«Las Malvinas son argentinas, la universidad pública también»
En el marco de un nuevo paro nacional universitario, docentes, no docentes y trabajadores del sistema científico se movilizan hoy al Obelisco. Una Ley de Financiamiento que el gobierno sigue sin cumplir, estruendosas caídas salariales, miles de renuncias que vacían aulas y laboratorios.
El conflicto por el presupuesto universitario atravesó la sociedad desde 2024 con tomas en distintas facultades del país. Foto: Archivo ANCCOM
Las universidades públicas paran hoy en todo el país y, junto con investigadores y trabajadores de la ciencia, por la tarde se concentran en el Obelisco. El reclamo tiene un eje concreto: la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que atravesó todas las instancias posibles de validación institucional y que, sin embargo, el gobierno de Javier Milei sigue sin aplicar. La norma fue votada por ambas cámaras en el Congreso, vetada por el Ejecutivo, insistida por el Parlamento con mayorías agravadas y finalmente ratificada por la Justicia en primera instancia, en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema. «Es la primera vez que ocurre en la Argentina, donde hay un gobierno en rebeldía», resume Javier Palma, docente y dirigente gremial de la UBA.
La ley establece una recomposición salarial, el pago retroactivo desde su sanción, el aumento de las becas estudiantiles y la actualización de los gastos de funcionamiento. Casi nada de eso se cumplió. Ileana Celotto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y dirigente de CONADU Histórica, detalla las cuentas: la recomposición salarial pendiente ronda hoy el 51%, pero el gobierno aplicó solamente un 21%, por lo que «queda un 30% para aplicar, eso es lo que estamos demandando de manera urgente». A eso se suma que la beca Progresar, la más baja y la más solicitada por los estudiantes, no fue aumentada, y que el dinero de funcionamiento comprometido tampoco fue girado.
Darío Capelli, delegado general de FEDUBA, agrega que el incumplimiento alcanza incluso a lo que el propio gobierno firmó. Hace dos meses hubo un principio de acuerdo con el Consejo Interuniversitario y las gremiales, con un 21% pagado en julio, un 3% previsto para octubre y la promesa de reabrir paritarias, además de la actualización de los gastos de funcionamiento y un presupuesto para los hospitales universitarios. «Eso ya se licuó», dice, y remata: «Ya no solo no cumple la ley, sino que además no está cumpliendo con los acuerdos que el propio gobierno firmó». Consultado por qué puntos de la ley se incumplen, su respuesta es de una sola palabra: «Todos».
Renuncias, pluriempleo y equipos rotos
Detrás de los porcentajes hay una sangría que los tres describen con cifras y con nombres de oficios. Según los datos que maneja Celotto, durante 2025 renunciaron 10.000 docentes universitarios en todo el país, una cifra que siguió creciendo a lo largo de 2026 y que incluye a los colegios preuniversitarios: «Acá, en el Buenos Aires, en el Pellegrini, hay cientos de renuncias». Muchos docentes con dedicación exclusiva, que tienen retención de título y solo pueden trabajar dentro de la universidad, pidieron reducir su dedicación para poder ejercer sus profesiones y completar el salario como veterinarios, psicólogos, economistas o farmacéuticos. El daño, advierte, no se mide solo en cargos: «Los equipos llevan años consolidarse, y cuando se pierde uno de sus componentes o varios, queda destrozado el proyecto. Esto no se recompone de un día a otro, ni siquiera de un año a otro».
Palma pone el problema en pesos. El aumento en disputa «es el 54% de un sueldo básico de 200.000 pesos para una dedicación parcial», que es la situación de la gran mayoría de los cargos en la UBA, «El aumento que recibimos el mes pasado junto con el aguinaldo son 40 o 50 mil pesos por cargo. Y nos están negando otro tanto. Para que se vea lo brutal de la situación». Con esos números, cuenta, sus colegas terminaron «formando parte de esta economía uberizada, de plataformas, manejando Didi”, o sumando horas de clase por todos lados, con el consiguiente deterioro de la calidad educativa.
Capelli habla de una precarización que la docencia universitaria conocía y que ahora se profundizó: «Si bien siempre estuvimos acostumbrados al pluriempleo, la caída del poder adquisitivo nos obligó a incrementarlo, es decir, a precarizar nuestras propias condiciones». El desfinanciamiento también golpea a los estudiantes, que desertan porque no pueden sostener la carrera, y a los hospitales universitarios, que además de atender pacientes forman profesionales y hoy funcionan con déficit.
La cuarta marcha universitaria en mayo de este año tuvo un apoyo masivo a nivel federal. Foto: Archivo ANCCOM
¿Ataque político o problema de caja?
Los tres coinciden en leer el conflicto más allá de lo presupuestario. Para Palma, lo que ocurre desde la llegada de Milei «es mucho más que un solo ajuste», un ataque a todo el sistema de conocimiento que alcanza al CONICET y a los organismos de ciencia y técnica, y que pone en juego el derecho a una educación superior que en la Argentina sigue siendo de acceso libre, laica y gratuita. Celotto sostiene que el objetivo de fondo es privatizar y mercantilizar la universidad pública, un proyecto que viene desde la Ley de Educación Superior del menemismo pero que «ahora este gobierno está avanzando como nunca antes hacia ese objetivo». Capelli descarta el argumento fiscal; el presupuesto universitario está dentro del presupuesto nacional, y cuando el gobierno intentó derogar la Ley 27.795 en la Ley de Presupuesto, el Parlamento se lo rechazó. «Este no es un problema de presupuesto, claramente es un problema político», afirma.
Frente a quienes dicen que las medidas de fuerza no sirven, Celotto responde con dos hechos. A principios de año el gobierno ofrecía tres cuotas de 4,3% con el argumento de que no había plata; tras los paros del primer cuatrimestre, el 10 de junio aceptó pagar el 21,3%: «Las medidas de fuerza consiguieron demostrar que plata había». Y ante la resolución del paro de hoy, la reunión paritaria prevista para el 15 de septiembre fue adelantada al 1º de ese mes. Para destrabar el conflicto, dice, el gobierno debería pagar el 30% restante, hacer efectivo el retroactivo y girar el dinero de funcionamiento y de becas. Capelli lo formula todavía más simple: «Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir la ley, ni más ni menos que ese principio básico republicano».
Lo que está en juego, advierte el delegado de FEDUBA, es la continuidad misma del sistema universitario, y eso excede a quienes trabajan en él. La universidad es un bien público, como lo demostraron las cuatro marchas multitudinarias y pluriclasistas que atravesaron a toda la sociedad desde abril de 2024. Capelli arenga con una consigna que condensa el espíritu de esta jornada: «Las Malvinas son argentinas, la universidad pública también, así que a no entregarlas y a seguir luchando».












