En apenas cinco años de historia, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil. No es la única: en total la violencia policial alcanzó los 537 casos de fusilamiento, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el atropellamiento deliberado con patrullero.
“En los últimos cuatros días hemos tenido que sumar a Lautaro Rosé en Corrientes, a Lucas González en Capital, a Alejandro Martínez en Provincia de Buenos Aires y, ayer, a Elías Garay, el joven mapuche que mataron en Cuesta del Ternero en Río Negro”, cuenta a ANCCOM María del Carmen Verdú, abogada penalista que forma parte de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI).
Anualmente, la CORREPI realiza informes sobre violencia policial, y detalla que en los últimos cinco años la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 “fusilamientos por gatillo fácil”. En un informe previo a aquel que se presentará en diciembre, llegan a 537 los casos totales de fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución.
El de Lucas González no es un caso aislado, ni de “asesinos sueltos”, es sistémico, y por ende una política de Estado, según expresa la abogada penalista. A su vez, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó al gobierno porteño no sólo la sanción de los responsables del homicidio de Lucas González sino que se tomen medidas de prevención “para evitar hechos” que se repiten “desde la creación de la Policía de la Ciudad”.
Clases de periodismo
Por un hecho absolutamente circunstancial, el caso de Lucas Gonzalez rompió el blindaje mediático, y es que gracias al club, la familia pudo hablar de lo sucedido. El informe inicial fue una versión policial tomado de “forma acrítica y sin hablar con el entorno de la víctima para chequear”. El primer parte se conoció a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, para ser difundido luego por varios medios de comunicación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recalcó la tergiversación de los hechos, al igual que la CORREPI, que apartó el caso para hacerle seguimiento, encontrando en el texto de la nota ciertos vacíos. Se explicita, entonces, que la información que difunden las comisarías no puede replicarse “sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales”. El CELS subrayó que existe una “historia muy extendida” de “procedimientos ilegales” en operativos policiales fraguados que quedaron al desnudo en la investigación judicial realizada por Daniel Rafecas a fines de los 90’, cuando actuaba como fiscal e investigó causas fraguadas por la Federal publicadas por los medios como persecuciones.
El relato policial del caso de Lucas González es idéntico al de “paragüita” Toledo. El joven de la villa 21-24 que el 15 de julio de 2017 fue asesinado a tiros por Adrián Otero, oficial de la Policía de la Ciudad, mientras volvía de bailar junto a dos amigos. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguir el auto donde estaban los tres jóvenes y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián Toledo. En un primer momento, la versión de los hechos difundida planteaba que el policía había actuado en defensa propia ante un intento de robo, buscando criminalizar a los jóvenes, quienes fueron detenidos durante dos días. La respuesta de vecinos, amigos y familiares fue lo que permitió que liberaran a los dos jóvenes y se exigiera justicia por Cristián.
«-8.500»
El caso de Cristian Toledo comportó el primer juicio contra un efectivo de la Policía de la Ciudad por gatillo fácil. La sentencia para Otero de prisión perpetua, en octubre de 2018, sentó un precedente importante. Los casos en los que se logra una condena correspondiente: aquella de homicidio agravado por el abuso funcional de un miembro de la fuerza de seguridad, explica Verdú, son muy pocos. Y agrega que la regla común del gatillo fácil es que “le sigue sistemáticamente el sobreseimiento fácil”. Explica la abogada que en la mayoría de los casos, cuando no existe una familia que se presente frente a la fiscalía o el juzgado, que se constituya como querella o particular damnificado, y que empiece a poner puntos sobre las íes en materia de prueba o de interpretación de la misma, en menos de seis meses la causa es archivada.
La criminalización de la víctima va en paralelo con la narrativa de la víctima inocente, que desde la CORREPI se intenta desterrar y explican que “vuelve a resurgir con los discursos del odio: el ‘algo habrán hecho’ o ‘la polícia no mata porque sí’”. Tal es el caso de Luciano Cabello, el joven que en noviembre de 2015 recibió tres disparos por parte del oficial Ayala de la, entonces, Policía Metropolitana, quedando en estado de cuadriplejia. Las justificaciones del accionar del agente vinieron de la mano de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, por entonces era vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien alegó que Ayala había accionado en un supuesto marco de violencia de género. Lo insólito de sus declaraciones es que fueron desmentidas por la mujer de Cabello, la supuesta denunciante.
El juicio contra Ayala se llevó a cabo en 2019, y lo condenaron a 16 años de prisión en diciembre de ese año, pero aún así está libre porque la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la condena no está firme. Dice la abogada del caso que “si vos tenés que querellar a alguien en una situación de empate con la defensa partís de 0. Contra un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario no arrancàs de cero, arrancás de -8500”.
Ayer, en el marco de un doloroso reclamo por justicia, se llevó a cabo frente a Tribunales una congregación por el asesinato de Lucas González. Este martes, a las 15, se llevará a cabo en Av. de Mayo y 9 de Julio la quinta Marcha de la Gorra organizada por la CORREPI. Habrá un amplio arco de organizaciones convocadas, y se leerá un documento consensuado. El primordial reclamo es contra la violencia institucional que se carga con las muertes de personas, día tras día. El informe oficial de la Coordinadora hasta ahora presenta cifras récord, con 537 muertes donde no es el gatillo fácil lo que más aumentó sino las muertes en lugares de detención por covid-19. La situación es crítica, concluye Verdú: “Tenemos la falacia de un país que tiene un Código Penal que dice que no existe la pena de muerte, pero a punta de (pistola) reglamentaria está decidida por policías en la calle”.
