Despidos masivos, infarto mortal y crisis en Granja Tres Arroyos

Despidos masivos, infarto mortal y crisis en Granja Tres Arroyos

La principal avícola del país debe 350 millones de dólares, redujo su producción y su personal. A los que continúan trabajando, les adeuda salarios. El costo social y el impacto en la salud del deterioro laboral.

Carlos Esquivel, trabajador de la planta La China de Granja Tres Arroyos, murió de un infarto tras meses sin actividad y con salarios adeudados. Horas después, llegó a su domicilio el telegrama que comunicaba su despido. El caso expone la situación crítica que atraviesan cientos de trabajadores de la principal avícola del país.

Granja Tres Arroyos atraviesa una de las mayores crisis de su historia. Con plantas paralizadas, una fuerte reducción de su producción y un pasivo de alrededor de 350 millones de dólares que busca reestructurar con sus acreedores, el deterioro financiero de la principal empresa avícola del país comenzó hace tiempo a trasladarse a sus trabajadores: salarios pagados en cuotas, vacaciones forzadas, suspensiones y, ahora, cientos de despidos.

En la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, esa crisis tiene otra dimensión. La producción permanece paralizada desde mayo y los trabajadores aseguran que acumulan salarios impagos desde la segunda quincena de abril, además del aguinaldo. Esta semana, más de 260 empleados recibieron telegramas de despido. Uno de ellos estaba dirigido a Carlos Esquivel.

Esquivel tenía 53 años y era trabajador de La China. El lunes murió de un infarto después de atravesar, según relatan sus compañeros, meses de dificultades económicas e incertidumbre sobre su futuro laboral. Horas después de su fallecimiento, el telegrama mediante el cual Granja Tres Arroyos comunicaba su despido llegó a su domicilio.

“Por supuesto que no falleció porque le llegó un telegrama. Él no llega a recibirlo. Pero la situación que estaba viviendo era realmente angustiante y desesperante”, relató Eduardo Ramírez, compañero de Esquivel y trabajador del sector de trozado de La China.

“Había muchas carencias económicas. Una persona de 53 años no podía conseguir trabajo. En una ciudad de 100 mil habitantes, tenés 900 personas pidiendo trabajo, más todas sus familias. Es una situación muy angustiante y muy difícil de sostener en el tiempo”, explicó.

Los propios trabajadores realizaron colectas para asistir a quienes atravesaban las situaciones más críticas. También se coordinaron entregas de bolsones de alimentos con participación sindical, provincial y municipal. Sin embargo, Ramírez sostiene que la asistencia apenas permitía cubrir una parte de las necesidades básicas: “Era un bolsón de comida que servía para una semana, como mucho. Las demás cosas obviamente no se podían cubrir”.

Para Ramírez, la situación que atravesaba Esquivel no puede pensarse por fuera de un conflicto que desde hace meses afecta a cientos de trabajadores de la planta.

“Hay muchos compañeros pasando los mismos problemas, sin poder pagar alquileres, sin poder pagar servicios. Una changa la podés sostener un poco de tiempo, pero después no podés sostener mucho más. Aparte, 900 personas haciendo changas tampoco se sostiene”, afirmó.

Deuda millonaria

La situación de La China se inscribe en una crisis económica y financiera que Granja Tres Arroyos arrastra desde hace tiempo. La compañía negocia actualmente con sus acreedores la reestructuración de un pasivo de aproximadamente 350,9 millones de dólares, que incluye compromisos comerciales con proveedores, obligaciones fiscales y deudas financieras. El plan contempla quitas que en algunos casos podrían alcanzar el 75%, plazos de hasta siete años y venta de activos para obtener liquidez.

La dimensión productiva de la compañía también se redujo considerablemente. Granja Tres Arroyos llegó a procesar alrededor de 760 mil aves por día y a emplear a más de 6.500 trabajadores. En medio de la crisis, su nivel de faena llegó a caer a cerca de 200 mil aves diarias.

La empresa atribuye parte de sus dificultades al impacto que tuvo la influenza aviar sobre las exportaciones, al cierre de mercados internacionales —entre ellos China—, a la sobreoferta posterior en el mercado interno y al incremento de los costos de producción. Esos argumentos también aparecen en las comunicaciones mediante las cuales justificó los últimos despidos.

La crisis, sin embargo, ya se traduce en una sucesión de cierres, suspensiones, retiros voluntarios y atrasos salariales en distintos establecimientos de la compañía. En 2024 cerró una planta en Tristán Suárez y en 2025 dejó de funcionar la planta Becar, también en Concepción del Uruguay, cuyos trabajadores fueron trasladados a La China.

Salarios a cuentagotas

A cientos de kilómetros de Concepción del Uruguay, en El Jagüel, ciudad del partido de Esteban Echeverria, el relato de Emilio Gustavo Barrios permite reconstruir cómo ese deterioro financiero se trasladó progresivamente a los ingresos de los trabajadores.

Barrios lleva 15 años en la industria avícola. Comenzó durante la etapa de Cresta Roja, atravesó los cambios de operadores y continuó cuando Granja Tres Arroyos asumió la operación. Trabajó durante la pandemia y posteriormente en una planta destinada a la exportación, hasta que el establecimiento dejó de funcionar y fue trasladado a otra planta.

Según su testimonio, actualmente trabajan allí alrededor de 670 personas. Hace algunas semanas, la empresa les comunicó de un día para otro que comenzarían tres semanas de vacaciones por falta de producción.

“Nos dijeron que no había más pollo, que había vacaciones y que teníamos que volver el 10 de agosto”, contó.

Pero el período de descanso llegó sin que los trabajadores hubieran cobrado normalmente. Barrios asegura que acumulan un mes sin percibir el sueldo completo y que las vacaciones también comenzaron a abonarse en pequeñas cuotas.

“De las vacaciones nos pagaron creo que dos cuotas que no llegan ni a los 100 mil pesos. Una semana nos dieron una cuota y a la otra semana otra”, señaló.

Ante la falta de ingresos, los trabajadores recibieron la posibilidad de retirar mercadería de la propia empresa para cubrir parte de su alimentación, con un límite mensual de 500 mil pesos.

Para Barrios, sin embargo, el problema no comenzó con la última suspensión. Según afirma, hace aproximadamente un año y medio que los salarios son abonados de manera fraccionada. “Hace un año y medio que están pagando en cuotas. Vos las deudas las tenés que pagar y, si te atrasás, los intereses corren y nos perjudican. Una cuenta que tenés que pagar en determinada fecha, si no la pagás, te viene con interés. Y así se va sumando”, explicó.

A los pagos fraccionados se sumó, según su relato, la pérdida de otros ingresos laborales. “Los feriados ya no nos los pagan, perdimos los premios de fin de año. En pandemia laburamos, en exportación siempre trabajamos, siempre cumplimos”, sostuvo.

Así, mientras Granja Tres Arroyos negocia cómo reestructurar cientos de millones de dólares de deuda con bancos, organismos públicos y proveedores, sus trabajadores describen otra dimensión de la crisis: salarios en cuotas, vacaciones sin cobrar completamente, mercadería para cubrir la alimentación, changas y asistencia mediante bolsones de comida.

«Podría haber pasado con otro compañero»

En Concepción del Uruguay, la muerte de Carlos Esquivel convirtió esa situación económica en algo concreto para sus compañeros.

Después de meses sin actividad, la llegada de los telegramas abrió una nueva etapa del conflicto. Los trabajadores de La China reclaman ahora la reincorporación de los despedidos, el pago de los salarios pendientes y respuestas para quienes todavía desconocen cuál será su futuro.

Pero el reclamo adquirió otra dimensión después del lunes.

“¿Qué podía haber pasado con otro compañero? Porque hay muchos compañeros pasando los mismos problemas”, planteó Ramírez.

Carlos Esquivel no llegó a leer el telegrama que comunicaba su despido. Para sus compañeros, lo que ocurrió expone hasta dónde puede deteriorarse la vida cotidiana cuando la incertidumbre laboral se prolonga durante meses y el salario deja de llegar.

Mientras la empresa busca una salida para una deuda de 350,9 millones de dólares, cientos de trabajadores continúan esperando otra respuesta: cuándo cobrarán lo que les deben y si todavía tendrán un trabajo al cual volver.

Gauna, el comisario armado que se disfraza de civil

Gauna, el comisario armado que se disfraza de civil

El comisario de la Policía Federal Gustavo Gauna fue fotografiado armado y sin uniforme durante la represión a la manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Diversos medios, entre ellos ANCCOM, lo retrataron, algunos mientras apuntaba. Denuncias de los organismos de Derechos Humanos.

El jueves 6 de agosto, mientras el Senado debatía la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron frente al Congreso para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno. La jornada estuvo atravesada por un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad y, bajo la lluvia, la protesta terminó con represión, heridos y 29 detenidos.

Entre las imágenes que dejó el operativo hay una –que entre otros fotógrafos la registro la fotoperiodista de ANCCOM, Oriana Estrada- que concentra una de las escenas más controvertidas de la jornada. Un hombre vestido de civil, con un arma larga en las manos, junto a efectivos uniformados de la Policía Federal. No lleva uniforme ni una identificación visible que permita reconocerlo fácilmente como integrante de una fuerza de seguridad. Se trata del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, Director General de Organizaciones Criminales de la PFA.

Las imágenes difundidas durante y después de la manifestación lo muestran portando una escopeta calibre 12/70. Desde el Gobierno se justificó el accionar policial, alegando que el comisario formaba parte de las brigadas de civil, destinadas a observar e identificar a personas que generan disturbios para luego intervenir y que portaba un arma “no letal”.

La explicación oficial, deja abiertas varias preguntas: ¿qué función cumplen esas brigadas de civil? ¿bajo qué protocolo intervienen en una protesta?, ¿cómo deben identificarse? ¿Quiénes forman parte de ellas? Y, en el caso particular de Gauna, ¿quién dispuso su participación y qué tarea tenía asignada durante el operativo?

Como en 2001

Para Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional del CELS, la presencia de un integrante de la Policía Federal vestido de civil y armado en una manifestación resulta especialmente preocupante. “En las imágenes se puede observar que se encuentra sin uniforme ni identificación visible y que porta una escopeta 12/70, un arma apta para cargar distintos tipos de munición, como los cartuchos de estruendo, antitumulto, balas de goma y postas de plomo”, señala.

La ministra de Seguridad sostuvo en una conferencia de prensa que Gauna llevaba una placa que permitía identificarlo como policía, a pesar de que esta no era identificable a simple vista. Para CELS, “esto es importante para que las personas que asisten a la manifestación puedan identificar quiénes son integrantes de las fuerzas de seguridad y también para los procesos de rendición de cuentas de la propia intervención de las fuerzas de seguridad, una vez que los hechos ocurrieron”.

Darraidou señala que la propia Policía Federal cuenta desde 2003 con normativa interna que establece la obligatoriedad del uniforme para los agentes que intervienen en operativos en contextos de protesta social. Ese criterio fue incorporado en 2011 a una resolución ministerial que fijaba criterios mínimos para la actuación de las fuerzas federales en manifestaciones y derogado en 2023 cuando Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, oficializó el protocolo para manifestaciones conocido como “protocolo antipiquetes”.  Sin embargo, “eso no significa que actualmente esté permitido que un funcionario policial intervenga de forma anónima o de civil en una protesta social”, explica Darraidou y  sostiene que “subsisten obligaciones derivadas de tratados internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen como obligatorio, para la intervención en contextos de protesta, que los integrantes del operativo usen una identificación”.

Desde esa perspectiva, el CELS cuestiona la respuesta del Ministerio de Seguridad frente a la presencia de Gauna en el operativo. “De modo que la intervención de Gauna es absolutamente preocupante”, sostiene Darraidou, y agrega: “Es muy grave que la ministra de Seguridad, lejos de indicar una investigación sobre por qué este comisario inspector formaba parte del operativo sin vestir un uniforme, trate de explicar o fundamentar por qué ese policía estaba en esas condiciones”.

 

Sin novedades en el frente

La presencia de policías de civil en movilizaciones, sin embargo, no es una novedad. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señalan que se trata de una práctica frecuente, aunque hay un elemento que vuelve particularmente significativo el caso de Gauna: “No es tan habitual que anden con armas largas”. Y agregan que lo particularmente significativo es que el comisario haya quedado registrado en imágenes “apuntando”, algo que, según CORREPI, resulta “indicativo del nivel de impunidad imperante”. 

Desde la organización también recuerdan que existen numerosos casos de violencia letal protagonizados por agentes que no se encontraban uniformados. Mencionan, entre otros, a los policías Robledo y Leiva, responsables de los disparos con plomo durante la represión del Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002, y el caso de Lucas González, asesinado en Barracas por agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban de civil.

Pero no se trata únicamente de episodios excepcionales. Señalan que los policías, aun cuando se encuentran de franco, conservan la facultad de portar su arma reglamentaria. Según CORREPI, “casi el 70% de los fusilamientos de gatillo fácil ocurren con personal de franco con el arma reglamentaria”. En el caso de las movilizaciones, agregan: “Muchas veces tratan de mimetizarse en la movilización para identificar personas”, una práctica que, sostienen, CORREPI ha podido documentar “con creces” en distintos casos. Entre los antecedentes mencionan el llamado Proyecto X de Gendarmería Nacional.

Por último, reparan en que la situación adquirió una nueva dimensión luego de que Bullrich derogue la Resolución 210/2011, que establecía que el personal de las fuerzas federales que participa de operativos en manifestaciones debe estar uniformado e identificado. “Desde diciembre de 2023 se incrementó la presencia de personal de civil en movilizaciones”. Aunque, según mencionan, aquella obligación “nunca se cumplió efectivamente”, su existencia permitía posteriormente “encarar cuestiones de responsabilidad”.

El abogado Gregorio Dalbón, por su parte, presentó una denuncia por el caso. Acusa a Gauna de abuso de autaoridd y violación de los deberes de funcionario público, además de vejaciones y apremios ilegales. La causa estará en manos de la jueza María Romilda Servini y la investigación quedará a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo.

El comisario fue denunciado también por la Comisión Nacional por la Memoria en una presentación judicial más amplia que exige la investigación por el desproporcionado operativo represivo del jueves pasado que incluyó, según el organismo, más de cien granadas de gas lacrimógeno, postas de balas de goma, gas pimienta y cuatro hidrantes que marcharon a contramano por las avenidas De Mayo y 9 de Julio en medio del tránsito.

El diputado socialista Esteban Paulón, a su vez, realizó un pedido de informes para que la ministra Alejandra Monteoliva se presente en el recinto a dar explicaciones de lo sucedido. La mentora de la funcionaria, Patricia Bullrich, negó –como suele hacer ante cada imputación- conocer al comisario Gauna, a pesar de las fotografías que trascendieron donde se los ve juntos en la provincia de Corrientes cuando llegaron allí tras la desaparición del niño de cinco años Loan Peña, cuyo paradero desde hace dos años se desconoce.

Cacería

Cacería

La enorme movilización popular obligó al gobierno a eliminar la mitad de los artículos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para intentar evitar la presión popular, durante más de seis horas, las fuerzas de seguridad federales y porteñas reprimieron la masiva manifestación que, a pesar de la lluvia, se reunió frente al Congreso. Una fotógrafa resultó gravemente herida y hubo al menos ocho detenidos.

Miles de personas se congregaron este jueves en la Plaza del Congreso y distintos puntos del país para rechazar en las calles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado luego de que el oficialismo resignara los capítulos que modificaban la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego. Tras casi seis horas de represión, la manifestación concluyó con más de un millar de heridos, entre los que se encuentra una fotoperiodista que recibió un impacto en la cabeza que le generó un traumatismo de cráneo, y ocho detenidos confirmados hasta el momento.

 “El gobierno quiere despejar la plaza para tener impunidad para votar ahí adentro del Congreso, con los traidores que lo acompañan, una ley que pretende poner la propiedad privada por encima de las necesidades sociales, el bien común, el medio ambiente, el cuidado y la soberanía nacional”, expresó Violeta Alonso, militante del Nuevo Más, mientras las fuerzas de seguridad avanzaban contra los manifestantes con gases lacrimógenos. “Quieren que se vea una imagen de una plaza vacía como si la sociedad estuviera a favor de lo que están haciendo”, agregó.

Ni la lluvia, ni la caída del capítulo más cuestionado del proyecto, que pretendía quitar las restricciones para liberar la venta de tierras nacionales a extranjeros, logró que se frene la movilización popular. Desde la mañana del jueves distintas organizaciones y personas autoconvocadas se acercaron al Congreso para exigir a los senadores el rechazo de toda la propuesta legislativa enviada por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación.

“Se habla mucho de la campaña antiargentina y los primeros promotores de esa campaña son los que están en el gobierno”, afirmó Cristian Voukelatos, integrante de la Asamblea Discas en Lucha. Las organizaciones convocaron a marchar en defensa del territorio, contra los desalojos y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. “Vinimos para lo mismo que todos, para defender el país, porque quieren vender el territorio completo, los recursos y el trabajo de la gente”, concluyó.

La plaza se colmó de banderas con la mima tipografía de que levantó la Selección argentina tras su triunfo ante Inglaterra. “Ese gesto de los jugadores logró que salga de todos nuestros poros un sentimiento antiimperialista en defensa de lo que es nuestro”, dijo Celeste Fierro, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, a la par que caminaba hacia la concentración frente al Congreso que amaneció vallado. “Este es el primer paso de esa expresión de bronca que ya se siente muchísimo por abajo y tenemos que organizarla”, aseguró Fierro.

Unos minutos pasadas las 17 comenzó el operativo desplegado por el Ministerio de Seguridad para reprimir la manifestación. Jorge, trabajador del Ferrocarril Mitre, integrante de la agrupación Naranja Ferroviaria afirmó: “Buscan en este horario, cuando la mayor cantidad de la gente sale del trabajo y se acerca a la plaza para meter miedo y que la gente no venga”.

Las fuerzas federales avanzaron sobre la plaza desde el vallado montado sobre la Avenida Callao. “Gendarmería empezó con los escudos para arriba, sin que nadie haya hecho nada, porque desde que llegué, nadie había hecho nada. De repente, llegaron los camiones hidrantes a tirarle agua a la gente”, afirmó Johana Cardozo, una manifestante autoconvocada que fue reprimida por la policía. Pronto se escucharon los primeros disparos de balas de goma, que rompieron el clima pacífico de la movilización.

Los cuerpos de control obligaron a los manifestantes a replegarse sobre Avenida de Mayo y las calles aledañas, mientras algunos le hicieron frente a la policía entre canciones y arengas. A medida que la tensión crecía, los enfrentamientos se hicieron más intensos. Los efectivos avanzaban con sus bastones, escudos y camiones hidrantes para despejar la zona y algunos manifestantes respondieron arrojando piedras. El sonido de los disparos se mezclaba con las sirenas y los gritos de quienes intentaban alejarse del perímetro. Poco después, el aire de la plaza comenzó a llenarse de gas lacrimógeno.

La represión policial alcanzó también a algunos transeúntes que caminaban por la zona y que no estaban vinculados con la manifestación. “Yo llegaba de trabajar mis ocho horas, estaba ahí parada, y me empezaron a empujar con el escudo ese que tienen. Le dije al policía: ‘¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta? Yo educo a tus hijos’”, relató Alejandra Maidana, docente de Nivel Inicial que fue acorralada y amenazada por la fuerzas de seguridad, aun vestida con su delantal de maestra.

Con el correr de las horas, el operativo se extendió a lo largo de la Avenida de Mayo. Allí se registraron algunos de los episodios más violentos de la jornada. Numerosos escuadrones de policía se enfrentaron con pequeños grupos de manifestantes que respondieron arrojando piedras y cantando arengas. La represión terminó expandiéndose varias cuadras a la redonda, alcanzando distintos puntos del centro porteño. De manera insólita, la policía avanzaba a contramano y en medio de los colectivos, disparando gases o agua desde carros hidrantes, por avenidas como Corrientes o Avenida de Mayo, lejos ya del Congreso.

En ese contexto, una fotoperiodista que cubría la movilización –cuya identidad se mantiene en reserva- resultó gravemente herida a pocas cuadras del lugar y debió ser trasladada al Hospital Argerich con un traumatismo de cráneo.

A las 23, comenzó a cesar la represión sobre Avenida de Mayo. Sin embargo, las fuerzas de seguridad continuaron realizando arrestos en la zona. Organismos de derechos humanos denunciaron un elevado número de personas heridas o afectadas por el uso de gases lacrimógenos, postas de goma y golpes durante el operativo. Al momento, ocho manifestantes se encuentran detenidos.

“Una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical”

“Una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical”

En el marco de la 196° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) denunciaron al Estado argentino por el retroceso en materia de derechos humanos, laborales y a la salud.

El CELS, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), junto a los representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), presidida por Juan Orsini, se pronunciaron hoy por la sociedad civil para denunciar al Estado argentino por poner en marcha “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación del trabajo al siglo XIX”, que se produce la desprotección contra el despido injustificado, debilitamiento del salario, regresividad en materia de jornada y descanso, restricciones al acceso a la justicia, el impacto diferenciado a las mujeres, y el incremento de la informalidad, entre otros problemas.

“La Ley de Modernización Laboral tiene serios elementos que marcan una alarma en los indicadores de regresividad de derechos, tanto en lo que hace a la faz de las libertades sindicales. Es decir, del derecho de las organizaciones sindicales y sus miembros de actuar en lo que se conoce como el derecho individual del trabajo. Por ejemplo, desconoce la condición de los trabajadores, excluyéndolos del régimen de control de trabajo, limitando los derechos de indemnización o eliminándolos en muchos casos de los períodos de prueba, eliminando licencias específicas, afectando cuestiones de género”; sostuvo Damían Loreti, secretario del CELS. Y agregó: “También es por la derogación específica de algunos estatutos profesionales, como el Estatuto del Periodista, y la Ley de Protección Estatutaria del Empleado Administrativo de las Empresas Periodísticas”.

La solicitud de audiencia realizada por estas organizaciones e instituciones sociales el 24 de abril de 2026, se basa en las consecuencias de la Ley 27.802 y sostiene que existen antecedentes en la agenda de la modernización laboral: el proyecto de redistribución del poder de la última dictadura cívico-militar que se retomó en el gobierno de Menem y años más tarde, en el de Mauricio Macri. El DNU 70/2023 del actual presidente, Javier Milei, fue un paso fundamental. Si bien los puntos del decreto que abarcaban el ámbito laboral, fueron declarados inválidos por inconstitucionalidad, varios aspectos se aprobaron con la sanción Ley de Bases (27.742) en 2024.

También está el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación”, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a fines de 2023, que posibilita la represión de las prstetas, las detenciones arbitrarias masivas y aleatorias, el empleo indebido de armas consideradas “menos letales” y un claro designio de liberar las calles a cualquier costo.

El atentado contra el derecho a protesta implica la imposibilidad de manifestarse y reclamar para conseguir o sostener derechos. Sobre esto, Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), declaró en diálogo con ANCCOM: “Es muy grave que se plantee la flexibilización horaria en la jornada laboral porque los que son responsables del cuidado de otras personas, no pueden estar organizando sus vidas en torno a lo que toca. Eso perjudica el derecho personal, individual, y a su vez, también está vulnerado el derecho que tiene que ver con juntarse con otros, organizarse y conquistar derechos. Nadie en toda la historia del capitalismo, pudo lograr sus derechos laborales solo. Todo esto es algo más profundo y estructural”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que participó en representación de FreSu, apuntó contra el poder de forma directa. “La reforma laboral tiene la finalidad de abaratar las fuerzas de trabajo y aumentar los márgenes de rentabilidad de las grandes empresas, es decir, que el resultado sería más horas de trabajo y salarios más bajos”. Además, aseguró que no se crearon más puestos de trabajo, a pesar de que ese era el discurso del gobierno, sino que “se está reemplazando empleo informal por empleo informal, empleo registrado por empleo precario”.

Además, el secretario general de Pilotos (APLA), Pablo Biró, denunció: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo «. Ante esto, Aguiar sostuvo: “Los altos niveles de autoritarismo no son compatibles con el sistema democrático. La democracia está en riesgo, por supuesto, esperamos ser escuchados; vamos a realizar peticiones concretas”.

La abogada Amortino solicitó en nombre de todas las organizaciones presentes, que la CIDH “emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho”.

En cuanto a la derogación del Estatuto del Periodista, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, señaló que ese accionar “es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país”.

Siguiendo la misma línea, la abogada Amortino argumentó que la derogación del estatuto no forma parte de los estándares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pidió que se le exija al Estado argentino “el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión» y, ante cualquier duda, invitó al país a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA), para que recaudara información sobre la situación actual de los ciudadanos que se dan como consecuencias de la reforma laboral en cuestión.

Además, en este período de sesiones temático, es decir, que no se tratan litigios individuales, se habló sobre el acuerdo firmado por Argentina y Estados Unidos en febrero de 2026, en el que, para que exista un comercio recíproco, nuestro país debe reducir y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, y otorgar privilegios comerciales a los productos estadounidenses. El mismo, fue citado en la audiencia sobre el derecho a la salud el lunes 3 de agosto, ya que “por decisión unilateral, el país decidió derogar los criterios estrictos de patentabilidad de medicamentos”; sostuvo Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS.

Sobre esto último, Chevalier explicó: “El derecho a la salud se abordó por el abandono del Estado nacional en el sector, ya sea por la falta de políticas públicas y/o por el desfinanciamiento a los hospitales públicos. Al desmantelamiento por completo del programa Remediar, se suma la incorporación de todos esos medicamentos en la lista de medicamentos de venta libre, lo que hace que queden sin cobertura y sin regulación. Tampoco hay más campañas de vacunación. La salud ahora es un privilegio, y eso no puede pasar”.

Ante las exposiciones del FreSu, CELS y SiPreBa, los comisionados de la CIDH cuestionaron y solicitaron explicaciones por las irregularidades en la implementación a la reforma laboral a los representantes del Gobierno argentino.

 

“Estamos todos en libertad condicional”

“Estamos todos en libertad condicional”

Raúl Eugenio Zaffaroni, exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le abrió las puertas de su casa a ANCCOM para reflexionar sobre el estado del Poder Judicial, la política internacional, el gobierno de Milei y las denuncias de racismo en Argentina.

El jurista Raúl Eugenio Zaffaroni recibió a ANCCOM en su casa de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, con sus dos gatos y el fino humo de tabaco que acompaña sus charlas. Rodeado por una imponente biblioteca que bordea casi todas las paredes y repasan su trayectoria de intelectual afamado, los estantes se convierten en escenario de múltiples objetos que cuentan historias. De allí cuelga una enorme whipala, que hace frente al escritorio del exmiembro de la Corte.

En el encuentro Zaffaroni abordó diversos temas, entre ellos, la eficacia y funcionalidad de la justicia en nuestro país. El reconocido abogado, sostuvo que el principal problema es la inexistencia de la casación – un recurso planteado ante cualquiera de las salas del Tribunal Supremo, según su especialidad, para que cese e invalide las sentencias dictadas por tribunales inferiores, pero acá, dice Zaffaroni “cada juez hace lo que quiere”.

También reflexionó sobre la campaña mediática “anti argentina” que tuvo lugar las últimas semanas por el accionar de la Selección Argentina frente a Inglaterra y aseguró: “Es una campaña que podría haber estado orquestada por los ingleses y algunos sectores norteamericanos. Todo va en pos de las apuestas”. Y recalcó: “Ya no hay que preguntarse por qué, sino a quién beneficia el hecho de forma monetaria”.

El contexto político-jurídico internacional no quedó fuera, y relacionó el avance de la derecha con el cambio en el discurso social.

 

En una entrevista dijo que en Argentina no existía el Poder Judicial. ¿A qué se debe esa afirmación?

Tenemos una magistratura que tiene una estructura institucional defectuosa. Cualquier Poder Judicial cumple tres funciones: control de constitucionalidad, casación y la resolución de casos elevados. El problema es que en nuestro país la primera y la segunda fallan; la segunda no la tenemos directamente, y la primera es inútil. Nosotros copiamos el sistema de control difuso de los Estados Unidos hace 170 años, y en el control difuso norteamericano la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte es obligatoria para todos los jueces. Acá no, cada juez sigue haciendo lo que se le da la gana. La casación directamente no funciona, no hay. Cada código puede tener 25 representaciones diferentes, uno por cada provincia, más la federal, más la Ciudad de Buenos Aires, y no hay nadie que las unifique. Esas dos cosas naturalmente repercuten en el servicio, que es la tercera función. Somos la única magistratura en el mundo que no cumple acabadamente sus funciones. Y no hace falta mirar a los mejores sistemas del mundo para darse cuenta. A veces se lo explico a colegas brasileños y te preguntan “¿pero cómo se arreglan sin casación?”. Y uno responde “qué sé yo”.

 ¿Cuántos miembros deberían componer la Corte Suprema y qué mecanismos deberían utilizarse para asignarlos?

Si queremos tener un Poder Judicial que cumpla esas dos funciones (sin reformar la Constitución, porque eso es un despelote, se requiere un acuerdo político muy grande, del que hoy estamos totalmente lejos), hay que ampliar los miembros de la Corte. Creo que podemos corregir los efectos graves que tienen las eficiencias del Poder Judicial sin tocar la Carta Magna.Tendríamos que tener un ministro por provincia, hacer una Corte de 25 ó 30 jueces. No estoy proponiendo una locura: Costa Rica, que tiene 4 millones de habitantes, tiene 21 jueces en la Corte; Colombia creo que anda por los 30. Me dirán :“Estados Unidos tiene 9 jueces”. Sí, pero la Suprema Corte norteamericana no hace casación, porque los códigos son provinciales, entonces no necesitan la casación. La Corte Suprema de Estados Unidos emite unas 80 sentencias por año. Los tres tipos que componen nuestra Corte están resolviendo 20.000 causas por año. Imaginate que eso te requiere una sentencia cada 20 minutos, sábado y domingo, sin dormir, todo el día, feriados también. Es imposible. A lo cual hay que sumarle que, por arbitrariedad, entra cualquier cosa: derecho administrativo, derecho civil, familia, impuestos, qué sé yo. Tres tipos que son capaces de hacer eso están hechos de kriptonita, no sé. Es una ficción, no es cierto. Ponen el gancho, sin saber lo que están firmando. Te traen unas carpetitas y te dicen “estos son 280” (n.d.r: el artículo que permite a la Corte sentenciar que no va a tratar ese tema). En realidad hoy ni siquiera hacés eso, porque tocas un botón con la firma electrónica. Esa es la última instancia judicial del país. No hay ninguna Corte Suprema o Tribunal Constitucional en el mundo que tenga tres jueces.

 

¿Facilita esto los procesos del lawfare en nuestro país?

Claro. Hoy si le preguntás a la gente en la calle, el nivel de prestigio judicial está en el suelo. Ahora bien, seamos sinceros, en el país debe haber unos dos mil y pico de jueces provinciales y nacionales. La gran mayoría de esta gente son hombres y mujeres normales, que no están haciendo cosas raras. Y con un cierto nivel técnico que no es malo. Los que sí están en esto, como Comodoro Py, la Justicia Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Federal Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, serán cincuenta tipos, no son más. Llegan a esa posición clave en razón de esos defectos estructurales. De modo que no es imposible resolver esto. Nombrar un juez de la Corte conforme a la Constitución requiere un acuerdo de los dos tercios del Senado. Un partido que tenga los dos tercios del Senado tiene que haber ganado todos los distritos, lo cual es imposible. Entonces se necesita un acuerdo. Pero hoy, ¿con quién vas a acordar? Tenés un demente de presidente de la república y, por otro lado, una oposición cuyos miembros se están matando entre ellos.

La incidencia de menores de entre 14 y 16 años en asesinatos es despreciable. En la Ciudad de Buenos Aires entre los 100 homicidios que más o menos hay por año, puede haber uno cometido por un pibe, a veces no hay ninguno. Pero la prevención no se hace de esa manera (con punitivismo). La ley penal siempre llega tarde, cuando ya estamos recogiendo el cadáver.

Raúl Zaffaroni

¿Cómo concebís las políticas punitivistas que está implementando este gobierno? ¿Por qué pensás que el punitivismo en general tiene tanta ascendencia en la sociedad?

Por los medios de comunicación. Vos encendés el televisor y creés que salís a la calle y te matan en la esquina… ¿Alguien puede ser tan tarado de creer que un psicópata degenerado que le va a dar un hachazo a la cabeza a la mujer, un rato antes abre el Código Penal para ver si le va a costar cinco años más o menos? Solo un idiota puede pensar eso. La prevención se hace de otra manera. Sin contar con que en la realidad el homicidio en la Argentina viene bajando desde hace 12 ó 13 años. De a poco, no bajó de golpe. Pero sí, en la Ciudad de Buenos Aires, bajó un 50%. La impresión que tiene el público es que todos los homicidios son una ocasión de robo. Hay solo un 6% en ocasión de robo. El resto son intrafamiliares, despelote entre vecinos, venganza, no tengo la menor idea, pero son conflictos. La incidencia de menores de entre 14 y 16 años, por otro lado, es despreciable. En la Ciudad de Buenos Aires, a veces, entre los 100 homicidios que más o menos hay por año, puede haber uno cometido por un pibe, a veces no hay ninguno. Pero la prevención no se hace de esa manera. La ley penal siempre llega tarde, cuando ya estamos recogiendo el cadáver.

 

Apareció en los últimos días en la prensa internacional y las redes sociales una oleada de críticas hacia la Argentina acusada de un país “racista”. ¿Cómo evaluás esta construcción mediática de la imagen del país? ¿Argentina es el país más racista del mundo?

Sí es cierto que en nuestra historia nuestra tenemos el genocidio de Roca en la Patagonia, pero no fue exclusivamente nuestro y no fue a los negros. En Chile, Venezuela y Perú pasó lo mismo después de la independencia europea. Fuimos racistas con el indio, el mestizo, y el gaucho; y después con el gringo degenerado, terrorista, socialista, anarquista, etc. No voy a decir que Argentina no es un país racista porque sería una estupidez. En mi experiencia en el INADI, la discriminación, rara vez, era por melanina. Se daba más por género, edad, discriminación etaria a los viejos, de clase. Las denuncias no eran de discriminación fundamentalmente racista. Pero no somos un país particularmente racista. Es irónico porque después de haber presenciado un fenómeno absolutamente anticolonialista, como es levantar esa bandera en ese partido de fútbol…

 

Fuiste parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos citó tanto en 2024 como en 2025 a declarar por todas las denuncias sobre la violación del derecho a la libertad de expresión y/o retrocesos en derechos humanos. ¿Qué derechos humanos vos crees que hoy están más vulnerados?

Fundamentalmente los que están más vulnerados son los derechos sociales porque el Estado se retira, lo cual no significa que no se vulneren los derechos individuales. Si vos das derechos individuales y no das derechos sociales, la gente va a tener un saldo en sus derechos individuales para pedir pan, y le vas a tener que dar pan o sacar los derechos individuales. Y viceversa, si repartís pan sin derechos individuales el que reparte se va a quedar con todo en algún momento. De modo que esa separación es algo del siglo pasado. Y lo que estamos viviendo es una situación… Yo no sé si no nos damos cuenta que estamos todos en libertad condicional, ¿no? Si no nos meten en cana es porque no importamos mucho.

Nos gustaría llevarte un poquito al contexto internacional. ¿Cuál es el estado del derecho internacional ahora?

El derecho internacional siempre fue un pequeño problema, porque falta un organismo de gobierno de planeta. Si bien se había logrado un cierto nivel de respeto recíproco, no se llegó a eso porque estuvieran todos convencidos de que lo mejor era la paz. Creamos en el ámbito internacional una especie de derecho internacional humanitario, como la Cruz Roja, no para evitar la guerra, sino para tratar de neutralizar los aspectos más crueles. Pero las guerras son por guita, por la fabricación de armas. Mirá a partir de la última posguerra del 45, cuantas más hubo. El poder punitivo y la guerra son dos hechos políticos. El que tiene el poder lo hace. Además, hubo un cambio en el discurso: antes se hacía la paz y ahora te responden: “Y si soy nazi, ¿qué? Trump es una especie de Hitler de esta época, alguien al que le falla algo en la cabeza también, con el mismo discurso.

 

¿Y cómo analizas que Milei quiera alinearse con Trump?

Milei es un vendepatria. Él quiere ser el líder de todas las derechas de América Latina, pero está tan loco que no lo va a lograr. Discutir si la guerra es justa o la guerra es injusta, es una boludez. Lo único que podés intentar, es hacer un derecho que contenga ese tipo de fenómeno. Tanto lo internacional como lo nacional. Como decía Perón, la política es internacional.

 

Cuando la jubilación no alcanza, aparece Uber

Cuando la jubilación no alcanza, aparece Uber

Un número creciente de adultos mayores se ve obligado a trabajar como chofer de aplicaciones para cubrir gastos básicos como vivienda, salud y alimentación. ANCCOM salió a la calle paras conocer sus historias, entre ellas la de un entrañable mecánico naval retirado devenido en escritor que ofrece su novela a los pasajeros.

A las 5, Alejandro Lucas Wolaniuk (81) ya está sentado frente al volante. Enciende el motor, espera que el auto tome temperatura y se prepara para comenzar otra jornada como conductor de una aplicación de viajes. Durante las primeras dos horas, las calles de la Ciudad de Buenos Aires son casi exclusivamente suyas… suyas y de todos los demás jubilados que como él eligen ese horario para trabajar más tranquilos.

“De 5 a 7 tengo las calles para mí. Hay trabajos seguros porque la gente que viaja a esa hora va a laburar”, cuenta. Cuando el tránsito empieza a espesarse, ya completó una parte importante de la recaudación que se propuso para ese día. Maneja entre cinco y seis horas, generalmente cinco veces por semana, aunque puede sumar una salida si todavía no alcanzó su objetivo de recaudación semanal.

No es el único adulto mayor que sale a trabajar casi de madrugada. Ricardo Guillermo (66), un maquinista jubilado, también enciende dos aplicaciones de viajes para complementar su ingreso previsional apenas superior a la mínima. Comenzó a manejar hace dos años, cuando los gastos de los medicamentos dejaron de estar totalmente cubiertos por el PAMI. “Con la jubilación pagaba las deudas y con esto comía, reparaba el auto y cubría todo lo demás”, explica.

Al principio, le alcanzaba con manejar cuatro o cinco horas, pero la caída de la rentabilidad de los viajes y el aumento de los costos extendieron sus jornadas hasta seis, siete u ocho. A diferencia de Wolaniuk, que puede desconectarse cuando alcanza su objetivo semanal, Guillermo trabaja hasta reunir el dinero necesario para los gastos cotidianos. “Cuando hago la diaria para comer, salgo de la aplicación”, resume.

“Yo imaginaba un final seguro. Pensaba que iba a tener un salario acorde para vivir, porque para eso me descontaban del sueldo y mandaban mis aportes a la caja. El mensaje para los trabajadores era que uno iba a jubilarse con el 82% móvil. Entonces no tenía temor. Al contrario, esperaba la jubilación”, rememora Wolaniuk, quien empezó a trabajar mucho antes de ingresar formalmente al mercado laboral. Desde los 10 años, ayudaba a su madre en un puesto de diarios.

“Mi infancia y mi adolescencia pasaron por el puesto de diarios”, afirma. Allí también inició una relación con la lectura que lo ha acompañado toda la vida. “Mientras esperaba a los clientes, leía los diarios y devoraba las revistas. Y en la escuela, cuando me hacían pasar al frente para leer el pasaje de algún libro, lo hacía con tanta precisión, por la mecánica que había ganado en el puesto, que para eso era el campeón. Después sería un burro para las demás cosas, pero para leer era el campeón”, bromea.

Llegó hasta segundo año de la escuela secundaria. Desde joven tenía otra vocación: “Yo quería navegar”, dice. Por eso, a los 18 años, ingresó a la Marina Mercante. Sus primeros ocho años transcurrieron en un buque petrolero que navegaba hasta el Golfo San Jorge, en la Patagonia, para transportar petróleo hacia Campana. “La navegación era el espacio físico donde yo quería vivir. Podría haber pensado en el campo o en las montañas, pero pensé en el agua. Me sentía bien, me sentía feliz. A medida que aprendía la profesión, empezaba a sentirme un hombre útil. Había agarrado un camino desconocido”, asevera.

En los barcos encontró una vocación, pero también conoció la distancia. Podía pasar largos períodos lejos de su casa. Cuanto más avanzaba en su carrera, más elegía los buques en los que quería embarcarse, aunque nunca desapareció el deseo de volver. “Siempre tenía una pata en tierra. Extrañaba mucho a mis hijos y a mi esposa. Siempre estaba anhelando dejar de navegar.” A la trayectoria marítima le sumó la militancia sindical y política. Repartió volantes en el puerto, redactó documentos y participó en diversas agrupaciones.

Los trabajadores de su sector habían logrado, mediante la organización, la posibilidad de jubilarse a los 58 años. Cuando Wolaniuk alcanzó esa edad, en 2003, algunos compañeros le recomendaron que continuara hasta los 65 para mejorar sus ingresos. Pero él decidió retirarse. “No quería traicionar esa lucha. Yo había militado por jubilarnos a los 58. Me parecía una traición no hacerlo cuando me llegara el momento”, remarca.

La decisión que debía inaugurar un período de descanso abrió, en cambio, uno de incertidumbre. Durante años había pensado que, una vez jubilado, podría permanecer cerca de sus hijos, pasear con su esposa y sostenerse con el ingreso previsional. La realidad fue distinta. “Ahí empezó otra etapa. La pobreza real y la falta de una buena jubilación me espantaron”, expresa. El problema no fue solamente el monto que comenzó a cobrar. Sin una vivienda propia, el hogar que había imaginado para la vejez no estaba: “Cuando me di cuenta de que estaba desamparado, de que no tenía casa, podría haber vuelto al agua. Pero no estaba preparado para algunas cosas. La plata no me alcanzaba y tuve que seguir trabajando”.

Durante los primeros años posteriores a la jubilación, manejó un taxi alquilado. El propietario se quedaba con el 45% de la recaudación. “Para redondear una buena recaudación diaria tenía que trabajar 12 o 13 horas –recuerda–. Eso ya era lo peor que te podía pasar”.

Además de pagar por el vehículo, debía respetar las condiciones fijadas por el dueño: retirarlo y devolverlo en determinados horarios, cuidar la unidad y garantizar el monto del alquiler. Más adelante pudo contratarlo durante las 24 horas y llevarlo a su casa. Tenerlo estacionado en la puerta le daba autonomía, pero no significaba trabajar menos. “Me apuraba más. No era que lo hacía para descansar. Tenerlo en casa hacía que saliera a las cinco de la mañana”.

El contraste con su vida anterior era marcado y la urgencia económica postergaba cualquier proyecto. “Tenía vocación de hacer otra cosa, pero no pude. A mí me corría por las venas sentarme a escribir”, confiesa. El cambio llegó cuatro años después de la jubilación, cuando ganó una demanda contra una empresa naviera por una enfermedad hepática que no había sido detectada al momento de su ingreso. Con el resarcimiento, compró un Chevrolet nuevo. “Fue como un salvavidas en medio del océano. Nunca más dependí de nadie. Tuve mi propio coche y lo fui cambiando”, resume.

Cuando aparecieron las plataformas de viajes, dejó el taxi y comenzó a trabajar mediante aplicaciones. Primero probó Uber y luego Cabify. La principal razón fue la forma de pago. Hoy Wolaniuk trabaja únicamente con viajes abonados con tarjeta. No quiere manejar efectivo, llevar cambio ni circular con dinero en la billetera. “Cargo combustible con tarjeta, pago los peajes con tarjeta y cobro con tarjeta. No muevo dinero. Los miércoles aparece en mi cuenta la plata de la semana y nunca fallaron”, explica. Sabe que habilitar los viajes en efectivo aumentaría la demanda, pero prefiere ganar menos y reducir otros riesgos. Durante sus años como taxista estuvo expuesto a robos y a pasajeros que intentaban pagar recorridos cortos con billetes de alta denominación, sin avisarle previamente.

Conducir un auto propio tampoco elimina los costos y un choque puede dejarlo durante meses sin su principal herramienta laboral. En una oportunidad, comenta, un camión dañó el frente del vehículo y permaneció cerca de dos meses y medio sin poder usarlo. También vivió un episodio de presión alta mientras trabajaba. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Rivadavia y el automóvil quedó detenido en la calle hasta que su familia pudo recuperarlo. “Siempre hay un riesgo. Hay demasiado tráfico y demasiada gente. Uno está corriendo para llevar al pasajero a tiempo o para ir a buscarlo rápido”, admite.

Por ello, a sus 81 años, organizó una rutina destinada a reducir la exposición. Sale cuando todavía está oscuro, trabaja principalmente dentro de la Ciudad de Buenos Aires y evita ingresar en determinadas zonas. Su jornada habitual comienza a las 5 y termina entre las 10 y las 11. Si un pasajero lo lleva hasta Escobar o Campana, el regreso extiende el horario. Sin embargo, estableció un límite. “Mi política son cinco o seis horas. Podría trabajar más, pero ya no quiero”.

Aunque la suma de ambos ingresos le permite llegar a fin de mes, el alquiler de la vivienda consume una parte determinante de sus recursos. Por eso mide la recaudación semana por semana. Si descansó un día o no alcanzó el objetivo previsto, vuelve a conectar la aplicación el viernes por la noche. “Voy mirando cuánto me falta. Salgo un rato, junto la diferencia y vuelvo. Cuando alcanzo el dinero que quería hacer en la semana, chau”.

Pero la posibilidad de establecer un límite laboral no alcanza a todos los jubilados que trabajan mediante aplicaciones. Marta (69), otra de las entrevistadas para esta nota, maneja para una plataforma entre 9 y 10 horas por día porque su jubilación no cubre el alquiler, los servicios y los medicamentos. Su objetivo es recaudar cerca de 100.000 pesos por jornada y superar los 550.000 semanales, aunque de ese monto debe descontar combustible, seguro, mantenimiento y la comisión de la aplicación. Antes de comenzar a producir un ingreso disponible, calcula que necesita cubrir alrededor de 250.000 pesos semanales entre los gastos del vehículo y las obligaciones de su hogar. “No manejo para mantenerme activa, manejo porque con la jubilación sola no llego”, sintetiza Marta.

La aparición de las aplicaciones no solo modificó la relación de Wolaniuk con el auto. También lo obligó a aprender una nueva forma de organizar el trabajo. Para recibir viajes, cobrar, seguir recorridos y comunicarse con los pasajeros debía incorporar tecnologías que no habían existido durante la mayor parte de su vida laboral. Su primer contacto con una computadora ocurrió a bordo de un barco. “La computadora fue una revolución en mi vida”. Con el teléfono atravesó otro aprendizaje. Necesita observar permanentemente la pantalla para aceptar viajes y seguir el itinerario, pero evita colocarlo en un soporte visible. Una vez, mientras conversaba con una pasajera, una persona introdujo la mano por la ventanilla y se lo arrebató. Desde entonces, lo mantiene más protegido, aunque esa decisión le exige combinar el manejo, la aplicación y los cambios del vehículo con movimientos adicionales. Pese a las dificultades, no rechaza las transformaciones. “Me encantan. Ojalá fuera más joven hoy”, sostiene.

Cuando termina la jornada, vuelve a su departamento, piensa qué va a comer y duerme una siesta. Al levantarse, revisa los mensajes que le enviaron los lectores de su primera novela, Salvoconducto, que publicó en 2025, y se sienta frente a la computadora. Algunas tardes acompaña a su perra; otras, mira fútbol. A las 21 se prepara para dormir porque el despertador volverá a sonar antes de las 4. La escritura ocupa los espacios que le deja el trabajo. Mientras maneja aparecen personajes, escenas o capítulos. “Vas conduciendo y te salta una idea. Me pasó de escribir un capítulo a partir de algo que había pensado en el coche”. Las ideas, dice, no se le olvidan, las conserva durante el viaje y las vuelca cuando regresa a su casa.

Salvoconducto sigue la vida de un trabajador vinculado con el comercio exterior que atraviesa distintos momentos profesionales hasta llegar a Chile durante el golpe de Estado contra Salvador Allende. En el momento de mayor peligro, el protagonista consigue subir a un barco argentino y evitar que los militares lo detengan. Aunque la trama no reproduce de manera directa su experiencia como marino mercante, su vida aparece como material de fondo. “Casi siempre, en algún momento del libro, articulo las historias con las actividades que desarrollé tantos años. Muchos escritores hacen eso: cuentan novelas a partir de lo que vivieron y trasladan esas experiencias a un personaje”.

Publicar, para Wolaniuk, no fue un impulso repentino. La novela prolongó el recorrido que había empezado en el puesto de diarios, continuado con las lecturas escolares y desarrollado mediante los escritos políticos. “Era un camino que me estaba marcando la vida para terminar en la escritura, contando mis experiencias a través de un personaje”. Presentó su libro en la Feria del Libro del año pasado. Vendió algunos, pero el principal valor de la experiencia estuvo en conversar con los visitantes y ver exhibida su obra.

“La Feria es una vidriera. La gente se acercaba y conversaba. Después tuve que resolver cómo continuar. Publicar había sido difícil y costoso, lograr que el libro encontrara lectores presentaba otro desafío. La solución volvió a aparecer dentro del auto”. Lleva cuatro o cinco ejemplares en el baúl y otros dos en la guantera. En el interior del vehículo colocó un pequeño cartel con una síntesis de la novela. Cuando un pasajero demuestra interés, inicia la conversación. “Le pregunto: ‘Perdón, ¿le gusta leer?’. Siempre con simpatía. A veces la gente me dice que ya se dio cuenta de que escribo porque vio el cartelito”. La combinación produce sorpresa: el conductor de 81 años que pasó décadas en barcos también escribió una novela, la presentó en la Feria del Libro y ahora la ofrece durante sus recorridos por la ciudad.

“Me dicen: ‘Usted navegó, maneja, encima escribió y publicó, ¿y lo vende en el auto?’. Yo creo que eso no lo hizo nadie. Siempre fui medio sorpresivo para mis cosas. Busco las salidas y abro puertas a mi manera”. Cada ejemplar cuesta 30.000 pesos. Los pasajeros suelen pagar mediante transferencia, una modalidad que facilita la compra y coincide con su decisión de no manejar efectivo. En una semana llegó a vender tres de los cuatro libros que había cargado en el auto.

“Antes de entregarlos, les digo: ‘Que lo disfrute. En la segunda página está mi correo que es barloa2005@yahoo.com.ar. Cualquier cosa que me quiera decir, mándeme un mensaje’”. Wolaniuk está conforme con el camino que encontró para la novela. Le quedan pocos volúmenes de la primera tirada, y quiere publicar otra novela, pero eso requeriría una suma que por ahora no puede afrontar. Ante la pregunta de ANCCOM, qué haría si pudiera dejar de conducir, no duda: “Escribiría. Iría a todo tipo de eventos para escritores, pero necesito descansar. Si no tuviera esta actividad (conducir), viviría nada más de eso”.

En su historia no hay una reivindicación romántica del trabajo durante la vejez. Wolaniuk no presenta las jornadas frente al volante como una aventura ni como una receta para sentirse joven. Preferiría dedicar ese tiempo a escribir. Sin embargo, se resiste a que su vida sea narrada desde la frustración. Cada día, se sigue organizando para salir adelante, aprendiendo tecnologías, manteniendo el auto, conversando con pasajeros y buscando lectores. No logró el retiro que imaginaba, pero tampoco abandonó la vocación que descubrió entre diarios y revistas cuando era un chico.

Al revisar su recorrido, insiste en que las generaciones más jóvenes deben aprovechar el momento de formación, más allá de la universidad, habla de aprender un oficio, construir una profesión y evitar que las urgencias futuras encuentren a una persona sin herramientas. “Hay que prepararse muy bien de joven. Después uno va agregando información a medida que avanza la vida, pero la base tiene que estar. Hay que ser sacrificado, abnegado y perseverante con el sueño que uno tiene”, aconseja. Mientras tanto, cada madrugada, de lunes a viernes, vuelve a encender el motor para completar los ingresos que la jubilación no le garantiza. Cuando un pasajero abre la puerta, no sabe si sólo realizará otro viaje o si también encontrará un nuevo lector. Y así, a los 81 años, todavía lucha para seguir escribiendo su historia.