Feb 19, 2024 | DDHH, Destacado 3
Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre regresiones en materia de Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión.
Más allá de la caída de la “Ley Ómnibus”, las intenciones del Gobierno y las reformas que introdujo el DNU 70/2023 en materia de comunicación siguen vigentes. A esto se le suma el Protocolo Antipiquetes que durante las coberturas del debate de la ley en el Congreso atentó contra la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa.
Entre las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la CIDH que advierta al Estado argentino sobre regresiones en derechos humanos fundamentales se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Argentina (AMARC), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de carreras de Comunicación Social y Periodismo, entre otras. Estas organizaciones le acercaron información detallada a la CIDH sobre la situación de la libertad de expresión a partir de la asunción del nuevo gobierno.
Como antecedente cabe citar las reformas en materia de comunicación que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2015, a pocos días de haber asumido. Al año siguiente, gracias a un pedido de organizaciones de la sociedad civil, estos cambios desembocaron en una audiencia pública en la sede de Washington de la CIDH. Allí, el Estado argentino tuvo que brindar explicaciones sobre las modificaciones realizadas por DNU a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a la Ley Argentina Digital, puesto que incumplían los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En aquella audiencia, los representantes del Estado argentino sostuvieron que eran modificaciones transitorias, ya que iban a crear una nueva Ley Integral de Comunicaciones que contemplara la convergencia tecnológica, algo que nunca ocurrió. Diego Morales, director de Litigios y Defensa legal del CELS, en diálogo con ANCCOM, afirma que “con la llegada de Milei, aquellas garantías que al menos subsistían para que no se generase un proceso de concentración significativo, fueron eliminadas”.
La presentación de las organizaciones plantea que el DNU 70/23 derogó los límites a la concentración de la propiedad de medios audiovisuales a nivel nacional habilitando niveles de concentración mediática incompatibles con los estándares de libertad de expresión de la CIDH. “Todo el sistema audiovisual quedó organizado sin ningún tipo de límite para el trabajo de las empresas, Macri ya había sacado ciertos límites, pero este Gobierno organizó la liberación total”, señala Morales.
Según Mariano Randazzo, integrante de Radio Sur y de AMARC, “lo que está en juego es el derecho a la comunicación en su integralidad. Nosotros no concebimos ni a las audiencias como consumidores ni a la comunicación como un negocio, sino como un derecho que tenemos los pueblos a construir nuestras experiencias comunicacionales vinculadas a nuestras identidades, culturas, saberes, a nuestras historias y a partir desde ahí construir nuevas representaciones mediáticas de una manera plural, diversa y democrática”, explica.
Otro eje de la solicitud ante la CIDH es la intervención de los medios públicos, que ya no depende del modelo definido en la LSCA, sino que “ahora es el propio Poder Ejecutivo el único que determina los contenidos y los sistemas de programación con el riesgo de ir a su privatización”, enfatiza Morales.
“Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara. Nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es muy fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social. Vamos a seguir existiendo y seremos un actor central”, dice Randazzo.
Al respecto, Randazzo agrega: “La intención explícita de querer privatizar los medios públicos es parte de cerrar voces y limitar la diversidad, los medios públicos van más allá del rating y de la lógica comercial, su función es cumplir un rol social”. Hay que añadir que la LSCA organizaba el sistema de medios en tres prestadores: estatales, privados y privados sin fines de lucro (como es el caso de las radios comunitarias).
Además del objetivo de privatizar los medios públicos, está la de eliminar los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), creados por la LSCA y una fuente importante de ingresos de los medios comunitarios. “Los riesgos de estas medidas son muy concretos, ya que nuestro sistema de medios, tal como lo conocemos, hasta el momento desaparecería y el actor que quedaría con las mejores condiciones para gestionar la comunicación argentina sería el sector privado, ese es el núcleo de nuestra presentación”, puntualiza Morales.
Los FOMECA son administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que fue intervenido por decreto. Randazzo asegura que “su intervención es una restricción a la construcción democrática que tenía ese organismo, porque ahí participaban las minorías parlamentarias, representantes de las provincias y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el FOMECA todavía no se borró del mapa, el hecho de que no se estén firmando expedientes para que eso avance es una manera de frenarlo”.
Otro de los puntos que trata la presentación ante la CIDH es la eliminación de la Defensoría del Público, organismo también creado en 2009 por la LSCA. Morales destaca que “es un órgano que permite que se lleven adelante denuncias y que ciertos procesos de estigmatización generados por los medios de comunicación puedan ser discutidos y modificados”.
“Las políticas de Milei efectivamente son una continuidad de los decretos de Macri que en su momento ni bien asumió significaron la mutilación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Milei ahora viene a terminar ese trabajo”, opina Randazzo. Sin embargo, aclara: “Los medios comunitarios existíamos cuando no había ninguna ley que nos regulara, porque nacemos con la necesidad de nuestras comunidades y experiencias políticas, sociales y culturales de comunicarnos. No existimos gracias al Estado. Es mucho más fuerte la vocación que tenemos por construir una comunicación diversa, plural, democrática y participativa con una perspectiva social, que lo que va a lograr hacer este Gobierno. La comunicación comunitaria va a seguir existiendo en nuestro país y va a ser un actor central”.
La nota a la CIDH alerta sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. “Aprovechamos la oportunidad para incluir todos los ataques que recibieron periodistas y fotógrafos al momento de cubrir manifestaciones. Alertamos sobre el ejercicio de la profesión, no solo en la protesta social, sino en los ataques que reciben periodistas que se oponen al Gobierno”, subraya Morales.
Para Morales, “sería muy importante que la CIDH opine sobre esta transformación de cómo es el sistema de comunicación en Argentina, que opine sobre temas estructurales”. Randazzo, en tanto, espera que la CIDH sea una tribuna internacional que los acompañe en la lucha. “Vale la pena presentarse más allá de los tiempos y las gestiones, sabemos que no es una cosa automática e inmediata –afirma–. Esta estrategia en unidad con otros sectores es una más en el camino por lograr el reconocimiento del derecho a la comunicación”.
Ene 11, 2024 | DDHH, Destacado 5, Entrevistas, Novedades, slider, Vidas políticas
Damián Loreti, profesor en Comunicación desde 1987, experto en Derecho a la Información, coautor y cofundador de los 21 puntos que dieron origen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, repasa la historia de la regulación de los medios y sus contenidos en Argentina desde la dictadura a hoy.
40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)
ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.
La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.
Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.
Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.
Créditos
ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
Oct 23, 2019 | Culturas, Novedades
A las pocas semanas del inicio del mandato actual gobierno, Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015, aprobado el 6 de abril de 2016, que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078). En este contexto, el jefe de gabinete Marcos Peña sentenció: “Hoy se termina la guerra contra el periodismo y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones”. Pero ¿a qué periodismo hacía referencia el funcionario? Los especialistas en la comunicación detallan las abrumadoras consecuencias en materia comunicacional de las políticas por acción y por omisión del macrismo y cómo el periodismo al que apuntó favorecer desde sus inicios hasta hoy se encuentra vinculado directamente con los medios más concentrados.
Una política presidencialista
La política comunicacional de Cambiemos se caracterizó por el uso abusivo del dictamen de DNUs y resoluciones, obturando de esta manera el debate público a cambio de decisiones tomadas directamente desde el Ejecutivo. En este marco, a su vez, el nombrado DNU 267/2015 disolvió los entes regulatorios sectoriales Afsca y Aftic creados a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y conformó, en su reemplazo, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un ente dependiente totalmente del Poder Ejecutivo. Bernadette Calífano, Investigadora del CONICET, sostiene que la conformación del ente “contradice todos los estándares del sistema interamericano de Derechos Humanos” Y agregó: “Los miembros no requieren idoneidad en sus cargos, desaparece cierta representación federal, no es independiente, no tiene estabilidad en sus puestos y el presidente los puede remover por cualquier motivo y sin causa.”
Por otro lado, un acontecimiento de gran relevancia que denota el sesgo verticalista de la gestión oficialista fue la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual (creada con la Ley 26.522) por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, presidida por el senador Eduardo Costa en septiembre de 2018. Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es ex Director de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los motivos que lo llevaron a dejar su cargo fueron “la política de censura, el hostigamiento personal, el malestar y la incertidumbre laboral.” En su puesto, Marino recibió la directiva de no poder dar entrevistas sobre el trabajo de la Defensoría y le ofrecieron la renovación de su contrato por un mes. A partir de la intervención se nombró a Emilio Jesús Alonso como defensor a cargo, un hombre del que no se le conocen antecedentes en el rubro. Desde este momento, relata Marino, la Defensoría tomó un nuevo rumbo pese a que venía funcionando con relativa normalidad: se dejaron de hacer capacitaciones y audiencias públicas o se dilataron los períodos entre una y otra de manera notable.
Hernán Lombardi fue la cara visible de la política de medios de Cambiemos.
La concentración como norma
En conjunto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se modificó la Ley Argentina Digital. En este sentido, Calífano explicó que “el mismo decreto modificó el hecho de que la televisión por cable fuera considerada en vez de un servicio audiovisual, un servicio de TIC, es decir, pasó a ser considerada dentro de Argentina Digital. Eso implica que a la televisión por cable no se le pueden aplicar todas las restricciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el límite en la cantidad de licencias, el porcentaje que la ley establecía como tope de mercado, las cuotas de programación sobre contenidos, etc.”
Por otro lado, la fusión Cablevisión Holding-Telecom marcó un hito difícil de revertir en materia de concentración. Este hecho se explica dentro de un contexto de políticas que avalan y fomentan la acumulación sin límites y sin regulación equitativa. Al respecto, Diego Rossi, investigador en políticas y planificación de la comunicación de la UBA detalló: “En audiovisual básicamente desatendieron a la Televisión Digital Abierta y avalaron los movimientos de los prestadores de televisión por cable. Estos prestadores quisieron avanzar en otros servicios: básicamente Internet, porque telefonía móvil les resultaba complicado ya que es una gran inversión. Salvo para uno de esos prestadores que es Cablevisión Fibertel, el cual venía dando Internet y avanza con la megafusión después de hacerse de espacio radioeléctrico a partir de la compra de Nextel.”
Los noticieros televisivos del fin de semana de la TV Pública fueron eliminados.
Hacia una convergencia impostora
La ansiada y admirada convergencia no se hizo notar en estos cuatro años de gestión. Si bien Cambiemos alza la bandera de la convergencia como rumbo al que hay que llegar y, de hecho, creó una comisión para redactar una Ley de Comunicaciones Convergentes, los proyectos en esta materia se vieron congelados y sin avances.
En este sentido, la conectividad en las escuelas públicas es una cuenta pendiente. Mariela Baladrón, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), dijo que “Cambiemos hizo un acuerdo para desarrollar un programa de pisos tecnológicos con escuelas donde se había entregado un monto muy alto (600 millones de pesos) para la primera parte de un programa que se entregó a educ.ar. Sin embargo, Enacom finalmente tuvo que suspender ese programa porque nunca se rindió cuenta de qué tipo de implementación se hizo o cómo avanzó ese programa.”
Por otra parte, Baladrón nombró el caso emblemático del desarrollo del Plan Conectar Igualdad. Este fue renombrado bajo la gestión macrista como Aprender Conectados y si bien las capacitaciones se mantuvieron en algunos casos, lo que marcó la diferencia fue la suspensión de la entrega de dispositivos. En este punto, la investigadora agregó que “en muchos lugares del país el único dispositivo de la familia era justamente la Netbook que se entregaba a los chicos que estaban en etapa escolar.”
Tras un fallo judicial, el gobierno debió reincorporar a los 354 trabajadores despdidos de Telam.
Soberanía satelital y medios públicos
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) posee actualmente dos satélites geo-estacionarios: ARSAT-1 y ARSAT-2. Pese a que hacia fines del 2015 estaba planeada la creación del tercer satélite ARSAT-3 –pensado para abarcar todo el continente americano-, esta se vio definitivamente suspendida bajo la dirección del ex titular de ARSAT Rodrigo de Loredo. Baladrón explicó que “con la nueva gestión se empezó a autorizar a operar satélites extranjeros que entraban en competencia con los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2 y no sólo eso sino que empezaron a operar satélites que directamente prestaban los servicios para lo que se estaba pensando el ARSAT-3.” Y agregó: “Esto es una forma de discontinuar totalmente una política pública de soberanía satelital que se venía llevando adelante con una empresa satelital propia.”
En cuanto a los medios públicos, a partir de la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos se sientan las bases para una concentración hacia el interior del Estado- Así, distintos proyectos diferentes entre sí -Canal 7, Radio Nacional, Canal 12 de Trenque Lauquen, todos las emisoras que dependían del Ministerio de Educación y otros proyectos culturales como Tecnópolis, el CCK y demás- quedaron comprendidos bajo este nuevo espacio de carácter ministerial con sesgo presidencialista.
A su vez, los medios públicos han sufrido recortes presupuestarios extraordinarios. Según la Resolución 672/2019 el déficit operativo y financiero de la TV Pública y Radio Nacional para 2019 es de $3.860.773.784. Por otra parte, desde el inicio de la campaña, la agenda de los informativos viró hacia el oficialismo. “De los 880 cables publicados en la sección Política referidos a las elecciones generales, que la agencia [Télam] despachó desde el 7 de septiembre –inicio formal de la campaña- hasta el 7 de octubre, el 55% tiene como protagonista a algún referente de Juntos por el Cambio”, señaló Ezequiel Rivero, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la UNQ y licenciado en Comunicación de la UNC. A esto se agrega el despido masivo de 354 trabajadores al interior de la agencia a mediados de 2018 bajo la gestión de Hernán Lombardi, que gracias a la lucha sindical y gremial de los trabajadores logró retrotraerse. “También se anularon los informativos de la TV Pública los fines de semana y se restringió la programación de Radio Nacional que dejó de transmitir programación propia y retransmite ahora programación de Buenos Aires”, agregó la investigadora cordobesa Daniela Monje.
El olvido de los medios comunitarios y de la federalización
La comunicación como algo que no es estrictamente comercial recién existe en Argentina desde 2005 y se termina de formalizar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. “En este período, los medios cooperativos y comunitarios dependen mucho de los fondos del Estado para poder funcionar. Entonces, la política de dilación que tuvo el gobierno con la entrega, la convocatoria a concursos y el pago de los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual (FOMECA) generó en algún momento la asfixia financiera de muchos actores de este sector que se mantenían básicamente con fondos concursables del Estado”, explicó Rivero.
“Además –agregó- se da la paradoja de que le toca a este gobierno que denostó a la Ley Audiovisual y que ignoró durante buena parte de su gestión a las radios comunitarias, al sector cooperativo y demás, ser el que finalmente otorga las primeras licencias definitivas a un montón de medios en los últimos meses. Es casi como un acto de hipocresía porque lo hacen sin haber hecho antes un plan técnico de ordenamiento del espectro radioeléctrico.”
Por otro lado existe una deuda actual e histórica en cuanto al federalismo de las políticas comunicacionales en Argentina. Ana Müller es docente de las cátedras Comunicación Popular y Alternativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta y se especializa en medios rurales. En diálogo con este medio nombró algunas de las dificultades que atraviesan las regiones que no son Buenos Aires. Muchos de los trámites y reclamos deben hacerse con domicilio en Buenos Aires y además tienen que iniciarse de manera virtual.
En este punto, Müller destaca un dato que recabaron desde el Relevamiento de Radios y Televisoras Comunitarias, Populares, Alternativas, Cooperativas y de Pueblos originarios de Argentina, realizado por la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP): “Hay un 10% de las radios y televisoras que actualmente en Argentina no tiene acceso a conectividad porque no existen redes en sus localidades o porque los costos son tan altos que es imposible acceder.” Y añadió: “Ningún ciudadano ni ciudadana de este país quiere solamente ser enunciado por medios de otros lugares que ni siquiera reconocen cuál es la situación de cada contexto. Todos queremos hablar con voz propia.”
Feb 13, 2018 | Comunidad, Novedades
Al oeste del centro de Luján, en el barrio La Palomita, las casonas aledañas a tranquilas calles de tierra se interrumpen escasas veces por esporádicos autos. En medio del silencio, un antiguo caserón remodelado es el camuflaje del estudio de televisión del canal Pares TV, cuyo distintivo es una antena que se divisa a la lejanía. “Por fuera parece un búnker”, señala risueña la joven Romina Fernández, quien junto a Alejandro Schiaffino –además secretario de la cooperativa, y relator en la transmisión de partidos de fútbol- es conductora del noticiero Pares Noticias. Sin embargo, a pesar del bajo perfil geográfico del canal, hoy es un medio comunitario clave tanto para los lujanenses, como para la disputa por la transmisión gratuita de la información. En un momento coyuntural donde las privatizaciones mediáticas se encuentran en alza –tal es el caso de los derechos en la televisación del fútbol-, la idea de conformar una televisión sin fines de lucro, es una apuesta de pocos para el servicio de muchos.
Los fundadores de Pares TV pasaron de no tener aire para un magazine a formar un canal de televisión autogestionado.
Una señal a pulmón
Desde sus inicios en 2008, la Cooperativa de Trabajadores Pares Limitada, emitía sólo cuatro horas diarias y salía por la señal local de Tele Red, un cable operador regional. Comenzó con la idea de ser un magazine diario de dos horas propuesto por el productor de televisión Rubén Silver, llamado “De par en Par”, y a los pocos meses sumaron “El ojo”, un ciclo de documentales nacionales y latinoamericanos.
Tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009, la cooperativa realizó su seguimiento al considerarla relevante para el proyecto, incluyendo la cobertura de los debates sobre su constitucionalidad. Esta decisión causó inconvenientes con la cablera Tele Red, quien modificó paulatinamente los contenidos, no los puso al aire o cambió horarios y la ubicación del canal en la grilla de programación. Como consecuencia, el acuerdo con la cablera culminó y Pares dejó de tener su espacio en el aire. “Teníamos la opción de seguir cada uno por su lado, repartir las pocas ganancias, o continuar con la compra de un transmisor y la instalación de una antena para seguir al aire”, cuenta Diego Gusmerini, uno de los fundadores de Pares TV.
En un antiguo caserón en el barrio lujanense de La Palomita funciona el canal Pares TV.
Luego de decidir la continuación del proyecto, en enero de 2010 Pares TV volvió a tener emisión en el canal 3 de aire, cubriendo todo el partido de Luján. Sumó mayor contenido cultural, contenido noticioso y cobertura de los partidos de los clubes regionales (Flandria y el Club Luján), junto con la retransmisión de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Para ese entonces, los televidentes contaban con la novedosa posibilidad de poder acceder de forma gratuita a contenidos que antes no les eran frecuentes.
Tal fue la respuesta en la calidad del servicio, tanto del municipio como de sus habitantes, que en 2013 la señal fue declarada de Interés Cultural por el trabajo en la comunidad y por su distintiva difusión gratuita. Ese mismo año, la Cooperativa Pares TV fue reconocida de forma precaria por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) –hoy conocida como Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)- como una señal dentro de un marco legal para su emisión.
Los responsables de Pares TV luchan por el otorgamiento definitivo de la licencia TDA.
En paralelo, el AFSCA había puesto en marcha el artículo 97 de la ley, el Fondo de Fomento Concursable Para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trataba de una herramienta para destinar el 10% de lo recaudado por gravámenes y multas a grandes medios, con el fin de destinarlo a la mejora tecnológica y la producción de contenidos en medios sin fines de lucro. Pares TV ganó el concurso por esos fondos, destinados a mejorar la calidad y el equipamiento necesario. “Los FOMECA han sido una herramienta fundamental para nuestro crecimiento, vital, no sólo para los canales, sino también para todos los medios comunitarios –agrega Diego Gusmerini- Durante todo el 2016 el actual gobierno realizó una ‘búsqueda de mal gasto’, como para encontrar irregularidades. Esto generó atrasos en los concursos, además de no obtener resultados negativos como para una regulación más entre tantas otras”.
Hoy Pares TV es una de las tres señales sin fines de lucro (junto a Barricada TV y Urbana TeVé), que se encuentran a la espera del otorgamiento definitivo de la licencia TDA para poder expandir la transmisión más allá de Luján, y que se le remunere por su contenido producido. La habilitación del ENACOM será un respaldo determinante para continuar con el proyecto de propuestas alternativas, autogestionadas y de interés relevante para su región.
Alejandro Schiaffino en plena conducción del noticiero de Pares TV.
La pelota no se privatiza
Haciendo uso de su eslogan -“el canal de Luján”- Pares TV transmite los partidos de fútbol de Flandria, el club de la localidad de Jáuregui que se desempeña en la Primera B Nacional desde el 2017. La señal comunitaria recibió una carta de intimidación de Tele Red Imagen SA (TRISA), del Grupo Clarín y la señal Torneos y Competencias (TyC), alegando ser propietaria de los derechos en la transmisión de los partidos de Flandria en la Primera B Nacional y Primera B Metropolitana. En consecuencia, de no haber cumplimiento con lo pedido por el conglomerado multimediático, Pares TV debería pagar un resarcimiento económico por la transmisión del fútbol de ascenso.
A pesar de la magnitud en la diferencia económica entre esos medios y el canal lujanero – y que de 45 partidos de Flandria en la temporada pasada, TyC sólo transmitió seis de ellos-, una vez más el apoyo en la Ley de Medios generó un respaldo judicial para los derechos del canal lujanense. Y es que para continuar con las transmisiones de fútbol, en Pares TV se basa en el aún vigente artículo 77 de la ley 26522, que sostiene el acceso universal a contenidos de interés relevante.
Bajo esa premisa, se presentó un amparo ante la justicia para conservar los derechos en la transmisión de los partidos de Flandria. Finalmente, como respuesta a la defensa de la cooperativa, el grupo TRISA, que controla TyC Sports, reclamó la inconstitucionalidad de la ley y calificó a esos artículos como “inaplicables”. Pero, por si fuera poco, también postuló que sea inconstitucional la retransmisión de los partidos de la Selección Argentina a través de los canales de aire.
No obstante, desde Pares TV apelan a hacer valer sus derechos, junto con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, para que no cesen las transmisiones deportivas de Flandria. Para muchos lujanenses, estos eventos resultan indispensables para seguir disfrutando del fútbol, tanto en el aire, como desde su valiosa retransmisión en el portal de internet. Y, tal vez, su reclamo sea el puntapié inicial para enfrentar al entramado de las privatizaciones que avasallan a las apuestas alternativas sin fines de lucro.
Desde Pares TV intentan transmitir los partidos del equipo de fútbol local.
Ene 24, 2018 | Novedades, Trabajo
Después de los primeros dos años de gestión macrista, las transformaciones en en el campo de la comunicación se suman al cúmulo de medidas generales que evidencian su concepción de modelo estatal, su relación con las corporaciones empresariales y con los sectores más vulnerables. ¿El resultado? Una creciente concentración mediática que favorece a los grandes grupos económicos del sector audiovisual y de telecomunicaciones y que perjudica no solo al sector no comercial, sino también a las pequeñas y medianas empresas de comunicación.
Marcha «La Ley de Medios no se toca» en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Diciembre de 2015.
El año pasado finalizó con la firma de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que aprueban la compra de Cablevisión por parte de Telecom, una fusión que contiene una realidad innegable: el Grupo Clarín pasó a ser un gigante de las telecomunicaciones. Y aunque “las políticas de comunicación podrían mitigar estos procesos de intensificación de la concentración, lo que hacen es profundizarlo”, explicó María Soledad Segura, docente e investigadora de las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con la consigna “convergencia tecnológica” el gobierno avala la fusión de empresas que históricamente fueron separadas por barreras regulatorias. Y con artilugios legales se saltean instancias parlamentarias para que la legislación entre en vigencia. Con el DNU 267/15, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se vio modificada y desmembrada en algunos artículos fundamentales. Por un lado destruyó la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA), así como también diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.
En consecuencia, creó el ENACOM, un organismo que incluye en su directorio siete personas, de las cuales cinco son elegidas por el poder ejecutivo. Damián Loreti, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, abogado especializado en derecho a la información y uno de los principales impulsores de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aseguró que esta medida “va en contra tanto del procedimiento como del contenido que los estándares interamericanos de Derechos Humanos señalan sobre autoridades de aplicación”.
Por el otro lado, el DNU relajó las barreras de control de concentración a través de tres vías explícitas: “Primero, aumentó la cantidad medios que se puede tener. Segundo, sustrajo el cable a las reglas de los servicios de comunicación audiovisual, pensando que eso los hace convergentes. Tercero, prohibió a DirecTV hacer otra actividad que no sea la televisión satelital, y eso tenía como destino fortalecer a Cablevisión, al limitarle la competencia a DirecTV, cosa que corrigieron por presiones del gobierno norteamericano”, explicó Loreti.
En este sentido, Luis Lazzaro, periodista, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y ex coordinador del antiguo AFSCA, aseguró: “No hay nada que jurídicamente impida que esto sea resuelto desde un Congreso. Se trata de una situación claramente inconstitucional, de ningunear al Congreso argentino, de invocar pretextos que no tienen razón de ser ni de necesidad ni de urgencia”, refiriéndose a los DNU que dictó el Poder Ejecutivo desde fines de 2015 y a lo largo de su gestión.
Para María Soledad Segura, “esas medidas transitorias están reestructurando al mercado de manera muy profunda y esto va a tener implicancias muy difíciles de revertir, incluso con la mejor ley que podamos imaginar basada en el paradigma de derechos humanos”. Tal es así que la situación de los medios comunitarios, quienes tenían una expectativa de participación muy grande tras la sanción de la ley 26.522, se ve agravada. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostuvo que para el gobierno “los medios comunitarios son innecesarios porque no generan productividad de mercado”. No obstante, para ella, quien además trabaja como asesora de estrategias en gestión de políticas de medios de comunicación comunitarios y populares, “el impulso que se dio durante estos seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha dejado mejor parado al sector. De hecho, se han creado muchos medios y estos se han agrupado. Lo que tienen ahora es un ahogamiento económico”.
Allanamiento del AFSCA en diciembre de 2015.
Lo dicho anteriormente se evidencia con la suspensión de los llamados a concurso y de los pagos para el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA): “Están impagos FOMECA del 2015, están impagos la mayoría de los FOMECA 2016. El concurso de ese año se llamó recién en octubre. Y el concurso a los FOMECA 2017 se va a llamar recién en febrero del 2018 con lo cual ya tienen un retraso en los pagos y en la realización de los concursos muy importante”, confirmó Segura. Y como contrapartida -agrega- existen “emisoras sin fines de lucro, que están en situación de ilegalidad también producto de la inacción estatal, a las que se les realizó intimaciones y allanamientos”.
La promesa oficial de una nueva Ley de Convergencia Tecnológica que repararía los abusos cometidos por el exceso de DNU sigue en pie tras una tercera solicitud de prórroga por 180 días para dar a conocer el proyecto. Si bien el constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó el proyecto que la comisión destinada a tal fin había presentado en marzo de 2017, después de un año de trabajo, “todo parece indicar que al gobierno no le cerró y quedó cajoneado hasta este momento”, sostuvo María Soledad Segura. Sobre el contenido de ese primer borrador, Lazzaro concluyó: “No está mal encaminado porque retoma mucho de los principios de la ley 26522 y 27078, aunque se ve de nuevo que trata de preservar los intereses de Grupo Clarín y companía”. Desde otra perspectiva, Villamayor criticó que en el anteproyecto “el sector social no está representando”.
El año 2017 y los comienzos de 2018 mostraron cierres de medios como Agencia DyN; la revista El Gráfico; los diarios La Razón y La Mañana de Córdoba, entre otros, y miles de despidos en medios tanto públicos como privados, además de graves atrasos en el pago de salario como ocurre en Radio Del Plata o las crisis como la del Grupo Indalo. La responsabilidad de la política comunicacional de Cambiemos es evidente. Para Loreti “el panorama es más que sombrío y la responsabilidad es más que obvia”. El mal manejo de la pauta oficial sumado a una economía cada vez más recesiva parecen ser los detonantes de la situación de crisis que atraviesan no solo las pequeñas empresas, sino también algunos grandes grupos económicos: “Para algunos medios se aumentó más de un 500 por ciento la pauta y para otros ni siquiera se respeta el porcentaje mínimo que la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública dice que hay que cumplir. A esto se suma la cantidad de plata que el gobierno está poniendo en redes sociales y en medios digitales”, finalizó Loreti.
Damian Loreti en una charla por la Ley de Medios, clase de Derecho Constitucional a cargo de Andrés Gil Domínguez.
Movilización de los medios comunitarios frente al ENACOM en el edificio donde funcionaba el AFTIC.
Actualizado 24/01/2018
