Una universidad de y para el pueblo

Una universidad de y para el pueblo

Abr 16, 2026 | Destacado 2

Como original forma de protesta para que el gobierno cumpla con lo que establece la Ley de Financiamiento, las casas de estudios superiores organizaron «La universidad no duerme», una jornada de actividades de 24 horas donde, además de enseñar, brindaron servicios gratuitos a la comunidad.

Hacia las 21, sobre las escalinatas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la gente se amontona: personas que entran, salen y otras están quietas, esperando. Un coordinador le comunica a un grupo de jóvenes con ambos blancos que no pueden atender a ningún paciente sin que antes firmen un consentimiento y agita un papel.

En la larga fila de pacientes que rodea la casa de estudios, desde avenida Córdoba, siguiendo por Uriburu, hasta casi Viamonte, Antonio, sus tres hijos y su mujer aguardan hace seis horas por asistencia odontológica: “Somos de Lanús. Vi en la tele que iba a haber atención gratuita y decidimos traer a los nenes y si se puede nos atendemos nosotros también”.

El servicio médico gratuito es una actividad más dentro de la jornada de visibilización en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que incluye clases abiertas, conferencias y talleres a cargo de diferentes instituciones de la UBA. El 21 de agosto de 2025 se sancionó la norma por amplia mayoría en Senado y desde ese entonces hasta hoy, tuvo lugar un extenso derrotero burocrático para su aplicación, cuyo hito fue un fallo de la justicia federal ordenando al Ejecutivo que la cumpla. Sin embargo, aún no lo hizo.

“Tenemos una ley aprobada por el Congreso de la Nación, hemos sido respetuosos de los canales institucionales, reclamamos, esperamos períodos legislativos, logramos que se apruebe, recurrimos a la justicia y hoy tenemos un fallo a favor en primera instancia, pero a pesar de esto, aún no tenemos respuesta del Poder Ejecutivo”, sostuvo, en conferencia de prensa, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien además anunció que, en caso de no obtener respuestas, en la primera quincena de mayo convocarán a una nueva movilización nacional en defensa de la educación pública.

Liliana Nicoliosi, profesora titular de medicina interna, junto a otras colegas, improvisa una selfie, bajo un gazebo que oficia como sala de recepción y resguardo de la lluvia: “Ha sido una jornada positiva, de visualización, cada uno desde su expertise dándole atención a la gente vulnerable, y si bien aún no alcanzamos a solucionar las expectativas de todos, seguimos doblegando esfuerzos para visibilizar el reclamo y que el Ejecutivo cumpla con la ley”.

Tapada con bolsas de consorcio para protegerse de la garúa, Ruth y su marido, ambos jubilados, aguardan por asistencia oftalmológica: “Venimos de zona sur, la plata no alcanza y los medicamentos son carísimos. Esta es una oportunidad única y por eso no importa cuánto haya que esperar, ni cómo vamos a volver a casa”.

– ¿Estás cansado? –le pregunto a un médico con la mirada perdida entre la multitud.

– Sí, pero vale la pena –responde y retoma su trabajo.

“El Estado tiene que tener un stock de vivienda en alquiler”

“El Estado tiene que tener un stock de vivienda en alquiler”

Abr 14, 2026 | Comunidad, Destacado 2

La propiedad de la vivienda en CABA se concentra cada año más, tal cual lo demuestran las cifras oficiales. Los créditos UVA anunciados por Jorge Macri como solución para la clase media que alquila, además de riesgosos y de difícil acceso, generarán una nueva suba del valor de la tierra, según advierte un especialista. ¿Qué otras soluciones existen?

En 2003 casi un 70% de los hogares de CABA eran propios. Para 2022 el número bajó a 54%. Si bien la dificultad para llegar a la vivienda propia se volvió una problemática mundial en la última década, Argentina presenta una multiplicidad de factores que agravan la situación.

En el caso local, la suba del valor de las propiedades en términos reales no es la raíz del problema, como en otros países, en cambio sí lo es la constante inestabilidad económica, que dio lugar a varios fenómenos que dificultan “el sueño de la casa propia”, en especial en CABA. El mayor de ellos es la falta de crédito hipotecario.

Mientras en Estados Unidos, en 2023 el 72% de los hogares se compraron por esa vía, según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés), el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informa que ese mismo año sólo el 3,62% de los inmuebles fueron adquiridos con hipoteca. En 2025, creció hasta el 19%, el más alto desde la introducción de los créditos UVA en el período 2016-2018, lapso en el cual hubo un breve resurgimiento, pero sin llegar al pico de la década de 1990, donde representaron en promedio un 55%.

La inflación y las restricciones cambiarias no sólo dificultaron el mercado de las hipotecas, sino que también erosionaron los salarios, haciendo que sea muy difícil que el ciudadano promedio pueda ahorrar para un departamento o calificar para un préstamo. En el caso de los asalariados informales, la situación es aún peor, ya que es imposible que se les apruebe un crédito.

En este contexto, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda propia. Según el Colegio Profesional Inmobiliario porteño (CPI) en 2023 el 81% de los propietarios eran mayores de 65 años. Del 19% restante, un 12% poseía un inmueble pequeño (menos de 60 metros cuadrados) y el 7% otro tipo de propiedad. Esto no es casualidad, ya que un sector de aquel grupo etario pudo aprovechar el pico de crédito de los años 90 y comprar una o varias propiedades.

Para los multipropietarios, la principal motivación es económica, lo utilizan como reserva de valor y sustituto de la jubilación. Un inmueble está valuado en dólares y se aprecia en el tiempo más de lo que se deprecia la divisa, además de presentar oportunidades como la compra al pozo, que permite transformar pesos en un bien dolarizado, protegiendo así frente a las constantes crisis devaluatorias.

Entre quienes se valen del alquiler de propiedades como jubilación privada de facto, se trata mayormente de personas que trabajaron como cuentapropistas y encontraron allí su forma de generar un ingreso complementario a la pensión que brinda el Estado.

Frente a esta situación se plantearon soluciones de subsidio tanto a la demanda como a la oferta. Recientemente, el Gobierno de la Ciudad relanzó una línea de créditos hipotecarios con tasa subsidiada para primera vivienda. (7,5% TNA + UVA), orientados a la clase media que alquila, pero no llega a calificar a un préstamo bancario. No obstante, por sus condiciones, sólo podrían acceder a ella el 5% de los porteños que se ubican en el decil más alto de ingresos.

En tanto, organizaciones como Inquilinos Agrupados proponen subsidiar y regular la oferta. En CABA, buscan instalar la idea de la expropiación de viviendas sin herederos o vacantes por más de seis meses, para ser empleadas en un régimen de alquileres protegidos, que no superen el 10% de un salario mínimo, tal cual consignaron en una presentación ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Hoy el IVC, el organismo que le financió la primera casa al actual jefe de Gabinete Manuel Adorni, se encuentra vaciado y bajo amenaza de cierre, como denuncian sus trabajadores.

Otra propuesta de Inquilinos Agrupados es la regulación por ley de los valores de alquileres y la obligatoriedad a toda construcción privada que se beneficie de cambios o excepciones normativas, a la construcción de vivienda pública igual al 30% de los metros cuadrados adicionales autorizados (o el pago de un equivalente).

Ante este panorama, Fernando Bercovich, consultor en urbanismo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), advierte que si bien un incremento en los créditos hipotecarios es algo positivo en el corto plazo, ya que facilita el acceso a la vivienda y descomprime la demanda sobre alquileres, tiene a su vez el efecto de aumentar el valor de la tierra, debido a la suba en el número de compradores. Esto lleva a una nueva suba de los alquileres, cuyo precio se basa en el valor de las propiedades.

“Hay que empezar a pensar en que el Estado tiene que tener un stock de vivienda en alquiler”, afirma Bercovich. Varias ciudades del mundo, como Toronto, en Canadá, o Berlín, en Alemania, tienen edificios propiedad del Gobierno que se alquilan a un bajo precio con el objetivo de satisfacer el derecho a la vivienda de los sectores de menores recursos, a la vez que compiten con los alquileres privados y, por ende, sirven como herramienta para bajar su precio.

En la ciudad ni siquiera se requeriría una nueva herramienta legal para hacerlo, porque existe la Ley 341, del año 2000, que en su artículo 1° declara: “La Comisión Municipal de la Vivienda [el actual IVC] instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional”. 

¿Qué se festeja en el BAFICI?

¿Qué se festeja en el BAFICI?

Abr 9, 2026 | Culturas, Destacado 2

Teñido por el ataque del Gobierno nacional a la industria cinematográfica, el Bafici se presenta como un espacio de vitalidad creativa. Del 15 al 26 de abril, se podrán disfrutar más de doscientas películas nacionales y extranjeras que competirán en tres categorías.

En medio de una avanzada contra la industria y el cine argentino, se inaugura la vigésimo séptima edición del Bafici, uno de los más prestigiosos de Latinoamérica.  “Estamos perdiendo nuestras capacidades” dice Liliana Mazure, expresidenta del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre el 2008 y el 2013, en diálogo con ANCCOM acerca de la embestida del gobierno de Javier Milei hacia la industria cinematográfica. Es que desde la Ley Ómnibus, que derogaba 36 artículos de la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica, se preanunciaba el objetivo del Gobierno nacional de deteriorar el ecosistema audiovisual nacional. Con el leitmotiv de “motosierra profunda”, empuñada por su presidente actual Carlos Piovano, las entidades nacionales de cinematografía sobreviven como pueden.

Mientras tanto, este año el festival cuenta con 147 películas argentinas exhibidas, la gran mayoría presentadas como estrenos. Además, el total de 112 premieres mundiales incluye películas de España, Francia, India, Tailandia e Irán. Como en los últimos años, habrá tres competencias: Oficial Internacional; Oficial Argentina; y Vanguardia y Género.

Según Matías Szulanski, director argentino cuya película Orgullo y Prejuicio abre el festival, no hay que dejar de hacer cine: “Aunque la situación no sea ideal –admite–, no puede convertirse en una excusa para que se frene la producción”. El director lamenta la posición que el cine tiene hoy en día en la opinión pública y en la política, y dice: “Todas las industrias tienen su fomento menos el cine, ya que se lo ve como algo ideológico, cuando va mucho más allá de eso. El cine es una gran industria con capacidad de alimentar a otras industrias”. A tan solo días del festival, Szulanski opina que “a la agenda política no le cambia lo que se diga durante el festival, pero es importante establecer un diálogo con el espectador, quien quizá no está interiorizado en la situación”.

Sin escuela y sin fondos

La ENERC, en su carácter de única Escuela Nacional dependiente del INCAA es posiblemente la institución que más sufre el despotismo del gobierno. Allí confluyen dos cuestiones fundamentales, aunque relegadas en las consideraciones políticas: educación pública de calidad y federal (tiene sedes en Formosa, San Juan y Chubut, por ejemplo) y la producción audiovisual. Victoria Varacelli, quien es la encargada de la difusión y prensa del Centro de Estudiantes, relata las dificultades que atraviesan tantos los alumnos como los docentes durante la cursada: “Con la Ley Bases había una necesidad de urgencia de que el INCAA iba a desaparecer, y como no podían arrasar con todo, el gobierno modificó su modus operandi hacia el vaciamiento silencioso. La situación es terrible, pero lamentablemente está desarticulado el vínculo entre las asociaciones cinematográficas. La precarización hace al desgaste, no estamos tan congregados como en ese primer entonces, y es difícil generar conciencia”.

Otro revés del gobierno para con la industria fueron los artículos 210 y 211 de la Ley de Modernización Laboral, que eliminan los recursos del Fondos de Fomento Cinematográfico al quitar el 10% sobre el precio de las entradas de cine y el 25% del gravamen que pagan los servicios de comunicación audiovisual por el uso del espacio radioeléctrico. Pero antes que se ratifique esa ley, se le dio una prórroga de dos años, y por ende los fondos se cortarán a partir del 1 de enero de 2028. “Que se postergue una ley dos años no sirve porque no tenés previsibilidad”, dice Nicolás Avruj, fundador de la productora Campo Cine y miembro del CAIC (Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica) y de ADN (Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina). “Si algo tiene de bueno el Instituto es su autarquía, que da la planificación que necesitamos para arrancar una película. Quitarle la autonomía es entregarlo al poder de turno”.

Dentro de este contexto, el Bafici tiene un rol contradictorio: si no hay políticas estatales que garanticen el buen funcionamiento del cine, ¿qué sentido tiene seguir celebrando el festival? O, muy por el contrario, ¿se torna cada vez más necesario tener espacios que reivindiquen y posicionen en primer plano al cine independiente?

Festivales como el Bafici o el de Mar del Plata, el único en Latinoamérica ratificado como clase A por la FIAPF, son grandes baluartes de nuestra cultura, que resisten y son una especie de ‘oasis’ ante una coyuntura desfavorable. “No le vamos a regalar más plata a los amigos del poder para que se la vayan a gastar a los festivales”, declaró Pirovano en una entrevista para Infobae, en el 2025. El desempeño del INCAA quedó diezmado: con más de 500 despidos y con cero películas aprobadas en 2024-25, emergen fuentes de financiamiento alternativas, como producciones hechas por plataformas y coproducciones con otros países.

La rueda sigue girando, y el Bafici 2026 llega con un récord de inscritos y con entradas generales a $5.000 que se reducen a $3.500 para estudiantes y jubilados. Szulanski, quien además presenta La amiga de mi amigo y Cuento de verano, remata: “Hoy estamos en un momento donde se consume más cine que nunca, y lo más importante es tratar de influenciar para bien a la gente para que vuelva a la sala. El festival sirve como una pantalla de visibilización no solo para las películas, sino más bien para el cine argentino en general, con todo lo que eso implica.”

 

“Si no hay agua, no hay alimento”

“Si no hay agua, no hay alimento”

Abr 9, 2026 | Comunidad, Destacado 2

Mientras los diputados debatían en el recinto, organizaciones sociales, ambientales y productivas se manifestaron en la afueras del Congreso para oponerse a la modificación de la Ley de Glaciares que permitirá las actividades extractivistas en donde zonas que hasta hoy están protegidas. Otra vez hubo represión, en esta oportunidad de la Policía de la Ciudad.

Mientras el Congreso discutía una modificación clave en la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a distintas organizaciones sociales, ambientales y productivas se movilizaron este miércoles 8 de abril en las afueras del Congreso de la Nación para iniciar la jornada de protesta con un “verdurazo”. De este modo, se propusieron frenar lo que consideran un retroceso histórico en la protección de las reservas de agua dulce “que afectarán la producción de alimentos y todas las formas de vida”, tal como plantearon en su convocatoria por redes sociales. Testimonios en la calle daban cuenta de una situación en la que el Gobierno decide desampararlos una vez más.

La movilización frente al Congreso buscó incidir directamente en el debate parlamentario y la consigna de esta tarde resultó clara: “Si no hay agua, no hay alimento”. Nahuel Levaggi, referente de la UTT, explicó que la acción no fue sólo simbólica sino también política: “Estamos diciéndole `no` a la modificación de la Ley de Glaciares, para defender a los glaciares y el agua. Esto es nuestro aporte a la lucha: compartir, como siempre hacemos, el fruto del trabajo que es el alimento, dialogar con los vecinos y las vecinas, y sobre todo presionar al interior del Parlamento”.
En su análisis, la crisis del sector es profunda: “La situación del pequeño productor es muy precaria. Por un lado, hubo un achicamiento tremendo del mercado interno porque la gente no tiene plata, entonces consume menos. Por el otro, los aumentos en los costos, ya que los insumos a precio dólar aumentaron, porque como sabemos, el dólar aumentó un 500% más o menos desde que empezó este gobierno y lo mismo con el gasoil, que hoy está a $2500 y antes, hace dos años, teníamos un gasoil a $600. Todo eso es un encarecimiento de los costos de producción, y un achicamiento del mercado interno”.

Entre cajones de verduras y una larga fila de jubilados, jóvenes y familias que esperaban por recibir un par de alimentos, un productor sensibilizado dijo: “El agua no se debe tocar. Estamos entregando verduras a los vecinos y vecinas y acá vamos a seguir ayudando, siempre junto al pueblo”. A su costado una mujer que recibía un atado de esas verduras que llevaría a su hogar más tarde, también entre lágrimas, añadió: “Hay mucha gente que necesita un montón, el mundo no puede estar hecho para las empresas y para los que tienen plata, por eso vine, por los niños y también por el hambre”.

La defensa del agua fue el eje transversal de la protesta, la discusión por la Ley de Glaciares viene de hace tiempo y hoy no solo se limitó a los recintos del Congreso, sino que afuera, en la calle, las voces de los argentinos y argentinas, advirtieron sobre lo que consideran una amenaza directa a uno de los recursos más valiosos e importantes del país: el agua.
El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, propone modificar aspectos centrales de la ley sancionada en 2010 luego de años de lucha ambiental. Según distintas organizaciones y especialistas, los cambios apuntan directamente a desproteger a los glaciares y habilitar mayor margen de acción a las provincias en la gestión de los mismos. Desde Chubut, integrantes de la Asamblea No a la Mina, sostuvieron que esto podría abrir la puerta actividades extractivas: “Esta modificación responde a los intereses ultra mezquinos de un par de corporaciones megamineras, para que embolsen millones y millones de dólares que no derraman nada más que veneno. Y ese veneno que van a derramar, lo vamos a terminar tomando en 4 o 5 años o va a terminar matando estos cultivos”.

Desde otra perspectiva, pero con la misma preocupación, una mujer de Lomas de Zamora, vinculó el debate con su vida cotidiana: “Yo en mi casa tengo solo cuatro horas de agua por día, dos horas a la mañana y dos horas a la noche. Vivo a cinco minutos de la Capital pero no tengo agua todo el día. Así y todo, me es impensable negociar el agua, y aunque yo vivo en el conurbano y no conozco un glaciar porque no tengo los medios económicos, entiendo que el agua es vida y que es agua que necesitamos”.

Entre los manifestantes también se presentó la voz del exministro de Educación, Ciencia y Tecnología y uno de los impulsores de la ley original, Daniel Filmus, quien defendió la normativa vigente y alertó sobre el conflicto no solo climático, sino también político y económico de esta situación: “Es imprescindible el agua para la vida y para la producción agropecuaria. Dos tercios del territorio nacional tienen que ver con la influencia de los recursos hídricos que provienen de los glaciares”. Con respecto al Gobierno agregó: “Quieren arrasar absolutamente con todos nuestros recursos y por supuesto extranjerizarlos. Nosotros estamos justamente para defender la soberanía. Al Presidente le digo que en vez de defender los intereses de unos pocos, defienda al pueblo argentino. Que crea en la ciencia. El calentamiento global ha hecho que retroceda un 17% la zona de los glaciares y periglaciares en los últimos años. Yo sé que él no cree. Pero no se trata de una creencia. Es la ciencia. Los terraplanistas, los antivacunas, los que no creen en el calentamiento global imaginan que todo puede ser comprado y vendido”.

En 2010, esta Ley de Glaciares, surgió precisamente como respuesta a esa tensión ambiental, económica y política, estableciendo límites a la actividad extractiva en zonas sensibles y cuidando el único recurso que nos permitirá sobrevivir. Hoy esos límites están en discusión y, mientras en el Congreso debaten, en la calle se construía otra escena: la de quienes consideran que lo que está en juego no es solo una ley, sino el acceso a nuestra propia agua.

Entre cánticos, la gente se unía cada vez más y gritaba: “A los glaciares hay que cuidar porque sin ellos no habrá agua nunca más” y también: “El agua no se vende, el agua se defiende”, sintetizando una preocupación que unió a jubilados, productores, estudiantes y organizaciones ambientales.

“¿Para qué murieron los soldados si hoy no sabemos qué está pasando en Malvinas?”

“¿Para qué murieron los soldados si hoy no sabemos qué está pasando en Malvinas?”

Abr 2, 2026 | Comunidad, Destacado 2

A 44 años de la Guerra de Malvinas, Mario Volpe, veterano de guerra y exvicepresidente del Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico Sur, asegura que conmemorar a los soldados no es entregar medallas sino reivindicar que su muerte no fue en vano, a través de la defensa cotidiana de nuestra soberanía

“¿Para qué murieron los soldados sí hoy no sabemos qué está pasando en Malvinas?”, cuestionó Marío Volpe, veterano del Regimiento de Infantería Mecanizado N°7 de La Plata y exvicedirector del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. En una entrevista con ANCCOM, el excombatiente recalcó que las Malvinas son más que la guerra y demostró que el ejercicio de la soberanía y de la memoria no se agotan en reclamos diplomáticos, ni en la entrega de medallas.

 

El regreso de la desmalvinización

Hace 44 años, los hombres y mujeres que participaron de la guerra y lograron regresar a sus casas, fueron víctimas de la desmalvinización. Este proceso político y social buscó invisibilizar, silenciar y ocultar lo que sucedió en Malvinas y fue llevado adelante tanto por las Fuerzas Armadas como por el gobierno democrático. Las razones fueron variadas, los militares no querían admitir las vejaciones cometidas por los altos mandos hacia los soldados, y el expresidente Raúl Alfonsín, no reconoció a los héroes por miedo a un retorno enorgullecido de las fuerzas. Pero el daño fue el mismo y, como consecuencia, los veteranos asumieron la ardua tarea de malvinizar al pueblo argentino concientizando sobre lo ocurrido. Tal fue su éxito que en el Mundial 2024 todo el país cantó “de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré” y como aseguró Volpe en esta entrevista: “Se demostró que hoy estamos todos de acuerdo”.

Sin embargo, Volpe advirtió a ANCCOM que el Estado actúa en sentido contrario, ya que “la desmalvinización estatal se encuentra en uno de los periodos más graves desde la restauración de la democracia”. Para él, los factores que lo demuestran son: el alineamiento directo del gobierno con Estados Unidos, al cual calificó como “aliado principal e histórico de nuestros enemigos británicos”; la entrega de los recursos naturales que poseen nuestros territorios usurpados, como el petróleo, los minerales y el 70% del agua dulce del mundo que se encuentra en la Antártida; y la falta de divulgación del mapa bicontinental argentino, que representa a nuestro territorio continental americano, a la Antártida y a las Islas del Atlántico Sur en escala real.

La fina línea entre el orgullo y el negacionismo

La principal alerta de esta nueva desmalvinización es el revisionismo del rol de la Junta Militar en la guerra. En el acto central de gobierno, el presidente Javier Milei anunció que firmó un decreto para que en 2027 se entreguen condecoraciones a héroes de Malvinas. Pero vale la pena preguntarse quiénes serán los elegidos, ya que el pasado 30 de abril la Dirección Gesta de Malvinas entregó diplomas de honor a diversos veteranos entre los que se encontraba, por ejemplo, Alberto Filippini, brigadier retirado de la Fuerza Aérea y veterano de Malvinas, quién en su discurso defendió la idea que: “La guerra no fue una imposición o una orden militar con deseo de perpetuarse, fue el deseo de nuestra nación en defensa de nuestro país”. Ante estos dichos, Marío Volpe afirmó que nunca va a estar de acuerdo con quienes llevaron a los pibes a la guerra. Y aseveró de manera tajante: “Sí bien es verdad que hubo actos heroicos y aviadores, por ejemplo, que hicieron cosas asombrosas, no tenemos que olvidar que algunos de ellos posiblemente participaron de los vuelos de la muerte. Esa es la historia completa”.

 

Menos medallas y más soberanía

Para Volpe, el 2 de abril es un día para reivindicar a los colimbas muertos y contenerse entre compañeros y familiares en actos a los que van agrupaciones, colegios, hermanos de pueblos originarios que pelearon, y gente de otros países que colaboraron en Malvinas, como Perú. La patria, aseguró el veterano platense, está en el sentimiento patriótico de un padre Qom que esperó a su hijo cada domingo sentado en silencio al lado del mástil de su rancho chaqueño. Conmemorar a los soldados no es entregar medallas, es reivindicar que su muerte no fue en vano a través de la defensa cotidiana de nuestra soberanía, afirma Volpe con la voz entrecortada, y sigue: “es sostener la esperanza de que con un mayor conocimiento sobre nuestras Islas, podremos recuperarlas”.

Fallo a favor de las universidades

Fallo a favor de las universidades

Abr 2, 2026 | Destacado 2, Trabajo

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional que cumpla con lo que establece la Ley de Financiamiento Universitaria, recomponga los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. El Ejecutivo ya anticipó que apelará ante la Corte y seguirá incumpliendo.

El Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario el 17 de septiembre de 2025. 

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este miércoles la medida cautelar dictada tras el amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que obliga al Gobierno a cumplir con los artículos 5º y 6º de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Tras la extensa lucha del sector educativo superior, el Poder Ejecutivo tendrá que convocar a paritaria nacional, recomponer y actualizar los salarios de los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles de forma inmediata.

“Es una excelente noticia”, dijo Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), y afirmó: “Pelear vale la pena”. La nueva decisión de la Justicia tiene lugar en una semana de paros universitarios para exigir el cumplimiento de la normativa y la recomposición salarial.

Según el último resumen de la situación presupuestaria presentado por el CIN, los salarios universitarios deberían tener una recomposición del 47,3 % para recuperar el poder adquisitivo perdido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. 

Según el último resumen de la situación presupuestaria presentado por el CIN, los salarios universitarios deberían tener una recomposición del 47,3 % para recuperar el poder adquisitivo perdido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. 

“Vemos en todas las universidades docentes que tienen que ampliar la carga horaria en el Nivel Superior o en los otros niveles para poder completar un salario”, dijo Francisca Staiti, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica). “También hay profesores que empiezan con emprendimientos familiares, eso que en algún momento era para juntar unos pesos más, hoy es fundamental para poder completar la economía familiar”, agregó.

Miguel Otero, exsecretario general de la Asociación de Trabajadores Administrativos y de Servicios de la Universidad Nacional de Quilmes (ATUNQ), se lamentó en la misma línea: “Hace 23 años trabajo en la UNQ y jamás había visto que un docente tenga que bajarse una aplicación para manejar un auto. Es tristísimo”.

 La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en agosto de 2025 por el Congreso Nacional, vetada por el Presidente, luego ratificada nuevamente por ambas cámaras y promulgada en octubre, pero se encuentra suspendida por el Ejecutivo desde entonces. Ante esa situación, en diciembre el CIN decidió presentar un amparo por el incumplimiento de la norma, al que la Justicia le dio lugar en primera instancia dictando una cautelar. El Gobierno apeló a la medida, pero la Cámara Federal ratificó la decisión sobre los dos artículos mencionados, referidos a salarios y becas.

Máxima Guglialmelli, secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno (ADUNM), expresó que seguirán en alerta: “Es un Gobierno que no es muy adepto a cumplir   la ley”. Según la referente, las universidades más nuevas, como es el caso de la de Moreno, sufren mucho más la falta de presupuesto: “No tenemos aulas, hay emergencia edilicia, no tenemos docentes, no tenemos capacidad para dar cuenta de la cantidad de estudiantes que cursan. Los docentes emigran o se van a otras universidades o dejan sus cargos, porque como somos universidades del conurbano, muchos vienen de la UBA o vienen de la Universidad Nacional de La Plata y no continúan en Moreno porque no les rinden los viáticos”. 

Guglialmelli agregó: “Lo que está en juego es todo el sistema científico tecnológico, no es solamente un ajuste salarial o presupuestario, sino que va al corazón mismo de la universidad pública, y más de estas universidades que son nuevas y que acercan la educación superior a los estudiantes de municipios que sufren múltiples inequidades y desigualdades”.

La Ley de Financiamiento Universitario que ya lleva más de 160 días sin cumplirse también contempla los gastos por funcionamiento, pero esa parte del presupuesto quedó por fuera de la medida cautelar.

Los trabajadores universitarios sostienen que los planes de lucha continuarán, en primera instancia hasta que se haga efectivo el cumplimiento de la ley, pero reconocen que los reclamos que llevan adelante son integrales y exceden al conflicto universitario. Según Otero, “la situación no se puede arreglar de un plumazo o en una mesa de negociación. Tiene que ser una política nacional que incluya a otros sectores como el de salud y los jubilados”.

En este sentido, el secretario general de FEDUBA sostuvo: “Nosotros pensamos que las universidades producen sociedad. A la que nosotros aspiramos no es la de Milei, que no cree en la sociedad, cree en los individuos. Siempre que planteamos alguna acción la hacemos con el marco de que la lucha no es por una cosa particular, como el aumento salarial, sino que es más general. A nosotros no nos interesa tener sueldos de primer mundo en una sociedad de cuarto mundo: queremos una Argentina pujante, con la gente adentro, con soberanía política, desarrollo industrial, con creación de empleo”.

La comunidad universitaria continúa en alerta, a la espera de que el Poder Ejecutivo acate la decisión de la Justicia y cumpla con la ley. En simultáneo, las distintas federaciones docentes, no docentes y estudiantes se siguen organizando en las aulas y en las calles y apuestan a convocar este mes a otra Marcha Federal Universitaria para dejar un nuevo mensaje contundente al Gobierno.