Jóvenes y trabajo en negro

Jóvenes y trabajo en negro

En Argentina más de la mitad de los jóvenes trabaja en la informalidad. El fenómeno no solo afecta su estabilidad laboral sino que pone en jaque su futuro y la sostenibilidad del sistema previsional. ¿Qué factores impulsan esta tendencia y cómo impacta en la economía del país?

Un 37% de las personas ocupadas en la Argentina trabaja en negro, según el último informe de la Distribución del Ingreso del INDEC. Cinco millones de los dieciocho millones de trabajadores argentinos están empleados bajo relación de dependencia pero no tienen ART, aportes jubilatorios y la garantía de obtener vacaciones pagas y aguinaldo.

Estas estadísticas empeoran al poner el foco en los trabajadores más jóvenes: según un informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el 57% de los trabajadores de entre 18 y 24 años se encuentra en condiciones de informalidad. ¿Cómo se interpreta esta profundización generacional del fenómeno?

Los jóvenes en particular “son el grupo más vulnerable en términos de inserción e informalidad laboral», afirma Matías Maito, politólogo y director del CETyD (Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo) de la UNSAM. Algunas de las explicaciones posibles son que los jóvenes suelen cambiar de trabajo con frecuencia, que cuentan con poca experiencia “y la suma de estos factores hacen que muchos empleadores consideren que su productividad no justifica el costo de tenerlos en blanco”.

Blanco sobre negro

A menudo se justifica la gran cantidad de trabajo no registrado con la idea de que los empleados informales ganan más «en mano». Se piensa que los empleadores les pagan un salario más alto por lo que “ahorran” o que estos trabajadores complementan sus ingresos con planes sociales, como la AUH o pensiones por discapacidad. Sin embargo, esta idea es errónea: los trabajadores registrados ganan, en promedio, mucho más que los informales. De hecho, en el tercer trimestre de 2024 y según el INDEC, el salario promedio de los trabajadores registrados fue de $781.652, mientras que el de los informales fue de $315.720, casi un 60% menos.

Entonces, ¿cuáles son los incentivos para la informalidad laboral? Aunque muchos la categorizan como “Pan para hoy, hambre para mañana” hay casos en que se promueve.

María Fernanda es un ejemplo de estas situaciones no tan excepcionales. Ella tiene 23 años y renunció a su trabajo “en blanco” en una inmobiliaria para poder operarse la mandíbula. Trabajaba en relación de dependencia y de manera registrada, lo que le permitía acceder a todos sus derechos laborales, incluida una obra social.

«Sigo trabajando en la misma empresa, la misma cantidad de horas y con casi los mismos beneficios como aguinaldo, vacaciones pagas y licencia médica, sólo que ahora no tengo los aportes jubilatorios», explica. ¿Por qué prefirió eso? María Fernanda ya había iniciado el proceso para una operación, se había hecho todos los estudios y hasta tenía la fecha de la cirugía confirmada, pero cuando estaba gestionando los últimos trámites para los materiales quirúrgicos a través de su obra social laboral, descubrió que no le cubrirían los gastos.

La única alternativa para poder operarse era renunciar a su empleo registrado y volver a figurar como estudiante desempleada, para que la obra social de su papá, que es analista de software, la cubriera nuevamente. No le costó mucho tomar esa decisión, ya que el departamento de Recursos Humanos de su empresa le garantizó que “podría volver a estar en blanco cuando lo deseara». Sin embargo, por el momento, y para evitar tener que pagar las consultas médicas postoperatorias, prefiere seguir trabajando de manera no registrada.

Para Maito “no hay ningún incentivo real para trabajar en blanco, porque no se realizan los aportes a la seguridad social y no tenés protección si te ocurre algún accidente laboral” y coincide con María Fernanda en que, “las personas que trabajan en negro no lo hacen porque tengan algún incentivo” o porque en verdad lo prefieran, “sino porque no tienen oportunidades mejores”.

Teresa tiene 29 años, un hijo de 9 y es mesera. Ella cuenta que “en su momento”, hizo la cuenta y “no me convenía estar en blanco porque iba a dejar de figurar como alguien sin aportes y no iba a poder cobrar la AUH (Asignación Universal por Hijo)”. Su compañero de trabajo, Lautaro, de 22, tampoco quiso la formalidad “por sí el día de mañana entro como playero en la YPF”. De esta manera evitaba los trámites de renuncia que podrían retrasar un trabajo en blanco que, aunque exigente, permite muy buenas condiciones laborales.

Se cae el sistema

Este tipo de situaciones, aunque comunes entre los jóvenes, no solo afectan a los trabajadores individuales, sino que también ponen en riesgo a un sistema previsional que ya es sumamente deficitario. El sistema de jubilaciones en Argentina es de reparto, es decir que los aportes de los trabajadores activos financian los haberes de los jubilados. Si la informalidad sigue creciendo y gran parte de las personas económicamente activas continúa sin hacer aportes, entonces el sistema previsional se seguirá volviendo cada vez más ineficiente.

“Los trabajadores no registrados sí contribuyen a estos sistemas, porque pagan impuestos”, aclara Cirmi Obón, economista y presidenta de la asociación civil Futuros Mejores. “En todos los países del mundo, como la cuenta de los sistemas previsionales no da porque gastan más de lo que recaudan, las jubilaciones se terminan financiando con impuestos generales”. Esos impuestos generales son regresivos, como es el caso del IVA, y por eso “pesan más en el bolsillo de quienes menos tienen. Insisto: los pagamos todos, incluidos quienes no aportan a la seguridad social”, cuenta.

La tendencia a trabajar en negro responde a los desincentivos empresariales que trae tener un empleo registrado: las cargas impositivas a los empresarios y los aportes jubilatorios reducen la ganancia, pero su reducción también pone en riesgo el acceso a la jubilación de estos jóvenes en el futuro, especialmente en este contexto en el que se eliminó el sistema de moratorias. Pero el Estado también tiene un rol, porque desde hace tiempo que “tiene grandes dificultades de fiscalización y no consigue que el trabajo registrado sea una prioridad”, explica Maito.

Es común escuchar el reclamo empresarial por una reducción de las cargas laborales argumentando que eso permitiría un aumento en el empleo en blanco. Sin embargo, la experiencia histórica indica que el empleo crece junto con la economía y desciende durante las crisis independientemente de las condiciones laborales. “De hecho, la ONU, en un documento de 2024, recomienda a las naciones que no se pongan a bajar estos impuestos”, cuenta la economista.

Cirmi Obón, pensando en el camino a recorrer, aclara: “Un desafío que tenemos por delante es ampliar la noción de contribución, pensar que la cuenta del Estado es una sola y modificar los sistemas jubilatorios para que contemplen cómo se va modificando la vida de las personas mayores, la diversidad del trabajo”; y, se podría agregar a esta lista, la situación de más de la mitad de los trabajadores jóvenes de la Argentina. Porque, como dice Cirmi Obón, “el trabajo no solo hoy es, en gran parte, informal sino que histórica y globalmente ha sido más informal que formal”.

La prevalencia del trabajo en negro entre los jóvenes refleja una serie de desafíos estructurales, tanto en el mercado laboral como en las políticas públicas. Aunque la informalidad parece ofrecer una solución a corto plazo para quienes no encuentran alternativas, no es sostenible, especialmente en un sistema previsional que depende de la contribución regular de los trabajadores. Para cambiar esta situación, será necesario que el Estado ajuste las leyes laborales, y mejore la fiscalización, lo cual será clave para enfrentar los desafíos económicos del futuro. Pero también, es necesario el crecimiento económico, ya que es el índice que más se corresponde con el aumento del trabajo registrado.

“Sin residentes no hay hospital”

“Sin residentes no hay hospital”

En una nueva cruzada contra la salud pública, el Gobierno restringe residencias para el hospital Laura Bonaparte, luego de haber intentado su cierre y reducido el personal a su mínima expresión. El martes realizaron el ResiFest para visibilizar el conflicto.

Una cortina de humo negro cubrió el Hospital Bonaparte la tarde del martes. Algún transeúnte que caminaba cerca del establecimiento habrá pensado que algo ocurría allí en el Hospital: “¿Se estará quemando?”. Lo cierto es que algo pasa, algo está atentando contra la única institución estatal de salud mental del país, pero no es el fuego, sino el propio Estado a través del desmantelamiento y el vaciamiento de la salud pública: desde la amenaza de cierre en octubre de 2024, pasando por despidos alrededor de 200 despidos masivos, y esta vez la no renovación de cupos para ingresantes a la residencia.

El negro del humo es uno de los tantos colores que se conjugaron en la puerta del hospital de Parque Patricios. Luego se hizo visible el humo verde de otra lata prendida por una joven residente, que al ritmo de los tambores entonaba junto a sus compañeros y compañeras “Sin residentes, no hay hospital / Si no hay más cupos que quilombo se va a armar”.

Guardapolvos intervenidos a mano o estampados en serigrafía, pintadas en las escalinatas, banderas, pancartas y guirnaldas hicieron de esa tarde gris, un lienzo donde plasmar de manera artística y pacífica las injusticias que sufren día a día los trabajadores de la salud.

De esta manera, finalizaba el Festival que realizaron los residentes del Bonaparte en conjunto con otras Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Resifest contó con una gran convocatoria de artistas musicales y plásticos, médicos de planta, directivos y referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. El reclamo en esta oportunidad es porque “El Gobierno Nacional definió que no iba a financiar más residencias. En el caso nuestro, dictaminaron cupo cero para nuevos ingresos y para jefatura”, señaló en conversación con ANCCOM, Joaquín Caporale, psicólogo de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Bonaparte. “De esta manera no puede funcionar la Residencia, que es un lugar donde muchos elegimos venir a trabajar”, finalizó Caporale.

Los residentes cumplen una función fundamental para un establecimiento de salud. En este caso, profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, musicoterapia y terapia ocupacional que ya integran las residencias se verán afectados por el exceso de tareas a cubrir cada vez con menos personal trabajando. Por el lado de los graduados que desean pertenecer a las residencias de hospitales públicos, ya sea por prestigio o voluntad de servicio comunitario, no podrán formar parte de estas experiencias, lo cual degrada la salud pública en varios aspectos importantes para la sociedad en su conjunto.

La banda que cerró el ResiFest fue Un Tren, que entre sus filas cuenta con dos residentes musicoterapeutas, Johan y Julián, guitarrista y saxofonista, que aseguran en conversación con ANCCOM: “el arte sirve para expresarnos, para manifestarnos si algo no nos gusta, pero también tiene que ver con sentirnos bien y con el bienestar personal, del cuerpo y de la mente”. Esta relación entre el arte y la salud es la que motivó a los residentes a llevar a cabo un evento donde la camaradería, la música y el pogo hicieron de combustible para lo que será un largo camino de lucha en defensa de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental.

La comunidad en lucha contra el hambre

La comunidad en lucha contra el hambre

A más de un año de la movilización de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) frente al superministerio de Capital Humano por los recortes en asistencia alimentaria, la situación continua crítica. En Moreno los vecino se organizan para que a nadie le falte comida

Según el reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) durante el segundo semestre de 2024 se redujo un 14,8% el índice de pobreza y un 8,2% el de indigencia con respecto al primer semestre del mismo año. Sin embargo, los espacios comunitarios atestiguan que la demanda no baja y es cada vez más difícil poder sostener los espacios.

En el partido de Moreno, a unos 40 kilómetros de CABA, funcionan actualmente seiscientos sesenta espacios donde se organizan ollas populares, meriendas y se brinda asistencia social, según informa Lis Díaz, secretaria de Desarrollo Comunitario.

Los datos aportados por la Secretaría muestran el estado de emergencia alimentaria en la que se encuentran: desde principios del 2024 se registraron más de cien espacios nuevos donde se brinda algún tipo de ayuda comunitaria. Si bien la demanda de alimentos aumentó paulatinamente, fue a partir de los meses de marzo y abril de 2024 cuando se produjo un salto notorio como consecuencia de la suba en los servicios. La asistencia a comedores y merenderos se realiza a través del programa Mate, Vaso de Leche y la gestión del programa de Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (FAEC) y del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Además, desde el Municipio se asiste a diez mil familias particulares mensualmente como parte del programa Puntos de Encuentro.

Moreno solidario

El centro Nuestra Señora del Rosario está ubicado a una cuadra de la estación de Moreno y es parte de la parroquia que lleva el mismo nombre. Desde hace diecisiete años brinda servicio a la comunidad, especialmente a personas en situación de calle. Allí pueden recibir un plato de comida, buscar vestimenta, acceder al servicio de duchas y obtener asistencia psicológica y social. Además, cuentan con un botiquín solidario, talleres laborales y un primario de adultos.

Edgardo Battaglia, diácono de la parroquia y uno de los encargados del centro cuenta que hace 9 años solo brindaban almuerzo los días sábados para cincuenta y seis personas. En la actualidad acuden ciento veinte personas diariamente. Edgardo nota que a diferencia del pasado acuden familias completas que en ciertas ocasiones no están en situación de calle: ‘’Con la cantidad de gente que hay estamos muy ajustados ¿viste? y por cómo viene la mano nos preguntamos ¿cuánto tiempo se puede sostener?’’. El centro es beneficiario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); sin embargo, su principal fuente de sustento proviene de aportes de vecinos.

Según un informe realizado por el Observatorio de la Economía Popular Social y Solidaria (OEPSS) las donaciones representan el mayor sostén de los espacios comunitarios, no sólo de alimentos, sino también porque muchas veces los comedores y merenderos se desarrollan en hogares particulares de vecinas y vecinos que donan parte de sus viviendas para las tareas.

Este es el caso del merendero “Quilu” llevado adelante por Johanna Franco, en su casa del barrio Atalaya, en Moreno Sur. El espacio reabrió sus puertas tras dos años de inactividad, a partir de la ayuda de una organización política que recibe insumos por vía del municipio a través del programa FAEC. Todos los jueves realiza la merienda para los vecinos. “Asistimos a veinte chicos que equivalen a unas trece familias”, comenta Johanna. “Actualmente no tienen trabajo o son muy poco remunerados, como changas. La mayoría sufrió recortes: si tenían dos trabajos, se quedaron con uno solo, o al no tener trabajo empezaron a hacer changas. Hay menos plata. Solventan los gastos como pueden. La mayoría son familias de mamás solteras que pasaron por circunstancias de violencia de género”. Ella también comparte la misma situación: trabaja de acompañante de adultos mayores pero cuando no le alcanza recurre a otras changas como la venta de viandas de comida.

Johanna sostiene que aunque existan más espacios pensados para brindar un plato de comida a las familias, la situación no da abasto: ‘’Yo lo puedo hacer una vez a la semana pero también sé que hay otros merenderos. Sé que si yo lo hago un jueves, mi amigo que tiene merendero, lo va a hacer un viernes o un sábado. Pero a veces pienso que esas familias que concurren a los otros comedores pueden solventar las comidas en esos días, pero sábado y domingo hay gente que se queda sin comer.’’

David Godoy es vecino de Cuartel V y se encarga de un merendero ubicado en el Barrio Ayelén II. Una vez a la semana prepara la merienda para veinte familias. Durante la charla con ANCCOM, David transmite su preocupación por sus vecinos al notar la creciente desocupación en el barrio, la disminución de venta en los kioscos y la falta de alimentación saludable: ‘’Lo que se pueda brindar al pueblo se lo entregamos. Todos los días se nota la necesidad. Nosotros una sola vez a la semana hacemos merienda. Los chicos tienen que comer cuatro comidas todos los días. Pero bueno, es un granito de arena que uno aporta’’.

Concentracion de la UTEP frente al Ministerio de Capital Humano en 2024.

El gobierno nacional ausente

“La relación con el Gobierno Nacional es nula, ni siquiera es conflictiva. Sería más saludable que sea conflictiva porque se podrían plantear propuestas y esperar respuestas. Se trata de un desprecio hacia la organización política de los municipios y hacia los vecinos y vecinas de Moreno que pagan impuestos nacionales” , sostiene Lis Diaz.

A su vez, desde el Municipio no se tiene conocimiento acerca del cobro de los programas de ayuda directa que proponen desde Nación a través de la tarjeta Alimentar Comunidad. Solo se conoce el testimonio de vecinos y vecinas que cuentan que la gestión del recurso es muy compleja.

Yanina Burgoa, jefa del Programa de Desarrollo Infantil, señala que “desde que asumió Milei no estamos recibiendo absolutamente nada del gobierno nacional, ni fondos económicos ni alimentos”. Para retratar la crisis alimentaria, comenta que incluso el nombre del programa ya les resulta viejo porque los recursos brindados ya no se reducen solamente a las infancias, sino también a familias enteras y adultos mayores.

Hoy en día la mayoría de las personas que asisten a los comedores se desplazan cada día por diferentes centros comunitarios en busca del plato de comida. Las familias aseguran el almuerzo de sus hijos en la escuela, la merienda en el merendero que funcione ese día, y la cena, en el mejor de los casos, en una olla popular. En relación con esto, Lis Diaz sostiene que “existe una rutina entre las familias que no es la que nosotros queremos para los trabajadores. Las familias van haciendo una rotación para poder comer, eso no lo podemos expresar en números pero es parte de una realidad cotidiana”.

Solidaridad antes que números

Ante la pregunta sobre cómo solventan las necesidades que atraviesan, Edgardo comenta: “Yo siempre digo que podemos sostener este sueño con la ayuda de Dios. Cada uno tiene su familia, sus cosas, no podemos dejar todo. Hay mucha mano voluntaria que pone su tiempo, lo hacen con ganas, con amor. Suponete que se cierra un espacio como este ¿Qué pasa con los hermanos y hermanas y hermanitos nuestros? No es tan sencillo. Dios quiera que podamos seguir haciéndolo muchos años. Se han enfrentado distintas crisis acá”.

Los testimonios reflejan que en la actualidad los comedores y merenderos funcionan gracias a la voluntad de quienes los conforman. Se trata de personas que ponen a disposicion sus hogares, de su tiempo y sus recursos para fortalecer a la comunidad. Los alimentos se obtienen mediante donaciones de vecinos, de agrupaciones políticas o a partir de la entrega de insumos por parte de diferentes convenios con el municipio o con el gobierno provincial. Pero, en estos últimos casos, también presentan dificultades debido a los recortes provenientes de Nación.

Si bien los datos del INDEC muestran una disminución en los niveles de pobreza e indigencia, en el territorio eso no se ve. Frente a un Estado Nacional ausente, la comunidad resiste y se organiza para que nadie pase hambre.

“Estamos de pie y luchando”

“Estamos de pie y luchando”

Ante el ataque y el ajuste del gobierno de Milei, investigadores del CONICET realizaron una jornada en defensa del sistema científico argentino, que incluyó charlas sobre diferentes temas y puestos para que chicos y grandes jueguen y aprendan.

Con elecciones legislativas cercanas, es sábado por la tarde y al Parque Rivadavia lo bordean grupos de jóvenes que ofrecen boletas partidarias. Algunos peatones las aceptan, otros las ignoran y siguen camino por la ruidosa vereda junto a la avenida. Al subir la escalinata para adentrarnos en el parque, el panorama se cubre de un tono festivo.

Rodeando a un Simón Bolívar de cinco metros y medio, figura emblema de la emancipación hispanoamericana, se realiza el festival “Ciencia de la A a la Z”, de la A de ARSAT a la Z de Zika. Al otro lado del monumento, sobre una tarima de piedra como escenario, por los parlantes se oye que «en este Cienciapalooza está saliendo el sol, lo mejor que podía pasarnos esta tarde», en la que estaba pronosticado lluvia.

Entre la muchedumbre que deambula se destacan algunas remeras negras que dicen “No a la destrucción del sistema científico” y de fondo, atada entre los árboles, una larga bandera argentina flamea que deja leer la misma frase más otra: “En defensa de la ciencia argentina. No al recorte del presupuesto”.

Algunos se sientan frente al escenario para escuchar distintas voces que toman el micrófono. Entre ellas, la del ex combatiente de Malvinas Germán Bonanni. “¿Buscamos venganza? Absolutamente no, buscamos dignidad”, afirma y lo aplauden. Entonces recalca la importancia de la Ley de Tierras y la necesidad de tener soberanía para ser un pueblo libre. “Para el resto del mundo, nuestro país es un diamante en bruto”.

Mientras tanto, muchos recorren los stands del festival donde hay propuestas didácticas del CONICET, de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales de la UBA, de editoriales independientes, y otras. Niñas y niños se agolpan ante un murciélago suspendido en resina, y también ante una mesa de juegos de lógica que los adultos observan atentos, escudados tras sus hijos.

En otra mesa, se exhiben un molar de oso perezoso y una almeja fósil que convivió con los dinosaurios, mientras un muchacho casi recibido de paleontólogo explica el método de datación relativa: un ordenamiento de fósiles desde los más antiguos a los más modernos, por ejemplo, teniendo en cuenta si fueron encontrados en estratos más profundos o más elevados.

Entonces desde el escenario se oye la voz de una mujer que declara fundamental “poder sostenernos, a partir de muestras de solidaridad, contra el gobierno de Milei, el ajuste y el protocolo represivo de Bullrich”. Al finalizar su discurso, se sortean tres libros y el primero, escrito y dedicado por Martín Kohan, lo gana contenta una mujer cana con un mechón rosa que le cubre la frente.

Más tarde, toman la palabra dos representantes de ATE CONICET (Asociación Trabajadores del Estado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), y en todo el parque resuena el término “gobierno anticientífico”, en una breve, pero contundente, alocución: “No hay recursos, nuestros salarios cayeron más del 35 por ciento y hoy lamentamos la pérdida de 1300 puestos de trabajo en el CONICET. Actividades como esta sirven para dar pelea. Para defender la producción científica argentina es que estamos de pie y luchando”.

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Liberaron -bajo prisión domiciliaria- a la joven activista que estuvo detenida durante 50 días en una comisaría de Esquel por solidarizarse con la comunidad mapuche tehuelche de Chubut.

Victoria Núñez Fernandez estuvo más de 50 días detenida en la comisaría 1º de Esquel, en el marco de la causa armada por los incendios en la Patagonia, donde también otros defensores ambientales, rescatistas y brigadistas, fueron falsamente acusados. Al ser liberada fue recibida por los abrazos de sus compañeras de la Lof Pillan Mahuiza, que militan la campaña colectiva que pide su absolución “no es una libertad completa, sino que sigue criminalizada”. Esto es porque, si bien la justicia de Chubut considera que no existe riesgo de fuga, debe permanecer bajo arresto domiciliario hasta la próxima audiencia del 12 de mayo.

“Lo que se está criminalizando es la solidaridad de alguien que no es mapuche, pero se acerca a la comunidad y pone su vida al servicio de esa comunidad”, dice Lucía Cavallero, referente del colectivo #NiUnaMenos, al referirse a esta mujer de 37 años oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. “Me hace acordar a Santiago Maldonado, a esas personas que deciden dedicar su vida al trabajo político de crear alianzas y unidad”, agrega. Todo indica que tuvo algún efecto positivo la conferencia de prensa que exigió la libertad Victoria, con la consigna “la solidaridad no es delito”. Allí se hizo presente un amplio abanico de organizaciones y personalidades: estuvieron Moira Millán, weichafe del lof Pillán Mawiza, Nina Brugo, de la Campaña por el Aborto Legal y de la CTA; María Elena Nadeo de la APDH; y las diputadas Mónica Macha (Unión por la Patria), Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Mercedes Trimarchi y Celeste Fierro (FIT-Unidad). También estuvo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y activistas de distintos espacios como la Asamblea Antifascista LGBT y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). 

Vic, como es conocida en la comunidad, fue detenida el 11 de febrero de 2025, cuando el juez federal penal de ejecución de Esquel, Criado, ordenó 12 allanamientos simultáneos en comunidades mapuche tehuelche de Chubut en un contexto de incendios forestales que se presumen intencionales, que gobiernos provinciales y nacional han usado para criminalizar al pueblo mapuche tehuelche acusándoles de ser responsables de estos. Victoria fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”. Se había dispuesto la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y que la medida se cumpla en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, salvo que la defensa pública requiriera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.

La audiencia del 7 de abril fue ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala de la prensa a las organizaciones y personas autoconvocadas. Gracias a la geolocalización de su camioneta, la defensa de Victoria, a cargo de Valeria Ponce, probó que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario por su presunta participación en el incendio de maquinaria y camiones de la estancia ubicada sobre la Ruta 71 en jurisdicción de Trevelin. Fundaron su pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ponce se opuso y el juez concluyó que no hay elementos que acrediten el riesgo de fuga. Para el juez, sólo existiría riesgo de entorpecimiento procesal y para cautelarlo dice que es suficiente con que la imputada no salga de la ciudad de Esquel, salvo expresa autorización judicial, ni regresar al lof Pillan Mahuiza. 

Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”. Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció “un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista”.

Vía redes sociales (Instagram) Moira Millán compartió que “es urgente y necesario pronunciarnos desde todo espacio, organización o movimiento que defiende los derechos, para que todes sepan, no solo que es inocente de los cargos que se le imputan, sino que está siendo víctima de un montaje mediático y causa armada para criminalizar la solidaridad al pueblo Mapuche Tehuelche y la defensa de la vida en la Patagonia”. Durante la conferencia de prensa se mostraron ejemplos de cómo ciertos medios tradicionales hicieron un montaje mediático en donde tratan a las comunidades mapuches de falsas, se los nombra como intrusos y/o terroristas.

Victoria es una persona disidente que en el año 2020 llegó al Lof Pillañ Mawiza, ubicada en Corcovado, Chubut, para participar de un encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tras esa experiencia tomó la decisión de quedarse y el lof decidió adoptarla como un integrante más.

“Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto”

“Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto”

El paro general convocado la CGT y las CTA en contra de la política económica, la represión y el ajuste gubernamental tuvo un masivo acatamiento en todo el país. La evaluación de los dirigentes Hugo Yasky (CTA), Yamil Socolovksy (CONADU) y Carla Gaudensi (FATPREN) de una medida contundente que arrancó el miércoles con la multitudinaria concentración en apoyo a los jubilados ante el Congreso.

“Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto”, consideró el secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), Hugo Yasky, sobre el paro general llevado adelante por las tres principales centrales obreras del país. La protesta tuvo amplio acatamiento y sólido efecto nacional al paralizar gran parte del transporte, la actividad comercial, educativa y administrativa. La huelga redobló su potencia con la convocatoria a marchar, el día previo, con los jubilados que cada miércoles se reúnen frente al Congreso de la Nación. Así el paro y la marcha confluyeron en una medida de lucha de 36 horas que fue descripta por Yasky como “un punto de inflexión” para el accionar sindical y la lucha social contra la política del gobierno libertario, que utiliza la represión y el miedo como herramienta para imponer un fuerte ajuste económico con una cada vez más alarmante vulnerabilidad social.

El reclamo sindical critica toda la política económica y la represión del Gobierno Nacional, pero específicamente, además de visibilizar la necesidad de jubilaciones dignas y aumentos de emergencia, hace foco en la necesidad de recomponer los salarios a partir de paritarias libres. Actualmente el gobierno estableció paritarias fijas con un tope máximo de aumento del 1% mientras que para marzo se estima una inflación del 3%, provocando que los salarios sigan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. La situación económica se agrava por la toma de nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El accionar gremial nucleó a la mayoría de los sindicatos obreros, entre ellos la Asociación Trabajadores de Estado (ATE), Unión Obrera de la Construcción de la República (UOCRA), Argentina Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), La Bancaria, Petroleros y La Fraternidad, entre otros. En consecuencia, durante este jueves se suspendieron los servicios de transportes de subtes, trenes, y aviones. Cesaron sus actividades bancos, la administración pública y centros educativos públicos, mientras que los hospitales atendieron solo guardias de urgencias y hubo disparidad en la adhesión de taxis, educación privada y comercios. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhirió a la medida por la conciliación laboral obligatoria que firmaron con la Secretaría de Trabajo de la Nación y que vence recién el 3 de mayo, pero en su comunicado oficial afirmaron “comprendemos y apoyamos el reclamo”. Yasky rescató que la decisión de la UTA no provocó los efectos adversos al paro que el gobierno esperaba. “No les alcanzó con esto para aminorar la fuerza de la medida. En una jornada donde no funcionó parte del transporte público, era esperable que el servicio de colectivos estuviera atestado de pasajeros. Pero las imágenes del día mostraron una menor circulación en comparación con un día de trabajo normal”.

En comunicación con ANCCOM, Yamil Socolovsky, secretaria de Género y Diversidad de CTA-T y trabajadora de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), explicó que el reclamo “en términos generales es un rechazo al proyecto político que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Con su política de empobrecimiento, ajuste, saqueo y reconfiguración del Estado, para convertirlo en una herramienta al servicio de los intereses de los grupos económicos dominantes y abandonar sus responsabilidades con las mayorías para garantizar derechos y asegurar el bienestar de las personas”. Destacó que la medida conjunta entre la marcha del miércoles y el paro del jueves denuncian no solo la situación de los jubilados, sino también “los más de 45.000 despidos en el Estado, la crítica situación universitaria y la decisión de seguir endeudando al país por medio del FMI y el acatamiento de sus condiciones”.

Joana Giménez, secretaria de Juventud de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A), explicó que “el paro fue anunciado en el marco de la ley de Moratoria Provisional, cuyo dictamen finalizó el 23 de marzo y no existe aún, un dictamen vigente que ampare a quienes se van a jubilar. Está en tratativas la revisión de dicho proyecto, pero mientras tanto, significa la imposibilidad de jubilarse para la mayoría de la población trabajadora”. También se explayó sobre la “composición del paro” a partir de las múltiples aristas que conforman el reclamo, haciendo foco en el sector juvenil que la convoca, “la medida se da en el marco del ajuste total del bolsillo del trabajador, la suba de servicios básicos, el deterioro de las condiciones de vida, y la imposibilidad de pensar en una jubilación. A eso hay que sumar, la inestabilidad y la precarización laboral que conlleva multiempleo, la desocupación producto de los despidos y desfinanciamiento del Estado, y el cierre de instituciones estatales que, para la población, significan el acceso a las políticas públicas. Entre ellos, la educación y la vivienda, son los aspectos que afectan mayoritariamente a la juventud”.

Además del gobierno libertario, De la Rúa fue el otro presidente que tuvo tres paros generales dentro de sus primeros 500 días de mandato. Los paros anteriores al gobierno actual fueron durante el año 2024, el 24 de enero y el 9 de mayo, durante las votaciones de la Ley Bases y luego la Ley Ómnibus.

Por su parte Yasky, en diálogo con ANCCOM explicó que el Poder Ejecutivo “va a reaccionar agresivamente. Están perdiendo apoyo de los sectores populares, son conscientes que han entrado en un plano inclinado y que las medidas de fuerza de la CGT y la marcha es vista con mayor empatía por una gran parte de la población que hasta hace un tiempo tomaba distancia o directamente reprobaba este tipo de acciones”. El dirigente consideró: “Luego del paro nacional, la estrategia debe ser discutir y llamar a una convocatoria muy amplia desde las centrales sindicales para poder incorporar al empresariado nacional, al PYME, a sectores agrarios de la pequeña y mediana producción, conformando una multisectorial que sea capaz de levantar un programa de trabajo y reactivación productiva. Diferenciarse del gobierno que no tiene una propuesta para reactivar la producción, que no tiene un rumbo o ideas para favorecer el mercado interno y el consumo y generar la reactivación de la economía. Solo se centran en el ajuste y especulación financiera. A nivel internacional se está dando una sacudida muy grande, hay incertidumbre, y nosotros tenemos un gobierno que está esperando el préstamo del FMI para seguir endeudando el país. Por eso creo que la estrategia debe ser construir una plataforma propositiva y a la vez continuar con las acciones de lucha y movilizaciones sociales, ambas cosas en conjunto. Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto, que creo, tiene un punto de inflexión en este paro”.

En la misma línea se expresó Giménez: “Es necesario generar mayores procesos de articulación entre organizaciones, encuentro y diálogo entre distintas voces para fortalecer un plan de lucha -evaluó-. Que las tres centrales hayan podido concretar el paro en unidad es un dato significativo en estos tiempos”.

Por su parte Carla Gaudensi, Secretaria General de FATPREN, explicó: “es un paro político, en contra de las políticas de ajuste, donde los trabajadores y trabajadoras, ya sea quienes hoy estamos en actividad o quienes ya se jubilaron, estamos sufriendo. Busca demostrar que somos los obreros quienes sostenemos, con nuestro trabajo, a este país. Creo que la gente va a estar cada vez más presente poniendo el cuerpo en las calles. Somos un pueblo que viene demostrando una resistencia activa porque nunca dejamos de hacer nuestros reclamos y que cada vez que se decreta una medida de estas características concurrimos masivamente a acatarla, mientras que el gobierno demostró que la única forma que tiene para hacer efectivas las medidas de ajustes, es por medio de la represión, métodos que son para disciplinar, para limitar la participación de los trabajadores. La violencia, para nosotros, los trabajadores de prensa, tuvo su máxima expresión en el ataque al compañero Pablo Grillo, un trabajador de prensa que estaba registrando para que la sociedad esté informada de lo que sucedía en la movilización. En ese sentido es muy importante la medida judicial iniciada, para cuestionar el aparato represivo”.

La marcha de cada miércoles

En apoyo a la marcha de jubilados, los grandes sindicatos coparon, por la tarde del miércoles 9, la plaza pero también las calles que rodean al Congreso de la Nación que se encontraba vallado en todo su perímetro. La amplia concentración evitó que se aplique el protocolo antipiquetes, incluso durante la desconcentración que comenzó anticipadamente alrededor de las 17 horas sin disturbios ni violencia. La estrategia policial de este miércoles fue distinta a días anteriores. Las fuerzas de seguridad no se encontraban inmediatamente detrás de las vallas ni enfrentados de cara a los manifestantes, por el contrario estaban diseminados en distintas calles e invisibilizados.

Yasky describió a la marcha “de carácter multitudinario, que va a generar una mayor empatía hacia la causa de los jubilados y jubiladas, sus reclamos por haberes y restitución de medicamentos. También va a tener un efecto positivo sobre los tiempos del Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde en la última sesión se logró avanzar al votar un emplazamiento para que la restitución de la moratoria jubilatoria sea tratada rápidamente y dar una solución al problema generado por el gobierno”.

Por su parte, Socolovsky describió a la marcha como “importante y multitudinaria, convocante de diversos sectores y muy representativa”, y sobre esa línea agregó: “Hay una mayor comprensión de que la situación jubilatoria no es un reclamo sectorial con el que solamente hay que solidarizarse. Por el contrario es necesario que su pelea sea asumida como parte de una pelea del conjunto social”.

A su vez se refirió a la importancia que tiene la masividad como forma de frenar el aparato represivo de las distintas fuerzas de seguridad que se hacen presente cada miércoles. “Cuando las movilizaciones son masivas y convocan a múltiples sectores organizados, el dispositivo represivo tiene que replegarse. Esto también hace que sea importante no dejar a ningún sector en soledad y sumar cada vez más movimientos, representatividad y organización para contraponer la fuerza del protocolo antipiquetes. Es generar una respuesta contra dicho aparato y de cuidar a la gente, de darle la confianza de que pueda salir a la calle a manifestarse”, en su opinión la represión no está socavando la participación. Lo mismo puntualizó Yasky: “La presencia de las centrales sindicales acompañado a los jubilados potenció la convocatoria, y ante la multitud el protocolo antipiquetes demuestra la impotencia de querer disciplinar o impedir las movilizaciones populares con represión. Creo que la presencia organizada, masiva y administrada por las organizaciones sindicales impidió que el protagonismo de Bullrich sea otra vez por la represión sangrienta”.