La acusan de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», delitos que conllevan una condena de hasta 30 años de cárcel. Sin embargo, no existen pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad.
La audiencia programada para el juicio oral de la causa número 256, en la que se acusa a la argentina Laura Villalba de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”, y que estaba prevista para el 8 de febrero en los tribunales especializados de Asunción, ha sido pospuesta debido a una acordada de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Esta resolución reorganiza las unidades especializadas en materia de juzgado de sentencias. Laura Villalba y su defensa deberán esperar a que se sortee un nuevo tribunal y se les notifique quiénes serán sus nuevos integrantes, dado que los miembros anteriores fueron asignados a unidades ordinarias. Salvador Sánchez, abogado de Laura, sostiene que la espera no será prolongada: “Como máximo en 15 días vamos a tener agenda”.
En 2019, Laura Villalba viajó con su hija y sobrinas a Yby Yaú, en el norte de Paraguay, con el objetivo de que las niñas pudieran conocer a sus padres, quienes eran miembros del grupo insurgente «Ejército del Pueblo Paraguayo» (EPP). Aunque tenían planeado regresar antes del inicio de las clases en 2020, la pandemia por covid-19 lo impidió y las fronteras fueron cerradas. Ante esta situación, la familia se vio obligada a convivir en un campamento creado por el grupo insurgente. Sin embargo, el 2 de septiembre, este campamento fue descubierto y atacado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, una unidad militar anti grupos insurgentes. El resultado fue trágico: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron disfrazados de guerrilleras para que el presidente de ese momento, Mario Abdo, pudiera tomarse fotografías victorioso en el campamento. En un intento de escape, Carmen Elizabeth “Lichita”, de 14 años, desapareció un 30 de noviembre tras una nueva emboscada de las fuerzas armadas paraguayas.
Villalba fue detenida un 23 de diciembre de ese mismo año, tras terminar en un retén militar por buscar a sus sobrinas. Fue llevada a juicio por los cargos de «violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar», con una pena de 10 años, y por «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», con una expectativa de pena de 30 años. Respecto al primero de los cargos, en Concepción, Laura Villalba fue condenada a 3 años de prisión bajo la acusación de «violación del deber de cuidado y/o educación», y fue absuelta del cargo de «violencia familiar». Concepción cuenta con un único Tribunal de Apelación, al cual la defensa intentará apelar en busca de la absolución.
Para el juicio por terrorismo, Salvador Sánchez afirma que no existe ningún material audiovisual o de imágenes que pueda sostener que Laura cometió los hechos que se le atribuyen. Se le inculpa de terrorismo basado en homicidio, pero su abogado sostiene que el Ministerio Público no tiene una víctima del supuesto hecho punible de homicidio en grado de tentativa. Sánchez reafirma: “Son solamente relatos teóricos que hace el Ministerio Público, con los cuales pretende imponer una condena arbitraria a la misma”. Sin embargo, a pesar de la poca contundencia de las pruebas presentadas por la justicia, la defensa muestra prudencia en el caso al reconocer la inclinación del Tribunal a favorecer al Ministerio Público. Por ello, Sánchez solicita «respaldo y solidaridad» a la comunidad internacional para conformar una delegación de veedores internacionales, con el fin de asegurar un «debido proceso» para Laura, frente a las posibles irregularidades que se han presentado hasta la fecha.
Las arbitrariedades cometidas por el Estado paraguayo no son sorpresa. El mes pasado, la Comisión de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas emitió un comunicado a la República del Paraguay para expresar su preocupación por el no esclarecimiento del paradero de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, a más de 3 años de su desaparición. A lo largo del comunicado, el comité señala al Estado por una “posible participación” en los hechos de la Fuerza de Tarea Conjunta -FTC-, la cual no estaría bajo una adecuada investigación a pesar de que la desaparición de “Lichita” tuvo lugar en una zona bajo su control. El comité acusa que «no se evidencia la existencia de una estrategia de búsqueda para localizar a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, ni de una investigación integral y exhaustiva para identificar a los presuntos autores de su alegada desaparición forzada».
El formato del juicio estaba inicialmente programado como virtual para Laura y presencial para los abogados en Asunción. Sin embargo, con la reorganización judicial en curso, existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará ahora. La intención de la defensa es revertir esta situación y solicitar la presencialidad de Laura Villalba en el juicio. Esto se debe a una acordada de la Corte Suprema de Justicia que exhorta a todos los tribunales a llevar a cabo las audiencias de manera excepcional por medios telemáticos.
Para la defensa, la presencia de Laura en la sala de juicio tiene un gran significado. Esto se debe a la experiencia previa del juicio llevado a cabo en Concepción, donde no pudo estar presente al ciento por ciento en su juicio. Hubo muchos momentos en los que la señal se escuchaba entrecortada o se perdía por completo. Salvador Sánchez reafirma: «Siempre hay dificultades con los medios tecnológicos, y por eso queríamos plantear la idea de pelear con el tribunal para que remitieran el caso a la cámara de juicios».