Entre tantas medidas que contiene la “Ley Ómnibus” que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, se incluyen cambios en aspectos esenciales de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La opinión de profesionales sobre esta cuestión.
Hospital Borda. Foto de Archivo.
El Gobierno nacional mandó al Congreso de la Nación un proyecto de ley con más de 600 artículos. Dentro de este combo de leyes, busca modificar cuestiones de relevancia de la Ley Nacional de Salud Mental. Marcela Bottinelli, doctora en salud mental comunitaria, docente e investigadora, afirma que “las derogaciones de la Ley Ómnibus en materia de salud mental son muy complejas porque quitan derechos adquiridos”. Entre estas modificaciones, se plantea la continuidad del modelo de manicomios, la judicialización de la atención sanitaria y la no intervención del Estado y de los colectivos de usuarios, familiares, profesionales y de derechos humanos en la función de control.
La ley 26.657, sancionada en 2010, es fruto de una elaboración colectiva donde participaron organizaciones de derechos humanos, de personas usuarias y familiares, de trabajadores de la salud, universidades, profesionales de la salud mental y la justicia. Ricardo Antonowiz, docente y ex coordinador de actividades asistenciales del Hospital Borda, remarca: “Esta ley tardó tres años en reglamentarse, me resulta llamativo que se busque modificarla tan rápidamente”.
Para lograr la eficacia y la celeridad de la atención en salud mental es fundamental un mayor financiamiento del sistema público y la regulación del sistema privado. Asimismo, resulta necesario el incremento y accesibilidad de recursos en materia de salud mental, al igual que un aumento de trabajadores y trabajadoras en hospitales públicos con el objetivo de reemplazar los mecanismos de encierro que provoca sufrimiento humano. “La ley actual contempla todos los beneficios para un paciente, si no se cumple, hay que hacerla cumplir, no modificarla”, agrega Antonowiz.
Sobre el artículo que busca darle la decisión de internación o externación involuntaria de un paciente a los jueces, Bottinelli aseguró “el criterio que debe primar para definir el tipo de tratamiento que necesita una persona es el de los profesionales de salud, que son quienes estudiamos para eso, que el juez decida esto con los tiempos que tiene la justicia, y luego puede intervenir un profesional de salud, puede implicar que una persona quede encerrada durante bastante tiempo o incluso estar internada cuando no lo necesitase. La justicia tiene que convocar al equipo interdisciplinario para poder actuar”.
En relación a la vuelta de los manicomios, Antonowiz subraya “la idea de que un paciente se interne –cuando lo considere el equipo interdisciplinario– y cumpla su tratamiento, es rehabilitarlo para reinsertarse en la sociedad, no para que quede en un lugar para toda su vida. El manicomio es un depósito de pacientes”. Y añade: “Estas modificaciones no van a mejorar la calidad de vida de las personas que requieran de servicios de salud mental, más bien al contrario, esto puede llegar a acrecentar los problemas porque todo se vuelve un negocio”.
En este sentido, Bottinelli señala: “Muchos colectivos venimos trabajando internacionalmente en poder mostrar y demostrar que las internaciones prolongadas no son útiles para la atención de las personas. Todas las evidencias científicas muestran que, cuando una persona está mucho tiempo encerrada, pierde los lazos sociales, las lógicas de comunicación, las relaciones con otros y eso trastoca su posibilidad de volver a estar socialmente activo y recuperarse con dignidad”. Además, agrega que el hecho de que se vuelvan a proponer las instituciones de encierro y los manicomios, es un claro retroceso que atenta contra los derechos de las personas.
“Tenemos la preocupación de que entre tantos articulados esto pase desapercibido. Esperemos que los legisladores defiendan que se mantenga la Ley de Salud Mental y que se cumpla en su totalidad”, reflexionó Bottinelli. En este punto, desde todos los colectivos –trabajadores, personas usuarias, familiares, profesionales, gremios, asociaciones, universidades, investigadores– se están tratando de informar sobre estos cambios. El 24 de enero, el colectivo Salud Mental y Democracia convoca a movilizar para decirle no al DNU y al proyecto de ley del Gobierno Nacional.