Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre regresiones en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.
Más allá de la caída de la “Ley Ómnibus”, las intenciones del Gobierno y las reformas que introdujo el DNU 70/2023 en materia de comunicación siguen vigentes. A esto se le suma el Protocolo Antipiquetes que durante las coberturas del debate de la ley en el Congreso atentó contra la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa.
Entre las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la CIDH que advierta al Estado argentino sobre regresiones en derechos humanos fundamentales se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Argentina (AMARC), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, entre otras. Estas organizaciones le acercaron información detallada a la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión a partir de la asunción del nuevo gobierno.
Como antecedente cabe citar las reformas en materia de comunicación que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, a pocos días de haber asumido. Al año siguiente, gracias a un pedido de organizaciones de la sociedad civil, estos cambios desembocaron en una audiencia pública en la sede de Washington de la CIDH. Allí, el Estado argentino tuvo que brindar explicaciones sobre las modificaciones realizadas por DNU a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Ley Argentina Digital, puesto que incumplían los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En aquella audiencia, los representantes del Estado argentino sostuvieron que eran modificaciones transitorias, ya que iban a crear una nueva Ley Integral de Comunicaciones que contemplara la convergencia tecnológica, algo que nunca ocurrió. Diego Morales, director de Litigios y Defensa legal del CELS, en diálogo con ANCCOM, afirma que “con la llegada de Milei, aquellas garantías que al menos subsistían para que no se generase un proceso de concentración significativo, fueron eliminadas”.
La presentación de las organizaciones plantea que el DNU 70/23 derogó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional habilitando niveles de concentración mediática incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH. “Todo el sistema audiovisual quedó organizado sin ningún tipo de límite para el trabajo de las empresas, Macri ya había sacado ciertos límites, pero este Gobierno organizó la liberación total”, señala Morales.
Según Mariano Randazzo, integrante de Radio Sur y de AMARC, “lo que está en juego es el derecho a la comunicación en su integralidad. Nosotros no concebimos ni a las audiencias como consumidores ni a la comunicación como un negocio, sino como un derecho que tenemos los pueblos a construir nuestras experiencias comunicacionales vinculadas a nuestras identidades, culturas, saberes, a nuestras historias y a partir desde ahí construir nuevas representaciones mediáticas de una manera plural, diversa y democrática”, explica.
Otro eje de la solicitud ante la CIDH es la intervención de los medios públicos, que ya no depende del modelo definido en la LSCA, sino que “ahora es el propio Poder Ejecutivo el único que determina los contenidos y los sistemas de programación con el riesgo de ir a su privatización”, enfatiza Morales.
“Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara. Nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es muy fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social. Vamos a seguir existiendo y seremos un actor central”, dice Randazzo.
Al respecto, Randazzo agrega: “La intención explícita de querer privatizar los medios públicos es parte de cerrar voces y limitar la diversidad, los medios públicos van más allá del rating y de la lógica comercial, su función es cumplir un rol social”. Hay que añadir que la LSCA organizaba el sistema de medios en tres prestadores: estatales, privados y privados sin fines de lucro (como es el caso de las radios comunitarias).
Además del objetivo de privatizar los medios públicos, está la de eliminar los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por la LSCA y una fuente importante de ingresos de los medios comunitarios. “Los riesgos de estas medidas son muy concretos, ya que nuestro sistema de medios, tal como lo conocemos, hasta el momento desaparecería y el actor que quedaría con las mejores condiciones para gestionar la comunicación argentina sería el sector privado, ese es el núcleo de nuestra presentación”, puntualiza Morales.
Los FOMECA son administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fue intervenido por decreto. Randazzo asegura que “su intervención es una restricción a la construcción democrática que tenía ese organismo, porque ahí participaban las minorías parlamentarias, representantes de las provincias y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el FOMECA todavía no se borró del mapa, el hecho de que no se estén firmando expedientes para que eso avance es una manera de frenarlo”.
Otro de los puntos que trata la presentación ante la CIDH es la eliminación de la Defensoría del Público, organismo también creado en 2009 por la LSCA. Morales destaca que “es un órgano que permite que se lleven adelante denuncias y que ciertos procesos de estigmatización generados por los medios de comunicación puedan ser discutidos y modificados”.
“Las políticas de Milei efectivamente son una continuidad de los decretos de Macri que en su momento ni bien asumió significaron la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ahora viene a terminar ese trabajo”, opina Randazzo. Sin embargo, aclara: “Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara, porque nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es mucho más fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social, que lo que va a lograr hacer este Gobierno. La comunicación comunitaria va a seguir existiendo en nuestro país y va a ser un actor central”.
La nota a la CIDH alerta sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Aprovechamos la oportunidad para incluir todos los ataques que recibieron periodistas y fotógrafos al momento de cubrir manifestaciones. Alertamos sobre el ejercicio de la profesión, no solo en la protesta social, sino en los ataques que reciben periodistas que se oponen al Gobierno”, subraya Morales.
Para Morales, “sería muy importante que la CIDH opine sobre esta transformación de cómo es el sistema de comunicación en Argentina, que opine sobre temas estructurales”. Randazzo, en tanto, espera que la CIDH sea una tribuna internacional que los acompañe en la lucha. “Vale la pena presentarse más allá de los tiempos y las gestiones, sabemos que no es una cosa automática e inmediata –afirma–. Esta estrategia en unidad con otros sectores es una más en el camino por lograr el reconocimiento del derecho a la comunicación”.