El fuego se hizo costumbre en Iron Mountain

El fuego se hizo costumbre en Iron Mountain

El depósito de Barracas de la empresa internacional dedicada a la custodia de archivos se volvió a incendiar. Fue a pocos días que se elevara a juicio oral la causa que investiga el siniestro de 2014, donde murieron diez bomberos.

Eran las dos de la tarde en el barrio de Barracas y los vecinos comenzaron a alarmarse por el olor a quemado que va tomando intensidad. Quince minutos más tarde el humo ya era evidente, el olor se volvió asfixiante y obligó a cerrar las ventanas. Al igual que en febrero de 2014, el galpón que ardía en llamas pertenece a la empresa Iron Mountain, “una compañía global dedicada a la custodia, protección y gestión de información y activos”, según su propia definición. No es la primera vez —ni la segunda— que la empresa experimenta un incendio. Uno de los abogados de las familias de los diez bomberos fallecidos hace nueve años, Javier Moral, señaló que la empresa “tendría en el mundo al menos seis o siete antecedentes de incendios, que todos comienzan con una ‘contingencia eléctrica’. Esto se llama en la jerga ‘incendio a pedido’”. Este nuevo episodio sucede cinco días después de una denuncia de vandalismo, y a doce de la elevación a juicio de la causa por la anterior deflagración.

El sonido de las sirenas de los bomberos voluntarios retumbaba en las calles. Sobre Melchor Gaspar de Jovellanos, entre Quinquela Martín y Coronel Salvadores el gran galpón de ladrillos, que ocupa casi una manzana entera, se incendia provocando llamaradas de casi 15 metros de altura. El depósito nunca dejó de funcionar porque sigue contando con habilitación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Las causas del incendio de este lunes aún son desconocidas.

Liliana Baricola, hermana de una de las víctimas del siniestro de 2014, dijo a ANCCOM: “Me enteré de la noticia por medio del productor de la película documental En cumplimiento del deber y pensé que se trataba de algo en relación a eso. Pero cuando leí ‘nuevo incendio’ me dio mucha angustia, me retrotrajo a ese día. Es realmente angustiante, eran las mismas llamas de ese año”. En su opinión, al igual que el incendio anterior, fue intencional. “Esto está hecho a propósito para amedrentarnos a todos, incluso a los jueces porque esta es una cámara que no está dentro de Comodoro Py por lo que es una forma de apriete, de decirles que se tranquilicen y que esto no se va a resolver tan rápido. A mí me da lo mismo porque mi lucha personal no va a parar”, dijo Baricola a esta agencia. 

Como si fuera un déjà vu, los vecinos temieron por la seguridad de los bomberos y los civiles. El 5 de febrero de 2014 por la mañana, en el barrio se vivía la misma situación pero con un trágico final. Las llamas que comenzaron sobre la calle Azara se propagaron por todo el depósito y provocaron el derrumbe de una pared sobre la calle Jovellanos, cobrándose la vida de diez personas. Anahí Garnica, Damían Véliz, Eduardo Conesa, Juan Monticelli, Maximiliano Martínez, José Luis Méndez, Leonardo Day, Pedro Barícola, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi. Esos son los nombres de las víctimas y sus rostros quedaron inmortalizados como los “Héroes de Barracas” en unos pequeños carteles ubicados en el lugar de los hechos. 

Casualmente, la semana pasada el tribunal recibió un escrito en el cual se aseguraba la vandalización del inmueble. En consecuencia, el abogado pidió “determinar lo sucedido, sus responsables, así como los daños y faltantes.” 

Por otra parte, hace diez días se había elevado a juicio oral y público la causa del incendio del 2014 en cuyos imputados incluyen a los directivos de Iron Mountain Christian Castiñeiras, Héctor García, Eduardo Sueyras Parra y Guillermo Lockhart y el empleado de seguridad Oscar Godoy; y funcionarios porteños Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Gastón Laugle, Rafael Roldán, Jorge Papanicolau, Vanesa Berkowski, Ricardo Grunfeld, Norberto Ventura Sosa, Félix Lugo, Esther Moroni, Silvia Hers, Luis Cogo y Alberto Graciani.

La querella asegura que el incendio de 2014 fue intencional y que el empleado de seguridad apagó en reiteradas ocasiones el sistema de alarma que se activa para alertar de un incendio de forma temprana. También se han señalado las fallas gubernamentales para controlar el funcionamiento del depósito de la empresa norteamericana.

Por otro lado, Baricola mencionó la presentación de un proyecto por parte del bloque del Frente de Todos que busca lograr la expropiación de estos galpones para construir un espacio comunitario y de conmemoración. Incluso existe una escultura realizada y donada por un vecino que espera desde hace años encontrar un sitio para ser expuesta y apreciada. “Se trataría de un plaza conmemorativa y si bien es una iniciativa linda e interesante, es un poco difícil que se apruebe por parte de la Legislatura”, dice la mujer. 

En esta ocasión no hubo que lamentar víctimas aunque cerca de las 18 una pared cayó hacia Quinquela Martín provocando el destrozo de tres autos estacionados allí. El olor a quemado continuó molestando y perjudicando a los vecinos hasta entrada la noche. Las cenizas y los pequeños pedazos de papeles quemados invadieron el barrio y tiñeron calles y veredas de gris. La lluvia, junto al arduo trabajo de los bomberos, ayudó a mejorar y estabilizar la situación aunque las arterias que rodean al galpón continúan cortadas y controladas para mantener la seguridad de los peatones. El incendio, dicen los bomberos, está controlado. Pero extinguirlo, aseguran, demorará al menos dos semanas.

Derechos de autor vs. acceso a la cultura

Derechos de autor vs. acceso a la cultura

La muerte de María Kodama y la aparición de sus sobrinos como herederos patrimoniales de la obra de Borges reavivó el debate sobre la Ley de Propiedad Intelectual.

Ante el fallecimiento de Maria Kodama, viuda del reconocido escritor Jorge Luis Borges y propietaria de su patrimonio, se presentó un escenario legal que llegó al plano mediático. La Ley de Derechos de Autor, sancionada en 1933, entró nuevamente en crisis mientras se encendieron las alarmas sobre el futuro del legado de uno de los escritores de habla hispana más reconocidos del mundo. Gustavo Schötz y Beatriz Busaniche, en diálogo con ANCCOM, analizaron las complicaciones que presenta la norma escrita por Roberto J. Noble –previo a fundar el diario Clarín– y tras ocupar un cargo en el gobierno bonaerense del conservador Manuel Fresco.

La Ley 11.723 establece que las obras permanecerán en dominio privado hasta cumplir 70 años luego de la muerte del autor. A su vez, Argentina debe responder a los parámetros internacionales del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, celebrado en 1886, y firmado por el país en 1967. En su texto se contempla que la protección “se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte”, por tanto la ley local es aún más limitante respecto a las recomendaciones del marco regulatorio global.

“Hay obras que sí tienen una vigencia aún cuando muere el autor, pero hay otras que son muy efímeras y el plazo es igualmente de 70 años, como los videojuegos o los softwares. La norma, en ese sentido, es un poco inflexible”, observa Gustavo Schötz, abogado y doctor en derecho internacional privado, quien sostiene que es necesaria una flexibilización frente a cada caso. 

“El plazo se tiene que asociar a otras cosas. Debería ser posible mantenerlo, pero no permitir que los contratos se refieran a ese plazo”, continúa Schötz, que también es director de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual y profesor en el Centro de la Propiedad Intelectual en la Universidad Austral. En ese sentido, considera correcto que una editorial pueda firmar un contrato que le asegure la tenencia de una obra por toda la vida del derecho, es decir, 70 años luego de la muerte del autor. “No diría reducir el plazo –concluye Schötz–, sino armonizarlo con distintos usos, mercados y utilidades que tienen los tipos de obras”.

El ex Director Nacional del Derecho de Autor (DNDA) afirma que en el caso Borges, si no se hubieran presentado testigos, las obras hubieran quedado bajo la tutela del Estado y no habrían entrado en el dominio público antes del tiempo estipulado por la ley. Bajo esta lógica, este ente tendría el derecho de propiedad y de explotación u administración privada de las obras del eminente autor.

Además, Schötz hace referencia a un término fundamental en el debate de la Ley de Propiedad Intelectual: las obras “huérfanas». “Lamentablemente, Argentina no tiene regulado este concepto. Son obras que se desconoce el paradero de los herederos o del autor y quedan sin poder ser explotadas”, afirmó antes de comentar que es inusual que haya personas dispuestas a asumir el riesgo de invertir en administrar una obra sin saber quién es el titular, ya que puede aparecer luego. “Las obras huérfanas tienen que ser solucionadas. Ese plazo tan largo, sin un adecuado registro y sin saber quienes son los titulares, genera incertidumbre y deja que muchas obras pasen al olvido”, lamenta el especialista. 

Beatriz Busaniche, activista y académica por la cultura libre y los derechos humanos en entornos mediados por tecnologías digitales, confirma que “una de las catástrofes de la larga duración post-mortem sobre los derechos de la obra de un autor es que los derechos son ejercidos por una multiplicidad de herederos”. En caso de que estos no lleguen a acuerdos sobre la forma de administrar las obras y asegurar su reproducción, se corre el riesgo de que la difusión de la obra quede frenada. “Esta no sería la primera vez que pase, hay mucha obra huérfana”, afirma. Además, instó a la reflexión sobre los casos en que los autores son menos conocidos o no son tan valorados en el mercado literario: “Sus herederos nunca aparecen, o son muchos y no se ponen de acuerdo: esto deriva en el virtual bloqueo de la circulación de una obra”, agrega.

“El conflicto entre el acceso a la cultura y los derechos de propiedad intelectual es histórico. Hay una tensión entre la posibilidad de acceder libremente a las obras culturales y la existencia de estas en el dominio privado”, afirma la directora de Fundación Vía Libre. En tanto las obras están bajo la tutela de herederos, los titulares con la potestad de distribuirlas pueden tomar decisiones que afecten al derecho pleno de acceso a la cultura. “En este momento –sostiene Busaniche– no hay un equilibrio. Esto se está tratando de solucionar en la fundación, considerando que es difícil modificar de manera integral los derechos de propiedad intelectual”.

Busaniche es Licenciada en Comunicación Social y Magíster en Propiedad Intelectual. Asegura que “los tiempos de duración del dominio privado sobre una obra son demasiado largos” si se los contrasta con los tiempos de duración del Convenio de Berna, donde son 50 años después de la muerte del autor. En Argentina “hubo intentos de extenderlo 10 años más –explica Busaniche–. Siempre fue por parte de herederos y titulares de herencias suculentas”. En tanto, asegura que quienes quedan con el dominio privado de la obra, tienen la motivación de extender el tiempo para hacer uso de las ganancias y de la distribución de esos bienes: “Son rentas inmensas que, para muchos herederos, son una fuente enorme de ingresos y sin hacer nada a cambio”.

Para Busaniche “es un debate que nos debemos como sociedad”. La duración del derecho a la propiedad intelectual fue cuestionada socialmente tras la muerte de Maria Kodama y la incertidumbre sobre el destino de las obras de Borges. La autora del libro Propiedad intelectual y derechos humanos plantea un interrogante: “¿Corresponde otorgar derechos a los herederos sobre una obra a la que no han contribuido en absoluto?”, mientras enfatiza que no debe ser así. Sin embargo, considera que las posibilidades de hacer un cambio en la ley son remotas. Por ello, sostiene que es necesario frenar los intentos de extender los plazos y buscar habilitar mecanismos con un solo fin: “Que el acceso a la cultura vuelva a tener un equilibrio frente a la longitud y la amplitud del dominio privado sobre las obras culturales, que finalmente forman parte del acervo cultural de una sociedad”.

El fallecimiento de Maria Kodama dejó abierto el debate de la ley de propiedad intelectual y la extensión de la propiedad privada de las obras. En la justicia se presentaron cinco sobrinos de la fallecida para reclamar la herencia de Jorge Luis Borges y quedarse con las obras que llevan 36 años en el dominio privado, y le quedan aún otros 34 años por explotar.

Es tiempo de ver un documental sobre un diario cooperativo

Es tiempo de ver un documental sobre un diario cooperativo

Se estrena un largometraje sobre el diario cooperativo Tiempo Argentino, que refleja la lucha, la recuperación y la subsistencia de los trabajadores en defensa de su fuente laboral y de la comunicación social.

El proceso de vaciamiento empresarial que se dio entre diciembre de 2015 y abril de 2016 a cargo de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, el ataque de una patota hacia los trabajadores de la redacción del medio, cuando ya empezaba a dar sus primeros pasos como autogestionado, y una pandemia de por medio, fueron las principales adversidades que Tiempo Argentino tuvo que resistir para poder existir.

Este miércoles 26 de abril a las 18:30, en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, se estrena el documental De la resistencia a la existencia, dirigido por Pablo Lecaros, que girará en torno a esos ejes y que busca contar una historia de lucha y de reconversiones de parte de los trabajadores de un medio que se intentó silenciar pero que así y todo ya lleva más de siete años como cooperativa.

“Es un documental en el que se abre un álbum familiar de un medio, de una cooperativa, donde encontramos historias más que personales, contada por sus trabajadores, por quienes hacen el diario día a día”, afirma Lecaros. De la resistencia a la existencia intenta sintetizar en 90 minutos, de una manera dinámica y sin perder el hilo central de la historia, toda una producción de materiales de archivo, y más de 38 entrevistados que incluye a figuras como Nora Cortiñas, Taty Almeida, Julia Mengolini, Alejandro Bercovich y Víctor Hugo Morales.

“Es una historia de un montón de personas que decidieron que la lucha era el único camino para poder existir –sostiene Guido Molinari, guionista del documental–. Y de alguna manera también es un gran mensaje hacia lo que significan los medios de comunicación en Argentina. Que no todos los medios de comunicación desinforman, que tampoco tienen que operar en favor de alguien, sino que hay diferentes formas de construir la información. Y creo que el caso de Tiempo Argentino, que ya lleva siete años, que es un medio ya instalado a nivel nacional, es la demostración que a través de la autogestión, a través de su manejo horizontal, se puede construir de otra manera y se puede ser masivo de esa forma”.

Federico Amigo, ex presidente de la cooperativa y hoy secretario, escribió una editorial en el año 2020 titulada “De la resistencia a la existencia”, justamente para contar todo lo que fue atravesando el medio y que una de las cosas que iba a tener que enfrentar era una pandemia y cómo iba a tener que seguir adelante con eso. Ese título, que luego fue elegido para el documental, es una frase con la que dentro de la organización se sienten identificados.

Amigo, en diálogo con ANCCOM, comenta: “‘De la resistencia’ porque nos logramos construir como medio después de haber sufrido un vaciamiento empresarial, desde ese lugar donde lo que teníamos disponible era nuestra fuerza de trabajo, pero no contábamos con recursos económicos para salir adelante, tuvimos que resistir para sostener el medio y sostener las fuentes de trabajo sin mayores elementos. Después vino la recuperación de un medio que si bien nació en 2010 en un modo tradicional con empresarios, se logró reponer a un vaciamiento y convertirse en una cooperativa. Y la existencia también está dada no sólo por el trabajo que pudimos llevar adelante nosotros, por nuestra propia organización y el acompañamiento sindical, sino porque también encontramos una audiencia, un público que nos acompañó durante todo momento, para que Tiempo pudiera llegar a este séptimo aniversario”.

El proceso de vaciamiento sufrido desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016, comandado por los dueños del Grupo 23, coincidió con el cambio de gobierno de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del mandato de Mauricio Macri. “En abril de 2016, cuando construimos la cooperativa, había arrancado el macrismo. Allí ya se empezaban a ver un montón de políticas estatales que iban en contra de los propios laburantes, casi que nosotros estrenamos una nueva forma de política con un gobierno que no tiraba centros hacia los trabajadores”, comenta Molinari.

De todas formas, son los mismos trabajadores de Tiempo Argentino los que resaltan que uno de los que lideraba el vaciamiento empresarial era Sergio Szpolski, candidato a intendente de Tigre por el kirchnerismo en el año 2015. Ese proceso de vaciamiento implicó que los trabajadores no cuenten con su salario por varios meses ni con el aguinaldo, pero de trasfondo se comenzaba a generar una unidad de casi 200 compañeros que estaban en la misma situación.

Se inició un reclamo a nivel nacional para poder visibilizar la situación a través de festivales en el Parque Centenario y en los actos del 24 de marzo. Así fue como la cooperativa empezó a caminar con sueldos bajos un 19 de abril del 2016. Sin embargo, a los pocos meses se encontraron con un nuevo obstáculo: “Había un objetivo detrás y era que Tiempo Argentino no exista más”, sostiene Molinari.

“El 4 de julio en una madrugada fría, horrible, lluviosa, una patota de más de 15 personas, comandada por quien era supuestamente el que había comprado el diario, Mariano Martínez Rojas, un empresario que nunca se hizo cargo de nada, quiso echar a los compañeros que estaban durmiendo en la redacción –sigue Molinari–. Ante la falta de respuestas avalada por el Ministerio de Trabajo empezamos una permanencia en la redacción, en custodia de los bienes que estaban ahí. Y no pudieron con los trabajadores y las trabajadoras, porque a nosotros se nos unieron colegas de Clarín, La Nación, Infobae, C5N, y de muchos otros: entre los propios trabajadores no existe la grieta. La grieta es entre los patrones, no entre las personas que laburan”.

Tiempo Argentino logró consolidarse, resistió y se convirtió en una referencia nacional en términos periodísticos. Logró ser el medio autogestivo más grande del país sin dejar de competir con el resto de los medios corporativos, pero ofreciendo una mirada, una cobertura y una línea editorial que no se ve en los medios tradicionales.

Tiempo es un medio de alcance nacional que cubre la agenda masiva con el diferencial de aportar su mirada, sin ataduras económicas ni políticas y con la resistencia al poder concentrado como una de sus banderas –señala Amigo–. Además, logra destacarse del resto de los medios corporativos con las coberturas que reflejan los debates del campo popular, las problemáticas de la clase trabajadora, la defensa de los Derechos Humanos del pasado y el presente así como las políticas públicas en salud y educación, entre otros tantos ejes”.

El documental, que comenzó a realizarse en marzo del 2022, tendrá su avant premiere el miércoles, y luego hará una ruta por sindicatos, medios emblemáticos nacionales y festivales a lo largo y ancho del país. “Es una historia que merece ser contada no solo por el medio de comunicación sino también por esas historias invisibilizadas de un colectivo de trabajadores de nuestro país”, concluye Lecaros.

En la primera semana de junio, en ocasión del Día del Periodista, se proyectará también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esa misma jornada, se bautizará a la redacción de ANCCOM con el nombre Viviana Mariño, en homenaje a una de las fundadoras de la Cooperativa Tiempo Argentino y editora de la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, quien falleció el año pasado.

«Ambientalismo sin compromiso político es jardinería»

«Ambientalismo sin compromiso político es jardinería»

Militantes de ongs ambientalistas sociales y políticas marcharon en el Día de la Tierra en reclamo por la Ley de Humedales, y el cuidado del ambiente. La marcha coincidió con el cierre de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, primer pacto regional ambientalista de América Latina.

El rugido hondo del Subte D va cediendo ante un rugido distinto, el de pasos sincronizados que miran con convicción hacia la 9 de Julio. En el espacio flotan diversos lemas en pancartas y banderas. “#LeydeHumedales ya!”, se lee por acá; “Que todos los días sean días de la Tierra”, se lee por allá; “El agua vale más que el oro”, agita un hombre en su cartel mientras con la otra mano sostiene su bastón. Una comparsa entona “Beso a beso” de la Mona Jiménez con alegría. Así comenzaba la jornada del viernes 21 de abril, cuando organizaciones ambientalistas, sociales y políticas se manifestaron por el Día de la Tierra. La fecha es conmemorada desde el 22 de abril de 1970, año en el cual la preocupación por el medio ambiente fue llevada de forma masiva a las calles por primera vez en Estados Unidos. Las consignas de la movilización son de suma importancia siempre, pero resultan particularmente relevantes durante este fresco viernes de abril, ya que coinciden espacial y temporalmente con el último día de la 2ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. 

 El Acuerdo de Escazú es el primer pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe. “Nos parece un instrumento jurídico muy importante -explicó Stephanie Cabovianco, coordinadora a nivel nacional de Climate Save, a ANCCOM -, especialmente para las comunidades, para los activistas ambientales que están en una situación vulnerable”. Reconoció el lugar privilegiado de la Ciudad de Buenos Aires en lo que refiere a los derechos de los activistas: “No es lo mismo en otras provincias, en otros países, donde realmente es muy difícil protestar sin estar en peligro. Ayer teníamos a una activista en uno de los eventos que organizamos que decía que ella está amenazada de muerte. Estamos acá por ellos”. Efectivamente, uno de los objetivos de Escazú es garantizar la seguridad de los activistas de organizaciones ambientales. Según el último informe de Global Witness, más de tres cuartos de los ataques contra ecologistas registrados en 2021 tuvieron lugar en América Latina.

Bruno también participó de la movilización, al igual que Stephanie. Milita desde 2021 dentro de Jóvenes por el Clima y forma parte del movimiento ambiental desde 2019. Contó que tiene compañeros de asambleas territoriales que se exponen a los horrores de la megaminería y que han sido detenidos. “La sanción del acuerdo no es ningún logro, es un piso -dijo Bruno-. El techo es la implementación y una verdadera implementación es lo que puede ayudar a los activistas. De otra forma, los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales van a seguir desprotegidos”.

Hay una curiosa presencia de alguien que marcha plácidamente en cuatro patas, a la par de los demás. Es un perro negro, barbudo, de baja estatura, que lleva puesta una pecherita de EcoHouse en la que se lee: “Pequeñas acciones por mucha gente”. 

Además de la protección de los derechos de quienes se manifiestan, otros dos ejes importantes del Acuerdo de Escazú son el acceso a la información sobre el medio ambiente y la participación pública en el desarrollo de toma de decisiones ambientales. Es el único pacto vinculante que consagra la participación de la ciudadanía en este sentido. “Está muy relacionado al derecho a tener acceso a la información. La información ambiental tiene que estar libre para quien quiera buscarla, poder encontrarla. Falta mucha información, mucha comunicación, mucha concientización sobre el tema”, comentó Juliana de Embajadores Verdes. Rosa Lucía también acudió a la marcha, en este caso autoconvocada, y destacó al igual que Juliana la necesidad de una mayor concientización: “Soy una mujer del pueblo indígena del pueblo Coya, por eso vine. Dejan sin agua a la comunidad, y no afecta a la gente solamente, sino que afecta a la tierra. Como mujer indígena, no solamente yo tengo que estar acá. Tiene que estar toda una sociedad que tenga conciencia, que venga a defender la madre tierra”. Lleva puesto un sombrero color crema, debajo de él su pelo largo y negro trenzado; se erige detrás suyo una flameante Wiphala.

 

Una consigna siempre presente en el movimiento ambiental es que no hay justicia ambiental sin justicia social. Esto apunta, entre otras cosas, a que siempre que hay algún desastre ambiental, los más golpeados son las clases más bajas. Carteles varios retoman esta consigna, entre ellos uno que dice “Ambientalismo sin compromiso político es jardinería”.

Al fondo de la marcha en movimiento se encuentra la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores. Allí camina Laura. Comparte las mismas inquietudes de los demás manifestantes, pero además expresa una preocupación personal, un vínculo sumamente cercano con la problemática: “Ttengo ansiedad ambiental y cuando pienso en tener hijos de pronto no sé, es una razón que me ha hecho retardar el querer tener hijos. Porque primero quiero saber qué va a pasar con el mundo”. 

 

Imprenteros, una máquina de contar historias

Imprenteros, una máquina de contar historias

La pieza teatral de Lorena Vega, que cuenta la historia familiar de una imprenta del conurbano y reflexiona sobre la importancia de los oficios, es además un libro y una instalación. Y pronto será una película.

El miércoles 19 de abril se realizó un conversatorio sobre la instalación Imprenteros, que propone un recorrido por la historia de la obra de teatro, organizado por la Casa Nacional del Bicentenario y Club Paraíso, un colectivo de artistas que difunden las artes escénicas. Estuvieron presentes Lorena Vega, actriz, directora y creadora de Imprenteros junto a su hermano Sergio Vega. El conversatorio fue moderado por Cynthia Edul, novelista y dramaturga.

Imprenteros es una obra de teatro documental que nació en el 2018 en el marco del ciclo “Proyecto Familia” del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA. Cuenta la historia de Lorena Vega y sus  hermanos  y la imprenta familiar, a la que les fue negado el acceso por una parte de su familia tras la muerte de su padre Alfredo Vega.

La obra comenzó con cuatro funciones, pero su éxito fue tal que siguió sumando semanas en cartelera y se expandió a otros soportes. En la instalación, que se puede visitar en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) hasta el 30 de abril, se exhiben elementos que forman parte de la escenografía de la obra y del archivo familiar.

Al entrar a la sala se presenta una serie de fotografías de la imprenta familiar, ubicada en Lomas del Mirador. “Estas fotos las sacó César Capasso, amigo mío desde los 17 años –cuenta Lorena Vega–. En el año 2006 le pedí que fotografiara cada una de las máquinas del taller así yo podía imprimirlas y regalárselas a mi papá. César es mi cómplice artístico en la recuperación del territorio de infancia. Gracias a sus trucos fotográficos podemos estar de nuevo en la imprenta familiar”.

En otra de las paredes se proyectan escenas de la obra de teatro. Lorena y Sergio están en el escenario, vestidos con mamelucos que fueron donados por  trabajadores de imprentas. “La Imprenta, el territorio que se disputa, no es un lugar cualquiera, tiene el peso de las revoluciones que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Los trabajadores gráficos formaron parte de esa revolución”, se lee en una de las paredes un texto escrito por Gabriela Halac.

Imprenteros llevó también su historia a un libro, publicado en 2022 y editado por Documenta Escénicas. El libro recupera parte del guión de la obra, fotografías del archivo familiar, diálogos entre los hermanos Vega y relatos.

Lorena Vega lee al público un relato sobre su madre y uno acerca de sus trabajos como costurera. La obra reflexiona también sobre la importancia de los oficios y el conocimiento que se transmite de generación en generación.

Imprenteros funciona como una máquina de contar historias, que mediante la memoria busca recuperar un territorio perdido. “En Imprenteros hay recuerdos de la infancia, de las familias, de las  relaciones con los padres, del oficio, que ahora se vuelven nuestros también”, concluyó Cynthia Edul.