Del Consenso de Washington al consenso de las commodity | Estuve ahí

Del Consenso de Washington al consenso de las commodity | Estuve ahí

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalista, explica cuáles son las consecuencias sociales de haber pasado de la agricultura al agronegocio. El impacto de las semillas transgénicas, el glifosato y el fracking y la judicialización a los dirigentes que los enfrentan como forma de evitar la resistencia. ¿Existe la dicotomía entre ambientalismo y desarrollismo soberano? ¿Cómo se vincula la deuda externa con el extractivismo?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
Con la remarcadora en la mano

Con la remarcadora en la mano

Si con Alberto Fernández la inflación no daba tregua, desde que asumió Javier Milei la suba de precios se potenció. Los comerciantes dicen que deben aumentar hasta tres veces por semana y que los clientes disminuyeron su consumo.

 Se estima que la inflación interanual de 2023 ascendió cerca de 165%, comparada con los precios de diciembre del 2022. Sin embargo, hay datos que revelan que a partir de la asunción de Javier Milei en la presidencia y la designación del Luis Caputo como nuevo ministro de Economía, esta tendencia de suba en los precios se ha acelerado en menos de tres semanas.

En sus discursos posteriores al 10 de diciembre, el actual presidente mencionó que prevé una inflación mensual  que ronde entre el 20 y 40 por ciento y también enfatizó que será «un ajuste ordenado que caiga sobre el Estado y no sobre el sector privada”. ¿Pero cómo afectan las nuevas medidas los precios en el día a día?.

En diálogo con ANCCOM, David Cabrera de 37 años, cuenta la situación que se vive en la farmacia del Sindicato de Obreros de Maestranza en la cual trabaja, ubicada en el barrio de Parque Patricios: “Los precios de los medicamentos están aumentando bastante, a veces por semanas, días y hasta horas. Es insostenible, sobre todo para los pacientes que necesitan llevarse los medicamentos sí o sí porque son recetados. Lamentablemente los sueldos no aumentan con la misma velocidad”.

No solo los productos de farmacia están sufriendo un alza de precios; los de perfumería también siguen esta tendencia como comenta David: “Las subas durante todo este año fueron constantes, pero la diferencia es que antes eran escalonadas, estas últimas semanas se disparó todo demasiado y muy rápido”, asegura.

Los aumentos han sido generalizados en distintos rubros, incluido el más fundamental, que es el alimenticio. Juan Carlos Lombardo,  de 52 años,  trabaja en la granja avícola La Amistad,  que se ubica a pocos metros de Avenida Sáenz, en la zona de Pompeya, dice: “En lo que es la semana del 25 de diciembre en adelante quedó un poco más calmado el tema de las subas, pero las semanas anteriores fue tremendo con la velocidad que subían las cosas, llegando a tener aumentos de hasta dos veces por día. No te voy a decir que los proveedores especulan pero sí que a veces se guardan cosas”.

Lombardo agrega: “Hoy las ventas también bajaron un poco, antes la gente te compraba kilos y kilos de productos, hoy se llevan de a pocas cositas, solo lo justo y necesario para el momento. Se comentaba que la venta de pollo había aumentado por el aumento de la carne, es verdad que la carne es la “vedette” que eligen los argentinos para las fiestas, pero el pollo también subió, así que no aumentaron tanto las ventas; esto se empezó a acelerar con la devaluación fuerte que hubo con Alberto, pero esta últimas semanas fue peor”.

Por último, Luis Alberto Ricalde, de 35 años, dueño de una verdulería ubicada en el barrio de Villa Jardín, en Lanús Oeste, cuenta: “Yo vendo algunos productos de almacén además de la verdulería, y noté que la yerba y el arroz subieron un montón. En una semana tuve que aumentar los precios de esos productos como tres veces. Con la verdura lo mismo, por ejemplo el morrón rojo se disparó, por eso estoy trayendo menos y un poco más del verde, con la papa pasa lo mismo”. El comerciante asegura: “Se nota mucho cómo la gente compra menos para gastar lo justo y necesario, de a dos o tres cositas, solo repuntó un poco en los días previos de las fiestas, pero antes y después estuvo complicado”.  

Bosques y glaciares, ¡afuera!

Bosques y glaciares, ¡afuera!

El proyecto de Ley Ómnibus que presentó Javier Milei al Congreso deja a los ambientes naturales en total disponibilidad de los intereses de las grandes corporaciones económicas y de los negocios inmobiliarios.

La Libertad Avanza sobre los bosques nativos y glaciares de la Patagonia a través de la Ley Ómnibus, presentada como proyecto en el Congreso de la Nación por el presidente Javier Milei. Desregulaciones y ajustes en el financiamiento del ambiente para la llegada de negocios en manos privadas. 

Una de las primeras modificaciones recae sobre la Ley de Bosques Nativos que actualmente establece los presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques. El cambio traería el desfinanciamiento total con la quita del Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos. 

Bajo su manga, la autorización a desmontes en áreas protegidas, catalogadas por colores: “La zona verde tiene bajo valor de conservación, por ende se puede forestar. La zona amarilla tiene un valor medio de conservación, no se puede deforestar pero sí se puede hacer turismo. La zona roja está totalmente prohibida la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que tanto en la zona amarilla como en la zona roja, que antes no se podía, ahora se puede deforestar”, relata Nicole Becker, cofundadora de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina. 

Como consecuencia, todos los bosques argentinos serían desmontados para la llegada de cultivos transgénicos como la soja, ganadería o monocultivos forestales. 

A la par, cambios en la Ley de Control de Actividades de Quema -que establece presupuestos para controlar las actividades de quema y busca prevenir incendios o daños ambientales- ya que se permitirá la quema de tierras “para facilitar” el terreno y dar avance a las actividades productivas; aun así, si el Estado no da la autorización dentro de un plazo de 30 días, se sobreentiende que el permiso está dado.  

La quema arrasa sobre toda la biodiversidad, convierte a los suelos en infértiles, contribuye a la contaminación del agua, al aumento del dióxido de carbono, al efecto invernadero y al cambio climático que se expresa en inundaciones y corrimientos de la tierra. 

Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la ‘gran piñata’, de la gran repartija de los ‘dulces’ que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados”, enfatiza Enrique Viale, abogado ambientalista. 

Agrega que el gobierno de Milei es “un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina”, debido al debilitamiento y desprotección total dentro del marco legal  de la Ley de Ómnibus, que deja al sector ambiental fuertemente desamparado en términos naturales. 

La Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la  liberación de sustancias contaminantes, obras de arquitectura e instalación de industrias por ser considerado un bien de carácter público debido a recursos hídricos, también entra entre las desregulaciones de la nueva normativa. 

Este cambio permite el avance de actividades económicas sobre los periglaciares -procesos geomórficos formados por el congelamiento del agua en hielo- que se encuentran cercanos a los glaciares: “Algo importante para tener en cuenta es que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años”, comenta Becker. 

Según National Geographic, la pérdida de masa de hielo glaciar actual representa una contribución de entre el 25 al 30% del aumento del nivel del mar y su desaparición implicaría menos agua para millones de personas, menos energía hidroeléctrica y menos disponibilidad para regar los cultivos. Sumado a ello, hace crecer de forma crítica el riesgo de otras catástrofes naturales, como los desbordamientos repentinos de lagos glaciares. 

“Al parecer, la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques”, concluye Viale, ante la intención de La Libertad Avanza de arrasar junto a las empresas multinacionales sobre los recursos naturales de la Argentina. 

Otra policía se disfrazó de periodista

Otra policía se disfrazó de periodista

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos De Córdoba denunció al ministro de seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, al jefe de Policía local, Leonardo Gutiérrez y a la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal en la marcha del 20 de diciembre. En vez del uniforme de la fuerza, la mujer -que tomaba fotografías- utilizaba chaleco de prensa.

La manifestación contra el gobierno de Milei y posterior represión policial del 20 de diciembre en la provincia de Córdoba contó con un elemento adicional: horas antes del inicio del cacerolazo una oficial de esa fuerza se infiltró como periodista. La APDH hizo la denuncia penal por inteligencia ilegal.

La primera protesta con ruido de cacerolas en la ciudad Capital de Córdoba, frente al céntrico Patio Olmos, había sido convocada por el Polo Obrero con el objetivo de recordar los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, y también para rechazar las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. Esa misma tarde del cacerolazo, previamente a la represión por parte de la policía local, hubo tareas de inteligencia hacia los manifestantes, una acción explícitamente prohibida por la ley.

Fueron algunas de las personas que estaban marchando las que detectaron que una persona tomaba fotos con la cámara de un celular, usando un chaleco beige que en la espalda llevaba escrito en grandes letras negras “prensa”. Pero no era una fotoperiodista. Un manifestante le consultó a qué medio pertenecía y ella respondió “prensa independiente”. Con el correr de las horas, con los videos de la marcha que se viralizaron, varios usuarios detectaron que la mujer de chaleco beige se llamaba Claudia Susana Melián Aranibar y que es miembro de la Policía de Córdoba.

Cerca de las 22, los manifestantes superaban los 3.000 y como la plazoleta donde estaban les quedó chica, bajaron a la calle. Fue el inicio de la represión que incluyó palazos, gases e incluso balas de goma. Hubo cinco detenidos, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del sitio Enfant Terrible.

Antes del inicio de la feria judicial de verano, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó una denuncia contra el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez y la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal. La acusación quedó formalizada ante el fiscal Luis Fernando Micheli. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba también presentó una querella en igual sentido.

Guillermo Torremare, presidente de la APDH Nacional, dialogó con ANCCOM y señaló que la infiltración policial viola tres leyes nacionales. “Un funcionario policial se infiltre en una movilización popular, ocultando su rol de policía y haciéndose pasar por un periodista, es contrario a la Ley de Inteligencia, de Seguridad Interior y de Defensa”, expresó. También destacó que podría configurar otros delitos del Código Penal, como el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes de funcionario público. 

Torremare remarcó que “las fuerzas policiales se meten en movilizaciones presumiendo que tienen algún contenido delictual que ellos deben prevenir o custodiar, lo cual es contrario al actuar policial, por eso denunciamos para que se investiguen estas conductas”.

Por otro lado, indicó que la denuncia fue presentada y que próximamente “la justicia va a disponer algunas medidas”. El objetivo de iniciar el camino de la querella legal es que “se censure judicialmente todo tipo de acción de inteligencia policial sobre movimientos de derechos humanos, movilizaciones populares que se expresan frente a cualquier hecho concreto”.

A su criterio, la inteligencia policial tiene que estar destinada a prevenir el delito en aquellos ambientes en los cuales se presume que se pueden cometer delitos. “Las movilizaciones populares no son ambientes donde se presume que se pueden cometer delitos, por eso a nuestro juicio estas acciones están encaminadas a criminalizar protestas, reclamos, marchas”, indicó.

“Queremos que las fuerzas de seguridad y la política sean respetuosas de los derechos de las personas a manifestarse con absoluta libertad y sin ser espiados; cuando se da este tipo de espionaje se vulneran derechos elementales de las personas a participar y a expresarse. En un país donde existe libertad de conciencia y donde estos derechos están garantizados, el Estado no puede tomar estas medidas como las que nosotros estamos denunciando”, afirmó Guillermo Torremare.

Reiterada mala costumbre

No es la primera vez, y probablemente no será la última, que alguna fuerza policial o de seguridad viola la legislación vigente para realizar tareas de inteligencia interior.

La Comisión Provincial por la Memoria, cuya mesa integra Torremare, ha denunciado tareas de inteligencia ilegal en perjuicio de familiares de la Masacre de Monte y de familiares del joven Germán Gómez en julio de 2019, encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn. También de Lucas Verón, cuando en el transcurso del juicio realizado en la Universidad de La Matanza de jurisdicción federal, policías bonaerenses fotografiaron a familiares y referentes de organismos de derechos humanos y sociales que acompañaron el juicio. 

En la Policía Federal nunca fue desmantelada la sección Cuerpo de Informaciones a la que pertenecía el agente Américo Balbuena, condenado por espionaje tras haber estado infiltrado una década en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. A la misma división pertenecía el espía Iosi Pérez, infiltrado en la AMIA, la mutual de la comunidad judía, cuya historia fue recogida por el libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, y luego por una serie de Netflix. 

El macrismo fue especialmente propenso a cruzar la línea de la legalidad para espiar, por ejemplo, a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Sin embargo, desde el libro Azul del ex ministro del Interior Carlos Corach en adelante, pasando por el espionaje de Gendarmería Proyecto X en 2011, en todas las administraciones hubo uniformados espiando a quienes se organizan, protestan y reclaman. El gobierno de Pablo Llaryora, en Córdoba, no parece ser una excepción.

 

Mercado cobro

Mercado cobro

El mega decreto de necesidad y urgencia presentado por el Poder Ejecutivo abre la posibilidad de cobrar los haberes sin la intermediación de instituciones bancarias por medio de una cuenta virtual única (CVU). Al igual que otros cambios, este parece hecho a medida de Mercado Pago, que amenaza con convertirse en un nuevo monopolio. settings.

Entre el paquete de medidas que contiene el DNU 70/2023 denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, se encuentra un viejo pedido de las empresas de tecnología financiera, o Fintech,: el pago de sueldo por medio billeteras virtuales. La que se visualiza como principal beneficiaria es Mercado Pago, propiedad del empresario Marcos Galperín, quien apoya explícitamente al gobierno de Javier Milei y opina en sus redes sociales cosas como: “Peronia es el único país de América Latina donde podías pagar sueldos en bancos y en efectivo pero estaba prohibido pagarlos en billeteras digitales, que te pagan un interés diario (~100% anual) vs las cajas de ahorro que te pagan 0%… ¡Viva Perón!”

Lo que dice puntualmente la modificación del artículo 124 de la Ley de Contratos de Trabajo es que: “Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste o quien él indique o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

Durante la gestión de Alberto Fernández, en la resolución 179/2020 del exMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad, a cargo de Claudio Moroni, se reglamentó que los empleadores no podían efectuar el pago de las remuneraciones mediante la utilización de dispositivos electrónicos aún con aceptación explícita y fehaciente por parte del trabajador. Desde entonces, las cuentas virtuales modificaron sus regulaciones y se expandieron con fuerza: en la Argentina están habilitadas 40 millones de cuentas virtuales únicas mientras que las del mundo bancario se calculan en 120 millones. Así las cosas, por cada cuatro cuentas bancarias existe una cuenta virtual radicada en una fintech.

La medida parece diseñada a favor de la empresa de Marcos Galperín. Cabe recordar que Mercado Pago creció al calor de la fortuna familiar, la cuál le dio financiamiento hasta que logró generar suficientes ingresos. A este recurso familiar se sumaron distintos apoyos del Estado como la Ley de Promoción de la Industria del Software de 2004 o la de Economía del Conocimiento de 2019. Ambas le sirvieron a la empresa para reducir sus aportes fiscales pese a que muchos discuten si su negocio es realmente la producción de software o es más bien financiero. Todo esto no impidió que Galperín se fuera a vivir a Uruguay en 2020, “un país civilizado” y con “tránsito civilizado”, como argumentó en sus tuits por entonces con el fin no tan oculto de dejar de pagar impuestos en la Argentina.

La creación destructiva

Martin Burgos compilador del libro “República Mercado Libre” sobre uno de los unicornios más grande de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas, comenta que hay cosas “super interesantes” en lo que refiere a las fintech, que le ayudan la vida a muchas personas y comercios, por lo que hay que tener siempre en la balanza las cosas buenas y malas que traen las novedades tecnológicas. Con respecto al decreto de necesidad y urgencia aclara que la billetera de Mercado Pago “está quedándose con una gran porción del mercado, que ganó en buena ley, pero la dinámica hace que se convierta en una posición de monopolio en la cual efectivamente puede empezar a cobrarle a los comercios lo que quiere ya que dependen muchísimo de sus servicios”.

El licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires y Master en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París explica que es un gran tema en teoría económica lo que se llama “la creación destructiva”: por un lado hay una ruptura porque traer una tecnología nueva destruye un esquema monopólico ya existente como los bancos tradicionales; pero por otro lado, se generan nuevos monopolios dado que la dinámica produce un momento de comercio más libre, donde consumidores y usuarios de la tecnología se benefician, aunque a largo plazo hay nuevas posiciones de dominio. El ejemplo más cercano es el de Amazon, empresa demandada en los EE.UU. por prácticas monopólicas ya que su posición dominante le permite debilitar a sus competidores con todo tipo de medidas.

En un estudio de la consultora Isonomía para Mercado Pago basado en la relación de las y los argentinos con el dinero, se investiga donde desean cobrar el sueldo quienes trabajan y el 25% de los encuestados respondió que prefiere una billetera virtual antes que un banco.

Burgos respecto a qué significa para Mercado Pago que se puedan depositar sueldos en la plataforma, responde “que todos los bancos se disputan por tener los salarios, dado que es una gran entrada de dinero y a partir de ahí pueden ofrecerles sus productos, y los trabajadores quedan medio presos de estos a partir de la cuenta sueldo”. 

Por último, ANCCOM consultó al jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Política Económica entre 2019 y 2021 sobre la posibilidad de sindicalización de los empleados de la empresa de Marcos Galperín, dado que durante la gestión de Mauricio Macri logró la ratificación de un convenio colectivo laboral que somete a sus trabajadores a un régimen muy precarizado, y donde lo que importa es justamente el convenio de quien rige: Hay una disputa entre Camioneros (por el centro de distribución y logística ubicado en el Mercado Central de Buenos Aires) y Bancarios (por la plataforma Mercado Pago) lo cual independiente del encuadre elevaría exponencialmente los niveles salariales.

Esta propuesta del DNU, así como otras, parece diseñada a favor de un grupo de poder coincidente con una mirada libertaria que busca hacer del mercado el único regulador, es decir, una ley del más fuerte en la que los más grandes se comen a los chicos generando una tendencia al monopolio. Incluso clásicos liberales como Adam Smith veían como un elemento básico del capitalismo a la competencia.