Abr 8, 2022 | Comunidad, Destacado 1
La comunidad educativa de la escuela para sordos Bartolomé Ayrolo resiste la embestida del Gobierno de la Ciudad que quiere convertirlo en la Casa del Vino. El 9 de abril organizan un festival de protesta.
Este sábado 9 de abril, de 17 a 21, se llevará a cabo el festival “El Palacio Ceci no se toca” en Av. Lincoln 4300, en el barrio de Villa Devoto. El objetivo del festival es manifestarse en contra del traspaso de ese edificio histórico, que pertenece ael Ministerio de Educación porteño, a la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Participarán del mismo, artistas sordos y no sordos ofreciendo espectáculos para las familias.
El Palacio Ceci es un edificio simbólico y de pertenencia para la comunidad sorda ya que desde la década del 30 funcionó allí el primer Instituto Nacional de Sordomudos e Hipoacúsicos de Argentina y Latinoamérica, hoy Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 28 Prof. Bartolomé Ayrolo.
El 21 de septiembre del 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 6447 que promulga la creación del distrito del vino en la ciudad porteña que implica a los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal. Según la página del GCBA sería una apuesta público-privada. La implicancia de esta ley con la escuela que funciona en el Palacio Ceci es que el Gobierno porteño tiene intenciones de que este edificio deje de formar parte de la comunidad educativa para sordos y que sea la vidriera y espacio administrativo del distrito del vino.
Estas intenciones por parte del Gobierno porteño se vieron reforzadas con la visita que realizó al Palacio Ceci la ministra de Turismo de Mendoza, Nora Vicario, junto a un contingente en septiembre del año pasado, mes en que se desarrollaba la fiesta de la vendimia. Luego de esta visita, desde la cuenta oficial de twitter Cultura Mendoza @Cultura_Mza apareció el siguiente tuit: “La ministra Nora Vicario visitó el Palacio Ceci, futura Casa del Vino en el Distrito del Vino en CABA. Un espacio de vidriera para mostrar las bodegas y experiencias enoturísticas de Mendoza”. Apenas publicado, el mensaje rápidamente fue borrado.
Esa fue la alarma para la comunidad educativa que, frente al temor de represalias laborales, prefiere mantener en reserva sus nombres reconociendo encontrarse en una situación de total desamparo. De todos modos, y ante la confirmación del rumor que circulaba sobre el intento de traspaso del Palacio Ceci de la órbita del Ministerio de Educación a la Dirección General de Administración de Bienes, la comunidad educativa, asociaciones y organizaciones de la comunidad sorda e hipoacúsica y agrupaciones de vecinos del barrio de Villa Devoto que están en contra de aceptar la vulneración del derecho a la educación en detrimento de este negocio se manifestaron el pasado 2 de marzo frente a las puertas del edificio histórico bajo la consigna “La llave del Palacio no se entrega”. Es que ese mismo día se habían acercado desde el Ministerio de Educación para realizar de manera formal la quita de las llaves de la escuela con el propósito de comenzar con las obras de acondicionamiento del edificio.
Ante esta manifestación, las autoridades porteñas, además de negar que el edificio en disputa formaría parte del distrito del vino, ofrecieron abrir una mesa de diálogo que hasta el momento no ha procurado ningún acuerdo entre las partes.
En diálogo con ANCCOM Lilia, mamá de Manuela, alumna de la escuela Ayrolo, sostuvo: “Si quieren hacer el distrito del vino porque favorece a los sectores inmobiliarios y turísticos que lo hagan en otro lado. Tiene que haber otros lugares incluso más propicios. No le saquen a la comunidad sorda, parte de su historia, un símbolo emblemático y de sentido de pertenencia a la escuela pública y a la sociedad. De por sí ya cuesta conseguir espacios para el desarrollo de la educación especial. No nos quiten esto también.”
Procurando mostrar la importancia de este edificio, Lilia continuó: “Estamos hablando de un espacio que forma parte de la historia de muchas personas, de chicos y chicas que han vivido además de haber estudiado en la escuela. La comunidad sorda solo tiene dos sedes de escuela pública en la Ciudad. Pero durante mucho tiempo fue la primera y única institución educativa para sordos con lo cual funcionaba también como internado para las personas que venían desde otras partes del país. Además de ser un espacio donde tenían el primer contacto con pares sordos y no estar siempre en el medio de la comunidad oyente. Construyeron su lenguaje de señas. En el Palacio funcionaron aulas, dormitorios para hospedar a los pibes, espacios de formación docente, talleres de oficios para que los estudiantes tengan salida laboral: un montón de cosas que hacen a la identidad de la comunidad sorda e hipoacúsica en nuestro país”. Yagregó: “Mi hija entró a la escuela con siete años en 2009 y en 2010 comienza a construirse la escuela con predio nuevo al lado del edificio del Palacio. En 2016, aproximadamente, lo terminan y coincide con la falta de agua, por falta de mantenimiento, con lo cual trasladan gran parte de la escuela al predio nuevo por una cuestión elemental de sanidad. En ese entonces ya venía muy deteriorado el Palacio, se veían las manchas de humedad, se caía parte de la mampostería. En el Palacio finalmente solo quedaron funcionando oficinas, espacios de archivos, legajos, administración, gabinete y talleres de computación. Al día de hoy en el predio nuevo también funciona, y el espacio es compartido, con una escuela de nivel medio. El único espacio abierto de la escuela es el patio en común con el Palacio.” Actualmente ese patio común se encuentra vallado. El edificio está cerrado por obras de mantenimiento que estiman llevará al menos dos años y que no permiten el acceso de ninguna persona.
En 2018, por pedido de las autoridades de la escuela, se había realizado un peritaje del estado de situación del edificio cuyo expediente digital concluyó en 2019. Las autoridades de la escuela habían peticionado al Gobierno la puesta en valor del edificio con motivo del deterioro por falta de mantenimiento y por seguridad de los estudiantes, docentes y personal no docente. La puesta en valor es un programa que contempla la recuperación y ampliación de edificios históricos y patrimoniales, como así también, la mejora de las condiciones de guarda y conservación de archivos, bibliotecas y bienes culturales nacionales.
Al respecto Lilia recordó: “Siempre fui testigo, mientras se esperaban respuestas, del trabajo de la cooperadora de la escuela para poder más o menos arreglarlo. El presupuesto que le manda el Gobierno a una escuela especial es exiguo y tiene muchos condicionamientos. La cooperadora de la escuela, como pasa lamentablemente en muchos otros casos, termina siendo la ‘tapa-agujeros’ de las situaciones inmediatas. En algún momento recuerdo que se acercó alguien para pedir una parte del espacio como locación cinematográfica. Por supuesto primero hubo que pautar condicionamientos y pedir permisos porque se ingresaba a una escuela y se tomaron los recaudos posibles para resguardar a los estudiantes. Con ese dinero que entraba a la cooperadora se compraban materiales y también se realizaba alguna tarea de mantenimiento dentro de todo superficial para que no se nos cayera el edificio.”
Ante la falta de respuesta del gobierno porteño y de las autoridades responsables del Ministerio de Educación, frente a una situación de necesidad y urgencia ya que el deterioro edilicio ponía en riesgo la vida de la comunidad educativa, se presentan como último recurso legal a un proyecto de mecenazgo en 2020. La ley de mecenazgo promulgada por el GCBA en 2006 mediante la Ley N° 2264 es una propuesta de incentivo a la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales.
Lo cierto es que, desde aquel entonces a la actualidad, las acciones de la comunidad continúan procurando defender con firmeza el derecho a la educación. Que esperan una masiva participación en apoyo a sus acciones este próximo sábado 9 de abril. Y que hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades del Ministerio de Educación del GCBA solo respondieron con silencio.
Feb 18, 2022 | Destacado 5, Géneros
La decisión de la Corte santafesina, que ordenó tener en cuenta la minoridad del adolescente condenado por el femicidio, implica la reducción de la condena y se multiplicaron reclamos y apoyos. Hablan especialistas en Derecho.
El caso de Chiara Páez impulsó la primera manifestación #Niunamenos.
Estas últimas semanas se desató una controversia sobre el punitivismo, el derecho de niñas, niños y adolescentes, los reclamos del feminismo contra la violencia de género y cómo afecta la justicia a esa perspectiva. El debate surgió a partir del fallo de la Corte Suprema de Santa Fe sobre el femicidio de Chiara Páez, la adolescente cuyo crimen el 10 de mayo de 2015 dio impulso un mes después al lanzamiento del primer “Ni Una Menos”. De acuerdo a ese fallo, la condena de 21 años y 6 meses aplicada a Manuel Mansilla, entonces de 17 años, por el femicidio, deberá ser revisada por errores de inconstitucionalidad, ya que no fue utilizada la escala correspondiente a la minoría de edad, cuya pena, en los casos en que se aplica condena, es sustancialmente menor.
La Corte entendió que el reclamo de la defensa era razonable en cuanto que se le había aplicado una pena que era más alta de lo que debería y sostenía que se le debería haber aplicado un monto que va de 10 a 15 años. Como se señaló, Mansilla a esa fecha tenía 17 años y se le aplicó una condena de 21 años y 6 meses.
Chiara, también adolescente de 15 años, desapareció en Rufino luego de salir con un grupo de amigas y decirles que iba a encontrarse con su novio (Mansilla). El cuerpo apareció horas después enterrado en el patio de la casa del abuelo del adolescente quien, según la Justicia, la mató a golpes.
“Es fundamental dar con el sujeto vulnerable en los hechos y ese sujeto es Chiara -dijo a ANCCOM María Pía Dómina, feminista y abogada-. Por tres motivos: ser mujer, menor de edad y embarazada” y añadió: “No podemos ponderar la inmadurez de Manuel Mansilla como atenuante y beneficiarlo con reducciones de pena. En caso de tensión entre la Convención de los Derechos del Niño y tratados relativos a género, debemos recordar quién es la víctima y quién es el victimario.”
Domina dice sobre la cantidad de años de la condena: “Estoy lejos de alentar olas punitivistas, pero muy a favor de hacer uso de las escalas penales que ya tenemos previstas en el Código Penal” y continua: “Van a recalcular la pena. El condenado ya lleva 7 años privado de su libertad, suponiendo que le den 15 años casi tendría cumplida la mitad de la condena. Teniendo en cuenta la magnitud de los hechos, yo diría que 25 años es la pena máxima que puede aplicarse en este caso. Estamos hablando de un hombre que mató a puñaladas a una mujer embarazada y la enterró en el patio de la casa de su abuelo. Hay que tener en cuenta que no se puede exigir prisión perpetua porque su aplicación está vedada a los menores de edad por los tratados internacionales”.
Por su parte, Claudia Cesaroni, que actuó como defensora de los casos de menores que fueron condenados a prisión perpetua y que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó en este caso no estar de acuerdo con el término “La justicia machista” porque “es una mirada que no es integral. La justicia debe tener perspectiva de género y perspectiva de infancia. Este es un caso muy importante, y aún más como lo resolvió la Corte de Santa Fe, porque se cruzan en un mismo hecho dos personas que pertenecen a grupos particularmente vulnerados en sus derechos: La niña asesinada y el niño que comete el delito. Y digo niños porque la Convención de Derechos del Niño dice que niño es toda persona menor de 18 años. Es decir, ambos son niños. La víctima y el victimario”
En los hechos comprobados durante el juicio, Mansilla le sacó el chip al celular de Chiara y lo activó en otro dispositivo a 20 cuadras para que no encontraran el cuerpo, llamó a la madre de la víctima luego del asesinato para decirle que Chiara no fue a su casa, organizó un asado mientras se hacían los rastrillajes y mintió repetidas veces en su relato sobre cómo la asesinó.
Para incorporar el relato en el debate, Cesaroni sostiene que hay que entenderlo en un contexto distinto que si hubiera sido cometido por un adulto: “No es que hay que dejarlo impune, no está impune. No se está hablando de impunidad. Se está diciendo que por la condición jurídica de niño tiene que tener una pena determinada que está establecida legalmente, que eso no es `nada`. Son de 10 a 15 años para una persona que al momento de los hechos tenía 17. Estamos hablando casi los años que él tenía de vida cuando cometió el hecho, no es poco tiempo de cárcel y condena.”
La Argentina fue condenada por imponer penas de prisión perpetua a adolescentes y todavía hay penas muy altas para personas que cometieron delitos antes de los 18 años lo que hace que el contexto para la discusión sea más engorrosa porque se trata de dos grupos que suelen ser vulnerados en sus derechos constantemente por el Estado a la hora de presentarse frente al Poder Judicial.
“Este caso está determinado en nuestro Código Penal -explica Cesaroni- en armonía con el Régimen Penal de la Minoridad, la Ley 22.278 que establece que los jueces que decidan condenar podrán aplicar la misma condena que un adulto o la pena prevista del delito que se trate. Ese ‘podrán’ qué instala la ley, desde que nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño con jerarquía constitucional ya no es una opción, es una obligación. Hay que aplicar siempre la pena más baja, la pena más leve”, argumentó Cesaroni.
La especialista hizo hincapié en que en Argentna no hay un sistema penalmente pensado de manera retributiva: “Como vos me sacaste la vida yo te saco la tuya, por eso no hay pena de muerte en nuestro pais”. También explicó porqué es importante que niños y adolescentes tengan un trato distinto al de un adulto a la hora de ser juzgados: “Una persona a los 17 puede ser una y a los 24 otra porque se puso de novio, porque tuvo un hijo, porque entendió la vida de diferente forma. Cualquier persona común, con la diferencia de que no comete delitos graves, no repite las cosas que hizo en su adolescencia en su adultez por la maduración que genera el proceso de crecimiento. El Estado debe revisar el sentido de tenerlo preso, eso no funciona así en los adultos, pero en los adolescentes está puesto en la normativa internacional. Lo que pasa es que muchas veces no se tiene en cuenta lo que indica la normativa de derechos humanos respecto a los jóvenes que cometen delitos. Lo que hace el fallo, cuando cita toda la normativa en la que se basaron los jueces, debería aplicarse más seguido de lo que se lo hace”.
El fallo de la Corte disparó reclamos. Algunos, desde el propio Estado. La Ministra de Géneros y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, publicó un comunicado en sus redes sociales sentando posición: “La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la condena impuesta a su femicida ante el pedido de inconstitucionalidad presentado por la defensa, y el mismo será juzgado como menor. En este difícil momento, nos hemos comunicado con la familia de Chiara para ponernos a disposición dentro de las facultades que nos conciernen como Ministerio. Será indispensable, cada día, seguir trabajando en una aplicación efectiva de la #Ley Micaela en articulación con todas las instituciones de nuestro país”.
Y se recordó que el Estado argentino asumió el compromiso de juzgar con perspectiva de género al ratificar el tratado de Belém do Pará cuyo objeto es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, Domina señaló en disidencia con Cesaroni: “No puede primar una ley y desvirtuar este tratado. Además, la Ley de Régimen Penal de la Minoridad dice: ‘Pudiendo reducirla (la pena) en la forma prevista para la tentativa’. Entonces, la reducción de la pena es opcional. Se admite la posibilidad de que los jueces descarten la reducción prevista en el Artículo 4 de la Ley 22278. ”
Es un caso con mucho cruce para la justicia porque están en juego los derechos firmados en la Convención de los Derechos del niño y los derechos protegidos en el tratado de Belém do Pará.
Domina explicó sobre el tratado de Belém do Pará: “Este dice muy claramente que los Estados deben establecer procedimientos legales justos y actuar con la debida diligencia para sancionar la violencia contra la mujer. Los magistrados no pueden seguir ajenos a la normativa en materia de género y tampoco pueden seguir buscando artilugios legales para beneficiar a los femicidas”.
El debate no es nuevo. En su carta orgánica de 2017, el colectivo de Ni Una Menos incluye un apartado sobre “Antipunitivismo” que dice que mientras las mujeres siguen siendo vulneradas por parte del Estado “la cuenta de los crímenes crece y se nos ofrece más mano dura” y añaden que: “El crecimiento de los discursos punitivistas desde el Poder Ejecutivo y Legislativo y la sanción de leyes que agudizan la crisis humanitaria de las cárceles y proponen el endurecimiento de las penas agravan nuestra situación”. En el apartado el colectivo de Ni Una Menos concluye: “No vamos a permitir, y lo sostenemos en nuestras intervenciones, que tomen las muertes como coartadas justificadoras de la violencia institucional. Tampoco vamos a dejar de señalar la complicidad judicial en la desprotección de las mujeres que denuncian, ni la del Ejecutivo cuando recorta políticas que podrían evitar las violencias… La contracara del punitivismo está en todo lo que el Estado elude hacer, y eso también es política.”
Silvia Gabriela Lospennato, politóloga y diputada nacional por el PRO, que votó a favor de la ley de la IVE apuntò que “el derecho en este y en todos los casos tiene que ser una interpretación que balancee los derechos que hay que proteger y muchas veces hay discordancia entre los regímenes legales y para eso está el juez, para zanjar estas interpretaciones y aplicar la ley correcta”.
La diputada se centró en el actuar de la justicia que ya lleva un proceso legal para definir una condena firme hace casi 7 años: “Si acá había un problema de derecho que era aplicable es claro que hubo un error de los jueces en todo este proceso. ¿Por qué llegar a esta instancia? ¿Dónde falló el procedimiento antes?. Si tiene que llegar a la instancia del máximo tribunal para darse cuenta que había que juzgarlo en su condición de menor se perdieron muchos años en los que la justicia trabajó mal. El haber dado una sentencia que termina siendo revertida en una instancia superior por un dato que a una le hace preguntarse: ‘¿no conocían la edad del homicida a la hora de juzgarlo?´ Porque ese era un dato que no es que pueden decir que apareció luego o que no pudieron tener en cuenta. ¿Cómo puede ser que se hayan pasado tantas instancias y no se haya contemplado la edad al principio del proceso?”
Lospennato concluyó sobre este caso en particular que se debe tener en cuenta lo simbólico que es el caso de Chiara como sucedió con el caso de Fardin, llegar hasta esa instancia para que digan “‘Bueno. No es la jurisdicción que corresponde’. No es posible. Las víctimas o sus familias no tienen que atravesar años de proceso re victimizantes para terminar en estas situaciones. La justicia tiene que revisar su procedimiento, incorporar perspectiva de género también es pensar cómo afecta todo este proceso a las víctimas, que son las mujeres que sufren la violencia o sus familias en los casos de los femicidios”.
Dic 28, 2021 | Culturas, Destacado 1, Entrevistas
El próximo sábado 13 David Lebón se presentará en el mítico estadio Obras, el templo del rock porteño, en un show al aire libre con público presencial, bajo la modalidad de burbujas de entre dos y seis personas, de acuerdo a los protocolos establecidos ante la pandemia de coronavirus.
Se trata del regreso de Lebón al famoso reducto en el que protagonizó memorables conciertos, como los realizados con Serú Girán o en las presentaciones de sus discos solistas en los años 80, por citar apenas algunos casos. “Siento felicidad, absoluta felicidad de volver. Tengo mucha historia en Obras, tanto con bandas como en mi etapa solista. La gente me lo hace saber a través de redes sociales, son muchos los que alguna vez estuvieron presentes en aquellos shows y ahora tienen la posibilidad de regresar en otro contexto”, señala.
De esta manera, el artista continúa con una intensa actividad iniciada con el aclamado disco Lebón & Co., cuando se vistió de gala para lucirse recorriendo toda su trayectoria musical en un desbordado Teatro Colón, con invitados de lujo. Y luego vinieron las ocho nominaciones para los Premios Gardel 2020. De ellas, Lebón ganó en seis categorías, entre ellas el Gardel De Oro con el cual obtuvo el reconocimiento unánime del público y de la industria. Fue el reconocimiento tan esperado para este talentoso multiinstrumentista que ya lleva 50 años de carrera en los que tocó con todos los grandes del rock nacional, en bandas como Pappo´s Blues, La Pesada, Color Humano, Pescado Rabioso, Sui Géneris, Polifemo, Seleste, Serú Girán. Por supuesto, también brilló como solista. Cuando le preguntan qué le quedó pegado luego de haber tocado con mitos de nuestro rock como Pappo, el Flaco Spinetta y Charly, David acota divertido: “El nivel de la comedia… jajaja”.
Este primer show de 2021 se realizará en el estacionamiento de Obras, con todas las medidas de seguridad que esta época pandémica requiere “El show –cuenta- va a ser con mi banda, con canciones de todas mis épocas. Hacer las listas siempre es difícil, pero estamos en eso. Por otra parte, va a ser con todos los protocolos, con capacidad reducida, para que todos los que vengan estén seguros. Y para la gente del interior o que no pueda llegar a Obras está la opción del streaming.”
En un momento de pleno éxito, como es este presente de Lebón, muchos tendrían problemas egomaníacos, pero él, dice que actualmente se maneja con el ego “igual o mejor que siempre. Es pelea tras pelea, pero siempre gano yo”, se ríe.
Y luego de tantas idas y vueltas, con virajes geográficos incluidos y de haber salido de algunas adicciones que lo tuvieron a maltraer en varias etapas de su vida, lo que David no perdió es el amor a la música y ese vértigo que lo hace seguir subiendo a un escenario cuando muchos colegas suyos piensan en el retiro: “Tengo que ser sincero y decirles que hubo dos personas que me ayudaron a hacer todo esto realidad: mi compañera, Patricia Oviedo, y mi creador.”
Lebón presentará en el estacionamiento del Estadio Obras su último disco.
¿Ahora es más difícil llegar a ser conocido que antes? ¿Qué le recomendás a los chicos de los grupos que recién empiezan?
En realidad, no hay que ser conocido ni llegar, lo importante es tocar con el corazón, por eso vas a ser reconocido.
Como compositor, ¿qué canción creés que es la que más te representa de todas las que hiciste?
Son muchas, muchas… Pero si tengo que elegir una es “Y me sucedió a mí” [del disco Si de algo sirve, 1985].
Juguemos. ¿Nunca se te ocurrió pensar qué tema de otro te hubiera gustado componer a vos?
Sin dudas, “Laura va”, del primer álbum de Almendra.
¿Pensaste en escribir tu biografía?
Sí. Es un proyecto que tengo en mente. Mientras tanto quiero seguir tocando hasta que se me doblen los dedos. Por ahora estoy armando un Lebón & Co., Volumen II.
Dic 17, 2021 | DDHH, Destacado 3
Los estudios realizados sobre el cuerpo sin vida de la joven detenida por violar la ASPO no condicen con la versión policial. La perita Mónica Checchi explicá por qué.
Florencia Magalí Morales tenía 39 años y vivía en San Luis con sus dos hijos menores y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, quiso ir al supermercado pero la detuvieron por violar el ASPO y, horas después, perdió la vida en la comisaría. En agosto pasado, se realizó una nueva pericia como parte de la investigación que investiga la muerte de la joven mendocina.
«Realicé la reconstrucción fáctica de las últimas horas de Morales. Asimismo, analicé las distintas hipótesis de su muerte y las contrasté con las pruebas que constan en el expediente», comenta Mónica Checchi, criminalista con más de 30 años de experiencia, participante de la pesquisa.
La mañana del 5 de abril de 2020, Magalí Morales salió de su domicilio para comprar alimentos. Antes, decidió pasar por la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a Javier Sosa, un amigo que trabajaba allí. «A las 9, la cámara del banco Supervielle la captó a bordo de una bicicleta. Luego, dejó el vehículo en el pavimento y entró a la seccional. Con esta prueba, se desestimó la versión policial que afirmaba que la habían detenido en la calle», relata la perita.
Morales accedió a la dependencia por la entrada principal, habló con Marcos Ontiveros y pidió ver a Sosa. La cámara registró al entonces comisario, Heraldo Clavero, caminar hacia la sede policial «con la cabeza gacha y el paso rápido», afirma la criminalista y agrega: «En ese momento, ingresó Clavero y ordenó demorarla por circular en contramano y hacer caso omiso a la llamada de atención que le había efectuado, previamente, en la vía pública. Y por transitar, durante el ASPO, un día que no le correspondía según su DNI».
Para proceder con la detención, se convocó a la efectivo Johana Torres, quien arribó a la seccional a las 9:15. El comisario mandó a esposar a Morales para llevarla al Hospital Santa Rosa, pero ella se resistió. Expresa Checchi: «En el forcejeo intervinieron Clavero, Torres, Ontiveros y Mansilla. Una vez reducida, la trasladaron al hospital para la revisión. La doctora que la examinó, Daniela Fogel, constató que no presentaba ningún tipo de lesión en su cuerpo y que podía mantener un diálogo normalmente».
Al regresar a la dependencia, Torres le ofreció una silla a Morales y se quedó con ella hasta la llegada de la oficial María Eugenia Argüello. Las agentes le incautaron sus pertenencias y, luego, la escoltaron hasta la celda. «Cuando Argüello entró a la comisaría, Clavero le ordenó requisar a la detenida y llevarla a un calabozo. Le extrajeron las llaves y los cordones de las zapatillas y, en el trayecto, tomaron dos fotografías del estado y vestimenta de la joven», sostiene la experta.
Morales permaneció encerrada, totalmente incomunicada, en una celda sucia, oscura y húmeda. «Las condiciones del recinto eran deplorables, además, el tipo de puerta imposibilitaba la visión inmediata de la detenida», dice Checchi y añade: «Otro demorado fue obligado a orinar en el calabozo donde, seguidamente, iba a ingresar ella. Tampoco le permitieron llamar a sus familiares. Sólo una amiga logró hacerle llegar alimentos y una mochila con ropa. Esos elementos y la tarjeta de débito, jamás aparecieron».
Otros aprehendidos escucharon los reiterados gritos de Morales para ser liberada, pues sus hijos de 8 y 11 años y su nieta de 3 estaban solos en su casa esperando que ella volviera del supermercado. «Pidió y rogó, durante al menos ocho horas, que la dejaran retornar a su domicilio. También, solicitó la asistencia de Argüello por manifestación de sangrado menstrual y dolores lumbares. A las 18, trasladaron a los demás detenidos y, a partir de ese momento, ella quedó sola en ese sector de la comisaría», cuenta la perita.
Argüello declaró que al acercarse al recinto de enclaustramiento, alrededor de las 19, encontró a Morales sin vida e inmediatamente fue a dar aviso al comisario. En palabras de la especialista: «La oficial dijo que la joven se encontraba sentada o en cuclillas, colgada de un cordón negro, sujetado desde el herraje de la bisagra superior de la parte interna de la puerta. Clavero llegó y dispuso el cuerpo en el piso. Posteriormente, Ontiveros le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)».
Los efectivos alteraron el lugar del hecho, al menos, en cuatro ocasiones.
Los efectivos alteraron el lugar del hecho, al menos, en cuatro ocasiones. «Movilizaron el cuerpo, a pesar de conocer la importancia de preservar la escena del crimen», asevera Checchi y sigue: «En primer lugar, Argüello, al empujar la puerta para entrar a la celda. Luego, Clavero, al extenderlo en el suelo. Después, Ontiveros, al aplicar RCP. Además, modificaron la disposición de la campera, los alimentos y la mano izquierda de la víctima».
Los traslados esparcieron los fluidos a otras zonas respecto de las originales. Las manchas de orina encontradas en el cuerpo, las prendas de vestir y el piso del calabozo, no resultan compatibles con la posición que debería haber tenido Morales al momento del presunto suicidio. «Los detalles de la impregnación no aseveran la postura en cuclillas o sentada, con su rostro y su costado izquierdo hacia la puerta, como declararon los agentes. En realidad, ella se hallaba erguida, hacia la derecha, de espaldas a la puerta», declara.
Asimismo, hubo discordancias acerca de las características del cordón negro incautado. Tal como afirma la experta: «El nudo es imprescindible para poder sostener a una persona y, en este caso, hubo ausencia del mismo, tanto desde el herraje de la puerta como alrededor del cuello. Sobre la ubicación del cordón en la bisagra, en las imágenes de la Instrucción Policial figura por debajo del herraje y en las de la Policía Científica, por encima. Este elemento, además, no pertenece a las prendas o el calzado de la damnificada».
Si bien las lesiones del cuello son compatibles con asfixia mecánica producida por el cordón, «el daño al nivel del cartílago cricoides y la oblicuidad del trazo no son signos exclusivos de ahorcamiento suicida. Se observó la existencia de dos surcos, uno corto y otro más extenso. Éste último tenía un espacio con doble marca a la altura de la tráquea, indicando el intento de la víctima para retirar el elemento constrictor y abonando, aún más, la posibilidad de estrangulamiento», revela.
«El deceso de Magalí Morales, por tratarse de una muerte en custodia, debió ser investigada en primera instancia como homicidio y no a la inversa», asegura la entrevistada y finaliza: «Mi informe concluye que todos los signos analizados, a la luz del conjunto indiciario colectado, evidencian la inviabilidad de la hipótesis suicida y conducen a la hipótesis homicida, en el mejor de los casos, apoyada por la desidia estatal».
El informe de Mónica Checchi coincide con la segunda autopsia realizada por la médica forense Vanina Elizondo, en noviembre de 2020, la cual constató la violencia física que padeció Morales durante la detención y, a su vez, descartó la posibilidad de suicidio por ahorcamiento, debido a la ausencia de fractura del hueso hioides.
«Esta nueva pericia ha sido contundente y, por ello, hemos solicitado al juez Jorge Pinto la ampliación de la indagatoria y el procesamiento por el delito de “homicidio agravado”. Hasta el momento, hay cuatro policías imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, es decir, por delitos menores», cierra Santiago Calderón Salomón, uno de los abogados de la familia Morales.
Dic 14, 2021 | Destacado 1, Vidas políticas
A casi dos décadas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, los responsables de los asesinatos de las 38 víctimas siguen sin prisión efectiva. Durante los últimos días las penas fueron ratificadas y el presidente se comprometió a presentar un proyecto de ley de reparación. Los familiares de las víctimas subrayan la necesidad de mantener viva la memoria.
Las jornadas represivas del 19 y 20 de diciembre de 2001, tras la declaración del estado de sitio, dejaron un saldo de 38 muertos en todo el país. La celeridad de la renuncia del por entonces presidente Fernando De la Rúa, escapando en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada, no se tradujo en el plano judicial, donde tuvieron que pasar casi quince años para una primera sentencia por los asesinatos de Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Alberto Márquez y Gastón Riva, todos asesinados en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Veinte años después, familiares y amistades de las víctimas siguen reclamando contra la impunidad de los responsables. “Nuestras historias son todas bastante parecidas, a pesar de ser muy diferentes. Se encadenan en la gran injusticia que se ha cometido con esta parte de la historia”, gráfica en diálogo con ANCCOM María Arena, pareja de Riva.
Al inicio de este mes, convocaron a una conferencia de prensa frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. El jueves 9, al mediodía, comenzaron a concentrarse y a adherirse referentes de diversas organizaciones y también estuvo presente Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. “Estamos reclamando que el Poder Judicial haga su trabajo y ponga al día las causas que están atrasadas que, como paradoja, tienen que ver siempre con proteger genocidas, miembros de las fuerzas y responsables civiles y económicos de la última dictadura”, afirmó.
El 23 de mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictaba una sentencia histórica. Por primera vez el Poder Judicial consideraba que funcionarios políticos eran penalmente responsables por las consecuencias de dar la orden de reprimir la protesta social. “No hay antecedentes en el país y en la región”, pondera Rodrigo Borda, abogado de las familiares de las víctimas y parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Las condenas fueron para José Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, Rubén Santos, Norberto Edgardo Gaudiero y Raúl Roberto Andreozzi, cúpula de la Policía Federal, y para otros cinco efectivos de la fuerza de seguridad.
Sin embargo, la sentencia también dejaba un sabor agridulce: Dos agentes fueron sobreseídos, seis absueltos y otros tantos no pudieron ser identificados. Pero, sobre todo, el exministro del Interior, Ramón Mestre, no llegó a juicio por haber fallecido en 2003 y al expresidente Fernando De la Rúa la Corte Suprema de Justicia le ratificó el sobreseimiento, en mayo de 2015. Meses después, el CELS haría una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los límites del estado de sitio y fijar estándares sobre el uso de la fuerza en manifestaciones que aún hoy sigue vigente. “No se habla mucho de Domingo Cavallo”, asegura Arena y subraya: “Fue gran responsable, con sus políticas económicas, del estallido social”.
En 2020 la Sala I de la Cámara de Casación confirmó las sentencias pero ordenó volver a fijar las penas. Este año se bajaron seis meses y otra vez fueron revisadas por el tribunal de segunda instancia, conformado por Daniel Petrone, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña. “El Poder Judicial nos siguió disparando”, retrata Karina Lamagna, hermana de Diego, sobre el recorrido y la demora de estos años. Gracias a la presión generada, el 13 de diciembre ratificaron las penas, aunque los condenados, que sostienen que ya están prescriptas, no irán presos porque todavía pueden intentar acudir a la Corte Suprema de Justicia. “Van a intentar seguir dilatando su llegada a la cárcel, pero los recursos deberían ser rechazados al igual que el presentado por Andreozzi hace un tiempo”, argumenta Arena. “Es un paso más, pero aún falta. Estamos convencidos de que nuestra batalla por memoria, verdad y justicia es legítima y que será hasta el final”, asegura Lamagna sobre el reciente fallo.
El primer día de este mes, el presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada, junto a Pietragalla Corti y a Emiliano Quinteros, director de Gestión de Casos de Violencia Institucional, a un grupo de familiares de víctimas. Además del accionar judicial, el principal tema de conversación fue la aprobación de un proyecto de reparación integral. “La respuesta estatal ha sido siempre lamentable”, expresa Arena. Son prácticamente nulas las familias que han obtenido algún tipo de desagravio, siendo casi inexistente la relación, intervención, y asistencia a las mismas.
El primer proyecto en ese sentido fue impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2004. Contemplaba el otorgamiento de montos indemnizatorios en el caso de lesiones leves y graves, así como reparación económica a los relativos de las víctimas asesinadas. No obstante, perdió estado parlamentario por falta de voluntad política. Se trata, para Arena, de “una página muy incómoda para cualquier gobierno y sector político”, y coincide con Lamagna en que, más allá de las familiares y el CELS, “ha faltado mucho el Estado” y en general las “han dejado solas”. “Ha sido siempre lastimosamente individual”, sentencia.
Durante la reunión, Fernández se comprometió a impulsar una iniciativa que termine de consumar la reparación, incluyendo a la totalidad de las 38 víctimas. “Ha demostrado gran predisposición”, desliza Arena. La promesa del principal mandatario es “volver a redactarlo, presentarlo en los próximos días y seguir hasta las últimas consecuencias”. Al igual que en 2004, lo más importante es que “es la forma que el Estado tiene de decir «somos culpables, somos responsables, nosotros fuimos»”.
A 7.300 días, los responsables todavía no tienen prisión efectiva y las familiares están sin compañía de quien debería encargarse de reparar. Fueron casi veinte años, desde la recuperación de la democracia, cuando el mismo Estado argentino descargó su violencia sobre sus propios ciudadanos. Son casi veinte años sin sentencia firme. “Recién ese día vamos a empezar a sanar”, dice Arena. Veinte años es demasiado tiempo.
¿Cómo se llega a este punto? “Tengo la solicitada del radicalismo a favor de Mathov”, recuerda María. Con la impunidad de los represores de la dictadura, como Jorge Varando, asesino de Benedetto. Con la devaluación de las penas, que esclarece “el valor que tiene la justicia del sufrimiento de las víctimas”, explica Borda. Con la mesa judicial del macrismo, señala Pietragalla Corti. Sobre todo, con una sociedad que, veinte años después, opta por ser representada por las mismas figuras, como Ricardo López Murphy, quien fuera quince días ministro de Economía, entre otros, o por otras que las reivindican, como Javier Milei y su admiración por Cavallo.
El camino -señalan- debe ser mantener al 2001 vivo en la memoria, en las “luchas que limitan la criminalización de la protesta”, postula Lamagna. La única forma es difundiendo aquellas jornadas, que sean “parte de los libros de historia” sosteniendo los “símbolos que nos acerquen a un homenaje”, agrega Arena. Por lo pronto, el 20 de diciembre se llevará a cabo en Ciudad de Buenos Aires un acto conmemorativo, con colocación de placas incluida, y en paralelo a actividades similares en todas las provincias, sobre todo Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán, donde ocurrieron el resto de los asesinatos.
