Este fin de semana se realizó el V Encuentro Federal de Derechos Humanos en el Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA) con más de mil asistentes y representación de todas las provincias. El fusilamiento de Lucas González fue uno de los temas que atravesó las distintas temáticas.
Desde las 9 de la mañana del sábado 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, tuvo lugar en el Espacio para la Memoria (ex ESMA) el quinto Encuentro Federal de Derechos Humanos. Con la participación de más de mil representantes de todas las provincias, los debates se produjeron al interior de once comisiones, entre las que se destacaron violencia institucional, juicios de lesa humanidad y pueblos originarios. El objetivo es “nutrirse de los reclamos” en la materia, según afirmó Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos (DDHH) de la Nación, nieto restituido y principal organizador del evento.
Con los resultados de las elecciones en la memoria y como descripción del espíritu del Encuentro, uno de los oradores de la mesa de apertura, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, señaló que la “democracia no se regala, se construye, y todos somos responsables”. Estuvo acompañado por Pietragalla Corti y Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja. En este punto, pensando en figuras opositoras electas, Pietragalla Corti sentenció: “Vamos a hacer todo lo posible para que quienes no reconozcan que en este país hubo delitos de lesa humanidad no puedan asumir en el Congreso”. Catorce años atrás, el 20 de noviembre de 2007, la Armada desocupaba definitivamente las instalaciones de la ex ESMA y se firmaba el convenio de creación del Ente Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
La primera edición del Encuentro se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, impulsado por Pietragalla Corti, por ese entonces en el mismo cargo pero en la provincia de Santa Cruz. “Estábamos en el negacionismo”, recordó el “Pocho” Brizuela sobre el contexto, y describió: “Fue un alivio, estábamos vivos y luchando, nadie bajó las banderas”. En los años sucesivos, se trasladó al predio de Avenida Libertador al 8151 y la cuarta edición tuvo lugar de manera virtual debido a la pandemia. La promesa de regionalizar fuera de Buenos Aires está para 2022. “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, subrayó el hecho de que se haga “presencial y bajo un gobierno nacional y popular”. Del evento también participaron, el exvicepresidente Amado Boudou, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la exprocuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, y Eduardo Jozami, detenido durante toda la última dictadura militar, entre otros referentes.
Un encuentro atravesado por Lucas
Del comienzo al final, pasando por la mayoría de las comisiones, el asesinato de Lucas González estuvo presente. Por ello el edificio Cuatro Columnas, donde se expuso sobre violencia institucional, fue uno de los más convocantes. Hubo dos cuestiones que se repitieron: la cantidad de familiares que perdieron a una persona producto del accionar represivo, que revivieron su historia durante la última semana por el caso del joven futbolista; y las muchas deudas pendientes a pesar del camino recorrido, como la falta de acceso a la justicia. “Es el tiempo de que los gobiernos hagan las cosas que tienen que hacer”, afirmó Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, desaparecido y asesinado durante su viaje de egresados en Mendoza en 1997.
Ante la moderación de Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, también hablaron representantes de distintas delegaciones y organizaciones de derechos humanos de variadas provincias con una larga lista de reclamos y medidas. Desde Chaco, por ejemplo, propusieron que “el Poder Judicial se siente en la discusión” y que la “reparación no sea sólo por vía judicial, sino también económica, simbólica y psicológica”. Gustavo Melman, padre de Natalia, secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar, pidió que los oficiales no se lleven el arma tras cumplir el horario laboral y que se realicen un examen psicofísico de manera anual. Además, alertó sobre la realización de juicios por jurado para este tipo de casos dado los sentidos comunes que imperan en nuestra sociedad.
Marcela Gutiérrez, por Salta, denunció el funcionamiento de cuerpos infantiles de la policía y, como muestra de que la violencia institucional abarca más que el accionar de las fuerzas de seguridad, también refirió a que sólo hay “19 médicos no objetores de conciencia” en su jurisdicción para llevar a cabo una interrupción legal del embarazo (ILE). En la misma línea, familiares de víctimas del abandono de IOMA, la obra social del Estado bonaerense, buscan visibilizar la situación y ser recibidos por el gobernador Axel Kicillof y los organismos de derechos humanos para que se encuentren soluciones.
Acelerar a la justicia
En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se debatió sobre juicios de lesa humanidad, con el aporte de Ivana Aguilera, ex presa política, Adriana Taboada, perito psicológica e integrante de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Guadalupe Godoy, abogada querellante, y Diego Vigay, fiscal en la materia. El principal tema fue la importancia de acelerar los procesos, a partir del deterioro y fallecimiento de imputados, así como también de sobrevivientes. Para Taboada el envejecimiento de genocidas no es sólo un recurso legal para eximirse, sino que constituye una realidad biológica natural. El fondo de la discusión fue acerca de dichos espacios como disputa de sentido, tal como representaron los Juicios por la Verdad, más allá del fin último de la condena penal.
Por su parte, Claudia Cesaroni, abogada querellante en la causa por la Masacre en el Pabellón Séptimo, hizo hincapié en la figura de los presos comunes como víctimas de delitos de lesa humanidad, tanto durante el terrorismo de Estado como en la actualidad. Al respecto, uno de los ejes temáticos fue la visibilización de los colectivos que no fueron incluidos específicamente en los juicios, como la comunidad LGBTIQ+ o quienes fueron víctimas de delitos sexuales. También se abordó el aporte de información a los procesos judiciales y su búsqueda en archivos existentes, instancia que se convirtió en espacio de intercambio de experiencias de relevamiento, tal como es el proyecto Desclasificados, donde se enfatizó en la importancia de construir una red que pueda articularlas.
Otra de las comisiones destacadas fue la de pueblos originarios, que a su vez se transmitió por la página de Facebook del Encuentro Plurinacional de Argentina. El foco estuvo puesto en la prórroga de la Ley 26.160 que prohíbe que sean desalojados de los territorios en los que viven. En paralelo, el acampe en Plaza de Mayo, al igual que cuatro años atrás, intentó ser levantado por la Policía de la Ciudad, pero fue evitado por la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos.
En unidad por lo que falta
El cierre del evento comenzó antes de la caída del sol con el reconocimiento a Alfredo Moffat y Alicia Stolkiner por su rol en materia de derechos humanos y salud mental. El panel fue conformado por los ya mencionados Almeida y Pietragalla Corti, por Santiago Ozuna, hijo de Renzo, miembro fundador de HIJOS, “Lita” Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Norma Díaz, madre de Camila Arjona, asesinada por la espalda por la Policía Federal. Todos coincidieron en la necesidad de la unidad y el acompañamiento para defender y conquistar derechos.
“Se está cumpliendo el ‘mate primero, después pregunte’ de Patricia Bullrich”, condenó Almeida, en la misma línea que Ozuna, quien reclamó que no se puede dejar que “la derecha sea quien hable y robe discursos y banderas” de los derechos humanos. Otra vez, el fusilamiento de Lucas González se hacía presente. “Así como las Madres de Plaza de Mayo caminaron pidiendo justicia, ahora las Madres en Lucha caminamos detrás de ellas reclamando por nuestros hijos”, deslizó Díaz.
“La violencia institucional es una problemática que atraviesa a todas las provincias y a todas las fuerzas de seguridad”, sostuvo Pietragalla Corti sobre el final. El comunicado conjunto se difundirá por las redes sociales de la Red Federal por los Derechos Humanos, pero el principal punto del Encuentro fue respaldar el proyecto de Ley Contra la Violencia Institucional, que perdería estado parlamentario a fin de año y, entre otras cuestiones, propone una reforma integral de los planes de formación y darle voz a familiares en la capacitación de la policía. “De nada nos sirve que las autoridades de la Ciudad lamenten la muerte de Lucas si después no dan quórum para que se trate”, sentenció el Secretario.
