Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, evaluó el juicio por el crimen de Rafael Nahuel, habló de otros conflictos territoriales en la Patagonia y de la política violenta y represiva desplegada por el gobierno de Mauricio Macri que amenaza a volver con Javier Milei.

El juicio de Rafael Nahuel parece atípico porque se lleva adelante en Fiske Menuco (General Roca) y no en Bariloche que es donde se cometió el asesinato.

Los papás se trasladaron alguna semana para seguir las primeras audiencias pero tanto los imputados como todos los testigos, mayormente los de la fuerza de seguridad, declararon a través de la plataforma Zoom. Ninguno se presentó a declarar en la sede judicial, los únicos que lo hicieron fueron los testigos que resultaron heridos y detenidos el día que mataron a Rafael Nahuel. Los que lo bajaron del cerro.

¿Qué balance hace a pocas horas del veredicto?

Los peritajes balísticos dan cuenta de una persecución, no de un enfrentamiento, no hay vestigio de eso, creo que quedó demostrado a lo largo del juicio. Entendemos que que está demostrado el asesinato por parte del Estado y para nosotros es un crimen de lesa humanidad. Si una fuerza de seguridad de un Estado utiliza una orden judicial, entra un territorio comunitario y mata a un integrante de una comunidad indígena es un crimen de lesa humanidad y hay responsables porque esto no es un crimen común, éste es un crimen racial que se dio en una época donde el Estado venía planteando la violencia como un mecanismo para callar. Macri venía planteando la violencia para para combatir la supuesta inseguridad. No por nada la ministra de Seguridad recibió a un policía que mató por la espalda. Matar por la espalda y desaparecer fue una política de Estado del gobierno de Macri porque mataron a Rafael Nahuel  y Santiago Maldonado había estado desaparecido 78 días. El informe RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que inventó Patricia Bullrich es la clara perspectiva del tratamiento de una política indígena que era a los tiros.

¿Cuál era el objetivo de esa política?

No solo fue la orden de matar a un mapuche para poner un freno a todas las reivindicaciones territoriales, algo que no resultó porque las comunidades van a seguir reclamando y reivindicando su tierra. El Estado no reconocía esa necesidad y buscaba aleccionar, imponerse con violencia para dar un ejemplo. Esa coerción también se llama terrorismo de Estado. Es grave que en democracia el Estado utilice el terror como una manera de aleccionar y para eso mate gente o la desaparezca con las fuerzas de seguridad. Y el aparato judicial en conjunto con ese Estado violó todos los marcos normativos internacionales, no sólo el Convenio 169 de la ONU (que establece el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan), sino todo un plexo normativo nacional e internacional, y la misma Constitución. Deciden matar a un integrante de una comunidad y eso lo hizo al Poder Judicial con anuencia y con el impulso del Poder Ejecutivo.

¿Por eso la acusación fiscal fue el exceso en la legítima defensa?

Sí, porque la Justicia avaló la teoría sin pruebas de lo que dijeron los prefectos, que son los responsables del asesinato. Fue la única palabra que se había escuchado y que se tomó en cuenta, El Poder Ejecutivo le dio carácter de verdad a la teoría del enfrentamiento pero hubo una política del Estado de darle todas las herramientas al Poder Judicial y a la Prefectura para ocultar el crimen. 

¿Qué expectativas tenés para la sentencia?

Sería una calamidad si no los condenan. Sería muy peligroso para la estabilidad de la zona que esto quede impune Por la familia, por la comunidad y por lo que significa para la democracia que no se sepa la verdad en un juicio.

¿Cómo impactó el asesinato de Rafael Nahuel y este juicio en sus vidas?

Somos una organización política y a mí me tocó estar activo en estos años. Me eligieron werken, es decir, vocero de la organización el 26 de septiembre del 2017, cuando Santiago Maldonado ya estaba desaparecido. Dos meses después matan a Rafael Nahuel. Para nosotros fue una experiencia muy compleja. Nos tocó ponerle la palabra a la mesa de diálogo y ponerle la palabra a los argumentos políticos. En el gobierno de Macri no logramos el diálogo, pero después se generó una mesa alternativa de resolución del conflicto en Villa Mascardi, no se llegó a un acuerdo y vino un nuevo desalojo. Volvimos a forzar una mesa de diálogo, y ahí sí se llegó un nuevo acuerdo pero el gobierno todavía no ha cumplido la devolución del rehue, que es un sitio sagrado de la comunidad en Lakken Winkul Mapu. En cuanto a la familia, quedó destruida. El papá y la mamá no pertenecen a la comunidad, si bien el papá se reconoce mapuche; la mamá, no. No pasó por este proceso identitario. Y es la historia de la mayoría de quienes habitamos esta parte del territorio, la comunidad hoy está fuera del territorio. La machi (sanadora), que es prima de Rafael Nahuel, se llama Betiana Colhuan y todavía está fuera del territorio. El encuentro feminista que pasó acá en Bariloche trajo muy fuertemente la discusión sobre la devolución de ese Rehue sagrado, y sobre las violencias que existen en distintos casos en esta provincia.

Además, en 2020 ocurrió el crimen de Elías Garay.

Así es. Ha habido una política continuada que permite la violencia cuando hay reivindicaciones territoriales. También tuvimos a Natividad Antual, en otro conflicto de reivindicación territorial, rodeada por la policía durante cinco meses mientras ella vivía en un corral sin nosotros. Podíamos ingresar dos veces por semana para llevarle alimentos, abrigo y ropa pero estuvo en un confinamiento forzado y custodiado. Son graves violaciones a los derechos humanos que se suceden en la Patagonia. Si el Estado no habilita los canales de diálogo y las soluciones, el conflicto está asegurado de acá a 100 años a 200 o 500 o a mil, porque el pueblo mapuche va a reclamar territorio como víctima de un genocidio, no hay vuelta atrás con el proceso de ocupación territorial. 

¿Denunciaron que tuvieron complicaciones para el traslado de los de los testigos de la querella de la familia?

El Estado puso algo para los testigos, es su obligación. Pero no fue suficiente. Por eso desde acá las comunidades y organizaciones sociales en cada audiencia estuvimos reclamando frente al Juzgado Federal. Por eso digo que es un juicio atípico, los papás siguen este juicio vía zoom desde Bariloche. Vinieron para el inicio y volvieron a venir cuando declararon los testigos de la comunidad y para los alegatos, cuando se cruzaron con el fiscal Rafael Vehils Ruiz por haber pedido sólo cinco años de pena para los miembros del grupo de élite Albatros de la Prefectura, al que pertenecen los cinco imputados. Seguramente estarán en la sentencia, el miércoles 29, que esperamos sea condenatoria.