El Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, intimó vía cartas documento a distintas organizaciones sociales y sindicatos a pagar los gastos ocasionados por la movilización a Plaza Lavalle del 27 de diciembre. Se trata de un grave atropello al derecho a la protesta y es claramente anticonstitucional.
El derecho a protestar se encuentra consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que Argentina adhiere con fuerza de ley. En un intento de limitar las manifestaciones contra las medidas que se están intentando aplicar por parte del gobierno, desde el Ministerio de Seguridad redactaron un “protocolo antipiquetes” que avasalla la libertad de expresar disconformidad con las medidas impopulares que se llevan adelante.
El artículo 11 de la controversial resolución dice: “EL MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8°, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se remitirán los datos a las jurisdicciones pertinentes, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes”.
En este contexto, de claro atropello a las libertades democráticas, diversos movimientos sociales y sindicatos recibieron intimaciones por 40.419.227,56 pesos para cubrir los gastos del operativo de seguridad desplegado en la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo para presentar un amparo contra el DNU 70/2023 el 27 de diciembre del 2023, en Plaza Lavalle.
Condicionados
Por su parte, Agustín Lecchi secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPresBA), indicó en diálogo con ANCCOM que junto a todos los gremios víctimas de la persecución que busca criminalizar la protesta van a realizar una “propuesta colectiva de carácter legal” porque la intimidación es un hecho que no tienen antecedentes en los cuarenta años de democracia y aclaró: “También es parte de un show de Bullrich. Esa movilización fue frente a tribunales y no se cortó ninguna calle, no fue un piquete. Pero aún si así lo fuera, estamos amparados”. Para Lecchi la respuesta tiene que ser el 24 de enero, el día del paro nacional y movilización, con millones en el Congreso exigiendo a los diputados que levanten la mano en favor del pueblo y en contra de la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia inconstitucional: “una ley donde Milei pretende obtener la suma del poder público y que además tiene un contenido que entrega la soberanía de la patria”, concluyó.
Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, expresó en una gacetilla difundida por su organización que “el gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social antes que resolver los problemas de la gente” y que la única respuesta es una sanción económica aún sin haber cortado calles, lo que constituye “una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales”.
El diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, en diálogo con ANCCOM, se preguntó qué pasaría si se da la paradoja de que las propias víctimas del ajuste del presidente y la ministra de seguridad tuvieran que pagar las balas y gases que “gasta” la policía contra los que luchan; es la línea de “cárcel o bala” de Jose Luis Espert. “Esto llevó a que haya varios asesinados en la rebelión popular del Argentinazo en 2001 bajo el gobierno de De La Rúa que Bullrich también integró”, concluyó.
Lo cierto es que hay una intención manifiesta de criminalizar la protesta social porque el ajuste que prometieron sobre “la casta” y que están llevando contra el pueblo trabajador, no cierra si no hay represión. Con el devenir del tiempo, estas maniobras e intentos de provocación, serán una constante de un gobierno que paradójicamente se adjudica defender las ideas de la “libertad”.