Había viajado con su hijas y sobrinas para que conocieran a sus padres que integraban un grupo insurgente. Tras un operativo militar, donde algunas niñas murieron y otras desaparecieron, la acusan de «violación del deber de cuidado» y «asociación terrorista».
La delegación humanitaria que viajó para solidarizarse con Laura Villalba.
En 2019 Laura villalba viajó a Yby Yaú, norte de Paraguay, junto con su hija y sobrinas quienes tenían como objetivo conocer a sus padres, Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, miembros del grupo insurgente “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP). El objetivo era retornar antes del inicio de las clases, pero la pandemia por covid-19 tiró para atrás estos planes ya que las fronteras fueron cerradas. A la familia no le quedó otra opción que convivir en un refugio creado por el EPP, el cual el 2 de septiembre de 2020 fue descubierto y posteriormente asaltado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, una unidad militar creada para contrarrestar a los grupos armados insurgentes. El resultado fue brutal: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Como si fuera poco, decidieron disfrazarlas de guerrilleras para que luego, el presidente paraguayo de ese entonces, Mario Abdo, pudiera fotografiarse victorioso en el campamento. Durante el ataque, Carmen Elizabeth, apodada “Lichita” y de 14 años de edad, fue herida en una de sus pantorrillas, sin embargo pudo escapar con su tía Laura y dos de sus primas. Entre medio de emboscadas militares y luego de sobrevivir en la selva a partir de comer insectos y tomar su propio orín, “Lichita” desapareció un 30 de noviembre.
La policía capturó a Laura Villalba el 23 de diciembre de ese año, quien por buscar a sus sobrinas por las distintas comunidades terminó en un retén militar. Fue aislada e incomunicada sin abogados ni personal femenino, y fue trasladada a la Penitenciaria Regional de Encarnación. Ahora es juzgada por los cargos de “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” – delitos que tienen 10 años de pena- y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra” – penados con hasta 30 años de prisión-, al ser acusada de formar parte del Ejercito del Pueblo Paraguayo.
Luego de tres instancias que habían sido suspendidas de forma arbitraria por la justicia paraguaya, en el Palacio de Justicia de Concepción de Paraguay, durante las jornadas del 14 y 15 de noviembre, comenzó el juicio. Como muestra de apoyo a Laura Villalba, viajó una delegación humanitaria, con el objetivo de desmantelar el cerco mediático, pedir por su absolución y por el juicio y castigo a los verdaderos autores del infanticidio de las niñas.
Durante el 14 se dieron los alegatos iniciales, los incidentes y las declaraciones testimoniales compuestas por parte de la defensa, mientras que el 15 se continuó el desarrollo judicial con dos testimonios que corresponden a miembros del organismo de seguridad que participaron del operativo el 2 de septiembre, cuando fueron asesinadas las niñas María Carmen y Lilian Villalba. Salvador Sanchez, abogado de Laura Villalba, afirmó que están en la etapa del “30% al 35% del juicio”, con 15 testigos propuestos por el Ministerio Público que deben brindar declaración. El juicio se reanudará el lunes 20.
El abogado y miembro de la delegación humanitaria, Gustavo Franquet, dio una de las testimoniales con el fin de demostrar el tipo de vida que lleva la familia Villalba. Relató todos los esfuerzos que hicieron durante estos años para guiar a todos los niños, y que si bien “han sufrido y pasado dificultades”, son “extremadamente sanos, viven con amor y son felices”. El objetivo es “pregonear” los esfuerzos con los cuales la familia lleva adelante la situación, para tratar de “disipar” el relato estigmatizante bajo el cual se escuda la fiscalía paraguaya. Franquet afirma: “Sobran los testimonios, hechos y evidencias de que eso ha sido así. La teoría de la fiscalía y de las fuerzas represivas del Estado paraguayo de lo que ocurre con los niños y esa familia es absolutamente descabellado”.
Durante el desarrollo de las jornadas ocurrieron irregularidades: los doce testigos miembros de los dos pelotones que secuestraron, torturaron y asesinaron a las niñas, estaban esperando para testimoniar en el mismo cuarto que Gustavo Franquet. Como si fuera poco, solamente se presentaron dos, Gabriel Guerrero Roa y Aldo Ivan Ayala Bogado, que son los jefes respectivos de cada uno de los equipos. Salvador Sanchez, agregó que la no presentación de los testigos no fue justificada y la defensa recurrió a pedir que “se notifique bajo apercibimiento de ley de que si no vienen, la fuerza pública tendrá que ir a buscarlos”. Concluyó que “todas estas personas no pueden alegar desconocimiento de domicilio porque están vinculadas a la función pública, es decir que tienen arraigo, por ende no pueden no aparecer nomás por no querer en un juicio de vital importancia”.
Por último, la periodista y miembro de la delegación humanitaria, Claudia Korol, replicó una intervención de Laura Villalba: “Ella señala que fue un castigo que la sometieran a escuchar los testimonios de los militares de las fuerzas de tareas conjunta, que sabemos que son responsables del crimen de las niñas”. Korol agregó que este hecho fue un nuevo episodio de tortura para Laura, porque esos militares “tendrían que haber estado sentados como acusados y no como testigos de esto”.
La delegación se hizo tiempo para ir al cementerio dónde están los restos de las niñas asesinadas. “Al menos ahora sabemos dónde están sus cuerpos”, resumió con tristeza Franquet, dado que ellas al igual que su prima Lichita estuvieron desaparecidas.