Trabajadores  cartoneros

Trabajadores cartoneros

La Cooperativa Cartonera del Sur está conformada por 60 personas que iniciaron su labor de recolección de manera independiente y ahora la cogestionan con la Ciudad. Un modelo de reciclaje reconocido en el mundo pero que a ellos los invisibiliza y los malpaga.

Es el primer día más caluroso del año. En el punto verde de la Cooperativa Cartonera del Sur, en Constitución, los trabajadores y trabajadoras llegan desde Guernica, una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires, para cumplir con sus respectivas tareas. “Actualizo la cuenta del banco cada dos segundos para ver si me depositaron”, se queja entre risas uno de ellos. En ocasiones sucede que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tarda hasta cinco días en pagar sus sueldos.

Después de que se hayan terminado de preparar, alrededor de las 9:30, los recuperadores urbanos —comúnmente conocidos como “cartoneros”— suben al mismo micro que los trajo desde Guernica, con los bolsones que utilizan para recolectar residuos reciclables. Así, se dirigen hacia su lugar de trabajo: la calle. 

Bety termina su cigarrillo y se dirige al micro. Tiene 57 años y hace 15 es cartonera. Forma parte de Cartonera del Sur desde antes que se organizaran en una cooperativa. En el camino aprovecha para conversar con sus compañeros lo que no pudieron durante el viaje desde Guernica hasta al punto verde. Ante las quejas de algunos por las altas temperaturas, Bety responde que prefiere este clima antes que el frío, donde tiene que llenarse de ropa que le impide moverse como el oficio lo demanda.

Generalmente, el recorrido suele ser más largo y consiste de más paradas, pero, como afirmó Maximiliano Andreadis, trabajador directo del Gobierno de la Ciudad en la cooperativa y quien controla el presentismo, hay días en los que algunos no van a trabajar.

Cuando bajan todos en el único destino, Avenida San Juan y Defensa, en el barrio de San Telmo, arman una superficie con ruedas que los ayuda a trasladar sus bolsones durante su trabajo. Esa es la alternativa que encontraron desde que el Gobierno de la Ciudad prohibió los históricos carros. Se separan y cada uno se dirige a la zona que le corresponde para emprender sus cuatro horas de trabajo. Bety comienza su jornada laboral solitaria.

“A nosotros no nos ven”, reflexiona Lidia, a quien todos conocen como Bety. Pero ella se encargó de que, en su área designada, no pase desapercibida. Bety recorre una manzana perfecta: Avenida Garay, Bolívar, Avenida Brasil, y Defensa. Como una manera de marcar territorio y para poder juntar más de lo que su cuerpo puede llevar, ata uno de los bolsones al semáforo de la esquina de Defensa y Avenida Garay.

“Siempre hago el mismo recorrido desde hace ocho años, todos saben que estoy acá, todos saben que este bolsón es mío”. Cuenta que son muy pocas las veces que algún cartonero independiente sacó material de su bolsón. Se cruza con algunos de sus compañeros de la cooperativa con los que no deberían superponerse, pero elige no discutirles.

Andreadis explicaba que los recuperadores que tengan la suerte de que en su zona designada haya algún generador grande de residuos, como alguna cadena de supermercados, podían juntar mucho material sin la necesidad de recorrer demasiado. La primera parada de Bety es el Carrefour Express que debería llenarle más de un bolsón, pero sólo recolecta pocas cajas de cartón. Lo mismo sucede con el supermercado Día de la calle Bolívar, que, aunque a diferencia de otras veces, accede a darle material, es una cantidad no equivalente a lo que produce una empresa de ese porte y hasta se lo entregan sucio y mojado. Para ella, los grandes generadores son otros.

“Buen día, Bety, acá tenés”, la saluda un vecino encargado de un edificio mientras le da una bolsa grande de reciclables. “Él viene a traerme material todos los días, él sí que sabe reciclar”, Bety remarca el gran desconocimiento que tiene la gente sobre la manera de gestionar los residuos.

“Las viejitas”–como las llama ella– del edificio de enfrente del semáforo donde reposa su bolsón, a veces la saludan desde el balcón y otras bajan para alcanzarle las bolsas. El “Supermercado Chino” es otro de sus generadores más grandes y frecuentes, le llena un bolsón y medio cada día. Bety cuenta que costó mucho tiempo e insistencia para convencerlo de que separara los reciclables. Todos los mediodías pasa por la puerta del almacén y el hombre ya tiene preparado su material. Este tipo de arreglos de horarios –y hasta de días– se repite con otros: con un colegio, con una empresa de logística, con un bar y un centro cultural.

Las veredas angostas y el tránsito pesado que caracterizan al barrio de San Telmo, se vuelven un obstáculo para el paso de Bety con su bolsón, y hacen que a veces deba caminar por la calle. Un taxista, por ejemplo, le toca bocina a la par de un grito y una seña de indignación. Bety, sin enterarse de la situación, continúa el recorrido con normalidad.

Tiene nueve hijos y veinte nietos. Asegura que le encanta pasar el poco tiempo que le queda entre el trabajo y las tareas del hogar, con ellos. Llega a su casa muy cansada y sólo alcanza a bañarse y cocinar. Las caminatas con kilos de material encima dejan consecuencias en el cuerpo. Bety tiene problemas en las rodillas y en la cintura y eso le pesa a la hora de trabajar: “Todos los días tomo algún remedio que me calme los dolores porque llega la noche y no puedo ni moverme”.

 

El funcionamiento de la cooperativa

Las cooperativas de recicladores urbanos son asociaciones de cogestión entre sus trabajadores y trabajadoras organizados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cada barrio de la ciudad, opera una cooperativa distinta. Tanto Cartonera del Sur como otras cooperativas como El Álamo, están integradas al Servicio Público de Higiene Urbana de la CABA. Estas se encargan de recolectar –de forma exclusiva– los materiales reciclables secos como cartón, plástico y papel.

Los recuperadores urbanos están formalizados. Pagan un monotributo social que les permite acceder a una obra social y a realizar aportes jubilatorios. Pero Bety asegura que esa jubilación no le va a alcanzar cuando la necesite.

Los elementos necesarios para cumplir con su trabajo, como los uniformes, bolsones, camiones y colectivos, son garantizados por el Gobierno porteño. El hecho de formalizar a los recicladores urbanos estableció una nueva logística en el circuito de los residuos, donde se pasó de la separación de la basura en la vía pública a la clasificación en los centros verdes.

Tanto los materiales reciclables que se depositan en los contenedores verdes de la ciudad como los que son recolectados puerta por puerta por los recuperadores urbanos, son llevados a los centros verdes para su procesamiento. Hoy, existen ocho de estos centros gestionados por las cooperativas de cartoneros.

En el caso de Cartonera a del Sur, algunos trabajadores al finalizar su jornada se acercan hacia el lugar caminando con sus bolsones debido a que trabajan por esa zona. A otros que operan más lejos, los pasa a buscar el micro mientras que a sus bolsones un camión. Una vez que llegan al centro, ubicado en Solís al 1900, cada uno pesa sus bolsones: “Los lunes y viernes junto más de 150 kilos, por ejemplo, pero varía dependiendo el día”, relata Bety.

Además de su sueldo base de 90.000 pesos, los trabajadores tienen un incentivo de 40 pesos por kilogramo de material recolectado. Maximiliano Andreadis asegura que algunos de los recuperadores a veces llegan con mucho menos de lo que juntan porque una parte la venden por su cuenta “para ganar unos pesos de más”. Según Bety, el incentivo que le pagan es muy bajo con relación a lo que sale realmente vender cada material.

Al día siguiente, los operarios de planta –que trabajan ocho horas– se encargan de jerarquizar los materiales que acopiaron los “cartoneros” y clasificarlos según su tipo: plástico PET de color por un lado y transparente por otro; papel de diario; otros tipos de papelwa y cartones. A estos últimos se los enfarda en una pequeña máquina para que se compacte aún más su tamaño y se pueda comercializar a un mayor valor; porque el cartón, cuando se los interviene con esta técnica, se vende directamente a la papelera, sin intermediarios.

Julio Herrera, balancero de la Cooperativa. 

De la cooperativa también forman parte las promotoras ambientales, que pertenecen al Programa Promotoras Ambientales de la Ciudad. Son quienes se encargan de concientizar e informar sobre reciclaje a los vecinos y vecinas de los distintos barrios y también de capacitar sobre diferentes temas a los trabajadores de la cooperativa. Por ejemplo, se ocupan de explicarles a los encargados de los edificios cómo separar los residuos y cuáles son los que le deben dar a los recuperadores urbanos de su zona.

Los encargados cobran un bono por clasificación de residuos que puede llegar a tener un valor de 18.000 pesos. Para cobrarlo, deberían darle un remito al Gobierno que compruebe que le hayan entregado el material a los cartoneros y si no se lo presentan serán multados. Los recuperadores son los que hacen estos remitos para los encargados.

Cuenta Bety que una vez le vinieron a pedir constancia sin siquiera haberle entregado un cartón. “Hasta que no me des algo, no te voy a dar ningún papel”, le dijo Bety al encargado y lo recuerda con gracia. Si nadie los controla, los materiales reciclables que por ley deberían juntar todos los vecinos de un mismo edificio no terminan su cadena de reciclaje.

“Estoy segura de que algunos encargados me dan solamente la basura que hacen ellos y no la de todos los vecinos. Piensan que somos ignorantes o analfabetos porque trabajamos en la calle y que por eso no entendemos cómo funcionan las cosas”, señala.

 

Daniela Montenegro, secretaria de la Cooperativa. 

Historia larga

“Yo era costurera y mi pareja cartoneaba por Constitución, abajo del puente. Cuando me dejó de rendir ese oficio, él me convenció para que hiciera su mismo trabajo”, explica Bety sobre sus comienzos como recuperadora. Así conoció a Graciela, la que tiempo después fundó, junto a otras compañeras, la cooperativa. “Graciela siempre fue la jefa”, cuenta sobre la que hoy es la presidenta de Cartonera del Sur.

Graciela, Bety y otros cartoneros y cartoneras venían desde Guernica en el tren Roca. Todos juntos con sus carros ocupaban un vagón entero. En su ciudad, el trabajo, para ese entonces, escaseaba. Ser cartoneros fue la salida más redituable que encontraron. “Tiraban los carros” abajo del puente y volvían a sus casas. Al ser informales, no tenían un lugar donde dejarlos ni tampoco un recorrido asignado.

“Un día vi un cartel en un edificio del Gobierno que decía algo sobre una cooperativa, dejé mi carro afuera y entré a preguntar qué significaba, cuando me explicaron supe que quería armar una”, señala Graciela. Después de eso, reunió a muchas de sus compañeras –la mayoría, mujeres– y las convenció de buscar la forma para lograr ese objetivo.

Supieron que se tenían que presentar a un Concurso Público y para eso debieron escribir un proyecto. Con la ayuda de muchas personas ajenas al grupo de recuperadoras, escribieron 180 páginas y participaron. “Llegué con mis 180 hojas y veía a otras personas con cajas enormes llenas de documentos. Me dio vergüenza, quería volverme”, confiesa Graciela. Por eso, al momento de enterarse que ganaron, no lo podía creer.

La historia no finalizó ahí. Una vez que se constituyeron como cooperativa, en 2012, necesitaban un lugar propio donde funcionar como grupo de trabajadores. Así es que algunos meses después, emprendieron su búsqueda: consiguieron un edificio en la calle Solís al 1900, alguna vez utilizado por el GCBA como depósito de protocolo y ceremoniales. “Rompimos el candado, nos metimos y nos recibieron millones de pulgas”, destacó la presidenta de la cooperativa. Como el Gobierno no lo usaba, se los asignaron como espacio de trabajo y funcionamiento del centro verde.

Una de las promotoras ambientales denuncia que, aunque en la Ciudad de Buenos Aires los recuperadores urbanos estén formalizados e incorporados al sistema, hay una invisibilización constante de su existencia en las campañas oficiales del Gobierno. Mientras que el sistema de reciclaje de CABA es premiado y reconocido globalmente por su funcionamiento, los recuperadores urbanos, las personas fundamentales en este proceso, consideran que su trabajo necesita ser más reconocido públicamente. La lucha todavía no terminó.

Los consensos democráticos – Estuve Ahí

Los consensos democráticos – Estuve Ahí

Carlos Corach, ministro de Interior de Carlos Menem, habla del Pacto de Olivos y explica por qué lo reivindica. También señala el dilema de la seguridad en democrática y de la crisis de representatividad política a cuarenta años del retorno de la democracia.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
El golpe del arancelamiento a la universidad pública

El golpe del arancelamiento a la universidad pública

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por Javier Milei transforma a la educación en una mercancía. Uno de los pasos propuestos es el arancelamiento de la universidad pública a estudiantes extranjeros sin residencia en el país. Opinan estudiantes y funcionarios.

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el presidente Javier Milei desató el temor de los miles de estudiantes extranjeros que eligieron Argentina para estudiar. Es que uno de sus puntos propone arancelar la educación universitaria para todos aquellos que no tengan la residencia permanente en nuestro país.

-En cuanto me enteré, entré en pánico — confiesa María José, de 22 años, mientras mira cómo sus dedos se entrelazan en las manos apoyadas sobre la mesa.

En 2022 abandonó Sogamoso, una pequeña ciudad perdida entre las sierras de Bogotá, y arribó a Argentina con el objetivo de seguir la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Aún le faltan dos años más para poder conseguir la residencia permanente.

-No podría costear mis estudios. Mis papás no me envían mucho dinero. Yo trabajo, pero no alcanza. Imagínate, con lo que pago de alquiler, para comer y los gastos diarios no puedo pensar en dónde voy a sacar para pagar la universidad.

En la misma situación se encuentran sus amigas de Colombia, Venezuela y Ecuador, que desde que el 10 de diciembre se transformaron en variable de ajuste, enfrentan el riesgo de tener que abandonar sus proyectos de vida.

-Es injusto porque desde que abandoné Santiago de Chile, no dejé de pagar impuestos — opina por su parte Iván, de 23 años —. Yo estudio Medicina en la Universidad de La Plata. Para estar acá pago un alquiler, compro mis víveres, voy al supermercado. Cada vez que gasto dinero pago impuestos, entonces no entiendo por qué dicen que estudio gratis.

Su padre, Jesús, se recibió en 1999 de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por ese motivo, creció con la expectativa de repetir los pasos familiares e ir a buscar del otro lado de la Cordillera la educación que su país le negaba.

-Oí que hay posibilidades de que el Congreso rechace algunos artículos, pero la verdad es que estoy muy preocupado. Si nos arancelan la Universidad no sé si podría pagarla. Sería un golpe muy duro porque encima la inflación hace que todo cueste un poco más.

Ney también debió abandonar su hogar para poder seguir con el sueño de estudiar economía. En 2023 partió de Guayaquil con el objetivo de regresar con un título bajo el brazo.

Son las once de la noche y aún lleva el delantal que utiliza en la rotisería en donde trabaja para poder pagar la habitación que comparte con tres brasileños en una residencia del barrio porteño de Monserrat.

-Tanto hablaban de la casta y al final la casta éramos nosotros — lamenta, mientras pica perejil en la mesada de la cocina común de la pensión —. Si nos privatizan la educación, voy a volver a trabajar en el campo con mi papá.

Levanta solo la cabeza para escuchar. Al momento de responder, vuelve a agacharla, casi como si sintiera culpa por un supuesto delito que no cometió. Pone sus ojos en la verdura, casi como si se quisiera abstraer de la realidad.

“En la residencia no hay contrato y nos aumentan cada dos meses. En la rotisería me tienen en negro ¿Y a mí me vienen a reclamar que pague impuestos?”, reclama.

Su voz temblorosa delata la bronca que intenta ocultar. Se trata de un enojo motivado por la incertidumbre de no saber, si una vez más, las clases subalternas pagarán por los negociados de los que dirigen las reglas de juego.

“La conciencia mayoritaria en nuestra sociedad es que nuestro sistema universitario es un activo de todo el país”, sostiene el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con ANCCOM y agrega: “Estamos ante un gobierno que viene exteriorizando posiciones que tienden a la mercantilización de ese sistema”.

Alberto Sileoni, titular de la cartera educativa durante el gobierno de Cristina Fernández y actual director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, coincide con Trotta.

“La educación debe concebirse como un derecho, nunca como un bien transable. Y a eso, la ley lo anula. — advierte Sileoni —. Yo creo que hay que leerlo en conjunto con la propuesta de nuestra canciller, Mondino, de querer entrar a la OCDE. Para poder ingresar, los países tienen que concebir la educación como una mercancía. Eso es una puerta abierta a los negocios, a la privatización educativa, a las plataformas digitales”. En este sentido, advierte que “la ley es muy grave, porque deroga el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional, que impide que la Argentina establezca convenios en donde se tome la educación como un bien de mercado”, advierte.

La presentación del proyecto oficialista estuvo acompañada de una campaña dirigida a sostener que las universidades están colmadas de alumnos extranjeros. Sin embargo, los dos funcionarios coinciden en señalar lo falaz de este argumento.

“La por entonces precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, hoy ministra de seguridad de Milei, intentó plantear con información errada un supuesto problema que justifique el arancelamiento como primer paso, a un sector de nuestros estudiantes para después hacer un arancelamiento absoluto — declara Trotta —. Si nosotros vemos las estadísticas en términos de la cantidad de estudiantes que tiene nuestro sistema universitario, tiene el mismo reflejo de la población extranjera que hay en la Argentina”.

En la misma línea, Sileoni explica: “la cifra de estudiantes no argentinos es absolutamente irrelevante. Aparte, no se trata de que vos le das clase al colectivo de estudiantes extranjeros. No, ellos se incorporan a aulas de 30, 40, 50 estudiantes. Entonces no hay un costo que se incrementa por la llegada de ese extranjero al aula”.

El supuesto gasto extraordinario generado por el acceso irrestricto a las casas de estudios ha sido otra de las excusas para legitimar la privatización parcial de la educación superior.

En este sentido,Trotta sostiene que un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que “el aporte de los extranjeros en términos económicos es superior al costo de los bienes públicos y servicios sociales que consumen”.

Tenemos un saldo positivo — afirma — Producen más recursos que los que terminan consumiendo.

Por su parte, Sileoni concluye: “Todas las medidas que está tomando este gobierno, como rifar 41 empresas públicas, romper con la TV Pública, vender a cualquier precio YPF, los trenes. Todo eso huele a negocio. Si todo huele a negocio, por qué no lo van a hacer con la educación, que es un inmenso negocio a escala internacional”.

Manicomios nunca más

Manicomios nunca más

Entre tantas medidas que contiene la “Ley Ómnibus” que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, se incluyen cambios en aspectos esenciales de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La opinión de profesionales sobre esta cuestión.

 Hospital Borda. Foto de Archivo. 

El Gobierno nacional mandó al Congreso de la Nación un proyecto de ley con más de 600 artículos. Dentro de este combo de leyes, busca modificar cuestiones de relevancia de la Ley Nacional de Salud Mental. Marcela Bottinelli, doctora en salud mental comunitaria, docente e investigadora, afirma que “las derogaciones de la Ley Ómnibus en materia de salud mental son muy complejas porque quitan derechos adquiridos”. Entre estas modificaciones, se plantea la continuidad del modelo de manicomios, la judicialización de la atención sanitaria y la no intervención del Estado y de los colectivos de usuarios, familiares, profesionales y de derechos humanos en la función de control.

La ley 26.657, sancionada en 2010, es fruto de una elaboración colectiva donde participaron organizaciones de derechos humanos, de personas usuarias y familiares, de trabajadores de la salud, universidades, profesionales de la salud mental y la justicia. Ricardo Antonowiz, docente y ex coordinador de actividades asistenciales del Hospital Borda, remarca: “Esta ley tardó tres años en reglamentarse, me resulta llamativo que se busque modificarla tan rápidamente”.

Para lograr la eficacia y la celeridad de la atención en salud mental es fundamental un mayor financiamiento del sistema público y la regulación del sistema privado. Asimismo, resulta necesario el incremento y accesibilidad de recursos en materia de salud mental, al igual que un aumento de trabajadores y trabajadoras en hospitales públicos con el objetivo de reemplazar los mecanismos de encierro que provoca sufrimiento humano. “La ley actual contempla todos los beneficios para un paciente, si no se cumple, hay que hacerla cumplir, no modificarla”, agrega Antonowiz.

Sobre el artículo que busca darle la decisión de internación o externación involuntaria de un paciente a los jueces, Bottinelli aseguró “el criterio que debe primar para definir el tipo de tratamiento que necesita una persona es el de los profesionales de salud, que son quienes estudiamos para eso, que el juez decida esto con los tiempos que tiene la justicia, y luego puede intervenir un profesional de salud, puede implicar que una persona quede encerrada durante bastante tiempo o incluso estar internada cuando no lo necesitase. La justicia tiene que convocar al equipo interdisciplinario para poder actuar”.

En relación a la vuelta de los manicomios, Antonowiz subraya “la idea de que un paciente se interne –cuando lo considere el equipo interdisciplinario– y cumpla su tratamiento, es rehabilitarlo para reinsertarse en la sociedad, no para que quede en un lugar para toda su vida. El manicomio es un depósito de pacientes”. Y añade: “Estas modificaciones no van a mejorar la calidad de vida de las personas que requieran de servicios de salud mental, más bien al contrario, esto puede llegar a acrecentar los problemas porque todo se vuelve un negocio”.

En este sentido, Bottinelli señala: “Muchos colectivos venimos trabajando internacionalmente en poder mostrar y demostrar que las internaciones prolongadas no son útiles para la atención de las personas. Todas las evidencias científicas muestran que, cuando una persona está mucho tiempo encerrada, pierde los lazos sociales, las lógicas de comunicación, las relaciones con otros y eso trastoca su posibilidad de volver a estar socialmente activo y recuperarse con dignidad”. Además, agrega que el hecho de que se vuelvan a proponer las instituciones de encierro y los manicomios, es un claro retroceso que atenta contra los derechos de las personas.

“Tenemos la preocupación de que entre tantos articulados esto pase desapercibido. Esperemos que los legisladores defiendan que se mantenga la Ley de Salud Mental y que se cumpla en su totalidad”, reflexionó Bottinelli. En este punto, desde todos los colectivos –trabajadores, personas usuarias, familiares, profesionales, gremios, asociaciones, universidades, investigadores– se están tratando de informar sobre estos cambios. El 24 de enero, el colectivo Salud Mental y Democracia convoca a movilizar para decirle no al DNU y al proyecto de ley del Gobierno Nacional.

Sin ciencia en vacaciones

Sin ciencia en vacaciones

El gobierno nacional canceló la temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia. La medida generó una gran incertidumbre sobre el futuro de la institución del polo científico.

 

La ciencia vuelve a quedar relegada, esta vez por la cancelación de la tradicional temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia. La decisión fue tomada por Alejandro Cosentino, a cargo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete. La primera consecuencia de la medida fue la renuncia de la directora de Museos, Exposiciones y Ferias Guadalupe Díaz Constanzo.

El Centro Cultural de la Ciencia, inaugurado en el 2015 y ubicado en el Polo Científico Tecnológico de Palermo es el tercer espacio nacional más visitado, detrás del Museo Nacional de Bellas Artes y el Cabildo. Durante el 2023 recibió a más de 240.000 personas. Su principal función es acercar al público al mundo científico por medio de exposiciones estables o temporarias, exhibiciones de arte y ciencia, espectáculos con concursos y premios, talleres, cursos, entre otros. Si bien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza actividades en distintas provincias y escuelas de todo el país viajan para visitarlo.

Frente a lo sucedido Diego Golombek, Doctor en Ciencias Biológicas y ex director del Centro Cultural de la Ciencia, explica: “Esto tiene un impacto importante, dado que a las instituciones hay que cuidarlas y mantenerlas con los cambios que sean necesarios. Tiene un impacto en el público que necesita de este tipo de acciones de apropiación de la ciencia y la tecnología». Con la suspensión de su temporada de verano se afecta al público general que se acerca en vacaciones, pero de continuar la medida tampoco las escuelas podrán aprovechar las instalaciones.

La suspensión del C3 aumenta la incertidumbre con respecto a las políticas de ciencia y tecnología: “No sabemos, como investigadores, que va a suceder con el personal, con los recursos humanos, si va haber programas de becas o de ingresos a carreras científicas del CONICET y, sobre todo, qué va a pasar con el financiamiento de las actividades de ciencia”, explica Golombek. Para el conocido comunicador de la ciencia el programa de financiamiento de la agencia nacional de promoción científica es fundamental por el apoyo de las actividades científicas en las universidades nacionales que “son algunos de los centros más importantes donde se realiza investigación en Argentina”.

Un programa en pausa

En el Centro Cultural de la Ciencia se desarrolla el Programa de Formación en Comunicación Pública y Educación de la Ciencia integrado con más de 70 estudiantes de universidades nacionales. Son quienes le dan voz al C3 como guías, educando y comunicando ciencia. Jade Desimone, estudiante de química y antropología de la UBA, que guía en el C3, comparte: “Nuestro rol es tratar de derribar prejuicios acerca de lo que hacen las personas de nuestro ámbito…mostramos qué hacemos en el mundo científico, pero siempre desde una perspectiva horizontal, no le vamos a estar contando a la gente cosas específicas desde un lugar de ‘yo sé más’, sino que tratamos de construir conocimiento en conjunto con las personas que vienen de visita a través del juego, de la duda y la pregunta genuina que trae esa persona”. Remarca la importancia del C3 a la hora de “comunicar la ciencia y democratizarla a todos los sectores que sean posibles”.

En la jerga del C3 se denomina copiloto/a al guía mientras que el rol de piloto es para el visitante. “Entendemos que cada persona tiene un interés y que nuestro desafío es intentar que pueda llegar a sus respuestas con rigor científico desde una perspectiva personal pero acompañada», explica la copilota. «No vamos a guiar el recorrido hacia donde queremos llegar, queremos que esa persona pueda construir su propio mapa de conocimiento y pueda expandirse de la mejor manera, sobre todo si estamos en vistas de desarrollar nuevas vocaciones científicas”.

“Es un montón la gente la que nos visita, la que se anota a la facultad, se inscribe al programa y termina siendo copiloto dentro del C3: es mi caso. En 2018 me impactó, me anoté a la carrera y acá estoy”, cuenta Desimone como ejemplo materializado de la manera en que el C3 potencia el área científica del país.

Tras la cancelación de temporada no queda clara la continuidad de las actividades. Además se adeudan los sueldos del mes de diciembre a los guías.

El C3 sale a las calles

Jade Desimone cuenta que el jueves 4 de enero tenían que volver como todos los años y al llegar vieron que el centro estaba cerrado: “Ahí nos enteramos de que no iba a abrir, por lo cual nos juntamos con la facultad, con Exactas, y tampoco sabían nada”. Frente a esto se organizaron entre estudiantes, coordinadores y copilotos, y crearon sus redes donde empezaron a visibilizar su situación de desconocimiento e iniciar una junta de firmas para la petición de NO al cierre del Programa de Formación en Comunicación de la Ciencia.

“Lo que sabemos es que hay un montón de gente que está interesada en que el C3 exista y en que nuestro programa se desarrolle, por lo cual tomamos la posta como guías y de manera voluntaria y sin pedir ningún tipo de apoyo económico. La idea es sacar el C3 a las calles, las plazas, poder comunicar ciencia en otros lugares, seguir cumpliendo la función social que tiene pero desde otro lado”, dice el copiloto, organizándose así de manera autogestionada.

La primera jornada se realizó el sábado 13, de 14 a 18 horas en la plaza del Polo Científico Tecnológico. Se llevaron al exterior las salas del C3, se realizaron actividades como la «ciencia posta» que consiste en acercar los instrumentos científicos a la gente, dibujos mágicos, entre otras actividades. Se realizaron charlas con científicos como Rodrigo Laje, Valeria Edelsztein, y María Inés Carabajal, entre otros. Con la presencia de un amplio rango de edades, la ciencia tuvo como foco el azar en el laboratorio exterior y en los diferentes títulos del punto de lectura. También se realizó la observación de fósiles, y muchas actividades más. Además se invitó a dejar la huella en un mural con la frase “No hay C3 sin copis”. “La idea es seguir con esto, en distintas plazas, quizás de manera virtual pero siempre seguir expandiendo y comunicando ciencia, que es lo que amamos hacer”, concluye Desimone.