El derecho a la comunicación, en peligro

El derecho a la comunicación, en peligro

Feb 19, 2024 | DDHH, Destacado 3

Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre regresiones en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.

Más allá de la caída de la “Ley Ómnibus”, las intenciones del Gobierno y las reformas que introdujo el DNU 70/2023 en materia de comunicación siguen vigentes. A esto se le suma el Protocolo Antipiquetes que durante las coberturas del debate de la ley en el Congreso atentó contra la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la CIDH que advierta al Estado argentino sobre regresiones en derechos humanos fundamentales se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Argentina (AMARC), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, entre otras. Estas organizaciones le acercaron información detallada a la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión a partir de la asunción del nuevo gobierno.

Como antecedente cabe citar las reformas en materia de comunicación que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, a pocos días de haber asumido. Al año siguiente, gracias a un pedido de organizaciones de la sociedad civil, estos cambios desembocaron en una audiencia pública en la sede de Washington de la CIDH. Allí, el Estado argentino tuvo que brindar explicaciones sobre las modificaciones realizadas por DNU a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Ley Argentina Digital, puesto que incumplían los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

En aquella audiencia, los representantes del Estado argentino sostuvieron que eran modificaciones transitorias, ya que iban a crear una nueva Ley Integral de Comunicaciones que contemplara la convergencia tecnológica, algo que nunca ocurrió. Diego Morales, director de Litigios y Defensa legal del CELS, en diálogo con ANCCOM, afirma que “con la llegada de Milei, aquellas garantías que al menos subsistían para que no se generase un proceso de concentración significativo, fueron eliminadas”.

La presentación de las organizaciones plantea que el DNU 70/23 derogó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional habilitando niveles de concentración mediática incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH. “Todo el sistema audiovisual quedó organizado sin ningún tipo de límite para el trabajo de las empresas, Macri ya había sacado ciertos límites, pero este Gobierno organizó la liberación total”, señala Morales.

Según Mariano Randazzo, integrante de Radio Sur y de AMARC, “lo que está en juego es el derecho a la comunicación en su integralidad. Nosotros no concebimos ni a las audiencias como consumidores ni a la comunicación como un negocio, sino como un derecho que tenemos los pueblos a construir nuestras experiencias comunicacionales vinculadas a nuestras identidades, culturas, saberes, a nuestras historias y a partir desde ahí construir nuevas representaciones mediáticas de una manera plural, diversa y democrática”, explica.

Otro eje de la solicitud ante la CIDH es la intervención de los medios públicos, que ya no depende del modelo definido en la LSCA, sino que “ahora es el propio Poder Ejecutivo el único que determina los contenidos y los sistemas de programación con el riesgo de ir a su privatización”, enfatiza Morales.

“Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara. Nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es muy fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social. Vamos a seguir existiendo y seremos un actor central”, dice Randazzo.

Al respecto, Randazzo agrega: “La intención explícita de querer privatizar los medios públicos es parte de cerrar voces y limitar la diversidad, los medios públicos van más allá del rating y de la lógica comercial, su función es cumplir un rol social”. Hay que añadir que la LSCA organizaba el sistema de medios en tres prestadores: estatales, privados y privados sin fines de lucro (como es el caso de las radios comunitarias).

Además del objetivo de privatizar los medios públicos, está la de eliminar los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por la LSCA y una fuente importante de ingresos de los medios comunitarios. “Los riesgos de estas medidas son muy concretos, ya que nuestro sistema de medios, tal como lo conocemos, hasta el momento desaparecería y el actor que quedaría con las mejores condiciones para gestionar la comunicación argentina sería el sector privado, ese es el núcleo de nuestra presentación”, puntualiza Morales.

Los FOMECA son administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fue intervenido por decreto. Randazzo asegura que “su intervención es una restricción a la construcción democrática que tenía ese organismo, porque ahí participaban las minorías parlamentarias, representantes de las provincias y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el FOMECA todavía no se borró del mapa, el hecho de que no se estén firmando expedientes para que eso avance es una manera de frenarlo”.

Otro de los puntos que trata la presentación ante la CIDH es la eliminación de la Defensoría del Público, organismo también creado en 2009 por la LSCA. Morales destaca que “es un órgano que permite que se lleven adelante denuncias y que ciertos procesos de estigmatización generados por los medios de comunicación puedan ser discutidos y modificados”.

“Las políticas de Milei efectivamente son una continuidad de los decretos de Macri que en su momento ni bien asumió significaron la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ahora viene a terminar ese trabajo”, opina Randazzo. Sin embargo, aclara: “Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara, porque nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es mucho más fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social, que lo que va a lograr hacer este Gobierno. La comunicación comunitaria va a seguir existiendo en nuestro país y va a ser un actor central”.

La nota a la CIDH alerta sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Aprovechamos la oportunidad para incluir todos los ataques que recibieron periodistas y fotógrafos al momento de cubrir manifestaciones. Alertamos sobre el ejercicio de la profesión, no solo en la protesta social, sino en los ataques que reciben periodistas que se oponen al Gobierno”, subraya Morales.

Para Morales, “sería muy importante que la CIDH opine sobre esta transformación de cómo es el sistema de comunicación en Argentina, que opine sobre temas estructurales”. Randazzo, en tanto, espera que la CIDH sea una tribuna internacional que los acompañe en la lucha. “Vale la pena presentarse más allá de los tiempos y las gestiones, sabemos que no es una cosa automática e inmediata –afirma–. Esta estrategia en unidad con otros sectores es una más en el camino por lograr el reconocimiento del derecho a la comunicación”.

Una campaña electoral sin propuestas para los medios

Una campaña electoral sin propuestas para los medios

Oct 30, 2023 | Destacado 4, Vidas políticas

A 14 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ninguno de los candidatos a presidente tiene propuestas concretas referidas a los medios de comunicación.

En octubre de este año se cumplieron 14 años de sancionada la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Su formulación fue producto de un intenso debate entre múltiples sectores: organizaciones de radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de medios, investigadores y estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la comunicación, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y distintos movimientos sociales.

Todos se habían vinculado en 2004 en la Coalición por una Radiodifusión Democrática para la creación de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, donde denunciaban la necesidad de reemplazar el Decreto–Ley 22285 de 1980 de la última dictadura y también de acabar con la serie de políticas posteriores desarrolladas en democracia que tendieron a acrecentar los mecanismos de concentración y extranjerización del sistema mediático argentino. La nueva LSCA compartió los mismos objetivos.

ANCCOM dialogó con docentes e investigadores en comunicación y con trabajadores de medios comunitarios para entender cuál es el escenario actual en materia de legislación y también de cara a los (no) proyectos de los dos candidatos a la presidencia que se enfrentarán en el balotaje.

Los inicios

El derrotero del proyecto sancionado en 2009 quedaría marcado por una rápida judicialización impulsada por el Grupo Clarín, que denunció la supuesta inconstitucionalidad de la LSCA. Luego vendría una modificación veloz de los artículos judicializados con el  Decreto 267/15, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, quién, además, modificó la Ley 27078 Argentina Digital, creando un único organismo de aplicación para ambas leyes: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Los objetivos consensuados por las organizaciones quedaron en el olvido al habilitarse nuevamente la concentración y entorpecerse los mecanismos de aplicación de las leyes en manos de un único ente regulador que concentra los mundos audiovisuales y los de las telecomunicaciones.

Al respecto, Diego Rossi, profesor de Políticas y Planificación de la  Comunicación (UBA) y asesor legislativo del Frente de Todos sostiene que las modificaciones “subsumen lo audiovisual a la lógica más comercial”. A esto se le suma que, gracias al mismo decreto que lo crea, de los siete miembros del directorio del ENACOM hay cuatro que son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, cuando antes eran solo dos. La tradición presidencialista en Argentina no escapa a las comunicaciones.

 

El panorama cambió cuando, apenas iniciada la pandemia de COVID-19, el DNU 690/20 de Alberto Fernández declaró como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a los servicios TIC, incorporando a la telefonía móvil y a la televisión, y suspendió los aumentos de precios durante seis meses. Sin embargo, «su aplicación no fue total», como destaca Mariela Baladrón, docente e investigadora en comunicación de la UBA.

A pesar de ese DNU, Rossi comparte que la gestión del actual gobierno tuvo “algunos claroscuros”, ya que “a través del ENACOM no controló cuotas de pantalla o la preeminencia de producciones nacionales. Hay mecanismos virtuosos que no fueron aplicados. Hay otros, como el giro de fondos a organismos públicos o la aplicación del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), que sí». En sus términos, quedó a mitad de camino “la cuestión de asumir el rol de la política pública en materia de comunicación».

Con la pandemia de por medio, las brechas digitales se vieron acrecentadas: “El escenario audiovisual y digital ha tenido transformaciones muy profundas en los últimos años y nuevos desafíos que en muchos casos aún no están resueltos desde el punto de vista regulatorio en todos los países del mundo”, como explica Baladrón. Entre los desafíos, se encuentra “la responsabilidad de los intermediarios de Internet por la generación de contenido de terceros, la autorregulación, co-regulación y/o regulación de las redes sociales, la protección de derechos y la promoción de la industria audiovisual por parte de plataformas de servicios audiovisuales globales, la protección de datos personales ante estos nuevos actores de la comunicación, y los nuevos usos de la Inteligencia Artificial”. Para la especialista, hay proyectos de ley circulando que aún no alcanzaron el estado parlamentario como para ser debatidos por amplias porciones de la sociedad.

Medios y propiedad cruzada

Uno de los proyectos de ley en los que Rossi es asesor propone “reencuadrar a la TV de pago como servicio audiovisual ya que el DNU 267/15 lo pasó a la Ley Argentina Digital generando conflictos a la hora de tutelar derechos de audiencias, cuotas de pantallas y presencia de señales en la grilla; precisar el cumplimiento de normativas antidiscriminación y de tutela de derechos de audiencias vulnerables como niños, niñas y adolescentes; disponer una cuota de pantalla de exhibición o catálogo de producciones audiovisuales nacionales; establecer beneficios tributarios en el caso de que las plataformas de streaming produzcan crecientemente en la Argentina, reinvirtiendo y generando trabajo en la diversidad de nuestros territorios; explicitar el alcance tributario a estos nuevos servicios de comunicación audiovisual siguiendo parámetros de gravamen similares a señales satelitales y TV de pago”.

A pesar del alcance que propone el proyecto, la dificultad de que trascienda tanto este como otros posibles puede advertirse en varios factores. Primero, que el tema audiovisual es una cuestión sensible en Argentina ya que la expresión “Ley de Medios” resultó sinónimo de control sobre la propiedad cruzada y la multiplicidad de licencias en el sector. Cabe aclarar que esa misma ley judicializada en algunos artículos que afectaban los negocios de los grandes medios, fue también el marco que permitió mejorar la “accesibilidad de derechos, de financiamiento y de acompañamiento”, como sostiene Ivana Cruz, comunicadora comunitaria e integrante del colectivo de Radio Sudaca, en Trelew.

Por otro lado, en las plataformas electorales presentadas antes de las PASO, la “cuestión audiovisual” aparece ínfimamente mencionada. En la de Unión por la Patria (UxP), refieren a la calidad institucional y a la responsabilidad de las empresas periodísticas (ante el contexto político producto del atentado contra la vicepresidenta) y mencionan la necesidad de regulación del “ecosistema mediático digital”; en la de La Libertad Avanza (LLA), mencionan el desarrollo de las comunicaciones por 5G y el “incentivo de inversiones en comunicación”. Por último, y vinculado al contexto político de cara al balotaje presidencial, es poco probable que los candidatos arriesguen su trayectoria electoral de los últimos meses dando luz a propuestas hasta ahora desconocidas por la sociedad. Como marca Rossi, “el tema es incómodo” incluso hacia adentro de las coaliciones electorales.

 

¿Todo depende del 19 de noviembre?

«Con el avance de las plataformas hay un periodo de ventana de no regulación hasta que viene la regulación que entiende de qué se trata», sostiene Rossi. Sobre todo en los últimos años, las transformaciones digitales han escapado a muchas regulaciones -como sucedió siempre: ante la novedad, se ven los vacíos legales-, y por eso hay gigantes como Netflix o Youtube de Google que «aprovechan esos espacios de regulación opaca o de no aplicación de la ley para ellos, tomando ventaja comparativa con otro sector». El profesor y asesor legislativo sostiene también que «en LLA no van a hacer propuestas de reglamentación. En todo caso su discurso es eliminar trabas, quitar trámites, todo eso”. Por otro lado, para el especialista “el discurso de Unión por la Patria es de tutelar derechos, adaptar marcos normativos para entender los nuevos procesos».

Consultada acerca de la posibilidad de que se genere un nuevo proceso político y social que desemboque en nuevas regulaciones sobre el sector, Baladrón sostiene que la “agenda de temas que cruzan los derechos comunicacionales incluye la soberanía tecnológica y otras múltiples cuestiones en las que muchas organizaciones sociales y actores pueden coincidir, pero cuyas agendas de trabajo difícilmente abarquen todas ellas. En este aspecto, la dinámica política de los próximos años es difícil de prever e incluye a grandes empresas globales a diferencia de otros momentos históricos”.

 

¿Y los medios comunitarios?

Ivana Cruz sostiene que “la comunicación es no solo un derecho humano fundamental sino una lucha política”. Reconoce que, a partir de la sanción de la LSCA, se les abrieron opciones que antes no eran posibles por vías legales. Cuenta que participaron de uno de los concursos FOMECA y les fueron otorgados fondos que les permitieron ampliar sus capacidades técnicas de transmisión. Sin embargo, así como accedieron a un FOMECA, tardaron años y dos gestiones del ENACOM en adquirir la categoría de “emisora”.

La vigencia de la ley también se juega en eso: sin el marco regulatorio y sin la correcta aplicación, hay muchos proyectos que, sin fines comerciales, verían su capacidad de ejercer un derecho básico con poco margen de maniobra. Cruz cuenta que “en el imaginario colectivo de Trelew está Radio Sudaca como herramienta de comunicación” para personas que llegan de distintos espacios de militancia: de los movimientos antiextractivistas, de los géneros y de las diversidades sexuales, de los docentes. Resulta poco probable que medios comerciales den espacio a este tipo de luchas, algo que aumenta la desigualdad en las posibilidades de expresarse de la sociedad.

Al igual que Rossi y Baladrón, Romina Bravo, también comunicadora social de Radio Sudaca, cree que los mecanismos de aplicación de la ley se burocratizaron a tal punto que es agotador para los proyectos comunitarios familiarizarse con los trámites a resolver. Esto impide que la comunicación comunitaria se profesionalice dentro de su ámbito, ya que se dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo, desgastando al voluntariado que sostiene la radio. Considera que, desde la intervención de la gestión macrista sobre la Defensoría del Público en 2018, los mecanismos se han entorpecido aún más, sin cambios durante los últimos cuatro años.

Desde la sanción de la ley, se sucedieron distintos eventos que pusieron en jaque su constitucionalidad, que la modificaron para beneficiar a algunas empresas periodísticas en detrimento de otros sectores comunicacionales y que burocratizaron sus mecanismos de aplicación. Además muchas de las circunstancias previstas por la ley se vieron superadas por el veloz cambio tecnológico. Sin embargo, también se crearon canales de televisión públicos, se realizaron concursos de fomento y, a duras penas, se otorgaron licencias a medios comunitarios. La regulación existente está en su mayoría vigente, pero no de manera completa. Lo conseguido es resultado de una ardua lucha social y política, y lo que queda por conseguir también lo será.

«Tienen la intención de no dejarnos crecer»

«Tienen la intención de no dejarnos crecer»

Ene 16, 2023 | Destacado 2, Entrevistas

Lucía Maccagno es la directora de “En la Cancha. TV Comunitaria, Fútbol y Censura”, el documental que cuenta como TyC le impide a Parés TV televisar los partidos de Flandria. Integrante de BarricadaTV, la realizadora detalla su perspectiva sobre los intereses de los medios hegemónicos y la ausencia del Estado.

“Lamentablemente la concentración de medios no es un tema de debate de la agenda ni para la política, ni para los que tienen que tomar definiciones alrededor de eso, ni para la discusión general”, dijo Lucía Maccagno, realizadora de En la Cancha. TV Comunitaria, Fútbol y Censura; documental que habla sobre una empresa monopólica TyC que persigue y ahoga a un medio comunitario (ParesTV) argumentando perjuicios económicos porque transmitía los partidos de los equipos de la zona. Si bien a la compañía de transmisiones deportivas nunca le interesó transmitir esos partidos quiso impedir que otros lo hicieran.

En 2010, Maccagno no tenía muy en claro hacia dónde se iba a dirigir su carrera, lo único  de lo que tenía certeza era de lo que le gustaba: la fotografía y los medios. Para ese mismo año, se inscribió en el seminario Televisión Alternativa, lo que la acercó a BarricadaTV y a los medios comunitarios.

¿Cómo surgió la idea de documentar el caso de ParesTV?

Desde la militancia en común que BarricadaTV tiene con otros canales comunitarios del país como lo es para ParesTV, me empecé a acercar un poco a su historia. En ese momento estaba pensando un tema para mi tesina dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Definí que me parecía importante visibilizar esa historia por la relevancia que tiene el caso tanto para la comunicación comunitaria como para entender cómo funcionan los medios concentrados en nuestro país. Ahí me decidí por hacerla audiovisual.

Al día de hoy todavía no se ha resuelto…  

No se resolvió, Pares TV sigue haciendo esas coberturas, sigue yendo, sigue generando ese contenido, pero no lo puede transmitir de manera plena. Lo que hace hoy es que sigue haciendo las transmisiones, pero ponen una placa sobre las imágenes para demostrar que la voluntad de ellos es seguir con ese trabajo y seguir llevándoles a los hinchas, a las hinchas, ese contenido de manera abierta y gratuita pero que están impedidos de hacerlo por estas intimaciones y esta censura. 

¿TyC quiere todo para sí?  

Creo que sí, hay una clara intencionalidad de ese sector de la comunicación, de que los canales comunitarios no crezcamos, no nos desarrollemos, pero no porque tengan algo en contra de nosotros o porque no les gusta nuestra línea editorial, sino porque creo que ellos ideológicamente creen en la libertad de mercado y creen que esta lógica debe regir la comunicación también, digamos la de la privatización.  Cuando fue sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se abrieron los primeros concursos para obtener las licencias para transmitir, los primeros en oponerse y llevar una causa a la justicia fueron los canales comerciales privados nucleados en la ATA. Los argumentos usados por los grandes medios era “competencia desleal”. Sin embargo, los participantes eran medios de potencias bajas (11 a 17 km). Entre ellos están BarricadaTV y ParesTV, quienes obtuvieron su licencia y con esta tienen el derecho de ser incorporados a la grilla de cable. Una normativa emitida por Enacom ratificada por las dos gestiones anteriores. 

 ¿Estas medidas son cumplidas?

Las cableras no lo hacen, y además son las mismas empresas mediáticas. Bueno, por ejemplo, Clarín que ahora es Telecom, es la dueña de ese servicio de Internet, no hace caso a esas normativas y a nosotros, por ejemplo, no nos incorpora en la grilla del cable. Son cosas que vos vas sumando y ves que claramente se mueven con esa lógica. Primero, es como si dijeran: no voy a hacer caso a la ley porque yo estoy como por encima de la legislación y de las normativas. Y segundo, hay una intención de que los sectores que planteamos la comunicación como derecho y no como mercancía, no podamos crecer.

 Eso también se debería reclamar, ¿no?   

Es algo que venimos exigiendo e insistiendo para que se cumpla, pero del otro lado además del poder de estas empresas tenés un Estado que muchas veces no está cumpliendo con su función. Falta una pata ahí, que tienen que ver claramente con el rol del Estado para que esos reclamos y esos derechos se puedan respetar.  

La privatización de la información

 

Desde su incorporación a Barricadas TV, Maccagno comenzó una militancia para contrarrestar el discurso de los medios concentrados en el país, lucha que al día de hoy continúa por el cumplimiento de los derechos que ha adquirido el sector de la comunicación y también por los deberes que estos tienen con las audiencias. Ya no combate de manera audiovisual sino construyendo y fortaleciendo a los medios comunitarios como forma de contrarrestar el discurso de los medios concentrados.

¿Hay una privatización de información? 

Exacto. Hay un problema con  los derechos sobre la información y de las audiencias. Nos encontramos con esta ridiculez de que hay una empresa que tiene los derechos, que los compró pero que al mismo tiempo no los utiliza porque no cubre los partidos. Y hay una audiencia que no puede ver los partidos de su equipo porque la empresa que tiene los derechos no los transmite. 

¿Se podría decir que por  abandono estatal la justicia ha demorado en dar una respuesta? 

La justicia es lenta en general y tarda en tomar definiciones, sobre todo cuando se ponen en juegos intereses tan importantes, en este caso en particular en donde estamos hablando de los intereses de un grupo económico tan poderoso como lo es Clarín. Me parece que ahí la demora en tomar definiciones desde la justicia no creo que sea casual o que obedezca simplemente a la demora de la justicia en general.  

 ¿El Estado no hace cumplir la normativa en el campo mediático?

No, hay un montón de artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que quedaron en pie y al día de hoy están vigentes. Entonces hay un marco legal que, a vos como Estado, te posibilita accionar en un montón de cosas, pero no se hace. Bueno la convocatoria para armar ese listado de eventos de interés relevante está absolutamente vigente y no se hace, evidentemente hay una falta de decisión política de hacerlo. Entonces claramente hay algo en el Estado que no está terminando de funcionar.

Los periodistas del tablón

Los periodistas del tablón

May 18, 2022 | Deportes, Destacado 1

Nació Medios Partidarios Unidos, una cooperativa que reúne a periodistas de distintos clubes de ascenso, con el objetivo de dar batalla a la privatización de las transmiones de fútbol. Anunciaron, además, que lanzarán su primera serie.

Desde 2017, Medios Partidarios Unidos (MPU) viene gestando lo que hoy se presentó al público en la sede de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), su cooperativa de trabajo. La presentación tuvo lugar este martes y fue conducida por Melina Kaler y Marco Bogarin, con los testimonios del presidente de la organización, Leonardo  Kreimenchuvsky, el tesorero Marcos Tricarico y el responsable de Prensa Gabriel Cerpa.

El evento estaba pactado para las 19 pero se retrasó un poco más de media hora para que aquellos que no podían estar presentes siguieran los acontecimientos vía streaming en óptimas condiciones. Antes de que llegara la mayoría de los presentes, los trabajadores de la nueva cooperativa, prepararon cada una de las cámaras y ubicaron una vasta cantidad de remeras del fútbol de ascenso en el escritorio principal. Podían observarse camisetas de Excursionistas, Deportivo Merlo, El Porvenir y varios históricos más.

El origen verdadero de esta unión de profesionales partidarios tuvo lugar en 2007 cuando se prohibió el público visitante en las canchas del fútbol argentino. Allí, los clubes del ascenso, los más perjudicados, buscaron una forma de que los partidos de su equipo puedan ser vistos por todos los hinchas. De esta manera, varios periodistas partidarios de distintos clubes comenzaron a transmitir por streaming. Tyc Sports, quien tiene los derechos televisivos de los partidos del Nacional B y Primera B Metropolitana, pero que decidía pasar solo algunos encuentros incursionó en el streaming con Tyc Sports Play. Con la llegada de este nuevo canal de comunicación, la empresa comenzó a denunciar por derecho de imagen a las transmisiones propias y originales de los medios partidarios, con el objetivo de darlas de baja. Las denuncias escalaron rápidamente al punto de que los mismos clubes negaran el ingreso a los estadios de estos medios. Atravesados por esa situación, nació Medios Partidarios Unidos. A propósito de la lucha que la cooperativa quiere lograr, Tricarico enfatizó: “Usted tiene el derecho a elegir. Tiene la posibilidad de elegir con quiere informarse, incluso con los medios hegemónicos. Nosotros queremos ofrecerle lo mejor de cada uno de nuestros medios, con nuestras limitaciones pero con la sinceridad y honestidad del tablón. Nosotros provenimos de ese lugar, del tablón”.

Allá por 2019, en una recordada transmisión de uno de los medios más reconocidos en streaming “Platense a lo ancho”, Ezequiel Butti ante la inminente prohibición cerraba la cobertura diciendo: “Por lo pronto tenemos que cerrar los micrófonos. Nos ganó la injusticia. Las injusticias existen y esta es una de ellas”. Kaler retomó en la presentación esta idea asegurando que “los micrófonos siempre encendidos. Esta es nuestra herramienta más poderosa para todo lo que nos hicieron y que nos van a seguir haciendo”.

El lanzamiento de la cooperativa, a través de su marco legal, pregona su derecho a transmitir y publicar sus ideas sin censura previa que rige en la Constitución Nacional. Medios Partidarios Unidos resalta que el contrato entre AFA y Tyc Sports viola los preceptos que emanan de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley 27.078, conocida como «Argentina Digital». Cerpa destaca que “Hay una idea de que los medios partidarios somos hinchas y nada más. Por demás está decir que somos profesionales en lo que hacemos y cada vez nos profesionalizamos mejor”. Cerrando su discurso, Tricarico afirmó que “la pelea empieza hoy. Para entender fundamentalmente que somos rivales y no enemigos. Ese es el lema que hoy llego aquí y ese es el lema que tiene que perdurar y transmitirse en cada uno de los estadios de nuestro país”.

La cooperativa transmite partidos correspondientes a todas las categorías del ascenso con mayor y menor éxito, teniendo más libertad en las categorías C y D. Cuenta con el programa “Los otros goles” los miércoles a las 21 por Barricada TV. Además, comenzó a difundir partidos de fútbol femenino correspondientes a las categorías B y C. Han generado alianzas con instituciones como Belgrano de Córdoba, coproduciendo la emisión de los partidos del plantel femenino. Sostienen que este lanzamiento les permitirá expandir los recursos para las transmisiones. “Lo que viene para MPU es algo muy grande. Lo primero que vamos a hacer es nuestra eterna batalla, que dejen transmitir a los partidarios, levantarla como bandera. El segundo plan que tenemos para este año y los que vienen es Femenino en ascenso o como nos gusta decir: la primera serie de fútbol femenino que va a estar con producción 100% de MPU”, sostuvo Kreimenchuvsky. A lo largo del encuentro fueron proyectando varios videos con imágenes de todos estos años: goles, festejos, historias de vida y un pequeño adelanto de esta serie.

El evento concluyó con los testimonios de Hugo Cabrera, Presidente de FedeCaba (Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires), Agustin Lecchi de SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y el periodista Javier Vicente, quienes mostraron su apoyo a MPU. Al terminar, se sostuvo un aplauso general que culminó en una foto de todos los presentes con el objetivo de guardar el recuerdo, esperando buenos augurios para el futuro próximo de la cooperativa y del ascenso argentino.

 

«Estamos por fuera de la lógica de los algoritmos»

«Estamos por fuera de la lógica de los algoritmos»

Abr 15, 2022 | Culturas, Destacado 3

“¿Por qué el Estado debe financiar medios públicos y el cine? Porque lo que el mercado no va a contar, debe ser contado por otras agencias”, responde Cecilia Flachsland, periodista, docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y directora del Canal Encuentro, que cumple 15 años y renueva programación.

El 5 de marzo, en el cumpleaños número 15 del Canal Encuentro, se lanzaron tres series vinculadas a la historia del propio canal. El 8 de marzo, además, se puso en pantalla “Cartografía Feminista”, y el 2 de abril, la serie “Navegar la historia: Malvinas y el mar”. La maratón de lanzamientos culminará el 26 de abril, cuando se realizará el evento de presentación de la programación completa, que comenzará a transmitirse el 2 de mayo y que incluye 30 estrenos. “Un paquete muy importante, considerando la significativa baja en la producción de la gestión anterior” asegura Cecilia Flachsland, su directora.

Flachsland manifiesta que los lanzamientos incluyen nuevas temporadas de los clásicos, programas pensados específicamente para las aulas y también habrá novedades. Volverá “Mentira la verdad” con Dario Sztajnszrajber, “Encuentro en el estudio” conducido por Lalo Mir e “Historias de vida” con Ana Cacopardo. También se estrena un paquete de adquisiciones de las televisoras educativas extranjeras sobre naturaleza, historia y arte, que suelen tener gran respuesta de la audiencia. Además, se lanza un conjunto de producciones con formatos y temáticas nuevas, entre ellas: una sobre Identidad Marrón y el racismo en Argentina, otra sobre la historia del Hip Hop, un programa de música y ciencia conducido por Lula Bertoldi y uno sobre la trastienda del sistema judicial. Por último, se estrenará un grupo de productos diseñados como herramientas pedagógicas para la escuela, entre ellos habrá una serie de micros sobre matemática, otra de temas ambientales y otra sobre ESI.

 Para la directora, “una marca de la gestión es la fuerte incorporación de una  agenda de género y disidencias” y en la programación de este año estarán presentes contenidos como “Quereme trans, un informe necesario”, programa conducido por Florencia de la V, y una serie sobre ESI donde actúa Maite Lanata.

Flachsland sostiene que desde Encuentro trabajan para “desandar la herencia del macrismo”, quienes por ejemplo, habrían sacado de la órbita educativa a Encuentro, DeporTV y Paka Paka. En 2016 estos canales fueron desafectados del Ministerio de Educación pasando a depender de la Secretaría de Medios, aunque su marco normativo es la Ley de Educación Nacional y hayan sido creados para brindar herramientas audiovisuales para la enseñanza. Afirma que al idear, producir y editar un programa, siempre piensan en un aula, y que los y las docentes pueden mandar a ver los programas de Encuentro con la seguridad que alguien en la producción ya se hizo las preguntas éticas, políticas y pedagógicas necesarias.

 Otro de los conflictos, consiste en que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que los canales educativos deben abrir las grillas de los cables pero “en el lugar que le corresponde a Encuentro, está La Nación +” dice Flachsland y agrega: “esa es una deuda pendiente, es una lucha contra una de las injusticias que se cometieron durante el gobierno anterior”. Además, otros desafíos que tiene el equipo de Encuentro son: hacer crecer el nivel de producción que también impulsará el trabajo en la industria audiovisual, fomentar que las provincias produzcan mayor cantidad de contenidos, buscar nuevas temáticas y formatos, y mejorar el uso de las redes sociales.

 Flachsland afirma que las plataformas modifican fuertemente las formas de producción y consumo, y que la concentración hoy es mucho más feroz que cuando se discutía la Ley de Medios. Frente a ese escenario, desde Encuentro tratan de mantener su modo de producción, propio de un canal público, federal y educativo, con una gran cantidad de contenidos sobre derechos humanos. “Somos pantallas que estamos por fuera de la lógica de los algoritmos, nuestro Jefe de Programación son las escuelas argentinas” asegura y aclara que la cantidad de audiencia es solo un indicador para Encuentro.

Lo que nos diferencia es que para nosotros el destinatario es un sujeto de derecho, no un consumidor.

Cecilia Flachsland

Deciden qué poner al aire teniendo presente cuál es la cultura que consideran que debe ser transmitida y se preguntan cuál es el sentido de compartir determinada producción. “Lo que nos diferencia de otras agencias es que para nosotros el destinatario es un sujeto de derecho, no un consumidor” asegura Flachsland. Y por eso, afirma que es importante el debate sobre la soberanía audiovisual y es imprescindible preguntarnos quiénes producen determinadas narrativas o muestran determinadas imágenes, con qué intereses y con qué objetivos. “El Estado debe disputar un lugar en ese escenario, que es mucho más complejo cuando hablamos de plataformas, porque la pelea es contra grandes transnacionales que también están dando trabajo acá. No sería deseable ponerle fin a esas industrias, sino que el Estado debe regularlas y darle más recursos a los medios públicos para que sean una voz fuerte en la construcción de narrativas” concluye.

 ¿Qué debería hacer el Estado para regular estas industrias? “Si se cumple la Ley de Medios actual, con algunos ajustes necesarios, ya es suficiente. La legislación es antimonopólica y contempla la especificidad de los medios públicos. Es una discusión más política que normativa la que tenemos que dar” responde Flachsland.