La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.
En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.
Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.
Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.
Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA
El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.
El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.
También en la Ciudad de Buenos Aires
Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.
En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.
Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.
Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.
También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.