“Libertad a Laura”
A Laura Villalba se la juzga por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” –por lo que también está imputada Miriam Villalba, madre de Lilian Mariana– con una expectativa de pena de 10 años, y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra” con una condena de 30 años. Ante la primera causa, se contempla en Convenio de Ginebra, que a los hijos de insurgentes se les debe garantizar espacios de comunicación con sus padres y madres. Sin embargo, como estos derechos en Paraguay no están siendo reconocidos, no les quedó otra que llevar a las niñas a los refugios creados para ese fin por el grupo insurgente. Para la segunda causa, está acusada por ser enfermera del EPP. Fue detenida sin orden alguna, adulteraron fechas del expediente, y recién al día siguiente encontraron una mochila con armas. Laura está siendo juzgada sin garantías jurídicas, según explican sus abogados, nunca pudieron probar ninguno de los hechos punibles que se le atribuyen. Es víctima de la desesperación del gobierno paraguayo por resolver el problema de la desaparición de Lichita, producto de sus propias fuerzas armadas.
El 23 y el 24 de agosto, Laura debía enfrentar el primero de los cargos por los cuales era juzgada, pero la fiscalía representada por Karina Sánchez, Claudia Morys y María Isabel Arnold, que forman parte de la Unidad especializada de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se presentó. Tras haberse pospuesto para el viernes 25, solo apareció María Isabel Arnold, quien informó que estaba enferma, sin presentar certificado médico alguno. Ese mismo día se rechazaron las pruebas presentadas por la defensa, mientras que el Tribunal no le pidió a la fiscalía la entrega de una prueba importante solicitada por la defensa: la carpeta de la investigación sobre el asesinato de las dos niñas, admitida por el juzgado de Garantías el 2 de septiembre de 2022 en la audiencia preliminar. Al violar el legítimo derecho a la defensa, la recusación será elevada al tribunal de apelaciones para ver como continuará el juicio. Por otro lado, el juicio por la causa de “terrorismo” será el 12 de septiembre.
Del 22 al 25 de agosto,una delegación humanitaria integrada por activistas de derechos humanos, feministas, gremialistas e integrantes de movimientos populares de Argentina, viajó a Paraguay para visitar a Laura y además, actuar como veedores internacionales en ambas instancias desarrolladas durante el juicio.
En la marcha del viernes frente a la embajada de Buenos Aires en la CABA, –convocada por la campaña internacional Eran Niñas– integrantes de la familia Villalba, abogados, movimientos populares y organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes para pedir justicia por el doble infanticidio de María Carmen y Lilian Mariana, la aparición con vida de su prima y la absolución de Laura y Carmen Villalba.
La familia Villalba leyó un documento sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado paraguayo, donde se acusó al gobierno del Paraguay de ser responsable por “actuar en complicidad” con las instituciones judiciales, fiscales y los medios de comunicación hegemónicos para encubrir los crímenes cometidos por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), para construir una versión “mentirosa”, por haber manipulado los cuerpos previo a la autopsia, no haber permitido el ingreso del Equipo Médico Forense Argentino, así como también por haber quemado sus pertenencias y los supuestos uniformes con los que habían vestido a las niñas llevaban puestas.
La familia dijo que estas causas tienen el objetivo de “quebrantar la integridad de Laura”, así como también “construir comunicacionalmente la figura de Laura como mala madre, como peligrosa para la sociedad”. Se exigió el castigo a los responsables, la absolución a Laura Villalba “presa por garantizar el derecho a la identidad”, la libertad a Carmen Villalba “presa con condena cumplida” y por la aparición con vida de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba desaparecida el 30 de noviembre, “Viva se la llevaron y viva la queremos”, dijo Miriam Villalba.
La Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, “Taty” Almeida, se hizo presente para pedir que no bajen los brazos: “Hagan como las madres decimos y hacemos hace 47 años, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Cuando estén un poco caídos porque no logran lo que realmente quieren, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, por qué nosotros no”.
Por su parte, Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial de Abogadas y Abogados Argentinos, y abogado de la familia Villalba, denunció que el juicio es “persecutorio de los derechos de los niños”, y que fue armado porque “no encontraron otra cosa que acusar”. Micrófono en mano, el abogado manifestó: “A Laura querían acusarla de trata, a toda la familia Villalba, quisieron inventar que ellas preparaban a los niños para que se conviertan en guerrilleros”. Al caer tal argumento, Franquet afirmó que crearon la causa por incumplimiento del deber del cuidado para dilatar los juicios: “La fiscalía no apareció y mandó a decir que una de las fiscales estaba descompuesta. El juez en vez de dar la absolución, decidió darle más tiempo. Dos días después no nos dejaron presentar a la defensa las pruebas y se canceló el juicio”.
