“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

En un nuevo aniversario de la masacre del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen reclamando “una justicia verdadera, no a medias”. Los dueños del taller continúan impunes.

El 30 de marzo de 2006, en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269, del barrio porteño de Caballito, un incendio causó la muerte de seis personas: Juana Vilca (25, embarazada); Wilfredo Quispe (15); Elías Carbajal (10); Rodrigo Carbajal (4); Luis Quispe (4), y Harry Rodríguez (3). Todas ellas, reducidas a trabajo esclavo y servidumbre por sus empleadores, sobreexplotadas y en condiciones ambientales inhumanas

Hasta hoy, sus familiares y los sobrevivientes reclaman justicia por las víctimas, que trabajaban y malvivían allí. Eran 65 personas en total, en un espacio que no contaba con ninguna medida de seguridad ante posibles accidentes, tampoco ventilaciones adecuadas, ni mucho menos una adecuada infraestructura para albergarlos.

A 19 años del hecho, realizaron un homenaje y reafirmaron el pedido de justicia en las puertas del ex taller textil clandestino, cuyos propietarios eran Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, quienes por entonces contrataban mano de obra calificada, la mayoría de nacionalidad boliviana, principalmente de pueblos indígenas como quechuas y aimaras que casi no hablaban el español, y que aceptaban pensando que los esperaba un trabajo digno y que les daría un mejor bienestar.

“Los dueños daban las instrucciones de coordinación de su taller textil a sus dos capataces, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, y estos reclutaban a personas migrantes muy necesitadas haciéndolas trabajar jornadas laborales muy intensas, sin beneficios laborales y reducidas al trabajo esclavo, mientras los empresarios hacían la vista gorda de todo lo que sucedía en el taller”, recuerda Lourdes Hidalgo, trabajadora y sobreviviente de la tragedia, en diálogo con ANCCOM.

“Todos sabían lo que sucedía en el taller –prosigue–, tanto funcionarios del Gobierno de la Ciudad como policías. Unos y otros venían, se llevaban ropa en cantidad, los policías cargaban los patrulleros con prendas, nos pedían de sus talles, y ellos veían como trabajábamos, como el lugar no contaba con la debida seguridad”.

“Había muchos cables colgados, comíamos sobre nuestra máquina de coser y muchas veces nos dormíamos sentados porque trabajábamos entre 16 y 18 horitas diarias. No había habitaciones, sólo separaciones que hacíamos con plásticos y cartones. Casi no veíamos la luz del sol, vivíamos manchados de azul por el color de las prendas de jean, y lo peor que para bañarnos contábamos con un solo baño con una ducha muy precaria, que había que hacer una fila de dos horas por la madrugada. Estábamos en condiciones extremas de servidumbre por esos empresarios que se abusaban de nuestra necesidad, pagándonos cada tres meses, todos corruptos y sinvergüenzas. Por eso pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”, afirma Hidalgo.

En ese año, 2019, en una asamblea abierta familiares y sobrevivientes, se formó la Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale, para sostener el pedido de justicia y presentar un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad y al Congreso de la Nación para que el predio sea declarado un lugar de conmemoración a las víctimas, que no serían tales si las autoridades hubieran cumplido las tareas de inspección correspondientes. Hasta el momento no han tenido respuestas. Para completar el círculo de impunidad, en 2022 el poder judicial restituyó el edificio a sus dueños, quienes hoy lo tienen en venta.

Integrante de la Comisión y de la organización Simbiosis Cultural, de la colectividad boliviana, Juan Manuel Charcas reflexiona: “Lo que el incendio de Luis Viale y los talleres clandestinos tienen en común es que surgen a partir de la necesidad de prosperar. Muchos compatriotas bolivianos venían a la Argentina para lograr ‘el sueño boliviano de los 90’: casas, dos autos, la morenada –baile folclórico emblema de la pujante élite aimara–, porque si quieres bailar en la morenada tienes que tener platita, el anhelo de ser tu propio jefe o de alguien más”.

“Así –continúa–, aceptaban la explotación inicial, para luego terminar por explotar al mismo compatriota, o dejando que los exploten otros patrones del mismo rubro, pero ya siendo empleado y no teniendo la paga en tiempo y forma cambia tu manera de pensar y terminas siendo explotado, reducido sin querer al trabajo de servidumbre. La única forma de cambiar esto es verte desde afuera, sabiendo que estás adentro”.

Sobrevivientes, familiares y miembros de la Comisión exigen una justicia verdadera, no a medias, ya que consideran que los dueños también deberían ser condenados por su responsabilidad como empresarios y además propietarios del inmueble.

“Fuego y muertes alumbran el trabajo textil de Luis Viale –subraya Lourdes Hidalgo–. La sociedad tiene que conocer este hecho y tomar conciencia de cómo surge la ropa barata que llevan puestas, y que detrás de esa ropa están las tristezas, carencias, sueños frustrados y la explotación de muchos trabajadores textiles, inclusive niños, que son víctimas de la trata de personas y el trabajo esclavo. Queremos ver presos y no que anden sueltos por ahí los dueños del taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler. Ni olvido ni perdón”.

«De mi mamá no se sabe nada»

«De mi mamá no se sabe nada»

Cuatro nuevos testimonios relataron las desapariciones y la violencia física y psicológica en la audiencia del 1° de abril en la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV. Memoria de un agujero negro.

Cuatro declaraciones se dieron en la sala para casos complejos del Tribunal Federal Oral 5° de San Martín (TOF 5) este martes 1° de abril dando continuidad a las audiencias de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Zona Oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar.

En relación a la desaparición de Jorge “Misio” Leonardo Fraga, quien había sido visto en los centros Comisaria 1° de Moreno, VIII Brigada Aérea de Moreno y Campo de Mayo, declaró su hijo, Martín Hernán Fraga. También su madre, Silvia Mónica Paolucci, fue secuestrada y permanece desaparecida desde esa misma noche, del 24 al 25 de junio de 1978, en la ciudad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Martín pudo reconstruir algunos hechos y su historia a partir de datos e informaciones que le dieron vecinos y familiares.

Paolucci y Fraga, matrimonio militante en la columna oeste de Montoneros, “vivían en la clandestinidad y eran perseguidos”. Habían decidido resguardarse en dicha localidad bonaerense en la casa de la abuela materna de Martín “porque ya no tenían donde refugiarse, les venían pisando los talones, aunque sabían también que no era un lugar seguro”. Sobre la noche del secuestro, Martín relata: “Ingresó un grupo de cuatro hombres armados. Por vecinos que vieron el operativo supe que afuera había más personas escondidas a lo largo de toda la cuadra. A mi papá lo interceptaron entrando por la parte de atrás de la casa, en su camioneta celeste. A él nunca lo ingresaron a la casa, entraron solo los hombres a buscar a mi madre. Cuando mi madre escuchó los golpes y culatazos anticipó que la venían a buscar. A mi abuela le dijo: ‘Cuidá bien al nene que yo no voy a volver’. La encerraron en una habitación y, en otra, a mí y a mi abuela. Por relatos de mi abuela a gente conocida, a mi mamá la habían tenido una hora interrogándola y golpeándola. Se la llevaron y creo que la dejaron despedirse de mi abuela y de mi. De mi mamá, a partir el momento de su secuestro, no se sabe nada más: a dónde la llevaron, si estuvo en un centro, si llegó o no viva a algún lado. Lamentablemente hasta ahora no hay ningún registro. De mi padre sí, por eso está su caso en este juicio”.

La abuela materna, Elva Amelia Echelini, fue la única persona que presenció el secuestro de sus padres. Murió cuando su nieto tenía entre 10 y 11 años, sin llegar a dar testimonio. “Yo creo que su enfermedad fue producto del temor y la tristeza profunda. Sin embargo, desde que tengo memoria, yo preguntaba por mis padres y ella me decía ‘vas a ver que un día tu mamá va a volver y va a tocar el timbre’. Y creo que murió con esa esperanza de volver a verla”. Luego del secuestro, Martín cuenta que su abuela quedó con mucho temor, principalmente por él: “La tuvieron que convencer para dejarme ir al jardín de infantes”.

“Mi abuela me había contado datos sueltos de cosas que sucedían en la época, pero nunca detalles sobre mis padres. Cuando ella falleció, yo quedo viviendo con tíos abuelos y por medio de ellos me entero parte de la verdad, alrededor de los 13 años. Entonces, en mi adolescencia, cuando supe concretamente la verdad, la desaparición, me encontré con otros problemas. Eran dos desconocidos para mí. Tuve un periodo de enojo con mis familiares a cargo, pensaba que el ocultamiento era su culpa. Luego entendí que los culpables no eran ellos”.

Martín Fraga desconocía todo sobre su familia paterna, oriunda de Misiones: “Mis padres se habían encargado de mantener separadas las familias por seguridad. Los pude localizar a los 17 años y reconstruir información sobre él. Habría existido un llamado de mi papá a mi abuela en el que le avisaba que había tenido un hijo varón, pero mi abuela desconocía cuando nací, cómo me llamaba o quién era mi mamá”, expresó. Sólo con el paso de los años pudo conocer algo sobre la militancia de su padre: “Hablé con compañeros y sobrevivientes y me dieron información que me sirvió para saber qué pasó con él. Por parte del Equipo de Antropología Forense conozco la hipótesis de que los restos de mi padre hayan estado en los vuelos de la muerte organizados desde Campo de Mayo, centro en el que fue visto por “Salta” -Faustino Altamirano-. Sin embargo, al día de hoy no sé qué pasó con mi madre. Ningún sobreviviente la vio en ningún centro clandestino ni se la ha logrado identificar. Además, sigo en la búsqueda de dos hermanos o hermanas apropiados. Uno de ellos es hijo de mi padre con Susana Flora Grynberg, secuestrada con un embarazo muy avanzado en 1976. Y hace poco, 7 u 8 años, una persona muy cercana a la familia me afirmó que al momento de su secuestro mi madre es muy probable que también estuviera embarazada de no más de 3 meses. La búsqueda va llenando ese agujero negro, pero el bache en parte aún continua”. Sobre esta sensación, y en diálogo con ANCCOM, Martín dijo: “Yo lo vivía como un agujero negro porque era la nada misma, no sabía nada de nada. Solo sabía el nombre de mis papás y que eran desaparecidos. Tuve que ir llenando ese agujero con información que fui recopilando durante toda mi vida, desde la adolescencia hasta el día de hoy”.

Sobre el valor de sostener estos juicios en el contexto actual, Fraga sostuvo: “Es grave que desde el Estado nacional se baje un discurso negacionista y de defensa abierta a los genocidas”, y subrayó que desde el gobierno se intenta reivindicar el terrorismo de Estado: “Ese discurso que intentan instalar en la sociedad, no está teniendo mucho éxito. Si apuntan a que un videíto subido por un propagandista va a instalar esa visión en la sociedad, están muy equivocados. Siempre hubo negacionistas, justificadores del genocidio. Sucede que al ser un discurso que baja desde el Estado, algunos se envalentonan y salen a hacerlo público”. Destacó la importancia tanto de los juicios como del registro de los testimonios a los que les atribuye un valor histórico. Y concluyó: “Hace muchos años que estaba esperando que la justicia llegue para mis padres de alguna manera”.

Al ser consultado por ANCCOM acerca de la vulneración de los derechos de las infancias durante las desapariciones forzadas, Sebastián Taiarol, abogado querellante de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” que representa a 28 víctimas del genocidio -vecinas y vecinos de esa localidad-, sostuvo: “El desmantelamiento de la CONADI implica un retroceso a la etapa más oscura de nuestro país y un velado ataque a los cimientos del sistema democrático”. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), ente articulado con Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones afines, fue desguazado por el actual gobierno. “Su labor se centra en la búsqueda y recuperación de niños y jóvenes que fueron secuestrados y privados de su identidad. Quiere decir que la recuperación de la democracia lleva implícita la labor que desarrolla la CONADI”, reflexionó y apuntó: “Su desmantelamiento acarrea graves consecuencias, como la interrupción de las investigaciones y búsquedas existentes de niños y jóvenes desaparecidos y la pérdida del apoyo y recursos para familias y personas que aún buscan recuperar su identidad”.

Vivir para contarlo

En la misma jornada, declararon José Jesús García Carvallo y su esposa, Silvia Susana Bruna, sobrevivientes de la Comisaría 1° de Moreno y Comisaría 5° de Paso del Rey. En la madrugada del 19 o 20 de mayo de 1977, se encontraban en su domicilio del barrio Madreselva, cuando comenzaron a sentir ruidos, golpes y culatazos en la puerta. Cuando Carvallo abrió la puerta unas personas entraron, lo ataron y encapucharon. “Me tiraron en un vehículo. Viajé con pies encima mientras me pegaban e insultaban y decían que yo era el enemigo primero de toda la sociedad. Luego llegamos a un lugar donde me dejaron en un cuartito pequeño, que con todo el tiempo que pase allí pude reconocer que era la Comisaría 1° de Moreno”. Susana Bruna en su declaración relató lo que sucedió en el allanamiento cuando ya se habían llevado a su esposo: “Revisaron toda la casa, papeles y cuadernos. Me dijeron que los tenía que acompañar. Deliberaron entre ellos mientras el nene aún dormía. Me preguntaron por el familiar que estuviera más cerca. Alcé al nene y me llevaron a lo de mi suegra, lo dejé y de ahí me llevaron a la Comisaría 5° de Paso del Rey”. En anteriores audiencias la escena de Susana Bruna dejando a su hijo en casa de su suegra fue relatada por María Teresa García, hermana de García Carvallo.

José Carvallo brindó detalles sobre las sesiones de tortura que padeció y que se repetían identicas cada día. “Todos pegaban y preguntaban cosas, pero no me daban tiempo a responder. Con el tiempo me di cuenta que querían pegarme, no querían realmente respuestas de mi parte”. Recordó que para llevarlo al primer interrogatorio lo subieron entre dos personas a otro lugar: “vas a entrar al infierno”, le dijeron. Luego, como no logró levantarse debido a los golpes, lo arrojaron por las escaleras.

“Durante los interrogatorios me mostraban diapositivas y fotos, me imputaron por la ayuda que realizamos con la parroquia y el grupo dirigido por el padre “Pepe” -José Piguillem- en el barrio. Era trabajo pastoral y social, dábamos catequesis, ayudábamos a las personas a abrir calles, construimos una sala de primeros auxilios, pero para ellos eso era terrorismo. Se suponía que ellos eran católicos y me estaban pegando por ayudar a la gente. Con la violencia en realidad querían castigarnos por nuestra visión y darnos un mensaje claro, que debíamos vivir aislados, sin pensar en los demás. De lo que hice por el barrio nunca me voy a arrepentir: no lograron su objetivo. No encuentro respuesta racional a lo que hicieron, pero sí nos metieron mucho miedo”.

“El primer tiempo no sabía dónde estaba”. Relató que con el pasar de los días descubrió que estaba rodeado de otros calabozos y más personas. Reconoció a Raúl Morello, compañero del barrio que “estaba en la celda de al lado, gritando porque lo habían quemado de arriba a abajo. Estuvimos 63 o 64 días secuestrados y entendimos varias cosas: que estábamos en la Comisaría de Moreno, principalmente por la llegada de presos comunes, que los guardias que nos cuidaban eran policías y los militares no venían siempre. Notábamos su llegada porque los guardias decían ‘vienen los verdes’ y desaparecían. Cuando venían teníamos que estar con la capucha puesta y nos pegaban por si acaso.”

“Un día hablando con Raúl de celda a celda, pensamos que podíamos rezar el rosario. Así nos dimos cuenta que en todas las celdas había gente porque comenzaron a rezar con nosotros. Cada tanto algunos se iban, no sabíamos si era porque los liberaban o porque los mataban”. Si bien no puede dar detalles de quiénes lo secuestraron, luego supo que “eran los de la Base Aérea de Moreno. Si ellos no venían a vernos, podíamos hablar. Un día que estábamos cantando, uno de los guardias se puso a llorar, no entendía que gente castigada estuviera cantando”.

Durante uno de los interrogatorios descubrió que su esposa estaba también en la sala de arriba: “Me dio la mano y pidió rezar un padre nuestro antes de que nos interroguen. Ahí me enteré que la habían llevado a Paso del Rey, luego del allanamiento de nuestra casa. ‘Ahora vas a ver al perejil porque los vamos a matar a los dos’, le habían dicho. Eso fue lo que me rompió, de lo más difícil, porque no contaba con que la habían llevado”.

Sobre su secuestro, Susana declaró que “cuando llegué -a la Comisaría 5° de Paso del Rey- sabía que estaba en una comisaría pero no la ubicaba del todo. Cuando estaba ahí oía sonidos de escuela, voces de niños, recreo, campanas. Después de unos días me llevaron con mi esposo”.

Quedaron detenidos ambos en la Comisaría 1° de Moreno en la misma celda. “Un día nos mandaron bañar, nos pareció raro y el 21 de julio de 1977 nos mandaron a Devoto. Como forma de despedida de la Comisaria de Moreno, un día, me sacaron de los pelos de la celda y me pusieron de rodillas. Me colocaron un arma en la boca. A la cárcel de Devoto llegué pesando 43 kilos y siempre pesé alrededor de 72. Pedíamos por favor que nos dieran de comer”, relata Carvallo. “Finalmente, el 24 de diciembre nos largaron”, y cuenta que antes de liberarlos recibieron el mensaje de que si volvían a ser vistos por la zona de Moreno o con alguien de allí “los liquidamos donde los encontramos”.

Carvallo sintió por muchos años que el Estado lo perseguía. “Cualquier cosa generaba ese sentimiento: una autoridad, una multa o cuando venía el cartero. Sentía que estaban detrás de mí. No pudimos volver a Moreno, perdimos nuestra casa y los amigos porque teníamos miedo de comprometerlos. Era un delirio todo, nos hicieron creer que debíamos sentir vergüenza y culpa de ayudar a los demás. No lo lograron”. Sobre este mismo temor, Susana sumó durante su declaración: “Sentí mucho miedo. Vivimos un tiempo en Ituzaingo con mi hermano, yo los veía pasar frente al negocio, vigilarnos -en referencia a las camionetas militares-”. También relata la violencia que sufrió su hijo mayor durante el cautiverio de sus padres. “En Devoto a mi me traían al nene para las visitas, que eran con locutorio. Jugábamos con la manito con un vidrio por medio. Lo veíamos y nos partía el alma.” Aunque la violencia en el vínculo madre-hijo fue peor en su cautiverio en la Comisaría 1° de Moreno: “En esas visitas me llevaban a lo de mi suegra para verlo a él. Mi hijo me llevaba a ver donde tenía sus cositas, su ropa. Luego me volvían a llevar”. Respecto a las secuelas ocasionadas en su hijo Carvallo anteriormente contó que “en algún momento de grande le preguntaron a mi hijo qué sintió frente a la separación de sus padres, durante esos 6 o 7 meses. Respondió que sus padres eran otros, eso pudo decir este chico, que hoy es esquizofrénico. Siempre me pregunto en qué medida tiene que ver esta barbaridad con que sufra esta enfermedad”.

Al finalizarla jornada, Taiarol analizó que “a 49 años del Golpe de Estado, en Moreno no existían precedentes de juzgamiento de los responsables de la represión ejercida por el Estado durante la dictadura como parte del circuito represivo de la zona oeste. Somos conscientes que estamos abriendo un camino, se trata de una deuda pendiente con nuestros vecinos, con la memoria de los compañeros que lucharon por un mundo mejor y con las futuras generaciones que aspiran a vivir en una comunidad que permanentemente busca la verdad”. Y enfatizó que la importancia de asistir y transmitir las audiencias “garantiza la visibilidad y la transparencia del proceso, y brinda apoyo a las víctimas y sus familiares en su doloroso proceso de búsqueda de justicia”.

Un documental sobre la violación de los derechos humanos en Malvinas

Un documental sobre la violación de los derechos humanos en Malvinas

Se estrena «Las voces del silencio», de Gabriela Naso, que aborda la lucha de los exconscriptos para que los estaqueamientos y otros abusos que padecieron durante la guerra sean considerados delitos de lesa humanidad.

«El documental es mi aporte a la construcción de la memoria colectiva, a que podamos pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, que ayude a contrastar el discurso de la ‘gesta heroica’”. Con una mirada crítica, Gabriela Naso, licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y magíster por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, dirige Las voces del silencio, un documental producido por Pulpofilms que se estrena el 1 de abril en el Cine Gaumont (Rivadavia 1635) y el 3 de abril en el Teatro Argentino (Avenida 51, entre 9 y 10, La Plata). La película reconstruye la lucha de un grupo de excombatientes de Malvinas que, tras denunciar los abusos, maltratos y amenazas sufridos a manos de sus superiores durante la guerra, enfrentan las trabas del sistema judicial argentino que impiden el juzgamiento de los responsables. Además, aborda las dificultades que aún hoy atraviesan los exsoldados para romper con el discurso de la “gesta heroica” y demostrar que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben.

“Hoy vemos cómo el Gobierno nacional resignifica el relato de Malvinas con otros fines. Un ejemplo claro: el 2 de abril se estrena un documental sobre Pedro Edgardo Giachino. Fue el primer caído en combate, pero también un represor de la ESMA. Sin embargo, lo presentan solo como un héroe, sin mencionar su rol en el terrorismo de Estado. Lo mismo ocurre con Astiz y otros militares. Están usando la figura de estos represores para, de alguna forma, lavar la cara de los perpetradores», advierte Naso.

A casi 43 años de los hechos y 18 del inicio del proceso judicial, el documental rescata las experiencias de David Zambrino, Ernesto Alonso, Gerardo Roschge, Hugo Robert, Miguel Anderfuhrn y Silvio Katz, no solo relatando sus vivencias de abuso y sufrimiento, sino también poniendo en evidencia cómo la versión oficial de la guerra sigue siendo un relato difícil de cuestionar, incluso después de más de 40 años.

¿Qué se oculta detrás del discurso hegemónico de la gesta militar? ¿A qué obedece su aceptación por parte de la sociedad? ¿Por qué sigue vigente? Son algunas de las preguntas que le surgieron a la directora al investigar los maltratos y la violencia padecida por los soldados conscriptos a manos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas durante el conflicto bélico de 1982.

Naso explica que la construcción del relato épico de la guerra comenzó mucho antes de su final. “Investigué mucho los documentos y los archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas, ya antes del final del conflicto estaban organizando cómo contar la historia, qué hacer con los caídos, con los excombatientes, con los familiares”, señala. Parte de ese plan fue la imposición del silencio: al regresar, muchos soldados fueron trasladados a Campo de Mayo, sin contacto con sus familias. “Se les daban cartillas con recomendaciones y entre ellas figuraba que solo podían hablar de Malvinas en términos de actos heroicos. Ahí empieza a construirse este relato épico de la guerra”, agrega la directora.

El silencio no solo vino impuesto por las Fuerzas Armadas, sino también por la propia naturalización de la violencia dentro del servicio militar. “Uno puede preguntarse, ¿por qué esta causa no avanzó? ¿Por qué cuesta que avance? Y por un lado, está esa imposición del silencio, pero también hubo una gran naturalización de la violencia en el servicio militar obligatorio”, señala. El estaqueo, el mercil en agua helada, la picana con teléfono de campaña: prácticas que eran vistas como disciplina, pero que fueron torturas. “Tienen que ver con la formación de las Fuerzas Armadas, son las mismas que se usaron en los centros clandestinos de detención en el continente. Hay una continuidad entre esas prácticas que se repiten en las islas, porque son las mismas fuerzas, adaptadas a la materialidad del lugar. Entonces, también hay una dificultad para reconocer como tortura lo que es tortura”.

En el proceso de realización del documental, Naso ya había establecido una relación de confianza con varios de los excombatientes. «Ya los conocía previamente, conocía sus historias. Con esa primera capa superficial del relato de la guerra ya superada, pude ir más allá y profundizar en sus historias”, recuerda la directora.

 “Son las mismas Fuerzas Armadas que actuaban en los centros clandestinos de detención en el continente, hay una continuidad entre esas prácticas y lo que repiten en las islas”, dice Naso.

El documental también busca diversificar las voces del relato, incorporando figuras clave como el actual juez federal Alejo Ramos Padilla, quien, en su rol como abogado del CECIM La Plata, representó a los soldados conscriptos torturados durante la guerra. Asimismo, incluye al juez federal Federico Calvete, quien en 2019 citó a 24 militares a prestar declaración indagatoria por torturas a conscriptos durante la Guerra de Malvinas, y cuya participación en la investigación también fue documentada.

Sin embargo, Naso no pudo conseguir la participación de defensores oficiales ni de autoridades de las Fuerzas Armadas, a quienes también intentó entrevistar para reflejar todas las perspectivas posibles. «Quería darles espacio también para que ellos puedan contar su perspectiva de los hechos, y no accedieron», concluye la directora.

“Traer luz sobre estos crímenes implica comprender la doble faz del Estado terrorista, una legal y otra clandestina, analizar la sistematicidad del ataque, correr el discurso de la ‘gesta heroica’ y deconstruir el estereotipo patriarcal del héroe. En otras palabras, se trata de recuperar la historia desde el presente para enriquecer la memoria colectiva y así apuntalar nuestra identidad y proyecciones futuras. La memoria es la vida y, como construcción social y política, está ligada a la edificación de la sociedad que queremos”, reflexiona Naso.

«Una vez más, cabe recordar la validez de aquella sentencia que dice que los pueblos que no tienen memoria están condenados a recaer una y otra vez en las peores desgracias. Quise rescatar esta historia como un aporte a la construcción de la memoria colectiva y como una modesta reparación para las víctimas”, concluye la directora de Las Voces del Silencio.

Crímenes de guerra

El 28 de marzo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto unánime de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, hizo lugar a un recurso extraordinario en la causa por torturas a soldados conscriptos en Malvinas. El fallo reconoce estos abusos como crímenes de lesa humanidad.

La decisión revoca un fallo previo y establece que los estaqueamientos, enterramientos y golpizas sufridas por los soldados pueden encuadrarse como crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo que implica su imprescriptibilidad. Desde el CECIM La Plata exigieron a la Corte Suprema que confirme esta resolución y garantice justicia para las víctimas. La causa, iniciada en 2007, ya cuenta con más de 200 testimonios y más de 100 militares imputados, pero aún enfrenta trabas judiciales. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó tratar la denuncia internacional contra el Estado argentino por su falta de acción en estos casos. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver 11 recursos extraordinarios y definir si confirma el carácter imprescriptible de estos delitos, una decisión clave en la búsqueda de verdad y justicia

Un colimba con memoria

Un colimba con memoria

En una nueva audiencia de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II un ex conscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar identificó al acusado Ernesto Rafael Lynch como jefe del grupo de tareas que allí funcionaba y brindó detalles sobre cómo se organizaba. La Fiscalía pedirá investigar judicialmente los maltratos que recibió durante el servicio militar.

“Iban muy bien armados, con armamento militar, ametralladoras y municiones y también armamento personal. Salían a operar con mucha frecuencia, casi todas las noches, vestidos de fajina en las camionetas azules de la Fuerza Aérea o en los Ford Falcon de color verde y con perros de ataque”, relata Sergio José Zamprogno exconscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar, único testigo de la audiencia de este martes 25 de marzo por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que continúa aún en la etapa testimonial y probatoria.

Zamprogno realizó el servicio militar entre los años 1978 y 1979 y durante su declaración detalló algunos de los tormentos que debió afrontar según las intenciones arbitrarias de sus superiores. También refirió a los abusos que sufrió por uno de ellos, hecho sobre el que la Fiscalía comenzará una investigación. “El trato de quienes integraban el grupo de tareas para con el resto de los soldados de la policía militar era variado. Recuerdo que uno de ellos, al que apodamos “El Potro”, justamente por el trato que tenía hacia nosotros, nos hacía levantar a las 5 de la mañana para hacer rodillo o cuerpo a tierra en el rocío de la mañana en pleno invierno para luego, así como estabas con el cuerpo mojado y sucio, vestirnos con el uniforme y comenzar a hacer nuestras tareas de guardia. O nos hacían tomar la sopa haciendo salto rana”, contó el exsoldado.

“Mi función dentro de la policía militar era entregar al jefe que estuviera esa semana las listas de guardia, con los nombres de los ausentes, presentes y enfermos. Y trabajos de limpieza y orden. Luego teníamos momentos de instrucción militar, sobre armamento, porque íbamos a cumplir servicio de guardia, actividades físicas para estar en estado, y también nos informaban sobre los grupos terroristas. Si bien uno con el paso del tiempo se fue dando cuenta qué es en verdad el terrorismo, en ese momento se asociaba la palabra terrosimo a la guerrilla. Sobre ellos se nos enseñaba que causaban daños en contra de la propia sociedad civil, que generaban muertes y torturas. Se nos ponía en conocimiento de cómo operaban y se organizaban en el país, por ejemplo, cómo hacían para camuflar armamento y municiones en una vivienda. Luego, de nuestro grupo de la policía, reclutaron soldados y formaron el grupo de tareas”. Así relató cómo fue que algunos de sus compañeros de servicio militar fueron apartados del grupo de la policía militar para formar parte del Grupo de Tareas N°12 que funcionó con centro de operación en la 8° Brigada Aérea del Palomar: “Ya no nos vimos más con ellos”. Este grupo también estaba conformado por varios suboficiales y superiores, todos bajo la jefatura del exteniente Ernesto Rafael Lynch que el testigo describe, por aquel entonces, “morochón, de pelo oscuro y bigote grueso, por eso le decíamos ‘El Negro’”.
“A veces me tocaba ir a su oficina a retirar o llevar documentos, correspondencia o listas de las guardias –relató-. Incluso lo vi presente en alguna de nuestras formaciones. Entiendo que cumplía funciones operatorias sobre la policía militar y el grupo paramilitar”.

La guardia interna de la brigada abría la puerta a quienes venían del exterior. El testigo relata lo visto durante sus guardias: “Algunas veces volvían de madrugada, y otras directamente no volvían. A veces traían consigo autos civiles que se guardaban en un galpón”. Recuerda que en una de las rondas que realizaba dentro del predio de la 8° Brigada vio en el galpón enorme ubicado en el sector de transporte de la brigada “un Fiat 600 perforado, ametrallado por proyectiles. El grupo tenía mucho movimiento y actividad por fuera de nuestra brigada. Era difícil saber su vida y actividad, haber visto el auto fue una casualidad. El grupo de tareas fue separado de la PM desde el inicio. Ellos tenían una dependencia propia, funcionaban y tenían vida propia. Con nosotros prácticamente no tenían contacto, solo veíamos que salían de noche.”

En diálogo con ANCCOM, la abogada Clarisa Góngora, de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” se refirió a los juicios de Lesa Humanidad en desarrollo bajo este contexto de desmantelamiento de las políticas de derechos humanos: “La constante provocación de un gobierno nacional que se caracteriza por su negacionismo, que exacerba discursos de odio e intenta volver a colocar en agenda la Teoría de los Dos Demonios y de ‘memoria completa’, hace que se vuelva aún más importante la difusión de juicios de lesa humanidad como el de Mansión Seré y RIBA. Mientras un sector busca negar la historia reciente, el terrorismo de Estado y las responsabilidades militares y civiles, económicas y eclesiasticas, nosotros, por nuestro lado debemos aumentar la difusión, para que la sociedad conozca que estos juicios aún se llevan a cabo y por qué son tan importantes para resguardar la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Si bien Zamprogno no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado», dijo Gómez.

Junto a su compañero de patrocinio letrado, Sergio Gómez, se refirieron a la importancia de la declaración de Zamprogno en relación a la causa. Gómez mencionó que “Zamprogno hizo el servicio militar obligatorio en el momento y lugar en que se denuncian los hechos aberrantes de lesa humanidad de esta causa”. Góngora sumó que: “Si bien no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado. El testigo detalló situaciones vividas por él y por el resto de soldados en general, dando cuenta del maltrato y los delitos que se cometían contra los conscriptos. Y en estos momentos de amplios discursos negacionistas, donde son varios los que, aún sin proponerlo formalmente, comienzan a instaurar y mencionar la vuelta del servicio militar obligatorio, el testimonio evidencia que Nunca Más es también para esto”.

Sobre los detalles que brindó el testigo, Gómez señaló que “dio descripciones de las maniobras que presenció, de las personas y en particular a uno de los imputado de esta causa a quien ha podido ver de manera directa, ya que no tenía una venda en los ojos, y eso es una diferencia significativa en relación a testigos que aportan otro tipo de información desde otra vivencia. Cada declaración nos da retazos de esa realidad concreta. Nosotros vamos, como un rompecabezas, construyendo a partir del conjunto de testimonios la historia de lo que ocurrió en la última dictadura militar, y puntualmente en los excentros clandestinos que la causa engloba”. En el mismo sentido, Góngora subrayó que “aportó datos concretos, sobrenombres y apodos de oficiales. Habló detalladamente del funcionamiento de la brigada y de los grupos de tarea que allí operaban”. 

Por cuestiones burocráticas de acreditación de identidad, se postergó la otra declaración prevista para la fecha. El testimonio de quien fuera en aquel periodo director del Hospital de Moreno y que, con 84 años, iba a hacer su primera declaración como sobreviviente. Desde su lugar de residencia en Estados Unidos, comenzará el trámite para renovar el Documento Nacional de Identidad para poder prestar declaración.

La próxima audiencia quedó programada para el 1 de abril a las 9. Se desarrollará de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3734.

La caminata de Rodolfo

La caminata de Rodolfo

Vecinos y organizaciones sociales de San Vicente realizaron la XV caminata a la última casa del periodista desaparecido Rodolfo Walsh, en la que escribió la Carta Abierta a la Junta Militar. Quieren que sea declarada sitio de memoria y la Cámara Baja bonaerense aprobó su expropiación. Faltan los senadores.

El pasado martes 25 de marzo se realizó en la ciudad de San Vicente la 15º caminata hasta la que fue la última casa del militante, periodista y escritor Rodolfo Walsh antes de su desaparición. Vecinos de la localidad y agrupaciones sociales y políticas se hicieron presentes en este acto con un reclamo como bandera: la recuperación de esa vivienda que fue usurpada hace algunas décadas. El proyecto para su expropiación tiene media sanción en la Legislatura provincial. 

La vieja estación de San Vicente fue testigo en la tarde del martes, una vez más y por decimoquinta ocasión, de una significativa jornada en memoria de Walsh. Las verdes columnas cubiertas de fotos del periodista y escritor, los micrófonos envueltos en pañuelos blancos y con imágenes del fotoreportero -herido por la Gendarmería- Pablo Grillo colgando de sus soportes, y un largo telón rosado que exponía los nombres de aquellos sanvicentinos desaparecidos por la dictadura conformaron la escena. En ese marco, hubo una previa con cantos y poemas de artistas locales que entonaron letras propias y de Walsh antes de caminar hasta la que fue su última casa.  

Este Festival por la Memoria se llevó a cabo en el Predio Ferial Vieja Estación de San Vicente, y fue organizado por la dirección de Derechos Humanos del municipio y la Mesa de Trabajo por la Casa de Rodolfo Walsh, y contó con la presencia, entre otros, de Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, y de numerosas organizaciones sociales.

 “Continúa la lucha para que Rodolfo Walsh siga vivo en la memoria de nuestros vecinos y que su casa se convierta en un espacio de memoria”, comentó Mantegazza.

Por la calle Rodolfo Walsh, bautizada así hace pocos años, a siete cuadras de la vieja estación, por un camino de piedras, se encuentra el que fue el último hogar del escritor. Allí fue donde con su puño y letra, y alumbrado por un farol de kerosene, Walsh escribió su emblemática Carta Abierta a la Junta Militar, que hoy es documento de incalculable valor para la historia de nuestro país, y símbolo de coraje y lucha contra la última dictadura cívico-militar. 

La denuncia detallada y descarnada incluyó la visionaria mención a los intereses económicos que estaban detrás de los armados golpistas. Se dice que el escritor pensaba firmarla en anónimo, pero finalmente plasmó su nombre completo y número de documento, y la distribuyó entre conocidos el 24 de marzo de 1977, un día antes de su secuestro.

 Un gran grupo de vecinos orgullosos de sus raíces y agrupaciones sociales y políticas recorrió el camino, escoltado por tambores y encabezado por un pañuelo blanco que rezaba «nunca más».  

El 25 de marzo de 1977, en un violento tiroteo, Rodolfo Walsh fue emboscado por un grupo de tareas en la esquina de San Juan y Entre Ríos, y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada. Su cuerpo jamás apareció, y desde entonces se lo recuerda por su incansable labor como escritor, periodista y militante de la agrupación Montoneros.

Luego de que allanaran su residencia en el Tigre, Walsh se recluyó en esta ciudad junto con quién fue última pareja, Lilia Ferreyra, en un lugar que debía estar alejado de la estación de trenes y de miradas indeseadas. “Él buscaba un lugar tranquilo y, sobre todo, con agua”, contó a ANCCOM María Elena Donadío, una docente sanvicentina y miembro fundadora de la caminata, haciendo referencia a la costumbre que tenía el escritor de disfrutar de tardes de pesca. La tranquilidad de un cómodo y verde espacio junto a la Laguna de San Vicente, fue el sitio idóneo para Walsh.

En aquella casa vivió seis meses, escapando de un gobierno que lo perseguía. Encontró en la ciudad un perfecto lugar de exilio interior. La adquirió bajo una falsa identidad, Norberto Freyre y llevaba el boleto de compraventa del terreno con esa firma en su maletín el día que fue emboscado. Y no fue sino hasta hace tan solo quince años que se pudo conocer su existencia. Desde entonces, una incansable agrupación de derechos humanos, liderada por docentes sanvicentinos, no ha parado de insistir para que se reconozca aquel lugar como un sitio de memoria, reflexión y homenaje. “Nosotros tomamos el compromiso de reconstruir la historia y la memoria, porque el pasado estaba”, dijo María Elena. “Nos formamos, construimos varios espacios, trabajamos con el pueblo y distintas organizaciones para que se visibilice que en San Vicente vivió Rodolfo Walsh”.

Falta el Senado

Tres veces se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de expropiación para recuperar el lote y declararlo «Bien de Interés Histórico Cultural de la Provincia de Buenos Aires», siempre con la consigna de que la casa se pueda convertir en un lugar de memoria y homenaje a la figura del escritor. “Hubo dos proyectos anteriores en la Legislatura provincial, pero perdieron estado parlamentario. Este último sería el tercero, presentado por el Frente de Izquierda, y por primera vez conseguimos la media sanción”, contó a ANCCOM Mariana Meza, Directora de Derechos Humanos del Municipio de San Vicente y actual organizadora del evento.

Ante el fracaso de los dos primeros proyectos, la diputada Laura Cano (PTS-FITU), insistió el pasado octubre y consiguió la media sanción. “Falta que el Senado le dé la otra media sanción”, comentó Cano. “Estamos comunicándonos con algunos legisladores, sobre todo de Unión por la Patria, para que presionen. Si quisieran, lo sacan el 3 de abril”, agregó. Cano comentó que “en el aniversario de la desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh, y en medio de este contexto nacional con una fuerte impronta negacionista, avanzar en la expropiación sería un logro muy importante”.

Para Donadío “no es una expropiación, es una recuperación, y los que viven ahí son usurpadores». La misma noche de la desaparición de Walsh, un grupo comando de La Plata ubicó la casa por el boleto que él llevaba en su maletín y la balearon. Ese grupo de tareas saqueó todo, se llevaron todas sus pertenencias e incluso algunas obras inéditas. Luego, la vivienda fue usurpada.

“El subcomisario Sala se apropió del lugar después de participar en el secuestro de Rodolfo y hoy su familia vive en la casa», contó Donadío. Se refiere a Rubén Oscar Sala, quien fuera subcomisario del destacamento de Alejandro Korn, sospechoso de participar en el secuestro de Walsh, tomó posesión del lugar. Años después de lo sucedido, ya en democracia, Patricia Walsh, hija del escritor, se acercó y se encontró con María Sala, hermana del policía, que le aseguró que no la iban a poder sacar del lugar.

“Al día de hoy siguen ahí los parientes”, comentó Mariana Meza. “Tuvimos un pequeño acercamiento hace dos años con un par de visitas, pudimos hablar con una de las hermanas de él y ella nos contó otra historia de lo que pasó”. Lo que ellos dijeron a las autoridades municipales es que encontraron de casualidad el lugar, una pequeña casa deshabitada y, por la humilde situación en la que vivían en ese entonces, decidieron habitarla con su madre.

“Ella sabe de esta historia, pero está enojada con la comunidad porque piensan que ellos son asesinos y genocidas, pero son vecinos que pertenecen incluso a la comunidad católica local”, contó Meza. Sin embargo, igualmente desconocen que sea la casa que habitó Walsh, por lo que decidieron no seguir entablando conversaciones con las autoridades del municipio.

Si bien se consiguió hace algunos años que se considerase la casa como patrimonio cultural de San Vicente, el reclamo sigue pendiente, y cada año que pasa se hace más fuerte. “Desde el municipio se ha hecho todo lo que se podía hacer, pero sin el respaldo jurídico no vamos a poder seguir avanzando”, declaró el intendente Mantegazza. “Ver una plaza llena de familias y de jóvenes, nos llena de esperanzas en este contexto en el que en el país se quieren instalar discursos de negacionismo y la vieja historia de los dos demonios”.

La caminata del 25 de marzo se ha convertido para los sanvicentinos en una jornada de reunión y de memoria, y la han transformado en un espacio de reclamo artístico, acompañado de tambores, poetas, cantantes y artistas que le ponen color. «Rodolfo Walsh presente, ahora y siempre», fue el grito que coronó la jornada frente a la casa, un terreno ubicado en lo profundo de San Vicente y cubierto por un alto arbusto y frondosos árboles, como ocultando su interior de las miradas de quienes marchan todos los años hasta ella.  

«Esta es la caminata número quince. Empezamos ocho personas. Y desde ese momento, no lo pensamos, pero fueron apareciendo las Madres, apareciendo los hijos, y seguimos con la esperanza de que la casa de Rodolfo Walsh sea de la ciudad de San Vicente», cerró Donadío. 

10 años de derechos humanos: del consenso democrático a la avanzada negacionista

10 años de derechos humanos: del consenso democrático a la avanzada negacionista

La Argentina se había convertido en un país ejemplar por el juzgamiento a sus genocidas y sus políticas de memoria. Sin embargo, desde la asunción de Milei se demanteló la Secretaría de Derechos Humanos y se intenta justificar la dictadura. También hay retroceso en los derechos indígenas.

“Siempre hay avances y retrocesos”, reflexiona Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace diez años esta agencia de noticias publicaba lo que fue su primera nota periodística, un 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde ese momento hasta la actualidad, el campo de los derechos humanos ha sido atravesado por diversas aristas, pero su defensa nunca ha decaído. Los casos de los pueblos originarios y la lucha –más vigente que nunca- por el Nunca Más.

Los derechos en disputa

La década comienza con dos acontecimientos que resultaron cruciales para la democracia reciente: por un lado, el intento de la aplicación del 2×1; y, por otro lado, la desaparición de Santiago Maldonado.

El primero consistía en el beneficio de reducir la pena de prisión de todas aquellas personas que recibieron cárcel preventiva durante más de dos años. Esta normativa fue aprobada por primera vez en 1994 pero derogada en el 2001. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se intentó volver a instalar. Pero la negativa de la sociedad fue contundente, ya que pretendía aplicarse a quienes recibieron condenas por haber cometido delitos de lesa humanidad. En poco tiempo, Plaza de Mayo se llenó de pañuelos blancos bajo un cántico común: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Al respecto, Carlotto recuerda: “El masivo no al 2×1 a los genocidas, en 2017, fue un hito importante que marcó un límite a la impunidad y expresó un amplio acuerdo de la sociedad. Los derechos siempre están en disputa. Hay que luchar por ellos y luego defenderlos”.

Marcha en repudio al intento de aplicacion del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad. 

 10/05/2017

Poco tiempo después, el 1 de agosto del mismo año, otro suceso entró en agenda. En la provincia de Chubut, en Cushamen, se estaba llevando a cabo un corte de ruta, enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales ocupadas por la comunidad mapuche. Sin embargo, efectivos de Gendarmería Nacional, intentaron, por medio de la fuerza, desconcentrar la manifestación. Entre los convocados, se hallaba Santiago Maldonado, quien, tras el hecho, estuvo desaparecido por más de 70 días hasta que fue encontrado sin vida en el Río Chubut, lugar que ya había sido previamente rastrillado. Según lo que sostenía la autopsia, su fallecimiento fue provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “debajo del agua y no en otro medio”. Posteriormente, en el 2018 se cerró la causa al determinar que la muerte de Santiago fue “accidental sin responsables”. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos se hicieron presentes, especialmente el de su hermano, Sergio Maldonado. Desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y denunciaron que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión en pleno gobierno democrático.

Sergio Maldonado, Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel durante una concentración en Plaza de Mayo, exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. 11/08/2017

Derecho al reconocimiento

Aquella bandera por la que luchaba Santiago Maldonado en defensa del reconocimiento de las comunidades originarias continúa siendo un campo de batalla. Para este grupo “lo que tiene que ver con el acceso y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra hay una gran deficiencia. El Estado no ha tomado las decisiones legislativas que sean necesarias para reconocer la propiedad colectiva de la tierra y que estas comunidades puedan acceder a sus territorios con servicios básicos de salud y de alimentación”, sostiene Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A mediados de 2023, en Jujuy, un intento de reforma constitucional de dicho territorio, llevada a cabo por el gobierno provincial de Gerardo Morales, puso en evidencia las condiciones de desigualdad que atravesaba el sector. Entre las modificaciones se hallaba la habilitación del desalojo de tierras pertenecientes a las comunidades originarias, pese a su carácter ancestral, y la utilización del agua para el extractivismo del litio, que produce en las comunidades la escasez de este bien esencial para la vida. Sin embargo, resistieron, dando a luz al Tercer Malón de la Paz, una marcha encabezada por comuneros y comuneras del norte argentino con el objetivo de hacer valer sus derechos y visibilizar su lucha. Así, su reclamo se extendió a otras provincias del país con la finalidad de visibilizar la problemática y que la CSJN y el gobierno nacional de Alberto Fernández se pronuncien al respecto. Aunque tras más de cuatro meses de reclamos, retornaron a sus territorios sin respuestas.

En este contexto, Hourcade destaca que ha habido “decisiones o actuaciones de la CSJN que de alguna forma fallan en garantizar la vigencia de los derechos humanos”. De esta manera, se refiere al Caso Lhaka Honhat. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de las comunidades originarias del norte argentino, al establecer que estas tienen derecho a su propiedad ancestral en Salta. Así, el fallo marcó un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, ya que es la primera vez que la Corte dicta una sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronuncia por una disputa territorial de esas dimensiones. No obstante, hasta el día de hoy no se ha implementado. Asimismo, la integrante del CELS habla sobre otro caso de la misma índole: “Más recientemente la CSJN ha dejado sin efecto una sentencia que reconocía la propiedad comunitaria de tierras por parte de la comunidad indígena originaria Ranquehue y eso también resulta muy preocupante.”

Justicia y memoria

En el otro extremo se encuentran los juicios por delitos de lesa humanidad. Desde un primer momento, cuando en 1985 se realizó el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina ha sido un país pionero en el mundo a la hora de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. Así lo señala Carlotto: “Ha sido un proceso altamente positivo para la democracia. Los genocidas fueron juzgados, y lo siguen siendo, porque los juicios continúan, por tribunales ordinarios, como no pasó en ningún país del mundo. Las familias, las víctimas, los sobrevivientes, la sociedad toda, ha sanado un poco de tantas heridas gracias a la justicia.” Según datos provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación, hasta la fecha se llevaron a cabo un total de 354 juicios con sentencia, donde más de la mitad han ocurrido en la última década. Al mismo tiempo, la presidenta de Abuelas destaca la envergadura que estos tuvieron para las víctimas: “Los juicios fueron para miles de personas la primera oportunidad que tuvieron de contar los hechos traumáticos que atravesaron. En todo el país, en cada provincia, los juicios suscitaron la reflexión y la memoria sobre lo acontecido.”

Además, al calor de otras luchas, como la encabezada por el movimiento feminista, los delitos sumaron otras tipificaciones. En este sentido, Ana Ríos, de la organización Nietes, señala que es fundamental poder evidenciar que la dictadura tuvo un objetivo político, es decir, la implementación de un modelo social, político y económico. Así, indica que “hubo personas que desaparecieron por su identidad de género y su condición sexual, porque ese modelo económico también implicaba un modelo de relacionarse socialmente y por eso además se habla de una dictadura cívico-eclesiástica- militar, porque se quería reproducir un modelo de familia cis heteronormativa, patriarcal y la gente que iba en contra de eso también era atacada sistemáticamente.” De este modo, el juicio “Brigadas”, cuyo veredicto se dio a conocer el año pasado, fue histórico: posibilitó que por primera vez mujeres trans declararan como víctimas del terrorismo de Estado y así dar cuenta sobre los crímenes específicos que sufrió este colectivo durante la dictadura.

“Memoria y justicia son términos inescindibles”, afirma Carlotto sobre estos dos pilares de la democracia. Y añade: “Cuando hablamos de justicia no sólo hablamos de genocidas condenados. La justicia, la reparación, son algo más amplio. Se trata de poner a la luz lo que la dictadura quiso borrar.” Al respecto, Hourcade asegura que “la memoria existe más allá de la justicia. La memoria es social, es colectiva, traspasa generaciones. Pero más allá de eso, el Poder Judicial tiene un rol muy importante en garantizar la memoria a través de sus investigaciones y causas judiciales, y así aportar a la memoria histórica los hechos que han ocurrido, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que tienen trascendencia social”. “Los últimos 10 años -dice Carlotto- han sido un período de enorme reconocimiento a una historia silenciada por la impunidad. Tenemos derecho a la memoria, además, sin ella, ¿qué justicia perseguiríamos?”

Protesta de trabajadores y trabajadoras por los despidos masivos y el desfinanciamiento de la Secretaria de Derechos Humanos.  07/02/2024

Hay futuro

Poco a poco, de aquellas mujeres que salían de sus hogares, recorrían juzgados en plena dictadura y hacían “las rondas de Plaza de Mayo” con el fin de saber dónde estaban sus hijos y nietos desaparecidos, van quedando cada vez menos. Y es aquí donde la juventud comienza a cobrar importancia para sostener lo que ellas construyeron, sobre todo en un contexto en donde el negacionismo se convierte en política de Estado y avanza contra las políticas de memoria. “Casi no quedamos Abuelas -sostiene Carlotto-, pero están los y las nietas restituidas y las familias que buscan a sus seres queridos junto con nosotras.” Y afirma: “Nos sentimos muy acompañadas y con la garantía de que la lucha va a continuar, aunque nosotras no estemos. Y los nietos y nietas hoy son mayoría en nuestra Comisión Directiva, aunque como siempre les digo, medio en broma, medio en serio, es que mientras haya una abuela, manda la abuela”.

Además, Ríos expresa la importancia de hablar con la juventud sobre la dictadura, aunque para esta parezca nada más un capítulo en los libros de Historia. “Seguimos insistiendo con construir memoria sobre un hecho que no se vivió o sobre donde no opera el recuerdo, pero creemos que es importante hablar de memoria porque esta, a diferencia de la historia, implica una dimensión activa del sujeto, traer a significar algo del pasado de lo cual uno formó parte. Y nosotros creemos que esta historia que tenemos desde nietos, por ser familiares, no es nuestra historia por ser nietos. Es la historia de todo un pueblo”, sostiene la integrante y señala que es fundamental terminar con “el quiebre en la transmisión transgeneracional», ya que, según ella, “es muy difícil que entre generaciones se pueda hablar de lo que pasó. Las generaciones anteriores están muy amedrentadas y disciplinadas por todo lo que ocurrió. Entonces muchas no hablan del tema y los pibes generalmente mayoritariamente se enteran de la última dictadura por la escuela y hay una generación que desconoce lo que pasó”.

Para los tiempos que corren, donde el gobierno de Javier Milei niega los crímenes de la dictadura y los derechos de las comunidades originarias continúan sin ser garantizados, “les jóvenes tienen un rol clave en el reclamo de la efectiva realización de todos los derechos humanos. La juventud trae nuevas preguntas, miradas y estrategias”, dice Hourcade. En sintonía, Carlotto concluye: “La juventud es protagonista y mantendrá encendida la esperanza”.