Liberaron a las mapuches de Villa Mascardi

Liberaron a las mapuches de Villa Mascardi

Las cuatro mujeres habían sido detenidas en el violento desalojo de octubre pasado. Se firmó un acuerdo por el que recuperan su espacio ceremonial y sus viviendas.

Luego de ocho largos meses, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y María Celeste Ardaiz Guenumil obtuvieron, el 5 de junio pasado, su libertad. Habían sido detenidas durante el violento desalojo  de los integrantes de la comunidad índigena Lafken Winkul Mapu en octubre del 2022, en Villa Mascardi. El operativo había terminado con la destrucción de viviendas, la toma de su rewe (espacio ceremonial) y el procesamiento de las cuatro mujeres por la jueza federal María Silvana Dominguez, quien las acusó del delito de usurpación. 

Las lamngen (hermanas) estuvieron encerradas en condiciones de hacinamiento junto a sus nueve hijos e hijas, en una vivienda insalubre, sin cloacas, con una calefacción insuficiente, sanitarios deficientes, instalación eléctrica riesgosa. A este contexto deplorable se le debe sumar el hecho de que una de las mujeres debió dar a luz con custodia policial. Desde el Instagram “Wiñotupe Taiñ Machi ñi Rewe mew”, donde se brinda información sobre las presas políticas mapuche puelche, se dio a conocer la noticia de su libertad y se publicaron fotos de su firma. “Ocho meses de injusta prisión, con montajes, con estigmatización, con todas las violencias que el estado ejerció y demostró que puede ejercer”, dice la descripción que acompaña la imagen. “Sin embargo, aquí estamos, ahora firmando la libertad que se consiguió gracias a la larga historia de nuestro pueblo que una vez más se propuso parlamentar, la lucha y la organización”.

Frente al sexto pedido de excarcelación por parte de los abogados de las mujeres, la resolución por parte del Tribunal Oral Federal de General Roca plantea que “no se podrá recurrir a una prisión cautelar cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad” y les otorga la excarcelación bajo caución juratoria a las cuatro mujeres implicadas con la imposición de ciertas reglas de conducta a cumplir. La abogada Laura Taffetani, defensora y miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas, en diálogo con ANCCOM dijo que legalmente no correspondía que estuvieran presas por ser un delito excarcelable y por su condición de Pueblo originario. Se esperó con la intención de negociar “en términos desventajosos para ellas”. 

Esta buena noticia se da días más tarde de la concreción de la Mesa de Diálogo, tan prometida como postergada, que reunió al secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Alejandro Marmoni y otros funcionarios del gabinete de Alberto Fernández, junto a representantes indígenas –Orlando Carriqueo, Isabel Huala y Soraya Guitart, entre otros– y veedores de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. El 1 de junio en la sede de la secretaría de Derechos Humanos en la EXESMA, acordaron lo que ya había sido prometido en febrero en la Casa Rosada y que estuvo a punto de no concretarse. El retorno de la machi (autoridad espiritual) Betiana al rewe, la construcción de tres viviendas que fueron destruidas al momento de la represión, para que ella y su familia vivan allí y puedan ejercer sus tareas espirituales y medicinales con sus asistentes.

Desde el lado mapuche se aceptó la reubicación del resto de la comunidad en tierras que aún no fueron definidas pero que serán cedidas por Parques Nacionales. Pero uno de los puntos más importantes fue el compromiso de firmar un “acuerdo de conciliación” entre las partes, que destrabara el proceso judicial por el cual estaban detenidas las mujeres, objetivo que en la actualidad está logrado y que implica el reconocimiento por primera vez del Estado nacional a la comunidad y a la autoridad de la machi. 

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad se comprometió a garantizar la seguridad del rewe que en la actualidad se encuentra vulnerado. Las mujeres mapuches, luego de recorrer su territorio se han encontrado con destrozos, abandono y la ausencia de la armonía que implicaba ese espacio para la comunidad. “Estamos libres pero aun queda camino para que esto termine. No hay reparación para los graves daños que atentaron contra nuestras vidas y de nuestrsx hijxs”, escribieron las lamngen en su último comunicado.

Militarización de Vaca Muerta: ¿Protección al pueblo o a las empresas?

Militarización de Vaca Muerta: ¿Protección al pueblo o a las empresas?

En la presentación del ciclo de debates «El Libro Blanco de la Defensa Nacional 2023» se mencionó que uno de los objetivos militares estratégícos es el complejo energético patagónico.

Dos días antes de un nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar, se inauguró en la Universidad de la Defensa Nacional el ciclo de debates para la elaboración del Libro Blanco 2023, una publicación con los temas principales a abordar desde la Defensa en el territorio nacional. Allí Juan Martín Paleo, Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las FFAA, expuso que cuentan con ocho planes de campaña desarrollados y tres de ellos a poner en práctica este año: un desplazamiento de medios militares para “disuadir y, en el caso necesario, defender” lo que se consideran “objetivos de valor estratégico” en las zonas de Vaca Muerta; el complejo nodal de interconexión en Las Toninas; y, la custodia del frente Atlántico.
Alejo di Risio es Coordinador de Comunicación de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Ambos espacios están compuestos por un equipo interdisciplinario, entre ellos abogados, investigadores, activistas sociales y comunicadores. Las  organizaciones operan en conjunto de forma federal asesorando y acompañando conflictos en distintos procesos territoriales. Actualmente llevan una causa abierta en contra de los basureros petroleros, a donde van a parar y se almacenan todos los residuos del fracking de Vaca Muerta, violando la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.

Sobre estas medidas, di Risio denuncia “un consenso mediático, social y político sobre el avance de Vaca Muerta y la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino”. En este sentido, sostiene que “el extractivismo está asociado al avance de la violencia” y que la militarización de los territorios está ligada a “los intereses de empresas y poder local, ya que tiene que ver con las resistencias territoriales, sociales y judiciales”. 

Contra la idea de que el extractivismo alienta el desarrollo económico y laboral, con los pozos petroleros en Vaca Muerta, sostiene que los costos de vida y las desigualdades en la ciudad de Neuquén son cada vez más elevados desde la última década a causa de la falta de agua y del incremento del uso del suelo. A la hora de enfrentar reclamos de los vecinos y comunidades, di Risio señala: “A una empresa no le importa que corten la ruta o no, sino cuánto les sale que ese día no pudieron entrar y salir los camiones. Las empresas miden la protesta en términos de riesgo financiero. Bloquear la protesta social –insiste–  es una manera de asegurar mayores ganancias”.

El nuevo oro blanco

Durante una conferencia del Atlantic Council, relacionada a la OTAN, la Jefa del Comando Sur de EEUU Laura Richardson habló del interés norteamericano sobre el petróleo, el agua y el litio, considerado el nuevo oro blanco, e hizo referencia a Argentina, Bolivia y Chile. Estos tres conforman el Triángulo de Litio, una zona dentro de la que se halla el 60 por ciento de la cantidad mundial de este mineral. El continente Latinoamericano representa históricamente una gran fuente de materias primas, y aún no se discute sobre la injerencia a nivel local. No obstante, di Risio advierte que si bien hay consensos para evitar conflictos bélicos, estos son “una carta que los grandes jugadores geopolíticos nunca dejan de tener a mano en caso de que las otras opciones sean agotadas”. 

Al ser consultado, el especialista en Relaciones Internacionales Alfredo Casado sugiere que los dichos de Richardson tienen “la lógica estratégica de que EEUU va a defender su patio trasero” a partir de la participación mundial de China. “EEUU vuelve a ver amenazado su predominio en la región con el plan chino sobre el Mar Índico, el Atlántico Sur y algunos países de Sudamérica. Todas las potencias extranjeras van a buscar control sobre las áreas de biodiversidad, cuencas petrolíferas y los sistemas de ultra comunicación moderna (como la fibra o la nueva telefonía), y el control exige la presencia militar”, asegura el también corresponsal de guerra.

Con bases militares en Paraguay, Perú, Panamá, Puerto Rico, Honduras y Chile, son pocos los países que resisten a estas medidas dispuestas por Estados Unidos en el resto de Latinoamérica. Sobre la militarización de las zonas estratégicas mencionadas por el EMCO, Casado señala: “No hay bases norteamericanas en Argentina, que sepamos. Si nosotros tuviéramos una capacidad disuasiva importante como país, con nuestro potencial energético, en materias primas y en biodiversidad, no me parece mal que los militares se ocupen de la custodia de los intereses nacionales, el tema es si se ocupan realmente o van a ser serviles a intereses extranjeros”. 

Para la realización de esta nota hubo reiterados intentos de contactar a autoridades nacionales vinculadas al mencionado Libro Blanco de la Defensa 2023, quienes diplomáticamente evitaron confirmar o desmentir si la eventual militarización de Vaca Muerta  tiene como objetivo solapado disuadir cualquier tipo de protesta ambiental o territorial, como los reclamos del pueblo mapuche, que obstaculicen la explotación de hidrocarburos.

Lo que sí sabemos es que las dictaduras que asolaron la segunda mitad del siglo XX la región, auspiciadas por EEUU, nos enseñaron que la defensa nacional no debe ceder su soberanía a las políticas intervencionistas extranjeras. Las hipótesis de Richardson son una señal de alarma.

Nuevo documento para exigir la libertad de Assange

Nuevo documento para exigir la libertad de Assange

Organismos y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, presidentes y ex presidentes iberoamericanos e intelectuales reclaman la libertad del periodista australiano perseguido por Estados Unidos. La iniciativa nació en el Foro Mundial de Derechos Humanos.

Julian Assange cuenta con una enorme red de solidaridad alrededor del mundo que exige su libertad. De hecho, durante las jornadas del III Foro de Mundial de Derechos Humanos también se debatió acerca de la situación del periodista australiano.

Hace una semana, dentro del cronograma de actividades planteadas desde ese Foro, se propuso un encuentro en torno a la situación del periodista que se encuentra detenido desde el año 2019 en el territorio de Reino Unido.

Assange filtró información confidencial de las bases informáticas de Estados Unidos revelando crímenes de lesa humanidad en el año 2010. Desde ese momento, el país norteamericano pretendió juzgarlo bajo la Ley de Espionaje y exige la extradición a su territorio. Por el momento, el investigador de 51 años se encuentra detenido de manera preventiva, mientras se espera la resolución del Tribunal Supremo del Reino Unido.

En el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos se realizó una declaración pública para rechazar la extradición tramitada por Estados Unidos. El documento cuenta con la la firma de personalidades como Baltasar Garzón Real -coordinador del equipo legal de la Defensa de Assange-, de los expresidentes de Ecuador Rafael Correa y de Colombia Ernesto Samper, organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel y de distintos diputados y senadores argentinos. Además de trabajadores de prensa, actores y actrices, y asociaciones civiles.

En el documentol se expresa que “extraditar a Julian Assange sentaría un peligroso precedente para la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en el mundo. No sólo sería una condena de por vida contra un periodista, sino que fungiría como una amenaza velada para todos los periodistas del mundo que tengan como objetivo hacer su trabajo de manera honesta”.

La declaración agrega que “el Sr. Assange llevó a cabo prácticas comunes en el periodismo de investigación, tales como recibir información de fuentes y luego publicar esa información veraz y de interés público. Los cargos bajo la Ley de Espionaje criminalizarían estas prácticas rutinarias del periodismo” y finaliza instando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a que “retire todos los cargos contra el Sr. Assange, apelando a la propia Constitución de Estados Unidos, los estándares de derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional, así a las más elementales cuestiones humanitarias, ya que la vida de un periodista está corriendo peligro, y la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información del mundo están en riesgo”.

En diálogo con ANCCOM, Cristina Caamaño, quien fue una de las impulsoras de la creación de este documento, señaló: “Todo comenzó con la presencia en Argentina de Daniela Lepin Cabrera, que estuvo acá, que me convocó a través de otro compañero, y tuvimos una reunión donde hubo familiares y abogados de Julian Assange, y lo que nos informaron fue que Assange consideraba que América Latina podía ser un buen lugar para entender su situación, sobre lo que está sucediendo”. Además, informó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández en su encuentro con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, le entregó en mano el reclamo. Caamaño expresó que esta declaración tiene un gran peso debido a que es impulsada por la mayoría de los países de Latinoamérica y también, España. Así, considera que podría ser muy útil para evitar la extradición del periodista a Estados Unidos, ya que “se hizo una cadena prácticamente interminable de gente que apoya a Julian Assange, que ya lleva 12 años privado de libertad”.

El panel en donde se expuso el caso de Julian Assange en el Foro Internacional de la semana pasada fue organizado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). En él estuvieron presentes Daniela Lepín, comunicadora y asesora de Courage Fundation y ex coordinadora del Tour latinoamericano por la Libertad de Julian Assange 2022; Pablo Llonto abogado y periodista; y Santiago O´Donnell, periodista y escritor.

Entre los cuatro disertantes conversaron acerca de la situación de Assange desde los aspectos judiciales hasta las condiciones en las que se encuentra actualmente detenido. El objetivo de este intercambio fue, por un lado, poner sobre la mesa la cuestión de la libertad de prensa a nivel mundial y por otro, la violación sistemática a los derechos humanos. No solo desde las filtraciones del gobierno estadounidense, sino con respecto a la vida del periodista, que se ve cada día más deteriorada debido al encierro que sufre, según describió Daniela Lepín. Conocer este caso en particular brinda la posibilidad de abordar el devenir del periodismo, sobre todo en Latinoamérica, discutir acerca de las formas de hacer periodismo y de cómo quienes se dedican a esta profesión deben enfrentar las violaciones al derecho a la libertad de expresión, la comunicación y las limitaciones mediáticas para ejercer un periodismo de investigación independiente.

«El periodista se encuentra encerrado en una celda de dos metros por uno y medio, con una luz encendida permanentemente y una cámara filmándolo de manera constante», contó Lepín.

Santiago O’Donnell afirmó que el proceso legal al que se enfrenta Assange en este momento “está lleno de vicios”. Además, recordó que el periodista e investigador recopiló información sobre muchos países, dando a entender que su trabajo no fue una operación periodística contra Estados Unidos puntualmente. Por otro lado, Lepín describió que el periodista se encuentra encerrado en “una celda de dos metros por uno y medio, con una luz encendida permanentemente y una cámara filmándolo de manera constante”.

La intervención que hizo Pablo Llonto, por su parte, fue para abordar las cuestiones en torno a la libertad de prensa y a las leyes de acceso a la información. Además, resaltó que el argumento de Estados Unidos, de que el investigador detenido no es un periodista, es vacía y se utiliza para justificar esta denuncia ilegítima. Mientras tanto, ningún organismo internacional pone en tela de juicio el accionar de dicho país con respecto a los crímenes cometidos en Medio Oriente.

ANCCOM conversó también con Elisabeth Uth, una miembro de la Organización Libertad Assange Argentina, quien recalcó la descripción de Santiago O’Donnell sobre la opacidad y la transparencia. “Las grandes corporaciones son muy opacas, no se sabe lo que hay detrás de ellas. Nosotros somos muy transparentes para esas organizaciones. Toda nuestra vida está expuesta”. Agregó también que “hay que tender a una mayor opacidad para los individuos y una mayor transparencia para las organizaciones”, en sintonía con Daniela Lepín, y recordó que el rol de las grandes empresas hoy es el principal problema, ya que están detrás de los Estados.

 

 

¿Quién arregla el edificio del Isauro Arancibia?

¿Quién arregla el edificio del Isauro Arancibia?

Por culpa de una rotura en un desagüe pluvial, producto de las obras en el Metrobús de la avenida Paseo Colón, la escuela que trabaja con personas en situación de calle no pudo empezar las clases.

Desde el 3 de marzo, los alumnos del Centro Educativo Isauro Arancibia, en el barrio porteño de San Telmo, no tienen clases por una rotura en el desagüe pluvial. Por este accidente se cortó el suministro de agua y sus estudiantes se quedaron sin la posibilidad de asistir al único colegio que brinda clases a personas en situación de calle.

Inés, quien prefirió no brindar su apellido, es docente de la institución y en diálogo con ANCCOM relata que no hay nada resuelto todavía. “El edificio donde funciona ‘el Isauro’ viene teniendo distintas complicaciones y la última tiene que ver con la obra del Metrobús del Paseo Colón. El año pasado fue bastante complicado y este año uno de los efectos fue que empezaron a emerger aguas cloacales hacia el interior del establecimiento. Nos dicen que es por un problema en el desagüe de los caños de cloaca hacia afuera, por lo tanto tenía que intervenir AySA en su arreglo”. Es decir, no se trata de algo que se pueda resolver con los mecanismos habituales que tiene el Ministerio de Educación para el mantenimiento de las escuelas.

La institución abrió sus puertas el 27 de febrero para los niños que se encuentran en el jardín maternal y el grado de nivelación para los chicos de 14 años. “Para nosotros, cerrar la escuela es lo peor de todo lo que te puede pasar y tuvimos que cerrarla el martes pasado (7 de marzo) enviando una comunicación a todas nuestras dependencias administrativas”, explica Inés. El colegio tiene nivel secundario para adultos y adultas sin límite de edad y cursos de formación laboral abiertos a la comunidad.

El lunes realizaron un abrazo a la institución con la presencia de estudiantes, familias y amigos del Isauro, también se acercaron legisladores del Frente de Todos, organismos sindicales y de derechos humanos. Inés rescata: “Como siempre hay una red que abraza al proyecto y nos ayuda a visibilizar la urgencia que hay que resolver”.

“AySA se ha hecho presente en el lugar varias veces pero nunca terminó de dar una solución definitiva y nos dijeron que el informe lo teníamos que presentar al Ministerio si ellos lo pedían. Con quienes sí tuvimos mucha comunicación y se hicieron presentes varias veces son el arquitecto y la persona de servicios y mantenimiento de la escuela, les entregamos la actualización del estado del edificio, pero nada de todo esto garantiza una respuesta frente a la necesidad de comenzar las clases”.

Finalmente, entre este lunes y martes, personal de AySA revisó la cámara que corresponde a la salida de la cloaca que había sido tapada por la obra del Metrobús. La cámara fue puesta de forma provisoria y los inspectores del edificio dijeron que podía volver a funcionar el servicio de agua sin inconvenientes.

A pesar de que tienen un reconocimiento de la Organización de Estados Iberomericanos, el colegio lleva años de lucha para que el Gobierno de la Ciudad lo declare como establecimiento educativo. El año pasado tuvieron la visita de legisladores de distintos partidos políticos y “han estado charlando con nosotros, conocen la escuela, nos han dicho maravillas, pero nos pasa esto igual, entonces el reconocimiento es un poco híbrido, no para poner las decisiones y las firmas y tratar la normativa a un proyecto que está en la Legislatura y queda siempre fuera de tablas”, concluye Inés con resignación. La expectativa es terminar esta semana con la escuela abierta y con todos y todas pudiendo ir a sus espacios, desde los bebés hasta los adultos.

Medios y castigo

Medios y castigo

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa fue cubierto con un despliegue pocas veces visto y batió records de audiencia. ¿Los medios estuvieron a la altura?

El debate respecto al rol de los medios en la judicialización del asesinato de Fernando Báez Sosa se coló en la agenda junto al veredicto del Tribunal de Dolores. El caso rompió récords de métricas y audiencias, ¿los periodistas estuvieron a la altura?.

“Vimos a colegas periodistas celebrando las prisiones perpetuas como si fuera una meta que cumplieron y convencidos del rol que habían jugado”, mencionó Laureano Barrera, director del sitio especializado en periodismo judicial Perycia. “Lo grave no es pretender que el periodismo sea ‘neutral’ porque sabemos que la objetividad del periodismo es una ilusión de mínima un poco ingenua y de máxima un poco cínica. Esa ‘neutralidad’ no es la que yo pretendía en los medios de comunicación, pero el lugar de celebración impide el debate para reflexionar por qué estos ocho pibes hicieron lo que hicieron y cuáles son los patrones culturales, políticos y sociales que provocan que estos comportamientos sean posibles”, agregó.

Con una producción de contenido permanente, se informó tanto sobre lo que ocurría en la sala de audiencia como lo que sucedía fuera con los padres de Fernando y de los victimarios, junto al paseo por los canales de televisión que propició Fernando Burlando, el abogado querellante. Todo esto produjo la atención y el seguimiento de la opinión pública. “La sobredifusión influyó en todos los actores del proceso. Por un lado, los peritos psicológicos notaron que, si bien algunos de los acusados tenían ganas de hablar, no lo hacían por miedo a que trascendiera. Por otro lado, no podemos negar que el tribunal está compuesto por jueces y juezas que miran televisión, leen los diarios y redes sociales, tienen familias y ámbitos de pertenencia. Es imposible esa abstracción teórica que supone que deben tener para decidir según las leyes y no según lo que están dictando como sentencia previa los medios de comunicación y los discursos punitivos de prisión perpetua”, concluyó Barrera.

Si bien distintos especialistas concuerdan que no hay una relación directa entre la mediatización del caso y la sentencia, reconocen ciertos elementos que presionan la misma. Al respecto, Mariana Fernández, Doctora en Comunicación e investigadora del CONICET, reconoció que el reclamo de castigo y el abordaje punitivo de los medios se refuerza por el sentimiento de desconfianza generalizado en el sistema de justicia, y comentó: “Los medios de comunicación tuvieron un importante rol en la presión porque crearon un ambiente totalmente cargado de una descripción estereotipada respecto a la víctima y los victimarios, el tratamiento espectacularizado del caso en torno a la juventud descontrolada, la violencia en el mundo del rugby, la insensibilidad de los acusados, el juicio televisado por youtube, todos los rótulos que se van poniendo de ‘urgente’ y ‘alerta’, las imágenes de los familiares en la puerta de los tribunales, el vídeo de la golpiza repetido una y otra vez en forma totalmente revictimizante de Fernando…”

La investigadora añadió: “Todos mecanismos de creación de sensacionalismo que suscitan esta creación de sensación de amenaza en la audiencia de que el hecho se puede repetir y de que le puede pasar a cualquiera”.

“Lo que hizo que este caso sea diferente en la cobertura mediática fue que se vincula con el carácter extremo de la violencia que ejercieron los jóvenes; no olvidemos que para los medios la muerte es un criterio de noticiabilidad muy importante, pero fundamentalmente es que el hecho fue registrado por cámaras de seguridad y vídeos tomados desde celulares por los propios testigos de los hechos”, señaló Fernández y agregó: “Esto es lo que los llevó a posicionar, desde el primer momento, como victimarios y una víctima que claramente es Fernando, un joven del cual se destaca su solidaridad”.

El hecho es que el joven falleció el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, luego de recibir una golpiza por parte de un grupo de amigos al salir del boliche Le Brique. El lunes, la justicia dio a conocer el veredicto: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por considerarse «coautores penalmente responsables por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves», mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, como partícipes secundarios, fueron condenados a 15 años de prisión.

“Se trata de un evento que tiene cierta familiaridad para buena parte de la población. El hecho de que se peleen un grupo de jóvenes al salir de una discoteca no es atípico”, mencionó Ezequiel Kostenwein, Doctor en Ciencias Sociales y abogado. “En casos conmocionantes, habitualmente en los medios de comunicación se presenta una mirada esquemática del castigo y la función que debería tener la pena. Se prioriza más la severidad y no tanto la interpretación o la comprensión de la situación de la víctima y las trayectorias de posibilidad de por qué ciertas personas son capaces de cometer un delito tan grave. Se genera un escenario donde la mirada más punitivista es la que consigue tener más eco”, comentó.

Desde el margen, hubo coberturas que se corrieron de la promoción de la mirada punitivista y le dieron voz a otros temas tratando de complejizarlos, profundizando la noción de violencia machista en el rugby, el racismo que atravesó la pelea o si existe realmente una sentencia reparadora. Si bien los tiempos que maneja el periodismo son otros, esto no implica dejar de preguntarnos por las herramientas con las que contamos para intervenir en estas situaciones.