Feb 1, 2022 | Culturas, Destacado 2
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictaminó que Disney se quiere quedar con casi todo el mercado de las transmisiones deportivas y deberá realizar una propuesta de desinversión en los próximos días. ¿Qué viene ahora?
En marzo de 2019, la Compañía Walt Disney adquirió a 21st Century Fox. La compra implicaba una megafusión ya que no sólo los estudios cinematográficos y canales de televisión de Estados Unidos de ambas empresas quedaban en las mismas manos, sino que implicaba la obtención de derechos de transmisión en diversos países, entre ellos, la emisión de varios eventos deportivos en Argentina. En nuestro país, esta compra implicaba que Disney obtuviera 7 de las 9 señales deportivas y los derechos de transmisión de varias competencias, entre ellas la Copa Libertadores, hasta entonces transmitida por Fox Sports.
El 18 de enero, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un dictamen desfavorable acerca de la unión entre Fox y ESPN solicitando su desinversión para la continuidad de la fusión. Es decir, vender en el plazo de un año -más seis meses de prórroga- algunas señales y derechos a otros jugadores del sector. Mientras tanto, dos partidos de la liga local de fútbol deberán emitirse de forma gratuita a través de canales de aire. Uno de ellos deberá ser sí o sí de River o Boca. No es un dato menor ya que se trata de los equipos más convocantes en términos de consumo y facturación
Uno de los fundamentos que puede leerse en el dictámen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) es la gran concentración por parte de una sola empresa de señales deportivas, ya que Disney, dueña de ESPN, incorpora los canales de Fox, brindando una oferta de menor calidad a los televidentes dado que “al haber menos empleadores, hay menos diversidad y competencia en los programas y en las producciones”, afirma Agustín Espada, Magíster en Industrias Culturales (UNQ).
Además, los clientes de los prestadores del servicio de televisión paga se ven afectados económicamente puesto “que una empresa como Disney tenga tanto poder en un activo tan importante como son las transmisiones de deportes en vivo, hace que pueda exigir mayor dinero a los cableoperadores y eso haga que el abono sea más caro”. Por otro lado, Espada menciona que esta situación deja fuera de competencia a otras empresas como Turner en algunos segmentos importantes a través de la venta paquetizada: “Yo te vendo esta señal pero además me tenés que comprar 15 más”, ejemplifica el investigador.
La operación entre ambas compañías se desarrolló de forma global y Argentina no fue el primer país en intervenir: México, Estados Unidos, Chile y Brasil, entre otras naciones, también optaron por tomar medidas anti-concentración.
¿Cómo llegamos hasta acá?
En Argentina la industria de la comunicación está bajo la mirada de varios organismos reguladores, entre los que se destaca la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNADC), dependiente de la Secretaría de Comercio, como ente de asistencia al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El mismo actúa bajo la Ley de Defensa de la Competencia, sancionada en consecuencia con los “nuevos derechos y garantías” de los usuarios y consumidores, incorporados en el artículo 42 de la Constitución Nacional de 1994. El mismo prevé libertad de elección y un trato equitativo.
Marta Maule, coordinadora del módulo de Políticas TIC del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), afirma que las agencias regulatorias se encuentran con muchas limitaciones a la hora de intervenir en industrias y mercados como el audiovisual y, eso se debe a que “las herramientas actuales de regulación son para una realidad que ya dejamos atrás, por lo que se requiere innovación en tecnología y estrategias de regulación”. Además, señala que Disney y FOX son actores de alcance global por lo que la adquisición excede al mercado argentino. “Estas complejidades hacen que nos preguntemos desde qué posición debe intervenir el Estado, circunstancia bastante compleja tras el desguace que la gestión pasada hizo de las leyes 26.522 y 27.078”.
“Los bienes comunicacionales tienen una naturaleza distinta: son bienes públicos, no rivales –siguiendo a Joseph Stiglitz-, con un valor económico y simbólico. Esto hace que tenga que considerarse otra naturaleza y otro tipo de regulación a la hora de defender la competencia económica en este sector y atacar las condiciones de concentración económica”, dice Espada , y continúa: “En este caso, el dictamen de la CNDC es muy bueno, tiene mucho fundamento de la lógica del mercado audiovisual y del mercado comunicacional. Es una decisión que va en línea con la defensa de la diversidad de voces y contenido”.
Asimismo, Espada añade: “Me parece que es necesario garantizar el análisis en la doble vía: un organismo que entiende de comunicación (ENACOM) y otro como Defensa a la Competencia que se encargue de analizar la parte económica e industrial a la hora de aprobar estas fusiones”.
Maule aclara que es importante destacar que las variables de análisis sobre estos fenómenos globales de concentración, ya han dado muestras que exceden el análisis económico y demandan abordajes multidisciplinarios e interinstitucionales, sin mencionar la necesidad de cooperación internacional.
Martín Becerra, Doctor en Ciencias de la Información y Magíster en Ciencias de la Comunicación, opina que estos organismos son protectores de las audiencias, del público y también de la especificidad que tienen las empresas: “Debería interesarles que haya un regulador sectorial porque entiende más sobre el tema. La Comisión Nacional de Defensa a la Competencia, en Argentina y en el mundo, no tiene un conocimiento tan específico del sector. Creo que sería más robusta la defensa de todas las partes si el escrutinio fuera por las dos vías”.
¿Regulación ex-ante o ex-post?
Existen dos formas de legislar sobre la concentración económica: la regulación ex ante que implica una intervención previa a un suceso y la regulación ex post a través de la cual se toman medidas luego de que el hecho ya está consumado. Si bien la Ley de Medios, sancionada en 2009, no era completamente rigurosa en medidas ex ante, tenía un tope a la concentración que puede entenderse de esa manera. Aquí radica otra de las modificaciones realizadas por la administración de Cambiemos, ya que se redujo o eliminó dicha restricción.
En cuanto al caso Disney – Fox, Espada cuenta que el cambio mencionado no es tan relevante porque no regulaba expresamente derechos de transmisión deportiva ni la propiedad de las señales de cable, pero aclara que “están a la vista los problemas de la regulación ex post en Argentina, donde después de tres años tenemos una decisión y es mucho más difícil volver para atrás operaciones económicas ya realizadas que, por ejemplo, en países en los que la regulación ex post funciona bien como en México o en EEUU donde se logró revertir a tiempo esta situación de concentración económica”.
Por su parte, la coordinadora del módulo de Políticas TIC del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, asegura que la regulación ex ante es una valiosa herramienta con la que cuenta el Estado para prevenir perjuicios, sobre todo en los últimos eslabones de las cadenas de valor. “Su falta es compatible con una ideología en la que se supone que el mercado asigna eficientemente los recursos y en donde los agentes de mayor peso dominan y maximizan ganancias a costa de la gente y las Pymes”
.En este contexto, Becerra no cree que se vaya a revisar o modificar la normativa ya que la composición del Congreso Nacional no parece ir en ese sentido. “Deberían fortalecerse las competencias ex ante, tal como ocurre en Europa y Estados Unidos, ante fusiones y concentraciones mayúsculas”, agrega.
Desinversión versus judicialización
En este caso, el organismo regulador dictaminó que la empresa deberá vender los derechos de los Contenidos Fundamentales de la Copa Libertadores, la Fórmula 1, National Football League, Premier Boxing Champions, ATP World Tour 250 – ATP Córdoba y la Champions League, entre otros, con el objetivo de reparar la competencia en el mercado de comercialización de señales deportivas básicas. Este proceso debe realizarse en los próximos 12 a 18 meses. El dictamen, además, establece condicionamientos conductuales como no empaquetar las señales deportivas para vender a los cableoperadores, no aumentar el precio de estas señales para que no represente una lesión a la competencia con los cableoperadores y al mismo tiempo ofrecer a otras señales de cable y a canales de televisión abierta de eventos deportivos que el dictamen establece.
Maule sostiene que es demasiado optimista pensar que las desinversiones son una herramienta eficaz para estos casos porque “contamos con una historia que nos demuestra que no se llevan a la práctica. Hoy, la sanción más efectiva es la multa”. Un ejemplo es el Grupo Clarín, quien logró imponer una medida cautelar que detuvo el proceso de adecuación.
“Es urgente que se produzca esta desinversión y darle 18 meses cuando en México le dieron 6 meses, me parece algo excesivo”, afirma Espada y agrega que si se judicializa la medida, podríamos llegar a las elecciones presidenciales con un panorama de indecisión en esta materia.
Por otra parte, Becerra señala que como en la Argentina tomó esta decisión más tarde que en Chile, Brasil o el propio Estados Unidos, y no cree que “la empresa salga con los tapones de punta” porque hay antecedentes muy potentes sobre esta misma fusión.
Hay dos empresas en el mercado que son competencia directa de Disney en relación a este tema: Clarín y DirectTV que estarían interesados en adquirir derechos de transmisión porque son actores que participan en la distribución de señales deportivas. Espada cree que los derechos del fútbol, contrario a lo que se piensa, no van a ser vendidos por Disney ya que representan un buen negocio para la empresa y uno de los principales activos. “Pienso que prefieren desprenderse de una parte o la totalidad de la transmisión de la Copa Libertadores”.
Por otro lado, descarta que pueda entrar un participante local como Telecentro, que intentó ingresar al negocio con una oferta más atractiva. “Esa oferta tenía más que ver con una herramienta de presión política en la negociación con Disney”, piensa Espada.
En cuanto al rol del gobierno aún no se sabe cuál será el recorrido. A los dos días del anuncio de Roberto Feletti desde la Secretaría de Comercio con el duro dictámen antitrust, el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto para que vuelva Fútbol para Todos. En este caso el camino será legislativo o no será nada.
Ago 29, 2019 | DDHH, Novedades
La Coalición por una Comunicación Democrática no da el brazo a torcer. Ayer presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una nueva serie de propuestas “para construir la comunicación que viene”. “Son aportes para sostener los valores de la diversidad y el pluralismo -sostiene Diego Rossi, profesor adjunto en Políticas y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA-. Se trata de garantizar el acceso a la información y los derechos de la ciudadanía a recibir, producir y difundir contenidos.”
Conformada por una pluralidad de actores -universidades, sindicatos y centrales obreras, pequeñas y medianas empresas de comunicación, radios y televisoras comunitarias, organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas y productores- desde 2004 alza la voz para defender a la comunicación concebida como un derecho. “Estamos preocupados -agrega Rossi- por recuperar la capacidad productiva y la potencia de Argentina en el campo audiovisual, por disponer medios públicos que realmente sean federales y que reflejen la diversidad de opiniones y de miradas culturales. Nos interesa que el próximo gobierno regule formas que preserven la intimidad de las personas, su capacidad de ser productores de contenido, la posibilidad de elegir y de tener precios justos y razonables.”
Daniela Monje, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso la propuesta en contexto: “La idea fundamental de la Coalición desde su inicio y hasta el momento es que hay una perspectiva de derechos humanos que está de alguna manera ligando todas las propuestas que se hacen. Entendemos a la comunicación como un derecho humano, en el marco de lo que el derecho público internacional ha nombrado como libertad de expresión”, dice .
En el 2004, con el incipiente gobierno de Néstor Kirchner, la Coalición por una Comunicación Democrática marcó su primer antecedente con incidencia en la política argentina: se presentaron los 21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia. Sin embargo, el proyecto quedó en curso hasta ser retomado en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández. El debate plural y federal sobre ese documentó sentó las bases para el armado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) promulgada en 2009, en reemplazo de la Ley de Radiodifusión (22.285), dictada en 1980, durante la última dictadura militar.
Sobre la Ley 26.522 en materia de derechos y democratización, Larisa Kejval, secretaria académica de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), investigadora y militante por la comunicación comunitaria, destaca: “La ley no sólo es una ley de carácter democrático porque reconoce a los medios sin fines de lucro como uno de los operadores del servicio de comunicación audiovisual, no sólo porque genera políticas de fomento para este sector sino también por otras cuestiones que me parecen centrales y que son las que han sido puntualmente atacadas a partir del gobierno de Mauricio Macri. Esto es: una ley que además ponía límites claramente a la concentración mediática, construía órganos de diseño, control y aplicación de políticas públicas federales, multisectoriales y participativos con distintas representaciones que promovían también la producción nacional y federal.”
A pesar del esfuerzo y el terreno ganado por la Coalición, con la llegada de la política macrista y, en particular, del Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015, hubo una serie de modificaciones en materia de política comunicacional que perjudicaron a los medios pequeños y medianos de comunicación. “La política de Cambiemos ha sido desde sus inicios una política que caracterizaría como regresiva y, a su vez, asimétrica en función de los grandes jugadores.”, declara Monje.
Por su parte, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), en diálogo con ANCCOM recuerda: “Este gobierno cuando asumió lo primero que hizo fue desguazar mediante los decretos de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, se llevaron puesta nuestra capacidad de participación en los organismos de aplicación de la ley. Ahí teníamos el Consejo Federal, el Directorio de la AFSCA, lugares donde estábamos representados los medios comunitarios, educativos, los medios de pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores de la comunicación. Fue sustituido el AFSCA por el Enacom y fueron quitados los topes que impedían la concentración mediática, facilitando así meganegocios como la fusión de Clarín y Telecom.”
Este marco de políticas trajo un panorama de especial dificultad para los medios populares, comunitarios y alternativos. Natalia Vinelli es docente e investigadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y dirige el canal Barricada TV. En relación a la incidencia de la política de Cambiemos sobre los medios comunitarios expresa que la situación “se complejizó muchísimo. No hubo llamados a concurso para televisión, por ejemplo. Los fondos del fomento concursable, que son becas que venían funcionando, se ralentizaron enormemente. La subejecución creció y la deuda que el Estado mantiene con el sector es de más de mil millones de pesos. Así se hace muy difícil la sostenibilidad de los medios de comunicación. Es un escenario de gran dificultad para poder funcionar como verdaderas opciones en un sistema de medios que es cada vez más concentrado.”
Además de los problemas acarreados en razón de política pública, la democratización de la comunicación se vio afectada por políticas de otra índole. Al respecto, Kejval nombra las persecuciones a reporteros gráficos durante movilizaciones sociales en los últimos años y Antonini remarcó la repercusión de las políticas económicas: “Impactan los tarifazos de la luz, por ejemplo. O la recesión: es muy importante la incidencia que tienen en las radios los comerciantes o las organizaciones locales, que en general son nuestros auspiciantes.”
A partir de las políticas regresivas en comunicación del actual gobierno, la Coalición presentó en 2016 una actualización de los 21 Puntos y continuaron con la lucha por el derecho a la comunicación y condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, la situación en la cual se ven inmersos en la actualidad dista ampliamente de ser un escenario propicio para el desarrollo de una comunicación democrática.
Con esperanza en que las nuevas propuestas vayas a ser tenidas en cuenta y, sobre todo, consciente de la fuerza que presenta la unidad de medios sin fines de lucro, comunitarios y alternativos, Kejval deja un mensaje de aliento sobre la presentación del documento: “Lo que estamos haciendo es precisamente no bajar las banderas de la Coalición por una Comunicación Democrática sino todo lo contrario: seguir sosteniéndolas bien firmes porque creemos que las políticas del próximo gobierno nacional tienen que estar encaminadas a restituir los derechos comunicacionales que han sido vulnerados en los últimos cuatro años.”
Ago 30, 2017 | Deportes
Entre megáfonos, parlantes y gritos de grupos que practicaban un “picadito”, la consigna de la “comunicación es un derecho” se hizo eco este lunes en todos los rincones y resonó en el Congreso de la Nación. Allí, justo frente al Parlamento, organizaciones sociales, políticas, sindicales y académicas volvieron a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dieron inicio formal a la campaña #Dalepelota, una iniciativa promovida por la Coalición por una Comunicación Democrática en defensa del derecho a la comunicación, el trabajo y la producción nacional.
La celebración del Día de la Radiodifusión y la conmemoración de la iniciativa ciudadana de los 21 Puntos por una comunicación democrática sirvieron de marco al reclamo.
La radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) instaló sus bases en la Plaza y realizó la transmisión abierta. Por su micrófono pasaron dirigentes del Sindicato de Medios Gráficos, representantes de la Coalición, integrantes de CONADU y CTERA y dirigentes sociales, entre otros. Todos reiteraron el reclamo por la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 que el presidente Mauricio Macri firmó para desarticular siete ejes clave de la Ley de Medios.
Primero llegaron los gazebos. De un lado Radio FARCO, y a su derecha la Coalición. ¿En el medio? Dos canchitas de fútbol. En una, un “mano a mano”, y en la otra un equipo contra otro. Bajo la consigna “el que gana sigue”, un equipo de futbolistas mujeres se hicieron locales. No había hombres que pudieran ganarles. Alrededor de la radio, ciudadanos que filmaban, escuchaban los reclamos y asentían con la cabeza. A la transmisión abierta se sumaban, a cada minuto, nuevas adhesiones.
En medio del bullicio y de los parlantes que se preguntaban a viva voz “¿dónde está Santiago Maldonado?, Susana Pachecoy, integrante de la Coalición, actualizó los alcances del reclamo. “Esta idea surge para defender los derechos que habían sido conquistados y que no se cumplen a partir de las últimas regulaciones”, subrayó en diálogo con ANCCOM. Además, enfatizó la necesidad de entender a la comunicación como un “derecho humano”.
#Dale Pelota: una jornada organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática para la conformación de los nuevos 21 puntos.
El reclamo quedó ampliado por los integrantes de otras dos movilizaciones que se realizaron en la zona casi en simultáneo: el abrazo a las Madres de Plaza de Mayo y la marcha para condenar los casos de “gatillo fácil”. Por detrás de la instalación de FARCO había otra carpa que pertenecía a los trabajadores de PepsiCo que también se sumaron con dos interrogantes: “¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está la libertad de expresión?”.
Las convocatorias tenían ejes distintos, pero cada una de ellas se fusionaban en un punto: el Estado es responsable. Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advirtió: “Estamos claramente en un escenario político donde los grandes grupos comunicacionales juegan a favor de las políticas neoliberales. La sociedad debe tomar conciencia”.
El fútbol como metáfora, como símbolo, y la creatividad como estrategia, fueron las medidas de visibilidad de un conflicto que trae consigo el reclamo “por los 3.000 despidos de trabajadores de medios, la precarización laboral, y el desentendimiento del Estado en la producción nacional”, explicó el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras.
“Este reclamo cobra dimensión en un contexto difícil por la pérdida de políticas públicas en lo educativo, el cierre de las radios escolares, de programas socio-educativos y la cooptación nefasta del gobierno de los medios de comunicación”, completó Alejandro Demichelis, secretario de Prensa de CTERA, en una de las tantas intervenciones “al aire”.
La transmisión de la radio abierta y en vivo, rodeada de gente que se sumaba en el transcurso de la tarde, interrumpía los espacios de debate con un breve relato deportivo, desde el campo de juego. Allí, todas las voces expresaban el descontento por la decisión del gobierno de que el fútbol vuelva “a manos de unos pocos, no como acá en la Plaza que es un fútbol para todos”.
Actualizada 30/08/2017
Ago 29, 2017 | Comunidad
Cumplir la ley. Ese fue el pedido de trabajadores de emisoras FM sin fines de lucro, el viernes pasado, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en octubre de 2009 pero aun sin su plena ejecución. Es que, entre sus diversos artículos, no se está cumpliendo con uno de los objetivos establecidos por la ley: “La administración de espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”. Y en este sentido, el 33 por ciento del espectro radioeléctrico destinado a los medios privados sin fines de lucro, como se dispone en el artículo 89, no se ha ejecutado en la práctica. De aquí, el pertinente reclamo de los trabajadores de medios comunitarios al ENACOM.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro. Unas quince personas -la pequeña cantidad fue intencional debido a que la idea no era lograr una llamativa movilización, sino reclamar de la forma más pacífica posible- se reunieron alrededor de las 10 de la mañana, ante la atenta mirada de los policías encargados de la seguridad del ENACOM. Inés Farina, periodista de Radio Sur, contó a ANCCOM instantes previos a la presentación del escrito: “Antes de ingresar al ENACOM para presentar el reclamo, nos juntamos afuera y la policía nos vino a preguntar quiénes éramos. Después, cerraron las puertas de acceso pero nos dijeron que nos iban a dejar pasar”. A su vez, otro trabajador de Radio Sur, Leonel Martín, planteó: “Vinimos a hacer una presentación formal de pedido de apertura de concurso para radios sin fines de lucro, porque está vigente el artículo de la ley que establece que el Estado debe garantizar y reservar un 33 por ciento del espectro para las emisoras sin fines de lucro y esto no se está cumpliendo”.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro.
Finalmente, pasadas las 10.30, cuatro trabajadores pudieron ingresar al ENACOM. En la cobertura del hecho, el único medio audiovisual que se hizo presente fue Barricada TV, otro medio alternativo y popular que logró, a finales de junio de este año, salir al aire con alcance hacia toda la Ciudad de Buenos Aires. Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV y pionera en los estudios sobre comunicación alternativa, también estuvo acompañando el reclamo. En diálogo con ANCCOM manifestó: “Siempre vamos a exigirle al Estado que se abran los concursos de licencias para las radios comunitarias. Los canales comunitarios tienen todo preparado para la apertura de los concursos, que es, en definitiva, la demanda histórica del sector”. Consultada por la importancia de los medios alternativos, explicó que se trata de la posibilidad de que “circulen otras voces y, sobre todo, otras fuentes que no suelen ser consultadas por los medios tradicionales”. Y enseguida agregó: “Sin medios comunitarios, no hay democracia, porque los medios comunitarios pueden poner en circulación opiniones, miradas del mundo, perspectivas, que no son las que habitualmente nos encontramos en los medios tradicionales y que, en general, son el elemento que constituye la opinión pública”.
A las 11, los trabajadores representantes de las radios comunitarias salieron del edificio. Entre algunos aplausos y saludos, Mariano Randazzo relató la experiencia: “Vinimos a pedir que el Estado legalice nuestra experiencia de comunicación. Las radios comunitarias, alternativas y populares, son alegales, es decir, tienen la vocación de ser legales pero el Estado no arbitra mecanismos para que esto suceda”. Sin embargo, luego reveló cuál fue el verdadero objetivo de la presentación escrita: “Sabemos que no nos van a dar la licencia pero queremos tener un paraguas legal porque en el contexto de este gobierno, nuestras radios corren peligro. Esto se ha visto en otras emisoras en las que se han incautado equipos”. Ante la pregunta de si percibía una posible presión de los medios comerciales para que no se cumpla la ley, Randazzo contó que el espectro radioeléctrico está saturado y que los medios comerciales están excedidos en su potencia: “El Estado, como un actor imparcial, debería limitar esas potencias, llevar a cabo el plan técnico y reservar un tercio del espacio para los medios sin fines de lucro. Queremos que la ley nos incluya, queremos ser legales. Nosotros existimos, queremos que el Estado nos reconozca”, cerró el referente de la concentración.
“Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”.
Otro de los puntos del reclamo fue el pago del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un dinero que el Tesoro Nacional destina, a través de la LSCA, a fomentar la comunicación sin fines de lucro. Es que los FOMECA 2015 no se han terminado de pagar en su totalidad, mientras que los correspondientes al 2016 fueron convocados recién en este año, tras una movilización de los trabajadores de emisoras comunitarias. Ni hablar de los FOMECA 2017. “Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”, señaló Leonel Martín y continuó: “Todo esto en contra de una política que consiste en un mecanismo redistributivo, que puede favorecer la democratización de la palabra y de los medios”. Inés Farina se expresó en el mismo sentido: “Me parece que se está siguiendo una línea política nacional y es lo que se observa en el recorte de los FOMECA”. “Con la creación del ENACOM, se hace un organismo mucho más dependiente del Poder Ejecutivo, con mucho menos participación de otros sectores que no sean del gobierno y por lo tanto, menos democrática la aplicación de las políticas que debe regular el ENACOM”, sintetizó Martín.
La periodista Farina hizo saber a ANCCOM: “Un pueblo democrático es un pueblo que pueda garantizar que la gente se junte y pueda tener proyectos colectivos y eso enaltece a un sociedad. No es que somos comunitarios porque no nos queda otra, somos comunitarios porque lo elegimos”.
Actualizada 30/08/2017
Jul 29, 2016 | inicio
A pocos días de haber iniciado el período presidencial de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, el decreto de necesidad y urgencia 267/15 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), para crear el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). De esta manera, se intervinieron dos elementos centrales en materia de comunicación: Argentina Digital y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. Así, la ampliación de voces y la democratización de la palabra quedarían garantizadas, aunque con un largo camino por delante. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) fue el mecanismo ideado para implementar en el plano de lo real la redistribución de los ingresos generados por gravámenes y multas. La finalidad era multiplicar los procesos de actualización tecnológica y de producción de contenido por parte de actores sociales sin fines de lucro, mediante convocatorias abiertas a concursos públicos. Entre 2013 y 2015, el fondo redistribuyó más de $166 millones que, en su mayoría, fueron invertidos por organizaciones en la compra de equipamiento para la producción radial y audiovisual.
El artículo 97 de esta última establecía que el 10% de los fondos que recaudara la AFSCA serían destinados a proyectos especiales de comunicación comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
El proceso constaba de un primer momento de concurso, que tenía exigencias específicas según la característica particular del concurso; luego, se llevaba a cabo el pago de la primera parte y su respectiva rendición, para acceder al segundo pago. Sin embargo, desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde: se trata de, aproximadamente, 300 ganadores que ven complicada la posibilidad de llevar a cabo su proyecto original. Por otro lado, el ENACOM todavía no ejecutó su presupuesto 2016, razón por la cual tampoco llamó a nuevos concursos. Esta decisión política en materia de comunicación trae aparejada una deuda hacia aquellos sectores que se comprometieron con una planificación planteada que no puede ser llevada adelante, justamente por falta de pago. De esta manera, se vulnera simultáneamente otra indicación de la LSCA, que contempla que 33% del espectro radioeléctrico se destinará exclusivamente a medios de la esfera social y comunitaria.
El miércoles, en las puertas del ENACOM (Perú 106, ex sede de AFTIC), cientos de oyentes, televidentes e integrantes de medios comunitarios se reunieron con carteles y banderas para hacer escuchar estos reclamos. La convocatoria se dio desde Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Arecia, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (Red PAC), Red Colmena, Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), AMARC y RedCom. Mariana Pugliese, presidenta de FARCO, dijo: “Queremos que se abran las líneas de FOMECA con la totalidad del presupuesto que la ley dispone. Que se pague la totalidad de lo adeudado. Que participemos (si es que hay un debate de una ley de medios convergente, como se estaba planteando) con la misma intensidad democrática con que participamos en la ley que hoy está vigente. No se trata sólo del cumplimiento, sino de la forma de ese cumplimiento. Dicen que quieren fomentar el sector comunitario y nosotros entendemos ese fomento como el crecimiento real del 33%”.
Desde fines de 2015 el FOMECA se encuentra suspendido, lo que significa que aquellos que ganaron el concurso durante dicho año todavía no reciben el pago que les corresponde.
Los manifestantes sostenían carteles que expresaban los reclamos: “Respeten 33% para los medios sin fines de lucro. No a la concentración” o “¿Sabías que hay sólo tres canales comunitarios legalizados y dos de ellos son interferidos por Canal 13?”. Este último caso da cuenta de la situación en la que se encuentra Barricada TV, que ganó un concurso y obtuvo una licencia en televisión digital abierta de baja potencia en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el canal de prueba de Canal 13 interfiere con su señal. Otro de los pedidos incluidos en la concentración era, justamente, que se habilite a los canales que ganaron concursos en televisión digital y terminar con la concentración mediática.
Aunque las autoridades tardaron en dar una respuesta, finalmente un integrante del directorio del ENACOM, Heber Martínez, se acercó y dejó asentado el compromiso de que Miguel De Godoy se reúna con los representantes de los medios comunitarios el jueves de la próxima semana, aunque no confirmó ningún horario puntual. Santiago Vivacqua, de Red PAC, dijo al respecto: “Fue muy importante el acompañamiento de los oyentes, los televidentes, de los que todos los días hacemos comunicación comunitaria, popular y autogestiva. Sigamos organizándonos para que, en algún momento, algo de todo lo que nos están prometiendo, se cumpla”.
Actualizada 29/07/2016
