«Las Malvinas son argentinas, la universidad pública también»

«Las Malvinas son argentinas, la universidad pública también»

En el marco de un nuevo paro nacional universitario, docentes, no docentes y trabajadores del sistema científico se movilizan hoy al Obelisco. Una Ley de Financiamiento que el gobierno sigue sin cumplir, estruendosas caídas salariales, miles de renuncias que vacían aulas y laboratorios.

El conflicto por el presupuesto universitario atravesó la sociedad desde 2024 con tomas en distintas facultades del país. Foto: Archivo ANCCOM

Las universidades públicas paran hoy en todo el país y, junto con investigadores y trabajadores de la ciencia, por la tarde se concentran en el Obelisco. El reclamo tiene un eje concreto: la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que atravesó todas las instancias posibles de validación institucional y que, sin embargo, el gobierno de Javier Milei sigue sin aplicar. La norma fue votada por ambas cámaras en el Congreso, vetada por el Ejecutivo, insistida por el Parlamento con mayorías agravadas y finalmente ratificada por la Justicia en primera instancia, en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema. «Es la primera vez que ocurre en la Argentina, donde hay un gobierno en rebeldía», resume Javier Palma, docente y dirigente gremial de la UBA.

La ley establece una recomposición salarial, el pago retroactivo desde su sanción, el aumento de las becas estudiantiles y la actualización de los gastos de funcionamiento. Casi nada de eso se cumplió. Ileana Celotto, secretaria adjunta de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y dirigente de CONADU Histórica, detalla las cuentas: la recomposición salarial pendiente ronda hoy el  51%, pero el gobierno aplicó solamente un 21%, por lo que «queda un 30% para aplicar, eso es lo que estamos demandando de manera urgente». A eso se suma que la beca Progresar, la más baja y la más solicitada por los estudiantes, no fue aumentada, y que el dinero de funcionamiento comprometido tampoco fue girado.

Darío Capelli, delegado general de FEDUBA, agrega que el incumplimiento alcanza incluso a lo que el propio gobierno firmó. Hace dos meses hubo un principio de acuerdo con el Consejo Interuniversitario y las gremiales, con un 21% pagado en julio, un 3% previsto para octubre y la promesa de reabrir paritarias, además de la actualización de los gastos de funcionamiento y un presupuesto para los hospitales universitarios. «Eso ya se licuó», dice, y remata: «Ya no solo no cumple la ley, sino que además no está cumpliendo con los acuerdos que el propio gobierno firmó». Consultado por qué puntos de la ley se incumplen, su respuesta es de una sola palabra: «Todos».

Renuncias, pluriempleo y equipos rotos

Detrás de los porcentajes hay una sangría que los tres describen con cifras y con nombres de oficios. Según los datos que maneja Celotto, durante 2025 renunciaron 10.000 docentes universitarios en todo el país, una cifra que siguió creciendo a lo largo de 2026 y que incluye a los colegios preuniversitarios: «Acá, en el Buenos Aires, en el Pellegrini, hay cientos de renuncias». Muchos docentes con dedicación exclusiva, que tienen retención de título y solo pueden trabajar dentro de la universidad, pidieron reducir su dedicación para poder ejercer sus profesiones y completar el salario como veterinarios, psicólogos, economistas o farmacéuticos. El daño, advierte, no se mide solo en cargos: «Los equipos llevan años consolidarse, y cuando se pierde uno de sus componentes o varios, queda destrozado el proyecto. Esto no se recompone de un día a otro, ni siquiera de un año a otro».

Palma pone el problema en pesos. El aumento en disputa «es el 54% de un sueldo básico de 200.000 pesos para una dedicación parcial», que es la situación de la gran mayoría de los cargos en la UBA,  «El aumento que recibimos el mes pasado junto con el aguinaldo son 40 o 50 mil pesos por cargo. Y nos están negando otro tanto. Para que se vea lo brutal de la situación». Con esos números, cuenta, sus colegas terminaron «formando parte de esta economía uberizada, de plataformas, manejando Didi”, o sumando horas de clase por todos lados, con el consiguiente deterioro de la calidad educativa.

Capelli habla de una precarización que la docencia universitaria conocía y que ahora se profundizó: «Si bien siempre estuvimos acostumbrados al pluriempleo, la caída del poder adquisitivo nos obligó a incrementarlo, es decir, a precarizar nuestras propias condiciones». El desfinanciamiento también golpea a los estudiantes, que desertan porque no pueden sostener la carrera, y a los hospitales universitarios, que además de atender pacientes forman profesionales y hoy funcionan con déficit.

La cuarta marcha universitaria en mayo de este año tuvo un apoyo masivo a nivel federal. Foto: Archivo ANCCOM

¿Ataque político o problema de caja?

Los tres coinciden en leer el conflicto más allá de lo presupuestario. Para Palma, lo que ocurre desde la llegada de Milei «es mucho más que un solo ajuste», un ataque a todo el sistema de conocimiento que alcanza al CONICET y a los organismos de ciencia y técnica, y que pone en juego el derecho a una educación superior que en la Argentina sigue siendo de acceso libre, laica y gratuita. Celotto sostiene que el objetivo de fondo es privatizar y mercantilizar la universidad pública, un proyecto que viene desde la Ley de Educación Superior del menemismo pero que «ahora este gobierno está avanzando como nunca antes hacia ese objetivo». Capelli descarta el argumento fiscal; el presupuesto universitario está dentro del presupuesto nacional, y cuando el gobierno intentó derogar la Ley 27.795 en la Ley de Presupuesto, el Parlamento se lo rechazó. «Este no es un problema de presupuesto, claramente es un problema político», afirma.

Frente a quienes dicen que las medidas de fuerza no sirven, Celotto responde con dos hechos. A principios de año el gobierno ofrecía tres cuotas de 4,3% con el argumento de que no había plata; tras los paros del primer cuatrimestre, el 10 de junio aceptó pagar el 21,3%: «Las medidas de fuerza consiguieron demostrar que plata había». Y ante la resolución del paro de hoy, la reunión paritaria prevista para el 15 de septiembre fue adelantada al 1º de ese mes. Para destrabar el conflicto, dice, el gobierno debería pagar el 30% restante, hacer efectivo el retroactivo y girar el dinero de funcionamiento y de becas. Capelli lo formula todavía más simple: «Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir la ley, ni más ni menos que ese principio básico republicano».

Lo que está en juego, advierte el delegado de FEDUBA, es la continuidad misma del sistema universitario, y eso excede a quienes trabajan en él. La universidad es un bien público, como lo demostraron las cuatro marchas multitudinarias y pluriclasistas que atravesaron a toda la sociedad desde abril de 2024. Capelli arenga con una consigna que condensa el espíritu de esta jornada: «Las Malvinas son argentinas, la universidad pública también, así que a no entregarlas y a seguir luchando».

Nueva ola de despidos en el Conicet

Nueva ola de despidos en el Conicet

El gobierno decidió no renovar cuatrocientas becas posdoctorales.

El gobierno de Javier Milei dejó en la calle a 400 investigadores e investigadoras que días atrás habían exigido, frente al Polo Científico, la continuidad de sus becas postdoctorales, en un reclamo que sumó el apoyo de otros organismos estatales y de referentes políticos. ANCCOM dialogó con Juan Devida, uno de los becarios despedidos.

El 31 de julio venció el plazo de las becas posdoctorales de casi 400 profesionales que llevaban años de formación en el CONICET. No hubo una comunicación oficial del organismo: la desvinculación se dio, simplemente, por el cumplimiento del plazo original de cada beca, sin que el directorio aprobara la prórroga que los propios becarios y becarias habían reclamado semanas antes en una movilización frente al Polo Científico y en una carta enviada a la Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional.. Entre esos 400 nombres está el de Juan Devida, platense de 36 años, que después de casi una década en el sistema científico nacional se quedó, de un día para el otro, sin trabajo.

Los despidos de becarios posdoctorales se dan en el marco de un fuerte recorte en la ciencia nacional que se profundizó desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Según denunció el investigador y delegado de ATE, Gabriel Fabricius, el organismo científico ya perdió 2.800 trabajadores desde la asunción del gobierno, una cifra que -de acuerdo al conteo del propio CONICET, que emplea a cerca de 26.000 personas entre investigadores, becarios, personal de apoyo y administrativos- representa una pérdida de casi el 12% de su planta total en tres años del gobierno ultraderechista. El retroceso no se limita al CONICET: forma parte de un ajuste más amplio sobre el empleo público que, según el propio Ministerio de Desregulación, ya había despedido a 61.729 personas del Estado hacia comienzos de 2026, cifra que según datos del INDEC treparía a unos 70 mil hacia mediados de año.

El reclamo por las becas no fue una excepción aislada dentro del organismo, sino la última expresión visible de un conflicto que se arrastra desde hace meses. En la conferencia de prensa realizada frente al Polo Científico, Federico Lindenboim, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, apuntó directamente contra la conducción del CONICET y del gabinete nacional: «El jefe de Gabinete, Diego Santilli, el director de CONICET Daniel Salamone y todos los miembros del directorio son los que nos están echando a la calle el 31 de julio». Según explicó, no se trata solo de una cuestión de puestos de trabajo sino de continuidad de conocimiento: «400 líneas de investigación están siendo detenidas en este momento por el jefe de Gabinete, por Salamone y por el directorio del CONICET». Al reclamo se sumaron ese día trabajadores de otros organismos científicos como la CNEA, el INTA y el INTI, además de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, y los diputados del Frente de Izquierda Néstor Pitrola y Christian Castillo, quien calificó las políticas del Gobierno hacia la ciencia como parte de un proceso de «entrega, colonización y destrucción» de recursos públicos.

Proyectos truncados

Devida es uno de esos 400 despedidos. Hacía su posdoctorado entre el Instituto de Nanosistemas (INS) de la UNSAM y el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de la UNLP. Su línea de investigación consistía en desarrollar y caracterizar nanomateriales para dispositivos portátiles y confiables para el diagnóstico temprano de enfermedades como ciertos tipos de cáncer o el Alzheimer, que hoy requieren herramientas de diagnóstico mucho más costosas y sofisticadas.

Su recorrido en el CONICET empezó con la beca doctoral, en un cambio disciplinar desde su formación de grado en biotecnología hacia la ciencia y caracterización de materiales. «El recorrido de la etapa de la tesis doctoral fue muy acompañada por mis compañeros de grupo de trabajo, y eso nos permitió formar redes, que para la práctica científica es fundamental», cuenta. Fue en medio de la escritura de esa tesis, al postularse para la beca posdoctoral, que la continuidad en el sistema científico se consolidó como proyecto profesional. «Siempre una de las opciones, al menos en la disciplina en la que trabajo, es irse al exterior a trabajar en mejores condiciones respecto a los recursos. No fue mi primera opción, por motivos personales, pero en términos profesionales creo que quedarse en el país es también una forma de sostener la importancia del desarrollo científico nacional, y lo que eso implica para el desarrollo de un país», explica.

«En realidad, nos enteramos de que no se iban a prorrogar las becas por cumplirse el plazo inicial de nuestra beca posdoctoral», relata Devida. «No hubo ninguna comunicación oficial por parte del CONICET, independientemente de que muchos de nosotros ya intuíamos qué era lo que iba a pasar.» Días antes, algunos integrantes del directorio habían adelantado en un comunicado que no existían las partidas presupuestarias para garantizar las prórrogas.

Su último día como becario coincidió con una salida familiar. «Mi último día lo pasé en familia, tengo un hijo de dos años, y fuimos al teatro justo el último día de mi beca, 31 de julio. Fue una buena excusa para no pensar demasiado en lo que implicaba quedarme sin mi sustento económico principal, a pesar de tener relativamente resuelto qué hacer hacia adelante», cuenta. Su investigación no se interrumpe del todo: podrá continuarla gracias a un programa de retención de recursos humanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, donde es docente, que le permitirá concursar una dedicación exclusiva. «Lamentablemente no es algo que exista en todos lados, y mucho menos en este contexto en el que el Gobierno nacional también asfixia presupuestariamente a las universidades nacionales», aclara.

A la incertidumbre laboral se suma otra: Devida se había presentado este año al concurso para ingresar a la Carrera del Investigador, un proceso que no se abría desde 2023 —en 2024 el gobierno decidió directamente omitir la convocatoria— y que este año debió absorber a dos cohortes posdoctorales juntas. El anuncio de que las entrevistas se realizarían recién entre septiembre y diciembre llegó el mismo día, o al día siguiente de la convocatoria a la movilización frente al Polo Científico. «Esa, si se quiere, fue la respuesta de las autoridades del CONICET y del Gobierno al pedido de prórrogas», sostiene.

De cara a los próximos meses, Devida no descarta buscar trabajo por fuera del ámbito científico. «Mi posición dentro de la Universidad, con el cargo exclusivo, es muy inestable para esperar los resultados de la convocatoria solo con eso. Mi idea es buscar otras alternativas, dentro del ámbito académico, pero también expandir mi búsqueda al sector privado, aunque sin demasiada expectativa por estar sobrecalificado para muchas posiciones», dice. Y advierte sobre el efecto de fondo de estas políticas: «Este problema de discontinuar cohortes de investigadores altamente formados va a tener muchas consecuencias en la sostenibilidad de los grupos de investigación, en las líneas de trabajo y en el sistema científico en general. No es una decisión aislada, es algo que viven todos los organismos de ciencia del país, lo que demuestra una planificación en estas medidas». Y concluye: «Esto deja ver a las claras que el proyecto de país que quiere imponer este gobierno prescinde de la ciencia, pero sobre todo pretende prescindir de todo lo que nos distingue como país y que a muchos de nosotros nos genera orgullo: de la ciencia nacional en particular, pero también de la educación y salud públicas».

“Una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical”

“Una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical”

En el marco de la 196° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) denunciaron al Estado argentino por el retroceso en materia de derechos humanos, laborales y a la salud.

El CELS, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), junto a los representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), presidida por Juan Orsini, se pronunciaron hoy por la sociedad civil para denunciar al Estado argentino por poner en marcha “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación del trabajo al siglo XIX”, que se produce la desprotección contra el despido injustificado, debilitamiento del salario, regresividad en materia de jornada y descanso, restricciones al acceso a la justicia, el impacto diferenciado a las mujeres, y el incremento de la informalidad, entre otros problemas.

“La Ley de Modernización Laboral tiene serios elementos que marcan una alarma en los indicadores de regresividad de derechos, tanto en lo que hace a la faz de las libertades sindicales. Es decir, del derecho de las organizaciones sindicales y sus miembros de actuar en lo que se conoce como el derecho individual del trabajo. Por ejemplo, desconoce la condición de los trabajadores, excluyéndolos del régimen de control de trabajo, limitando los derechos de indemnización o eliminándolos en muchos casos de los períodos de prueba, eliminando licencias específicas, afectando cuestiones de género”; sostuvo Damían Loreti, secretario del CELS. Y agregó: “También es por la derogación específica de algunos estatutos profesionales, como el Estatuto del Periodista, y la Ley de Protección Estatutaria del Empleado Administrativo de las Empresas Periodísticas”.

La solicitud de audiencia realizada por estas organizaciones e instituciones sociales el 24 de abril de 2026, se basa en las consecuencias de la Ley 27.802 y sostiene que existen antecedentes en la agenda de la modernización laboral: el proyecto de redistribución del poder de la última dictadura cívico-militar que se retomó en el gobierno de Menem y años más tarde, en el de Mauricio Macri. El DNU 70/2023 del actual presidente, Javier Milei, fue un paso fundamental. Si bien los puntos del decreto que abarcaban el ámbito laboral, fueron declarados inválidos por inconstitucionalidad, varios aspectos se aprobaron con la sanción Ley de Bases (27.742) en 2024.

También está el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación”, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a fines de 2023, que posibilita la represión de las prstetas, las detenciones arbitrarias masivas y aleatorias, el empleo indebido de armas consideradas “menos letales” y un claro designio de liberar las calles a cualquier costo.

El atentado contra el derecho a protesta implica la imposibilidad de manifestarse y reclamar para conseguir o sostener derechos. Sobre esto, Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), declaró en diálogo con ANCCOM: “Es muy grave que se plantee la flexibilización horaria en la jornada laboral porque los que son responsables del cuidado de otras personas, no pueden estar organizando sus vidas en torno a lo que toca. Eso perjudica el derecho personal, individual, y a su vez, también está vulnerado el derecho que tiene que ver con juntarse con otros, organizarse y conquistar derechos. Nadie en toda la historia del capitalismo, pudo lograr sus derechos laborales solo. Todo esto es algo más profundo y estructural”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que participó en representación de FreSu, apuntó contra el poder de forma directa. “La reforma laboral tiene la finalidad de abaratar las fuerzas de trabajo y aumentar los márgenes de rentabilidad de las grandes empresas, es decir, que el resultado sería más horas de trabajo y salarios más bajos”. Además, aseguró que no se crearon más puestos de trabajo, a pesar de que ese era el discurso del gobierno, sino que “se está reemplazando empleo informal por empleo informal, empleo registrado por empleo precario”.

Además, el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró, denunció: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo «. Ante esto, Aguiar sostuvo: “Los altos niveles de autoritarismo no son compatibles con el sistema democrático. La democracia está en riesgo, por supuesto, esperamos ser escuchados; vamos a realizar peticiones concretas”.

La abogada Amortino solicitó en nombre de todas las organizaciones presentes, que la CIDH “emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho”.

En cuanto a la derogación del Estatuto del Periodista, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que ese accionar “es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país”.

Siguiendo la misma línea, la abogada Amortino argumentó que la derogación del estatuto no forma parte de los estándares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pidió que se le exija al Estado argentino “el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión» y, ante cualquier duda, invitó al país a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA), para que recaudara información sobre la situación actual de los ciudadanos que se dan como consecuencias de la reforma laboral en cuestión.

Además, en este período de sesiones temático, es decir, que no se tratan litigios individuales, se habló sobre el acuerdo firmado por Argentina y Estados Unidos en febrero de 2026, en el que, para que exista un comercio recíproco, nuestro país debe reducir y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, y otorgar privilegios comerciales a los productos estadounidenses. El mismo, fue citado en la audiencia sobre el derecho a la salud el lunes 3 de agosto, ya que “por decisión unilateral, el país decidió derogar los criterios estrictos de patentabilidad de medicamentos”; sostuvo Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS.

Sobre esto último, Chevalier explicó: “El derecho a la salud se abordó por el abandono del Estado nacional en el sector, ya sea por la falta de políticas públicas y/o por el desfinanciamiento a los hospitales públicos. Al desmantelamiento por completo del programa Remediar, se suma la incorporación de todos esos medicamentos en la lista de medicamentos de venta libre, lo que hace que queden sin cobertura y sin regulación. Tampoco hay más campañas de vacunación. La salud ahora es un privilegio, y eso no puede pasar”.

Ante las exposiciones del FreSu, CELS y SiPreBa, los comisionados de la CIDH cuestionaron y solicitaron explicaciones por las irregularidades en la implementación a la reforma laboral a los representantes del Gobierno argentino.

 

Cuando la jubilación no alcanza, aparece Uber

Cuando la jubilación no alcanza, aparece Uber

Un número creciente de adultos mayores se ve obligado a trabajar como chofer de aplicaciones para cubrir gastos básicos como vivienda, salud y alimentación. ANCCOM salió a la calle paras conocer sus historias, entre ellas la de un entrañable mecánico naval retirado devenido en escritor que ofrece su novela a los pasajeros.

A las 5, Alejandro Lucas Wolaniuk (81) ya está sentado frente al volante. Enciende el motor, espera que el auto tome temperatura y se prepara para comenzar otra jornada como conductor de una aplicación de viajes. Durante las primeras dos horas, las calles de la Ciudad de Buenos Aires son casi exclusivamente suyas… suyas y de todos los demás jubilados que como él eligen ese horario para trabajar más tranquilos.

“De 5 a 7 tengo las calles para mí. Hay trabajos seguros porque la gente que viaja a esa hora va a laburar”, cuenta. Cuando el tránsito empieza a espesarse, ya completó una parte importante de la recaudación que se propuso para ese día. Maneja entre cinco y seis horas, generalmente cinco veces por semana, aunque puede sumar una salida si todavía no alcanzó su objetivo de recaudación semanal.

No es el único adulto mayor que sale a trabajar casi de madrugada. Ricardo Guillermo (66), un maquinista jubilado, también enciende dos aplicaciones de viajes para complementar su ingreso previsional apenas superior a la mínima. Comenzó a manejar hace dos años, cuando los gastos de los medicamentos dejaron de estar totalmente cubiertos por el PAMI. “Con la jubilación pagaba las deudas y con esto comía, reparaba el auto y cubría todo lo demás”, explica.

Al principio, le alcanzaba con manejar cuatro o cinco horas, pero la caída de la rentabilidad de los viajes y el aumento de los costos extendieron sus jornadas hasta seis, siete u ocho. A diferencia de Wolaniuk, que puede desconectarse cuando alcanza su objetivo semanal, Guillermo trabaja hasta reunir el dinero necesario para los gastos cotidianos. “Cuando hago la diaria para comer, salgo de la aplicación”, resume.

“Yo imaginaba un final seguro. Pensaba que iba a tener un salario acorde para vivir, porque para eso me descontaban del sueldo y mandaban mis aportes a la caja. El mensaje para los trabajadores era que uno iba a jubilarse con el 82% móvil. Entonces no tenía temor. Al contrario, esperaba la jubilación”, rememora Wolaniuk, quien empezó a trabajar mucho antes de ingresar formalmente al mercado laboral. Desde los 10 años, ayudaba a su madre en un puesto de diarios.

“Mi infancia y mi adolescencia pasaron por el puesto de diarios”, afirma. Allí también inició una relación con la lectura que lo ha acompañado toda la vida. “Mientras esperaba a los clientes, leía los diarios y devoraba las revistas. Y en la escuela, cuando me hacían pasar al frente para leer el pasaje de algún libro, lo hacía con tanta precisión, por la mecánica que había ganado en el puesto, que para eso era el campeón. Después sería un burro para las demás cosas, pero para leer era el campeón”, bromea.

Llegó hasta segundo año de la escuela secundaria. Desde joven tenía otra vocación: “Yo quería navegar”, dice. Por eso, a los 18 años, ingresó a la Marina Mercante. Sus primeros ocho años transcurrieron en un buque petrolero que navegaba hasta el Golfo San Jorge, en la Patagonia, para transportar petróleo hacia Campana. “La navegación era el espacio físico donde yo quería vivir. Podría haber pensado en el campo o en las montañas, pero pensé en el agua. Me sentía bien, me sentía feliz. A medida que aprendía la profesión, empezaba a sentirme un hombre útil. Había agarrado un camino desconocido”, asevera.

En los barcos encontró una vocación, pero también conoció la distancia. Podía pasar largos períodos lejos de su casa. Cuanto más avanzaba en su carrera, más elegía los buques en los que quería embarcarse, aunque nunca desapareció el deseo de volver. “Siempre tenía una pata en tierra. Extrañaba mucho a mis hijos y a mi esposa. Siempre estaba anhelando dejar de navegar.” A la trayectoria marítima le sumó la militancia sindical y política. Repartió volantes en el puerto, redactó documentos y participó en diversas agrupaciones.

Los trabajadores de su sector habían logrado, mediante la organización, la posibilidad de jubilarse a los 58 años. Cuando Wolaniuk alcanzó esa edad, en 2003, algunos compañeros le recomendaron que continuara hasta los 65 para mejorar sus ingresos. Pero él decidió retirarse. “No quería traicionar esa lucha. Yo había militado por jubilarnos a los 58. Me parecía una traición no hacerlo cuando me llegara el momento”, remarca.

La decisión que debía inaugurar un período de descanso abrió, en cambio, uno de incertidumbre. Durante años había pensado que, una vez jubilado, podría permanecer cerca de sus hijos, pasear con su esposa y sostenerse con el ingreso previsional. La realidad fue distinta. “Ahí empezó otra etapa. La pobreza real y la falta de una buena jubilación me espantaron”, expresa. El problema no fue solamente el monto que comenzó a cobrar. Sin una vivienda propia, el hogar que había imaginado para la vejez no estaba: “Cuando me di cuenta de que estaba desamparado, de que no tenía casa, podría haber vuelto al agua. Pero no estaba preparado para algunas cosas. La plata no me alcanzaba y tuve que seguir trabajando”.

Durante los primeros años posteriores a la jubilación, manejó un taxi alquilado. El propietario se quedaba con el 45% de la recaudación. “Para redondear una buena recaudación diaria tenía que trabajar 12 o 13 horas –recuerda–. Eso ya era lo peor que te podía pasar”.

Además de pagar por el vehículo, debía respetar las condiciones fijadas por el dueño: retirarlo y devolverlo en determinados horarios, cuidar la unidad y garantizar el monto del alquiler. Más adelante pudo contratarlo durante las 24 horas y llevarlo a su casa. Tenerlo estacionado en la puerta le daba autonomía, pero no significaba trabajar menos. “Me apuraba más. No era que lo hacía para descansar. Tenerlo en casa hacía que saliera a las cinco de la mañana”.

El contraste con su vida anterior era marcado y la urgencia económica postergaba cualquier proyecto. “Tenía vocación de hacer otra cosa, pero no pude. A mí me corría por las venas sentarme a escribir”, confiesa. El cambio llegó cuatro años después de la jubilación, cuando ganó una demanda contra una empresa naviera por una enfermedad hepática que no había sido detectada al momento de su ingreso. Con el resarcimiento, compró un Chevrolet nuevo. “Fue como un salvavidas en medio del océano. Nunca más dependí de nadie. Tuve mi propio coche y lo fui cambiando”, resume.

Cuando aparecieron las plataformas de viajes, dejó el taxi y comenzó a trabajar mediante aplicaciones. Primero probó Uber y luego Cabify. La principal razón fue la forma de pago. Hoy Wolaniuk trabaja únicamente con viajes abonados con tarjeta. No quiere manejar efectivo, llevar cambio ni circular con dinero en la billetera. “Cargo combustible con tarjeta, pago los peajes con tarjeta y cobro con tarjeta. No muevo dinero. Los miércoles aparece en mi cuenta la plata de la semana y nunca fallaron”, explica. Sabe que habilitar los viajes en efectivo aumentaría la demanda, pero prefiere ganar menos y reducir otros riesgos. Durante sus años como taxista estuvo expuesto a robos y a pasajeros que intentaban pagar recorridos cortos con billetes de alta denominación, sin avisarle previamente.

Conducir un auto propio tampoco elimina los costos y un choque puede dejarlo durante meses sin su principal herramienta laboral. En una oportunidad, comenta, un camión dañó el frente del vehículo y permaneció cerca de dos meses y medio sin poder usarlo. También vivió un episodio de presión alta mientras trabajaba. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Rivadavia y el automóvil quedó detenido en la calle hasta que su familia pudo recuperarlo. “Siempre hay un riesgo. Hay demasiado tráfico y demasiada gente. Uno está corriendo para llevar al pasajero a tiempo o para ir a buscarlo rápido”, admite.

Por ello, a sus 81 años, organizó una rutina destinada a reducir la exposición. Sale cuando todavía está oscuro, trabaja principalmente dentro de la Ciudad de Buenos Aires y evita ingresar en determinadas zonas. Su jornada habitual comienza a las 5 y termina entre las 10 y las 11. Si un pasajero lo lleva hasta Escobar o Campana, el regreso extiende el horario. Sin embargo, estableció un límite. “Mi política son cinco o seis horas. Podría trabajar más, pero ya no quiero”.

Aunque la suma de ambos ingresos le permite llegar a fin de mes, el alquiler de la vivienda consume una parte determinante de sus recursos. Por eso mide la recaudación semana por semana. Si descansó un día o no alcanzó el objetivo previsto, vuelve a conectar la aplicación el viernes por la noche. “Voy mirando cuánto me falta. Salgo un rato, junto la diferencia y vuelvo. Cuando alcanzo el dinero que quería hacer en la semana, chau”.

Pero la posibilidad de establecer un límite laboral no alcanza a todos los jubilados que trabajan mediante aplicaciones. Marta (69), otra de las entrevistadas para esta nota, maneja para una plataforma entre 9 y 10 horas por día porque su jubilación no cubre el alquiler, los servicios y los medicamentos. Su objetivo es recaudar cerca de 100.000 pesos por jornada y superar los 550.000 semanales, aunque de ese monto debe descontar combustible, seguro, mantenimiento y la comisión de la aplicación. Antes de comenzar a producir un ingreso disponible, calcula que necesita cubrir alrededor de 250.000 pesos semanales entre los gastos del vehículo y las obligaciones de su hogar. “No manejo para mantenerme activa, manejo porque con la jubilación sola no llego”, sintetiza Marta.

La aparición de las aplicaciones no solo modificó la relación de Wolaniuk con el auto. También lo obligó a aprender una nueva forma de organizar el trabajo. Para recibir viajes, cobrar, seguir recorridos y comunicarse con los pasajeros debía incorporar tecnologías que no habían existido durante la mayor parte de su vida laboral. Su primer contacto con una computadora ocurrió a bordo de un barco. “La computadora fue una revolución en mi vida”. Con el teléfono atravesó otro aprendizaje. Necesita observar permanentemente la pantalla para aceptar viajes y seguir el itinerario, pero evita colocarlo en un soporte visible. Una vez, mientras conversaba con una pasajera, una persona introdujo la mano por la ventanilla y se lo arrebató. Desde entonces, lo mantiene más protegido, aunque esa decisión le exige combinar el manejo, la aplicación y los cambios del vehículo con movimientos adicionales. Pese a las dificultades, no rechaza las transformaciones. “Me encantan. Ojalá fuera más joven hoy”, sostiene.

Cuando termina la jornada, vuelve a su departamento, piensa qué va a comer y duerme una siesta. Al levantarse, revisa los mensajes que le enviaron los lectores de su primera novela, Salvoconducto, que publicó en 2025, y se sienta frente a la computadora. Algunas tardes acompaña a su perra; otras, mira fútbol. A las 21 se prepara para dormir porque el despertador volverá a sonar antes de las 4. La escritura ocupa los espacios que le deja el trabajo. Mientras maneja aparecen personajes, escenas o capítulos. “Vas conduciendo y te salta una idea. Me pasó de escribir un capítulo a partir de algo que había pensado en el coche”. Las ideas, dice, no se le olvidan, las conserva durante el viaje y las vuelca cuando regresa a su casa.

Salvoconducto sigue la vida de un trabajador vinculado con el comercio exterior que atraviesa distintos momentos profesionales hasta llegar a Chile durante el golpe de Estado contra Salvador Allende. En el momento de mayor peligro, el protagonista consigue subir a un barco argentino y evitar que los militares lo detengan. Aunque la trama no reproduce de manera directa su experiencia como marino mercante, su vida aparece como material de fondo. “Casi siempre, en algún momento del libro, articulo las historias con las actividades que desarrollé tantos años. Muchos escritores hacen eso: cuentan novelas a partir de lo que vivieron y trasladan esas experiencias a un personaje”.

Publicar, para Wolaniuk, no fue un impulso repentino. La novela prolongó el recorrido que había empezado en el puesto de diarios, continuado con las lecturas escolares y desarrollado mediante los escritos políticos. “Era un camino que me estaba marcando la vida para terminar en la escritura, contando mis experiencias a través de un personaje”. Presentó su libro en la Feria del Libro del año pasado. Vendió algunos, pero el principal valor de la experiencia estuvo en conversar con los visitantes y ver exhibida su obra.

“La Feria es una vidriera. La gente se acercaba y conversaba. Después tuve que resolver cómo continuar. Publicar había sido difícil y costoso, lograr que el libro encontrara lectores presentaba otro desafío. La solución volvió a aparecer dentro del auto”. Lleva cuatro o cinco ejemplares en el baúl y otros dos en la guantera. En el interior del vehículo colocó un pequeño cartel con una síntesis de la novela. Cuando un pasajero demuestra interés, inicia la conversación. “Le pregunto: ‘Perdón, ¿le gusta leer?’. Siempre con simpatía. A veces la gente me dice que ya se dio cuenta de que escribo porque vio el cartelito”. La combinación produce sorpresa: el conductor de 81 años que pasó décadas en barcos también escribió una novela, la presentó en la Feria del Libro y ahora la ofrece durante sus recorridos por la ciudad.

“Me dicen: ‘Usted navegó, maneja, encima escribió y publicó, ¿y lo vende en el auto?’. Yo creo que eso no lo hizo nadie. Siempre fui medio sorpresivo para mis cosas. Busco las salidas y abro puertas a mi manera”. Cada ejemplar cuesta 30.000 pesos. Los pasajeros suelen pagar mediante transferencia, una modalidad que facilita la compra y coincide con su decisión de no manejar efectivo. En una semana llegó a vender tres de los cuatro libros que había cargado en el auto.

“Antes de entregarlos, les digo: ‘Que lo disfrute. En la segunda página está mi correo que es barloa2005@yahoo.com.ar. Cualquier cosa que me quiera decir, mándeme un mensaje’”. Wolaniuk está conforme con el camino que encontró para la novela. Le quedan pocos volúmenes de la primera tirada, y quiere publicar otra novela, pero eso requeriría una suma que por ahora no puede afrontar. Ante la pregunta de ANCCOM, qué haría si pudiera dejar de conducir, no duda: “Escribiría. Iría a todo tipo de eventos para escritores, pero necesito descansar. Si no tuviera esta actividad (conducir), viviría nada más de eso”.

En su historia no hay una reivindicación romántica del trabajo durante la vejez. Wolaniuk no presenta las jornadas frente al volante como una aventura ni como una receta para sentirse joven. Preferiría dedicar ese tiempo a escribir. Sin embargo, se resiste a que su vida sea narrada desde la frustración. Cada día, se sigue organizando para salir adelante, aprendiendo tecnologías, manteniendo el auto, conversando con pasajeros y buscando lectores. No logró el retiro que imaginaba, pero tampoco abandonó la vocación que descubrió entre diarios y revistas cuando era un chico.

Al revisar su recorrido, insiste en que las generaciones más jóvenes deben aprovechar el momento de formación, más allá de la universidad, habla de aprender un oficio, construir una profesión y evitar que las urgencias futuras encuentren a una persona sin herramientas. “Hay que prepararse muy bien de joven. Después uno va agregando información a medida que avanza la vida, pero la base tiene que estar. Hay que ser sacrificado, abnegado y perseverante con el sueño que uno tiene”, aconseja. Mientras tanto, cada madrugada, de lunes a viernes, vuelve a encender el motor para completar los ingresos que la jubilación no le garantiza. Cuando un pasajero abre la puerta, no sabe si sólo realizará otro viaje o si también encontrará un nuevo lector. Y así, a los 81 años, todavía lucha para seguir escribiendo su historia.

¿Un ajuste disfrazado de reforma educativa?

¿Un ajuste disfrazado de reforma educativa?

Docente y estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que el decreto que reglamenta el estatuto docente y la reforma «BA Aprende» vienen a reducir puestos de trabajo y a instaurar una educación individualistas, sin espacios de contención institucional ni profundidad en el desarrollo de las materias.

Los últimos datos educativos muestran que existe una urgencia y necesidad de mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. El último operativo TESBA (2023) mostró que el 61,5% de los alumnos de tercer año está en los niveles más bajos de desempeño en Matemática, y el 41,3% en Lengua y Literatura. Con ese diagnóstico, el Ministerio de Educación porteño lanzó en 2024 el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, y en él, Secundaria Aprende, una política que busca «una secundaria que entusiasme, que brinde bienestar y que despierte la curiosidad y las ganas de aprender». La propuesta se apoya en cuatro principios: la integración de los aprendizajes, el desarrollo de capacidades, el avance continuo y la autonomía estudiantil. Se presenta como una continuidad de dos reformas anteriores, la Nueva Escuela Secundaria que modificó el diseño curricular, y la Secundaria del Futuro que propuso cierta flexibilidad en las trayectorias, ambas muy resistidas por los sindicatos y un amplio sector de la comunidad educativa. Lucía Agulló, docente de Lengua y Literatura en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández denuncia: «La reforma lo que propone es una reducción de la cantidad de profesores que es violenta».

El Gobierno plantea que los docentes concentren más horas en una misma escuela para «acompañar mejor» a los estudiantes y acomodarse a sus ritmos, que cada escuela pueda reorganizar tiempos y espacios según sus necesidades, y que los alumnos avancen con planes de aprendizaje personalizados. El diagnóstico oficial también pone el foco en el bienestar socioemocional, como plantea el documento marco «aprender es un proceso intrínsecamente socioemocional», por lo que la reforma busca un «ambiente educativo seguro y de bienestar integral». La implementación arrancó en 2025 en 33 escuelas «pioneras» que se sumaron de forma voluntaria, y el plan es extenderla de manera progresiva al resto del sistema.

En paralelo al avance de BA Aprende, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en el Boletín Oficial un decreto que cambia la reglamentación del Estatuto Docente. Se trata de una reforma que modifica licencias, tanto las que son por examen como por razones particulares, y hace grandes cambios en la carrera docente quitándole valor a la antigüedad y desapareciendo antecedentes pedagógicos y culturales. En diálogo con ANCCOM, Marisabel Grau, secretaria Pedagógica de Ademys y profesora de Historia en la EEM 2 DE 13 (Actualmente directora) y en el CENS 82, explica: “Esto nosotros lo entendemos como una medida absolutamente disciplinatoria y persecutoria de la docencia” y “un ataque directo a los derechos laborales”.

Una de las principales críticas tiene que ver con el hecho de que la reforma se haya hecho por decreto y no haya pasado por la Legislatura. Grau sostuvo que la decisión «evita tener que pasar por el debate» y cuestionó que modificaciones de esa magnitud se implementen sin instancias de discusión con la docencia. Otra de las críticas aparece con las nuevas restricciones a las licencias y modificaciones en los criterios de puntaje para concursos y ascensos.

Para Grau, estas medidas se encuentran en línea con la misma lógica de la reforma educativa BA Aprende y su programa Secundaria Aprende. «Claramente, la política de Secundaria Aprende es una política de ajuste en términos de derechos laborales, en términos presupuestarios y un empobrecimiento educativo», explica.

Las críticas a la implementación de BA Aprende no pertenecen solo a los sindicatos docentes. Entre los estudiantes también aparecen cuestionamientos vinculados a la falta de participación en el diseño y la aplicación de la reforma.

Uno de los principales conflictos que se plantean es la falta de instancias reales de consulta o negociación con los alumnos y la planta docente antes de aplicar los cambios de la reforma educativa. Micaela Ciura, alumna del Colegio Normal 1, uno de los «pilotos» de la reforma desde el año 2025, y presidenta del Centro de Estudiantes expone: «Se nota cuando una política educativa se escribe desde un escritorio y esta gente no pisa, ni nunca pisó un colegio. Nunca se puso a escuchar a los pibes».

Dolores Figueira Lemos, alumna de cuarto año del Lenguas Vivas y secretaria general de su Centro de Estudiantes, cuenta algo parecido. «Nunca fue oficializado por nadie, nunca vino una sola persona del Ministerio a dar charlas». En su colegio, la reforma todavía no se aplicó de forma oficial, pero desde 2024 circulaba «de boca en boca» antes de que hubiera comunicación institucional.

Los docentes también cuestionan la forma que implementó el programa. Lucía Agulló, docente de Lengua y Literatura en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y delegada de Ademys, explica que tampoco hubo alguna instancia de diálogo con sindicatos y docentes antes de aplicar la reforma, y agrega que, como pasó con la reforma anterior (Secundaria del Futuro), se enteraron por los medios de comunicación antes que por una vía institucional. «Cada vez que hay un cambio de gestión se propone una nueva reforma sin haberse hecho una evaluación del impacto que tuvo la anterior», señala.

La falta de consultas provoca también una aplicación despareja en las diferentes escuelas. «Cada colegio lo va a aplicar como pueda», resume Dolores. Y Agulló lo confirma al explicar que algunas escuelas pudieron votar su incorporación, pero en otras la reforma avanzó a pesar del rechazo de docentes y familias. «Hubo escuelas en las que se votó no ingresar» y, aun así, «se ingresó igual».

La reducción de cargos docentes aparece como uno de los puntos más cuestionados de la reforma. Agulló explica que la reducción se encuentra entre el 40% y el 60% según cada escuela, y se calcula de forma automática a través de una planilla de Hacienda que cruza horas y materias. También se suma un cambio en el criterio para asignar los cargos que quedan, donde la reforma no respeta el escalafón ni el sistema de puntaje del estatuto docente, sino que prioriza a quienes ya tienen más horas titulares en esa escuela puntual. «Cero respeto a la trayectoria, cero respeto al puntaje docente», plantea Agulló, y agrega que varios docentes que fueron a la Justicia por este motivo tuvieron fallos en contra.

Para los estudiantes, ese recorte no es solo administrativo y les afecta de forma emocional «Para nosotros, los pibes, significó perder a docentes que nosotros queríamos. A referentes emocionales, a ese profe que te sabía escuchar cuando tenías un quilombo», explica Micaela.

Para estudiantes y docentes, muchos de los cambios no son coherentes con la realidad cotidiana de las escuelas. En cuanto a lo que tiene que ver con las edificaciones, Micaela plantea que es imposible sostener ese discurso si no se tiene las suficientes aulas disponibles “si la infraestructura de los colegios está cayéndose a pedazos», denuncia. Por eso explica que partes centrales de la reforma, como la circulación de estudiantes entre años, no se pudieron aplicar como estaban pensadas. Agulló coincide: «En la mayoría de las escuelas hay ratas, hay filtraciones varias», resultado de la falta de mantenimiento y funcionamiento.

Las críticas también apuntan a uno de los puntos que más se repiten en la reforma, el bienestar socioemocional. Dolores cuestiona que, al recortarse la planta docente, se reducen también las instancias de consulta al Departamento de Orientación Escolar (DOE), pensado además para el acompañamiento pedagógico, no el emocional: «Nadie elige sacarse un 1 en matemática, nadie elige llevarse una materia.» Y como ejemplo remarca que, frente a hechos de violencia armada en escuelas, la respuesta del Ministerio fue apuntar a los videojuegos y los celulares en lugar de atender la salud mental de fondo.

Para Agulló, la discusión va más allá de esta reforma puntual. Explica cómo hubo un gran giro desde un programa de ESI que pensaba el bienestar desde la convivencia y la grupalidad, hacia una lógica más individual de autorregulación emocional, «esta idea de que yo solo puedo coacharme para manejar mis emociones», que para ella está inscripto en un proyecto más amplio de «libertad educativa» a nivel nacional.

Otro de los cambios más cuestionados tiene que ver con la pérdida de especificidad en las materias, al agruparse en talleres o «laboratorios» de área. Dolores lo vincula a una lógica individualista que aleja al alumno del docente, algo que compara con «simular un campus de Estados Unidos». Agulló coincide desde la mirada docente donde historia, geografía y formación ética se agrupan en un «laboratorio de ciencias sociales» sin diagnóstico previo, y aunque el Ministerio sostiene que no es una reforma curricular, en la práctica cada docente termina dando su materia por separado y consensuando una nota en común.

A pocos días de las jornadas EMI, Ademys volvió a rechazar la reforma «BA Aprende» y habló sobre sus efectos en las escuelas donde ya se implementa. A partir de testimonios de docentes y relevamientos realizados por su Comisión de Media, el sindicato denunció una pérdida de entre el 30% y el 50% de los puestos de trabajo, una mayor sobrecarga laboral y dificultades para sostener los contenidos de las materias. También cuestionó la falta de recursos prometidos, el incremento de tareas administrativas y tutoriales para los docentes y el impacto de la reforma sobre la organización institucional de las escuelas.

La educación ocupa un lugar central en la vida de los estudiantes y es una de las principales herramientas para construir el futuro del país. La reforma produjo fuertes críticas por parte del estudiantado y el área docente, pero tanto Dolores como Micaela remarcan que no se oponen a una reforma del sistema educativo en sí, pero aclaran que la elaboración y aplicación de la reforma tiene que “sí o sí” hacer parte a los estudiantes, y construirse a partir de los problemas y necesidades reales de las escuelas. «Pasamos muchísimas más horas ahí que en nuestras casas con nuestra familia. Quien no tiene una familia que lo acompañe depende 100% del colegio», concluye Dolores.

La hora de la unidad

La hora de la unidad

La CGT, junto con ATE, la CTA y la UTEP, se sumaron a la marcha de los jubilados de cada miércoles, en apoyo a los reclamos de aumento de haberes, restitución de los medicamentos gratuitos y retorno de la moratoria. También hubo protestas contra la reforma laboral. El principio de un plan de lucha que se propone articular todos las demandas sociales.

Este miércoles se realizó, como cada semana, la marcha de los jubilados en reclamo por los bajos aumentos de las jubilaciones y las condiciones laborales luego de la aprobación de la Reforma Laboral. El reclamo estuvo acompañado por la CGT, ATE, la CTA y la UTEP.

La marcha comenzó a las 15 en el centro porteño, en Rivadavia y Montevideo, y con tres cuadras de extensión, en dirección al Congreso. Las agrupaciones escoltaban a los jubilados, portando banderas de “La Seguridad Social es un derecho, no un privilegio” y “La Patria no se vende”, bajo los nombres de cada agrupación.

En diálogo con ANCCOM, Marta Reyes, de 82 años, cuenta que asiste a las marchas cada miércoles porque a sus compañeras “no les alcanza y no saben si comprar remedios o comer”. La jubilada, que se acercó desde Tigre, cuenta: “La inflación va por arriba y cuesta mucho llegar a fin de mes. Yo sabía que no venía nada bueno, pero no pensé que era tan grave”.

Por su parte, Luis Maceiro, de 87 años, marcha con una pechera de ATE en la que se lee “Con la fuerza de los que no se resignan”. “Hay que reaccionar y no tener miedo” dice. “¿Qué país le vamos a dejar a nuestros nietos?”, pregunta en voz alta y cuenta que la jubilación ni siquiera le cubre los medicamentos. “No hay que seguir callados, hay que romper este silencio que hay en la sociedad”, finaliza.

Unos pasos más adelante, a metros del Congreso y en un pequeño escenario, jubilados se reunían, acompañados por trabajadores, para escuchar las palabras de sus dirigentes. Ana Valverde, dirigente de La Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), explica: “Hemos salido a la calle miles de trabajadores, jubilados y activos. La única manera de sacar a Milei es con la huelga general y un plan de lucha y todos juntos en la calle. El aumento de agosto para un jubilado va a ser de 8.000 pesos”.

Por su parte, el operativo policial rodeó las calles alrededor del Congreso, bloqueando las calles Rodriguez Peña, Mitre, la Avenida de Mayo y Avenida Rivadavia. A pesar de una fuerte presencia policial, no hubo tensiones visibles, como sí las hubo por la mañana cuando la columna de la UTEP cruzó el Puente Pueyrredón. Por la tarde, la policía se mantuvo pacífica a diferencia de lo que suele ocurrir cada miércoles. La tarde se caracterizó por las banderas desplegadas en las calles, los bombos y platillos que acompañaban a los manifestantes mientras caminaban hacia el Congreso, y la presencia de los dirigentes que hablaban a los asistentes.

El necesario apoyo de la CGT

Lo distintivo de la marcha de jubilados de este miércoles fue la presencia de la CGT y demás agrupaciones, que marcharon juntos para intensificar la lucha en contra de las decisiones tomadas por el gobierno. “Estamos con bronca con el gobierno de Milei. Hay que exigirle a la CGT y a la CTA que no se queden en la inercia, y que el 6 de agosto que se quiere votar la Ley de Tierras haya paro y movilización”, comentaba en el escenario Carlos «Titín» Moreira, dirigente de la agrupación Jubilados del PTS.

Por su parte, Carlos Alberto Colapián, de 75 años, asiste cada miércoles a las marchas de jubilados frente al Congreso. En diálogo con ANCCOM comenta que hoy, particularmente, hay un amplio espectro de agrupaciones que se unieron, según él, no solo en contra del gobierno de Javier Milei, sino buscando “un cambio y unidad profunda: tenemos que unirnos, todas las organizaciones, y elaborar un profundo programa de transformaciones. En este gobierno nos han abandonado”, finaliza. Los jubilados piden a las organizaciones gremiales, la CGT y la CTA, que «dejen de dormir» frente a las reformas.

Por los jóvenes

Entre las voces de los jubilados aparece una preocupación en común: el futuro de los jóvenes del país. Respecto a esto, Marta comenta “Yo siempre le digo a la gente más joven que nosotros, los jubilados, luchamos por el futuro de los que van a ser jubilados, porque si seguimos así no va a haber jubilación. No hay trabajo, no tenés para aportar”.

Uno de los temas en boca de dos manifestantes que se presentan como Marta y Luis es la informalidad laboral actual gracias a la cual a los jóvenes se les dificulta cada vez más encontrar trabajos dignos, ahorrar o independizarse. Respecto a esto, Luis afirma que, “gracias a Dios, tengo una casa propia por el esfuerzo de mi familia, pero no puede ser que mi hija no pueda pagar un alquiler o que mi nieto vaya a una escuela con 40 alumnos”. Marta agrega: “Yo apoyo a los jóvenes, ya estoy hecha, tengo 30 nietos, 31 bisnietos y 12 hijos. Antes había más trabajo y los gobiernos escuchaban y algo se lograba, pero ahora no tenemos nada de justicia. Hay que seguir en la calle y pedirle a los jóvenes que nos acompañen”. Los jubilados piden a los jóvenes que se unan a ellos en esta lucha, ya que son el futuro del país.

Respecto a esto, Nahuel Fernández, delegado de ATE y el INDEC, cuenta a ANCCOM que ATE acompaña el reclamo de los jubilados contra el ajuste que está impulsando el gobierno. “Estamos en un contexto donde crece la informalidad laboral, donde los jóvenes somos los que más sufrimos esto y el gobierno avanza con leyes que degradan las condiciones de los trabajadores. Venimos a mostrar nuestro repudio a la aplicación de la reforma laboral, al avance de la flexibilización, de la informalidad, y a plantear que cada vez los salarios alcanzan menos para llegar a fin de mes. Como dice la consigna, el día de mañana todos nos vamos a jubilar. Creo que sería bueno avanzar con medidas más contundentes y preparar un paro general para salir a plantear que no se puede bancar más lo que está haciendo el gobierno”, dice.

Una lucha más grande

Desde julio, el haber mínimo a jubilados pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Pero más allá del reclamo por el bajo aumento, los jubilados están más preocupados por el futuro del país. “Falta unión popular”, dice Carlos Alberto, preocupado no solo por este gobierno en particular, sino por lo que pueda venir en el futuro.

Ricardo y Liliana, junto con otros jubilados del Sindicato de Telecomunicaciones y sindicatos docentes, cuentan a ANCCOM la necesidad de ser acompañados por otros sectores: “En general el jubilado perdió el 80% del haber y no le alcanza para los productos básicos. Esperamos que la CGT fortifique la pelea y haga un paro general”, comenta Ricky. Además, agrega que “los jubilados son un pilar marcando el camino todos los miércoles, pero el resto también tiene que acompañar, incluyendo a los estudiantes. Si nos quedamos todos en nuestras casas callados, ellos siguen avanzando”.

“Nos encantaría que los jóvenes vengan con banderitas de sus universidades y nos acompañen, porque todo este esfuerzo que hacemos es para ustedes, que son los que van a quedar”, dice finalmente un jubilado que prefirió no decir su nombre.

La palabra que finalmente une todos los discursos es “futuro”, la necesidad de reconstruir el país desde abajo, saliendo a las calles, concientizando acerca de las consecuencias que puede tener la falta de lucha.

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