Varios países en el mundo redujeron su jornada laboral. Ahora llegó el turno de discutirlo en Argentina. Diferentes proyectos ingresaron al Congreso. Las posturas del oficialismo, Juntos por el Cambio y la izquierda.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados comenzó a debatir la reducción de la jornada laboral. La regulación actual es de hace cien años y establece, para la mayoría de los empleos, una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Más de 50 países tienen jornadas inferiores a la Argentina. De hecho, en 1935, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 47, fijó en 40 horas semanales el máximo sugerido para sus Estados parte.

El diputado Daniel Arroyo (FdT), integrante de la comisión, en diálogo con ANCCOM, afirma que la semana de 48 horas que tiene Argentina es de las más altas en América Latina y en el mundo y que, si bien en un principio fue un esquema avanzando, ahora ya quedó “desfasado”. “La reducción de la jornada laboral es un avance hacia el siglo XXI, a nuevas formas de humanidad, de vínculos de la sociedad y de calidad de vida”, subraya.

Tanto el oficialismo como la izquierda presentaron proyectos en Diputados, algunos buscan reducir la jornada laboral a 40 horas y otros a 36 ó 30. “Mi impresión es que se va a terminar aprobando un esquema que vaya paulatinamente hacia las 40 horas y que le de posibilidad de adaptación y flexibilidad a cada sector productivo y ámbito de trabajo, porque no todos son iguales”, señala Arroyo.

El exministro de Desarrollo Social asegura que reducir la jornada de trabajo no afecta la productividad en la medida en que “se trabaje seriamente”. “El mundo laboral después de la pandemia cambió mucho y el modelo tradicional que era 8 horas de trabajo, 8 de sueño y 8 de ocio se ha modificado por completo aún con altos niveles de productividad. Está claro que reducir las horas de trabajo aumenta los niveles productivos sin necesidad de bajar los salarios”, agrega.

Además, advierte que, tal como lo pueden plantear sectores de la izquierda, reducir la jornada laboral no va a terminar con los problemas de la informalidad, porque trabajar menos horas no va a implicar que trabaje más gente. “Para solucionar el 40 por ciento de informalidad se necesita otro tipo de política como un ingreso universal ciudadano”.

Arroyo adelantó que los diputados del FdT que integran la comisión se metieron mucho en el tema y van a votar a favor. También cree que si se trabaja ordenadamente el proyecto, se escuchan distintas posturas y, sobre todo, si se hace paulatinamente, también va a tener un caudal de votos importante de diputados de la oposición.

Por su parte, Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, miembro de la comisión, sostiene que “la reducción de la jornada laboral es un punto de llegada deseable, pero nunca puede ser un punto de partida. Es la consecuencia natural del avance de la productividad –opina–. El mundo trabaja cada vez menos y gana cada vez más. Hace más de 100 años las jornadas laborales sumaban 3500 horas anuales y ahora tan solo 1500 o 2000, dependiendo del país”.

“Si trabajás menos horas va a aumentar la productividad por hora, en cada hora trabajada rendís más porque estás más descansado, pero en total vas a tener menos productividad. No vas a llegar a producir todo lo que permite pagar tu sueldo y, por ende, sería imposible mantener los salarios”, asegura Tetaz.

El economista asegura que si bien hay países donde se está trabajando menos horas, han logrado producir más bienes y servicios. Según Tetaz, en Argentina sería inaplicable reducir la jornada obligatoriamente, ya que tal vez solo el sector industrial –que abarca el 20 por ciento del empleo– pueda trabajar menos de manera más intensiva y mantener la producción y los salarios. En este sentido, remarca que, al mismo tiempo, hay un razonamiento de los que pretenden reducir la jornada que ignora que el mercado de trabajo es muy heterogéneo y existen empleos donde se necesita una capacitación específica y que por esto no solucionaría la informalidad.

Sin embargo, dice que “es una buena idea crear condiciones e incentivos para que las empresas exploren, de común acuerdo con sus trabajadores, alternativas a la jornada laboral tradicional”.

Para Tetaz, reducir la jornada es una experiencia que se puede estudiar en algunas ocupaciones pero siempre de manera voluntaria y con un acuerdo entre partes a nivel de la paritaria de cada convenio colectivo. No puede ser impuesto por una ley, sostiene, porque a las PyMEs, por ejemplo, les generaría una complicación, ya que no tienen margen para que dos de los tres trabajadores que tienen trabajen menos horas.

En tanto, desde el Frente de Izquierda, el economista Pablo Anino, colaborador en la elaboración del proyecto de reducción de la jornada laboral que presentaron Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca –que plantea reducir la jornada a 30 horas semanales–, afirma que “la jornada laboral tiene que darse sin reducción salarial ni flexibilización”.

Anino plantea que reducir la jornada serviría para repartir las horas de trabajo y generar nuevos puestos formales para desocupados e informales. “Si se reduce la jornada en las 12.000 grandes empresas y se reparten las horas, se podrán generar un millón cien mil puestos registrados en blanco y con derechos. Ese es uno de los puntos importantes que diferencia al proyecto del Frente de Izquierda”.

El proyecto también busca la creación de comisiones de trabajadoras y trabajadores en las empresas que controlen la implementación de la ley. Además, Anino asevera que reducir las horas de trabajo no solo trae beneficios para la calidad de vida, sino que también permite que la clase trabajadora disponga de tiempo para participar de la vida política y económica. Y concluye que se trata de un debate necesario, ya que estamos en un contexto donde la agenda política y económica está corrida muy a la derecha y solo se proponen reformas en el ámbito laboral para quitar derechos.