No es seguridad, es punitivismo

No es seguridad, es punitivismo

Abr 11, 2025 | DDHH, Destacado 2, slider

Resistencia al punitivismo disfrazado de seguridad: ¿Qué está pasando en los servicios penitenciarios federales tras las resolución de Patricia Bullrich?

En el Centro Universitario de Devoto estudian alrededor de 300 personas. Foto: Archivo TELAM, 2023. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich prohibió mediante la resolución 372/2025 la existencia de centros de estudiantes dentro de unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. La disposición también impide la permanencia de personas privadas de su libertad en espacios de estudio fuera del horario de clases.

El argumento por parte de la ministra indica que estas actividades impiden el buen funcionamiento del sistema carcelario, irrumpen en la seguridad del servicio penitenciario y obstruyen la realización de trabajos de limpieza no remunerados por parte de los estudiantes privados de su libertad. Esta resolución marca un giro en las políticas de reinserción social al restringir espacios de organización y participación educativa en contextos de encierro.

En este sentido, Yrene, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, cuenta su experiencia sobre la contención que significa estudiar en contextos de encierro: “Yo creo que nosotros nos insertamos adentro, no afuera. Adentro nosotros hacemos grupo de estudio, nos empoderamos, cuidamos el lugar. Nosotros nos insertamos ahí, porque las herramientas poderosas son los estudios, la educación. La herramienta más poderosa es el programa UBA XXII, que pensó en todes. Desde ahí nos articulamos, desde ahí nos paramos.” La estudiante comenzó la carrera de Sociología en contexto de encierro. Cuando salió en libertad, comenzó la carrera de Trabajo Social. El caso de Yrene ilustra con claridad como el acceso a la educación en contextos de encierro puede ser una herramienta fundamental para lograr la reinserción social.

También recuerda lo difícil de la reinserción cuando se recupera la libertad y se llega a un sistema totalmente desconocido: “Es como que te entran a un callejón en oscuridad y vos tratas de, a lo ciego, ver, encontrar la salida. Imagínate, tenés que insertarte en un sistema de nuevo. Uno está vulnerable, no sabe si preguntar, si te están mirando, si tenés acá el letrero de la detención, y que te miren a tus compañeros. Es como que te haces una idea fantasma dentro de vos”.

Sobre la medida plateada por Bullrich, Yrene analizó: “lo que ella quiere es individualizarnos para cortar, romper el poder que tenemos nosotros de empoderarnos con los estudios, y de agruparnos. Tiene miedo de que nosotros tengamos más conocimiento intelectual de organización, porque no nos estamos organizando por algo negativo, nos estamos organizando por algo positivo, para formarnos como futuros profesionales”.

Pablo, estudiante en contexto de encierro del Centro Universitario de Ezeiza, indica que esta situación ha pegado muy fuerte en la comunidad de estudiantes privados de su libertad, ya que se traduce en prohibiciones al acceso a la educación, falta de garantías constitucionales y restricción de lo establecido en los objetivos de la ejecución de una pena impuesta: “Nos preocupa porque el daño es actual y se traduce a un daño futuro. Las personas privadas de su libertad que pasan por los centros de estudiantes prácticamente no reinciden, cambian sus vidas y maneras de pensar, ven en el estudio una oportunidad para nunca más un robo, nunca más un asesinato en ocasión de robo, nunca más comercialización de estupefacientes y otros delitos que se dan dentro del marco de las necesidades económicas de los sujetos y de los grupos sociales de bajos recursos y sin oportunidades laborales. Nos preocupa el gran daño que está ocasionando a toda la sociedad. No son solo discursos y acciones irresponsables para un público determinado que no entiende las consecuencias que traerá esta medida. Lo decimos por la sociedad en general y también por nosotros y nuestras familias que son trabajadoras y nuestros hijos, expuestos a que alguien los mate por robarle un celular”.

Lucas Belfiore, profesor de Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Devoto apunta sobre la importancia de los centros de estudiantes en contexto de encierro: “Lo que ocurre es que no hay trabajadores de la UBA que se encarguen de la parte administrativa en las carreras en contexto de encierro. Tampoco el servicio penitenciario lo realiza. Quienes se encargan son justamente los centros de estudiantes de cumplir con esas funciones. Por eso es que la resolución es tan dañina. El centro de estudiantes tiene una función diferente a la que tiene afuera. Afuera te orientarían como estudiante. Adentro, se encargan de gestionar todo lo que ocurra: el uso de los espacios, que puedan ingresar los docentes con las autorizaciones adecuadas, crear las listas de personas para que bajen”.

Todas estas tareas que ahora son realizadas por el centro de estudiantes pasarían a estar en manos del Servicio Penitenciario Federal. Lucas indica que sería como vaciarlo, ya que las actividades serían realizadas por personas que no saben cómo hacerlo correctamente, no tienen el personal suficiente ni la vocación para llevarlo a cabo. “Nosotros nos comprometimos a dar clases en un espacio seguro, donde supuestamente la policía no puede entrar. Eso para mí es importante a la hora de decidir donde dar clase”, expresó el docente.

La medida afecta las cárceles del Servicio Penitenciario federal, que son 15 establecimientos a lo largo de todo el país, los cuales no todos tienen centros de estudiantes. Entre los que sí contienen se encuentran la Unidad 2 de Devoto, la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 32 de Florencio Varela y la Unidad 19 de Ezeiza.

En respuesta a la resolución presentada por la Ministra de Seguridad, el magistrado Mariano Iturralde hizo lugar de manera parcial a un recurso de habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en oposición a la medida. Se dispuso que las personas privadas de su libertad que cursan sus estudios en el Servicio Penitenciario Federal “deberán ser habilitadas a permanecer en dichos centros educativos, durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”.

Esta disposición por parte de la justicia pone freno y límite en el avance contra los derechos humanos y las políticas de inclusión. Igualmente, se sigue vulnerando el derecho a la organización, la educación y la participación política de las personas privadas de su libertad. El desguace y el desmantelamiento de uno de los pocos espacios que promueven la reinserción social en las cárceles es realmente preocupante.

La situación en el CUE es compleja. Pablo afirma que es aún más grave de lo visibilizado. “Muchos de los estudiantes en horarios que no cursan realizaban actividades laborales de producción, mantenimiento y mayordomía, todo por un salario de $70.000 mensuales con aportes jubilatorios. La semana pasada se echaron a más de 600 trabajadores en la cárcel de Ezeiza y el Ministerio pretende que los mismos continúen trabajando gratis, la mayoría utilizaba el dinero para costear el viaje mensual a visitarlo de sus familias, otros le trasferían ese dinero para ayudar a sus familias de bajos recursos, otros compraban comida.”

Además de la falta de derechos laborales, las trabas para estudiar y las políticas en detrimento de los derechos humanos, Pablo indica que la situación dentro de la cárcel es muchísimo más compleja de lo que se expone: corrupción y violencia institucional, falta de elementos de higiene, poca atención médica, alimentación escasa, ropa y abrigos insuficientes. “No se entregan más frazadas ni sábanas, ni ningún tipo de ropa, se redujo la provisión de comida a la mitad, basada en arroz blanco, polenta, fideos y en algunos casos una vez por día. Hay un solo médico para 2000 personas privadas de su libertad, los odontólogos no atienden por falta de insumos, los traslados a hospitales extramuros programados se suspenden por falta de combustible. Ha aumentado la mortalidad por falta de atención médica, sobre todo en el caso de adultos mayores. La violencia institucional tambien ha aumentado, dado los bajos salarios y el descontento del personal del Servicio Penitenciario Federal, lo que además generó un aumento de la corrupción”.

También peligran las propuestas de enseñanza: el taller de Diseño Gráfico que dicta Lucas es extracurricular y, como docente, expresó su preocupación por la posible desaparición del espacio: “Estos son los que están corriendo mayor riesgo de cierre porque es lo primero que atacan, los talleres. Son en este momento 1.600 personas en Devoto, de las cuales las que participarán en el centro universitario serán unas 300, diría. Nosotros arrancamos el cuatrimestre hace tres semanas y durante todo ese tiempo tuvimos entre 15 y 20 estudiantes. El día jueves de esta semana, habían venido tres.” El docente cuenta cómo los estudiantes viven la situación desde dentro. Menciona el concepto de ruidazo, que es la manera en que los presos deciden llamar a sus manifestaciones dentro de la cárcel. “Se lo vendió como un motín pero en realidad ellos siempre me dijeron que eso es un ruidazo, una batucada. No es un motín, es una protesta que yo considero que es legítima”.

La resolución 372/2025 no solo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino también un intento deliberado por desarticular espacios de organización dentro de las cárceles. La educación en contextos de encierro ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para la reducción de la reincidencia.

“Ayudamos a soñar con una mejor vida, una segunda oportunidad, la posibilidad de poder obtener un título universitario y ser seguramente el primero en la familia, recuperar proyectos de vida, tener esperanza, y saber que cuando uno se esfuerza tiene resultados, todo ello teniendo en cuenta que la mayoría de les estudiantes privados de la libertad provienen de hogares muy humildes, donde la palabra ‘oportunidad’ brilla por su ausencia”, concluye Pablo.

Detrás de cada testimonio, como el de Yrene, Pablo o Lucas, hay una red que lucha por mantener viva la dignidad en medio del encierro. El desmantelamiento de estos espacios vulnera derechos, profundiza la exclusión social de quienes ya han sido marginados por el sistema y responde a una lógica punitivista disfrazada de seguridad. Atacar a los centros de estudiantes es atacar la posibilidad de transformar la cárcel en un lugar de reinserción y no solo de castigo.

La calle como freno al poder autoritario

La calle como freno al poder autoritario

Abr 10, 2025 | Comunidad, Destacado 1, slider, Vidas políticas

En la víspera del paro general, la CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales se concentraron masivamente ante el Congreso para apoyar a los jubilados en sus reclamos al Gobierno por su despiadada política de recortes de medicamentos y haberes a los ancianos.

Mabel tiene 73 años. Fue contadora, jubilada hoy con la mínima. Primera universitaria en una familia de laburantes. Empezó a trabajar a los 12, vendiendo empanadas para ayudar a su mamá. Hoy camina despacio, con un bastón, pero con paso firme, entre carteles, cantos y banderas. Se había acercado al Congreso “por los jubilados”, pero al llegar la desbordó otra cosa: “Me encontré con una plaza colmada de necesidades», dice. «Esto no es solo por nosotros: es por los médicos, los enfermeros, los docentes… estamos pasándola muy mal». Mabel habla serena, pero su voz se entrecorta. La rodean las vallas, mira el operativo sin bajar la mirada: “Este gobierno no ayuda. Nos pone cada vez más el pie encima. Quiere sembrar el miedo”. Acaricia con una mano el borde de su campera gris, se seca una lágrima. El bastón firme en la otra. Se le quiebra la voz: “Los que ya tenemos canas y pasamos los 70, no tenemos que tener miedo”. Y se queda ahí. Quieta, pero inmensa.

Como cada miércoles, jubilados y jubiladas se congregaron frente al Congreso de la Nación para reclamar por sus derechos, por sus remedios, por una vida digna. Pero esta vez no estaban solos. Los gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA y una gran cantidad de organizaciones sociales, se sumaron a la manifestación en la antesala del paro general de 36 horas convocado por el movimiento obrero. Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos, ya anunció que no participará de la medida.

El Congreso estaba vallado. El perímetro, reforzado. Los efectivos, en posición. Las cámaras, atentas. Desde el mediodía, las columnas comenzaron a llegar a la plaza: jubilados, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, personas que llegaron solas pero marcharon acompañadas. Una marea con un mensaje claro: frenar el ajuste, defender lo público, ponerle un límite a un modelo que recorta, privatiza y delega.

Entre quienes participaron de la marcha, se encontraba Carlos “Chaca” Dawlowfki, jubilado e hincha de Chacarita, que hace unas semanas sufrió represión policial en esta misma plaza. “Venimos a reclamar nuestros derechos y los de los pibes que no tienen futuro. Hoy en la Rural había diez cuadras de cola por un puesto de trabajo. Nosotros ya estamos jugados, pero a la juventud esto le va a costar mucho”, dice. Y apunta directamente al Gobierno: “Es criminal, te saca los remedios, no te da aumentos. Que esta movilización sirva para la juventud y los mayores como nosotros que votaron a este personaje. Que el Congreso actúe y avance con un juicio político. Es lo mínimo, que pague como pagamos todos los argentinos”.

“Esta es la alegría del pueblo, una fiesta popular porque no está la policía”, dice Evelyn, jubilada docente, con una camisa colorida repleta de margaritas y un pañuelo fucsia atado al cuello. Levanta el puño con firmeza y una sonrisa luminosa. “No nos van a sacar la alegría”. “Fuera Milei, fuera Villarruel. Es fundamental bancar a los jubilados, y que todos —trabajadores, la CGT, las CTA, los barrios, el pueblo entero— salgan a la calle. Este gobierno, esta economía, este fascismo, se enfrenta así: con cuerpo, con alegría y con unidad”, remata Evelyn, como quien entiende que resistir también es una forma de celebrar.

Los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT

Pasadas las cuatro de la tarde, una bandera roja abrió paso a la columna de los Jubilados Insurgentes y del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, dos de las agrupaciones que desde el año pasado vienen sosteniendo concentraciones semana tras semana frente al Congreso. Avanzaban al canto de “que lo vengan a ver, los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT”, mientras quienes estaban apretados sobre Rivadavia se abrían para recibirlos y sumarse al ritmo de bombos, aplausos y cánticos que, esta vez, no encontraron represión, la policía se mantuvo lejos, casi invisible, y en esa invisibilidad quedó expuesto que la represión no es inevitable: es una decisión política. Cuando no hay voluntad de palos, no hay palos.

Esteban tiene 78 años, es jubilado de la construcción y sostiene con firmeza un cartel que dice: “La deuda es hambre”. Lleva meses marchando por su jubilación, como tantos otros. “Estamos cosechando el haber estado en la calle durante tanto tiempo. Peleamos por nuestras jubilaciones, por la moratoria que cortaron y deja sin cobertura a siete de cada diez mujeres. Muchas van a terminar en la indigencia, en la calle”, advierte.

Habla con bronca, pero también con claridad política: “Estamos sometidos a las imposiciones del FMI. Esto es un gobierno bananero, y no están solos: hay una complicidad explícita de los opositores con peluca. La CGT no tuvo más remedio que salir, porque quedó descolocada frente a las viejas y los viejos que venimos poniendo el cuerpo sin tener sindicatos que nos respalden”.

Para Rubén, del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, lo que hoy se vive en la Plaza es resultado de una acumulación: “Somos el epicentro de la resistencia. No vamos a poder solos, pero generamos esto y sentimos el apoyo, incluso de sindicatos que al principio veíamos lejanos. Eso es lo que nos pone contentos”. En un comienzo marchaban junto a otras agrupaciones como Jubilados Insurgentes, sin demasiada visibilidad. Hoy, dice Rubén, el escenario cambió: “Somos el epicentro, pero el terremoto está abajo. Queremos que todas esas luchas dispersas se junten y construyan un plan que nos lleve a una huelga general hasta que este gobierno caiga con su política y su economía”.

Unidad, masividad y un límite al autoritarismo

La masividad de la convocatoria y la presencia de gremios robustos fueron dos factores clave para que esta vez Patricia Bullrich se mantuviera lejos de la idea de una nueva represión. En la previa del paro general convocado por la CGT, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lanzó una advertencia cargada de diagnóstico y expectativa: “La medida de fuerza de hoy es una de las más grandes y de mayor consenso contra el gobierno nacional. En el caso de los estatales, somos optimistas. Esa guerra que Milei nos declaró apenas asumió, después de varias batallas, sentimos que la empezamos a ganar”. Aguiar se refiere a un hecho inédito: “Anoche a la madrugada el Presidente nos convocó a paritarias. ¿De verdad piensan que eso va a boicotear la masividad del paro? Es patético si creen que pueden frenar la protesta con maniobras así”.

El dirigente de ATE también apuntó a la profundidad de la crisis: “Los salarios no alcanzan para cubrir los derechos básicos estipulados por ley: vivienda, salud, educación, esparcimiento… No somos solo estatales y jubilados: los pequeños empresarios se funden, los comercios no venden, las economías regionales están devastadas. La expectativa de buena parte de la población está desapareciendo. Ya no hay luz después del túnel. Se deja de creer en Milei y en Bullrich. Hay un rechazo creciente y silencioso al autoritarismo de este gobierno”.

En la misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, reivindicó el protagonismo de quienes abrieron el camino de la resistencia desde el primer día: “El conjunto de la clase trabajadora está abrazando al mayor símbolo de coraje y dignidad del pueblo argentino, que son nuestros jubilados. Ellos sostienen miércoles a miércoles esta lucha por una jubilación digna y por el derecho a acceder a medicamentos y atención médica”. Y agregó: “Con esta movilización enorme estamos prefigurando un paro contundente, en repudio a la política económica y social, y a la aceptación pasiva —por decreto— de las imposiciones del FMI. Esta unidad del pueblo argentino se va a sostener hasta que este gobierno se tenga que ir”.

Frente a un país en crisis, jubilados, docentes, trabajadores y estudiantes hacen cuerpo en las calles. No por nostalgia, no por rutina. Por necesidad, por urgencia. Por la vida que todavía no se resigna. Porque ahí donde crece el miedo, la calle sigue siendo el freno. La cita será, como siempre, el miércoles que viene.

La persecución ideológica avanza

La persecución ideológica avanza

Abr 9, 2025 | Destacado 5, slider, Trabajo

Al vaciamiento, la precarización y los salarios de indigencia en medios y organismos públicos, el Gobierno de Milei suma ahora los despidos por razones políticas de profesionales de la comunicación.

Fabián Waldman, Natalia Maderna y Kaloian Santos. Foto: Gentileza Kaloian Santos. 

La periodista y locutora Natalia Maderna fue despedida sin causa de Radio Nacional tras 17 años de trabajo. El fotógrafo Kaloian Santos, autor de las imágenes con las que se pudo identificar al gendarme que hirió de gravedad a Pablo Grillo, fue desafectado de la Secretaría de Cultura de la Nación, donde se desempeñaba desde 2012. Ambos casos, sumados al del periodista Fabián Waldman, despedido de Diputados TV, despertaron la indignación de sus colegas, que denuncian una persecución ideológica en los organismos comunicacionales del Estado.

“El jueves 3 de abril llego a la radio, saludo a la gente de seguridad que está en recepción y cuando estoy acercándome al molinete me vuelven a llamar y me informan de que no me podían permitir el ingreso. Así fue como me enteré que la empresa había prescindido de mis servicios”, relató Natalia “Natu” Maderna. Se trata de la primera empleada de planta permanente echada en 30 años en la radio. “El despido fue violento”, subrayó.

Maderna sumaba ya 17 de trayectoria en la emisora, donde se ha destacado como conductora y relatora. En 2022 se convirtió en la primera mujer en narrar un partido de un Mundial en la historia de la radio. Actualmente conducía un programa matutino en Nacional Rock, aunque este había sido levantado el martes 31 de marzo. “El lunes 30 Pablo Valente (director de la radio) me informa que quería tener una reunión conmigo antes de que el programa arrancara. El martes, recién cinco minutos antes de que empiece, me dijeron que se levantaba”, repasó. Lo que aparentaba ser una decisión artística tomó un giro drástico apenas dos días después.

Sin embargo, el detonante del despido parece ser lo ocurrido a comienzos de esa semana cuando Maderna empezó a conducir el programa No es lo mismo en el streaming ViBra, financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La periodista recalca que para sus colegas y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) “el comienzo del streaming tuvo que ver” y además agregó: “El lunes 30 empiezo el programa de ViBra hasta las 18.30 y a las 19 me llega el mensaje de Valente pidiendo hablar, media hora después. En ningún momento me dijeron que era una persecución ideológica, pero mis compañeros dicen que si tiene cola, cuatro patas y ladra es un perro”.

Con una expresión parecida, “dos más dos es cuatro”, describió su despido Kaloian Santos: “El lunes 31 estaba en la oficina en el CCK (actual Palacio Libertad) y sobre las 19 me llama la directora de prensa, María José (Pérez Insúa), para decirme que que mi contrato no se iba a renovar. Cuando yo le pregunto qué había sucedido me dice que la orden venía desde arriba”. Su repentino cese, que se hizo efectivo el 1° de abril, lo sorprendió, ya que si bien su vínculo finalizaba ese día, en realidad se trataba de un error burocrático: “El contrato me lo tenían que haber hecho durante un año y en enero me lo hicieron solamente por tres meses. Cuando reclamé me dijeron que había habido una confusión y que no me preocupara, que en abril automáticamente me lo renovarían hasta diciembre”. Todo parece indicar que la decisión de dejarlo sin trabajo fue tomada a partir de su labor el 12 de marzo.

Aquel día, en medio de la represión en la marcha por los jubilados en los alrededores del Congreso Nacional, el lente de Santos captó al cabo Guerrero. El gendarme fue identificado como el autor del disparo de la granada de gas que hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo. Santos ofreció sus instantáneas a Mapa de la Policía, quienes gracias a su trabajo pudieron reconstruir el hecho. “Esa foto fue la gota que rebalsó el vaso porque tuvo mucha repercusión, al igual que otros trabajos míos en marchas”, analizó. Unos días más tarde, la Secretaría de Cultura, órgano comandado por Leonardo Cifelli bajo la órbita de Karina Milei, decidió desafectarlo: “Nunca me dijeron que no les gustaba mi trabajo o que era un ñoqui, no tenían justificación alguna. Ellos dicen que es por una reducción de plantilla, pero fue tan reducido el personal que solo me echaron a mí”.

El despido de Fabián Waldman de Diputados TV fue informado por el propio periodista en el streaming Blender. Según Waldman, fue la mano derecha de Santiago Caputo, Santiago Cosimano, quien le dio la noticia en pleno recinto, con el argumento de que él era una persona “muy expuesta en las redes” y que ellos “debían proteger al Presidente, a Karina (Milei) y a Martín (Menem)”. La figura de Waldman cobró relevancia a partir de sus cruces con el vocero presidencial Manuel Adorni, muchos de ellos virales, y a raíz de esto se trata de uno de los comunicadores más mencionados y atacados por los principales funcionarios del Gobierno y sus seguidores.

Los tres despidos causaron conmoción en el ámbito periodístico y una ola de solidaridad entre colegas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su preocupación a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, que resaltó que “el recorte del Estado pasó a otro nivel” y que “ahora los despidos que se llevan adelante son ideológicos”. “Arrasan con todos los derechos laborales pero también con las garantías constitucionales”, que incluyen el derecho a la información y la libertad de expresión, puestos en jaque tras la ofensiva del Gobierno contra los medios estatales y sus comunicadores.

“Mendoza es hija del agua”

“Mendoza es hija del agua”

Abr 9, 2025 | Comunidad, Culturas, Destacado 4, slider

Liberaron a dos activistas detenidos por protestar en contra de la megaminería en Mendoza.

Los ambientalistas Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados el jueves 3 en el Polo Judicial de Mendoza, luego de haber sido detenidos por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en la zona. Ambos integran la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y están acusados de terrorismo y amenazas tras incidentes ocurridos en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en esa ciudad.
La jueza Claudia Tula ordenó que la causa sea elevada a la justicia federal debido a la incompetencia del fuero provincial, y resolvió la liberación de los imputados.
El fiscal Juan Manuel Sánchez había pedido la prisión preventiva de Soria, quien estuvo hasta ayer en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da). Cornejo ya había sido detenido en febrero, pero desde el 19 de marzo se encontraba en prisión domiciliaria.
“Tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar”, informó el activista ambientalista, ahora en libertad condicional bajo fianza, a través de un video publicado en redes sociales. Tanto Soria como Cornejo fueron denunciados por Edgardo Vera por supuestas amenazas a él y a su familia. El comerciante y representante de la Cámara fue atacado en una manifestación antiminera espontánea realizada el 24 de enero y sufrió el intento de incendio de su local. El mismo día, dos personas fueron detenidas por los actos de violencia. Sin embargo, Vera luego apuntó a los dos referentes de la Asamblea de Uspallata.

A las acusaciones de amenazas se agregó la calificación legal de la protesta como terrorismo, tomando el artículo 213 bis del Código Penal, que establece “una pena por integrar una agrupación temporal o permanente que tenga por su objetivo imponer la ideología por la fuerza o el terror”, según la explicación de Marcelo Romano, abogado y ambientalista. “Esto es inédito. La figura de este artículo no tiene antecedentes en la provincia de Mendoza y solo fue aplicada a nivel nacional en la dictadura del ‘76.” , afirmó el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara. “No somos terroristas los que defendemos el agua”, clamó a través de un megáfono Romano en las afueras del Polo Judicial. “Se cayó la farsa del Ministerio Público Fiscal”, agregó en un video publicado en su perfil de Instagram, minutos después de la liberación.

Historial criminalizador

Sin embargo, la criminalización de la protesta no comenzó en enero de este año, sino que “es una práctica común y corriente desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador en diciembre del 2015. Nosotros tenemos más de 300 imputados por participar en manifestaciones públicas”, según explicó Guevara.
La manifestación en la que Vera fue atacado se dio en el contexto del rechazo al proyecto de la minera San Jorge, perteneciente al grupo Solway, para la extracción de cobre en la localidad de Uspallata. Los disturbios iniciaron con la llegada de columnas de la UOCRA, a favor de la minería. Los asambleístas allí presentes denunciaron ataques de parte de estas personas y uno de ellos, Flavio González, resultó herido. Los responsables de ese ataque y los sufridos por Vera fueron identificados en el acto y se abrieron los expedientes correspondientes, pero estos no avanzaron. El intento de incendio sería producto de una “rencilla vieja” con otro comerciante que no pertenece a la Asamblea por el Agua, de acuerdo a las declaraciones de González en MDZ Radio. Un día después, el 25 de enero, Soria y Cornejo son denunciados.

“Se han presentado los chats privados, los chats del grupo, de la Asamblea, donde tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo de ninguna manera convocan o se puede inferir que tienen algo que ver con los hechos de violencia. Estas pruebas acreditan que los señores que cometieron estos actos de violencia el 24 de enero, el intento de incendio y el que golpeó a Vera, no forman parte de la Asamblea de Uspallata.”, afirmó Alfredo Guevara en diálogo con Anccom.
El proyecto San Jorge afectaría no solo el acceso al agua potable de la población, sino también la calidad de la misma y la posibilidad de generar empleo en la región, ya que la falta de agua impacta sobre la actividad agrícola en general y vitivinícola en particular. “Venimos de fuertes sequías y la minería metalífera requiere millones de litros de agua. Además, sabemos que este tipo de actividad requiere químicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, que son altamente contaminantes para los ríos. El otro punto que nos preocupa es el desarrollo sustentable, que sea con inclusión y no hipotecando el futuro de las próximas generaciones ”, explicó Jorge Difonso, diputado provincial de Mendoza.

Este avance sobre los recursos naturales en la zona sucede en el contexto de promoción de la explotación de los mismos a nivel nacional, con la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto ofrece incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros y quita restricciones a sectores de agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, gas y petróleo. De este modo, se vulneran potencialmente áreas naturales, exponiendo al medio ambiente y a sus habitantes a la contaminación. “El RIGI no contiene en su fundamentación un análisis respecto de si las actividades productivas que incentiva realmente comprometen o no a las generaciones futuras y al goce y disfrute de un ambiente sano”, asegura un documento firmado por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).

En la región, la Asamblea de Vecinos propone la creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, de la que Soria es autor intelectual, para asegurar la protección del ambiente y la calidad de vida de su población. “Ese es un proyecto que incluso el mismo gobierno, cuando era oposición, lo firmó y lo presentó y ahora lo niega.”, afirmó Difonso. Además, el diputado provincial entrevistado por Anccom hizo hincapié en “la impunidad que está reinando en Mendoza”, debido a la concentración de poder político y judicial en la figura del gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, Difonso afirmó que “las dudas y preocupaciones de la población se centran en los controles de la actividad minera”, debido a la existencia de funcionarios que pasaron del cargo público a la nómina de las empresas y viceversa. La misma dinámica se dio luego de la modificación del Código Procesal Minero, a favor del sector empresarial de esta rama de la industria. Luego de su aprobación, “varios de los empresarios mineros pasaron a tomar cargos públicos. Esta práctica es moneda corriente ”, informó el diputado.

Otro caso emblemático se dio en septiembre del año pasado, cuando vertidos de petróleo en el área de Lunlunta contaminaron las aguas del río Mendoza. “YPF hizo caso omiso a esto. Y tenemos el antecedente contundente de que la Ministra de Ambiente de Mendoza era a la vez directora de YPF, es decir, ella controlaba a la empresa para la cual trabajaba”, aseguró Difonso.

Las detenciones de Soria y Cornejo se inscribieron en “un alto nivel de corrupción en la provincia”, expresó Romano. El diputado Jorge Difonso declaró que “las garantías institucionales están en juego en Mendoza”. El mismo Federico Soria llamó a los vecinos autoconvocados “a no tenerle miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos, y sobre todo a continuar defendiendo el Área Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual yo terminé preso”, a través de un video publicado en sus redes sociales horas después de su liberación. A su vez, las manifestaciones públicas en defensa del agua continúan, reflejando que la opinión pública de los mendocinos sigue estando a favor de la protección de los recursos naturales. En palabras de Marcelo Romano: “Los ciudadanos tenemos en claro que Mendoza es hija del agua”.

“Los rotos” dan batalla contra los despidos

“Los rotos” dan batalla contra los despidos

Abr 9, 2025 | Destacado 3, slider, Trabajo

Trabajadores de la fábrica del neumático Fate se encuentran en plan de lucha, luego del despido de 30 trabajadores, tras una consulta compulsiva sobre nuevas condiciones laborales.

La gerencia de la empresa Fate irrumpió en la fábrica durante la noche del viernes 28 de marzo, con una planilla, preguntando a cada trabajador si querían aceptar o no un cambio en las condiciones y el sistema de trabajo. “En teoría, si decías que no, no te iban a despedir, pero ‘iban a ver si contaban con vos’, prácticamente te están diciendo que te van a despedir”, afirma Hernán Minguez, activista sindical que fue delegado de base años atrás. Al día siguiente, sábado, la empresa comenzó con los despidos.

Cinco trabajadores del turno mañana fueron informados en la puerta de la fábrica sobre su desvinculación. Inmediatamente, se votó en la asamblea un paro de 24 horas. El domingo, los trabajadores recibieron mediante la aplicación de la empresa Humand una comunicación reafirmando su voluntad unilateral de avanzar con los cambios en el sistema de trabajo. Ante esa situación, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) llamó a extender el paro y convocó a una asamblea para el lunes. En la asamblea, se votó la continuidad del paro de actividades hasta el martes 1 de abril y luego desde el jueves 3 de abril hasta el viernes 4. Ese lunes, los trabajadores se movilizaron hacia Márquez y Panamericana exigiendo la reincorporación de los despedidos.

“El despido mío fue el martes a las 10 de la noche, en el momento en que estaba por entrar a trabajar. En el interín del sábado al martes me dijeron que se había filtrado la lista y que yo estaba ahí, pero hasta que no llegué esa noche a la puerta de la fábrica no me entregaron el telegrama”, relata Minguez. Al momento, ya son más de treinta los despedidos durante la última semana, que se suman a los 97 desvinculados en mayo de 2024.

Más trabajo, menos trabajadores
Los trabajadores de Fate se desempeñan en tres turnos (mañana, tarde y noche) que son rotativos y funcionan de acuerdo al sistema americano: siete días de trabajo por dos días de franco. Desde principios del 2024, Javier Madanes Quintanilla, dueño de la empresa, busca imponer un cambio del sistema de trabajo y una reducción de los puestos. “En principio quieren cambiar el sistema de horarios. En vez de 7 x 2 , quieren implementar un sistema de 6 días de trabajo por 1 de franco. O sea, menos días de descanso por la misma plata”, afirma Minguez. Este sistema, también eliminaría el turno de los domingos. Además, los trabajadores afirman que estos cambios buscan afectar mejoras de las condiciones laborales que son parte del convenio, como los premios por producción, los horarios del comedor, los descansos y los trabajos definidos por sector.

“La cuestión central que vemos todos en este cambio de sistema es que implica por un lado eliminar un turno y por el otro menos días de descanso, son 15 días de descanso que se pierden. Que trabajemos 15 días más al año por el mismo salario es un negocio bastante grande para Madanes”, afirma Victor Ottoboni, trabajador de Fate. “Desde el año pasado Madanes quiere reducir la cantidad de trabajadores y empezó en mayo con 97 despidos, al mismo tiempo, presentó un Proceso Preventivo de Crisis a la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde además de estas modificaciones en el sistema, detalla que quiere despedir 280 trabajadores más”, relata Ottoboni.

El Proceso Preventivo de Crisis permite a las empresas que demuestren tres o más balances anuales negativos, indemnizar a sus trabajadores por el 50% del monto que les corresponde por ley. A mediados del 2024 Fate presentó el pedido del Preventivo de Crisis pero no obtuvo el aval de la Secretaria de Trabajo, ni tampoco del Sindicato y los trabajadores. “La supuesta crisis que dice que tiene Madanes no la pudo comprobar”, afirma Ruben Alegre, uno de los trabajadores despedidos en mayo del 2024. “Incluso con un Gobierno pro patronal no ha podido aprobar el preventivo de crisis, por una sencilla razón: no abren los libros de contabilidad. Presentan alguna fotocopia diciendo que bajó la rentabilidad pero no tienen forma de demostrar que perdieron ganancias”.

En octubre del año pasado, SUTNA convocó a una asamblea para votar por un nuevo acuerdo al que la dirección del sindicato había llegado con la empresa, donde se modificaban algunos aspectos del plan de cambios del sistema de trabajo que Fate había presentado en el Preventivo de Crisis. Tanto en octubre como en noviembre, la votación fue negativa. “A partir de ahí la patronal siguió con la política de ‘arreglos’ que consiste en generar un clima de incertidumbre dentro de la fábrica, hacer correr rumores de que la fábrica va a cerrar, bajar los niveles de producción más de lo que se necesita, generar un clima de temor y al mismo tiempo ofrecerle a muchos compañeros una indemnización para que se vayan”, afirma Ottoboni. Y aclara que “llamaban a los compañeros que supuestamente estaban en una lista de despidos y les decían que si no aceptaban un arreglo iban a ser despedidos e iban a recibir el 50% de la indemnización porque la empresa estaba en crisis”.

Por su parte, Alegre afirma que “esos arreglos voluntarios de voluntarios no tienen nada, porque son bajo apriete. Se amenazó a compañeros con que iban a recibir la mitad de la indemnización y lamentablemente eso caló hondo. Hubo más de 300 acuerdos”. En tanto, Minguez dice que están “resistiendo a un sistema flexibilizador que Fate busca imponer”. A su criterio, “estos últimos despidos fueron un golpe claro para romper la moral de los compañeros que están adentro para que acepten los cambios que quiere la empresa”. El trabajador despedido el pasado martes ilustra su argumento relatando lo ocurrido el día 28 en las inmediaciones de la empresa: “El viernes, el último día que trabajé, la gerencia se fue a las dos de la mañana, porque estuvo pasando con la planilla viendo quien firmaba y quien no. Inclusive hubo compañeros que los llevaron a la oficina y les dijeron: “¿vos tenés hijos? Bueno, firmá tranquilo que no va a pasar nada”, si eso no es una amenaza, yo no sé”, cuenta Minguez.

En el mismo sentido se expresa Ottoboni: “Estos nuevos despidos son una forma de extorsionar a los compañeros e imponer que si no aceptan el cambio van a haber más. Es la táctica que están usando porque no logran que la gran mayoría firme y para poder hacer el cambio de sistema la patronal necesita la firma de cada uno de los compañeros”, sostiene. Alegre, por su parte, afirma: “Muchos de los trabajadores despedidos hace casi un año teníamos un trabajo sindical dentro de la fábrica. Entonces, la tendencia parece que es siempre atacar a la organización”.

La picadora de carne
A los trabajadores del neumático los llaman “los rotos”. A la industria del neumático la llaman “la picadora de carne”. Esta característica se agrava por la desinversión de las empresas en nueva maquinaria y la falta de presupuesto en cuestiones de seguridad de los trabajadores. “La industria del neumático se caracteriza por ser bastante manufacturera, produce con esfuerzo físico”, sostiene Ottoboni. “Esas condiciones en algunos sectores son peores, en Fate en el sector de la Miniplanta de diagonal, la maquinaria más nueva que hay es del año 70. Los trabajadores del sector en dos o tres años terminan con hernias de disco, lumbares, cervicales, se rompen las rodillas, la tendinitis también es muy común. Y después hay accidentes que tienen que ver con la falta de medidas de seguridad, compañeros que han perdido la mano, el brazo, o la vida”, describe.

“Para la empresa un neumático vale más que un obrero. Ellos van a cuidar más un neumático que un trabajador, invierten miles de millones en computadoras y máquinas para que el neumático salga con las modificaciones que le quieren hacer, pero en evitar accidentes no invierten”, remarca Ottoboni. “Hay compañeros que no pueden levantar a sus hijos. Es una industria que exprime la salud de los trabajadores lo más que puede”, sentencia Alegre. El daño que la propia actividad le causa al cuerpo de los trabajadores toma especial relevancia en un contexto de despidos. “Para buscar trabajo con esas condiciones de salud es complicado, más en este contexto donde vemos que hay despidos por todos lados”, afirma Alegre. “No te toman de ningún lado si tenes la espalda rota, no pasas el psicofísico nunca”, remarca Minguez.

Panorama próximo
Los trabajadores de Bridgestone y Pirelli, las otras dos grandes empresas del sector, también se encuentran en estado de alerta por despidos y empantanamiento de las paritarias. Según el SUTNA, del depósito donde Bridgestone almacena 800.000 neumáticos, 600.000 son importados, no fabricados en el país. La crisis del sector se da en un contexto donde el gobierno nacional eliminó los precios de referencia para importaciones y comenzó un proceso que disminuirá los aranceles de importación del 35 al 16%. De enero a enero, la importación de neumáticos para camiones, autobuses y autos aumentó un 103% interanual.

Asimismo, los trabajadores de Fate continúan en plan de lucha, el viernes 4 se movilizaron al Ministerio de Trabajo de Tigre, la próxima semana se marcharan al Congreso para acompañar el paro nacional de la CGT y el reclamo de los jubilados, y el jueves continuarán con el paro de actividades. “Estamos alentando a profundizar esta lucha, es el camino que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos, para exigir la reincorporación de nuestros compañeros”, enfatiza Ottoboni. “La unión, dar un golpe unido, es fundamental, el día que me despidieron fueron también estudiantes y docentes a darnos apoyo, y para nosotros los despedidos fue muy moralizante”, apunta Minguez.

Un avance contra la violencia institucional

Un avance contra la violencia institucional

Abr 9, 2025 | DDHH, Destacado 5, slider

Tres policías de la Bonaerense, imputados por delitos de tortura y falsedad ideológica, en una comisaría de Ensenada, fueron detenidos.

Comisaria Ensenada 2da de Punta Lara.

El Juzgado de Garantías número 2 de La Plata ordenó la detención de tres policías de la Bonaerense imputados por los delitos de tortura y falsedad ideológica, por un hecho que sucedió en octubre del año pasado.

Esta resolución significa un importante precedente para la lucha contra la violencia institucional y las torturas que ocurren dentro de los destacamentos policiales de la Provincia de Buenos Aires. El pasado 28 de marzo, se ordenó la detención de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, quienes participaron en un hecho de tortura con abuso sexual que ocurrió en octubre en la Comisaría 2° de Ensenada.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), afirmaron que “estos hechos se reiteran en otras comisarías bonaerenses donde se continúan alojando regularmente personas de manera ilegal y muestran las graves violaciones de derechos humanos que la policía despliega cotidianamente en los territorios”.

En la madrugada del 21 de octubre de 2024, un grupo de personas que estaban privadas de su libertad realizaron un reclamo a las autoridades de esta comisaría en Ensenada. El conflicto, que inició como un altercado verbal fue escalando y la reacción de los efectivos de esta dependencia fue ingresar al sector de calabozos con escopetas cargadas con postas de goma y arremeter violentamente contra los reclusos.

En diálogo con ANCCOM, Rodrigo Pomares, abogado de la CPM que interviene en la causa, narró los hechos. “A nosotros nos van llegando noticias de una situación que ocurrió en la dependencia de la comisaría número 2 de Ensenada, y recibimos una denuncia proveniente del sector de Derechos Humanos del municipio, que había tomado conocimiento de los hechos a través de las personas detenidas que denunciaron haber sufrido torturas”.

Una de terror
Pomares es Coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, que se encarga, entre otras cosas, de monitorear las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires para prevenir los hechos de tortura y mal uso de la fuerza, y acompañar en las denuncias de estos hechos. Este equipo fue contactado por familiares de las víctimas y por autoridades del municipio que fueron alertados de la situación apenas ocurrieron los hechos.

Un pequeño foco de incendio producido durante el altercado provocó la participación de un grupo de bomberos que apaciguó la situación y dejó una manguera a presión en el lugar de forma preventiva. “Con esa manguera, el personal policial, bajo las órdenes de la titular de la dependencia, la señora Adriana Ponce, comenzó a agredir a los detenidos con chorros de agua fría muy fuertes, mojando toda la celda”, comentó Pomares. En esas condiciones, es que el personal policial se dispuso a tirar gas lacrimógeno y a cortar el suministro de electricidad.

A oscuras, mojados, y expuestos a las balas de goma y el gas lacrimógeno, los reclusos quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunos de ellos incluso se desmayaron por esos actos violentos del personal policial.

Más tarde, y con el respaldo de un grupo de apoyo que se había presentado en el lugar, dieron la orden a las víctimas de salir del sector de calabozos para ser llevados a otro lugar, supuestamente para dialogar y resolver el conflicto.

“Cuando las personas empezaron a salir, los hicieron pasar entre hileras de policías ubicados a ambos lados y comenzaron a ser agredidos con bastones, patadas y trompadas”, declaró Pomares. Ese fue el primer hecho de agresiones físicas directas. Esta es una práctica de tortura conocida como «puente chino».

Los reclusos fueron trasladados a dos oficinas en el calabozo de contraventores y un lugar anexo. Allí recibieron una nueva secuencia de torturas, que incluyó amenazas verbales, psicológicas y de índole sexual. Fueron obligados a desnudarse, les sujetaron las manos por detrás de la espalda con precintos y los colocaron boca abajo, encimados unos sobre otros. Algunos fueron forzados a besar las partes íntimas de otros detenidos e incluso les acercaron tonfas policiales a sus zonas íntimas mientras los amenazaban con accederlos sexualmente con las mismas. Alrededor de las seis de la mañana, los hicieron regresar a los calabozos, desnudos y con sus pertenencias mojadas.

“Estos hechos tuvieron la participación directa de la titular Adriana Ponce; Ángel Barrientos, segundo jefe de la dependencia policial; y una gran cantidad de policías”, contó Pomares. Hasta el momento, la causa tiene tres imputados detenidos, el tercero es Leandro Altamiranda, quien era el imaginaria encargado del calabozo.

Tras tomar conocimiento de los hechos los equipos de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se hicieron presentes en la comisaría, entrevistaron a los detenidos, y realizaron un primer informe técnico que acompañó la denuncia penal por torturas.

La Comisión hizo la denuncia penal y comenzaron las investigaciones, en las que se recibieron los testimonios de todas las personas privadas de su libertad. Los relatos fueron muy precisos, describiendo tanto las agresiones sufridas, como a quienes las ejercieron, y también detallando la afectación psicológica y emocional sufrida. Esto motivó la realización de pericias psicológicas, que confirmaron la existencia de estrés postraumático en los afectados. También se realizaron pericias médicas, que constataron múltiples lesiones, algunas de ellas muy graves; en algunos casos, fracturas de costillas que requirieron intervención médica.
Otras pruebas recolectadas, como los registros de la dependencia, aportaron evidencias de los perdigones de goma utilizados por el personal policial. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio confirmaron el ingreso y egreso tanto de Ponce como de Barrientos y Altamiranda en el lugar.

Posteriormente, se avanzó en las imputaciones y en el pedido de detención, que finalmente se realizó el pasado 28 de marzo bajo los cargos de tortura y falsedad ideológica. Este último tiene que ver con que, una vez concluidos los hechos narrados, el personal policial quiso obligar a los detenidos a firmar un acta en la que se afirmaba falsamente que se había tratado de un conflicto entre ellos mismos y que eso había provocado la intervención policial.

Un patrón de violencia 
Uno de los efectivos policiales imputados, Ángel Daniel Barrientos, quien se encontraba en el momento de los hechos ejerciendo como segundo al mando en la comisaría, ya se encontraba detenido desde diciembre por un hecho similar en el que participó en marzo de 2018 en la Comisaría 4ta de Berisso.

Este hecho muestra a las claras la inacción de las entidades administrativas para tomar medidas cautelares cuando este tipo de hechos ocurren, ya que se trata de funcionarios públicos que desempeñan un rol con una elevada responsabilidad porque manipulan armas y tienen la facultad de detener personas. Sobre esto, Pomares contó que desde la CPM, “consideramos que el temperamento tiene que ser mucho menos sensible a la hora de tomar estas medidas cautelares para que un policía que está siendo denunciado salga de sus funciones hasta tanto se resuelva su situación”.

Barrientos fue condenado por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público, por graves abusos y humillaciones cometidos durante una requisa en una seccional de Berisso. Esta persona ya tenía una causa pendiente al momento de los hechos y sin embargo seguía ejerciendo su rol de funcionario y, bajo su tutela, ocurrió este nuevo hecho de gravedad.

“Por eso también denunciamos la inacción de algunos organismos que debieron haber tomado medidas, ya que Barrientos tendría que haber sido separado de sus funciones hasta la resolución del juicio”, declaró Pomares.

No es un hecho aislado
Lamentablemente, las torturas dentro de dependencias policiales son una práctica habitual. La CPM, como ente de prevención y monitoreo, se ha encargado en los últimos años de acercarse y denunciar este tipo de hechos que ocurren de forma mucho más recurrente de lo que se desearía.

Existen casos que la CPM se ha encargado de seguir, como el de la Comisaría 3° de La Tablada donde, después de varios años de trámite judicial, catorce policías fueron condenados por hechos de abusos y torturas hacia mujeres y personas trans. Otro caso, cuyo juicio fue aplazado en las últimas semanas, fue el de la Comisaría de Domselaar, donde se dieron hechos de tortura y vejaciones físicas que ocurrieron entre 2015 y 2016. O el de la Comisaría 3° de Pergamino, donde la CPM denunció hechos de torturas mediante el pasaje de corriente eléctrica.

Existen muchos otros hechos que no llegan a juicio o ni siquiera son denunciados por las víctimas por temor a posibles represalias. “La tortura es una práctica regular y sistemática, y existen numerosas causas que se archivan o desestiman por la responsabilidad de la investigación judicial y fiscal”, declaró Pomares.

Las comisarías debieran ser un lugar transitorio para personas con causas pendientes, sin embargo, debido a la sobrepoblación del sistema penal, muchas de ellas se han convertido en lugares de alojamiento. Esto muchas veces propicia dinámicas dentro de estas dependencias que no debieran ocurrir, situaciones de maltratos por parte del personal policial y lugares que no están correctamente acondicionados para el alojamiento permanente: no tienen patios, sectores de esparcimiento o sitios para recibir visitas. Son lugares muy deteriorados y esa es una denuncia que se viene haciendo hace muchos años. “El gran problema del sistema penal de la provincia es que ingresan muchas más personas de las que pueden albergar”, comentó Pomares.