en un episodio que marcó un punto de inflexión en su vida. 

“Cuando volví a la realidad estaba tirado en un descampado en Camino de Cintura, cerca de las 4 de la mañana. Esa fue la forma en que intentaron callarme”, contó. “Pero al hacerme más visible se les hizo difícil seguir amenazándome. Me hicieron daño, pero no me quebraron”.

Para él, el reciente desalojo no fue un hecho aislado, sino la continuación de una persecución que lleva más de una década.

“No tuvieron piedad. Encontraron esta oportunidad para ejecutarme, me dejaron en la lona”, reflexionó. “Pero no me van a matar, voy a seguir adelante con más fuerza porque ahora entendí cómo se maneja la justicia. El miedo lo transformé en lucha”.

Esa transformación, asegura, es la que hoy lo mantiene de pie. Después de años de dolor, pérdida y resistencia, Cuéllar afirmó que su compromiso con la militancia es también una forma de supervivencia.

“Hoy más que nunca me siento más fuerte –dijo–, porque alguien tiene que enfrentarlos. Yo sé que con la militancia puedo doblar el brazo de la justicia. Ahora entendí cómo se manejan. Voy a luchar con más fuerza porque jamás voy a permitir que el derecho que le violaron a mis nietos quede impune”.