Luego del encarcelamiento de dos ciudadanos por compartir información del ex gobernador en redes sociales, el mismo fiscal a cargo de esas detenciones llamó a indagatoria a 21 integrantes del Malón de la Paz.
En los últimos días, el Poder Judicial jujeño solicitó la detención de ciudadanos, dirigentes sindicales y referentes del Tercer Malón de La Paz y de la Comunidad Kolla de Caspalá. Denuncian que se trata de causas armadas para perseguir a opositores al gobierno provincial.
A solo cuatro días de la detención de Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Roque Villegas por la difusión de un tuit sobre la situación sentimental del ex gobernador Gerardo Morales en las redes sociales, el mismo fiscal que dictaminó la detención, Walter Hugo Rondón, citó a veintiún ciudadanos, dirigentes sindicales y referentes del Tercer Malón de La Paz y de la Comunidad Kolla de Caspalá a juicio, en el marco de los cortes de la Ruta Nacional 9 que realizaron contra la reforma constitucional jujeña en julio de 2023.
La imputación se había catalogado a fines del año pasado como delito de “homicidio culposo”, ya que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública 1 vincula un corte de ruta en el que las comunidades indican no haber siquiera participado, con el fallecimiento de una mujer que se encontraba de viaje. “No hay pruebas de que hayamos tenido algún grado de participación o incidencia en el hecho (la muerte de la pasajera)”, declaró en conferencia de prensa Armando Quispe Maita, integrante del Tercer Malón de La Paz. Y agregó que “vienen por los recursos y por los territorios e invitan a callar las voces de quienes defendemos lo sagrado, los derechos y la democracia”.
Por otro lado, el sábado 6 de enero último, se notificó a siete mujeres de la Comunidad Kolla de Caspalá que debían presentarse el próximo viernes, a las 11 horas en la Fiscalía Penal de Humahuaca, a raíz de “daños agravados, robo agravado y usurpación” de sus propias tierras. Fueron denunciadas por el Ministerio de Educación de la provincia. El origen de este conflicto se remonta a noviembre del año 2021 cuando el gobierno provincial, a través de las fuerzas policiales y sin consulta previa, libre e informada, reprimió a miembros de la comunidad para avanzar sobre espacios comunitarios que eran usados como sitios de recreación y deporte.
Otra más
El último viernes 5 de enero, la justicia jujeña ordenó la detención de cinco dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), entre los cuales aparece su Secretario General, Sebastián López. Si bien en el día de ayer la orden de detención fue desestimada, la causa seguirá en pie y atentará contra un gremio que “denuncia y actúa frente a las injusticias” (en palabras del dirigente mencionado).
Jujuy atraviesa una crisis social que viene acompañada de una ola de despidos en el ámbito municipal, con más de 500 desempleados en el último mes. ¿El Poder Judicial? Responde a los poderes oligárquicos de la provincia a través de una persecución política y clasista, según los dirigentes de la Multisectorial de Jujuy.
Natalia Morales, diputada de la Provincia por el PTS-Frente de Izquierda, afirmó, en diálogo con Accom: “No es casual que salgan estas acusaciones de parte de un Ministerio Público, que no pierde tiempo, en plena feria, de imputar a siete mujeres Kollas sin hacer ninguna averiguación sobre la represión vivida a mujeres indígenas en junio de 2023, ni tampoco de que ese territorio que ‘usurpan’ es el que habitan desde tiempos ancestrales. El caso de los maloneros también constituye una criminalización. Ahí se ve la impunidad que hay del otro lado”.
Por su parte, Armando Quispe Maita, describió la situación en la Conferencia: “Vivimos en un sistema de amedrentamiento hacia todos los referentes que luchamos en contra de la reforma. Ante esta avanzada a nivel nacional con el DNU, donde ya no hay límites para que los extranjeros compren tierras en la República Argentina, quieren que las organizaciones nos callemos así tienen vía libre para hacer lo que deseen”.