El gas levanta vuelo
Unos veinte millones de argentinos utilizan gas envasado en garrafa para cocinar y califaccionar sus hogares. Desde que se desreguló su precio hace dos meses, su costo se duplicó. Las defensorías del Pueblo exigen que se declare un servicio esencial y que se fijen valores máximos.
El 19 de agosto mediante la resolución 216/2024 la Secretaría de Energía dirigida por Eduardo González Chirillo desreguló los precios del gas licuado de petroleo (GLP). La decisión fue con el objetivo de acordar con “los principios de la libertad de mercado” y los lineamientos del Decreto 70/2023. Así, la nueva reglamentación dejó de lado la aplicación de precios máximos de referencia para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas. Esto, según el Gobierno, llevaría a acomodar precios y lograr estándares de calidad internacional. A casi dos meses de su aplicación, en cambio, los usuarios sufren el alza de precios, reclaman por la baja calidad del gas y las defensorías del Pueblo piden que sea declarado servicio público esencial.
El 43,9 de la población, más de veinte millones de personas, utiliza principalmente gas envasado en sus hogares, según el censo de 2022 realizado por el INDEC. Las provincias del nordeste argentino – Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco- usan casi en su totalidad garrafas. En la Ciudad de Buenos Aires lo hacen más de 250.000 hogares, así como 4.100.000 personas en los partidos del Gran Buenos Aires. Tanto Santa Fe como Córdoba tienen cada una más de 1.700.000 usuarios. Ciudades, pueblos, barrios periféricos, zonas vulnerables o viviendas que no pudieron reponer la conexión de gas después de una inhabilitación también componen esa cifra en todo el país.
Christian Vitar vive en el centro de Caseros, partido de Tres de Febrero, en el oeste del AMBA. Hace tres años la empresa de gas clausuró la conexión de gas de su casa y le exigió nuevas instalaciones para la rehabilitación. Desde ese momento usa garrafa como medio principal para cocinar y calafeccionarse en el invierno. “Es un montón de dinero hacer la renovación de la cañería de gas, así que no me queda otra. Soy metalúrgico, trabajo en un taller, ahora un poco más de media jornada, no hay forma de juntar la plata”, manifestó. La compró siempre en YPF porque es el lugar más barato ya que, según dice, “antes de esto salía 8.500 pesos, era casi la única que respetaba el precio. Me dura veinte días, un mes pero trato de no usar horno. Ahora está 15.000 pesos o más”.
La Resolución 216/2024 liberó los valores en todas las etapas del GLP, por lo cual los precios de venta no tienen ya un precio máximo sino de referencia. Estos se actualizaron en 8.500 pesos para la garrafa de 10 kg, 10.200 la de 12 kg y 12.750 la de 15 kg. Al ser solo de referencia no hay obligación de respetarlos y no hay un tope. En la práctica, los precios difieren según se trate de una planta distribuidora, una empresa repartidora de garrafas o determinado almacén de barrio desde el cual muchos acarrean a pie el pesado envase.
En la entrada de la planta de garrafas sobre la avenida Martín Fierro, en Ituzaingó, hay una cola de personas esperando para comprar. Pamela Flores vino desde Villa Udaondo, al fondo del partido y comentó: “Es el lugar más barato, la última vez me salió 8.500 pesos, no sé ahora, creo que más de 12.000. En el barrio está mucho más cara: cerca de 16.000 pesos. Uso dos o tres por mes. Somos muchos en la familia. Hay chicos, hay que cocinar sí o sí todo el tiempo, no podés racionar. En mi zona, algunas manzanas tienen gas natural y otras no”. Reclamó que “en el último tiempo el gas viene malo, dura poco la garrafa, y el calor de la llama es como débil”. No sabe si cambiar el lugar de compra o en cualquier lugar también tendrá esas características.
El gas licuado de petróleo para el envase de 10 kg es una mezcla de gases, butano un 80% y propano un 20%. Se obtienen del proceso de refinamiento del petróleo y la recuperación en las plantas gasíferas. El gas está “licuado” en el envase y se evapora al ser usado. La empresa YPF, la más referenciada por los consumidores, así como otras reconocidas, certifican que sus productos tienen la cantidad de carga correcta y la calidad adecuada. Los usuarios se quejaron de que estos aspectos han empeorado en empresas menos conocidas y dudan de la cantidad y calidad del contenido.
Nadia Fraselli vive en Castelar, Provincia de Buenos Aires, y también mencionó que las garrafas duran poco: “Vienen con agua. La trato de usar poco y busco el lugar más barato. Ahora se fue al doble. La última vez la pagué 7.500 pesos”. La compró en una distribuidora porque estaba más barata que en su barrio pero le pareció que vino con menos carga. Y agregó: “Cobran lo que quieren, nadie sabe en realidad cuanto es el costo de una garrafa.”
En Parque Patricios, a una cuadra del Hospital Muñiz, Jessica Valdés precisó que el aumento de precios fue de 9.000 pesos a 15.500 en un par de semanas. Explicó sobre las diferencias en el costo: “La busco en el almacén aquí cerca, es más barata que el camión que me la lleva a domicilio. Uso tres o cuatro garrafas por mes porque cocino para vender, es mi trabajo. Me da miedo usar horno eléctrico porque no sé cuánto me puede venir la factura de luz. Vivo en un edificio que no tiene instalación de gas natural. Dependo de la garrafa.”
El gas envasado es un consumo de primera necesidad para el 43% de la población argentina que no cuenta con redes domiciliarias de gas natural. Con la desregulación del mercado de este tipo de energía los consumidores quedan desprotegidos sin los controles y mecanismos que sí tiene el consumo del gas por red, como el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENERGAS) y las audiencias públicas obligatorias para fijar tarifas.
En esta situación, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), pidió “declarar a la garrafa como servicio público esencial” y “reconsiderar la Resolución 216/2024” que eliminó el precio máximo. Consideran que “este recurso es vital para el bienestar y la salud de los hogares en condiciones extremas” y considerarlo esencial permitiría “proteger los derechos de los usuarios y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios energéticos.”