Trabajadores  cartoneros

Trabajadores cartoneros

La Cooperativa Cartonera del Sur está conformada por 60 personas que iniciaron su labor de recolección de manera independiente y ahora la cogestionan con la Ciudad. Un modelo de reciclaje reconocido en el mundo pero que a ellos los invisibiliza y los malpaga.

Es el primer día más caluroso del año. En el punto verde de la Cooperativa Cartonera del Sur, en Constitución, los trabajadores y trabajadoras llegan desde Guernica, una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires, para cumplir con sus respectivas tareas. “Actualizo la cuenta del banco cada dos segundos para ver si me depositaron”, se queja entre risas uno de ellos. En ocasiones sucede que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tarda hasta cinco días en pagar sus sueldos.

Después de que se hayan terminado de preparar, alrededor de las 9:30, los recuperadores urbanos —comúnmente conocidos como “cartoneros”— suben al mismo micro que los trajo desde Guernica, con los bolsones que utilizan para recolectar residuos reciclables. Así, se dirigen hacia su lugar de trabajo: la calle. 

Bety termina su cigarrillo y se dirige al micro. Tiene 57 años y hace 15 es cartonera. Forma parte de Cartonera del Sur desde antes que se organizaran en una cooperativa. En el camino aprovecha para conversar con sus compañeros lo que no pudieron durante el viaje desde Guernica hasta al punto verde. Ante las quejas de algunos por las altas temperaturas, Bety responde que prefiere este clima antes que el frío, donde tiene que llenarse de ropa que le impide moverse como el oficio lo demanda.

Generalmente, el recorrido suele ser más largo y consiste de más paradas, pero, como afirmó Maximiliano Andreadis, trabajador directo del Gobierno de la Ciudad en la cooperativa y quien controla el presentismo, hay días en los que algunos no van a trabajar.

Cuando bajan todos en el único destino, Avenida San Juan y Defensa, en el barrio de San Telmo, arman una superficie con ruedas que los ayuda a trasladar sus bolsones durante su trabajo. Esa es la alternativa que encontraron desde que el Gobierno de la Ciudad prohibió los históricos carros. Se separan y cada uno se dirige a la zona que le corresponde para emprender sus cuatro horas de trabajo. Bety comienza su jornada laboral solitaria.

“A nosotros no nos ven”, reflexiona Lidia, a quien todos conocen como Bety. Pero ella se encargó de que, en su área designada, no pase desapercibida. Bety recorre una manzana perfecta: Avenida Garay, Bolívar, Avenida Brasil, y Defensa. Como una manera de marcar territorio y para poder juntar más de lo que su cuerpo puede llevar, ata uno de los bolsones al semáforo de la esquina de Defensa y Avenida Garay.

“Siempre hago el mismo recorrido desde hace ocho años, todos saben que estoy acá, todos saben que este bolsón es mío”. Cuenta que son muy pocas las veces que algún cartonero independiente sacó material de su bolsón. Se cruza con algunos de sus compañeros de la cooperativa con los que no deberían superponerse, pero elige no discutirles.

Andreadis explicaba que los recuperadores que tengan la suerte de que en su zona designada haya algún generador grande de residuos, como alguna cadena de supermercados, podían juntar mucho material sin la necesidad de recorrer demasiado. La primera parada de Bety es el Carrefour Express que debería llenarle más de un bolsón, pero sólo recolecta pocas cajas de cartón. Lo mismo sucede con el supermercado Día de la calle Bolívar, que, aunque a diferencia de otras veces, accede a darle material, es una cantidad no equivalente a lo que produce una empresa de ese porte y hasta se lo entregan sucio y mojado. Para ella, los grandes generadores son otros.

“Buen día, Bety, acá tenés”, la saluda un vecino encargado de un edificio mientras le da una bolsa grande de reciclables. “Él viene a traerme material todos los días, él sí que sabe reciclar”, Bety remarca el gran desconocimiento que tiene la gente sobre la manera de gestionar los residuos.

“Las viejitas”–como las llama ella– del edificio de enfrente del semáforo donde reposa su bolsón, a veces la saludan desde el balcón y otras bajan para alcanzarle las bolsas. El “Supermercado Chino” es otro de sus generadores más grandes y frecuentes, le llena un bolsón y medio cada día. Bety cuenta que costó mucho tiempo e insistencia para convencerlo de que separara los reciclables. Todos los mediodías pasa por la puerta del almacén y el hombre ya tiene preparado su material. Este tipo de arreglos de horarios –y hasta de días– se repite con otros: con un colegio, con una empresa de logística, con un bar y un centro cultural.

Las veredas angostas y el tránsito pesado que caracterizan al barrio de San Telmo, se vuelven un obstáculo para el paso de Bety con su bolsón, y hacen que a veces deba caminar por la calle. Un taxista, por ejemplo, le toca bocina a la par de un grito y una seña de indignación. Bety, sin enterarse de la situación, continúa el recorrido con normalidad.

Tiene nueve hijos y veinte nietos. Asegura que le encanta pasar el poco tiempo que le queda entre el trabajo y las tareas del hogar, con ellos. Llega a su casa muy cansada y sólo alcanza a bañarse y cocinar. Las caminatas con kilos de material encima dejan consecuencias en el cuerpo. Bety tiene problemas en las rodillas y en la cintura y eso le pesa a la hora de trabajar: “Todos los días tomo algún remedio que me calme los dolores porque llega la noche y no puedo ni moverme”.

 

El funcionamiento de la cooperativa

Las cooperativas de recicladores urbanos son asociaciones de cogestión entre sus trabajadores y trabajadoras organizados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cada barrio de la ciudad, opera una cooperativa distinta. Tanto Cartonera del Sur como otras cooperativas como El Álamo, están integradas al Servicio Público de Higiene Urbana de la CABA. Estas se encargan de recolectar –de forma exclusiva– los materiales reciclables secos como cartón, plástico y papel.

Los recuperadores urbanos están formalizados. Pagan un monotributo social que les permite acceder a una obra social y a realizar aportes jubilatorios. Pero Bety asegura que esa jubilación no le va a alcanzar cuando la necesite.

Los elementos necesarios para cumplir con su trabajo, como los uniformes, bolsones, camiones y colectivos, son garantizados por el Gobierno porteño. El hecho de formalizar a los recicladores urbanos estableció una nueva logística en el circuito de los residuos, donde se pasó de la separación de la basura en la vía pública a la clasificación en los centros verdes.

Tanto los materiales reciclables que se depositan en los contenedores verdes de la ciudad como los que son recolectados puerta por puerta por los recuperadores urbanos, son llevados a los centros verdes para su procesamiento. Hoy, existen ocho de estos centros gestionados por las cooperativas de cartoneros.

En el caso de Cartonera a del Sur, algunos trabajadores al finalizar su jornada se acercan hacia el lugar caminando con sus bolsones debido a que trabajan por esa zona. A otros que operan más lejos, los pasa a buscar el micro mientras que a sus bolsones un camión. Una vez que llegan al centro, ubicado en Solís al 1900, cada uno pesa sus bolsones: “Los lunes y viernes junto más de 150 kilos, por ejemplo, pero varía dependiendo el día”, relata Bety.

Además de su sueldo base de 90.000 pesos, los trabajadores tienen un incentivo de 40 pesos por kilogramo de material recolectado. Maximiliano Andreadis asegura que algunos de los recuperadores a veces llegan con mucho menos de lo que juntan porque una parte la venden por su cuenta “para ganar unos pesos de más”. Según Bety, el incentivo que le pagan es muy bajo con relación a lo que sale realmente vender cada material.

Al día siguiente, los operarios de planta –que trabajan ocho horas– se encargan de jerarquizar los materiales que acopiaron los “cartoneros” y clasificarlos según su tipo: plástico PET de color por un lado y transparente por otro; papel de diario; otros tipos de papelwa y cartones. A estos últimos se los enfarda en una pequeña máquina para que se compacte aún más su tamaño y se pueda comercializar a un mayor valor; porque el cartón, cuando se los interviene con esta técnica, se vende directamente a la papelera, sin intermediarios.

Julio Herrera, balancero de la Cooperativa. 

De la cooperativa también forman parte las promotoras ambientales, que pertenecen al Programa Promotoras Ambientales de la Ciudad. Son quienes se encargan de concientizar e informar sobre reciclaje a los vecinos y vecinas de los distintos barrios y también de capacitar sobre diferentes temas a los trabajadores de la cooperativa. Por ejemplo, se ocupan de explicarles a los encargados de los edificios cómo separar los residuos y cuáles son los que le deben dar a los recuperadores urbanos de su zona.

Los encargados cobran un bono por clasificación de residuos que puede llegar a tener un valor de 18.000 pesos. Para cobrarlo, deberían darle un remito al Gobierno que compruebe que le hayan entregado el material a los cartoneros y si no se lo presentan serán multados. Los recuperadores son los que hacen estos remitos para los encargados.

Cuenta Bety que una vez le vinieron a pedir constancia sin siquiera haberle entregado un cartón. “Hasta que no me des algo, no te voy a dar ningún papel”, le dijo Bety al encargado y lo recuerda con gracia. Si nadie los controla, los materiales reciclables que por ley deberían juntar todos los vecinos de un mismo edificio no terminan su cadena de reciclaje.

“Estoy segura de que algunos encargados me dan solamente la basura que hacen ellos y no la de todos los vecinos. Piensan que somos ignorantes o analfabetos porque trabajamos en la calle y que por eso no entendemos cómo funcionan las cosas”, señala.

 

Daniela Montenegro, secretaria de la Cooperativa. 

Historia larga

“Yo era costurera y mi pareja cartoneaba por Constitución, abajo del puente. Cuando me dejó de rendir ese oficio, él me convenció para que hiciera su mismo trabajo”, explica Bety sobre sus comienzos como recuperadora. Así conoció a Graciela, la que tiempo después fundó, junto a otras compañeras, la cooperativa. “Graciela siempre fue la jefa”, cuenta sobre la que hoy es la presidenta de Cartonera del Sur.

Graciela, Bety y otros cartoneros y cartoneras venían desde Guernica en el tren Roca. Todos juntos con sus carros ocupaban un vagón entero. En su ciudad, el trabajo, para ese entonces, escaseaba. Ser cartoneros fue la salida más redituable que encontraron. “Tiraban los carros” abajo del puente y volvían a sus casas. Al ser informales, no tenían un lugar donde dejarlos ni tampoco un recorrido asignado.

“Un día vi un cartel en un edificio del Gobierno que decía algo sobre una cooperativa, dejé mi carro afuera y entré a preguntar qué significaba, cuando me explicaron supe que quería armar una”, señala Graciela. Después de eso, reunió a muchas de sus compañeras –la mayoría, mujeres– y las convenció de buscar la forma para lograr ese objetivo.

Supieron que se tenían que presentar a un Concurso Público y para eso debieron escribir un proyecto. Con la ayuda de muchas personas ajenas al grupo de recuperadoras, escribieron 180 páginas y participaron. “Llegué con mis 180 hojas y veía a otras personas con cajas enormes llenas de documentos. Me dio vergüenza, quería volverme”, confiesa Graciela. Por eso, al momento de enterarse que ganaron, no lo podía creer.

La historia no finalizó ahí. Una vez que se constituyeron como cooperativa, en 2012, necesitaban un lugar propio donde funcionar como grupo de trabajadores. Así es que algunos meses después, emprendieron su búsqueda: consiguieron un edificio en la calle Solís al 1900, alguna vez utilizado por el GCBA como depósito de protocolo y ceremoniales. “Rompimos el candado, nos metimos y nos recibieron millones de pulgas”, destacó la presidenta de la cooperativa. Como el Gobierno no lo usaba, se los asignaron como espacio de trabajo y funcionamiento del centro verde.

Una de las promotoras ambientales denuncia que, aunque en la Ciudad de Buenos Aires los recuperadores urbanos estén formalizados e incorporados al sistema, hay una invisibilización constante de su existencia en las campañas oficiales del Gobierno. Mientras que el sistema de reciclaje de CABA es premiado y reconocido globalmente por su funcionamiento, los recuperadores urbanos, las personas fundamentales en este proceso, consideran que su trabajo necesita ser más reconocido públicamente. La lucha todavía no terminó.

La amenaza del asbesto

La amenaza del asbesto

Ya son más de 80 trabajadores afectados, seis con cáncer y tres fallecidos, pero ni la empresa concesionaria del servicio, Emova, ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dan una solución; al contrario, la dilatan.

Más de medio millón de personas transitan cada día bajo tierra en la Ciudad de Buenos Aires sin pensar en el peligro invisible que las rodea. Algunas esperan el subte para ir a trabajar. Otras trabajan ahí mismo, donde la atmósfera es más densa. El suelo vibra y se aproxima un tren amarillo de la Línea B. Los asientos son únicos, de una pana roja que lleva 50 años acumulando el polvo. La mayoría ignora que la pintura que reviste el interior, los componentes del tren y el aire que respiran tienen asbesto, y que el asbesto mata.

Maxi tiene 37 años y desde hace 19 es conductor de esta línea, la más contaminada. Para él, enterarse de la amenaza del asbesto fue “un baldazo de agua fría”. Junto con otros compañeros, participa de las convocatorias que organiza el sindicato porque sabe lo que está en juego. “Vivir con esto te come el bocho, no es sólo que vos te podés enfermar, sino que podés llevárselo en la ropa a tu familia”, afirma el maquinista pensando en su hija y su pareja.

Sobre una puerta de madera, en la calle Carlos Calvo 2363, en el barrio de San Cristóbal, se lee: “Al lado entrada al sindicato”. Es un miércoles como cualquier otro para quienes integran la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Un pasillo conecta la recepción con las oficinas y, hacia el final, con un amplio salón. Las paredes, adornadas con un enorme papel escrito con fibra, dan cuenta de los reclamos que siguen siendo desoídos: “Reducción de la jornada laboral”; “Vamos por los dos francos”; “Basta de muertes. Saquen el asbesto del subte”.

“Plantear la desasbestización es poner sobre la mesa una problemática mucho más grande. Es una cuestión de salud pública, porque todos estamos expuestos, trabajadores y usuarios”, sostiene, en la oficina de salud de la entidad gremial, Federico Batini. Él trabajó en el Taller Rancagua –ubicado debajo del Parque Los Andes, en Chacarita– sin saber que estaba en contacto directo con el mineral que le puede costar la vida. Como a Jorge Pacci, el primer trabajador del subte fallecido tras enfermar de un cáncer de pleura, causado por el asbesto. La foto de Pacci, colgada en la pared, es un recordatorio punzante de la urgencia de la problemática. Los otros fallecidos fueron Jorge Bisquert, que se desempeñaba en las subestaciones eléctricas, y Juan Carlos Palmisciano, que por haber estado jubilado la empresa no reconoce entre las víctimas.

En el primer examen que el sindicato logró que se realizara, se analizaron 130 compañeros y a 11 los diagnosticaron con neumoconiosis, primer efecto del asbesto en el cuerpo humano. La mayoría eran asintomáticos. “Como trabajadores, pagamos un costo muy alto. Los responsables materiales de todo esto, de las muertes y de los afectados, son la empresa y el Gobierno de la Ciudad. Lamentablemente, la estadística indica que habrá más compañeros afectados. Para nosotros, es una cuestión de vida o muerte”, expresa Ramón Acuña con una seriedad que trata de no darle lugar al dolor. Él trabajó nueve años en Taller Rancagua.

El asbesto, también conocido como amianto, es fibroso: tiene hebras finas, maleables, duraderas y flexibles. Cuando el material, tanto en estado natural como en piezas, se deteriora con el tiempo o recibe algún impacto, las fibras vuelan por el aire. Exhalando las palabras, como si así pudiera ventilar el pesar, Acuña agrega: “Hay compañeros afectados que estuvieron trabajando menos tiempo que yo, seis años. Técnicamente, con entrar sólo una vez al taller, puede ingresar una fibra a tu sistema respiratorio. No hay un parámetro seguro”.

En el siglo I, el naturalista, escritor y militar romano Plinio el Viejo, descubrió y documentó que los esclavos que trabajaban en las canteras del Imperio extrayendo este elemento, morían jóvenes, debido a enfermedades pulmonares. La bautizó como “la enfermedad de los esclavos”. Pese a que se conoce su peligro desde hace casi dos mil años, es una problemática vigente. En el aire, flota una pregunta: ¿cuánto cuesta la vida de un trabajador?

“En la actualidad se encuentra disperso en toneladas de productos manufacturados. Desde la década del 1920 hasta la de 1980 inclusive, fue utilizado en muchas industrias por su carácter resistente térmico y eléctrico”, explica la doctora en Geología Leticia Lescano, docente en la Universidad Nacional del Sur. Ella formó parte del equipo que en 2018 detectó el mineral en las piezas que los metrodelegados les enviaron para analizar, tras las negativas de la empresa.

“Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”,  subraya Ledesma.

Ese año se abría “la caja de Pandora” para los trabajadores del subte. Compañeros del metro de Madrid denunciaban que enfermaron tras exponerse al asbesto en los trenes que ahora circulaban en la Línea B de la Ciudad de Buenos Aires, luego de su negligente compra en 2011. Para ese momento, el mineral estaba prohibido desde hacía nueve años, los manuales técnicos informaban sobre su presencia en los vagones y la empresa concesionaria se negaba a entregar los planos originales, donde se leía claramente “placas de amianto”.

El presidente de SBASE, la sociedad del Gobierno porteño encargada del subterráneo, contestó cínicamente que era mucho material como para poder garantizar su lectura. Respecto a esta adquisición, Federico Batini puntualiza: “El precio era el de un desecho, eso ya era sospechoso. Yo trabajaba con esos trenes, eran una porquería. De los seis que llegaron, andaban nada más que dos. Se tuvieron que reformar mucho, porque no estaban en condiciones de circular”.

La confirmación de que los trenes estaban contaminados fue el comienzo de la investigación que se abrió en todas las líneas. Por su antigüedad, la red subterránea cuenta con asbesto en instalaciones fijas: tableros eléctricos de cuartos de bombas; ductos viejos de ventilación de fibrocemento; bandejas portacables; depósitos de baños; el techo del cuarto de descanso de conductores del premetro, o las pastillas de freno de escaleras mecánicas de la Línea E. Además, se le suma el material presente en componentes de determinadas flotas como CAF series 5000 y 6000, Mitsubishi y Fiat.

Las mediciones comprueban que hay fibras de asbesto en el aire. Desde la empresa ya no pueden negar la problemática, pero argumentan que los resultados están por debajo del límite ambiental permitido. Según la regulación nacional vigente del 2001, debe estar en 0,1 fibra por centímetro cúbico (f/cc). Hace un mes, la Unión Europea sancionó que el límite sea 0,01.

Pero se trata de mediciones indirectas. “Hay que evaluar el estado en el que está el material: lo tenemos que sacar, o lo tenemos que encapsular. El tema del límite es un concepto trampa. Por un lado, la medición es como una foto: se realiza en un momento determinado, bajo ciertas condiciones. A la hora, eso puede cambiar –explica Batini–. Además, médicamente no existe la exposición segura a un cancerígeno: una fibra tiene la capacidad de enfermar. Imagínate que una fibra mide un micrón. O sea, entra 100 veces en un pelo. Hay una página que te hace la cuentita de cuántas fibras respirás por hora estando por debajo del límite, y te da algo de 80 mil fibras por hora con una respiración normal. Por eso, el límite es una mentira”. El objetivo, subraya, debería ser eliminar la fuente del contaminante.

De a poco, el sindicato logró que las concesionarias del subte, Metrovías (1994-2021) y Emova (actualmente) saquen 100 toneladas de material. “Con un costo muy alto de parte nuestra, hemos forzado a la empresa a tomar medidas. Todavía no de prevención, porque no han eliminado todo el material contaminado. Hay que acelerar eso para tener la menor cantidad de daño posible”, añade Acuña.

“Seguimos sin el proceso finalizado de la licitación de la compra de nuevos trenes. Después, mínimo tardará un año y medio hasta que lleguen. Mientras tenemos que seguir con los viejos. Si bien se cambiaron componentes, hay otros que son imposibles de remover”, detalla Batini. Su compañero y secretario de Salud Laboral, Francisco “Pancho” Ledesma, sentencia: “Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”. En la búsqueda de exigir respuestas, presentaron una carta a la Organización Internacional del Trabajo pidiendo su intervención. Esperan que, al tratarse de convenios internacionales, el Ministerio de Trabajo de la Nación pueda intervenir.

“Cuando al trabajador se le dice que tiene contaminación por asbesto, aunque no tenga síntomas, uno le pone el San Benito arriba y piensa ‘en qué momento me toca a mí’. Capaz se muere de otra cosa, pero vive con esa presión psicológica”, reflexiona Ariel Rossi, médico especialista en medicina legal y laboral. Trabaja en el sindicato desde 2012, en el equipo de salud por patologías y accidentes.

A raíz del conflicto del asbesto, se formó un comité cuatripartito integrado por médicos de la empresa, la aseguradora, el sindicato y el centro asistencial del Hospital Británico, del que Rossi es parte por AGTSyP. “Todos los lunes nos reunimos a revisar los estudios de los trabajadores que se hicieron la semana anterior. Ahí, en conjunto, se decide si se aprueba o no, si se necesitan más estudios de cada empleado. Es estrictamente científico: no hay discusión, la empresa tiene que aguantar lo que se dicta allí”, remarca Rossi.

Más de tres mil trabajadores están incluidos hoy en el Relevamiento de Agentes de Riesgo, el registro que obliga a la ART a efectuar los estudios anuales. Al principio, EMOVA no tenía en cuenta a los conductores. Actualmente, continúa el reclamo sindical por la inclusión de todo el personal. Federico Batini lo dice con simpleza: “Es para cubrirse, porque admitir que el boletero puede enfermarse abre la puerta a pensar que el usuario también”.

“Aparecen las afecciones que sólo se iban a ver si pasaba más tiempo. Es una enfermedad de larga evolución”, explica Rossi. La empresa se niega a dar los listados de jubilados. Si bien el sindicato se contactó con algunos por su cuenta, hay un sinnúmero que se desconoce cómo ubicarlos para que se les garanticen los controles.

Lilian Capone es médica y secretaria de salud laboral de la CTA. Como parte del comité cuatripartito, cuenta que el sindicato organiza reuniones con los compañeros afectados, pero que también está habilitado el consultorio de patología ocupacional del Instituto Vaccarezza de la Universidad de Buenos Aires. “Estoy jubilada, pero cada 15 días voy con la titular del consultorio y los volvemos a ver en los casos donde hay dudas o vienen con algún familiar afectado”, dice. La mayoría, según Lilian, son trabajadores y familiares. No necesariamente tiene que haber un contacto tan cercano con el material: una mujer que trabajaba en un puesto de comida en medio de los andenes fue derivada con fibrosis pulmonar. Ganó el juicio contra la concesionaria porque había placas pleurales en su tomografía. Ya no hay bares en los subtes.

Para Ramón Acuña, asumir la enfermedad le llevó tiempo. “No caí hasta la pandemia, que nos dio mucho tiempo para pensar. Cuando me enteré, estábamos trabajando, no sabía cómo tomarlo. Es algo raro: tengo inflamación de pleura, pero no tengo problemas para respirar ni correr. Lo primero que se me vino a la cabeza fue pelear para que otros compañeros no se enfermen, que retiren el material. La lucha te da fortaleza para encarar tu situación de otra manera”, destaca con un brillo en los ojos.

Roberto Pianelli, secretario general de AGTSyP, refuerza esta idea: “Todo esto del asbesto lo aprendimos en el cuerpo. Cuando nos enteramos, los compañeros no quieren saber. Lo primero que hacemos es negar; después es el pánico, porque empezamos a entender con qué estábamos, vivimos con un rayo X mirando: ´Esto tiene asbesto’. El tema es entender de qué se trata y tener una política para sacarlo”.

Sobre avenida Rivadavia, frente a las oficinas del Congreso de la Nación, unas 40 personas se agrupan y charlan. “Hoy vinimos con 20 compañeros del taller. Es un alimento muy grande para los compañeros afectados: nos ayuda a seguir adelante”, se emociona Ramón Acuña mientras mira la pantalla que transmite lo que pasa adentro, donde ocho dirigentes sindicales y funcionarios políticos presentan el proyecto de Ley Nacional de Detección, Recolección y Disposición Final del Asbesto Instalado para realizar un mapeo federal y generar una estrategia para su eliminación.

“El asbesto es muy especial: no tiene olor, pasa desapercibido. Es casi parte de nuestro mundo, nuestro hábitat. Para quienes practicamos salud ocupacional es como trabajar y dormir con el enemigo: más de tres mil productos contienen este contaminante, que no tiene umbral de protección”, asegura el higienista Armando Chamorro para las más de 80 personas que están escuchando su exposición en la sala.

Para cerrar, Pianelli toma la palabra: “El glifosato de la ciudad es el asbesto. Solamente saber, entender que estamos rodeados de asbesto, que estamos expuestos y que ni siquiera tenemos el control de nuestra salud, es un paso muy grande para poner en evidencia este problema nacional, no buscando culpables, pero sí evidenciando a las patronales, que son conscientes, trayendo el asbesto sabiendo que era asbesto asesino. El sujeto colectivo capaz de empujar para que alguna vez nuestros hijos vean una ciudad desbestizada, son las organizaciones sindicales en conjunto con toda la sociedad. Desgraciadamente, seguiremos engrosando la innecesaria lista de muertes y enfermedades de compañeros, poblaciones enfermas sin diagnóstico claro. Merecemos una vida más digna”. Entre aplausos, Pianelli alza la voz mientras deja el micrófono: “Esto recién empieza”.

«Larreta y Burzaco son los autores intelectuales de la muerte de mi hijo»

«Larreta y Burzaco son los autores intelectuales de la muerte de mi hijo»

Tras la autopsia y en medio de las dilaciones de la justicia, el padre de Facundo Molares, el militante asesinado en el Obelisco por la Policía de la Ciudad, volvió a señalar la responsabilidad política por el crimen de su hijo.   

“Lo que se ve en el informe de la autopsia es absolutamente compatible con una asfixia, ocasionada porque a Facundo, como todos vimos, lo tiraron al suelo, lo aplastaron contra el suelo y se le subieron dos policías que deben pesar más o menos 100 kilos cada uno”, afirmó Gustavo Franquet, el abogado de la familia de Facundo Molares, en una conferencia celebrada en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Franquet, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, detalló las acciones que se llevaron adelante en representación de la familia de Molares. Señaló que en principio la idea era pedir una segunda autopsia: “Todos sabemos que las autopsias carecen de contexto y en la primera dice que falleció por un ‘paro cardiorrespiratorio’, pero este paro fue provocado”, subrayó.

“El jueves asesinaron a Facundo –prosiguió el letrado–, el viernes la causa estuvo en manos de la fiscalía, ese día a primera hora el padre Hugo Molares se presentó como querellante con el patrocinio de la Gremial de Abogados y Abogadas, pero a última hora le enviaron la causa al juzgado. El lunes pasó a despacho. El martes, la fotocopia de la partida de nacimiento de Facundo que presentamos para acreditar el vínculo con Hugo, su padre, necesitaba ser una copia certificada”. Por esto, Hugo tuvo que contratar a un escribano para realizar el trámite exigido por el juzgado.

“Recién ayer, jueves, se habilitó la querella, volvió la causa a la fiscalía y quedaba el día de hoy para presentar el pedido de una segunda autopsia, basados en el informe del doctor Rossi (el perito externo al que consultaron), que entendía que podía haber algunos puntos importantes a analizar producto de la primera”, remarcó Franquet, quien además informó que, por decisión de Hugo Molares, desistirían de ese pedido a cambio del cuerpo de Facundo.

De la conferencia de prensa también participaron Leonardo Juárez, el secretario de Rebelión Popular, la organización social en la que militaba Molares, y el propio Hugo Molares, que recordó con mucha tristeza y dolor a su hijo.

“Facundo era un poeta, pero no un poeta de escribirle versos a la luna, como decía Atahualpa, era un poeta de la hermandad, de la libertad y de la solidaridad. Este no es el final de Facundo, es un cambio de esfera de Facundo”, expresó Hugo Molares entre lágrimas.

Y se mantuvo firme en su acusación al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco: “Tanto Larreta como Burzaco son los autores intelectuales de la muerte de mi hijo. A Facundo lo fueron a buscar, lo atacaron con saña, es un crimen con ensañamiento. Hay autores materiales, claro, pero si a los perros les sueltan la cadena, los perros muerden”, concluyó.

“El derecho a la propiedad debería poder ser regulado, como todos los demás”

“El derecho a la propiedad debería poder ser regulado, como todos los demás”

El último censo reveló una cruda realidad: en Argentina solo el 65% de las familias son dueñas de sus casas. En la Ciudad de Buenos Aires, la cifra baja al 52%. En un país con cerca de 10 millones de inquilinos, la política no ha logrado dar una solución para un mercado de alquileres cada vez más inaccesible.

La Cámara de Diputados de la Nación sesionará el 23 de agosto para discutir la reforma o derogación de la ley de alquileres, a tres años de su sanción, en el marco de una crisis habitacional cada vez más grave.

El legislador porteño por el Frente de Todos, Manuel Socías, quien trabaja desde 2015 junto a un equipo multidisciplinario sobre la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, presentó recientemente su propuesta de crear un Régimen Nacional de Alquileres Protegidos.

En diálogo con ANCCOM, Socías asegura que “la mirada de Juntos por el Cambio sobre la ley es muy irresponsable porque genera incertidumbre”. A la vez, alerta sobre la “crisis de imaginación y audacia” de toda la dirigencia política para abordar el problema y plantea la necesidad de que haya “un nuevo poder legitimado” que pueda convocar a los principales actores a discutir la normativa vigente.

¿Cuál debería ser la discusión sobre la ley de alquileres?

Es un falso dilema el que está planteado en el Congreso. No se trata de derogar o dejarla tal cual está. La ley es bienintencionada, pero está pensada para otro contexto y no funciona con alta inflación. Lo que hay que discutir son sus aspectos más problemáticos: cada cuánto se puede actualizar el contrato (hoy anualmente) y si es de dos o tres años.

¿Qué cambios deberían hacerse?
Habría que acortar los plazos, hacerlos semestrales, pero usar un coeficiente que no sea el IPC (Índice de Precios al Consumidor), sino sólo el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), menos un porcentaje, porque es un coeficiente que mide la evolución de los trabajadores del sector formal y eso no incluye al total de la población inquilina, donde también hay cuentapropistas, monotributistas y trabajadores de la economía informal.

¿Esta reforma podría plantearse en la próxima sesión?
En un año electoral es imposible. Juntos por el Cambio tiene una mirada muy irresponsable, porque plantea derogar la ley. Lo único que va a generar eso es más incertidumbre y romper más el mercado. Es malo para los inquilinos, pero también para los propietarios. Hoy los dueños están haciendo contratos de tres meses, por fuera de la ley, por indicación de las inmobiliarias, usando un agujero legal para los alquileres temporarios. De acá a diciembre, la situación cada vez va a ser peor, hasta que haya un nuevo liderazgo legitimado que convoque en una mesa a la política, el sector inmobiliario y los inquilinos para discutir la actual normativa

¿Por qué se discute tan poco el problema de la vivienda?
La principal razón es que la industria de la construcción es el principal dinamizador de la economía argentina, porque genera muchísimo empleo y sirve para paliar la situación de crisis social. El problema es que es malo para lo habitacional, pero nadie quiere tocar esa bomba de relojería, porque si te equivocás de cable vuela todo por el aire. La segunda es el derecho a la propiedad, que es el único pensado como un derecho absoluto y debería poder ser relativizado y regulado como todos los demás. Eso no quiere decir expropiar departamentos, sino reglamentar la renta, porque la vivienda es un derecho constitucional que hay que garantizar.

¿Puede repensarse este escenario?
La dirigencia hoy no tiene la vocación de hacerlo. No es un problema sólo de Larreta o de Macri. Hay una crisis enorme de imaginación, de pereza intelectual y falta de audacia política general. El peronismo dice que se soluciona construyendo vivienda pública y la derecha dice que se hace dejando que el mercado edifique sin parar. Ninguno de los dos paradigmas resuelve el problema. El primero porque no tenés escala para construir viviendas desde el Estado que te permita resolver el déficit habitacional, y el segundo porque la perspectiva de mercado no está pensada para hacer eso, sino para dolarizar como una reserva de valor. Hay que encontrar una diagonal entre ambas perspectivas que permita combinar instrumentos para darle escala, capilaridad y velocidad a la respuesta. Hay que inventar cosas nuevas.

¿Cuál es tu propuesta para atacar la problemática?
Si el peronismo gana las elecciones, el 11 de diciembre debería proponer el reemplazo a la ley de alquileres por un Régimen Nacional de Alquileres Protegidos que cambie radicalmente la mirada sobre el tema. Todas las viviendas en Argentina tienen que estar dentro de un régimen que consiste en dos submercados: uno público y uno privado. El primero debe ser estructurado a partir de bancos públicos de vivienda a nivel nacional, provincial y municipal, que alimenten un stock de viviendas para atender a las poblaciones más vulnerables y a los sectores medios con alquileres accesibles, como hacen Nueva York, París o Madrid. Por otro lado, al submercado privado de alquileres hay que darle un conjunto de incentivos para aumentar la oferta y mejorar la rentabilidad a cambio de estabilizar una curva de precios que acompañe la variación del ingreso de la población inquilina. Aquel propietario que ponga su propiedad en alquiler no tendrá que pagar bienes personales, ganancias, sellos, ABL, ingresos brutos, nada. Ese conjunto de beneficios es el equivalente a un alquiler número 13, como si le pagáramos un aguinaldo al propietario. A cambio, tiene que respetar unos precios de referencia acordes al promedio histórico de la ciudad.

¿Alcanzan esos incentivos?
Tenemos la expectativa de que sí, pero lo discutí con el presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios y él considera que no, porque toda esta economía está en negro. Los contratos no están registrados, probablemente las viviendas tampoco. Por eso hay que tener decisión política para desarrollar al mismo tiempo una burocracia en el Estado capaz de entender y fiscalizar ese mercado. Hoy ningún gobierno (nacional, provincial ni municipal) tiene un área dedicada al tema de los alquileres.

¿Cómo podría articularse ese registro con una regulación de los alquileres destinados al turismo?
Que haya turismo internacional en Argentina es una buena noticia porque ingresan dólares, pero también tiene un problema que es la dolarización de los precios y la reducción del parque habitacional. Primero hay que hacer un registro para saber cuántos departamentos están volcados ahí y después hay que tomar medidas diferentes según la realidad territorial. Por ejemplo, San Martín de los Andes, Bariloche y Ushuaia son ciudades que están en una situación habitacional crítica. En esos lugares hay que acotarlos como hacen todos los países del mundo, donde autorizan que haya el 20% o el 30% de las unidades. Hoy la Ciudad de Buenos Aires está promoviendo con subsidios la reconversión de edificios de oficinas del microcentro en viviendas para Airbnb. Eso hay que prohibirlo de raíz. Otros países limitan los alquileres temporarios a 60, 90 o 120 días al año. Hay un montón de regulaciones posibles, pero todas tienen que estar adecuadas a cada realidad territorial y requieren una reingeniería institucional muy desafiante.

¿Puede repensarse este escenario?

La dirigencia hoy no tiene la vocación de hacerlo.

No es un problema sólo de Larreta o de Macri.

Hay una crisis enorme de imaginación, de pereza intelectual y
falta de audacia política general.

¿Cómo es la legislación sobre el tema en la Ciudad de Buenos Aires?
En CABA hay un registro de Airbnb donde los contratos de alquiler temporario tienen que pagar el 6% de ingresos brutos. Actualmente hay 300 departamentos registrados sobre un universo que se estima en 20.000. Es una ficción. No paga nadie. La Ciudad de Buenos Aires no tiene la voluntad de registrar y regular esos alquileres. De todas maneras, a mí también me gusta ir a un Airbnb cuando viajo y para un propietario es un buen negocio, me parece fantástico. Pero todo eso tiene que estar armonizado con el derecho a vivir con dignidad en el lugar donde naciste.

¿Se puede pensar en préstamos hipotecarios tras el fracaso de loscréditos UVA?
Los créditos hipotecarios tal cual estuvieron pensados en los últimos años no sirven, porque lo único que hacen es darle a un conjunto de la población un paquete enorme de dinero para competir en el mercado de compra y venta de inmuebles que están dolarizados. Es una política que lo único que hace es aumentar los precios y convalidar la dolarización.

¿Cuál sería una alternativa sostenible?
El Estado tiene que aportar la tierra, convocar a los sectores medios a aportar sus ahorros y constituir un fideicomiso sobre esos terrenos. Con eso, construir y comercializar propiedades en pesos y al costo. Después, entregar un crédito hipotecario en pesos para cubrir la brecha que se ajusta por la variación de los ingresos de los sectores medios. Es un préstamo que está montado sobre un nuevo tipo de oferta y desde otra lógica.

¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que buscan independizarse en este contexto?
Yo soy muy amigo de Ofelia Fernández, que es una joven que alquila y tiene una representación bastante cristalina de la agenda de los jóvenes. Ella me dijo que nosotros tenemos que organizar generacionalmente la pelea por el derecho a vivir en el lugar donde nacimos. Los burócratas no van a hacer nada hasta que no reciban una presión descomunal de los pibes que tienen una enorme dificultad para irse de la casa de los viejos. Mi mensaje es organícense, peleen y obliguen a la política a dejar de romper las pelotas y a discutir estos temas con seriedad y honestidad.

Un abrazo silencioso para un Botánico ruidoso

Un abrazo silencioso para un Botánico ruidoso

Organizaciones ambientalistas y vecinales se manifestaron contra los daños naturales que genera Secret Garden, el evento de luces y sonidos que se realiza en el parque ideado por Carlos Thays. El predio fue alquilado en tres millones y medio de pesos y ya lleva recaudado 250 millones.

Organizaciones vecinales y ambientalistas se reunieron este domingo en la puerta del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires para realizar un abrazo simbólico contra el evento lumínico Secret Garden que se desarrolla en ese parque público durante el mes de julio.

“Es importante la defensa de nuestro patrimonio arbóreo, natural, histórico y cultural. La enajenación de los espacios verdes públicos es una constante, pero no pensábamos que podían llegar hasta el Jardín Botánico. La verdad es que cada vez nos sorprenden porque van más allá”, sostiene en diálogo con ANCCOM María Angélica Di Giacomo, fundadora de Basta de mutilar nuestros árboles, una organización que tiene por objetivo la conservación y protección del patrimonio arbóreo de la Ciudad.

La convocatoria al abrazo estuvo gestada a través de una Carta Abierta en Defensa del Jardín Botánico Carlos Thays, redactada por organizaciones ambientalistas y defensoras del patrimonio porteño, que ya reunió más de 6.000 adhesiones. Entre los fundamentos del escrito se destaca que “desde la Secretaría de Ambiente, se informó oficialmente que se “valora y respeta de manera irrenunciable el patrimonio que representa el Jardín Botánico Carlos Thays para la Ciudad de Buenos Aires”. Pero las organizaciones piensan lo contrario: “Por lo que vemos, es un modo extraño de hacerlo. Nos preocupa sobremanera el antecedente de impunidad que quedará para el futuro y nos preguntamos cuánto costará revertir, en los jóvenes y niños que concurran a este espectáculo, la falsa idea de que han visto un Jardín Botánico”.

La muestra inmersiva lumínica denominada Secret Garden se realiza a nivel mundial, y propone un recorrido a través de postas con efectos sonoros y visuales, con luces led, de neón, y proyecciones a partir de video mappings. Esta actividad se presenta oficialmente como “una excelente oportunidad para conocer o volver al Jardín Botánico Carlos Thays en el marco de su 125° Aniversario con esta propuesta innovadora, 100% disruptiva y sustentable”, y se realiza en horario nocturno, luego de las 18, cuando el Botánico cierra sus puertas al público general.

El pago del canon por el uso del Botánico (dispuesto por el Banco Ciudad) para la realización de esta actividad durante las noches del mes de julio se ubicó alrededor de los tres millones de pesos, mientras que las ventas por entradas, que rondan entre los 3.500 y 4.500 pesos por persona, ya superaron la suma de 250 millones de pesos. En cuanto a las ganancias obtenidas por el alquiler, no está previsto que sean reinvertidas en el parque público, sino que en principio formarán parte del Tesoro de la Ciudad.

El reclamo no se presenta contra la propuesta artística en sí, sino en el espacio donde se autorizó su realización. El Jardín Botánico, inaugurado en 1898, cuenta con más de siete hectáreas de superficie, alberga más de 900 especies y 2000 ejemplares de árboles y plantas nativas y exóticas, y tiene entre sus misiones la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

“El Jardín Botánico debiera ser una institución científica y educativa tal como la fundó hace 125 años Carlos Thays. Este evento tiene un impacto negativo en el ambiente de un patrimonio natural e histórico muy singular porque daña a la vegetación y a los animales que tienen hábitos nocturnos”, explica Fabio Márquez, conocido en sus redes sociales bajo el seudónimo Paisajeante. “Esto va a implicar un deterioro ambiental, es un ecocidio. Esto es una reserva de pájaros, de diversidad de aves, y 30 noches sin que las aves no puedan ni dormir con el ruido y las luces, las expone a un estrés altísimo, que, al ser durante todo un mes, va a implicar que muchas vayan a morir, porque son muy delicadas. La realidad es que este es una especie de santuario, que al entrar no se escucha el ruido de los coches, es un lugar de silencio, y las aves están acostumbradas a este ambiente”, comenta Marina Garrido, vecina, abogada e integrante de la Asociación Civil Lucha por la Integridad Social y el Derecho Animal (ALUISA).

El Botánico no sólo fue declarado como Monumento Histórico Nacional en 1996, sino que también es el primer pulmón verde seleccionado por el Gobierno de la Ciudad en marzo de este año, por su diferencia climática 4.8 grados menor respecto de la temperatura registrada en sus alrededores. “Es increíble pero fue declarado primer refugio climático de la Ciudad. En vez de replicar este esquema en todos los espacios verdes de la Ciudad, es al revés. Se trae acá lo que invade nuestras plazas: plásticos, metal y cemento”, sostiene Di Giacomo.

Desde la reglamentación de uso del Jardín Botánico se establece la prohibición de dañar plantas, carteles, esculturas, y no se permite pisar el césped. Además, se solicita colaboración para combatir la contaminación sonora, evitando los ruidos y la utilización de aparatos electrónicos con sonido exterior. “Acá adentro está prohibido hasta andar en bicicleta, y sin embargo tenemos filmado y fotografiado que han ingresado autos. Las raíces de los árboles que pasan por los senderos están siendo pisoteadas por autos y por la gente, por lo cual no hay lugar más inapropiado que este para hacer el evento”, agrega Di Giacomo.

Mientras reparte folletos para difundir el reclamo y sumar firmas a la Carta Abierta, Natalia Kerbabian, arquitecta e ilustradora de la arquitectura patrimonial demolida y en riesgo, cuenta que “la importancia del abrazo es para sostener una ciudadanía consciente, conectada a la vida, al respeto y a la palabra. El arrebatamiento y el avasallamiento de un espacio público declarado Patrimonio Histórico Nacional, de acceso gratuito, que alberga una cantidad de vida sintiente en estado puro, está siendo usufructuado por intereses privados, y hay una ciudadanía que recuerda que están faltos a la palabra y avasallando un derecho, una obligación y un cuidado que tiene que estar llevado adelante por quienes nos representan, los funcionarios”.

En ese sentido, Garrido reflexiona acerca de la cuestión: “No podemos decir que los porteños no tienen culpa, porque también avalan este tipo de espectáculos. Es un tema de educación, de que a la población no se la educa en estos temas, y es triste ver cómo la gente pide que se saquen y poden árboles como si se tratase de algo decorativo. Sería mejor una actividad para recorrer el Botánico de noche, en silencio, para escuchar a la naturaleza, porque sobran lugares ruidosos y luminosos. ¿Hay alguien en la política que esté pendiente de estos temas? Aparentemente no. Si buscaran asesorarse con gente de la ciencia, quizás podrían evitar acciones de este tipo”.