Criminalizan a estudiantes universitarios de Córdoba

Criminalizan a estudiantes universitarios de Córdoba

La Justicia Federal mantiene activa la causa “usurpación por despojo” contra 27 estudiantes procesados tras una toma de 30 días realizada durante el gobierno de Macri en 2018.

Córdoba no sólo es sinónimo de fernet, cuarteto y sierras, es también la cuna de un hito en la educación superior: la Reforma Universitaria de 1918. Este movimiento, liderado por el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba -UNC-, aseguró la autonomía universitaria, la gratuidad y la participación estudiantil en la gestión académica. Un centenar de años después, durante el período de recortes presupuestarios del gobierno de Mauricio Macri en 2018, más de 20 universidades a nivel nacional se vieron obligadas a declarar la emergencia económica financiera debido a la crisis que enfrentaban. Esta situación implicó una revuelta estudiantil en defensa de una educación libre, gratuita y de calidad, durante la cual fueron tomadas 57 universidades a lo largo del país, producto de asambleas multitudinarias y grandes movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad. Es así que en la misma universidad en la que se impulsó la reforma de 1918, los estudiantes decidieron sostener una ocupación de 30 días, en uno de los edificios estratégicos de la UNC donde se encuentra el rectorado, el Pabellón Argentina. La toma de las instalaciones llegó a su fin cuando los delegados estudiantiles se reunieron con el vicerrector de la universidad, Pedro Yanzi Ferreira. Sin embargo, más que un intento de llegar a un acuerdo, fue una jugada del funcionario, quien utilizó el acta de la reunión para señalar como actores involucrados a 27 estudiantes e imputarlos judicialmente. Paradójicamente, quien criminaliza la protesta estudiantil, Yanzi Ferreira, es también autor de “La Reforma Universitaria de 1918”, libro que homenajea la toma realizada por los universitarios en esa época.

El 26 de junio de 2019, el Juzgado Federal 3 de Hugo Vaca Narvaja, con la acusación de la fiscal Graciela López de Filoñuk, procesó a los 27 estudiantes por el delito de “usurpación por despojo”. A lo largo de los años la justicia avanzó en la causa con una ofensiva durante la pandemia, al aprovechar la virtualidad que desarticula el movimiento estudiantil. Una movilización en diciembre de 2021 detuvo el intento de la justicia federal de realizar el juicio en enero de forma virtual, en plena feria judicial y con las universidades cerradas por vacaciones. Blanca Fabiola Barreiro pertenece a la Gremial de Abogados es parte del equipo de seis letrados que, dirigidos por Carlos Orzaocoa, defienden a 15 de los 27 estudiantes imputados. En diálogo con ANCCOM afirma que es una causa “puramente política”, debido a que nunca se fijó el hecho del proceso. “Cuando el fiscal dice que una persona comete un hecho, lo tiene que fijar, describir minuciosamente, presentar pruebas, testigos y circunstancias. Dice que en determinado día y hora estudiantes entran a romper el pabellón, los acusan de manera generalizada como usurpación. No se fija el hecho, entonces no sabemos que defender”, expresa.

La justicia reactivó la causa el mes de septiembre de este año, cuando convocó para el viernes 29 de ese mes, a las 9 horas, una audiencia preliminar para dar inicio al juicio. El Consejo Directivo de la FFyH -Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC- convocó una movilización el día de la audiencia a las 8 de la mañana, con el fin de repudiar la imputación de los estudiantes, y acompañar el reclamo de suspensión del juicio y la absolución de los universitarios que participaron de la toma. Sin embargo, el miércoles 27 de septiembre, el Poder Judicial decidió suspenderlo “por razones de organización del Tribunal” sin dar mayores aclaraciones. Barreiro sostiene que la causa no tiene otra finalidad que “criminalizar la protesta, para asustar a las nuevas generaciones”. Describe que elevan la causa a juicio en 2020 y la mantienen para que no prescriba -marzo de 2024-: “Lo hacen en momentos políticos, como en las PASO. En Río Negro había una causa más grave y quedaron absueltos”. 

En coincidencia con la abogada Barreiro, una de los 27 estudiantes imputados, Lucia Heber, afirma que el juicio tiene razones políticas: “El Poder Judicial, en complicidad con el vicerrector, Yanzi Ferreira, decidió avanzar sobre quienes en ese momento estábamos de delegados, atentando al legítimo derecho de una educación de calidad, al derecho a la protesta, y al principio de autonomía universitaria”. Lucía cree que el juicio es una forma de criminalizar a quienes luchan por una educación de calidad, la cual considera que hoy en día es “un privilegio”.

Lucía, quien en 2018 estudiaba Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Humanidades, relata que la toma surgió debido a la falta de respuestas a las demandas estudiantiles y al crítico momento por el cual atravesaba la universidad. Aunque recibió el apoyo y solidaridad de sus compañeros y docentes, describe la situación judicial como «un estado de mucha tristeza y decepción». Fue un «golpe muy duro» darse cuenta de que la causa por la que luchaba estaba sometida al poder de la justicia. Si bien durante los años siguientes, motivada por su entorno, siguió su carrera universitaria, afirma que lo que vivieron por aquel entonces no se “traducía” dentro de la institución, por lo que en 2021 dejó la carrera. No obstante, aclara que nunca dejó de formarse y en la actualidad cursa una nueva carrera, en otra universidad pública.

Los estudiantes y sus abogados ahora se encuentran a la espera de que el juzgado disponga de la nueva fecha para la audiencia preliminar al juicio, suspendida dos días antes de realizarse. Lucía Heber agrega: “La audiencia preliminar es una instancia previa al comienzo del juicio, donde las partes disponen de los detalles para el debate, donde se llama a declarar a los testigos y se presentan las pruebas”.

 

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Contra el resurgimiento de los discursos negacionistas, los juicios de lesa humanidad siguen su marcha: empezó La Escuelita VIII en Neuquén, con un juez y un fiscal en el banquillo.

Comenzó el octavo tramo de los juicios “La Escuelita” en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Neuquén. Se trata de un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos contra veintitrés personas, pero tiene la particularidad de tener como acusados a dos ex funcionarios judiciales de la última dictadura cívico-militar: Pedro Duarte y Víctor Ortiz, quienes se desempeñaron como juez federal y fiscal federal de dicha provincia.  

“La Escuelita” fue un centro clandestino de detención que funcionaba en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Iniciado en 2008, este es el octavo tramo que se realiza en Neuquén, pero mientras que en los anteriores fueron condenados exintegrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, en esta ocasión la responsabilidad recae en funcionarios judiciales. 

Duarte y Ortiz están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes del delito de privación ilegal de la libertad. Además, Duarte se encuentra imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en información falsa. De esta forma, se tendrá en cuenta la actuación de los exfuncionarios frente a las denuncias y los habeas corpus que no fueron investigados y que favorecieron las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, la desaparición forzada de personas, como también la impunidad de las fuerzas represivas en esos hechos. 

De las veintitrés personas detenidas que pasaron por este centro, nueve aún se encuentran desaparecidas. Uno de ellos es Oscar Alfredo Ragni, estudiante de Arquitectura en La Plata y militante universitario quien fue secuestrado en la puerta de la casa de sus padres en Neuquén el 23 de diciembre de 1976. Desde entonces, su madre, Inés Rigo, con un pañuelo blanco en su cabeza, lo ha buscado incansablemente y hoy pide que se haga justicia. “Esta causa muestra la actuación que tuvo la justicia como parte del plan desplegado por las fuerzas represivas, pero también por sectores civiles de la sociedad al no impulsar las investigaciones. Queremos dar a conocer y mostrar esta parte que faltaba de todo el andamiaje, de cómo se llevó a cabo este plan genocida en la región”, dijo Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que representa a Inés, en diálogo con ANCCOM. También señaló que en el caso de Oscar Ragni, de quien también es letrada querellante en este debate oral, se han sumado a los delitos de los que se acusa a los exfuncionarios el delito de genocidio por el que deben ser condenados “porque creemos que hace no solo a la verdad jurídica sino también a nuestra verdad histórica”. 

Como integrantes de la justicia federal, sendos imputados cumplieron un rol central al darle un trámite meramente formal a presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas. Y lo hicieron sabiendo que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.

Los querellantes en este juicio a cargo de los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva, son la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000; HIJES, Red por la Identidad y Jóvenes por la Memoria. La primera jornada del viernes 20 solo contó con la lectura de las acusaciones de la Fiscalía, se realizará una audiencia cada quince días y se prevé que no finalizará hasta febrero o marzo del próximo año. 

En un contexto de discursos que tienden a la negación de los hechos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, o directamente de apología de la misma, en este momento se están llevando a cabo veinte juicios orales en diez provincias del país, y en dos de cada tres de ellos la Secretaría de Derechos Humanos es querellante.

 

Tribunal integrado por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia.  

A pura pantalla queer

A pura pantalla queer

La décima edición de Asterisco, el Festival de Cine LGTBIQ+ se desarrollará esta semana en Buenos Aires.

La comunidad LGBTIQ+ florece junto a la primavera y, en el marco de la marcha anual por la reivindicación y lucha de sus derechos, se llevan a cabo diversas actividades culturales. En este contexto, del 26 de octubre al 5 de noviembre se estará realizando la décima edición de Asterisco, el festival Internacional de cine LGBTIQ+ en el que se podrá disfrutar de una selección y posterior competencia de cortos y largometrajes. Además, habŕa una serie de actividades culturales en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. La proyección inaugural será en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), este jueves a las 21. En esta edición se trata de la película de estreno mundial Tencha Reina, de Maruja Bustamante.

El festival, ya desde sus inicios por 2014, intenta replantear los distintos horizontes de lo que lo que se siente y piensa como cine y busca explorar “el presente, pasado y futuro de nuestros deseos desparramados en las películas”. En sus inicios, tuvo un enfoque predominantemente internacional, ya que el cine argentino aún no ofrecía muchas alternativas. Sin embargo, el boom de producciones nacionales hizo que, desde la organización del evento, se celebre que cada vez más películas locales sean parte de la grilla. “Este año tenemos las competencias argentinas más extensas, tanto en formato de largo como de cortometraje y varias son estrenos mundiales. Hay cineastas que eligen Asterisco para mostrar sus obras por primera vez en público”, afirman felices sus organizadorxs.

Sumándose a la gran presencia del cine latinoamericano y del Caribe con producciones de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá y Puerto Rico, la faceta internacional del festival se intensifica. En la edición de este año cineastas como el canadiense Theo Jean Cuthand, quien presentará sus trabajos en el país por primera vez, y el director israelí Yair Qedar serán partícipes del evento.

 

 

El festival, además del MALBA, contará con otras siete sedes entre las que se encuentra el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Museo del Cine, el café teatro Hasta Trilce, el Centro Cultural Otra Historia y el bar Puticlú.

El distintivo de esta décima edición del festival es la fuerte relación entre el cine y el mundo del arte, la programación de videoarte y el video performance de la escena local. Los ejes transversales de esta propuesta consisten en abordar retrospectivamente los 20 últimos años de la obra de Cristina Coll, los vídeos de Martín Sichetti y Alberto Passolini y la recuperación de las reflexiones sobre cine y video del programa El Banquete Telemático de Federico Klemm entre 1994 y 2002, que fue recientemente inventariado y digitalizado por el Museo del Cine.

Gran parte de las actividades del evento serán de ingreso libre y gratuito por orden de llegada. Sin embargo, la entrada general a la proyección inaugural y al resto de las proyecciones en el MALBA costarán 1.600 pesos, excepto estudiantes, jubilados y Malba Amigos que tendrán un descuento de 800 pesos. La oferta de films que se podrán ver, los cronogramas con los horarios y sedes, junto con los anuncios sobre el evento, se encontrarán en las redes sociales de Asterisco.

¿Tres años de cárcel o veinticinco en un banco?

¿Tres años de cárcel o veinticinco en un banco?

“Los delincuentes”, la película que representará a la Argentina en los premios Oscar, se estrena este 26 de octubre en salas de todo el país. ANCCOM conversó con el director Rodrigo Moreno y el actor Esteban Bigliardi sobre una historia que invita apensar qué es la libertad, el trabajo y el tiempo.

«No me interesaba que el objetivo del protagonista fuera convertirse en millonario», dice Moreno, el director.

Este 26 de octubre se estrena en salas Los delincuentes, última obra del director y guionista Rodrigo Moreno. La película, que luego tendrá su presentación mundial en la plataforma Mubi, se encuentra en carrera para ser seleccionada a los premios Oscar 2024.

Los delincuentes recibió premios en festivales internacionales como el Jerusalem Film Festival, el Festival de Lima PUCP y el New Horizons International Film Festival de Polonia. En mayo, fue seleccionada para presentarse en el Festival de Cannes, entre otros, donde recibió excelentes críticas de The Guardian, The New York Times y Rolling Stone, además de un 95% de calificación positiva en el Ranking Rotten Tomatoes.

Los delincuentes parece una clásica historia de atracos, pero termina siendo algo más. Narra la historia de Morán (Daniel Elías), un salteño empleado de un banco que vive en pleno centro de Capital Federal. Harto de su vida rutinaria, un día aprovecha la ausencia de su compañero Román (Esteban Bigliardi) para robar la suma exacta de todos sus salarios hasta su jubilación, multiplicado por dos. ¿Por qué el doble? Para completar su plan, utiliza a su compañero Roman como cómplice, a quien convence de guardar el dinero mientras él se entrega en una cárcel de Córdoba. A Morán no le interesa una vida de lujos, simplemente pretende dejar todo atrás para vivir una vida tranquila y digna: “Es simple. Son tres años en la cárcel o 25 en el banco”.

Así comienza una travesía de tres horas con numerosos saltos temporales en los que se cruzan las perspectivas de los protagonistas entre el centro porteño y una sierrita en la provincia cordobesa. A través de diferentes situaciones, Los delincuentes invita a la audiencia a cuestionarse acerca del concepto de libertad ligado al trabajo, el uso del tiempo y la ruptura de lo rutinario. La película también está acompañada de un elenco excelente: Margarita Molfino, Laura Paredes, Germán de Silva, Mariana Chaud, Cecilia Rainero, Javier Zoro Sutton, Iair Said, Adriana Aizenberg, entre otros, junto con la aparición estelar del escritor Fabián Casas.

Daniel Elías y Esteban Bigliardi protagonistas de Los delincuentes.

Una película en constante producción

Rodrigo Moreno inició el rodaje hace cinco años, en 2018, aunque el proyecto nació mucho antes. La idea original era hacer un remake de Apenas un delincuente (1949), un policial argentino dirigido por Hugo Fregonese. La premisa es muy similar, un hombre quiere robar un banco, guardar el dinero y vivir tranquilo: “Lo que pasaba era que no me interesaba el protagonista y no me interesaba su objetivo, el de ser millonario. Entonces la dejé de lado y seguí haciendo las películas que hice después. Me acuerdo de haber terminado Un mundo misterioso (2011) época en donde se me ocurrió desdoblar el personaje, que no sea una cuestión de robar plata para ser millonario sino de robar tiempo. Algo de eso me interesó. Y ahí empecé a escribir”, explica el director de El custodio.

Muchas de las decisiones técnicas y artísticas se definieron durante la filmación de la película: el guion no fue la excepción. Fue reescrito reiteradas veces a lo largo de la producción y etapa de edición. Esto no significó inconveniente para Esteban Bigliardi, actor que fue convocado de inmediato. Bigliardi trabajó anteriormente con Moreno en Un mundo misterioso  (2011) y Reimon (2014): “En realidad yo casi no tengo que decir que ‘sí’ con Rodrigo, porque trabajamos juntos hace más de diez años. Cuando escribe, sé que ese personaje que me está ofreciendo lo escribió para mí. Es una persona con la que no tengo que leer el guión para aceptar. Somos como una especie de familia artística junto con los otros actores y actrices del elenco”, comenta el actor y agrega: “Rodrigo escribe muy buenos guiones, me encantó. Tiene un humor latente todo el tiempo y unas vueltas que lo hacen muy atractivo”. 

Las decisiones que se fueron tomando sobre la marcha, marcan un estilo descontracturado propio de un cine de autor. Moreno combina diferentes elementos y técnicas audiovisuales provenientes del cine clásico junto con una Buenos Aires contemporánea ambientada con música de Pappo y Piazzolla. Al mismo tiempo logra escenificar una atemporalidad dentro de diferentes escenarios, como el banco y la cárcel cordobesa. Construye un ambiente donde es imposible no sumergirse.

“Hay muchas cosas que pertenecen al mundo del azar”, explica el director. “Me di cuenta como director, que dirigir no se trata de controlarlo todo, sino, o por lo menos como yo lo interpreto, de crear un territorio en el que puedan convivir diferentes cosas. La incertidumbre de si eso efectivamente combina supongo que es la fuerza que tiene la película”, agrega. El proceso en el que se filmó la película acoge con la misma efectividad la idea que plantea: “Hay una cantidad de cosas que yo nunca estuve seguro hasta último momento si responden al mismo tono o lenguaje. Una época donde todo tiene que ser tan cuidado o tener una explicación, es complicada para la creación. Arrogarme a esa libertad, tiene que ver con eso. Hay algo emocional que tiene la película, que te conduce a, bueno, ‘este es el mundo’”.

 

El film utiliza el robo a un banco como metáfora para abordar un dilema existencial que da vueltas en torno al concepto de libertad: ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar?

El film utiliza el robo a un banco como metáfora para abordar un dilema existencial que da vueltas en torno al concepto de libertad: ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? “Un poco lo que plantea la película es el día a día de todos. Tanto como de un director de cine, un pintor o un músico. La sociedad en la que vivimos generalmente estructura todo mucho más. Vas al colegio, a la universidad, conseguir un trabajo, trabajás, tenés vacaciones. La película busca romper un poco con eso y abrirse a lo que pueda pasar, a disponer de ese tiempo para hacer lo que uno quiere”, reflexiona al respecto su protagonista.

Si bien puede que no comparta el mismo idioma hollywoodense que atrapa a la mayoría de los públicos, la obra de Rodrigo Moreno no fue pensada con el objetivo de ganar todos los premios. Sin embargo, es notable el alcance y el reconocimiento mundial que recibió. En un contexto político donde el concepto de libertad se presenta contradictoria hasta el peligro, su narrativa ambiciosa y las figuras que rompen con lo cotidiano invitan a la audiencia a re-repensar estas ideas.

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Mientras que Javier Milei anuncia ajuste a las pensiones, Sergio Massa aseguró que las personas con discapacidad «no son un número» y aseguró que forman parte de su proyecto. ¿Qué opina el director de la Agencia Nacional del sector?

En su discurso al interior del complejo Artmedia tras conocer los resultados del escrutinio de la primera vuelta electoral y nuevamente para la militancia que estaba celebrando en la calle, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, repitió que las personas con discapacidad forman parte de su proyecto de gobierno. “No son un número”, subrayó para diferenciarse de su contrincante, Javier Milei, que habló de ajustar las pensiones. Pero, ¿cuáles son los ejes centrales de la agenda en materia de discapacidad? En diálogo con ANCCOM, el director del Observatorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, Germán Ejarque, contó sobre el nuevo proyecto de ley.

“Se postergaron por décadas las necesidades de un colectivo invisibilizado”, según afirmó Ejarque. Con un proyecto de ley que espera ser presentado en el Congreso de la Nación, problematizó sobre la falta de políticas públicas para esta parte de la población, entre las que destaca la necesidad de más apoyo para una vida independiente, el acceso a viviendas y mayor cupo laboral.

Sólo el 32,2% de este sector tiene empleo, según el último estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad elaborado por el INDEC. El cupo laboral se aplica únicamente en el ámbito público, con una reserva al menos a un 4%. Sin embargo, el también contador público insistió que “históricamente no se ha cumplido”. 

Ejarque explicó que hay un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno nacional, elaborado tras una consulta pública, que contempla el cupo laboral para discapacidad también en el sector privado. Desde el sector, buscan la sanción de una nueva normativa sibre discapacidad que reemplace la Ley 22431, ya que esta fue aprobada en 1981 por la última dictadura militar y, según el sitio oficial del Gobierno, entiende a la persona como un “sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho”.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, luego de quedar primero en la primera vuelta de las elecciones y entrar en el balotaje, aseguró que buscará conformar un gobierno de unidad nacional que promueva más inclusión. Entre los diversos grupos aludidos  en su discurso mencionó a las personas con discapacidad «porque no son un número». Previo a las elecciones ya había advertido que «hay que eliminar la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo». Se espera que cuando Alberto Fernández vuelva de su gira por China emita un decreto sobre esta cuestión.

“Este colectivo fue postergado porque no salió, se quedó en casa y no por decisión propia, sino porque la sociedad no lo estaba incluyendo”, advirtió el director del Observatorio. También cuestionó el uso de términos relacionados a la discapacidad como insultos por el partido La Libertad Avanza y las políticas de recortes en las pensiones que buscan aplicar en su afán por el ajuste. En su plataforma electoral, Javier Milei proyecta realizar una «reforma previsional para recortar el gasto del estado en jubilaciones y pensiones», agregó Ejarque.

“Las pensiones son totalmente insignificantes en cuanto al monto”, sostuvo Ejarque. Esta asignación siempre es el 70% de una jubilación mínima y en octubre de 2023, tuvo un valor de 61.221 pesos, al que se le agregó un bono de 37.000. También reclamó que es en este indicador y en el programa de salud donde los gobiernos de derecha deciden hacer ajustes, mientras recordó cuando en 2017 el expresidente Mauricio Macri eliminó 160.000 pensiones por invalidez “con medidas totalmente arbitrarias”. 

Ejarque también resaltó que la verdadera traba que se presenta para las personas que desean involucrarse en el mundo laboral es la incompatibilidad expresada por la Resolución 36/2021, la cual afirma que los titulares de pensiones que accedan a un empleo formal verán suspendido temporalmente el beneficio, y no caducado. “Hay empresas que quieren contratar a una persona con discapacidad y se encuentran con que están cobrando una pensión no contributiva. La persona, ante la incertidumbre propia del mercado laboral y el miedo de perder esta asignación, decide no ingresar en un trabajo”, concluyó.

Sobre las condiciones de vida, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) dispone el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El  funcionario aseguró que desde el colectivo luchan hace años para mejorar políticas públicas que garanticen la aplicación de la legislación y contó que la autonomía es una preocupación a largo plazo que tienen las familias y los padres de hijos pertenecientes a este sector.

Ejarque enfatizó que las políticas públicas de apoyo a la vida independiente y el acceso a la vivienda colaboran con la creación de puestos de trabajos y evitan la situación en que una persona con discapacidad quede institucionalizada en hogares o geriátricos tras quedar sin amparo familiar.

El 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, según el último estudio de INDEC. Por eso, se impulsa la promoción de asistentes personales que puedan colaborar con las actividades de la vida diaria de este colectivo, donde el eje sean las actividades de interés de la propia persona y no únicamente el cuidado de la salud, diferenciando la figura de un asistente terapéutico. 

Si bien aún hay dificultades, el responsable del Observatorio aseguró que en la cuestión laboral hay muchas empresas que están dando un efecto contagio al incluir a personas con discapacidad. Además, herramientas como el teletrabajo y la virtualidad facilitaron el acceso al ámbito laboral, a la vez que cada vez hay más oportunidades disponibles para el colectivo.

Ahora resta esperar a la segunda vuelta para que las personas discapacitadas encuentren en la promesa de Massa la sanción de un proyecto de ley que mejore su calidad de vida