A 14 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ninguno de los candidatos a presidente tiene propuestas concretas referidas a los medios de comunicación.
En octubre de este año se cumplieron 14 años de sancionada la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Su formulación fue producto de un intenso debate entre múltiples sectores: organizaciones de radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de medios, investigadores y estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la comunicación, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y distintos movimientos sociales.
Todos se habían vinculado en 2004 en la Coalición por una Radiodifusión Democrática para la creación de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, donde denunciaban la necesidad de reemplazar el Decreto–Ley 22285 de 1980 de la última dictadura y también de acabar con la serie de políticas posteriores desarrolladas en democracia que tendieron a acrecentar los mecanismos de concentración y extranjerización del sistema mediático argentino. La nueva LSCA compartió los mismos objetivos.
ANCCOM dialogó con docentes e investigadores en comunicación y con trabajadores de medios comunitarios para entender cuál es el escenario actual en materia de legislación y también de cara a los (no) proyectos de los dos candidatos a la presidencia que se enfrentarán en el balotaje.
Los inicios
El derrotero del proyecto sancionado en 2009 quedaría marcado por una rápida judicialización impulsada por el Grupo Clarín, que denunció la supuesta inconstitucionalidad de la LSCA. Luego vendría una modificación veloz de los artículos judicializados con el Decreto 267/15, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, quién, además, modificó la Ley 27078 Argentina Digital, creando un único organismo de aplicación para ambas leyes: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
Los objetivos consensuados por las organizaciones quedaron en el olvido al habilitarse nuevamente la concentración y entorpecerse los mecanismos de aplicación de las leyes en manos de un único ente regulador que concentra los mundos audiovisuales y los de las telecomunicaciones.
Al respecto, Diego Rossi, profesor de Políticas y Planificación de la Comunicación (UBA) y asesor legislativo del Frente de Todos sostiene que las modificaciones “subsumen lo audiovisual a la lógica más comercial”. A esto se le suma que, gracias al mismo decreto que lo crea, de los siete miembros del directorio del ENACOM hay cuatro que son elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, cuando antes eran solo dos. La tradición presidencialista en Argentina no escapa a las comunicaciones.
El panorama cambió cuando, apenas iniciada la pandemia de COVID-19, el DNU 690/20 de Alberto Fernández declaró como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a los servicios TIC, incorporando a la telefonía móvil y a la televisión, y suspendió los aumentos de precios durante seis meses. Sin embargo, «su aplicación no fue total», como destaca Mariela Baladrón, docente e investigadora en comunicación de la UBA.
A pesar de ese DNU, Rossi comparte que la gestión del actual gobierno tuvo “algunos claroscuros”, ya que “a través del ENACOM no controló cuotas de pantalla o la preeminencia de producciones nacionales. Hay mecanismos virtuosos que no fueron aplicados. Hay otros, como el giro de fondos a organismos públicos o la aplicación del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), que sí». En sus términos, quedó a mitad de camino “la cuestión de asumir el rol de la política pública en materia de comunicación».
Con la pandemia de por medio, las brechas digitales se vieron acrecentadas: “El escenario audiovisual y digital ha tenido transformaciones muy profundas en los últimos años y nuevos desafíos que en muchos casos aún no están resueltos desde el punto de vista regulatorio en todos los países del mundo”, como explica Baladrón. Entre los desafíos, se encuentra “la responsabilidad de los intermediarios de Internet por la generación de contenido de terceros, la autorregulación, co-regulación y/o regulación de las redes sociales, la protección de derechos y la promoción de la industria audiovisual por parte de plataformas de servicios audiovisuales globales, la protección de datos personales ante estos nuevos actores de la comunicación, y los nuevos usos de la Inteligencia Artificial”. Para la especialista, hay proyectos de ley circulando que aún no alcanzaron el estado parlamentario como para ser debatidos por amplias porciones de la sociedad.
Medios y propiedad cruzada
Uno de los proyectos de ley en los que Rossi es asesor propone “reencuadrar a la TV de pago como servicio audiovisual ya que el DNU 267/15 lo pasó a la Ley Argentina Digital generando conflictos a la hora de tutelar derechos de audiencias, cuotas de pantallas y presencia de señales en la grilla; precisar el cumplimiento de normativas antidiscriminación y de tutela de derechos de audiencias vulnerables como niños, niñas y adolescentes; disponer una cuota de pantalla de exhibición o catálogo de producciones audiovisuales nacionales; establecer beneficios tributarios en el caso de que las plataformas de streaming produzcan crecientemente en la Argentina, reinvirtiendo y generando trabajo en la diversidad de nuestros territorios; explicitar el alcance tributario a estos nuevos servicios de comunicación audiovisual siguiendo parámetros de gravamen similares a señales satelitales y TV de pago”.
A pesar del alcance que propone el proyecto, la dificultad de que trascienda tanto este como otros posibles puede advertirse en varios factores. Primero, que el tema audiovisual es una cuestión sensible en Argentina ya que la expresión “Ley de Medios” resultó sinónimo de control sobre la propiedad cruzada y la multiplicidad de licencias en el sector. Cabe aclarar que esa misma ley judicializada en algunos artículos que afectaban los negocios de los grandes medios, fue también el marco que permitió mejorar la “accesibilidad de derechos, de financiamiento y de acompañamiento”, como sostiene Ivana Cruz, comunicadora comunitaria e integrante del colectivo de Radio Sudaca, en Trelew.
Por otro lado, en las plataformas electorales presentadas antes de las PASO, la “cuestión audiovisual” aparece ínfimamente mencionada. En la de Unión por la Patria (UxP), refieren a la calidad institucional y a la responsabilidad de las empresas periodísticas (ante el contexto político producto del atentado contra la vicepresidenta) y mencionan la necesidad de regulación del “ecosistema mediático digital”; en la de La Libertad Avanza (LLA), mencionan el desarrollo de las comunicaciones por 5G y el “incentivo de inversiones en comunicación”. Por último, y vinculado al contexto político de cara al balotaje presidencial, es poco probable que los candidatos arriesguen su trayectoria electoral de los últimos meses dando luz a propuestas hasta ahora desconocidas por la sociedad. Como marca Rossi, “el tema es incómodo” incluso hacia adentro de las coaliciones electorales.
¿Todo depende del 19 de noviembre?
«Con el avance de las plataformas hay un periodo de ventana de no regulación hasta que viene la regulación que entiende de qué se trata», sostiene Rossi. Sobre todo en los últimos años, las transformaciones digitales han escapado a muchas regulaciones -como sucedió siempre: ante la novedad, se ven los vacíos legales-, y por eso hay gigantes como Netflix o Youtube de Google que «aprovechan esos espacios de regulación opaca o de no aplicación de la ley para ellos, tomando ventaja comparativa con otro sector». El profesor y asesor legislativo sostiene también que «en LLA no van a hacer propuestas de reglamentación. En todo caso su discurso es eliminar trabas, quitar trámites, todo eso”. Por otro lado, para el especialista “el discurso de Unión por la Patria es de tutelar derechos, adaptar marcos normativos para entender los nuevos procesos».
Consultada acerca de la posibilidad de que se genere un nuevo proceso político y social que desemboque en nuevas regulaciones sobre el sector, Baladrón sostiene que la “agenda de temas que cruzan los derechos comunicacionales incluye la soberanía tecnológica y otras múltiples cuestiones en las que muchas organizaciones sociales y actores pueden coincidir, pero cuyas agendas de trabajo difícilmente abarquen todas ellas. En este aspecto, la dinámica política de los próximos años es difícil de prever e incluye a grandes empresas globales a diferencia de otros momentos históricos”.
¿Y los medios comunitarios?
Ivana Cruz sostiene que “la comunicación es no solo un derecho humano fundamental sino una lucha política”. Reconoce que, a partir de la sanción de la LSCA, se les abrieron opciones que antes no eran posibles por vías legales. Cuenta que participaron de uno de los concursos FOMECA y les fueron otorgados fondos que les permitieron ampliar sus capacidades técnicas de transmisión. Sin embargo, así como accedieron a un FOMECA, tardaron años y dos gestiones del ENACOM en adquirir la categoría de “emisora”.
La vigencia de la ley también se juega en eso: sin el marco regulatorio y sin la correcta aplicación, hay muchos proyectos que, sin fines comerciales, verían su capacidad de ejercer un derecho básico con poco margen de maniobra. Cruz cuenta que “en el imaginario colectivo de Trelew está Radio Sudaca como herramienta de comunicación” para personas que llegan de distintos espacios de militancia: de los movimientos antiextractivistas, de los géneros y de las diversidades sexuales, de los docentes. Resulta poco probable que medios comerciales den espacio a este tipo de luchas, algo que aumenta la desigualdad en las posibilidades de expresarse de la sociedad.
Al igual que Rossi y Baladrón, Romina Bravo, también comunicadora social de Radio Sudaca, cree que los mecanismos de aplicación de la ley se burocratizaron a tal punto que es agotador para los proyectos comunitarios familiarizarse con los trámites a resolver. Esto impide que la comunicación comunitaria se profesionalice dentro de su ámbito, ya que se dificulta la creación de nuevos puestos de trabajo, desgastando al voluntariado que sostiene la radio. Considera que, desde la intervención de la gestión macrista sobre la Defensoría del Público en 2018, los mecanismos se han entorpecido aún más, sin cambios durante los últimos cuatro años.
Desde la sanción de la ley, se sucedieron distintos eventos que pusieron en jaque su constitucionalidad, que la modificaron para beneficiar a algunas empresas periodísticas en detrimento de otros sectores comunicacionales y que burocratizaron sus mecanismos de aplicación. Además muchas de las circunstancias previstas por la ley se vieron superadas por el veloz cambio tecnológico. Sin embargo, también se crearon canales de televisión públicos, se realizaron concursos de fomento y, a duras penas, se otorgaron licencias a medios comunitarios. La regulación existente está en su mayoría vigente, pero no de manera completa. Lo conseguido es resultado de una ardua lucha social y política, y lo que queda por conseguir también lo será.