Los cuatro policías acusados por matar a cuatro jóvenes en la llamada Masacre de Monte fueron condenados por un jurado popular. Dos de ellos recibirán prisión perpetua. Aún no se sabe cuándo comenzará el proceso judicial por encubrimiento.

Los cuatro policías imputados bajaron la cabeza. Luego de casi diez horas de debate por parte del jurado popular, los policías Rubén García, Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibañez fueron considerados culpables del delito de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego. García y Ecilapé recibirán la pena a prisión perpetua porque hubo unanimidad por parte de los doce integrantes del jurado. En tanto, el jurado encontró culpables a los cuatro policías por tentativa de homicidio, aunque discriminó a Ecilapé e Ibáñez como coautores. 

“Mi hijo Danilo descansa en paz, se hizo justicia, lamento por las familias de ellos pero nos hicieron demasiado daño”,  dijo Juan Carlos Sansone en llanto y levantando los brazos al cielo en la puerta del tribunal. Apenas pasadas las 22, vecinos y familiares estallaron en cantos y gritos contenidos por la larga espera del veredicto.

La noche del 20 de mayo de 2019 los policías persiguieron a tiros al auto conducido por Aníbal Suarez, de 22 años, en el cual iban los jóvenes Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone, de 13; Camila López, también de 13 al igual que Rocío Quagliarello, la única sobreviviente. Mientras escapaban de los tiros, el Fiat 147 en el que habían salido a pasear chocó contra un camión con acoplado detenido en la Ruta 3, y así fue arrebatada la vida de las cuatro víctimas. Rocío sobrevivió a sus heridas de gravedad. Anoche vio a los policías condenados por el intento de homicidio del que fue víctima.

La jueza técnica Carolina Crispani, que asumió la dirección de debate, estimó que el 2 de junio puede tener lugar la audiencia para que las partes aleguen sobre el monto de la pena, y siete días después podría dar a conocer la sentencia con la precisión de los años de cárcel que tendrán que cumplir cada uno de los condenados.

Una jornada eterna

La octava y última audiencia por la Masacre de Monte había comenzado a las 10.30 con una gran concurrencia. Familiares, amigos y vecinos esperaron atentos al veredicto en las puertas del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata, acompañados de bombos, música y carteles.

Minutos antes de comenzar, Dora Bernárdez, abogada de las familias Dominguez y Suárez, aseguró a la prensa que “quedó probado que les dispararon, que no tenían motivos para hacerlo y que fueron cambiando la versión de los hechos según su conveniencia”. Agregó, además, que esperan que el veredicto sea ejemplar y que los cuatro policías implicados reciban cadena perpetua.

La jueza Crisoani, a cargo de este caso emblemático de violencia institucional, se dirigió durante tres horas a los doce integrantes del jurado popular que tomaría la decisión respecto a la culpabilidad o no de los policías de San Miguel del Monte. Especificó que en este caso había dos jueces: “Una jueza de derecho y un juez de los hechos, que son ustedes”. Durante ese tiempo aclaró las consideraciones a tener en cuenta al momento de tomar una decisión y que la misma debe darse en base a las pruebas vistas, su buen juicio y el sentido común. Pidió especialmente a los integrantes del jurado que no se dejaran influenciar por información externa a la sala. Y agregó que la credibilidad y el peso de las pruebas dependían enteramente de su percepción.

Para llegar a una condena, nueve de los doce miembros del jurado debieron considerar culpables a los policías. En el caso de que haya menos de ocho votos a favor, los imputados serán considerados culpables de delitos menores tales como “tentativa de homicidio” o “exceso en el cumplimiento del deber”. Por último, si existiera una decisión unánime, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, recibirían una cadena perpetua por homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego y violación de los deberes de funcionario público.

A las 13.30, la jueza Crispani pidió a los presentes retirarse y habilitó al jurado un espacio para que comenzaran su deliberación. Gladys Ruíz Díaz, madre de Danilo, con micrófono en mano y la voz quebrada, agradeció a todos los presentes a los pies de la escalinata del tribunal: “Pido justicia por mi hijo y por todos ellos. Exijo un juicio justo, basta de gatillo fácil. Ni uno más, ni uno menos”. Dos horas más tarde, los amigos y familiares de las víctimas realizaron un abrazo simbólico a los edificios tribunales de La Plata.

Las horas pasaban y los vecinos de Monte persistían. Con mates y termos en mano esperaron la resolución sobre la calle 8. Acompañaba la escena la música de rap que cantaban en vivo amigos de los adolescentes fallecidos, que también disfrutaban de ir a la plaza para realizar su arte.

“El abuso de poder no puede ser tolerado en democracia”

Durante la séptima y anteúltima jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata, uno de los policías imputados había admitido que hizo disparos. Fue una extensa audiencia con los alegatos de cierre del fiscal Mariano Siubet –que pidió la condena de los policías al argumentar que «el abuso de poder no puede ser tolerado en democracia»–, los particulares damnificados con sus querellas y la defensa de los acusados. Sibuet explicó que en un tramo del paseo de los chicos por la Laguna de San Miguel se cruzaron con el móvil de Ecilapé. Sin que existiera un motivo o sospecha, el oficial dio aviso a la otra patrulla –de Monreal e Ibañez– para que le hicieran un cerrojo policial al Fiat 147 que manejaba Suárez. 

El fiscal enfatizó que fue “sin flagrancia”, ya habían modulado con las otras patrullas que la situación era normal. Sin embargo, Manuel Monreal disparó al móvil de Suárez para interceptarlos. “Uno de los disparos impactó en el cuerpo de Gonzalo, en su pelvis, 13 años. ¿Se pueden imaginar el dolor que sintió Gonzalo? Rocío nos trajo un pantallazo de lo que pasaba, se quejó, le ardía”. El informe entregado por el perito balístico reveló que fue Monreal quien disparó, así como también que no hubo disparo al piso tal como la defensa sostenía, sino que fue directo al cuerpo.

El fiscal relató que al verse rodeados por la polícia, dispuestos a dispararles como ya lo habían hecho con Gonzálo, los jóvenes escaparon. Durante la persecución se pudo observar al capitán Rubén García asomando su cuerpo para disparar al auto de los jóvenes. Gracias al trabajo de los peritos quedó comprobado que tales disparos provenían de su arma reglamentaria. Sibuet esbozó: “¿Qué pasó después que chocaron? Les siguieron disparando”. Dirigiéndose al jurado, el fiscal sostuvo que “las pruebas son contundentes, testimonios, testigos presenciales, evidencia más allá de la física, videos, vainas. No hay ningún tipo de justificación ante el comportamiento de los agentes de la ley. Monreal dijo que tuvo miedo por su vida, pero él disparó cuando el auto pasó al costado suyo. El abuso de poder no puede ser tolerado en una sociedad democrática de derecho, les pido por favor que sean cuidadosos en todo lo que pasó delante de ustedes”.

El alegato de Margarita Jarque, en nombre de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del patrocinio letrado de las familias de Sansone y López, aportó jurisprudencia y una síntesis de la larga historia de casos enmarcados en la llamada “violencia institucional” con el “gatillo fácil” como emblema represivo. Jarque adhirió a lo dicho por el fiscal, y afirmó que quienes perpetraron el crimen “lo hicieron en nombre del Estado” pese a no estar autorizados “a frenar o detener personas sin orden judicial” y sin “flagrancia”, es decir que no pudieron adjudicar a los adolescentes la comisión de ningún delito. En la misma línea habló Agustina Lloret, en nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como querellante institucional. Hizo mención a la sucesión de balazos dirigidos al auto pese al (falso) argumento policial de que sólo dispararon “al piso o a las ruedas”.

“Los condujeron a una muerte segura”

Las partes querellantes coincidieron en que todos los testigos que acudieron desde el primer minuto al lugar del hecho escucharon disparos. También destacaron que en el modo de accionar homicida de los cuatro imputados, los móviles policiales se utilizaron como un arma, para intimidar a quienes iban allí, aduciendo que manejaban a alta velocidad sin usar sirenas. Para esta parte acusadora, los choferes fueron parte esencial (Ibañez y Ecilapé), son co-autores, sin ellos los hechos jamás hubieran ocurrido. Los chicos se vieron obligados a tomar la angosta colectora producto de las decisiones de la policía, y terminaron chocando contra el camión acoplado. Los condujeron a una muerte segura.

Para otra fecha aún no fijada quedará el juzgamiento de los otros veinte policías por encubrimiento y falsificación de documento público.

Por su parte, los defensores de los policías apelaron a la “inseguridad” que deben combatir en las calles esos “servidores públicos”, e hicieron una defensa corporativa de la Policía. Guillermo Baqué –un mediático miembro de la “familia” policial–, su hija María Celeste y Luis María Giordano lanzaron varias chicanas en lugar de fundamentos. “La próxima vez que los pare un policía no paren, háganle caso al bloque acusador”, dijo Baqué a los jurados. Lo central del argumento de la defensa fue que los uniformados actuaron “en cumplimiento de su deber” al intentar identificar a los pibes y las pibas. “¿Hubo disparos?”, sí, no lo podemos negar, dijeron. Pero no dieron ninguna explicación convincente de la justificación de uno solo de esos tiros. 

Y la frutilla del postre fue culpar a una de las víctimas. “Suárez se cagó en la vida de tres chicos y les arrebató la vida”, afirmaron Baqué y sus colegas. “No se explica por qué Aníbal reaccionó así, por qué se dio a la fuga. La persecución fue más que lógica: ¿qué tenía de malo parar? ¿Por qué uno no pararía ante la policía?”, se preguntaron ante la mirada atónita de algunas personas del público. María Celeste Baqué hizo foco en que Aníbal se dio a la fuga porque carecía de licencia de conducir, de VTV -Verificación Técnica Vehicular-, y además estaba alcoholizado. En tanto el abogado Giordano afirmó: “Mis clientes dispararon a un neumático y a una vereda”.

Al final de la audiencia del martes 16, los cuatro acusados dieron sus últimas palabras de cara al veredicto, para agradecer al jurado, pedir perdón a los familiares de las víctimas. Dijeron que fueron “errores” en el “cumplimiento de su deber». 

Para otra fecha aún no fijada quedará el juzgamiento de los otros veinte policías por encubrimiento y falsificación de documento público. Las familias de la Masacre de Monte no se olvidan que la ex intendenta Sandra Mayol y sus funcionarios avalaron la versión del accidente y negaron, hasta bastante entrada la investigación, los disparos policiales.