Contra el resurgimiento de los discursos negacionistas, los juicios de lesa humanidad siguen su marcha: empezó La Escuelita VIII en Neuquén, con un juez y un fiscal en el banquillo.
Comenzó el octavo tramo de los juicios “La Escuelita” en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Neuquén. Se trata de un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos contra veintitrés personas, pero tiene la particularidad de tener como acusados a dos ex funcionarios judiciales de la última dictadura cívico-militar: Pedro Duarte y Víctor Ortiz, quienes se desempeñaron como juez federal y fiscal federal de dicha provincia.
“La Escuelita” fue un centro clandestino de detención que funcionaba en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Iniciado en 2008, este es el octavo tramo que se realiza en Neuquén, pero mientras que en los anteriores fueron condenados exintegrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, en esta ocasión la responsabilidad recae en funcionarios judiciales.
Duarte y Ortiz están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes del delito de privación ilegal de la libertad. Además, Duarte se encuentra imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en información falsa. De esta forma, se tendrá en cuenta la actuación de los exfuncionarios frente a las denuncias y los habeas corpus que no fueron investigados y que favorecieron las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, la desaparición forzada de personas, como también la impunidad de las fuerzas represivas en esos hechos.
De las veintitrés personas detenidas que pasaron por este centro, nueve aún se encuentran desaparecidas. Uno de ellos es Oscar Alfredo Ragni, estudiante de Arquitectura en La Plata y militante universitario quien fue secuestrado en la puerta de la casa de sus padres en Neuquén el 23 de diciembre de 1976. Desde entonces, su madre, Inés Rigo, con un pañuelo blanco en su cabeza, lo ha buscado incansablemente y hoy pide que se haga justicia. “Esta causa muestra la actuación que tuvo la justicia como parte del plan desplegado por las fuerzas represivas, pero también por sectores civiles de la sociedad al no impulsar las investigaciones. Queremos dar a conocer y mostrar esta parte que faltaba de todo el andamiaje, de cómo se llevó a cabo este plan genocida en la región”, dijo Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que representa a Inés, en diálogo con ANCCOM. También señaló que en el caso de Oscar Ragni, de quien también es letrada querellante en este debate oral, se han sumado a los delitos de los que se acusa a los exfuncionarios el delito de genocidio por el que deben ser condenados “porque creemos que hace no solo a la verdad jurídica sino también a nuestra verdad histórica”.
Como integrantes de la justicia federal, sendos imputados cumplieron un rol central al darle un trámite meramente formal a presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas. Y lo hicieron sabiendo que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.
Los querellantes en este juicio a cargo de los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva, son la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000; HIJES, Red por la Identidad y Jóvenes por la Memoria. La primera jornada del viernes 20 solo contó con la lectura de las acusaciones de la Fiscalía, se realizará una audiencia cada quince días y se prevé que no finalizará hasta febrero o marzo del próximo año.
En un contexto de discursos que tienden a la negación de los hechos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, o directamente de apología de la misma, en este momento se están llevando a cabo veinte juicios orales en diez provincias del país, y en dos de cada tres de ellos la Secretaría de Derechos Humanos es querellante.
Tribunal integrado por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia.