El gas levanta vuelo

El gas levanta vuelo

Unos veinte millones de argentinos utilizan gas envasado en garrafa para cocinar y califaccionar sus hogares. Desde que se desreguló su precio hace dos meses, su costo se duplicó. Las defensorías del Pueblo exigen que se declare un servicio esencial y que se fijen valores máximos.

El 19 de agosto mediante la resolución 216/2024 la Secretaría de Energía dirigida por Eduardo González Chirillo desreguló los precios del gas licuado de petroleo (GLP). La decisión fue con el objetivo de  acordar con “los principios de la libertad de mercado” y los lineamientos del Decreto 70/2023. Así, la nueva reglamentación dejó de lado la aplicación de precios máximos de referencia para las etapas de fraccionamiento,  distribución y venta al público de garrafas. Esto, según el Gobierno, llevaría a acomodar precios y lograr estándares de calidad internacional. A casi dos meses de su aplicación, en cambio, los usuarios sufren el alza de precios, reclaman por la baja calidad del gas y las defensorías del Pueblo piden que sea declarado servicio público esencial.

El 43,9 de la población, más de veinte millones de personas, utiliza principalmente gas envasado en  sus hogares, según el censo de 2022 realizado por el INDEC. Las provincias del nordeste argentino – Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco- usan casi en su totalidad garrafas. En la Ciudad de Buenos Aires lo hacen más de 250.000 hogares, así como 4.100.000 personas en los partidos del Gran Buenos Aires. Tanto Santa Fe como Córdoba tienen cada una más de 1.700.000 usuarios. Ciudades, pueblos, barrios periféricos, zonas vulnerables o viviendas que no pudieron reponer la conexión de gas después de una inhabilitación también componen esa cifra en todo el país.

Christian Vitar vive en el centro de Caseros, partido de Tres de Febrero, en el oeste del AMBA. Hace tres años la empresa de gas clausuró la conexión de gas de su casa y le exigió nuevas instalaciones para la rehabilitación. Desde ese momento usa garrafa como medio principal para cocinar y calafeccionarse en el invierno. “Es un montón de dinero hacer la renovación de la cañería de gas, así que no me queda otra. Soy metalúrgico, trabajo en un taller, ahora un poco más de media jornada, no hay forma de juntar la plata”, manifestó. La compró siempre en YPF  porque es el lugar más barato ya que, según dice, “antes de esto salía 8.500 pesos, era casi la única que respetaba el precio. Me dura veinte días, un mes pero trato de no usar horno. Ahora está 15.000 pesos o más”.

La Resolución 216/2024 liberó los valores en todas las etapas del GLP, por lo cual los precios de venta  no tienen ya un precio máximo sino de referencia. Estos se actualizaron en 8.500 pesos para la garrafa de 10 kg, 10.200 la de 12 kg y 12.750 la de 15 kg. Al ser solo de referencia no hay obligación de respetarlos y no hay un tope. En la práctica, los precios difieren según se trate de una planta distribuidora, una empresa repartidora de garrafas o determinado almacén de barrio desde el cual muchos acarrean a pie el pesado envase.

En la entrada de la planta de garrafas sobre la avenida Martín Fierro, en Ituzaingó, hay una cola de personas esperando para comprar. Pamela Flores vino desde Villa Udaondo, al fondo del partido y comentó: “Es el lugar más barato, la última vez me salió 8.500 pesos, no sé ahora, creo que más de 12.000. En el barrio está mucho más cara: cerca de 16.000 pesos. Uso dos o tres por mes. Somos muchos en la familia. Hay chicos, hay que cocinar sí o sí todo el tiempo, no podés racionar. En mi zona, algunas manzanas tienen gas natural y otras no”. Reclamó que “en el último tiempo el gas viene malo, dura poco la garrafa, y el calor de la llama es como débil”. No sabe si cambiar el lugar de compra o en cualquier lugar también tendrá esas características.

El gas licuado de petróleo para el envase de 10 kg es una mezcla de gases, butano un 80% y propano un 20%. Se obtienen del proceso de refinamiento del petróleo y la recuperación en las plantas gasíferas. El gas está “licuado” en el envase y se evapora al ser usado. La empresa YPF, la más referenciada por los consumidores, así como otras reconocidas, certifican que sus productos tienen la cantidad de carga correcta y la calidad adecuada. Los usuarios se quejaron de que estos aspectos han empeorado en empresas menos conocidas y dudan de la cantidad y calidad del contenido.

Nadia Fraselli vive en Castelar, Provincia de Buenos Aires, y también mencionó que las garrafas duran poco: “Vienen con agua. La trato de usar poco y busco el lugar más barato. Ahora se fue al doble. La última vez la pagué 7.500 pesos”. La compró en una distribuidora porque estaba más barata que en su barrio pero le pareció que vino con menos carga. Y agregó: “Cobran lo que quieren, nadie sabe en realidad cuanto es el costo de una garrafa.”

En Parque Patricios, a una cuadra del Hospital Muñiz, Jessica Valdés precisó que el aumento de precios fue de 9.000 pesos a 15.500 en un par de semanas. Explicó sobre las diferencias en el costo: “La  busco en el almacén aquí cerca, es más barata que el camión que me la lleva a domicilio. Uso tres o cuatro garrafas por mes porque cocino para vender, es mi trabajo. Me da miedo usar horno eléctrico porque no sé cuánto me puede venir la factura de luz. Vivo en un edificio que no tiene instalación de gas natural. Dependo de la garrafa.”

El gas envasado es un consumo de primera necesidad para el 43% de la población argentina que no cuenta con redes domiciliarias de gas natural. Con la desregulación del mercado de este tipo de energía los consumidores quedan desprotegidos sin los controles y mecanismos que sí tiene el consumo del gas por red, como el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENERGAS) y las audiencias públicas obligatorias para fijar tarifas.

En esta situación, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), pidió “declarar a la garrafa como servicio público esencial” y “reconsiderar la Resolución 216/2024” que eliminó el precio máximo. Consideran que “este recurso es vital para el bienestar y la salud de los hogares en condiciones extremas” y considerarlo esencial permitiría “proteger los derechos de los usuarios y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios energéticos.”

Yo no te banco, Nación

Yo no te banco, Nación

Con la excusa del rechazo al aumento provincial de un impuesto, el Gobierno nacional dispuso el cierre de nueve de las 14 sucursales del Banco Nación en La Pampa, lo que implica 80 trabajadores afectados, severas complicaciones para los habitantes de localidades lejanas y un golpe para la entidad bancaria más importante del país, que la administración Milei ansía privatizar.

Fue a través de un comunicado publicado en la cuenta de “X” del Banco Nación, que tanto empleados como usuarios se enteraron, el pasado 26 de septiembre, del cierre de la Gerencia Zonal de dicha institución en La Pampa. “Nos avisaron que todas, las 14 sucursales, pasábamos a pertenecer a San Luis, de hecho se comenzaron a presentar los nuevos jefes al día siguiente del comunicado. Transitamos así la semana”, cuenta en diálogo con ANCCOM una trabajadora de las sucursales afectadas. Una semana exacta después, el jueves 3 de octubre, llegó el llamado que anunciaba el cierre definitivo de nueve sucursales, pertenecientes a las localidades de General Acha, Colonia Barón, Eduardo Castex, Bernasconi, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Victorica, y Winifreda. Solo cinco se mantienen abiertas en toda la provincia, las cuales pasarían a depender de la gerencia puntana: son las sucursales de Quemú Quemú, Santa Rosa, General Pico, Macachín, y Realicó. Un desguace provincial del Nación, el banco más importante del país.

A través de “X”, el Nación argumentó que el cierre de la Gerencia Zonal y de las nueve sucursales se debía a “la decisión de la provincia de duplicar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los créditos a las familias y a las PyMEs”. Dicho impuesto se duplicó del 7% al 15,47% por medio del Decreto N°3609, promulgado en la Ley Provincial N°3575, con vigencia desde el 1º de septiembre y hasta fin de año. El gobernador Sergio Ziliotto expresó en varios medios provinciales que el aumento solo afectaba a las entidades financieras, siendo estas las que habían percibido mayores beneficios económicos en los últimos meses; amparó su medida en que el Tesoro Nacional retiene fondos provinciales coparticipables, y explicó que lo que se recaudara con ese aumento financiaría programas alimentarios para los sectores más vulnerables. Ante la medida intempestiva del Gobierno central, el gobernador reformuló su decisión y dispuso que “el Banco de La Pampa aportará lo que el Banco Nación rechaza pagar”. Si el directorio sostiene el cierre, ya no será bajo el argumento del aumento de impuestos.

Son 202 los puestos de trabajo que proporciona el banco en la provincia y 80 los trabajadores afectados de manera directa. La información que conocen por el momento es que aquellos que no ocupan un cargo serán reubicados en las sucursales más cercanas a las familias, mientras que los empleados con puestos jerárquicos se los asignará de acuerdo a la necesidad del banco a lo largo y ancho del país. “Esto lleva a que muchos pierdan su fuente de trabajo más allá de que digan que la garantizan, te están forzando a renunciar, porque no todos van a poder aceptar el traslado que nos impongan”, plantea una trabajadora afectada, que prefiere preservar su identidad. Una reestructuración de las familias, madres o padres que van a tener que decidir entre su fuente de trabajo o estar en el día a día con sus hijos: “Tenés que abandonar tu casa”, analiza.

Las medidas no solo provocan un vaciamiento de trabajadores, sino también de la cartera de clientes. Los pueblos y las comisiones de fomento que conforman La Pampa están separados por al menos 50 o 100 kilómetros, obligando a los usuarios de aquellos pueblos afectados a adaptarse completamente a la virtualidad, o viajar a otras sucursales para hacer sus trámites. “Un jubilado que percibe la mínima no puede pagar un taxi para ir a otro pueblo a cobrar la jubilación –explica la trabajadora a ANCOOM–. Esos clientes se van a perder, van a cambiar su boca de pago. Es una pérdida enorme del federalismo que tiene el Banco Nación porque está a la vuelta de tu casa”. Además, de los pequeños usuarios se verá perjudicada la economía general de la provincia porque “el banco tracciona las PyMES, el comercio y todas las actividades del agro. Ya había sido un cimbronazo enterarnos que San Luis sería la gerencia de cabecera porque tienen otra economía, muy distinta a la pampeana”, agregó.

La Gerencia Zonal se encarga de darle autonomía a la provincia, es el nexo directo entre el directorio nacional del BNA y las sucursales a las cuales también administra y audita. Sin embargo, su importancia es mucho mayor, según explicó Shirley Bustos, delegada general del Banco Nación y secretaria general adjunta de La Bancaria a ANCCOM: “Tiene el conocimiento necesario sobre el territorio y de las particularidades de la economía pampeana. Entiende qué comercios hay y qué promociones aplicar, quiénes son los productores agropecuarios, cuáles son los ciclos productivos de la provincia y cómo asistir crediticiamente a cada uno de ellos”.

Sobre el abrazo simbólico que se realizó el viernes pasado en cada sucursal pampeana agregó: “Quedará marcado como un día histórico porque en menos de 24 horas organizamos un paro provincial en todas las sucursales”. Desde el sindicato llamaron además al cese de actividades con permanencia en los puestos de trabajo y el estado de alerta y movilización en defensa de los mismos. Bustos agregó que el cierre no solo afecta a los 80 trabajadores sino a toda la sociedad: “Las fuerzas vivas salieron a la calle y reclamaron para que todas las partes involucradas se sienten a conversar y busquen una alternativa que no termine en el perjuicio de la sociedad y de los trabajadores”.

El mismo día en Capital Federal y por medio de su Secretario General Sergio Palazzo, el sindicato presentó una denuncia penal ante la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por “la decisión unilateral y apresurada que tomó el directorio del banco. Nunca la respuesta, más allá del desacuerdo con el aumento de un impuesto puede ser el cierre de sucursales y dejar sin trabajo a la gente o al pueblo sin el servicio que les brinda el Banco Nación”, comentó a ANCCOM Raúl Ibañez, secretario general de la seccional Santa Rosa de la Asociación Bancaria. En la misma Secretaría se realizó este martes 8 una audiencia entre los directivos del Banco Nación y la Asociación. En ella se convino un cuarto intermedio hasta este jueves, donde se espera que el gobierno provincial y el Banco Central, ente rector con facultad de habilitar la apertura o cierre de toda entidad financiera, “encuentren un punto de coincidencia de sus posturas y eviten el perjuicio que están causando”, resultado de la audiencia que catalogó como positivo y que solo fue gracias a la visibilización y el apoyo movilizatorio por parte de la sociedad.

La privatización del Banco Nación se había dictaminado en el DNU° 70/2023 también conocido como “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”. “Esto es una prueba piloto, el impuesto es la excusa para empezar el desguace y el vaciamiento porque de todas formas se va a tener que pagar en las sucursales que queden abiertas”, son las palabras de la trabajadora sobre el justificativo utilizado por el Banco Nación para el cierre de las sucursales. “El Banco de la Nación es uno de los motores de la economía del país” y en su Carta Orgánica determina la función social y de fomento, cierra la nota Raúl Ibáñez. “Es una entidad que defendemos como propia, y no solo en nuestra provincia, porque en caso de persistir esta actitud se avanzaría sobre el resto del país, y el perjuicio serían tan extenso como hoy están diseminadas las oficiales del banco. Esta situación que vivimos sirve para dejar la base de que el Banco de la Nación no se toca”.

“El presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública”

“El presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública”

Trabajadores de los hospitales Garrahan y Bonaparte, junto con actores sindicales, movimientos sociales, estudiantes y jubilados, marcharon al Ministerio de Economía en reclamo de salarios dignos y recomposición presupuestaria para el sector.

“El Gobierno de Milei es un asesino que está deshuesando los hospitales públicos y llenándose sus bolsillos, no lo vamos a permitir”, manifestó, con un altavoz en sus manos y arriba de un camión, junto a otros referentes, la delegada sindical del Hospital Garrahan, Nora Lezana, mientras una multitud compuesta principalmente por personal de ese establecimiento y del Bonaparte, entre cánticos alegres y aplausos de vecinos y comerciantes, marchaba ayer hacia el Ministerio de Economía de la Nación.

La movilización de los trabajadores de la salud, en medio de un nuevo paro de actividades por 48 horas, que culmina hoy, fue en reclamo de mejoras salariales –la mayoría están bajo la línea de pobreza–, presupuestarias, de recursos, y también por la continuidad del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.

En el Garrahan, el hospital pediátrico más reconocido de la Argentina y la región, la medida de fuerza incluyó el funcionamiento de guardias mínimas similares a los días feriados, donde sólo se atienden urgencias. La convocatoria se inició en el hall del edificio. Allí, desde la mañana temprano, los trabajadores se reunieron y comenzaron la marcha a la cartera de Economía, a metros de la Casa Rosada, custodiados en todo momento por las motos de la Policía de la Ciudad.

Empleados de los distintos sectores del Garrahan, del Bonaparte y de otros hospitales, entre médicos de primera línea, técnicos, personal de enfermería, administrativos y de mantenimiento, con carteles, pancartas, bombos, redoblantes y trompetas, marcharon desde Parque Patricios hasta el Bajo porteño, donde la protesta terminó con una performance original “RCP a la salud pública” que se hizo viral.

La marcha contó con la presencia de diversos sectores sindicales, organizaciones sociales y centros de estudiantes de distintas facultades, que se sumaron al reclamo por el derecho a una salud pública de calidad. Al frente de la caravana, la referente de los trabajares y técnicos del Garrahan, Nora Lezana, médica especializada en diabetología, expresó: “No se puede tocar ningún hospital en la Argentina. El gobierno del presidente Milei le declaró la guerra a la salud pública y esta lucha es de todos y es una lucha justa”.

“No al cierre de hospitales” fue otra de las consignas que sonó fuerte, en referencia puntualmente al Hospital Bonaparte, lindero al Garrahan, cuyo cierre fue anunciado por el Gobierno el pasado viernes 4 de octubre pero que ayer, luego de la toma del edificio y el masivo apoyo que recibieron sus trabajadores durante el fin de semana, debió dar marcha atrás.

En lo que va del año, se trató de una más de las acciones de lucha de los trabajadores del Garrahan, hasta hoy sin respuestas a sus reclamos. Actualmente, exigen al Gobierno un monto mínimo de 1.400.000 pesos de salario básico para los profesionales de la salud y un aumento del 100 por ciento que compense la vertical suba de precios de la canasta básica. En septiembre, sólo recibieron un bono de 500.000 pesos que, según remarcaron, es claramente insuficiente.

A la marcha se unieron cientos de vecinos, entre ellos jubilados, como Ramón (87) quien dijo: “Hace años que apoyo la salud pública. Es mi obligación y deber como ciudadano acompañar al Hospital Garrahan en su lucha. El gobierno de Milei quiere cerrar hospitales como el Bonaparte y nosotros como argentinos no debemos permitírselo”. Y agregó: “Las luchas se ganan en las calles, haciendo escuchar las voces”. Mucha gente, al igual que él, se fue sumando a la movilización camino al Ministerio de Economía, todos con ganas de expresar sus sentimientos, en particular el agradecimiento a los profesionales de la salud.

La movilización llegó a su fin pasado el mediodía, frente al Palacio de Hacienda, donde las voces de los manifestantes se hicieron oír más alto, para que el ministro Luis Caputo y sus funcionarios tomen nota de la crítica situación que atraviesa la salud. Más tarde, los profesionales y técnicos del Garrahan se reunirían en asamblea para evaluar los pasos a seguir en los próximos días.

Así como por el momento el Gobierno retrocedió con el cierre del Bonaparte, todo el personal de la salud pública nacional, cuyos reclamos se han ido articulando uno tras otro, sigue aguardando soluciones a sus pedidos de salario digno y mejoras presupuestarias para poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. La lucha continúa.

El Gobierno de Milei profundiza su ataque a la salud pública

El Gobierno de Milei profundiza su ataque a la salud pública

Ante el inminente cierre del Hospital Nacional de Salud Mental “Laura Bonaparte”, sus trabajadores realizaron una asamblea, decidieron permanecer en el edificio por tiempo indefinido y convocaron a toda la comunidad a respaldarlos en su lucha. Cientos de pacientes se quedarían sin servicio.

Los trabajadores del Hospital Bonaparte denunciaron el cierre del Servicio de Internación y de las guardias por orden del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones. “Es el paso previo al cierre total del hospital, dejando sin tratamiento miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes”, señalaron en un comunicado.

 “Los trabajadores del hospital en asamblea general decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y llaman a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública”, agregaron.

Soledad Rivas, psicóloga y delegada de ATE en el hospital, contó la sucesión de hechos: “Desde el Ministerio le bajan una orden a Christian Baldino (director del Bonaparte) de que se tiene que cerrar el Servicio de Internación. Como no va a haber más ingresos de pacientes, se cerraría la guardia del hospital y la atención a la demanda espontánea. Después nos informan a través del director que posiblemente el lunes vaya a salir el decreto del cierre del hospital”.

Mariana, psicóloga y trabajadora del Bonaparte, se refirió a la situación de los internos: “Tenemos pacientes adentro, estábamos atendiendo. No hay previsión de a dónde derivarlos, de qué hacer. Estamos hablando de pacientes de salud mental. En internación debe haber alrededor de 30 y después ambulatorios hay alrededor de 60 en el hospital de día y como 500 de consultorios externos”.

Frente al aviso del posible cierre, los gremios llamaron a congregarse en las inmediaciones del edificio situado en Combate de los Pozos 2133. A los trabajadores se le sumaron los pacientes del hospital y personal de salud pública de capital y provincia de Buenos Aires. Tras cortar la avenida Caseros a modo de protesta, se replegaron para discutir qué medidas implementar.

María, médica de la Comisión Provincial de Residentes, se acercó junto a sus compañeros para respaldar a los trabajadores en su reclamo. “Empezaron a circular los mensajes en las diferentes organizaciones que tenemos los residentes en CABA, en provincia y en nación. Inmediatamente nos enteramos que estaban los trabajadores realizando una asamblea. Vinimos a apoyar porque vemos que esto es un escándalo. El cierre se enmarca en los ataques despiadados de este gobierno contra todo lo público”.

En asamblea, se propuso la toma del hospital. Decía una trabajadora del Bonaparte: “Quiero incitar a que pongamos el cuerpo, que este Gobierno se la pasa hablando de destruir el Estado, siendo el Estado mismo. Yo soy y he sido docente toda mi vida. Durante el macrismo hemos visto este tipo de prácticas. La única forma de derribarlos es poniendo el cuerpo, saliendo a la calle, visibilizando. No puede avanzar, no puede cerrar el hospital, hay que llamar a todo el mundo, llenemos la calle, no abandonemos”.

Silvia, trabajadora del Hospital Moyano y representante gremial, apoyó la medida de la toma del edificio. “Vengo en nombre de mis compañeros a abrazar la lucha de los trabajadores del hospital Bonaparte. Entendemos como principal método de lucha frente a este Gobierno reaccionario y liberticida la toma de los hospitales y la coordinación de todos los hospitales de la zona sur de la ciudad”.

La decana de la Facultad de Ciencia Sociales de la UBA, Ana Arias, también se hizo presente en defensa de la institución: “El hospital Bonaparte ha sido centro de prácticas de estudiantes de nuestra facultad desde hace más de una década. El hospital nos brinda una asistencia de primera escucha fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Sin este hospital, ellos también se van a quedar sin espacio”.

Pablo Almeida, delegado general de ATE en el Ministerio de Economía, llevó la solidaridad de los estatales. “Queremos decirles que en esta pelea no están solos, cuentan con el apoyo de cada una y cada uno de los estatales. Necesitamos dejar de pelear lugar por lugar y necesitamos una lucha unificada. Por eso hace un rato un compañero de la directiva de ATE dijo que el lunes a las 12 está el compromiso de una medida de un plenario delegado de todos los hospitales”.

“Necesitamos plenarios de delegados en la puerta de cada sector que está en lucha ahora, pero no sólo de los delegados y delegadas de los hospitales, tenemos que venir todos los delegados y delegadas estatales a bancar, porque si se gana en este hospital contra el cierre, ganamos en el INCAA, ganamos en el Ministerio de la Economía, ganamos en el Ministerio de Trabajo”, afirmó.

Al final de la asamblea, se votó la permanencia en el hospital por tiempo indefinido y el armado de comisiones para seguir asistiendo a los pacientes durante la toma. Desde un megáfono, se escuchó la voz de una de las trabajadoras: “Les vamos a pedir a los sindicatos que nos aporten baños químicos, gazebos. Empecemos a pensar todo lo que necesitamos para garantizar la toma. Esto empieza hoy, pero no sabemos cuándo termina. Es muy importante que nos organicemos”.

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”

El martes se llevó a cabo la 4ta sesión por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II en la que prestaron testimonio de manera virtual el sobreviviente Sergio Giovanni Gobulin y su esposa Ana Zulma Barzola. La defensa pidió que testifique el papa Francisco.

“Fue para nosotros la cancelación de todos nuestros proyectos en la vida: el desarraigo», analizó Sergio Giovanni Gobulin, sobreviviente que testimonió de manera virtual desde Italia en la cuarta sesión por la megacausa de Mansión Seré IV y RIBA II. “Fue un dolor muy grande abandonar mi país, que considero todavía mi patria”, sostuvo el testigo y agregó: «Por un par de años en la casa que alquilábamos, no colgábamos nada en las paredes, porque íbamos a tener que sacar todo para irnos». También declaró en carácter de testigo su esposa, Ana Zulma Barzola quien afirmó que el sacrificio del exilio requirió de una gran resiliencia: “Quizás este proceso me puede ayudar a cerrar una herida que con el tiempo fue cicatrizando, pero que todavía está abierta”, reflexionó la testigo y agregó que “los exiliados tienen un tipo de melancolía diferente, parte de desarraigo e injusticia”. A su vez analizó: “Pudimos continuar haciendo lo nuestro con las cosas que traíamos en el baúl», en relación a la labor de solidaridad social que consolidó la pareja antes del exilio, en el barrio Villa Mitre, localidad de San Miguel, convicción que los acompañó en los años de desarraigo.

En esta jornada se juzgaron particularmente los crímenes imputados a Ernesto Rafael Lynch como teniente primero y luego capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, centro clandestino del cual dependían las Comisarías 1° de Moreno, la 5° de Paso del Rey y 6° de Francisco Álvarez. La abogada Clarisa Góngora, integrante de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de la causa, expresó en diálogo con ANCCOM la importancia de los testimonios de la pareja que actuó con alto grado de participación y solidaridad, que sirven como forma de “visibilizar y resguardar en la memoria una época de comunidad unida y que, como otros compañeros, vecinos y vecinas organizados del barrio, también sufrieron la persecución de las fuerzas militares, e incluso que hasta la actualidad muchos de ellos se encuentran desaparecidos. No era una comunidad que miraba para otro lado. Se involucraba, participaba y daba sostenimiento”, reflexionó en referencia a quienes compartían con Gobulin las actividades de ayuda social que realizaba en Villa Mitre.

El 11 de octubre de 1976, Gobulin pidió permiso laboral para avanzar en la construcción de la casa de la pareja. En el trayecto hacia el corralón, lo interceptaron tres personas vestidas de civil y lo subieron a un auto. Se dirigieron a la construcción, donde había más personas, algunas uniformadas, y varios vehículos. Ahí le vendaron los ojos, lo esposaron y lo subieron al baúl de un auto. Treinta y cinco minutos tardó el recorrido hasta llegar al que sería su destino por 18 días: un centro clandestino de detención y tortura. Lo dejaron vendado y atado con esposas, en una pequeña pieza con una diminuta ventana. Los interrogatorios comenzaron esa misma tarde y se sucedieron dos veces al día. Mediante torturas siniestras y artimañas macabras, el objetivo de cada sesión era el mismo: hacerle confesar que pertenecía a una agrupación, junto con Rodolfo “Rolo” Freyre, también víctima en este caso: “Yo pensé que me iban a preguntar por la actividad social que realizaba en Villa Mitre, pero me di cuenta que de eso no sabían nada”. Pasaron los días de encierro: “Distinguía el día de la noche solo mirando por la ventanita”, expresó el testigo.

“Una noche me hicieron reconocer la voz de mi hija, me dijeron que mi mujer y mi hija estaban ahí, les dije que sostenía lo mismo, pero que sí implicaba su libertad me declaraba culpable”, expresó Gobulin en relación a una de las situaciones más crueles que le tocó vivir dentro del centro de detención, dado que no estaba en situación de poder distinguir qué de lo que le contaban era mentira o verdad: “Estaba convencido de que las habían agarrado”, sintetizó el testigo, que hoy puede reflexionar que “seguramente usaron a una niña” para ejecutar esta maniobra.

El día de su liberación fue el 29 de octubre. Lo tiraron a una zanja cerca de la casa de sus suegros, hasta la que debió arrastrarse dado que no podía mantenerse en pie. En ninguno de los días de cautiverio comió, le daban agua de forma ocasional y ni siquiera lo sacaban de la pieza para ir al baño. Fue ingresado en el Hospital Italiano por un accidente en la calle, con otro nombre y apellido. “Le preguntaban si antes del accidente comía, porque tenía los valores muy alterados, tenía desnutrición”, declaró su esposa. Allí se reencontraron los tres y recibieron protección consular de la Embajada de Italia. Las consecuencias del secuestro fueron relatadas principalmente por Ana Barzola, esposa de Gobulin, quien dio algunos detalles de las torturas que su marido sufrió y con las que tiene que lidiar hasta la actualidad: “Tiene secuelas físicas, porque le saltaban encima de la columna, como parte de los tormentos que vivió”.

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”, declaró Barzola, también víctima de estos crímenes que los llevaron al exilio. Relató cómo vivió el secuestro de su marido y cómo lograron esconderse ella y su hija Natalia para evitar que también las secuestraran. La testigo hizo hincapié en la ayuda que recibió del actual papa Francisco, quien realizó una serie de averiguaciones para lograr dar con su paradero y conseguir su libertad. También narró diferentes peripecias que tuvo que atravesar, como los varios allanamientos que vivió su familia. En uno de ellos, la madre de Ana Barzola increpó a uno de los policías: “¿Ya se dieron cuenta que acá no hay armas?”. Y el policía respondió: “A nosotros nos interesan quienes tienen armas acá”, relató la testigo señalando su cabeza.

Antes de finalizar la audiencia, quedó solicitado por el fiscal Felix Crous, en representación del Ministerio Público Fiscal, el testimonio de Nancy Barzola, hermana de Ana. Por su parte, la defensa del imputado Leston, solicitó el testimonio del papa Francisco, quien en aquel entonces era el padre Jorge Bergoglio, señalado como una figura central en la aparición con vida del detenido Sergio Gobulin: “Se puso en movimiento al día siguiente de mi secuestro, visitó diferentes cuarteles y luego de mi liberación me confirmó que había sido detenido por la Fuerza Aérea”. Sin embargo, antes del inicio del juicio, en la audiencia preliminar, desde la querella de Moreno por la Memoria ya se había presentado la petición para que aporte información en calidad de testigo pero “se desestimó directamente desde el tribunal”.

Desde Moreno por la Memoria reafirmaron la importancia de sumar otros testimonios sobre el caso de Sergio Gobulin, como el de su cuñada, cuyas vivencias fueron relatadas por Ana Barzola: “En el barrio hubo miedo, mi hermana perdió a todas sus amigas, tuvo varias secuelas, entre ellas, facetas depresivas”. Desde la asociación concluyeron que “era una niña cuando allanaron su domicilio y padeció el interrogatorio y el vandalismo de su casa. A eso se suman todas las secuelas de lo que tuvo que afrontar después”. Por otro lado adelantaron que a partir de noviembre, las audiencias de la megacausa serán cada 15 días, ya que se alternarán con el inicio del juicio Campo de Mayo.

Dos testimonios que hilan, desde sus distintas vivencias, una misma historia, conocida en partes, a lo largo de los años, con los aportes de familiares y amigos que siguen reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

«Nos matan de una manera simbólica y brutal»

«Nos matan de una manera simbólica y brutal»

Organizaciones que nuclean a familiares y personas con discapacidad marcharon para visibilizar el daño que está causando el vaciamiento de las políticas públicas en ese sector. Además, preparan un proyecto de ley en línea con lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Han pasado casi diez meses desde que Javier Milei asumió la Presidencia de la nación el 10 de diciembre pasado, con la promesa firme de que “el ajuste lo pagaría la casta”. Bajo el calor húmedo y agobiante de este lunes 30 de septiembre, un grupo de personas se congrega alrededor de la Pirámide de Mayo, a los pies de la Casa Rosada. A simple vista, ninguno de ellos parece pertenecer a esa supuesta casta: hay adolescentes, ancianos, trabajadores de la salud, personas ciegas y jóvenes en sillas de ruedas. Sin embargo, están aquí porque, desde aquel día, muchos han perdido sus trabajos o se han visto privados del acceso a derechos fundamentales, especialmente para quienes tienen alguna discapacidad.

La movilización, que comenzó pasadas las 15, contó con el testimonio de representantes de distintas organizaciones -Discas en Lucha, Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación, Jubilados Insurgentes, Familias Unidas Por la Escuela Especial, Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, Red Nacional de Terapia Ocupacional-,  para luego movilizarse a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Rivadavia 879, donde se realizó una conferencia de prensa difundiendo la problemática, iniciativa que se replicó en ciudades como Mar del Plata, Santa Fe y Entre Ríos.

En el último año, 350 trabajadores fueron despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad al terminar sus contratos, situación que podría agravarse debido al vencimiento inminente de otros cientos. Maive Carones Fernández, trabajadora despedida de ANDIS cuenta: “Yo era parte de la Dirección de Accesibilidad que a su vez pertenecía a la Dirección Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, que hoy ya no existe, fue absorbida por la subdirección de la ANDIS. La Dirección de Accesibilidad se encargaba de eliminar barreras en los entornos físicos, comunicacionales y actitudinales, lo que quiere decir que las personas con discapacidad encuentran dificultades en su cotidianeidad para poder desarrollar su ciudadanía completa y ser sujetos plenos de derechos. Nosotros interveníamos en una diversidad de proyectos porque éramos un área transdisciplinar, donde había arquitectos, comunicadores, intérpretes de lengua de señas argentina-español, asesores sordos, programadores, entre otros. Hoy el área está totalmente diezmada”.

Para quienes tienen la suerte de aún conservar su fuente de trabajo, la situación no deja de ser alarmante: “Hoy la prestación de apoyo para terapeutas está en 10.000 pesos. Y la prestación de apoyo para el servicio de integración escolar está por debajo de los 300.000 pesos. O sea que un integrador escolar que trabaja cuatro horas de lunes a viernes en una escuela, gana 300.000 pesos. Pudiendo trabajar solo dos turnos, se llega a los 600.000 pesos. No llegamos ni cerca de la canasta básica que hoy está en un millón de pesos”, cuenta Rocío, integrante de la organización Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación. Por otro lado, el traspaso de ANDIS desde Presidencia a la órbita del Ministerio de Salud generó inconvenientes para establecer un diálogo fluido: “Es completamente perjudicial, porque siempre hacíamos nuestros reclamos en Presidencia, teniendo una llegada directa, y ahora no. Quedamos en manos de Salud, como si ser discapacitado es ser enfermo. Esa es la ´igualdad´ que están pretendiendo implantar”.

Para poder dimensionar el daño que causan estas políticas y cómo se traducen estos números en la cotidianeidad, Guadalupe Bargiela, una militante ciega que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, expresa su preocupación por el vaciamiento que está sufriendo el área: “Nos están matando de una forma simbólica y brutal. Las personas ciegas, en particular, no somos sujetos de derecho al querer sancionar la boleta única sin accesibilidad en las elecciones próximas. Estamos acá porque este gobierno nos está avasallando, nos está diciendo que no podemos, que no somos. Y hoy, más que nunca, creo necesario gritar que nuestra identidad es orgullo, que nuestra identidad es política. Somos ciudadanos”.

La manifestación reunió a múltiples organizaciones con puntos de vista y necesidades diferentes. Marcela, integrante del colectivo Familias Unidas por la Escuela Especial alerta: “Las personas mayores de 22 años en la Ciudad de Buenos Aires son dejadas fuera del sistema público educativo. Las escuelas de modalidad especial fueron creadas para brindar opciones pedagógicas a las necesidades y a las posibilidades en los tiempos que tienen las personas con discapacidad intelectual. El colectivo de discapacidad es muy amplio.

Generalmente el discapacitado no tiene un problema sino varios. Tenemos desde personas con un retraso leve madurativo, que tienen perfecta posibilidad de desempeñarse en el mundo laboral, hasta personas con una muy importante discapacidad intelectual que no podrían incorporarse. Pero todos tienen derecho a tener un plan de vida”. Por esta razón decidieron presentar un proyecto de ley que plantea que “como establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a educación permanente y sin límite de edad. Según sus capacidades se organiza un plan de vida. Eso es lo que ofrece y eso es lo que queremos, volver a tener escuelas que, sin límite de edad temporal, les permita asistir, concurrir a sus talleres en los tiempos de una escuela y poder realizar estos aprendizajes que a veces son permanentes y perpetuos. Son aprendizajes que se tienen que reforzar permanentemente”.