La Justicia Federal mantiene activa la causa “usurpación por despojo” contra 27 estudiantes procesados tras una toma de 30 días realizada durante el gobierno de Macri en 2018.
Córdoba no sólo es sinónimo de fernet, cuarteto y sierras, es también la cuna de un hito en la educación superior: la Reforma Universitaria de 1918. Este movimiento, liderado por el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba -UNC-, aseguró la autonomía universitaria, la gratuidad y la participación estudiantil en la gestión académica. Un centenar de años después, durante el período de recortes presupuestarios del gobierno de Mauricio Macri en 2018, más de 20 universidades a nivel nacional se vieron obligadas a declarar la emergencia económica financiera debido a la crisis que enfrentaban. Esta situación implicó una revuelta estudiantil en defensa de una educación libre, gratuita y de calidad, durante la cual fueron tomadas 57 universidades a lo largo del país, producto de asambleas multitudinarias y grandes movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad. Es así que en la misma universidad en la que se impulsó la reforma de 1918, los estudiantes decidieron sostener una ocupación de 30 días, en uno de los edificios estratégicos de la UNC donde se encuentra el rectorado, el Pabellón Argentina. La toma de las instalaciones llegó a su fin cuando los delegados estudiantiles se reunieron con el vicerrector de la universidad, Pedro Yanzi Ferreira. Sin embargo, más que un intento de llegar a un acuerdo, fue una jugada del funcionario, quien utilizó el acta de la reunión para señalar como actores involucrados a 27 estudiantes e imputarlos judicialmente. Paradójicamente, quien criminaliza la protesta estudiantil, Yanzi Ferreira, es también autor de “La Reforma Universitaria de 1918”, libro que homenajea la toma realizada por los universitarios en esa época.
El 26 de junio de 2019, el Juzgado Federal 3 de Hugo Vaca Narvaja, con la acusación de la fiscal Graciela López de Filoñuk, procesó a los 27 estudiantes por el delito de “usurpación por despojo”. A lo largo de los años la justicia avanzó en la causa con una ofensiva durante la pandemia, al aprovechar la virtualidad que desarticula el movimiento estudiantil. Una movilización en diciembre de 2021 detuvo el intento de la justicia federal de realizar el juicio en enero de forma virtual, en plena feria judicial y con las universidades cerradas por vacaciones. Blanca Fabiola Barreiro pertenece a la Gremial de Abogados es parte del equipo de seis letrados que, dirigidos por Carlos Orzaocoa, defienden a 15 de los 27 estudiantes imputados. En diálogo con ANCCOM afirma que es una causa “puramente política”, debido a que nunca se fijó el hecho del proceso. “Cuando el fiscal dice que una persona comete un hecho, lo tiene que fijar, describir minuciosamente, presentar pruebas, testigos y circunstancias. Dice que en determinado día y hora estudiantes entran a romper el pabellón, los acusan de manera generalizada como usurpación. No se fija el hecho, entonces no sabemos que defender”, expresa.
La justicia reactivó la causa el mes de septiembre de este año, cuando convocó para el viernes 29 de ese mes, a las 9 horas, una audiencia preliminar para dar inicio al juicio. El Consejo Directivo de la FFyH -Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC- convocó una movilización el día de la audiencia a las 8 de la mañana, con el fin de repudiar la imputación de los estudiantes, y acompañar el reclamo de suspensión del juicio y la absolución de los universitarios que participaron de la toma. Sin embargo, el miércoles 27 de septiembre, el Poder Judicial decidió suspenderlo “por razones de organización del Tribunal” sin dar mayores aclaraciones. Barreiro sostiene que la causa no tiene otra finalidad que “criminalizar la protesta, para asustar a las nuevas generaciones”. Describe que elevan la causa a juicio en 2020 y la mantienen para que no prescriba -marzo de 2024-: “Lo hacen en momentos políticos, como en las PASO. En Río Negro había una causa más grave y quedaron absueltos”.
En coincidencia con la abogada Barreiro, una de los 27 estudiantes imputados, Lucia Heber, afirma que el juicio tiene razones políticas: “El Poder Judicial, en complicidad con el vicerrector, Yanzi Ferreira, decidió avanzar sobre quienes en ese momento estábamos de delegados, atentando al legítimo derecho de una educación de calidad, al derecho a la protesta, y al principio de autonomía universitaria”. Lucía cree que el juicio es una forma de criminalizar a quienes luchan por una educación de calidad, la cual considera que hoy en día es “un privilegio”.
Lucía, quien en 2018 estudiaba Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Humanidades, relata que la toma surgió debido a la falta de respuestas a las demandas estudiantiles y al crítico momento por el cual atravesaba la universidad. Aunque recibió el apoyo y solidaridad de sus compañeros y docentes, describe la situación judicial como «un estado de mucha tristeza y decepción». Fue un «golpe muy duro» darse cuenta de que la causa por la que luchaba estaba sometida al poder de la justicia. Si bien durante los años siguientes, motivada por su entorno, siguió su carrera universitaria, afirma que lo que vivieron por aquel entonces no se “traducía” dentro de la institución, por lo que en 2021 dejó la carrera. No obstante, aclara que nunca dejó de formarse y en la actualidad cursa una nueva carrera, en otra universidad pública.
Los estudiantes y sus abogados ahora se encuentran a la espera de que el juzgado disponga de la nueva fecha para la audiencia preliminar al juicio, suspendida dos días antes de realizarse. Lucía Heber agrega: “La audiencia preliminar es una instancia previa al comienzo del juicio, donde las partes disponen de los detalles para el debate, donde se llama a declarar a los testigos y se presentan las pruebas”.