El líder de los Albatros declaró en el juicio que investiga la muerte del joven mapuche y aseguró que todo lo que sabía de la comunidad era lo que había leído en el diario. Otros testigos, señalaron que las víctimas no tenían armas de fuego.
Durante las últimas dos audiencias del juicio por la muerte de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, los testimonios de diversos testigos, entre ellos miembros de la Policía Federal y de la Prefectura Naval, sugieren que la información obtenida a través de los medios de comunicación influyó en la estrategia y en la toma de decisiones de los equipos de seguridad. Asimismo, otros destacaron la ausencia de armas de fuego en poder de la comunidad mapuche durante el desalojo.
Este martes 29 de agosto durante el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, Julio César Mostafá, líder del Grupo Albatros, admitió haber obtenido información sobre la situación de los mapuches en Chile a través del diario Clarín. La aseveración disparó nuevas preguntas del abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, quien le preguntó si conocía algunas características de las comunidades mapuches. “Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que (el desalojo) era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que (en Chile) había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación”, respondió Mostafá.
“¿Qué vio o escuchó de cómo fue ocupado el predio?”, le preguntó el abogado, a lo que el prefecto respondió: “Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé de lo que había visto”. En distintos momentos del interrogatorio de las partes acusadoras, que incluyen a los abogados representantes de la familia de Nahuel y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el abogado defensor de tres miembros de los Albatros, Marcelo Rocchetti, trató sin éxito de cambiar la dirección de las preguntas. A pesar de ello, el presidente del tribunal dio permiso para las preguntas, al considerar que era necesario brindar contexto al operativo que resultó en el asesinato del joven mapuche.
En relación a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), Feudal preguntó a Mostafá qué sabía de esa organización, a lo cual el testigo reiteró: “Lo que leí en los medios, bloqueo de rutas en Chile, quemado de algunas fincas, nada más”. El letrado quiso saber por qué asoció esa sigla con el procedimiento represivo. “Es imposible no asociarlo, hablaban (los medios) de ramificaciones de la RAM en nuestro país, lo relacionaban con (Facundo) Jones Huala de la comunidad mapuche, imposible no relacionarlo”. Mostafá tenía a su cargo la decisión sobre el equipo y armamento del operativo del 25 de noviembre, dos días después del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Como si hubiera quedado alguna duda, Feudal insistió: “¿Tomó esa determinación en base a los medios?”, preguntó Feudal. “Si se quiere, sí”, reconoció Mostafá. Más tarde, el abogado de la APDH consideró que “es un prejuicio muy claro” por parte del uniformado, que demuestra que “se actuó en base a consideraciones que no figuraban en la orden judicial”.
Otro testigo que compareció en la audiencia del martes fue Leandro Ruata, quien en ese entonces era el jefe de la delegación de la Prefectura Naval Argentina en Bariloche. Ruata entró en contradicción respecto a un punto fundamental de la investigación. Declaró que al llegar a Villa Mascardi –unas dos horas después de ser informado sobre el supuesto enfrentamiento– «escuchó disparos que provenían de la montaña». El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, salió al cruce y citó un fragmento de su declaración durante la instrucción de la causa, en la que afirmó no haber escuchado disparos de armas de fuego en el lugar. “Es cierto, me debo haber equivocado ahora. Lo que escuché eran voces, no detonaciones. O gritos, no sé precisar de quién”, admitió el testigo.
También dio testimonio el oficial de la Policía Federal, Felipe Duarte, quien, en calidad de francotirador, se infiltró en la zona ocupada por la comunidad mapuche dos días antes del desalojo para obtener información. Duarte afirmó que no percibió una actitud agresiva por parte de los miembros de la comunidad, aunque admitió que no pudo ver con claridad cuántas personas formaban parte del grupo que sería desalojado debido a que permaneció oculto.
Por su parte, declararon los suboficiales de Prefectura Diego Sánchez e Ignacio Salinas. Ambos coincidieron en que no escucharon disparos de armas de fuego de manera directa ni a través de los equipos de comunicación. Cada uno de ellos indicó que oyó los llamados de auxilio por parte de los integrantes de la patrulla que subió a la montaña. Sánchez informó que estaba subiendo cuando se encontró a mitad de camino con sus compañeros que bajaban y que le comunicaron que habían sido atacados con armas de fuego.
Armas y piedras
El miércoles 30 de agosto fueron interrogados cuatro testigos: Aníbal Onetto, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que participó del secuestro de armas a los Albatros; y Marcelo Sertic, Gonzalo Rosales y Ricardo Ramírez, miembros de la Policía Federal Argentina.
Cuarenta y ocho horas antes del asesinato de Rafael Nahuel, un contingente compuesto por una veintena de agentes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina (PFA) fue desplegado con la finalidad de llevar a cabo el desalojo de la comunidad mapuche a la que pertenecía el joven de 22 años. Durante el operativo del 23 de noviembre de 2017, Sertic estuvo asignado a un pequeño equipo encargado de llevar a cabo labores de inteligencia en el terreno en los días previos, con el propósito de desarrollar un plan de desalojo. “No le vamos a disparar con arma de fuego a alguien que tira una piedra”, lanzó el testigo, y dijo que por eso solo utilizaron “escopeta antitumulto” durante el desalojo, ya que las agresiones de quienes resistían eran con piedras. “El arma letal es la última respuesta, cuando se produce el desalojo la actitud era hostil, como defendiendo el lugar que ocupaban”, dijo Sertic en respuesta a las consultas de la parte querellante. En este sentido, todos los testigos vienen coincidiendo en que no observaron armas de fuego en manos de los miembros de la comunidad mapuche, ni antes ni durante el proceso de desalojo. Además, ninguno de los testigos oyó disparos.
Durante las labores de recolección de información previa, Sertic reportó que pudo avistar individuos en el lugar, incluyendo hombres, mujeres y niños, así como cabañas construidas. Fue capaz de especificar que había alrededor de nueve personas en total. El desalojo tuvo lugar durante las primeras horas de la madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Sertic afirmó que sólo detuvieron a mujeres porque los hombres escaparon hacia la cima del cerro.
Por su parte, Ramírez, inspector de la Policía Federal de la delegación Bariloche, habló de “agresión con piedras”. Explicó que hubo personal policial que sufrió lesiones producto de las piedras, pero descartó la presencia de armas de fuego en su relato. “Había muchas mujeres y niños. Algunos lo tomaron de buena manera y otros no tanto (…) No tuve ningún tipo de agresión física”, dijo el testigo quien en aquel momento realizó la lectura de la orden de allanamiento y labró la instrucción del acta.
En tanto, Onetto, jefe de Delitos Complejos de la PSA en la Patagonia, dijo que su tarea fue trasladar a los dos detenidos quienes habían bajado a Rafael Nahuel desde la montaña hasta la ruta, Lautaro González y Fausto Jones Huala, así como también realizar el secuestro de armamentos y celulares de todos los albatros imputados. González y Huala habían sido detenidos y esposados por los prefectos que estaban arriba en la montaña. Una de las hipótesis de la querella es que podría haber habido “transferencia de residuos de disparo” por el hallazgo de pólvora en sus manos, tema en controversia en el juicio. Onetto explicó que verificaron las municiones y secuestraron los teléfonos, además de tomar muestras de pólvora de las manos, tarea que en el caso de los prefectos estuvo a cargo de la Policía de Río Negro, dijo.
Durante la audiencia hubo un duro cruce entre el juez federal que preside el tribunal en el juicio, Alejandro Silva, y el defensor particular Marcelo Rochetti que hizo una “propuesta” sobre cómo continuar y realizó constantes interrupciones. El magistrado le respondió: “No me dirija el debate. Si no, venga y siéntese acá”.
Justicia por Rafita
El proceso judicial se inició hace dos semanas en el Tribunal Oral Federal de General Roca (Fiske Menuco) en la provincia de Río Negro, y se extenderá durante los próximos dos meses. En cada jornada, diversos grupos de comunidades mapuche y organizaciones sociales se manifiestan afuera en reclamo de justicia por “Rafita”, al tiempo que los protagonistas hacen declaraciones a los medios.
La causa, titulada «Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada», tiene a Alejandro Nahuel, padre de Rafael Nahuel, como el querellante. En esta causa, el cabo primero Cavia enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa», mientras que los otros cuatro miembros del grupo Albatros son considerados «partícipes necesarios» de los hechos.
Las próximas audiencias del juicio (séptima y octava) serán el 5 y 6 de septiembre en Roca. El cronograma de testigos ya está previsto para las próximas dos jornadas del debate oral y público. Se vienen al menos siete peritos, quienes realizaron varios procedimientos en la causa; como la autopsia en el cuerpo de Rafael Nahuel y quienes hicieron las pericias balísticas y del terreno. Declaran la semana que viene: Leonardo Sacomano, Roberto Nigris, Natalia Uribe, Silvia Bufarini, Javier Moreno, Silvina Lastreti y Jorge Delgado. La mayoría lo hará por Zoom.