DDHH | ANCCOM

El modus operandi de la policía que termina en asesinatos como el de Lucas González

Nov 30, 2021 | DDHH, Destacado 2

Según la CORREPI, cada 20 horas ocurre una muerte por violencia institucional. El caso de Lucas González, ocurrido a una cuadra de la 21-24, es uno de ellos. ANCCOM dialogó con vecinos del barrio para descubrir cómo actúa cotidianamente la policía con los jóvenes. También cuentan cómo se organizan para resistir el abuso de las fuerzas estatales.

El homicidio de Lucas González, a manos de la Policía de la Ciudad, tuvo una gran repercusión mediática por su gravedad: un claro ejemplo de la estigmatización y de la criminalización por portación de rostro. Sin embargo, el de González no es el único caso de violencia institucional que ocurre en la Ciudad. Según la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), cada 20 horas una persona es asesinada por las fuerzas del Estado.

El “Diagnóstico y estrategia para erradicar la violencia institucional en CABA” es un documento presentado por el Ministerio Público de Defensa (MPD ) y fue recientemente difundido por Página/12. Revela que sólo entre el 1º de julio y el 19 de noviembre de este año, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 472 hechos de violencia institucional. En promedio se contabilizan 94 casos por mes y más de 3 por día.

Las comunas de la zona sur son las que concentran una mayor cantidad de violencia institucional.

En el barrio, la actitud que tiene la unidad de Prevención Barrial (UPB) con los jóvenes , que depende de la Policía de la Ciudad, “es la de siempre”, dice Lucas Bogado, miembro de la Junta Vecinal y militante del Movimiento Evita. Sin embargo, advierte que, en los últimos dos años, cuando la Prefectura dejó de ser la fuerza a cargo del barrio y se creó la UPB, los casos de violencia aumentaron: “Históricamente los molestan por tener un cigarrillo de marihuana, los paran, los revisan, los cachean. Y ni siquiera hace falta que tengan marihuana, sino que tienen esa rutina de parar. Esas situaciones generan violencia con los jóvenes, porque se hacen los piolas, los pillos; y los efectivos de las fuerzas de seguridad también son jóvenes, entonces se genera un enfrentamiento, una competencia y una pelea. En vez de cuidarte, hacen que sientas miedo y confrontación”, asegura.

Respecto a los cambios en las fuerzas intervinientes en el barrio se puede señalar: inicialmente la presencia de la Policía Federal, después la Prefectura y Gendarmería, durante un breve período la Metropolitana y, hoy, la UPB. Esta última, “al principio se presentaba amablemente hacia la comunidad”, cuenta Desajes. Y continúa: “Como dice el refrán popular: ‘escoba nueva barre bien’. Intentan mostrarse como gente honesta, no corrompible, que iba a hacer su trabajo como corresponde, pero a los pocos meses empezaron los conflictos”.

Tanto Desajes, como Bogado coinciden en que el sector más violentado por la policía es el de la juventud. En tal sentido, el informe postula que la edad promedio de las víctimas es de 33 años, en un rango que va desde los 15 a los 65. Por otra parte, Desajes explica que si bien la adolescencia es un momento difícil en la vida de todas las personas, en las villas se acentúa. “Algo que nota una persona que viene de afuera de la villa es que la niñez tiene algo de jugar en el pasillo, de andar en la calle, de encontrarse con amigos a jugar, de entrar en una casa y salir en otra”, cuenta.

El problema se genera, especialmente para los varones, cuando terminan la primaria, comenta. “Aquel pibe que ayer era un chico al cual su familia lo cuidaba y lo protegía, de golpe se le cierran las puertas, las posibilidades de continuar”, dice Desajes. Y, acorde con el informe del Ministerio Público de la Defensa, cuanto mayor es el nivel de vulnerabilidad, más alta es la posibilidad de sufrir abusos por parte de las fuerzas de seguridad: el 57% de las víctimas no completó la educación secundaria y el 65% atraviesa una situación laboral de vulnerabilidad: 20% desocupados, 20% actividades de subsistencia y 25% ocupaciones informales”.

Por otro lado, el docente recuerda que, desde una perspectiva psicológica, “lo que genera identidad para un adolescente está en esto de confrontar con un otro para darte identidad a vos mismo. Bueno eso se da en todos lados, no sólo acá por ser una villa, aunque a veces por esta situación de ocultamiento tiene picos más violentos que quizás en otros lugares”, propone. Entonces, a esta sensación de desamparo o de falta de acompañamiento, combinada con una actitud confrontativa se le suma una “presencia policial, que es más notoria dentro del barrio y alrededor del barrio, no solamente por lo numérico sino también por el tipo de relación que se establece con el habitante joven del barrio”.

La presencia de la policía no se limita al cercamiento externo del barrio: mientras los efectivos uniformados rodean el barrio, en su interior se encuentran las “brigadas”, que recorren los pasillos de la villa vestidos de “civil”. Desajes dice que trabajan “con un arma que muchas veces se utiliza para mantener dividida a la población, separada, peleada: el rumor, que funciona como un arma de división dentro del barrio”. De esta forma, la policía genera enfrentamientos entre distintos grupos. “Así tenés la fórmula perfecta: encierra, divide y reinarás. De esta manera mantiene el control social las fuerzas de seguridad en un barrio como el nuestro”, asegura.

Respecto al modus operandi de la policía, tanto Desajes como Bogado coinciden en que los hechos de violencia suelen ocurrir durante la noche y, especialmente, cuando las víctimas se encuentran bajo el efecto de alguna sustancia. Y “cuando (los jóvenes) se encuentran en una situación de soledad, ahí agarrate Catalina porque empieza el baile”, advierte Desajes. En tal sentido dice que la Policía actúa “con una prepotencia que pareciera que se creen los dueños dentro de un zoológico”.

No obstante, desde hace muchos años, se vienen gestando diversas formas de organización territorial para hacerle frente a los abusos policiales. Cuando algún caso llega a los oídos de los vecinos, conscientes del accionar inhumano de la policía, se organizan en asambleas y salen hermanados a poner el cuerpo. Eso fue lo que ocurrió con el caso de Lucas González, quien no era del barrio, pero “como vecinos son simpatizantes del club Barracas, en el que él jugaba, inmediatamente salieron a denunciar”, narra Desajes. Y agrega: “Al día siguiente estábamos cortando la calle las organizaciones de la 21. Es decir, no teníamos una relación directa, pero acompañamos a la familia a la comisaría y fuimos a reclamar. Inmediatamente se puso sobre la mesa que acá había habido un gatillo fácil; que no había habido ningún enfrentamiento, que los pibes salían de entrenar. Simplemente está esa discriminación de ver al pibe morocho, con ropa deportiva y la gorrita; eso de por sí es sospechoso: cuatro pibes arriba de un auto, por el color de piel y por la forma de vestirse. Eso es lo trágico”, concluye.

Por su parte, Bogado también destaca todo el trabajo de las organizaciones que actúan en el barrio. En ese sentido, cuenta que llevan adelante la tarea de concientizar a los jóvenes y de enseñarles sus derechos pero advierte la complejidad de la situación “porque podés saber todos tus derechos, pero si te agarran en un pasillo a las doce de la noche cuando no hay nadie, es difícil”. Y finaliza diciendo: “Las fuerzas de seguridad dependen del Estado. Deberían tomar medidas más serias y un mayor control. Estas brigadas que existen en el barrio no deberían estar”.

«Mi gorra no mata, la tuya sí»

Nov 23, 2021 | DDHH, Destacado 1

La 5ª Marcha de la Gorra convocó a una multitud, impulsada por los recientes asesinatos de Lucas González y Elías Garay. La CORREPI ya contabilizó más de medio millar de víctimas de la violencia institucional en lo que va de 2021.

Ella tomó unos stickers de su mochila y comenzó a pegarlos con delicadeza en la garita del colectivo. Se podía ver la imagen de un muchacho y se leía “No fue enfrentamiento, fue gatillo fácil”, seguido de un nombre: “Alejandro Espíndola”. Un hombre que se percató de lo que las pequeñas imágenes decían, le tocó el hombro y preguntó con un tono cuidadoso: “¿Era tu hermano?” La chica lo miró, un tanto sorprendida, dejando escapar un sollozo: “Era mi marido, hoy se cumplen 13 meses desde que lo mataron”. El hombre le sostuvo la mirada, apoyó su mano en el hombro de la chica, y apretó con suavidad. Había una complicidad, no es solo un nombre en un registro, la ausencia es enorme.

El sol de la tarde porteña combinaba con el calor de los reclamos en la Quinta Marcha de la Gorra. Organizaciones de todas las banderas políticas, y gente no agrupada se movilizaron desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso para hacer oír un “Basta de violencia institucional”, una vez más. Una multitud ocupó las más de seis cuadras de distancia, por momentos de manera abigarrada.

Alrededor de las 17, luego de dos horas del horario pactado, las personas comenzaron a llegar en oleada a la Plaza de los Dos Congresos. Los recibirán la Comunidad Charrúa Etriek, con sus banderas bien en alto, la de las Comunidades Indígenas y aquella perteneciente a los Mapuches. Al ritmo de sonidos de percusión y con cantos, la gente que iba llegando comenzó a aplaudirlas y en ese aplauso se fundía un entendimiento, y es que hace pocos días la comunidad Mapuche sufrió la pérdida de Elías Garay a manos de la policía de Río Negro.

La convocatoria de la Marcha de la Gorra fue nutrida, cuadras completas de gente con sus bombos, trompetas, carteles y ocasionales humos de colores que formaban una nube densa en el aire que luego se evaporaba. Las banderas políticas eran diversas, los colores partidarios podían formar un arcoiris, pero la consigna que los unía era una sola: “Basta de violencia institucional”. Y es que las cifras de muertes en manos de la policia solamente este año según el informe de la CORREPI, que aún no tiene su corte definitivo, es de 537 víctimas.

Los episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas comportan un problema sistémico y, por ende, una política de Estado. Mariana Vergara, madre de Cristián Ariel “Coqui” Montecinos, el joven fusilado por el gendarme Elliezer Acosta a cinco cuadras de su casa, abraza a una de sus amigas que la acompañó a marchar. Tras haber expresado a ANCCOM con voz temblorosa pero firme: “La Policía y la Gendarmería dicen que están acá para cuidarnos, pero es mentira. Hoy el asesino de mi hijo está en la calle y debería estar en la cárcel”.

Frases en cartulinas decoraban las rejas del Congreso: “No más muertos por portación de cara”, “Mi ropa no es delito”, “Las balas que piden se llevan a los pibes”.

Las fotos impresas y colgadas en los cuellos de los asistentes inundaban la plaza del Congreso. Incontables nombres y fechas en la que fueron asesinados y reiterados pedidos de justicia fueron el símbolo más presente en esta marcha. Estela, la madre de Marcelo Rivero, quien fue asesinado por dos policías en 1989 y su causa archivada en el 2000, gritó a un micrófono: “Lo mataron porque era pobre nada más, nos matan por eso”. Las palabras quedaron resonando, igual que aquellas frases escritas en cartulinas que decoraban las rejas del honorable edificio: “No más muertos por portación de cara”, “Mi ropa no es un delito”, “Las balas que ustedes piden se llevan a nuestros pibes”.

Se hicieron presentes La Cámpora, el MTE, la Juventud Comunista Revolucionaria, el Movimiento Ni un Pibe Menos Por La Droga, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CORREPI, las Madres en Lucha contra la Impunidad, La Garganta Poderosa y AMMAR. Hubo lectura de un documento consensuado, tres líneas cada representante de cada organización, tres líneas y se pasaban el micrófono al siguiente, y así completaron que “La vida en los barrios se vuelve todavía más precaria y los conflictos por derechos básicos son inevitables. Las políticas públicas para mejorar nuestra vida no llegan, seguimos teniendo que salir a inventarnos un laburo, dejar la escuela, resignar nuestros sueños, sufrimos la falta de salud, de vivienda. La respuesta a estos problemas vienen siendo muy insuficientes y en muchos casos se saldan con represión.”

Y continuaron:

“La represión se vuelve aún más cruda e invisible en contextos de encierro. Nuestros compañeros y compañeras privadas de su libertad sufren de condiciones de detención pésimas, donde la tortura y los malos tratos son moneda corriente.”

La gorra como símbolo que marcó a la convocatoria de la tarde, marcó también la narrativa, hay una gorra que mata, y una que no. “Mi gorra no mata, la tuya si”, se leía en el cartel que sostenía una de las amigas de Lucas Verón, el joven que salió a comprar con sus amigos y la policía por suponer que estaba robando lo asesinó. “No por tener gorrita, estar vestidos de cierta manera, ser de color, la policía tiene derecho a quitarnos la vida” explicó conmovida.

La lectura del documento fue la despedida de los asistentes, que cerró:

“Los peligrosos seguimos siendo los pibes de los barrios populares, los trabajadores de la economía popular, las disidencias. Los discursos de odio programados por mercenarios mediáticos, y dirigentes políticos buscan instalar que nosotros somos el problema de la inseguridad.”

«El arma de mi hijo eran sus botines rotos»

Nov 23, 2021 | DDHH, Destacado 5

Una nutrida concentración, en la que participaron los padres de Lucas González, reclamó justicia frente a los Tribunales. Velas, lágrimas y reclamos.

Los padres de Lucas junto a los tres amigos que viajaban en el auto, también víctimas de la policía.

Faltaban 5 minutos para las siete de la tarde. Un chico con lágrimas en los ojos y la camiseta de Defensa y Justicia llegó corriendo por la calle Tucumán aplaudiendo mientras pide espacio. Detrás de él, dos micros que llegaron desde Florencio Varela llenos de personas, la mayoría niños que sacan la cabeza y los brazos por las ventanillas pidiendo a los gritos justicia por Lucas. Los vecinos de la Ciudad que ya se encontraban en la plaza frente a Tribunales, sin banderas de ningún partido político y con la única consigna por la que se iban a concentrar ese día -“Justicia por Lucas” y “Basta de Gatillo Fácil”-, empezaron a aplaudir con fuerza frente a ellos. Una bandera que apareció colgada a lo largo de todo el micro, en la que se lee “La 2004 siempre presente. Justicia por Lucas”, tensiona angustias y arranca lágrimas. Alrededor todos vuelven a tomar conciencia de lo chiquitos que eran los cuatro amigos que la semana pasada sufrieron la peor furia policial, que terminó con la muerte de Lucas.

Llegaron cuatro micros más y montones de personas bajaron saltando mientras cantaban “Lucas no se murió, Lucas no se murió, Lucas vive en Varela”. En cada grupo que se acercaba a Tribunales se podía recorrer su historia. Sus amigos del barrio de toda su vida, los clubes en los que jugó; primero Defensa y Justicia, Racing y el último Barracas Central. Lucas, por cada lugar en el que estuvo, dejó huella e hizo amigos. Sus papás también: estaban acompañados de sus familiares, compañeros de trabajo, y vecinos que les daban su apoyo a cada segundo. Las remeras con la cara de Lucas eran todas distintas. Diferentes grupos daban cuenta de lo querido que fue en cada lugar por el que pasó, y cómo su familia lo apoyó para que pudiera jugar al fútbol.

Arriba del escenario se ubicaron los familiares, el abogado Gregorio Dalbón y los tres chicos víctimas de la policía, quienes lloraban abrazados, junto a sus padres. Todos fueron oradores. Recordaron a Lucas, hijo, amigo, jugador de fútbol y su sueño de llegar a Primera.

«Quiero justicia, perpetua para los tres policías, porque los tres tienen culpa.”

Cintia, la mamá de Lucas, fue la encargada de cerrar el acto: “Cuando yo vi la noticia en la tele donde contaban que le habían pegado un tiro en la cabeza a un delincuente no le di importancia porque mi hijo no era un delincuente. Mi hijo era futbolista. Ahora miro las banderas de Gonzalo, de Luciano y las entiendo tanto a las mamás que perdieron a sus hijos. Nunca sentí un dolor tan grande.” Y continuó: “¿Ustedes saben cuál era el arma de mi hijo?… Esta era el arma de mi hijo… sus botines rotos. Me lo mataron y era un bebé, era mi bebé, todavía venía a dormir conmigo a mi cama. Quiero justicia, perpetua para los tres policías porque los tres tienen culpa”.

Se hizo un minuto de silencio y se prendieron velas por el joven asesinado, que luego serían colocadas delante de unas fotos frente a Tribunales.

El inspector Gabriel Alejandro Isassi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas, responsables de la muerte del joven futbolista Lucas González, quedaron detenidos acusados del delito de «homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», lo cual prevé la pena de prisión perpetua.

El abogado, Gregorio Dalbón, quien en la marcha de las velas dijo que el juez que detuvo a los chicos en el Instituto de Menores Inchausti y dejó libres a los policías debe ser destituido, dijo a ANCCOM que “asesinaron a Lucas y hubo intento de homicidio a los tres chicos ¡Fueron doce tiros!. Por eso el pedido de la familia es tan fuerte. La justicia lenta no es justicia, necesitamos esclarecimiento de todo lo sucedido”. Luego agradeció a los medios de comunicación y a la gente “que entiende que no hay grietas sino que se trata de la muerte de un joven de 17 años inocente al que quisieron hacer pasar por delincuente.” El abogado especuló que hoy, martes, ya deberían haber formalizado la presentación como querella.

Hoy, martes 23 de noviembre es la marcha anual en CABA para terminar con el Gatillo Fácil a lo ancho y a lo largo del país. Se va a pedir por cada uno de los asesinados por las fuerzas de seguridad. Lucas, es uno de los 121 muertos en manos de la Policía de la Ciudad en tan solo 5 años de vida. Según la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) hay una víctima de Gatillo Fácil cada 20 horas en la Argentina. “No es un policía es toda la institución”, aseguran.

“Justicia por Lucas”, dijo Mario, su papá, cuando ANCCOM le pidió una declaración. “Justicia por mi bebé -reclamó Cintia-. No me suelten la mano. No pido nada más que justicia… Perpetua para los tres policías”.

La violencia institucional como política de Estado

Nov 23, 2021 | DDHH, Destacado 4

En apenas cinco años de historia, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil. No es la única: en total la violencia policial alcanzó los 537 casos de fusilamiento, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el atropellamiento deliberado con patrullero.

“En los últimos cuatros días hemos tenido que sumar a Lautaro Rosé en Corrientes, a Lucas González en Capital, a Alejandro Martínez en Provincia de Buenos Aires y, ayer, a Elías Garay, el joven mapuche que mataron en Cuesta del Ternero en Río Negro”, cuenta a ANCCOM María del Carmen Verdú, abogada penalista que forma parte de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI).

Anualmente, la CORREPI realiza informes sobre violencia policial, y detalla que en los últimos cinco años la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 “fusilamientos por gatillo fácil”. En un informe previo a aquel que se presentará en diciembre, llegan a 537 los casos totales de fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución.

El de Lucas González no es un caso aislado, ni de “asesinos sueltos”, es sistémico, y por ende una política de Estado, según expresa la abogada penalista. A su vez, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó al gobierno porteño no sólo la sanción de los responsables del homicidio de Lucas González sino que se tomen medidas de prevención “para evitar hechos” que se repiten “desde la creación de la Policía de la Ciudad”.

Clases de periodismo

Por un hecho absolutamente circunstancial, el caso de Lucas Gonzalez rompió el blindaje mediático, y es que gracias al club, la familia pudo hablar de lo sucedido. El informe inicial fue una versión policial tomado de “forma acrítica y sin hablar con el entorno de la víctima para chequear”. El primer parte se conoció a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, para ser difundido luego por varios medios de comunicación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recalcó la tergiversación de los hechos, al igual que la CORREPI, que apartó el caso para hacerle seguimiento, encontrando en el texto de la nota ciertos vacíos. Se explicita, entonces, que la información que difunden las comisarías no puede replicarse “sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales”. El CELS subrayó que existe una “historia muy extendida” de “procedimientos ilegales” en operativos policiales fraguados que quedaron al desnudo en la investigación judicial realizada por Daniel Rafecas a fines de los 90’, cuando actuaba como fiscal e investigó causas fraguadas por la Federal publicadas por los medios como persecuciones.

El relato policial del caso de Lucas González es idéntico al de “paragüita” Toledo. El joven de la villa 21-24 que el 15 de julio de 2017 fue asesinado a tiros por Adrián Otero, oficial de la Policía de la Ciudad, mientras volvía de bailar junto a dos amigos. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguir el auto donde estaban los tres jóvenes y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián Toledo. En un primer momento, la versión de los hechos difundida planteaba que el policía había actuado en defensa propia ante un intento de robo, buscando criminalizar a los jóvenes, quienes fueron detenidos durante dos días. La respuesta de vecinos, amigos y familiares fue lo que permitió que liberaran a los dos jóvenes y se exigiera justicia por Cristián.

«-8.500»

El caso de Cristian Toledo comportó el primer juicio contra un efectivo de la Policía de la Ciudad por gatillo fácil. La sentencia para Otero de prisión perpetua, en octubre de 2018, sentó un precedente importante. Los casos en los que se logra una condena correspondiente: aquella de homicidio agravado por el abuso funcional de un miembro de la fuerza de seguridad, explica Verdú, son muy pocos. Y agrega que la regla común del gatillo fácil es que “le sigue sistemáticamente el sobreseimiento fácil”. Explica la abogada que en la mayoría de los casos, cuando no existe una familia que se presente frente a la fiscalía o el juzgado, que se constituya como querella o particular damnificado, y que empiece a poner puntos sobre las íes en materia de prueba o de interpretación de la misma, en menos de seis meses la causa es archivada.

La criminalización de la víctima va en paralelo con la narrativa de la víctima inocente, que desde la CORREPI se intenta desterrar y explican que “vuelve a resurgir con los discursos del odio: el ‘algo habrán hecho’ o ‘la polícia no mata porque sí’”. Tal es el caso de Luciano Cabello, el joven que en noviembre de 2015 recibió tres disparos por parte del oficial Ayala de la, entonces, Policía Metropolitana, quedando en estado de cuadriplejia. Las justificaciones del accionar del agente vinieron de la mano de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, por entonces era vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien alegó que Ayala había accionado en un supuesto marco de violencia de género. Lo insólito de sus declaraciones es que fueron desmentidas por la mujer de Cabello, la supuesta denunciante.

El juicio contra Ayala se llevó a cabo en 2019, y lo condenaron a 16 años de prisión en diciembre de ese año, pero aún así está libre porque la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la condena no está firme. Dice la abogada del caso que “si vos tenés que querellar a alguien en una situación de empate con la defensa partís de 0. Contra un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario no arrancàs de cero, arrancás de -8500”.

Ayer, en el marco de un doloroso reclamo por justicia, se llevó a cabo frente a Tribunales una congregación por el asesinato de Lucas González. Este martes, a las 15, se llevará a cabo en Av. de Mayo y 9 de Julio la quinta Marcha de la Gorra organizada por la CORREPI. Habrá un amplio arco de organizaciones convocadas, y se leerá un documento consensuado. El primordial reclamo es contra la violencia institucional que se carga con las muertes de personas, día tras día. El informe oficial de la Coordinadora hasta ahora presenta cifras récord, con 537 muertes donde no es el gatillo fácil lo que más aumentó sino las muertes en lugares de detención por covid-19. La situación es crítica, concluye Verdú: “Tenemos la falacia de un país que tiene un Código Penal que dice que no existe la pena de muerte, pero a punta de (pistola) reglamentaria está decidida por policías en la calle”.

«La democracia no se regala, se construye»

Nov 22, 2021 | DDHH, Destacado 3

Este fin de semana se realizó el V Encuentro Federal de Derechos Humanos en el Espacio Memoria y DDHH (ex ESMA) con más de mil asistentes y representación de todas las provincias. El fusilamiento de Lucas González fue uno de los temas que atravesó las distintas temáticas.

Desde las 9 de la mañana del sábado 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, tuvo lugar en el Espacio para la Memoria (ex ESMA) el quinto Encuentro Federal de Derechos Humanos. Con la participación de más de mil representantes de todas las provincias, los debates se produjeron al interior de once comisiones, entre las que se destacaron violencia institucional, juicios de lesa humanidad y pueblos originarios. El objetivo es “nutrirse de los reclamos” en la materia, según afirmó Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos (DDHH) de la Nación, nieto restituido y principal organizador del evento.

Con los resultados de las elecciones en la memoria y como descripción del espíritu del Encuentro, uno de los oradores de la mesa de apertura, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, señaló que la “democracia no se regala, se construye, y todos somos responsables”. Estuvo acompañado por Pietragalla Corti y Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de La Rioja. En este punto, pensando en figuras opositoras electas, Pietragalla Corti sentenció: “Vamos a hacer todo lo posible para que quienes no reconozcan que en este país hubo delitos de lesa humanidad no puedan asumir en el Congreso”. Catorce años atrás, el 20 de noviembre de 2007, la Armada desocupaba definitivamente las instalaciones de la ex ESMA y se firmaba el convenio de creación del Ente Interjurisdiccional Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

La primera edición del Encuentro se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, impulsado por Pietragalla Corti, por ese entonces en el mismo cargo pero en la provincia de Santa Cruz. “Estábamos en el negacionismo”, recordó el “Pocho” Brizuela sobre el contexto, y describió: “Fue un alivio, estábamos vivos y luchando, nadie bajó las banderas”. En los años sucesivos, se trasladó al predio de Avenida Libertador al 8151 y la cuarta edición tuvo lugar de manera virtual debido a la pandemia. La promesa de regionalizar fuera de Buenos Aires está para 2022. “Taty” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, subrayó el hecho de que se haga “presencial y bajo un gobierno nacional y popular”. Del evento también participaron, el exvicepresidente Amado Boudou, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la exprocuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, y Eduardo Jozami, detenido durante toda la última dictadura militar, entre otros referentes.

Un encuentro atravesado por Lucas

Del comienzo al final, pasando por la mayoría de las comisiones, el asesinato de Lucas González estuvo presente. Por ello el edificio Cuatro Columnas, donde se expuso sobre violencia institucional, fue uno de los más convocantes. Hubo dos cuestiones que se repitieron: la cantidad de familiares que perdieron a una persona producto del accionar represivo, que revivieron su historia durante la última semana por el caso del joven futbolista; y las muchas deudas pendientes a pesar del camino recorrido, como la falta de acceso a la justicia. “Es el tiempo de que los gobiernos hagan las cosas que tienen que hacer”, afirmó Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, desaparecido y asesinado durante su viaje de egresados en Mendoza en 1997.

Ante la moderación de Mariano Przybylski, director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, también hablaron representantes de distintas delegaciones y organizaciones de derechos humanos de variadas provincias con una larga lista de reclamos y medidas. Desde Chaco, por ejemplo, propusieron que “el Poder Judicial se siente en la discusión” y que la “reparación no sea sólo por vía judicial, sino también económica, simbólica y psicológica”. Gustavo Melman, padre de Natalia, secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar, pidió que los oficiales no se lleven el arma tras cumplir el horario laboral y que se realicen un examen psicofísico de manera anual. Además, alertó sobre la realización de juicios por jurado para este tipo de casos dado los sentidos comunes que imperan en nuestra sociedad.

Marcela Gutiérrez, por Salta, denunció el funcionamiento de cuerpos infantiles de la policía y, como muestra de que la violencia institucional abarca más que el accionar de las fuerzas de seguridad, también refirió a que sólo hay “19 médicos no objetores de conciencia” en su jurisdicción para llevar a cabo una interrupción legal del embarazo (ILE). En la misma línea, familiares de víctimas del abandono de IOMA, la obra social del Estado bonaerense, buscan visibilizar la situación y ser recibidos por el gobernador Axel Kicillof y los organismos de derechos humanos para que se encuentren soluciones.

Acelerar a la justicia

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se debatió sobre juicios de lesa humanidad, con el aporte de Ivana Aguilera, ex presa política, Adriana Taboada, perito psicológica e integrante de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Guadalupe Godoy, abogada querellante, y Diego Vigay, fiscal en la materia. El principal tema fue la importancia de acelerar los procesos, a partir del deterioro y fallecimiento de imputados, así como también de sobrevivientes. Para Taboada el envejecimiento de genocidas no es sólo un recurso legal para eximirse, sino que constituye una realidad biológica natural. El fondo de la discusión fue acerca de dichos espacios como disputa de sentido, tal como representaron los Juicios por la Verdad, más allá del fin último de la condena penal.

Por su parte, Claudia Cesaroni, abogada querellante en la causa por la Masacre en el Pabellón Séptimo, hizo hincapié en la figura de los presos comunes como víctimas de delitos de lesa humanidad, tanto durante el terrorismo de Estado como en la actualidad. Al respecto, uno de los ejes temáticos fue la visibilización de los colectivos que no fueron incluidos específicamente en los juicios, como la comunidad LGBTIQ+ o quienes fueron víctimas de delitos sexuales. También se abordó el aporte de información a los procesos judiciales y su búsqueda en archivos existentes, instancia que se convirtió en espacio de intercambio de experiencias de relevamiento, tal como es el proyecto Desclasificados, donde se enfatizó en la importancia de construir una red que pueda articularlas.

Otra de las comisiones destacadas fue la de pueblos originarios, que a su vez se transmitió por la página de Facebook del Encuentro Plurinacional de Argentina. El foco estuvo puesto en la prórroga de la Ley 26.160 que prohíbe que sean desalojados de los territorios en los que viven. En paralelo, el acampe en Plaza de Mayo, al igual que cuatro años atrás, intentó ser levantado por la Policía de la Ciudad, pero fue evitado por la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos.

En unidad por lo que falta

El cierre del evento comenzó antes de la caída del sol con el reconocimiento a Alfredo Moffat y Alicia Stolkiner por su rol en materia de derechos humanos y salud mental. El panel fue conformado por los ya mencionados Almeida y Pietragalla Corti, por Santiago Ozuna, hijo de Renzo, miembro fundador de HIJOS, “Lita” Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Norma Díaz, madre de Camila Arjona, asesinada por la espalda por la Policía Federal. Todos coincidieron en la necesidad de la unidad y el acompañamiento para defender y conquistar derechos.

“Se está cumpliendo el ‘mate primero, después pregunte’ de Patricia Bullrich”, condenó Almeida, en la misma línea que Ozuna, quien reclamó que no se puede dejar que “la derecha sea quien hable y robe discursos y banderas” de los derechos humanos. Otra vez, el fusilamiento de Lucas González se hacía presente. “Así como las Madres de Plaza de Mayo caminaron pidiendo justicia, ahora las Madres en Lucha caminamos detrás de ellas reclamando por nuestros hijos”, deslizó Díaz.

“La violencia institucional es una problemática que atraviesa a todas las provincias y a todas las fuerzas de seguridad”, sostuvo Pietragalla Corti sobre el final. El comunicado conjunto se difundirá por las redes sociales de la Red Federal por los Derechos Humanos, pero el principal punto del Encuentro fue respaldar el proyecto de Ley Contra la Violencia Institucional, que perdería estado parlamentario a fin de año y, entre otras cuestiones, propone una reforma integral de los planes de formación y darle voz a familiares en la capacitación de la policía. “De nada nos sirve que las autoridades de la Ciudad lamenten la muerte de Lucas si después no dan quórum para que se trate”, sentenció el Secretario.

«Los chicos fueron víctimas de la policía»

Nov 19, 2021 | DDHH, Destacado 3

El juez Alejandro Cilleruelo sobreseyó a los amigos de Lucas González, quienes habían sido imputados como coartada para salvar a los policías responsables del asesinato del joven futbolista. Los padres de la víctima convocaron a una marcha para el lunes y tres miembros de la fuerza fueron puestos a disponibilidad.

El inspector Gabriel Alejandro Isassi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas, responsables de la muerte del joven futbolista Lucas González, fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, aún no pesa sobre ellos orden de arresto.

La familia de Lucas será representada legalmente por el abogado Gregorio Dalbon, quien enfatizó que este tipo de hechos delictivos no pueden pasar en democracia, e hizo un llamado a todos aquellos que tienen hijos para salir a marchar con una vela en la mano el próximo lunes 22 a las 19, frente al Palacio de Tribunales, para exigir justicia y que nunca más haya casos de gatillo fácil.

Las muestras de apoyo a las familias llegaron de todos lados, incluidos muchos clubes de fútbol. La AFA, a su vez, declaró tres días de duelo en juveniles. Lo mismo hizo el club Barracas Central, del que Lucas era parte, que además colgó una bandera con la exigencia de justicia por su asesinato. También se solidarizaron diversos organismos de Derechos Humanos.

Ni el jefe de Gobierno, ni su ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, ni el mandamás de la Policía pudieron explicar aún por qué sus dirigidos iban de civil, en un auto que no era oficial y dispararon sin identificarse ni dar la voz de alto.

A través de sus redes sociales, enviaron condolencias tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernandez, como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien había lanzado la Policía de la Ciudad hace cinco años en la misma comisaría donde se desempeñaban los tres responsables de la muerte de Lucas González, quienes iban de civil, bajaron de un auto particular y dispararon sin piedad a cuatro adolescentes que regresaban de una práctica de fútbol. Ni el jefe de Gobierno, ni su ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, ni el mandamás de la Policía pudieron explicar aún por qué sus dirigidos iban de civil, en un auto que no era oficial y dispararon sin identificarse ni dar la voz de alto.

A raíz de lo sucedido, la abogada y activista trans, Cristina Montserrat Hendrickse, abrió una convocatoria para juntar firmas y así poder presentar un proyecto de ley -que llamó Ley Lucas- que prohíba actuar de civil a la Policía de la Ciudad, que ya acumula una importante cantidad de casos de gatillo fácil en sus escasos cinco años de vida.

Los tres amigos de Lucas, a los que se les había iniciado una causa caratulada como Tentativa y Resistencia a la Autoridad como coartada para salvar a los policías y por la cual los adolescentes pasaron la noche detenidos, fueron sobreseídos por el Juez Alejandro Cilleruelo quien afirmó que los chicos “fueron víctimas de la policía” y su abogada Lorena Blanco afirmó a ANCCOM: “Yo vi a la mamá de Joaquin llorar acostada en el piso de la puerta del Instituto de Menores porque no la dejaban pasar a ver a su hijo, por ese momento no más yo iría hasta las últimas consecuencias. No puedo, ni siquiera imaginar lo que fue la noche de la mama de Lucas. Esto no puede pasar, todos tenemos que terminar con el gatillo fácil en la Argentina y con la impunidad de los policías”.

Los papás de Lucas decidieron donar los órganos de su hijo “para que él siga viviendo en otros”, agradecieron a los medios y pidieron a la sociedad que no les suelten la mano. Su mamá, en medio de la conferencia de prensa, le habló a los policías que la estaban mirando sentados desde su casa: “Aunque me lleve toda la vida, esto no va a quedar así”. Su papá, que cada tanto se secaba las lágrimas y trataba de demostrar fortaleza, aseguró: “Mi hijo entraba a una villa con respeto, porque nosotros se lo enseñamos y salía con respeto. Yo tenía miedo de la villa, pero me equivoqué, porque el que me lo mató fue el que me lo tenia que cuidar”. Y continuó diciendo: “Que esos policías se preparen, que les remuerda la conciencia, porque voy a ir hasta las últimas consecuencias, que no se queden tranquilos”.

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