«Podemos ser inversores, no ocupas»

«Podemos ser inversores, no ocupas»

Fabián Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la Cooperativa La Litoraleña, denuncia las trabas judiciales en su lucha por mantener la fábrica recuperada en movimiento. Fallos adversos  amenazan la continuidad laboral. Un proyecto de expropiación ingresó a la Legislatura.

Una buena propuesta para la cena serían unos sorrentinos rellenos de ricotta, jamón y muzzarella de La Litoraleña, la fábrica de tapas de empanadas, pastas, piononos y pizzetas que fue recuperada y es autogestionada por sus trabajadores desde finales del año 2015. ¿Las razones? Darle su apoyo a la cooperativa de Girardot 345, en el barrio porteño de Chacarita, porque se encuentra en peligro de desalojo. Su continuidad está en riesgo debido a los fallos en contra de la justicia, que le niega a la empresa recuperada el derecho a comprar la fábrica y sus maquinarias con las indemnizaciones y meses que los antiguos acreedores -Deconti SA- le adeudan a los trabajadores. Habiendo agotado todas las instancias judiciales posibles, La Litoraleña, apoyada por el bloque de del Frente de Todos, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de expropiación que busca la declaración de “utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 345”. La iniciativa tiene como objetivo garantizar que los bienes expropiados sean destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo, siempre que mantenga su actividad productiva y fuentes de empleo.

Todo comenzó en 2015 cuando los trabajadores se vieron enfrentados a una situación preocupante: tres turnos de trabajo, salarios impagos o atrasados, falta de inversión en maquinaria y condiciones laborales precarias. Los empleados comenzaron a darse cuenta de que se trataba de un proceso de vaciamiento de la empresa, lo que generó accidentes y un ambiente de incertidumbre. En agosto de ese año, los trabajadores decidieron ocupar la fábrica en un acto de resistencia. Durante dos meses, llevaron a cabo una rotación laboral durante las 24 horas para mantener la producción. Sin embargo, esto no estuvo exento de consecuencias legales, ya que Luis Baini, delegado sindical y actual presidente de la cooperativa, fue imputado por usurpación y estuvo bajo investigación durante dos años.

Fabián Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la Cooperativa La Litoraleña

 

A la par de haberla puesto a producir desde el 27 de octubre del 2015, La Litoraleña debió enfrentar durante ocho años los fallos adversos de la jueza Valeria Pérez Casado, quien en una primera instancia argumentó que los empleados no tenían la capacidad para gestionar una empresa. En 2020, en medio de la pandemia, la magistrada insistió con un pedido de desalojo; sin embargo, al tratarse de trabajadores esenciales dedicados a la producción de alimentos, tuvo que dar marcha atrás. Durante el mes de abril de este año, la justicia rectificó el fallo de la jueza, otorgando una prórroga de tan solo sesenta días para abandonar la fábrica. Frente a la imposibilidad de apelar ante la Corte Suprema, y tras haber agotado todas las instancias judiciales posibles, los trabajadores presentaron la propuesta de expropiación en una conferencia de prensa realizada la semana pasada en la Legislatura porteña. 

Fabían Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la cooperativa, dialogó con ANCCOM sobre su llegada la empresa, los fallos en contra y la situación actual de La Litoraleña:

 ¿Por cuántos trabajadores está compuesta la cooperativa?

El día de la ocupación, el 27 de octubre del año 2015, había unos 115 empleados entre trabajadores de planta, administrativos, el cuadro jerárquico, los gerentes y gente vinculada a la patronal. La asamblea de la ocupación era cien por cien de planta, no participaron de otros sectores; y son los que se quedaron a conformar la cooperativa: éramos 50. 

 ¿Vos te incorporaste con la cooperativa ya en marcha?

Sí, yo venía como asesor de FACTA -Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados-, me dediqué muchos años a acompañar procesos de recuperación, básicamente especializado en la cuestión productiva. Empezamos a hacer unos talleres de formación, pasar algunas películas sobre otras experiencias para acelerar el proceso de información y de convencimiento, empezar a pensarse como trabajador autogestivo es cambiar el chip. 

 ¿Por qué te quedaste en la cooperativa?

Me invitaron los compañeros. Hubo una asamblea donde se decidio incorporarnos como asociados. Es mi primera experiencia como asociado. Yo pertenezco al Grupo Audiovisual Alavío, dónde venimos haciendo una serie llamada Redes del Trabajo y la Autogestión, son treinta capítulos, y el último que filmamos es acá -La Litoraleña-. No soy fundador, pero tengo la misma antigüedad que todos mis compañeros. Es muy interesante la perspectiva de un asesoramiento externo, sugerir y hacer capacitaciones a los asociados y tener que discutir en la asamblea de igual a igual. Tiene sus pros y sus contras. La contra de venir de afuera es que es un proceso de integración paulatina y de confianza, y por otro lado la posibilidad de decidir que defiendo con más énfasis porque soy parte, estoy adentro del barco, así que si se hunde me perjudico yo también. Es muy interesante desde el perfil profesional, en cuanto a la decisión de ser un externo o estar participando activamente. Yo llegué incluso a ser presidente. 

¿Podrías contarme cómo han utilizado las rotaciones en La Litoraleña?

Una de las cosas que valoramos mucho es la rotación, no rotar significa burocracia, tener algún tipo de privilegio. Acá nos proponemos como política interna que haya la mayor participación política, está la asamblea pero no alcanza. Luis Baini fue el primer presidente, de una gestión super sufrida, fue la de la ocupación, la que intervino la policía…. Por ejemplo, no nos permitían en la AFIP sacar el CUIT, porque no teníamos domicilio. Tuvimos que alquilar un local en Garay y Boedo para que esa sea nuestra sede fiscal. El segundo consejo, tenía que ver con consolidar, con analizar algunos procedimientos y nos tocó la pandemia en el medio. El tercer consejo, el que vuelve Luis de presidente, se incorporan algunos compañeros que no habían estado, y algunos rotamos de cargos. En lo personal, yo estoy cumpliendo el rol de síndico, que es un cargo muy importante en la cooperativa. Es la garantía de que si hay alguna cuestión que no se cumpla de legalidad del consejo, el síndico se tendría que hacer cargo. La primera gestión fue de aprendizaje, la segunda de consolidación y esta es  la que le va a poner el broche al conflicto, que es sacarnos de encima al fantasma de Deconti SA.

 ¿Cómo pudieron mantenerse a flote a lo largo de los años pese a los fallos en contra de la jueza Perez Casado, la Cámara de Apelaciones y el hecho de no poder apelar ante la Corte Suprema de Justicia? 

La jueza Perez Casado es la segunda vez que nos saca un fallo en contra, ahí me parece interesante la perspectiva del por qué, de dónde viene, cuánto gana, por qué nunca vino a la fábrica. Hay un sesgo de la justicia anti-trabajadora. Los que administran la justicia no vienen de la clase trabajadora, o si vienen ya hace rato perdieron esa perspectiva. No hay una idea de lo que es la vida cotidiana si vivís en un country o si venís en auto por autopista al juzgado y te volvés al country, si te vas de vacaciones a Europa y no pagas el impuesto a las ganancias y cobrás varios millones. Con el sueldo de la jueza seguramente pagamos todas las nóminas de retiro nuestro. No le importa nada, lo único que le interesa es cuidarse ella misma. La perspectiva de solucionar un problema social, que significa que si se desmantela la fábrica es una destrucción de capital sumamente importante, de trabajo humano, porque la fábrica no es solamente el capital que aportó el dueño, el capital es todo lo que implica instalar una fábrica: ponerla a punto, que las máquinas funcionen, que tengan los servicios correspondientes para que arranquen los procesos de producción. La jueza dice que hay un delito previo que es la ocupación. ¿Por qué juzga, si no es una jueza penal? A los compañeros que los juzgaban por el pasado fueron sobreseídos, ella tiene un sesgo clasista, xenófobo: si sos morocho, sos ocupa, y estas en una situación ilegal. Es una perspectiva fascista, nunca lo había dicho, pero está bueno como marcar de dónde se gestiona la ley. La primera barbaridad fue detenernos la continuidad, la segunda fue negarnos la compensación de crédito. En el juzgado comercial quienes deberían estar imputados no somos nosotros, no somos responsables, es Deconti SA, nosotros somos acreedores. Estamos inscriptos en la causa como perjudicados, no como imputados. Tenemos un fallo en contra que no nos permite cobrar con una solución social, que sería que nos cobramos las acreencia para con la planta para darle continuidad a la fábrica. Podemos constituirnos en inversores y no en ocupas o responsables de la quiebra.

¿Qué es lo que busca el proyecto de expropiación presentado el día miércoles? 

El proyecto de expropiación que presentamos nosotros, busca la declaración de “Utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Girardot 345”, que plantea la opción de que si el Estado considera que algo va a beneficiar el progreso, sea un terreno donde va a haber un dique o un lugar para hacer una ruta, se pueda expropiar. Se declara de utilidad pública y se expropia. El concepto de utilidad pública viene después de la crisis de 2001, porque se empieza a considerar que hay un valor en sí mismo en el taller o la fábrica en funcionamiento, que no es lo mismo que esté desguazada. Por lo que significa en términos de desocupación, el costo social que tiene que pagar el Estado y por lo que significa el capital social del trabajo muerto, que está en las máquinas e incluso en el saber hacer del conocimiento, que requiere poner en marcha la operatividad del proceso de producción. Esa discusión que fue parte del 2001, del cual tienen que ver la lucha de los trabajadores desocupados y la experiencia nueva de la ocupación de fábricas. Declarar de utilidad pública significa que el Estado asuma un costo y que compre lo que vamos a usar nosotros y que se lo ceda a la cooperativa. 

 ¿Alcanza solo con el apoyo de los legisladores Frente de Todos?

No alcanza sólo con el Frente de Todos. Nuestra tarea es seguir explorando, uno por uno a los diputados para tratar de convencerlos.

 ¿De qué trata el programa fábrica de puertas abiertas? ¿Quienes dan las charlas?

Es un concepto. La idea es que mientras una fábrica está bajo un patrón es un lugar cerrado o hermético, el trabajador ficha para salir. En las recuperaciones lo que sucede es que se abren las puertas a la comunidad, para alguien que nunca entró a una fábrica. En este caso nosotros trabajamos con comunidades educativas. Todo el tiempo vienen colegios primarios, secundarios, universitarios, terciarios. El perfíl, que es muy interesante, es por un lado el proceso productivo, de donde viene el capital, la distribución de la línea, la producción, etc.; y después el otro eje está vinculado a la cooperación, qué significa el trabajo cooperativo, hay mucho interés siempre en cómo fue abarcar los problemas políticos y cómo nos organizamos.

El Poder Judicial en el centro del reclamo de Ni una menos

El Poder Judicial en el centro del reclamo de Ni una menos

Por octavo año se desarrollo la movilización que exige poner fin a la violencia contra las mujeres y diversidades. Desde entonces, la primera edición, los femicidios aumentaron.

Contra todo pronóstico, el 3 de junio de 2023 la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia amanecieron con un cielo despejado y un sol que puso en pausa el frío otoñal, al calor de un reclamo que se extendió por todo el país. La lluvia y la niebla prometida se borró del mapa para dejar paso a la marea feminista que marchaba hacia el Congreso con la premisa: “¡Vivas, libres, desendeudades y en las calles nos queremos”. Desde temprano, se concentraron grupos en las estaciones de trenes donde las puertas estaban abiertas y liberadas con el acompañamiento estatal de Trenes Argentinos que permitió viajes gratuitos para los marchantes. Las filas en las paradas de los colectivos concentraban miradas curiosas y otras decididas.

Las miradas que no cargaban curiosidad eran las de los conductores de autos particulares y taxis que buscaban atravesar la osadía de la ciudad en marcha. En las calles San José y Avenida de Mayo, una agente de tránsito se frustró al no lograr contener a las manifestantes que cruzaban la calle en peligrosas maniobras, todo para estar más cerca de la Plaza del Congreso. Los conductores, que eran en su mayoría hombres, aprovechaban la situación descontrolada para tocar bocina y gritarles a las mujeres, en clara búsqueda de intimidar con el sonido de sus aceleradores. Pero ese caos quedó atrás al llegar al escenario principal, donde los grupos se tomaban las manos y armaban barreras para evitar que el tránsito interfiera con lo que estaba sucediendo. Los bombos, las banderas y las bengalas lo confirmaban: aquí estaba el feminismo. 

En 2015, el año del primer Ni Una Menos, la cantidad de femicidios anuales se posicionó en 235. En 2022, se produjeron 292 femicidios y 9 trans/travesticidios.

En 2015, el año del primer Ni Una Menos, la cantidad de femicidios anuales se posicionó en 235, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2022, se produjeron 292 femicidios, 9 trans/travesticidios, relevados por la Asociación Civil la Casa del Encuentro, la primera ONG que reunió las estadísticas de femicidios. Este número que no mermó, sino que aumentó, potenció los reclamos que año tras año mantiene la consigna “Vivas nos queremos”. “Hoy somos más compañeras monitoreando”, confirmó Ada Beatriz Rico, presidenta de la Asociación Civil la Casa del Encuentro que se encontraba marchando en la esquina del Congreso, sobre Rivadavia y Callao. “Cuantas más seamos, más reclamos podemos hacer y más voces se van a levantar exigiendo. Pedimos más políticas públicas para las mujeres y las compañeras trans”, enfatizó en su entrevista con ANCCOM

Entre las columnas de agrupaciones políticas y grupos activistas, también se encontraban cientos de madres con sus hijos e hijas. Yesica, de 27 años, tenía a Emily en brazos de tan sólo un año. Juntas disfrutaban de la música, mirando a sus compañeras de alrededor, esperando frente al escenario la presentación del documento oficial de Ni Una Menos. “Decidí marchar hoy porque sufrí violencia de género y también tengo hermanas que pasaron por lo mismo”, contó Yesica. “Traje a mi hija debido a que me sigue para todos lados, no se queda con nadie”, enfatizó, mientras aseguraba que ella busca inculcarle los valores del feminismo. El documento contemplaba a cada una de las madres que se encontraban manifestándose, ya que sostenía que “Maternar es político” y exigía políticas de Estado que acompañen a las maternidades. Teniendo presente que los femicidios también afectan a las infancias, ya que en 2022 se registraron 341 hijas e hijos que quedaron sin madre a causa de ellos, siendo el 65% menores de edad, según la Asociación Civil la Casa del Encuentro.

“Estamos en un momento bisagra: se han hecho muchas conquistas, pero que también hay varias amenazas sobre esos avances”, aseguró para ANCCOM Paula Rodriguez, periodista y autora del libro #NiUnaMenos. “Hay una demanda fuerte, que es que el Poder Judicial avance en su reforma y aggiornamento”, enfatizó, sumando su voz al reclamo específico de esta marcha, que exige en su documento oficial: “Con este Poder Judicial no hay ni una menos. Exigimos una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria”. Rodriguez remarcó que “hoy tenemos muchos casos de femicidio en donde hubo un pedido de cuidado y denuncias previas. Se debe actuar en la protección de las víctimas”. Así lo demuestran las estadísticas: en 2022, 59 víctimas habían realizado denuncia y 13 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención.

El efusivo clima de bombos, cánticos y música en la Plaza del Congreso se acalló cuando se encendieron los micrófonos en el escenario. Las mujeres, solas, en grupos o agrupaciones, se recargaron sobre postes, paradas de colectivo o paredes para escuchar atentamente a los familiares de víctimas de violencia de género. Ellos pusieron voz a un reclamo que ya no es solo de ellos, sino que es de cada una de las presentes y no presentes.

La hermana de María Isabel Speratti Aquino, quien era activista feminista y fue víctima de femicidio, aseguró firme y contundente: “María, como muchas otras, denunció a su agresor”. “Estamos aca porque la vida de María es la de cientos de mujeres, solo por ser mujeres, y no queremos que el final de esas cientos sea el que tuvo mi hermana – continuó Rocío Speratti Aquino–. Fue gatillada por su femicida frente a sus hijos, pero empujada a la muerte por el Poder Judicial”. En el marco de los reclamos, cuestionó que ese Poder Judicial “decidió darle el beneficio de la duda al violento”, mientras desviaba la mirada del caso.

Con el pedido de una reforma judicial feminista y una mirada más presente por parte del Estado, resonó el caso del del ahora exjugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, que luego de tres denuncias por violencia de género y abuso sexual, continuó jugando en las canchas hasta que la justicia se pronunció sobre el caso. Un día antes de la marcha de Ni Una Menos, cuando el Tribunal en primera instancia lo declaró culpable con una condena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional, es decir, de no cumplimiento efectivo. Tras la resolución, la Comisión Directiva de Boca Juniors decidió apartarlo del equipo y no lo volverán a convocar en los partidos “hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo”, según el comunicado oficial. Esta condena y suspensión es considerada un pequeño avance en las luchas feministas dentro del ámbito futbolístico, que pelearon estos ocho años de marcha para que se interpele a la justicia y a los clubes por su lento accionar  a pesar de tener áreas de género en las instituciones.

Entre las manifestantes, también se encontraba “La revolución de las viejas”, movimiento del cual participa la portavoz de la Presidencia de Argentina Gabriela Cerruti. Entre bailes y risas, sostenían el reclamo “¡Al patriarcado y el edadismo los vamos a hacer caer”. Mabel, docente que participa en esta organización, aseguró: “soy de la generación del 70, y hemos estado siempre en la calle para pedir nuestros derechos”. Con unos ojos celestes y vibrantes, que parecían tener pequeños destellos y miles de historias atravesadas, enfatizó que en “La revolución de las viejas” luchan por “transitar las vejeces con plenos derechos. Por eso estamos acompañando el Ni Una Menos y en sororidad con todas las mujeres, para acabar con la discriminación de edad”.

En la gran manifestación, las distinciones de edad no dividen, sino que unen: Belén una docente y activista de 22 años elevó un reclamo muy parecido: “Vine a marchar porque me parece que es clave que todas las feminidades puedan vivir, básicamente”. Se encontraba con sus compañeras de marcha, quienes lanzaban miradas furtivas y ansiosas hacia la marcha y el Congreso, listas para sumergirse entre los distintos grupos manifestantes. Belén confirmó: “Si no nos movilizamos, si no respondemos y si no nos organizamos, la derecha y los movimientos más conservadores avanzan, quitándonos lo que conseguimos y la concientización que logramos”.

Con la lectura del documento y poco a poco, desde Plaza de Mayo y hacia el Congreso se acercó la niebla prometida por el servicio meteorológico. Sin embargo, inmutadas, las y los manifestantes continuaron atentos a los reclamos del Ni Una Menos, que decía “basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y transhomicidios”, a la vez que pedían una correcta aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y el aborto legal, que enfatizaban que maternar es político y decían basta a la violencia medico, gineco y obstetricia, al ajuste por el pago al FMI y a la patologización de los cuerpos gordos.

La atención mermaba entre el escenario y los carteles. Las madres dirigían su mirada  a sus hijas e hijos, otras manifestantes a sus compañeras, mientras que otras observaban la niebla que se avecinaba. Pero solo había un par de ojos al que todas querían mirar y no podían: a los ojos de las que no estaban, a los ojos de quienes fueron víctimas de femicidios. Y por ellas fue el reclamo: Ni Una Menos.

La ExESMA quiere ser patrimonio de la humanidad

La ExESMA quiere ser patrimonio de la humanidad

El Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos trabaja para obtener la misma nominación que tiene, entre otros, Awschwitz. En septiembre se realizará la votación en Arabia.

El exCentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se transformó en un Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos luego de su recuperación por parte del Estado nacional y de la Ciudad en el año 2004. Hoy, el Espacio Memoria exESMA es candidato a declararse Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.Su candidatura busca contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y del valor del consenso social como medio para lograr Justicia”, señalan desde el Espacio.

Con ese reconocimiento ya se encuentran Auschwitz-Birkenau, campo de concentración y exterminio del nazismo situado en Polonia; Genbaku Dome, el memorial de la paz de Hiroshima en Japón; Isla de Gorée, símbolo de la lucha contra la esclavitud en Senegal; Robben Island, emblema de la lucha contra el racismo en Sudáfrica; Barrio del Puente Viejo, símbolo de la coexistencia de distintas comunidades culturales, étnicas y religiosas en Bosnia y Herzegovina; y Muelle de Valongo, principal puerto de llegada en América de los esclavos traídos de África, en Río de Janeiro, Brasil.

Luego de la recuperación del Espacio para la Memoria, en 2004, distintos organismos de derechos humanos comenzaron a habitar estos espacios del horror y a trabajar en la conservación como un recordatorio de lo que nunca más debía ocurrir. Con el correr de los años, fueron transformando los distintos edificios que componen la exEscuela Mecánica de la Armada en lugares donde trabajar la memoria colectiva.

En los últimos años, a través del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, se debatió la posibilidad de convertir este sitio emblemático para la historia del país en Patrimonio de la Humanidad. Este directorio está integrado, entre otros organismos, por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

La propuesta llegó al Directorio como un planteo amoroso y voluntario, cuenta Mayki Gorosito, actual directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, el edificio del Casino de Oficiales, donde se mantuvo cautivo a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Desde allí se lleva adelante la candidatura para todo el Espacio.

En diálogo con ANCCOM, la directora del Museo explicó que una vez tomada la decisión de presentar a la exESMA como candidata a Patrimonio de la Humanidad, se envió un documento a través de distintos canales administrativos junto a otros ministerios. Se trataba de primer paso para llegar a la UNESCO y aparecer como una opción en una lista tentativa. “Ya interesados en la lista tentativa. Hubo que pensar cómo se hacía el trabajo siguiente, que era mucho, de mucho tiempo y muchas disciplinas involucradas. También de mucha recopilación, investigación, sistematización y formulación. Además de plantear una estrategia de cómo llegar a concluir todo ese trabajo para presentar un expediente”, explicó la directora, que invita a ver el recurso en la web del Museo.

Con respecto al trabajo también agregó que se armó un grupo de investigadores de distintos ámbitos exclusivamente para el armado del expediente. Varios de los integrantes se quedaron a trabajar de manera permanente en el espacio, como es su caso.

Mayki además contó el trabajo que lleva adelante el Museo que dirige en el Casino de Oficiales. Relató que trabajan en varios proyectos simultáneos, por ejemplo, muestras temporarias, en particular una vinculada a la Megacausa ESMA; un trabajo en conjunto con el Museo de la Memoria en Chile; prácticas profesionales y un proyecto vinculado a profundizar la perspectiva de género en todas las políticas del Museo. Pero la labor no solamente concluye aquí, porque además, reconoció, que obtener la mención de Patrimonio de la Humanidad implica una serie de criterios de monitoreo y validación constante, para que el reconocimiento siga vigente. Se trata de estándares internacionales que deben cumplir todos los museos en distintas áreas.

Para comprender un poco más la magnitud de esta candidatura, ANCCOM conversó con Ana Soffiantini, ex detenida desaparecida, quien preside hoy el Consejo Asesor de Sobrevivientes en el Directorio de Organismos del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos ExESMA. Además, es la actual representante de los organismos en el Ente público. “Rosita”, como le dicen sus allegados, contó que impulsar esta candidatura fue una decisión de los distintos organismos. Y que ya se había planteado con apoyo de la anterior directora del Museo, Alejandra Naftal. Desde ese entonces se comenzó a trabajar a partir de un programa que tiene como misión identificar y preservar los bienes patrimoniales. En el caso de Ana, su historia de vida la vinculó desde el dolor a la ESMA. Sin embargo, ella continúa su labor como sobreviviente, con la intención de mantener viva la memoria. Para Ana, el Museo Sitio de Memoria es de absoluta relevancia, es indudable que dentro de la historia de nuestro país y la región, pero además como contribución al patrimonio universal.

Desde su mirada como sobreviviente, cree que “esta lucha es por los derechos humanos. Al ser reconocido el Espacio como prueba universal, cualquier gobierno, cualquier situación local lo debe seguir sosteniendo. Me parece que eso es una garantía”, señaló.

El Espacio de Memoria, sostuvo Ana, es intocable, al mismo nivel que Auschwitz o Sudáfrica. Porque son muestras de la historia de la humanidad y se deben preservar.

La representante del Consejo Asesor de Sobrevivientes cree también que es importante para ellos que vivieron el horror en carne propia y para toda la sociedad argentina. Porque el reconocimiento que hoy tiene la exESMA es el resultado de una lucha colectiva. Y reconoció que “este museo a pesar de tanta muerte, tiene viva la memoria”. Para concluir, Ana aseguró que lo que queda por delante, más allá de ganar esta mención internacional o no, es seguir construyendo y seguir trabajando en la memoria. Para que nunca más vuelva el horror. Mientras continúa trabajando dentro del Directorio y también para la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, realizando distintas actividades.

 

ANCCOM consultó además a Fátima Cabrera, otra sobreviviente y ex detenida de la dictadura cívico militar argentina. Actualmente es la representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en el Directorio de Organismos de Derechos Humanos. Y trabaja en el predio de la ESMA, dentro de la casa de Madres, donde coordina el proyecto “Música Esperanza”. Fátima también fue parte dentro del directorio de quienes apoyaron la candidatura del Espacio para la Memoria exESMA. Y contó que es importante este reconocimiento a nivel mundial porque “esta presentación tiene que ver con la importancia y la lucha que ha tenido todo nuestro pueblo y el movimiento de derechos humanos en Argentina, que marcó también la lucha por los derechos humanos en la región y en el mundo”. Además, Fátima afirmó que este espacio que es la exESMA, muestra una parte de una gran maquinaria sistemática de lo que fue el terrorismo de Estado en América Latina, pero en particular en nuestro país. Al preguntarle acerca de la expectativa que genera esta postulación, la representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo que visibilizar esta parte de la historia a nivel mundial, también tiene que ver con continuar una lucha por un mundo más fraterno y solidario.

Cabrera además explicó que debido a esta posibilidad que presenta la candidatura, se debe trabajar fuerte en la relación con otros países que la han apoyado. Reconoció también que el proceso al cual se sometió el Espacio ha sido bastante extenso, pero el trabajo recién comienza, como también mencionó Mayki Gorosito.

En el mes de marzo, el Sitio Memoria recibió la visita de un inspector del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en donde se hizo una evaluación sobre la infraestructura del espacio, además de cuestiones que atañen a la organización y al trabajo que en él se realiza.

Fátima recordó que el inspector estuvo reunido también con ella como representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y tuvieron también un intercambio muy enriquecedor. Reflexionó acerca de la importancia de que estos lugares sean reconocidos a nivel internacional, porque la historia demuestra que exterminios como el Holocausto, que se pensaba que no se repetirían, volvieron a suceder. Y a la vez es necesario mantener la memoria para que realmente esto no vuelva a ocurrir, porque la memoria también es un patrimonio de la humanidad.

Todos los integrantes del Sitio Memoria se encuentran trabajando arduamente en una cantidad de proyectos a largo plazo, como describió la directora del museo, Mayki Gorosito. Existe gran expectativa acerca de la posibilidad de que la exESMA sea declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Mientras tanto, la espera se hará larga hasta septiembre, cuando se realice finalmente la votación por parte del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en Ryad, Arabia Saudita.

«Es peligroso decir la verdad»

«Es peligroso decir la verdad»

Bajo la consigna «Justicia por Griselda Blanco», la FATPREN y el colectivo Periodistas Argentinas exigió que la pesquisa por el crimen de la colega correntina no se cierre a la hipótesis de femicidio y se investiguen los indicios relacionados con sus denuncias.

Griselda Blanco tenía 45 años y era una activa comunicadora. Ninguna injusticia le era indiferente. El sábado 20 de mayo, apareció muerta en su casa de Curuzú Cuatiá, en Corrientes, una vivienda con frente de pintura descascarada y hiedra como cerco. La encontraron con golpes en el rostro, restos de sangre por una herida de arma blanca y estrangulada con una soga alrededor de su cuello. También se hallaron pelos en sus manos, lo que indica que intentó defenderse de su victimario, según informó la fiscal de la causa María José Barrero Sahagún. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que murió por asfixia mecánica.

La mujer había recibido amenazas en los últimos días. Ella había denunciado a un comisario de la Policía correntina por acoso sexual –cometido en otra localidad y por el cual lo habrían trasladado–, y al hospital Irastorza por mala praxis. Lo hacía a través de transmisiones en vivo en sus cuentas en las redes sociales. La primera información que trascendió hablaba de un suicidio, y luego los medios locales difundieron que se había tratado de un femicidio. En ese sentido, fue detenido su ex marido Armando Jara, que también es periodista. El hasta ahora único imputado no tiene antecedentes por violencia de género y la familia afirma que su vínculo con Griselda era bueno.

Uno de sus hijos, Lautaro Cesani, dijo que a su madre “la mataron” porque “decía verdades que nadie se animaba a decir, la querían ver callada”. Con la confirmación por parte de la fiscal María José Barrero Shagún, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), de la presencia de “signos de defensa” y de “cabello en una de las manos de la víctima”, la carátula de la causa pasó a ser homicidio. Además, el hijo de la víctima aportó un dato fundamental: uno de los dos celulares de su madre “desapareció, no fue encontrado”, lo cual pone en peligro a las fuentes de la periodista y complica la investigación ya que se trata del teléfono que usaba para trabajar.

 

Bajo la consigna de “Justicia por Griselda Blanco” y con un lienzo negro en el pecho de cada uno de los presentes, el miércoles 24 se realizó una conferencia de prensa convocada por Periodistas Argentinas y la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) para pedir especialmente que por la carátula de “femicidio” no se dejen de lado otros indicadores, y que la investigación se aborde de forma amplia. En este sentido, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), también presente allí, señaló que el crimen “puede estar relacionado con el ejercicio periodístico de Griselda”.

Durante la conferencia hablaron Claudia Acuña y Silvia Martínez Cassina, de Periodistas Argentinas, y Carla Gaudensi por la FATPREN. Hicieron hincapié en que si bien el trabajo de Blanco era “artesanal” su labor era de periodismo puro. “Estaba precarizada, una realidad que se hace cada vez más recurrente, pero estaba sindicalizada y el gremio la respalda. No tenía medio pero tampoco tenía miedo”, dijeron.

Fue reproducido un audio enviado por la víctima a su amiga, la abogada Silvia Casarrubia. “Siempre me están amenazando por estar informando. Yo lo único que hago es mi trabajo, informar y siempre con la verdad. En estos tiempos es peligroso decir la verdad”, se escuchó en la voz de Griselda. También dijo que había recibido una carta documento.

Periodistas Argentinas destacó la acción de los compañeros de la Asociación de Periodistas de Corrientes que rápidamente se movilizaron a la localidad para apoyar a la familia, pedir que el caso sea caratulado como homicidio y que se aparte a la Policía local. La agrupación también exigió protección para la familia, para la abogada y para las fuentes, sobre todo por la desaparición del segundo teléfono de Griselda. “Entendemos el crimen en relación a la libertad de expresión en Argentina”, dijeron sus referentes. “Vamos a demostrar que estamos unidas y organizadas”, agregaron.

En tanto, la abogada de la familia, Andrea Tribbia, dijo que Griselda siempre buscaba pasar por alto las amenazas. Sin embargo, en el último tiempo un mensaje en particular la había preocupado por lo que envió una captura de pantalla a su hijo. “La reacción por ese mensaje no era habitual en ella” sostuvo la letrada en diálogo con Radio Dos. Además, Tribbia aseguró que el ex marido no está entre la lista de los sospechosos prioritarios y presentó a la fiscal “información sobre otra persona” que aún no ha sido revelada. La abogada espera el resultado de la geolocalización de los teléfonos, las aperturas de las antenas y los resultados de las imágenes de las cámaras de seguridad.

 

Por otra parte, en diálogo con ANCCOM, el periodista Ángel Roberto Vallejos, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y miembro de la Asociación de Periodistas de Curuzú Cuatiá, señaló un error por parte de Blanco de realizar las denuncias “en las redes sociales y no a través de la justicia”.  

“Pedimos la protección de todas las personas involucradas en el caso y vamos a viajar con una delegación a Curuzú Cuatiá”, dijo Acuña, de Periodistas Argentinas. Estuvieron presentes en la conferencia de prensa Carolina Varsky y Natalia Chinetti, del Ministerio de Mujeres, Políticas de géneros y Diversidad Sexual de la Nación; Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de géneros y Diversidad Sexual de PBA; María Elena Naddeo de APDH, Yamile Socolovsky de CTA de los Trabajadores y Leonor Cruz, secretaria de géneros de CTA-A, entre muchas otras mujeres y hombres conmovidos por otro crimen que podría haber sido cometido por razones políticas.

 

No los une el amor sino el ajuste y el FMI

No los une el amor sino el ajuste y el FMI

Los movimientos sociales oficialistas y de izquierda marcharon por primera vez juntos para repudiar al FMI y cuestionar las políticas que recortan los gastos sociales. Las voces de los manifestantes.

 La movilización en repudio al “ajuste del FMI”, la denuncia de las políticas que implementa el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Victoria Tolosa Paz, y la falta de abastecimiento de alimentos para los comedores barriales fueron algunas de las consignas que inundaron las calles del Centro porteño, acompañadas por una convocatoria multitudinaria de distintos sectores sindicales, políticos y sociales encabezados por Unidad Piquetera y la UTEP). Dessde las 11 de la mañana de este jueves, y animados por el clima soleado y cálido, hicieron oír con fuerza su reclamo.

La Unidad Piquetera marchó al frente de la movilización sobre la Avenida 9 de Julio, desde Avenida de Mayo hacia Avenida Belgrano, junto a diferentes agrupaciones de izquierda. Con distintos cánticos, batucadas y banderas, se dirigió hacia el punto de encuentro con las agrupaciones que conforman la UTEP. La confluencia de estas organizaciones se trata de un hecho inédito hasta hoy, cuando por primera vez convergieron en un reclamo.

Rosana Gomez, de 44 años, delegada del Movimiento Evita de Esteban Echeverría, dijo: “Hoy nos movilizamos por la gran inflación que está atravesando todo el pueblo argentino y por más y mejores condiciones en los alimentos que se entregan para los comedores y merenderos que tenemos en nuestros barrios. Nosotros sabemos que estamos atravesando una crisis, pero también sabemos que tenemos que contemplar principalmente a estos espacios más empobrecidos para poder también ver a dónde se envían más recursos”.

Además señaló: “Nosotros tenemos otros espacios, no solamente de comedor y merendero, también de contención de familias, de niñeces y de juventudes, que atraviesan una situación crítica. En la época de pandemia los hemos sostenido de una manera heroica, cuando nadie estaba en contacto en el barrio y, además, nosotros trabajamos todos los días, en distintas obras en todos los barrios. Somos conscientes del momento que estamos atravesando como país, pero también vamos a defender nuestro lugar y nuestra tarea cotidiana. La mayoría de las compañeras que formamos estas organizaciones somos mujeres las que salimos adelante, las que salimos con la olla, porque en muchos barrios hay pibes que no están comiendo o tienen una alimentación muy escasa”.

Otro de los reclamos pasa por el alto costo de los insumos de trabajo. En este sentido,  Abraham, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), militante de base y costurero de nacionalidad boliviana, que prefirió no dar su apellido, sostuvo: “En pleno momento en el que el FMI está exigiendo en el país un ajuste económico, está exigiendo medidas que van a empobrecer al pueblo trabajador.” Y cerró: “Nosotros trabajamos en la rama textil y todos los insumos de producción están muy caros. También la canasta básica. Los alimentos cuestan mucho y el salario se licúa. Directamente lo que cobramos, lo perdemos al comprar cosas de primera necesidad. La mayoría de nosotros somos padres o madres de familia. Estamos en contra de las medidas de ajuste económico”.

Por su parte, Ezequiel Chaile, de 32 años, referente del movimiento Corriente Popular Eva Perón, de Lanús, afirmó: “ La situación económica se agudiza y quienes más pagan el impacto de la crisis son los más humildes. Tenemos una situación crítica en los espacios comunitarios porque no llega la mercadería para abastecer a las familias en los merenderos, en los comedores. La gente tiene menos capacidad de compra, o sea, de consumo, porque todo aumenta como estamos viendo, entonces tampoco se le puede dar una respuesta desde los espacios comunitarios”.

“Lo más urgente que nosotros planteamos, tiene que ver con la emergencia alimentaria, el derecho básico de cualquier ser humano de acceder a la alimentación. Y después, hay un conjunto de otros reclamos que están más vinculados al laburo de la economía popular, a proyectos que están charlados con el Ministerio para que los compañeros puedan hacer obras en los barrios, para que los compañeros puedan fortalecer sus unidades productivas, las diferentes ramas de reciclado, textil, etcétera. La gestión de Massa es, para nosotros, bastante controversial, porque es parte de un gobierno popular, pero no termina de defender los intereses del conjunto del pueblo.” declaró Chaile.

Claudia Salinas vino desde Corrientes. Desde hace un mes no recibe los alimentos para su comedor.

Por otro lado, las agrupaciones de izquierda agrupadas en Unidad Piquetera también marcharon. Daiana Cordero, de 31 años, delegada del Polo Obrero de La Matanza, dijo que la gestión de Sergio Massa es más de lo mismo y sentenció: “El reclamo es el de siempre, el ajuste que hay hoy en día en el país. También el reclamo a los alimentos, a los comedores, que cada vez es menos y de muy mala calidad. Nos mandan una polenta con gorgojo para los chicos” y finalizó: “Yo invito a la ministra a que consuma eso o que le dé a su familia ese alimento. Este gobierno es más de lo mismo, la verdad que no hay nadie que venga a decir que algo va a cambiar. Es todo el tiempo lo mismo. Ajuste, ajuste, ajuste. Así que vamos a seguir reclamando hasta que alguno de los ministros o el mismo presidente se haga cargo de la situación del país”.

A la lista de reclamos se suma el pedido por el aumento del Potenciar Trabajo. Sobre esto, Julieta de 42 años, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE, expuso: “Reclamamos la suba del Potenciar Trabajo de los compañeros. Esto no alcanza para vivir dignamente, ellos trabajan también en el merendero, no es que no hacen nada, también se desempeñan en otras ramas: el cartoneo, como costureros, en construcción, herrería. No nos regalan nada. Ayer escuchaba a Tolosa Paz, decir estar abierta al diálogo, pero parece que no, porque hace meses que no se entregan mercaderías a los comedores y las escuelas no tienen alimentación. Estaría bueno que baje y mire la realidad de los humildes.

Ana Gamarra, en tanto, militante del Frente organizaciones en Lucha (FOL) del Bajo Flores, afirmó que, aun teniendo varios trabajos a la vez, el dinero no alcanza para comida, ropa y otras necesidades, y manifestó: “Trabajamos muchísimo y no nos alcanza la plata. Por ejemplo, yo tengo dos trabajos. Estoy en la cooperativa y aparte soy masajista profesional y no me alcanza la plata para mantener a mis hijos. Hay comedores que están cerrando y justo en una crisis económica que estamos viviendo muy, muy fuerte. Estamos haciendo lo que podemos en los barrios. Trueques, nos regalamos la ropa entre compañeras. El Estado no ve con claridad la situación en la que estamos viviendo. La economía va bajando y la inseguridad va creciendo. Nos matan por nada.”

 “Lo peor de todo es que nos dicen que somos vagos y trabajamos más de lo que tendríamos que trabajar. Y gratis, porque nadie nos da un sueldo. Lo hacemos por compañerismo, por humanidad y el Potenciar Trabajo no alcanza para nada. No piensan en el pueblo, piensan solamente para los empresarios. La plata que se lleva en subsidios empresariales son millones y millones y millones y a nosotros nos hacen cargo de que está mal el país porque nos dan un Potenciar Trabajo cuando es el 0, 6% del PBI”, expresó.

Sobre las 14, la movilización se fue dispersando, y los miles de manifestantes retornaron a sus hogares. La marcha finalizó con reclamos frente al ministerio de Desarrollo Social. También hubo un llamado a la oposición para dar marcha atrás con las propuestas electoralistas de ajustes en la asistencia social en caso de ganar los próximos comicios.

Nueva muestra fotográfica de ANCCOM

Nueva muestra fotográfica de ANCCOM

«Trabajo y democracia» se exhibe en el Centro Cultural Nueva Uriarte y retrata el universo de cooperativistas de la economía social y popular.

En el marco del reciente Día del Trabajador y de la conmemoración de los 40 años de democracia se inauguró el 13 de mayo la muestra Trabajo y democracia del equipo de fotoperiodismo de ANCCOM en el Centro Cultural Nueva Uriarte.

La exposición se compone de 15 fotografías realizadas por 13 integrantes de la agencia durante el período de 2015 a 2023. En las imágenes se presentan a trabajadores de la economía social y popular que conforman cooperativas de diversos rubros. Malena Rosemberg, gestora cultural y programadora del Centro Cultural Nueva Uriarte, comentó cómo fue el proceso de creación de la muestra: “En el mes de mayo nos parecía importante poder valorizar a les fotógrafes como trabajadores de la cultura y la comunicación y al mismo tiempo exponer fotos que den cuenta de las distintas realidades relacionadas al mundo laboral y a la lucha por los derechos”.

Las fotografías fueron realizadas por fotoperiodistas de ANCCOM. Deslizá para ver la galería completa.  

 

La muestra fue curada y coordinada por Leandro Teysseire y Victoria Gesualdi, editores fotográficos de la agencia. Esta muestra se inscribe en el trabajo que realiza ANCCOM, desde su nacimiento, hace ocho años. En ese sentido, esta es la tercera muestra fotográfica. Las anteriores fueron montadas en el Centro Cultural Caras y Caretas en el 2018 y en la Cámara de Diputados de la Nación en el 2019. Ambas retrataban una serie de problemáticas políticas con el foco puesto en el rol social del fotoperiodismo.

“Nos pusimos en contacto con el Centro Cultural y decidimos realizar una muestra sobre los trabajadores de la economía popular, que es una pata fuerte de ANCCOM. Con esta muestra buscamos darles voz y mostrar cómo gestionan su trabajo, cómo la reman los laburantes”, afirmó Teysseire.

Algunos trabajadores retratados miran a la cámara y muestran orgullosos su trabajo, otros son mostrados mientras realizan sus labores diarias. Son cooperativistas que trabajan la tierra o ponen en marcha las máquinas de fábricas que fueron abandonadas por sus dueños y recuperadas por la lucha colectiva.

Un caso es el de la Cooperativa de alimentos SAFRA, una fábrica de caldos deshidratados, sopas y salsas ubicada en Berazategui, Provincia de Buenos Aires, que fue recuperada por los trabajadores en el 2010. En la fotografía, se observa a un grupo de mujeres que fabrica caldos deshidratados. Sofía Barrios, fotógrafa de ANCCOM, tomó la imagen cuando visitó la fábrica en 2022 para cubrir una nota de la agencia. Recuerda la historia de esas mujeres y su lucha por recuperar sus puestos de trabajo: “Cuando uno saca una foto decide qué mostrar y cómo mostrarlo. Acá no estamos mostrando grandes empresas, sino cooperativas, que forman parte de una lucha que está muy invisibilizada”.

En otra de las fotografías, se observa a una chica que camina por un campo mientras carga con plantas de lechuga. Es Ramona, tiene 21 años y se desempeña en las chacras de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Jáuregui, una localidad ubicada en el partido de Luján, Provincia de Buenos Aires. Las tierras fueron otorgadas por el Gobierno nacional para que se trabajen de manera agroecológica y cooperativa. Allí viven familias de productores que conforman la Colonia 20 de abril Darío Santillán. “La foto la hicimos el 18 de mayo de 2019, al amanecer, porque era el horario de cosecha –cuenta Pilar Camacho, autora de la fotografía–. Fue el día en que se anunció la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Me acuerdo porque había mucha expectativa sobre cómo se iba a encarar el año electoral, era un año bisagra en la política argentina. Fue un año de salir a cubrir el clima social de cara a las elecciones y de tantos años de macrismo que me movilizó mucho. Al fotoperiodismo, a partir de las prácticas en ANCCOM, lo tomé como una militancia».

 

La muestra se puede visitar hasta el 2 de junio en el Centro Cultural Nueva Uriarte (Uriarte 1289).