Exigen libertad a los presos por twittear

Exigen libertad a los presos por twittear

Feb 23, 2024 | DDHH, Destacado 4

Los familiares de Villegas y Morandini brindaron una conferencia de prensa en el Congreso a 50 días de su detención. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales.

Familiares de los detenidos jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas convocaron ayer a una conferencia de prensa organizada por la diputada del Frente Todos, Natalia Zaracho, en el Anexo A del Congreso de la Nación para exigir su libertad inmediata y desprocesamiento. Ambos llevan detenidos 50 días por haber publicado en redes sociales información sobre el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales. “Es muy difícil explicarle a un niño que hay dos personas presas por hacer un chiste”, dijo Lucía Castro Olivera, compañera de Morandini, sobre la situación que vive con sus hijas. En la conferencia también estuvieron presentes diputados de diferentes bloques y representantes de organismos de derechos humanos.

Desde el 4 de enero, el docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Roque Villegas permanecen en prisión preventiva por twittear una broma sobre el matrimonio del exgobernador Gerardo Morales y Tulia Snopek y por difundir un flyer en redes, respectivamente. Desde entonces, los familiares y compañeros exigen la libertad inmediata de ambos, denuncian lo sucedido y difunden el caso a través del hashtag #PresosPorTwittear. A esta causa se han unido diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y organismos de derechos humanos. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

La primera integrante de las familias en hablar fue Lucía Castro Olivera, quien actualmente tiene un bozal legal por el que no se le permite mencionar a los denunciantes, como es el caso de otros familiares y amigos de los detenidos. Castro Olivera recordó cómo la policía entró a su domicilio de civil para confiscar el celular a Morandini y detenerlo. “Tenemos dos niñas pequeñas que tienen que ir a ver a su papá en el penal”, expresó Castro Olivera con angustia. “A mí me resulta muy difícil explicarles la situación”.

“Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”, dijo Castro Olivera.

En diálogo con ANCCOM, Castro Olivera dijo: “Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”. Este viaje para hacer oír el caso de su compañero en la Capital argentina requirió de mucho esfuerzo, pero señaló que es necesario: “A pesar de que ya hay denuncias a nivel internacional, los jueces no se hicieron eco de eso, entonces creemos que la única forma es que esto tome estado público, se convierta en un escándalo nacional y de esa manera presionar al gobierno de la provincia para que se ajuste al derecho internacional y a las normas más básicas de la convivencia democrática”.

La siguiente en tomar la palabra fue la hermana de Villegas, Norma Vega, quien habló de cómo la detención de su hermano afectó a su familia, en especial a su madre, y sobre su accionar ante esta situación: “Nos llevó a salir a tocar puertas, a pedir de alguna manera que cese la detención, que no sea extendida, porque no hay causa, no hay razón, no hay delito”. Luego de ella habló Elizabeth Gómez Alcorta, parte de la defensa de Morandini y conocida por litigar en defensa de Milagro Sala. La abogada leyó el tweet de Morandini  y señaló que este no menciona a nadie ni acusó a nadie de nada y que cumple con todos los estándares que la Corte Suprema fija respecto al derecho de libertad de expresión, que “habla respecto del humor” y que se trata de “una publicación en una red social como es Twitter que tiene una dinámica particular”. Gómez Alcorta concluyó que “todos los que estamos acá, si somos usuarios de Twitter, estaríamos presos si viviésemos en Jujuy” y que “depende de nosotros que en los próximos diez días, en donde se vencería el plazo de la prisión preventiva, podamos alzar la voz”.

Pablo Lachener, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habló del historial de violaciones a los derechos humanos en Jujuy y expresó que este caso es “una banalización del derecho penal y una banalización de la historia” ya que los denunciantes Morales y Snopek han imputado a los detenidos por supresión de identidad. Diego Maita, docente de la Universidad Nacional de Salta, habló sobre Morandini, sobre las violaciones de derechos humanos en Jujuy y Salta e hizo un pedido a sindicatos y organizaciones para que acompañen esta causa para poder lograr la libertad de los detenidos. Finalmente, Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, contó sobre la iniciativa de un Amicus Curiae por parte de su federación y expresó que pretenden “romper con el cerco mediático que existe en Jujuy y en otras provincias”. Staiti también expresó: “Vienen por todos, todas y todo” y que “lo que hoy está en juego es pensar libremente”.

Lola Castro Olivera, cuñada de Morandini, dialogó con ANCCOM sobre las condiciones en las que se encuentran detenidos su cuñado y Villegas: “Los tres primeros días estuvieron en una celda de castigo, que es algo que es ilegal en todo el mundo, estuvieron incomunicados, desnudos y comiendo con las manos”, situación que se logró detener gracias a la intervención del Comité contra la Tortura y los Tratos Crueles. Luego de eso, Morandini fue trasladado seis veces y llegó a “una situación de detención más liviana” en la que sus familiares pudieron verlo todos los días y brindarle alimentos cocinados por su familia. Sin embargo, “arbitrariamente, en un momento, se lo regresa otra vez al penal” donde solo lo pueden visitar un par de veces por semana, aunque si se pueden comunicar más seguido a través de llamadas.

Durante la conferencia de prensa, también tomaron la palabra diputados de diferentes bloques, como Alejandro Vilca, Vanina Biasi del FIT y Mónica Macha y Daniel Gollán del Frente de Todos, quienes coincidieron al señalar lo antidemocráticas que son estas detenciones y lo compararon con situaciones similares en otras provincias. Además, Maita y Catro Olivera leyeron, respectivamente, cartas de Villegas y Morandini. El primero expresó en su carta que sus denunciantes “no tienen cómo demostrar todo este mamarracho que pusieron a la luz para tapar los verdaderos problemas de Jujuy” y que “hoy somos nosotros y si no se frena en Jujuy estamos todos a un paso del paredón”. Por su parte, Morandini expresó en su carta que su tweet “era en lenguaje potencial y no hace mención directa a nadie” y denunció: “Ajustados, sumisos, amedrentados y disciplinados, eso es lo que pretenden para nuestra sociedad”. Morandini concluyó que “con este caso buscan un precedente, el precedente de poder disponer de tu libertad para hacer uso de una red social”.

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

Feb 22, 2024 | DDHH, Destacado 2

Fuerte rechazo de organizaciones sociales por el anuncio de cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni.

En la mañana del jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). «Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo», indicó Adorni.

Pese a los dichos del vocero, el Instituto tiene un papel central para muchos grupos sociales: “Quienes tenemos en nuestros cuerpos y en nuestras trayectorias de vida las marcas de la discriminación, el racismo y la xenofobia somos principalmente mujeres, trans, lesbianas, gays, nobinaries, intersex… Este tipo de organismos bregan para trabajar de forma comunitaria y colectiva en todo el territorio nacional en la sensibilización, asistencia, acompañamiento y atención a víctimas de discriminación”, explicó Flora Viola, referenta nacional de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro.

Horas más tarde, luego de fuertes repudios a la medida, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado donde se informaba que las funciones del Instituto y una parte del plantel  serían absorbidos por dicho Ministerio. El Instituto ya funcionaba en la órbita del Ministerio antes conocido como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero de forma descentralizada. Así, podía garantizar los objetivos de recibir y centralizar denuncias, hacer un registro nacional, diseñar y ejecutar políticas públicas y asesorar técnicamente al Ministerio Público y a tribunales judiciales.

A nivel individual, el INADI como organismo independiente podía asesorar y asistir frente a situaciones de discriminación, hacer informes que puedan ser presentados en eventuales denuncias ante el Poder Judicial y gestionar para que voluntariamente una persona deje de discriminar. El proceso judicial era otra vía que las personas damnificadas podían optar seguir, ya con información sobre sus detalles e implicancias y una denuncia que las amparaba.

El subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, tuiteó luego de la conferencia de prensa que el Instituto «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia porteña, donde «se investigan crímenes, violaciones y robos» y que “ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos”. Luego de los despidos del último mes, el Instituto tiene 355 trabajadores que sufren “las campañas de desprestigio y demonización del gobierno de Javier Milei”, en palabras de Viola. En el comunicado ministerial de la tarde se caracterizó al INADI como una “superestructura” ineficaz, pero la decisión de desintegrarlo, entorpecería su funcionamiento.

Para Manu Mireles, co-fundadora y secretaria del bachillerato Mocha Celis, el cierre del INADI atenta contra la garantía de la democracia y los derechos humanos. El Instituto “brinda asesoramiento integral y gratuito a grupos víctimas de discriminación, xenofobia y racismo. Desde una perspectiva interseccional, la comunidad travesti-trans es una de las más afectadas por la vida cotidiana”.

Más allá de su rol social, Mireles remarcó que “es fundamental que podamos tener en el Estado argentino una instancia de elaboración de políticas públicas contra la discriminación para garantizar los derechos de todas las personas”. En esa línea, el Frente Orgullo y Lucha, que reúne a organizaciones LGBT+ de todo el país, destacó la participación del INADI en las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Reproducción Humana Asistida, Cupo Laboral Travesti-trans, Respuesta Integral al VIH, entre otras. 

Además, el Frente afirmó que “el INADI devino un símbolo indiscutible de convivencia democrática en la diversidad, no sólo sexual, sino de toda índole. Y se puede considerar, también un ejemplo de política de Estado, sabiendo trascender las gestiones de gobierno que nuestro país ha tenido desde la creación del organismo”.

No sólo las asociaciones de géneros y diversidad comunicaron su repudio, sino también activistas de la salud mental y discapacidades. Por ejemplo, la seccional de Quilmes de Hablemos de Autismo Red Federal llamó a las autoridades a “reconsiderar esta decisión y garantizar la continuidad del INADI en su misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos”. La Red Federal de Familias TEA y TGD expresó su “enérgico repudio” en un comunicado de redes sociales: “Esta medida representa un retroceso en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en nuestra sociedad”.

Laura Alcaide de Orgullo Disca resaltó la “amplia lucha” del Instituto por los derechos de los discapacitados. El organismo está vinculado con la Ley 26378 de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la creación de normativas para la fabricación de productos y tecnologías accesibles. “Tiene que existir un organismo que medie para que la vulneración de derechos no ocurra. Este gobierno está intentando que volvamos a nuestras casas, a situaciones de violencia y que nadie pueda mediar por nosotres”, advirtió Alcaide.

Jony de la Silla, militante social y artista popular, se posicionó en defensa del Instituto “como persona con discapacidad, pero también como negro, pobre, que se pinta las uñas y es militante”, ya que “todos tenemos que luchar por el derecho a una vida digna y el INADI aporta un montón a eso”. Gracias al Instituto fue posible la Ley 26162 de Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), una herramienta vital para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las identidades negras y marrones.

La organización Defensoría de Laburantes explicó que “la agenda de Milei promueve explícitamente avanzar contra las minorías, que no tengan voz y que se le dé rienda suelta a su discurso violento, discriminador, misógino y homofóbico. Para eso, el INADI es un obstáculo a remover”.

El derecho a la comunicación, en peligro

El derecho a la comunicación, en peligro

Feb 19, 2024 | DDHH, Destacado 3

Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre regresiones en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.

Más allá de la caída de la “Ley Ómnibus”, las intenciones del Gobierno y las reformas que introdujo el DNU 70/2023 en materia de comunicación siguen vigentes. A esto se le suma el Protocolo Antipiquetes que durante las coberturas del debate de la ley en el Congreso atentó contra la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la CIDH que advierta al Estado argentino sobre regresiones en derechos humanos fundamentales se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Argentina (AMARC), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, entre otras. Estas organizaciones le acercaron información detallada a la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión a partir de la asunción del nuevo gobierno.

Como antecedente cabe citar las reformas en materia de comunicación que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, a pocos días de haber asumido. Al año siguiente, gracias a un pedido de organizaciones de la sociedad civil, estos cambios desembocaron en una audiencia pública en la sede de Washington de la CIDH. Allí, el Estado argentino tuvo que brindar explicaciones sobre las modificaciones realizadas por DNU a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Ley Argentina Digital, puesto que incumplían los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

En aquella audiencia, los representantes del Estado argentino sostuvieron que eran modificaciones transitorias, ya que iban a crear una nueva Ley Integral de Comunicaciones que contemplara la convergencia tecnológica, algo que nunca ocurrió. Diego Morales, director de Litigios y Defensa legal del CELS, en diálogo con ANCCOM, afirma que “con la llegada de Milei, aquellas garantías que al menos subsistían para que no se generase un proceso de concentración significativo, fueron eliminadas”.

La presentación de las organizaciones plantea que el DNU 70/23 derogó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional habilitando niveles de concentración mediática incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH. “Todo el sistema audiovisual quedó organizado sin ningún tipo de límite para el trabajo de las empresas, Macri ya había sacado ciertos límites, pero este Gobierno organizó la liberación total”, señala Morales.

Según Mariano Randazzo, integrante de Radio Sur y de AMARC, “lo que está en juego es el derecho a la comunicación en su integralidad. Nosotros no concebimos ni a las audiencias como consumidores ni a la comunicación como un negocio, sino como un derecho que tenemos los pueblos a construir nuestras experiencias comunicacionales vinculadas a nuestras identidades, culturas, saberes, a nuestras historias y a partir desde ahí construir nuevas representaciones mediáticas de una manera plural, diversa y democrática”, explica.

Otro eje de la solicitud ante la CIDH es la intervención de los medios públicos, que ya no depende del modelo definido en la LSCA, sino que “ahora es el propio Poder Ejecutivo el único que determina los contenidos y los sistemas de programación con el riesgo de ir a su privatización”, enfatiza Morales.

“Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara. Nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es muy fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social. Vamos a seguir existiendo y seremos un actor central”, dice Randazzo.

Al respecto, Randazzo agrega: “La intención explícita de querer privatizar los medios públicos es parte de cerrar voces y limitar la diversidad, los medios públicos van más allá del rating y de la lógica comercial, su función es cumplir un rol social”. Hay que añadir que la LSCA organizaba el sistema de medios en tres prestadores: estatales, privados y privados sin fines de lucro (como es el caso de las radios comunitarias).

Además del objetivo de privatizar los medios públicos, está la de eliminar los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por la LSCA y una fuente importante de ingresos de los medios comunitarios. “Los riesgos de estas medidas son muy concretos, ya que nuestro sistema de medios, tal como lo conocemos, hasta el momento desaparecería y el actor que quedaría con las mejores condiciones para gestionar la comunicación argentina sería el sector privado, ese es el núcleo de nuestra presentación”, puntualiza Morales.

Los FOMECA son administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fue intervenido por decreto. Randazzo asegura que “su intervención es una restricción a la construcción democrática que tenía ese organismo, porque ahí participaban las minorías parlamentarias, representantes de las provincias y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el FOMECA todavía no se borró del mapa, el hecho de que no se estén firmando expedientes para que eso avance es una manera de frenarlo”.

Otro de los puntos que trata la presentación ante la CIDH es la eliminación de la Defensoría del Público, organismo también creado en 2009 por la LSCA. Morales destaca que “es un órgano que permite que se lleven adelante denuncias y que ciertos procesos de estigmatización generados por los medios de comunicación puedan ser discutidos y modificados”.

“Las políticas de Milei efectivamente son una continuidad de los decretos de Macri que en su momento ni bien asumió significaron la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ahora viene a terminar ese trabajo”, opina Randazzo. Sin embargo, aclara: “Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara, porque nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es mucho más fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social, que lo que va a lograr hacer este Gobierno. La comunicación comunitaria va a seguir existiendo en nuestro país y va a ser un actor central”.

La nota a la CIDH alerta sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Aprovechamos la oportunidad para incluir todos los ataques que recibieron periodistas y fotógrafos al momento de cubrir manifestaciones. Alertamos sobre el ejercicio de la profesión, no solo en la protesta social, sino en los ataques que reciben periodistas que se oponen al Gobierno”, subraya Morales.

Para Morales, “sería muy importante que la CIDH opine sobre esta transformación de cómo es el sistema de comunicación en Argentina, que opine sobre temas estructurales”. Randazzo, en tanto, espera que la CIDH sea una tribuna internacional que los acompañe en la lucha. “Vale la pena presentarse más allá de los tiempos y las gestiones, sabemos que no es una cosa automática e inmediata –afirma–. Esta estrategia en unidad con otros sectores es una más en el camino por lograr el reconocimiento del derecho a la comunicación”.

“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

Feb 16, 2024 | DDHH, Destacado 3, slider

Esta fue una de las coincidencias de quienes participaron de una audiencia en el Congreso convocada por la bancada del FIT-U para analizar las consecuencias de la represión a las manifestaciones contra las medidas del gobierno de Milei.

“Quieren prohibir la protesta social y aleccionar al pueblo trabajador, como hizo Bullrich en diciembre de 2017, ahora con Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma en el medio de la plaza, en contradicción con su propio protocolo que habla de despejar la calle”. Así abrió Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), la audiencia pública ayer en el Anexo del Congreso convocada por su bancada para escuchar los informes de organismos de derechos humanos y de víctimas de las represiones protagonizadas por las fuerzas policiales y de seguridad desde que asumió Javier Milei, y en particular los días 31 de marzo, 1 y 2 de febrero contra la manifestación en rechazo de la Ley Ómnibus. “Es ilegal lo que hace la ministra de Seguridad, y la justicia está dejando que el Gobierno haga el trabajo sucio para eliminar el derecho a la protesta, cada herida a un fotógrafo es la verdad que se quieren robar, y acá tenemos herido también a nuestro compañero abogado, Matías Aufieri”, agregó la legisladora. 

La sala 2 del Anexo C estuvo completa por la gran cantidad de periodistas, diputados y dirigentes que acudieron a la invitación de Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá para exponer los hechos ocurridos frente al Congreso de la Nación cuando cientos de personas sufrieron la represión producto del protocolo de Patricia Bullrich mientras se trataba la Ley Ómnibus. Toda la atención de los y las presentes se distrajo de quien estaba hablando cuando, por la mitad del encuentro, hizo su ingreso en su silla de ruedas Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien dijo estar muy emocionada, deseó suerte a todos los presentes para enfrentar lo que se viene y expresó su intención de presentar un escrito para que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei. 

Veinticinco oradores y oradoras coincidieron en la necesidad de lograr una “unidad en la diversidad” para hacer masivas las movilizaciones que se vienen en marzo, el 1 por el inicio de las sesiones del Congreso, el 8 por los feminismos y disidencias y el 24 por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, con el objetivo de hacer caer el DNU de ajuste del gobierno.

«La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo un informe de esta circunstancia trágica, fue la profundización de esta escatología que se esperaba si ganaba la derecha, 285 víctimas produjo su altísimo poder de daño, en sus formas se va pareciendo bastante en las formas de la dictadura», dijo Dora Barrancos, presidenta de ese organismo. “En el recinto usamos el informe de la CPM mientras un sector de los diputados se reían, estábamos denunciando un protocolo de represión que viola todos los tratados internacionales y es ilegal, no vamos a permitir que toda la Argentina se convierta en Mendoza o Jujuy», expresó la diputada Del Pla sobre los detenidos y condenados por protesta social. 

Por su parte, Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) manifestó que “el protocolo habilita al Estado a intervenir ante cualquier corte vehicular como delito y eso lo transforma en una herramienta para prohibir un derecho. También autoriza a las fuerzas a realizar tareas de inteligencia, lo cual es un uso descabellado de la ley».

Se pronunciaron  la legisladora Mercedes de Mendieta (IS), Rosario Gauna (Comité Nacional para la prevención contra la tortura), Mónica Hidalgo del Frente Popular; Susana Ancarola del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Nicolás Tauber de Liberpueblo, e Inés Hayes de Periodistas Argentinas, delegada de Página/12 y trabajadora de CTA Autónoma. 

Con lentes de sol porque se recupera lentamente de la herida en su ojo, y aún no recuperó la visión, Matías Aufieri, describió los detalles del momento en que lo lastimaron. «El gobierno redobla la apuesta todo el tiempo, salvo cuando la movilización es grande, hay que frenar esta espiral delirante de Bullrich y Milei, el 1 de febrero hubo una cacería, no podíamos salir de la plaza, nos tiramos al piso, querían esa foto para frenar a la gente que podía venir». Y luego se abrazó con Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la dictadura, quien había recordado que Aufieri solía visitar a los testigos luego de sus declaraciones en los juicios de lesa humanidad, donde “dejábamos nuestra alma al reabrir las heridas”. A su turno, Mirta Israel –hermana de Teresa, desaparecida en la última dictadura cívico-militar– dijo que pudieron seguir haciendo el festival Unidos por la Cultura gracias a los periodistas que estaban bloqueando a la policía que reprimía. 

Se escucharon también los testimonios de otras víctimas como Nicolás Ramos, fotoperiodista de Anred que recibió disparos; Alfredo Luna y Víctor Carrera de Télam, quienes afirmaron que “se trató de un show montado para transmitir el mensaje de que también pueden reprimir a los trabajadores de prensa”; y se comunicó Anibal Maidana por videollamada como consecuencia de la perimetral que no le permite acercarse al Congreso, tras su detención. Elida Carci, jubilada y perteneciente al Plenario de Jubilados, contó que también sufrió los ataques. Los diputados de Unión por la Patria, Carlos Castagneto y Vanesa Siley, hicieron sus aportes. «Cuando vienen políticas de ajuste, poner un protocolo demuestra que es un gobierno que quiere quitar derechos. Hay que tirar abajo el DNU, el miedo tiene que ser de ellos, no les gusta la comunidad organizada», expresó Castagneto.

También hablaron Franco Capone y la médica y diputada Laura Cano, de la Posta de Salud que montaron en Plaza de los dos Congresos, que atendieron a más de 285 personas y advirtieron rápidamente sobre el gas pimienta que se está utilizando en la represión que produce una sintomatología más fuerte de la acostumbrada. Por último, llegados del piquete frente al Ministerio de Trabajo, hablaron Néstor Pitrola y Eduardo Belliboni. “El león herido es más peligroso, hay que derrotar al animal salvaje que quiere destruir nuestros derechos”, dijo el líder del Polo Obrero.

Todos coincidieron en que la represión del jueves 2 fue una “cacería”, que se disparaba indiscriminadamente, en un contexto pacífico donde nada justificaba el despliegue de las fuerzas tal y como lo llevaron a cabo, como una provocación y un intento de intimidación. Y también hubo unánime repudio a la resolución de la Cámara Federal que ayer avaló el protocolo represivo de Bullrich. La legisladora del MTS, Celeste Fierro, quien había iniciado una acción el 18 de diciembre ante el Poder Judicial con la intención de declarar el carácter inconstitucional del protocolo, contó que la medida cautelar dictada por el juez federal Sebastián Casanello quedó sin efecto y que los camaristas le pidieron que se alejara de la causa. “Tardaron 50 días en actuar, aun viendo lo que sucedía”, criticó la legisladora 

Casi en el cierre, Guillermo Torremare (CPM-APDH) destacó la resolución que dictó la semana pasada la ministra Bullrich por la cual “se habilita a las fuerzas de seguridad a utilizar armas letales en las movilizaciones sociales, les da libre interpretación del agente de seguridad que va armado y lo habilita a disparar sin necesidad de dar la voz de alto. Se soslaya así un principio elemental del derecho penal que es la proporcionalidad entre la reacción del agente de seguridad y la presunta falta o delito que se quiere neutralizar. Esto en un país como Argentina que en 40 años de democracia lleva más de 8 mil personas muertas por los excesos y abusos en manos de las fuerzas de seguridad, instaló un peligro gravísimo”. 

Nicolás del Caño cerró la audiencia haciendo hincapié en “la valentía de los compañeros y compañeras que se movilizaron, que fue fundamental para hacer caer la ley”, y en la necesidad de plantear un paro nacional en el marco de un “verdadero plan de lucha para dar esta batalla contra el plan motosierra-licuadora contra el pueblo”. 

Postergan el juicio a Laura Villalba en Paraguay

Postergan el juicio a Laura Villalba en Paraguay

Feb 15, 2024 | DDHH, Destacado 5

La acusan de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», delitos que conllevan una condena de hasta 30 años de cárcel. Sin embargo, no existen pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad.

La audiencia programada para el juicio oral de la causa número 256, en la que se acusa a la argentina Laura Villalba de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”, y que estaba prevista para el 8 de febrero en los tribunales especializados de Asunción, ha sido pospuesta debido a una acordada de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Esta resolución reorganiza las unidades especializadas en materia de juzgado de sentencias. Laura Villalba y su defensa deberán esperar a que se sortee un nuevo tribunal y se les notifique quiénes serán sus nuevos integrantes, dado que los miembros anteriores fueron asignados a unidades ordinarias. Salvador Sánchez, abogado de Laura, sostiene que la espera no será prolongada: “Como máximo en 15 días vamos a tener agenda”. 

En 2019, Laura Villalba viajó con su hija y sobrinas a Yby Yaú, en el norte de Paraguay, con el objetivo de que las niñas pudieran conocer a sus padres, quienes eran miembros del grupo insurgente «Ejército del Pueblo Paraguayo» (EPP). Aunque tenían planeado regresar antes del inicio de las clases en 2020, la pandemia por covid-19 lo impidió y las fronteras fueron cerradas. Ante esta situación, la familia se vio obligada a convivir en un campamento creado por el grupo insurgente. Sin embargo, el 2 de septiembre, este campamento fue descubierto y atacado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, una unidad militar anti grupos insurgentes. El resultado fue trágico: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron disfrazados de guerrilleras para que el presidente de ese momento, Mario Abdo, pudiera tomarse fotografías victorioso en el campamento. En un intento de escape, Carmen Elizabeth “Lichita”, de 14 años, desapareció un 30 de noviembre tras una nueva emboscada de las fuerzas armadas paraguayas.

Villalba fue detenida un 23 de diciembre de ese mismo año, tras terminar en un retén militar por buscar a sus sobrinas. Fue llevada a juicio por los cargos de «violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar», con una pena de 10 años, y por «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», con una expectativa de pena de 30 años. Respecto al primero de los cargos, en Concepción, Laura Villalba fue condenada a 3 años de prisión bajo la acusación de «violación del deber de cuidado y/o educación», y fue absuelta del cargo de «violencia familiar». Concepción cuenta con un único Tribunal de Apelación, al cual la defensa intentará apelar en busca de la absolución.

 

Para el juicio por terrorismo, Salvador Sánchez afirma que no existe ningún material audiovisual o de imágenes que pueda sostener que Laura cometió los hechos que se le atribuyen. Se le inculpa de terrorismo basado en homicidio, pero su abogado sostiene que el Ministerio Público no tiene una víctima del supuesto hecho punible de homicidio en grado de tentativa. Sánchez reafirma: “Son solamente relatos teóricos que hace el Ministerio Público, con los cuales pretende imponer una condena arbitraria a la misma”. Sin embargo, a pesar de la poca contundencia de las pruebas presentadas por la justicia, la defensa muestra prudencia en el caso al reconocer la inclinación del Tribunal a favorecer al Ministerio Público. Por ello, Sánchez solicita «respaldo y solidaridad» a la comunidad internacional para conformar una delegación de veedores internacionales, con el fin de asegurar un «debido proceso» para Laura, frente a las posibles irregularidades que se han presentado hasta la fecha.

 

Las arbitrariedades cometidas por el Estado paraguayo no son sorpresa. El mes pasado, la Comisión de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas emitió un comunicado a la República del Paraguay para expresar su preocupación por el no esclarecimiento del paradero de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, a más de 3 años de su desaparición. A lo largo del comunicado, el comité señala al Estado por una “posible participación” en los hechos de la Fuerza de Tarea Conjunta -FTC-, la cual no estaría bajo una adecuada investigación a pesar de que la desaparición de “Lichita” tuvo lugar en una zona bajo su control. El comité acusa que «no se evidencia la existencia de una estrategia de búsqueda para localizar a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, ni de una investigación integral y exhaustiva para identificar a los presuntos autores de su alegada desaparición forzada».

 

El formato del juicio estaba inicialmente programado como virtual para Laura y presencial para los abogados en Asunción. Sin embargo, con la reorganización judicial en curso, existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará ahora. La intención de la defensa es revertir esta situación y solicitar la presencialidad de Laura Villalba en el juicio. Esto se debe a una acordada de la Corte Suprema de Justicia que exhorta a todos los tribunales a llevar a cabo las audiencias de manera excepcional por medios telemáticos.

 

Para la defensa, la presencia de Laura en la sala de juicio tiene un gran significado. Esto se debe a la experiencia previa del juicio llevado a cabo en Concepción, donde no pudo estar presente al ciento por ciento en su juicio. Hubo muchos momentos en los que la señal se escuchaba entrecortada o se perdía por completo. Salvador Sánchez reafirma: «Siempre hay dificultades con los medios tecnológicos, y por eso queríamos plantear la idea de pelear con el tribunal para que remitieran el caso a la cámara de juicios».

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Feb 8, 2024 | DDHH, Destacado 4

La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.

En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.

Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.

Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.

Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA

El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.

El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.

También en la Ciudad de Buenos Aires

Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.

En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.

Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.

 

Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.

También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.