¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció el desarrollo de energía verde en la Argentina. La provincia de Río Negro preparó su terreno y legislación para la producción, en asociación con una empresa australiana. Qué demora el desarrollo de lo que algunos denominan energías limpias.

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció la mayor inversión de la historia Argentina en energías limpias. El ex jugador de rugby Agustín Pichot, representante de la firma australiana Fortescue Future Industries, aseguró por entonces que la idea era empezar a producir hidrógeno verde a finales del 2024. Las expectativas fueron enormes, pero ¿qué pasó con el hidrógeno verde?

“El hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica. En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente la emisión de carbono en el mundo”, celebró el ex presidente Alberto Fernández en su discurso durante la cumbre contra el cambio climático realizada en Escocia en 2021. El desarrollo implicaba una inversión de 8.400 millones de dólares de la firma Fortescue Future Industries originaria de Australia, fuertemente fogoneada en los medios por el ex-capitán de los Pumas, Agustín Pichot, como una oportunidad histórica para el país. Las expectativas generadas en ese momento fueron enormes: ¿pero qué se hizo en estos años?

La “energía del futuro”

El hidrógeno verde (H2v) es conocido popularmente como “la energía del futuro”, algo que paradójicamente, se repite desde hace décadas. Para extraer el hidrógeno se usa agua dulce limpia y energía proveniente de molinos de viento o solar: de allí que se lo considere “verde”. La energía se utiliza para producir la electrólisis, un método que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno (H) del oxígeno (O) que hay en las moléculas de agua (H2O). Para utilizarlo, el hidrógeno se combina nuevamente con oxígeno para que libere la energía que puede ser utilizada, por ejemplo, para un motor.

El resultado de ese proceso es, claro, agua. La ventaja de esta energía es que no emite gases contaminantes durante la combustión y el proceso de producción, pero como indica Alejandro Machado, Licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires “uno de los desafíos que se impone es su almacenaje y transporte dado que, es altamente explosivo”.

Otra cuestión preocupa a Machado: ¿qué tan verde es el hidrógeno verde? El Miembro del Consejo Asesor de la carrera de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA se refiere a que, en un primer análisis, puede ser considerado “verde” por la fuente de energía utilizada, pero yendo unos pasos más atrás vale preguntarse con qué fueron construidas las aspas del generador eólico, su parte mecánica, el generador, su torre de acero, su base. Lo mismo puede decirse sobre los paneles solares, sus componentes, su superficie de vidrio o policarbonato, como se obtuvo el cobre o aluminio de cables y componentes eléctricos.

Se suele escuchar que el mundo está comenzando a demandar un nuevo modo de portar energía para reemplazar el petróleo y el gas, por lo que el hidrógeno, como el elemento con la mayor densidad de energía, es un “motor natural” para esto. Si bien las tecnologías para aprovechar el hidrógeno son una promesa de larga data, en estos últimos años comenzaron a verse señales desde el mercado sobre que el hidrógeno tiene futuro en el corto, mediano y largo plazo.

Una oportunidad para Río Negro

La ex gobernadora de Río Negro Arabela Carreras comenta en el libro sobre hidrógeno verde publicado por la provincia que desde el año 2020 junto con Nación comenzaron un proceso proactivo de búsqueda de inversiones. Para ello recurrieron a científicos, tecnólogos y luego contrataron al instituto alemán Fraunhofer para un estudio de perfectibilidad que brindó una mirada externa de las ventajas del territorio patagónico y fue así que el ex ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas puso en contacto a las partes interesadas. Luego desde la legislatura provincial se sancionaron dos leyes fundamentales: la que establece las condiciones para llevar adelante el proceso de licitación pública de alrededor de 625.000 hectáreas para el estudio y el emplazamiento de un parque eólico y construcciones necesarias para la producción y, por otro lado, se aprobó la creación de un Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro, que se denominó “Corporación Punta Colorada”.

Desde la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro explicaron a ANCCOM que el plan estratégico de hidrógeno verde es el primero en el país y que se está aguardando para su desarrollo la aprobación de un marco regulatorio federal. Además, dentro de sus posibilidades, recientemente, se han impulsado algunos cambios normativos para alentar la concreción del proyecto, como la celebración de un contrato entre Eólic Rionegrina SA (sociedad estatal) y Fortescue Future Industries con el objetivo de avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, que recibió sanción en la legislatura provincial: Ley 5672. El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti manifestó en diversas entrevistas que “esto generará mano de obra y trabajo genuino. Este tipo de inversiones van a traer mucho trabajo en la instalación y la consolidación del parque eólico, siendo una excelente noticia para las y los rionegrinos”.

En Argentina, específicamente en Río Negro, se dan condiciones naturales únicas para convertir la provincia en un actor clave del hidrógeno verde. Para esto se creó la “Mesa de Hidrógeno Verde Rionegrina” mediante Decreto Provincial 342/21. Se trata de un órgano transversal e interdisciplinario, cuya función es “acordar y definir políticas públicas activas y sostenidas en materia de ciencia, innovación, investigación y desarrollo de hidrógeno verde, como así también proyectos de inversión productiva”.

La mayor parte de lo producido se espera que sea exportado a los países en procesos de descarbonización (como el caso de Alemania). Esta forma de producción de combustible sin emisión de dióxido de carbono implica un nuevo nicho de negocios y nuestro país tiene un commodity aparentemente muy valorado por el resto del mundo.

La versión Fortescue

ANCCOM logró comunicarse con la firma australiana Fortescue Future Industries, desde donde alegan que el inicio de la construcción del parque eólico está estimado para el segundo semestre de 2025, cuando hayan finalizado los trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes necesarios de ingeniería y permisos. Según aclaran, las obras demandarán al menos dos años. Por otro lado, consideran necesaria la creación de un marco normativo regulatorio nacional para la industria del hidrógeno verde. Según aclaran, “si bien ya se envió un proyecto de ley al Congreso, es esencial llevar adelante un debate constructivo para la inclusión de puntos claves que aún no están expresados en ese proyecto como son el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional y un régimen impositivo adecuado a las necesidades propias de la industria. Todo ello con el fin de que efectivamente la Argentina sea un país que atraiga inversiones para así poder posicionarse en la región como un país líder en materia de energías renovables”.

Desde Fortescue Future Industries esperan producir 350.000 toneladas anuales de hidrógeno verde en la primera fase del proyecto destinado tanto al mercado interno como externo, generando divisas para la Argentina. De hecho, para 2030 Europa estima que va a consumir 30 millones de toneladas de hidrógeno verde, de las cuáles espera importar 10 millones: una oportunidad para Sudamérica.

Para Fortescue “El país tiene potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, no sólo por su extensión territorial sino también porque en regiones como la Patagonia, abundan condiciones geográficas y climáticas adecuadas para generar energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, fundamentales para la producción de este tipo de hidrógeno verde”.

Sigue verde

Lo cierto es que la inversión en hidrógeno verde fue anunciada con bombos y platillos ante el mundo, se esperaba generar muchos puestos de trabajo y generar divisas de plena estepa patagónica. Hasta el día de hoy esto no se cumplió. El proyecto está a la expectativa de que se apruebe la legislación que permita iniciar el trabajo, pero ya no hay la misma algarabía que hubo durante la presentación en la cumbre contra el cambio climático de Glasgow.

Es cierto que el mercado está en expansión aunque sus números aún no son tan impactantes. Por ejemplo, en el mundo del transporte, en el que genera las mayores expectativas, en 2023 se pusieron en marcha los primeros micros escolares a base de hidrógeno verde en EE.UU. Sin embargo, esa tecnología no llega aún a la Argentina y hoy un auto a base de hidrógeno verde en Europa resulta caro. También el combustible se puede utilizar en la industria pesada o en el campo aeroespacial.

De momento, resulta incierto si la Argentina será pionera en esta tecnología, si generará los volúmenes anunciados y si la clase política podrá evaluar el impacto de este proyecto para el país, para realizar en tiempo y forma una legislación que proteja los intereses nacionales y esté a la altura de los cambios necesario para la preservación del medioambiente en el mundo, como se prometió. De ser así, estamos ante una oportunidad única de estar a la vanguardia de una industria que en el futuro puede ser fundamental en la mejora del ecosistema.

 

El golpe del arancelamiento a la universidad pública

El golpe del arancelamiento a la universidad pública

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por Javier Milei transforma a la educación en una mercancía. Uno de los pasos propuestos es el arancelamiento de la universidad pública a estudiantes extranjeros sin residencia en el país. Opinan estudiantes y funcionarios.

El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el presidente Javier Milei desató el temor de los miles de estudiantes extranjeros que eligieron Argentina para estudiar. Es que uno de sus puntos propone arancelar la educación universitaria para todos aquellos que no tengan la residencia permanente en nuestro país.

-En cuanto me enteré, entré en pánico — confiesa María José, de 22 años, mientras mira cómo sus dedos se entrelazan en las manos apoyadas sobre la mesa.

En 2022 abandonó Sogamoso, una pequeña ciudad perdida entre las sierras de Bogotá, y arribó a Argentina con el objetivo de seguir la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Aún le faltan dos años más para poder conseguir la residencia permanente.

-No podría costear mis estudios. Mis papás no me envían mucho dinero. Yo trabajo, pero no alcanza. Imagínate, con lo que pago de alquiler, para comer y los gastos diarios no puedo pensar en dónde voy a sacar para pagar la universidad.

En la misma situación se encuentran sus amigas de Colombia, Venezuela y Ecuador, que desde que el 10 de diciembre se transformaron en variable de ajuste, enfrentan el riesgo de tener que abandonar sus proyectos de vida.

-Es injusto porque desde que abandoné Santiago de Chile, no dejé de pagar impuestos — opina por su parte Iván, de 23 años —. Yo estudio Medicina en la Universidad de La Plata. Para estar acá pago un alquiler, compro mis víveres, voy al supermercado. Cada vez que gasto dinero pago impuestos, entonces no entiendo por qué dicen que estudio gratis.

Su padre, Jesús, se recibió en 1999 de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por ese motivo, creció con la expectativa de repetir los pasos familiares e ir a buscar del otro lado de la Cordillera la educación que su país le negaba.

-Oí que hay posibilidades de que el Congreso rechace algunos artículos, pero la verdad es que estoy muy preocupado. Si nos arancelan la Universidad no sé si podría pagarla. Sería un golpe muy duro porque encima la inflación hace que todo cueste un poco más.

Ney también debió abandonar su hogar para poder seguir con el sueño de estudiar economía. En 2023 partió de Guayaquil con el objetivo de regresar con un título bajo el brazo.

Son las once de la noche y aún lleva el delantal que utiliza en la rotisería en donde trabaja para poder pagar la habitación que comparte con tres brasileños en una residencia del barrio porteño de Monserrat.

-Tanto hablaban de la casta y al final la casta éramos nosotros — lamenta, mientras pica perejil en la mesada de la cocina común de la pensión —. Si nos privatizan la educación, voy a volver a trabajar en el campo con mi papá.

Levanta solo la cabeza para escuchar. Al momento de responder, vuelve a agacharla, casi como si sintiera culpa por un supuesto delito que no cometió. Pone sus ojos en la verdura, casi como si se quisiera abstraer de la realidad.

“En la residencia no hay contrato y nos aumentan cada dos meses. En la rotisería me tienen en negro ¿Y a mí me vienen a reclamar que pague impuestos?”, reclama.

Su voz temblorosa delata la bronca que intenta ocultar. Se trata de un enojo motivado por la incertidumbre de no saber, si una vez más, las clases subalternas pagarán por los negociados de los que dirigen las reglas de juego.

“La conciencia mayoritaria en nuestra sociedad es que nuestro sistema universitario es un activo de todo el país”, sostiene el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con ANCCOM y agrega: “Estamos ante un gobierno que viene exteriorizando posiciones que tienden a la mercantilización de ese sistema”.

Alberto Sileoni, titular de la cartera educativa durante el gobierno de Cristina Fernández y actual director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, coincide con Trotta.

“La educación debe concebirse como un derecho, nunca como un bien transable. Y a eso, la ley lo anula. — advierte Sileoni —. Yo creo que hay que leerlo en conjunto con la propuesta de nuestra canciller, Mondino, de querer entrar a la OCDE. Para poder ingresar, los países tienen que concebir la educación como una mercancía. Eso es una puerta abierta a los negocios, a la privatización educativa, a las plataformas digitales”. En este sentido, advierte que “la ley es muy grave, porque deroga el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional, que impide que la Argentina establezca convenios en donde se tome la educación como un bien de mercado”, advierte.

La presentación del proyecto oficialista estuvo acompañada de una campaña dirigida a sostener que las universidades están colmadas de alumnos extranjeros. Sin embargo, los dos funcionarios coinciden en señalar lo falaz de este argumento.

“La por entonces precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, hoy ministra de seguridad de Milei, intentó plantear con información errada un supuesto problema que justifique el arancelamiento como primer paso, a un sector de nuestros estudiantes para después hacer un arancelamiento absoluto — declara Trotta —. Si nosotros vemos las estadísticas en términos de la cantidad de estudiantes que tiene nuestro sistema universitario, tiene el mismo reflejo de la población extranjera que hay en la Argentina”.

En la misma línea, Sileoni explica: “la cifra de estudiantes no argentinos es absolutamente irrelevante. Aparte, no se trata de que vos le das clase al colectivo de estudiantes extranjeros. No, ellos se incorporan a aulas de 30, 40, 50 estudiantes. Entonces no hay un costo que se incrementa por la llegada de ese extranjero al aula”.

El supuesto gasto extraordinario generado por el acceso irrestricto a las casas de estudios ha sido otra de las excusas para legitimar la privatización parcial de la educación superior.

En este sentido,Trotta sostiene que un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que “el aporte de los extranjeros en términos económicos es superior al costo de los bienes públicos y servicios sociales que consumen”.

Tenemos un saldo positivo — afirma — Producen más recursos que los que terminan consumiendo.

Por su parte, Sileoni concluye: “Todas las medidas que está tomando este gobierno, como rifar 41 empresas públicas, romper con la TV Pública, vender a cualquier precio YPF, los trenes. Todo eso huele a negocio. Si todo huele a negocio, por qué no lo van a hacer con la educación, que es un inmenso negocio a escala internacional”.

Manicomios nunca más

Manicomios nunca más

Entre tantas medidas que contiene la “Ley Ómnibus” que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, se incluyen cambios en aspectos esenciales de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La opinión de profesionales sobre esta cuestión.

 Hospital Borda. Foto de Archivo. 

El Gobierno nacional mandó al Congreso de la Nación un proyecto de ley con más de 600 artículos. Dentro de este combo de leyes, busca modificar cuestiones de relevancia de la Ley Nacional de Salud Mental. Marcela Bottinelli, doctora en salud mental comunitaria, docente e investigadora, afirma que “las derogaciones de la Ley Ómnibus en materia de salud mental son muy complejas porque quitan derechos adquiridos”. Entre estas modificaciones, se plantea la continuidad del modelo de manicomios, la judicialización de la atención sanitaria y la no intervención del Estado y de los colectivos de usuarios, familiares, profesionales y de derechos humanos en la función de control.

La ley 26.657, sancionada en 2010, es fruto de una elaboración colectiva donde participaron organizaciones de derechos humanos, de personas usuarias y familiares, de trabajadores de la salud, universidades, profesionales de la salud mental y la justicia. Ricardo Antonowiz, docente y ex coordinador de actividades asistenciales del Hospital Borda, remarca: “Esta ley tardó tres años en reglamentarse, me resulta llamativo que se busque modificarla tan rápidamente”.

Para lograr la eficacia y la celeridad de la atención en salud mental es fundamental un mayor financiamiento del sistema público y la regulación del sistema privado. Asimismo, resulta necesario el incremento y accesibilidad de recursos en materia de salud mental, al igual que un aumento de trabajadores y trabajadoras en hospitales públicos con el objetivo de reemplazar los mecanismos de encierro que provoca sufrimiento humano. “La ley actual contempla todos los beneficios para un paciente, si no se cumple, hay que hacerla cumplir, no modificarla”, agrega Antonowiz.

Sobre el artículo que busca darle la decisión de internación o externación involuntaria de un paciente a los jueces, Bottinelli aseguró “el criterio que debe primar para definir el tipo de tratamiento que necesita una persona es el de los profesionales de salud, que son quienes estudiamos para eso, que el juez decida esto con los tiempos que tiene la justicia, y luego puede intervenir un profesional de salud, puede implicar que una persona quede encerrada durante bastante tiempo o incluso estar internada cuando no lo necesitase. La justicia tiene que convocar al equipo interdisciplinario para poder actuar”.

En relación a la vuelta de los manicomios, Antonowiz subraya “la idea de que un paciente se interne –cuando lo considere el equipo interdisciplinario– y cumpla su tratamiento, es rehabilitarlo para reinsertarse en la sociedad, no para que quede en un lugar para toda su vida. El manicomio es un depósito de pacientes”. Y añade: “Estas modificaciones no van a mejorar la calidad de vida de las personas que requieran de servicios de salud mental, más bien al contrario, esto puede llegar a acrecentar los problemas porque todo se vuelve un negocio”.

En este sentido, Bottinelli señala: “Muchos colectivos venimos trabajando internacionalmente en poder mostrar y demostrar que las internaciones prolongadas no son útiles para la atención de las personas. Todas las evidencias científicas muestran que, cuando una persona está mucho tiempo encerrada, pierde los lazos sociales, las lógicas de comunicación, las relaciones con otros y eso trastoca su posibilidad de volver a estar socialmente activo y recuperarse con dignidad”. Además, agrega que el hecho de que se vuelvan a proponer las instituciones de encierro y los manicomios, es un claro retroceso que atenta contra los derechos de las personas.

“Tenemos la preocupación de que entre tantos articulados esto pase desapercibido. Esperemos que los legisladores defiendan que se mantenga la Ley de Salud Mental y que se cumpla en su totalidad”, reflexionó Bottinelli. En este punto, desde todos los colectivos –trabajadores, personas usuarias, familiares, profesionales, gremios, asociaciones, universidades, investigadores– se están tratando de informar sobre estos cambios. El 24 de enero, el colectivo Salud Mental y Democracia convoca a movilizar para decirle no al DNU y al proyecto de ley del Gobierno Nacional.

Sin ciencia en vacaciones

Sin ciencia en vacaciones

El gobierno nacional canceló la temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia. La medida generó una gran incertidumbre sobre el futuro de la institución del polo científico.

 

La ciencia vuelve a quedar relegada, esta vez por la cancelación de la tradicional temporada de verano del Centro Cultural de la Ciencia. La decisión fue tomada por Alejandro Cosentino, a cargo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete. La primera consecuencia de la medida fue la renuncia de la directora de Museos, Exposiciones y Ferias Guadalupe Díaz Constanzo.

El Centro Cultural de la Ciencia, inaugurado en el 2015 y ubicado en el Polo Científico Tecnológico de Palermo es el tercer espacio nacional más visitado, detrás del Museo Nacional de Bellas Artes y el Cabildo. Durante el 2023 recibió a más de 240.000 personas. Su principal función es acercar al público al mundo científico por medio de exposiciones estables o temporarias, exhibiciones de arte y ciencia, espectáculos con concursos y premios, talleres, cursos, entre otros. Si bien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza actividades en distintas provincias y escuelas de todo el país viajan para visitarlo.

Frente a lo sucedido Diego Golombek, Doctor en Ciencias Biológicas y ex director del Centro Cultural de la Ciencia, explica: “Esto tiene un impacto importante, dado que a las instituciones hay que cuidarlas y mantenerlas con los cambios que sean necesarios. Tiene un impacto en el público que necesita de este tipo de acciones de apropiación de la ciencia y la tecnología». Con la suspensión de su temporada de verano se afecta al público general que se acerca en vacaciones, pero de continuar la medida tampoco las escuelas podrán aprovechar las instalaciones.

La suspensión del C3 aumenta la incertidumbre con respecto a las políticas de ciencia y tecnología: “No sabemos, como investigadores, que va a suceder con el personal, con los recursos humanos, si va haber programas de becas o de ingresos a carreras científicas del CONICET y, sobre todo, qué va a pasar con el financiamiento de las actividades de ciencia”, explica Golombek. Para el conocido comunicador de la ciencia el programa de financiamiento de la agencia nacional de promoción científica es fundamental por el apoyo de las actividades científicas en las universidades nacionales que “son algunos de los centros más importantes donde se realiza investigación en Argentina”.

Un programa en pausa

En el Centro Cultural de la Ciencia se desarrolla el Programa de Formación en Comunicación Pública y Educación de la Ciencia integrado con más de 70 estudiantes de universidades nacionales. Son quienes le dan voz al C3 como guías, educando y comunicando ciencia. Jade Desimone, estudiante de química y antropología de la UBA, que guía en el C3, comparte: “Nuestro rol es tratar de derribar prejuicios acerca de lo que hacen las personas de nuestro ámbito…mostramos qué hacemos en el mundo científico, pero siempre desde una perspectiva horizontal, no le vamos a estar contando a la gente cosas específicas desde un lugar de ‘yo sé más’, sino que tratamos de construir conocimiento en conjunto con las personas que vienen de visita a través del juego, de la duda y la pregunta genuina que trae esa persona”. Remarca la importancia del C3 a la hora de “comunicar la ciencia y democratizarla a todos los sectores que sean posibles”.

En la jerga del C3 se denomina copiloto/a al guía mientras que el rol de piloto es para el visitante. “Entendemos que cada persona tiene un interés y que nuestro desafío es intentar que pueda llegar a sus respuestas con rigor científico desde una perspectiva personal pero acompañada», explica la copilota. «No vamos a guiar el recorrido hacia donde queremos llegar, queremos que esa persona pueda construir su propio mapa de conocimiento y pueda expandirse de la mejor manera, sobre todo si estamos en vistas de desarrollar nuevas vocaciones científicas”.

“Es un montón la gente la que nos visita, la que se anota a la facultad, se inscribe al programa y termina siendo copiloto dentro del C3: es mi caso. En 2018 me impactó, me anoté a la carrera y acá estoy”, cuenta Desimone como ejemplo materializado de la manera en que el C3 potencia el área científica del país.

Tras la cancelación de temporada no queda clara la continuidad de las actividades. Además se adeudan los sueldos del mes de diciembre a los guías.

El C3 sale a las calles

Jade Desimone cuenta que el jueves 4 de enero tenían que volver como todos los años y al llegar vieron que el centro estaba cerrado: “Ahí nos enteramos de que no iba a abrir, por lo cual nos juntamos con la facultad, con Exactas, y tampoco sabían nada”. Frente a esto se organizaron entre estudiantes, coordinadores y copilotos, y crearon sus redes donde empezaron a visibilizar su situación de desconocimiento e iniciar una junta de firmas para la petición de NO al cierre del Programa de Formación en Comunicación de la Ciencia.

“Lo que sabemos es que hay un montón de gente que está interesada en que el C3 exista y en que nuestro programa se desarrolle, por lo cual tomamos la posta como guías y de manera voluntaria y sin pedir ningún tipo de apoyo económico. La idea es sacar el C3 a las calles, las plazas, poder comunicar ciencia en otros lugares, seguir cumpliendo la función social que tiene pero desde otro lado”, dice el copiloto, organizándose así de manera autogestionada.

La primera jornada se realizó el sábado 13, de 14 a 18 horas en la plaza del Polo Científico Tecnológico. Se llevaron al exterior las salas del C3, se realizaron actividades como la «ciencia posta» que consiste en acercar los instrumentos científicos a la gente, dibujos mágicos, entre otras actividades. Se realizaron charlas con científicos como Rodrigo Laje, Valeria Edelsztein, y María Inés Carabajal, entre otros. Con la presencia de un amplio rango de edades, la ciencia tuvo como foco el azar en el laboratorio exterior y en los diferentes títulos del punto de lectura. También se realizó la observación de fósiles, y muchas actividades más. Además se invitó a dejar la huella en un mural con la frase “No hay C3 sin copis”. “La idea es seguir con esto, en distintas plazas, quizás de manera virtual pero siempre seguir expandiendo y comunicando ciencia, que es lo que amamos hacer”, concluye Desimone.

 

El precio de protestar

El precio de protestar

El Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, intimó vía cartas documento a distintas organizaciones sociales y sindicatos a pagar los gastos ocasionados por la movilización a Plaza Lavalle del 27 de diciembre. Se trata de un grave atropello al derecho a la protesta y es claramente anticonstitucional.

El derecho a protestar se encuentra consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que Argentina adhiere con fuerza de ley. En un intento de limitar las manifestaciones contra las medidas que se están intentando aplicar por parte del gobierno, desde el Ministerio de Seguridad redactaron un “protocolo antipiquetes” que avasalla la libertad de expresar disconformidad con las medidas impopulares que se llevan adelante.

El artículo 11 de la controversial resolución dice: “EL MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8°, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se remitirán los datos a las jurisdicciones pertinentes, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes”.

En este contexto, de claro atropello a las libertades democráticas, diversos movimientos sociales y sindicatos recibieron intimaciones por 40.419.227,56 pesos para cubrir los gastos del operativo de seguridad desplegado en la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo para presentar un amparo contra el DNU 70/2023 el 27 de diciembre del 2023, en Plaza Lavalle.

Condicionados

Por su parte, Agustín Lecchi secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPresBA), indicó en diálogo con ANCCOM que junto a todos los gremios víctimas de la persecución que busca criminalizar la protesta van a realizar una “propuesta colectiva de carácter legal” porque la intimidación es un hecho que no tienen antecedentes en los cuarenta años de democracia y aclaró: “También es parte de un show de Bullrich. Esa movilización fue frente a tribunales y no se cortó ninguna calle, no fue un piquete. Pero aún si así lo fuera, estamos amparados”. Para Lecchi la respuesta tiene que ser el 24 de enero, el día del paro nacional y movilización, con millones en el Congreso exigiendo a los diputados que levanten la mano en favor del pueblo y en contra de la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia inconstitucional: “una ley donde Milei pretende obtener la suma del poder público y que además tiene un contenido que entrega la soberanía de la patria”, concluyó.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, expresó en una gacetilla difundida por su organización que “el gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social antes que resolver los problemas de la gente” y que la única respuesta es una sanción económica aún sin haber cortado calles, lo que constituye “una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales”.

El diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, en diálogo con ANCCOM, se preguntó qué pasaría si se da la paradoja de que las propias víctimas del ajuste del presidente y la ministra de seguridad tuvieran que pagar las balas y gases que “gasta” la policía contra los que luchan; es la línea de “cárcel o bala” de Jose Luis Espert. “Esto llevó a que haya varios asesinados en la rebelión popular del Argentinazo en 2001 bajo el gobierno de De La Rúa que Bullrich también integró”, concluyó.

Lo cierto es que hay una intención manifiesta de criminalizar la protesta social porque el ajuste que prometieron sobre “la casta” y que están llevando contra el pueblo trabajador, no cierra si no hay represión. Con el devenir del tiempo, estas maniobras e intentos de provocación, serán una constante de un gobierno que paradójicamente se adjudica defender las ideas de la “libertad”.

Siguen las persecuciones en Jujuy

Siguen las persecuciones en Jujuy

Luego del encarcelamiento de dos ciudadanos por compartir información del ex gobernador en redes sociales, el mismo fiscal a cargo de esas detenciones llamó a indagatoria a 21 integrantes del Malón de la Paz.

En los últimos días, el Poder Judicial jujeño solicitó la detención de ciudadanos, dirigentes sindicales y referentes del Tercer Malón de La Paz y de la Comunidad Kolla de Caspalá. Denuncian que se trata de causas armadas para perseguir a opositores al gobierno provincial.

A solo cuatro días de la detención de Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Roque Villegas por la difusión de un tuit sobre la situación sentimental del ex gobernador Gerardo Morales en las redes sociales, el mismo fiscal que dictaminó la detención, Walter Hugo Rondón, citó a veintiún ciudadanos, dirigentes sindicales y referentes del Tercer Malón de La Paz y de la Comunidad Kolla de Caspalá a juicio, en el marco de los cortes de la Ruta Nacional 9 que realizaron contra la reforma constitucional jujeña en julio de 2023.

La imputación se había catalogado a fines del año pasado como delito de “homicidio culposo”, ya que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública 1 vincula un corte de ruta en el que las comunidades indican no haber siquiera participado, con el fallecimiento de una mujer que se encontraba de viaje. “No hay pruebas de que hayamos tenido algún grado de participación o incidencia en el hecho (la muerte de la pasajera)”, declaró en conferencia de prensa Armando Quispe Maita, integrante del Tercer Malón de La Paz. Y agregó que “vienen por los recursos y por los territorios e invitan a callar las voces de quienes defendemos lo sagrado, los derechos y la democracia”.

Por otro lado, el sábado 6 de enero último, se notificó a siete mujeres de la Comunidad Kolla de Caspalá que debían presentarse el próximo viernes, a las 11 horas en la Fiscalía Penal de Humahuaca, a raíz de “daños agravados, robo agravado y usurpación” de sus propias tierras. Fueron denunciadas por el Ministerio de Educación de la provincia. El origen de este conflicto se remonta a noviembre del año 2021 cuando el gobierno provincial, a través de las fuerzas policiales y sin consulta previa, libre e informada, reprimió a miembros de la comunidad para avanzar sobre espacios comunitarios que eran usados como sitios de recreación y deporte.

 

Otra más

El último viernes 5 de enero, la justicia jujeña ordenó la detención de cinco dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), entre los cuales aparece su Secretario General, Sebastián López. Si bien en el día de ayer la orden de detención fue desestimada, la causa seguirá en pie y atentará contra un gremio que “denuncia y actúa frente a las injusticias” (en palabras del dirigente mencionado).

Jujuy atraviesa una crisis social que viene acompañada de una ola de despidos en el ámbito municipal, con más de 500 desempleados en el último mes. ¿El Poder Judicial? Responde a los poderes oligárquicos de la provincia a través de una persecución política y clasista, según los dirigentes de la Multisectorial de Jujuy.

Natalia Morales, diputada de la Provincia por el PTS-Frente de Izquierda, afirmó, en diálogo con Accom: “No es casual que salgan estas acusaciones de parte de un Ministerio Público, que no pierde tiempo, en plena feria, de imputar a siete mujeres Kollas sin hacer ninguna averiguación sobre la represión vivida a mujeres indígenas en junio de 2023, ni tampoco de que ese territorio que ‘usurpan’ es el que habitan desde tiempos ancestrales. El caso de los maloneros también constituye una criminalización. Ahí se ve la impunidad que hay del otro lado”.

Por su parte, Armando Quispe Maita, describió la situación en la Conferencia: “Vivimos en un sistema de amedrentamiento hacia todos los referentes que luchamos en contra de la reforma. Ante esta avanzada a nivel nacional con el DNU, donde ya no hay límites para que los extranjeros compren tierras en la República Argentina, quieren que las organizaciones nos callemos así tienen vía libre para hacer lo que deseen”.