¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

Movimiento Avaaz presentó la propuesta en el FMI. El proyecto ya fue reiterado en al menos dos ocasiones por el Estado argentino frente al G20 ¿Qué posibilidades hay de que se concrete?

Incendios en la provincia de Corrientes en el verano de 2022. 

“Sin justicia financiera global, no habrá justicia ambiental global ni, mucho menos, justicia social para todo el planeta” concluía su discurso Alberto Fernandez ante el G20 en Roma, hace dos años, cuando planteó la idea de impulsar los canjes de deuda externa por deuda ambiental. ¿Qué pasó desde entonces?

La idea de los canjes de deuda financiera por deuda ecológica no son ninguna novedad. Surgieron en la década de 1980 a partir del deterioro ambiental que fue en aumento junto con la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en una Latinoamérica todavía “verde”, pero cada vez más atravesada por el extractivismo. La iniciativa de canje, sin embargo, nunca tomó vuelo por lo que en los últimos años se planteó una reformulación. Actualmente,, las fuertes olas de calor y el frío extremo, junto con las frágiles economías que dejó la pandemia, abren una oportunidad para volver a traer el tema sobre la mesa.

 

Un sur global acreedor

Movimiento Avaaz, una organización ambiental global, presentó una nueva propuesta ante el FMI en abril. En conversación con ANCCOM, Emilio Steparo quien forma parte del equipo de biodiversidad de Avaaz explica que los actores del proyecto son los países del norte y el sur global: “Blanqueamos que el sur global es acreedor en materia ambiental, es decir, que hay todavía un mantenimiento de los ecosistemas, una serie de procesos ecológicos que se han perdido en el norte global por el sobredesarrollo”.

Al industrializarse por encima de sus capacidades ambientales, explica Steparo, los países ya consolidados como potencia se denominan deudores ecológicos. Estos mantienen una responsabilidad histórica con el planeta y en este caso, con los países latinoamericanos a los que se pide que cuiden el ambiente aún a expensas de su propio desarrollo. “El recupero de este instrumento tiene que ver con esto. Hay una deuda ecológica y hay países como la Argentina, que son acreedores ambientales y deudores financieros. El planteo es canjear deuda financiera por acciones ambientales reconociendo esta situación”, sintetiza Steparo.

Argentina es un país que genera menos contaminación de la que tiene capacidad de absorber en su territorio por lo que brinda un servicio al mundo: eso lo constituye en un acreedor ambiental. Además, conserva un gran porcentaje de su biodiversidad. 

El proyecto tiene dos aristas principales: la creación de un observatorio de deuda pública y un bono sustentable. Movimiento Avaaz cree que “si queremos avanzar en nuevos instrumentos que estén basados en el bienestar social y que tengan un impacto ambiental positivo, tienen que partir de esta condición que es la participación y la transparencia para que se lleven adelante”. Avaaz propone la creación de un Observatorio de deuda que tenga sede en la Argentina y que cuente con información abierta a la ciudadanía. Sobre el funcionamiento del observatorio, se requiere la voluntad política del gobierno y también de las organizaciones multilaterales de crédito: “Creemos que es viable y que traería un gran impacto en las economías reales de los países endeudados, siempre y cuando se lleven adelante de cara a la sociedad”, sostienen en Avaaz.

Las industrias extractivas sostienen que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar. 

Principales factores

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, especialista en cambio climático y consultor de política climática, es necesario tener en consideración otros factores importantes: “Tiene que venir acompañado de muchísimos criterios, acuerdos y de una estructuración dentro del sistema financiero para que se pueda acceder a este plan de canje de deuda por ambiente”.

Los cambios implican criterios a definir. Maurtua explica que la lógica que manejan los organismos como el FMI y el mercado resultan contraproducentes para el cambio climático, pero, aclara: “No es solamente esto. Hay una concepción muy vieja que ya no va más de que, por ejemplo, el petróleo te va a hacer rico. Y la realidad es que la industria petrolera en Argentina tiene más de 100 años y sigue siendo la principal apuesta de los últimos gobiernos en el país mientras los niveles de pobreza son más altos que nunca”.

Las industrias extractivas instauraron a lo largo de los años la lógica de que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar: “Lo que no se evalúa son todos los procesos ecológicos destructivos que provocan la pérdida de todo un ecosistema y la capacidad de estos de sostener un beneficio a largo plazo”, coinciden desde Avaaz. “Además –sostienen-, el valor de la naturaleza es inconmensurable”.

Para Maurtua Konstantinidis la difícil coyuntura que atraviesa el país económicamente no permite pensar en resultados que se van a poder ver dentro de 30 años: “Las estrategias que ellos piensan son dos: sacar todo mientras se pueda y, si se puede, retrasar el agotamiento de los recursos naturales”. También la desinformación juega un rol muy importante en la discusión: “El desafío más grande es poder comunicar la mayor cantidad de información posible científicamente comprobada”.

Movimiento Avaaz agrega que la causa depende mucho del empuje social y el impacto que tenga en toda la sociedad: “Con los países de economía más grande, como el nuestro, creo que se va a avanzar solo en la medida en que haya más organizaciones y sociedad civil planteándole al gobierno que este es un camino que hay que transitar pero también marcando fuerte un límite a los proyectos extractivistas”.

Desde el Estado

El Estado argentino viene planteando el tema en distintas instancias. Durante la última reunión del G20 en India, casi dos años después que el presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, presentó varios de los puntos de la propuesta del gobierno que coinciden con lo pedido por Avaaz al FMI.

ANCCOM habló con Sergio Federovisky, viceministro del Ministerio de Ambiente, quien coincide con la idea de cambiar deuda por mejora ambiental: “Indudablemente si bien somos, en muchos aspectos, deudores económicos, somos básicamente acreedores ambientales porque no tenemos la posibilidad de crecer del mismo modo en que hicieron los países desarrollados. Y hoy estamos viendo las consecuencias del deterioro ambiental producto de aquel modelo de desarrollo”. También destacó la importancia de pensar instrumentos que funcionen en base a una lógica de justicia histórica en materia ambiental que no parece ser reconocida.

Al consultarle sobre su posible implementación. Federovisky aclara que “por el momento es un planteo con diversos niveles de detalle, pero un planteo al fin, de un grupo importante de países en desarrollo. Todavía no hemos logrado que se traduzca en una mesa de negociación concreta. Los países desarrollados en todas las instancias posibles eluden la posibilidad de trasladar este discurso a un instrumento económico financiero concreto que permita restaurar el daño ambiental producido”.

Movimiento Avaaz también sostiene que hacen falta más propuestas concretas por parte del Estado, pero coincide en la falta de apertura por parte de los acreedores que no facilitan la discusión, a pesar de que los avances que están realizando muchos de los ministros en foros internacionales les resultan muy positivos.

El viceministro de Ambiente sostiene que Argentina ha planteado su posición en todos los foros posibles: “La Argentina es partidaria de que no solamente haya una ayuda económica, sino fundamentalmente un reconocimiento, que luego se traslade a instrumentos financieros concretos de la deuda que los países desarrollados tienen con los países en desarrollo en materia ambiental”.

La idea requiere un reconocimiento simultáneo de desigualdades complementarias y, sobre todo, de la comprensión de que el planeta es uno solo y es para todos. Nada menos.

Monumento a la publicidad

Monumento a la publicidad

Carteles enormes recubren numerosos monumentos históricos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ley de Patrocinio permite que las empresas privadas financien su restauración. ¿Pero qué pasa cuando se van los andamios? Un argentino radicado en España encabeza un movimiento de denuncia.

Hace escasos años, sobre todo tras la pandemia, los porteños se acostumbraron a ver algunos de los monumentos de la Ciudad cubiertos por andamios con extensas lonas que lucen estampados publicitarios. La explicación a ese cambio del paisaje urbano proviene de la Ley 6163 que establece un régimen de patrocinio. La nueva normativa, aprobada en mayo de 2019 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, busca promover la participación de “las personas humanas o jurídicas de carácter privado en contraprestación a la difusión del nombre, denominación, marca, imagen, productos  y/o  servicios del patrocinador”.

Aquellos que quieran participar de este sistemas de contraprestaciones pueden presentar una Manifestación de Interés detallando el valor del aporte, las acciones de difusión propuestas y los valores de la marca a asociar. La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo porteño, es la responsable de aprobar los proyectos de patrocinio, establecer límites y condiciones de seguridad, verificar la ejecución de los proyectos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Por su parte, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana es quien designa cuales monumentos deben restaurarse y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción establece los convenios a realizar.

Sin embargo, todo lo que parece tan claro en papel, no lo es tanto para algunos funcionarios y vecinos que indican que las cosas no son como se las plantea. Como explicaba Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), en marzo de este año a Tiempo Argentino, el valor del patrocinio solía ubicarse en un rango de entre 1,5 millones y 10 millones de pesos. Seguramente ese dinero habría venido a las arcas del Estado pero, según reconoció el Gobierno de la Ciudad, se pagan con canjes y no en efectivo.

¿Por qué, en algunos casos, cuando se sacan los carteles las estatuas parecen estar igual que antes? Los intentos de ANCCOM por contactar con el GCBA para obtener algunas respuestas no dieron frutos. ¿Qué pasa realmente detrás de los carteles?

Poco y nada

“Quienes deben hacer el control sobre esta ley son la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Auditoría de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, explica María José Lubertino, abogada y exmiembro de la Cámara de Diputados de Argentina. “Estos órganos son quienes tienen que pedir informes, los que deben exigir las estadísticas, los datos sobre la publicidad, los monumentos y la eficacia de la ley de patrocinio. Yo fui constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, y esos son los tres órganos que deberían estar monitoreando este asunto público. No solamente la eficacia y las estadísticas, sino también cuánta plata se destina a ese proyectos y la efectividad de la ley”, continúa.

Para la actual Presidenta de la Asociación Ciudadana de los Derechos Humanos, “el problema es que los pedidos de informe en la Legislatura los bloquean. No les dan quórum, no los tratan en las comisiones. Y la Auditoría realiza investigaciones que se publican después de dos años o tres años”.

Lubertino aclara: “Nuestra Constitución de la Ciudad protege el ambiente, protege el patrimonio, protege el buen vivir y consagra una democracia participativa ambiental. Esta modalidad de poner publicidades en los monumentos son otra manera más de violarla, porque además genera contaminación visual. Que determinadas publicidades estén durante meses que exceden a la reparación de esos monumentos, deja en claro que esto tiene que ver con el negocio de las empresas y la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Estos temas se están planteando en los consejos consultivos comunales, a nivel de las comunas y los plantean los comuneros, los juntistas. Los de la oposición, obviamente”, detalla Lubertino y comparte una lista de monumentos históricos actualmente intervenidos por la Ley del Patrocinio (Ver recuadro).

Una fuente de un organismo nacional que prefirió no dar su nombre explicó a ANCCOM: ”Yo no tengo esa información porque no depende de mí. Lo único que te puedo decir sin estadística es que las estatuas y monumentos estuvieron tapados y eso se usó para propaganda. Es comprobable que, por ejemplo, en la estatua de Bernardo de Irigoyen ni siquiera se le practicó una limpieza superficial. En los dos Congresos se verificaron malas prácticas también”.

Algunos casos llegaron a Twitter donde los vecinos comentan casos particulares de publicidades masivas ubicadas en sus barrios. Una vecina de Recoleta, por ejemplo, informa que en la plaza Rodriguez Peña el monumento de Bernardo de Irigoyen estuvo más de seis meses cubierto por una publicidad de “Samsung”. El resultado de la espera fue nulo: la estatua del expresidente se encontraba igual que antes de que la cubrieran. Al finalizar esa “obra”, desplazaron los andamios y cubrieron una palmera que, al parecer, estaba siendo restaurada con el patrocinio de la empresa coreana. Semanas más tarde, la palmera fue totalmente tapada para colocar un anuncio de “Heineken”. Los vecinos se preguntan cuál es el trabajo que hay detrás de esos andamios, ya que no ven a ningún trabajador realizar ninguna tarea en ningún momento del día.

Una moda internacional

Estos negocios monumentales no ocurren solamente en la Ciudad de Buenos Aires, ya que publicidades de grandes marcas a nivel internacional dominan monumentos mundialmente reconocidos, como la Catedral de Barcelona, la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana.

El movimiento artístico político «Adeu Ad« , propone un adiós a la publicidad en los monumentos históricos. Esta organización logró remover una publicidad de “Samsung” en su iglesia. Emi Nogueroles, un estudiante de publicidad argentino que actualmente reside en España, fundador del grupo, cuenta: “El movimiento Adeu Ad surge como una respuesta pública ante la gran cantidad de denuncias y quejas que provocaba el gigantesco cartel de Samsung en la Catedral de Barcelona. Nosotros somos un grupo de tres jóvenes que trabajamos con la publicidad y nos encanta el mundo creativo, pero el problema surge cuando las publicidades se aplican de manera absurda e invasiva en un monumento tan significativo para todos“.

La agrupación lanzó folletines en la zona de la catedral con la consigna: “Hay un poco de catedral en tu valla publicitaria”. “Nuestra estrategia comunicacional fue hacer una campaña de titulares en Semana Santa: cuando estaba lleno de gente repartíamos los folletos con un código que te lleva a nuestro filtro de Instagram capaz de recrear la imagen de la catedral sin publicidad”, recuerda Nogueroles. “Fue una acción en vía pública que se volvió digital, una experiencia en la calle donde la gente se sumó y compartió. Hubo más de 5.500 fotos e impresiones compartidas con nuestro filtro, hilo en Twitter y debates públicos. Salimos en 20 medios locales y nacionales. Algunos influencer de Madrid lo levantaron y llegamos a más de medio millón de reproducciones y seguimos contando los números aún. Y después de siete días exactos retiraron el cartel de Samsung de la Basílica“.

¿Podría hacerse algo similar en Buenos Aires? “Creémos que Adeu Ad propone una interesante movilización que se puede implementar en distintos lugares donde surja el mismo problema, como en Buenos Aires donde este asunto está en permanente tensión entre los ciudadanos. Mi compañera viajará a Buenos Aires dentro de poco, veremos cómo podemos aplicar esta intención activista en una Ciudad como Capital Federal. Creemos que la clave para que algo se modifique es siempre moverse, hacer, activar hacia un cambio mejor. El problema estaba enfrente de todos y todos sabían que eso estaba mal y que alguien debía hacer algo, pero si nadie se empieza a movilizar, nada cambiara“.

 

La marca de los próceres

Estos son los monumentos en restauración que aparecen rodeados de publicidades:

  • Monumento de los Sirios a la Nación (Bouchard y Sarmiento)
  • Monumento de San Sebastián (Libertador y Castilla)
  • Monumento al Libertador Bernardo O’Higgins (Plaza Chile)
  • Monumento de la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentina (Parque tres de febrero)
  • Monumento a Garibaldi (Plaza Italia)
  • Fuente de la 9 de Julio y Córdoba
  • Monumento a Bernardo de Irigoyen (Plaza Rodríguez Peña)
  • Monumento a Nicolás Avellaneda (Plaza Holanda).

Las empresas patrocinantes son Samsung, Chevrolet, Garnier Fructis, Heineken, Cif, El Cronista, Puma, Iveco, Bundesliga, entre otras marcas.

Los sin techo de la Patria Grande

Los sin techo de la Patria Grande

Desde este lunes 26 se realizará en Buenos Aires el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle. Participarán personas que carecen de vivienda, además de organizaciones sociales, docentes, investigadores y funcionarios. El 29 cierra con un frazadazo.

Desde este lunes y hasta el 29 de mayo se lleva a cabo el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros tres días constan de reuniones en diferentes sedes, como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Espacio de Memoria, Verdad y Justicia -exEsma- que invita a las personas y familias en situación de calle, junto a diferentes organizaciones sociales, docentes, investigadores académicos y funcionarios del ámbito público a debatir sobre las problemáticas que los aquejan y poner en la agenda política la implementación de la Ley Nacional 27.654 que busca proteger y garantizar los derechos humanos de aquellos que sufren la vulnerabilidad social de las calles. 

El encuentro gira en torno a cinco ejes de discusión: diseño y gestión de centros integración, inquilinatos y desalojos, política pública, acceso a la salud y violencia institucional. El objetivo es plantearlo desde una perspectiva transversal en géneros y diversidades para atender las particularidades de cada problemática en relación al colectivo LGTBIQ+, las niñeces, adultos y adultas mayores, violencias de géneros y discapacidades para llegar a un documento colectivo final que sintetizará las diferentes voces, discusiones y puestas en común que haya dejado esta semana de encuentros. Su exposición será el jueves 29, donde integrantes de las diferentes entidades organizadoras -Proyecto 7, CELS, ACIJ, Hecho en Buenos Aires, Red Puentes, Somos Barrios de Pie y Programa de Justicia y Derechos Humanos- se vestirán con frazadas en Plaza de Mayo y se movilizarán hacia el Congreso de la Nación para reclamar la regulación de la ley junto a otras políticas públicas que cuenten con un enfoque integral. 

“En todas las organizaciones, parte de nuestro equipo es gente en situación de calle. Entonces es simbólico, pero también es parte de nuestra realidad: la necesidad de las frazadas, la gente que duerme en la calle y que también se mueren durmiendo con una frazada. Se trata de un problema coyuntural”, cuenta Daniela Drozd, coordinadora general de Hecho en Buenos Aires -empresa social- y quien forma parte de la organización de este Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe.

Drozd trabaja hace 23 años en la temática de inclusión pero su objetivo es claro: “No voy a hablar por ellos, sino que ellos van a estar hablando. Por eso hablamos de algo integral, no académico. Van a estar algunas organizaciones gubernamentales teniendo un reclamo vigente, que si bien genera tensiones, es bienvenido. Que no seamos las personas que no vivimos la situación, sino quienes están en carne propia sufriendo o quienes lo hayan sufrido hablando directamente por su acceso a la salud o justicia”. 

A partir de las 17 del jueves 29 se dará inicio al “Frazadazo” que estará acompañado por ollas populares y un festival con intervenciones musicales. Los integrantes de Proyecto 7, quienes cuentan con una panadería, se encargarán de hacer pan casero para los cuatro días de encuentros y donarlos a quienes más necesitan, ya que las personas contarán con desayuno, almuerzo, merienda y cena durante toda la jornada. 

Durante la jornada del jueves, las ollas populares estarán presentes desde la mañana en la sede de Hechos en Buenos Aires, ubicada en la Avenida San Juan 21, como invitación a aquellos que vienen del exterior y las personas en situación de calle para interactuar de una forma distendida entre todos y todas.  

 

El mejor amigo para la inclusión

El mejor amigo para la inclusión

La Escuela de Perros Guía Argentinos, que funciona en el partido bonaerense de Quilmes, se propone como una alternativa para garantizar la independencia de las personas ciegas.

La Escuela de Perros Guía Argentinos (EPGA) es la primera y hasta hoy única en su tipo de la Argentina. Fue fundada en 2010 por Botindari, integrante del Club de Leones de Quilmes Oeste, asociación de la que depende el establecimiento.

“Es una loca idea que se me ocurrió tras ver la falta de un espacio como éste, un lugar donde las personas ciegas puedan recibir más autonomía”, afirma el director de EPGA, Carlos Botindari, en diálogo con ANCCOM.

Los perros guía o perros de servicio acompañan, conducen y auxilian a las personas con discapacidad, y son considerados la mejor opción para individuos ciegos, ya que les permite ser más independientes al momento de circular fuera de sus hogares.

Luego de un ciclo de talleres, que se extendieron durante tres años, Botindari entendió la importancia, para los disminuidos visuales, de poder valerse de un can. Solicitó asesoramiento a reconocidas escuelas de perros guía de Estados Unidos y España, pero no obtuvo respuesta. “Y como todo argentino, dijimos: ‘Vamos a atar los alambres y lo vamos a hacer nosotros’”, recuerda entre risas.

Después de un tiempo de averiguaciones, pudieron contactarse con una adiestradora especializada de origen búlgaro, Nina Lozeva, y este fue el impulso que hizo que la nueva escuela avance y no pare de crecer.

Los perros guía requieren un entrenamiento de muy alta precisión para que se adapten a las necesidades del usuario. Como habitualmente se menciona, cumplen el rol de ser los ojos de su dueño. El proceso de enseñanza dura unos dos años, hasta que se considera que el animal está preparado para guiar sin un entrenador al lado que lo corrija.

El objetivo último es que la persona ciega tenga la posibilidad de formar parte de los entornos de la vida cotidiana sin depender de otra que la acompañe. Se trata de hacer más sencilla la vida con su discapacidad, además de fomentar una comunidad más tolerante a las diversidades en los espacios comunes.

“Esta es la segunda vez que formo parte de los entrenamientos y recibo un perro guía. Soy abogada, cursé toda mi carrera universitaria con mi primer perro, Danco. Él entraba a la facultad conmigo y el día que me gradué recibió el título conmigo: nos recibimos los dos”, relata Ximena Vera Ceballos, quien actualmente asiste a la EPGA.

Los perros guía no solo son meros acompañantes, están preparados para salvar a su usuario en situaciones de peligro. Nicolás Raventos, que acaba de finalizar los entrenamientos con su nuevo perro de asistencia, Río, comenta que en muchas ocasiones han salvado vidas, y no sólo de sus dueños, también de quienes los rodeaban y confiaron en la percepción y el accionar del animal.

“Se hizo popular una anécdota de cuando pasó el atentado a las Torres Gemelas. Había una persona ciega con su perro guía y fue él quien lo ayudó a salir del edificio antes de que se derrumbara. Lo empezó a llevar hacia la salida y unas 30 personas los siguieron y lograron escapar”, refiere Raventos.

El propósito de la EPGA, además de que los usuarios tengan su perro guía, es que el Estado garantice la inclusión de los ciegos en los espacios públicos y, por ende, en la sociedad. Esta es una batalla que continúa. Todavía hay numerosos locales gastronómicos o líneas de colectivo que se rehúsan a aceptar el ingreso de los perros.

La Ley Nº 26858 establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a entrar con su perro guía a cualquier lugar de acceso al público.

La Ley N° 26858 establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a entrar con su perro guía a cualquier lugar de acceso al público, a la vez que determina que en los medios de transporte tienen que cederle un asiento preferencial.

A la par, cada vez son más los comercios, sobre todo restaurantes, que se etiquetan como “pet friendly”, aunque cabe subrayar que estos animales de servicio no son mascotas, y esta es la diferencia crucial para considerar al momento de permitirles el acceso a donde quieran ingresar.

“Me la paso peleando con los colectiveros cada vez que salgo a pasear con los chicos y sus perros. Es una lucha constante. Tengo que salir con la ley impresa en la mano e igual así te insultan y no los dejan subir. No entienden que son los perros los que les permiten a ellos llegar a los lugares”, se queja Micaela, una de las entrenadoras de la EPGA.

Las otras dos son Brenda y Liz. Aparte hay voluntarias, encargados de los caniles, un veterinario estable y una secretaria administrativa. Todos ellos, más el empuje de su director, sostienen la creciente matrícula de la escuela y hace la diferencia para quienes se inscriben, como Ximena, Nicolás y Tamara, que en una fría mañana de junio participan del entrenamiento.

“La inclusión es un trabajo al que le queda un largo camino –reflexiona, entre mates, Botindari–. Es importante y necesario que la gente aprenda a convivir con la diversidad, si no la sociedad nunca va a progresar”.

Frutazo para los sin techo

Frutazo para los sin techo

La cooperativa de alimentos ECAS y Proyecto 7 repartieron frutas para las personas en situación de calle y reclamaron la plena implementación de la ley que protege a quienes no tienen en donde vivir.

«Estoy viviendo de esto. Cocino en una lata con un poco de alcohol, me las ingenio, es así”, dice Elizabeth en la fila para esperar una bolsa llena de verduras y frutas. Acudió a la iniciativa de la Asociación Civil Proyecto 7 y la Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos (ECAS), que realizaron ayer un “frutazo” en la Plaza Congreso con la intención de reclamar la implementación de las leyes para las familias que no tienen dónde vivir. Desde las 17 y con el lema “La calle no es un lugar para vivir” entregaron 5.000 kilos de fruta a quienes se acercaron allí. 

Elizabeth cuenta que está en la calle desde el 2012 y al no conseguir un alquiler le quitaron a sus seis hijos que se encuentran en hogar: “Me cortaron todos los subsidios que tenía, ahora vivo de esto”.

Junio trajo consigo una ola polar que se hace sentir en el país. Pulóveres, camperas, incluso guantes y gorros ya comienzan a circular en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la idea de llegar a casa, sentir el calor hogareño resulta reconfortante. Lamentablemente, no todos cuentan con esa posibilidad y el frío se convierte en una realidad permanente y difícil de combatir.

Las personas en condiciones de calle se encuentran desprotegidas todos los días, todo el día y frente a temperaturas extremas su vida corre aún más peligro. El lunes pasado en el barrio de Villa Crespo un hombre fue hallado muerto, sin signos de violencia, en la calle Leopoldo Marechal al 1400.

Desde fines del 2021 se encuentra sancionada la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias sin Techo que tiene por objeto “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos” de las personas en esa condición. A esta ley, se le suman las propias de la Ciudad de Buenos Aires que fueron reglamentadas en 2013 y que no son puestas en práctica: Ley 3706 «Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle» que dispone «la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del Estado». 

Horacio Ávila, vocero de Proyecto 7 habló con ANCCOM y señaló que la ley es “letra muerta, hace unos meses que fue reglamentada pero no tiene adjudicado presupuesto y tampoco se realizó un relevamiento cuantitativo y cualitativo para conocer la población a la que se debe dirigir”. La organización trabaja desde cuatro centros de integración, nació en 2003 y está integrada y coordinada por personas en situación de calle. “Buscamos ayudar, visibilizar, como también reclamar al Estado en general. Acá no se trata de señalar ‘de quiénes son los pobres’, sino que todos tienen que laburar en conjunto para que las personas dejen de estar en la calle. El aumento de la pobreza es algo que vemos todos, no solo nosotros”. 

Estas acciones son necesarias también para aquellas personas que tienen un hogar, pero que los gastos del día a día hacen cada vez más difícil acceder a ciertos alimentos. Mientras guarda la bolsa que recibió en su carrito, Estela cuenta que se enteró del “frutazo” y se acercó al salir del trabajo, es empleada doméstica. “A veces ni verdura podemos comprar, esto nos viene muy bien, nos salva un montón”, dice agradecida por la ayuda.

Juan Pablo De la Vila, integrante de ECAS, dijo a Télam que “no puede ser que en 2023 la única política pública a nivel nacional, y en la Ciudad, para familias en situación de calle sea entregar algo caliente y una frazada. Eso lo hacemos las organizaciones sociales. El Estado tiene que hacer cosas que transformen la matriz, construir trabajo y lugares aptos que sean funcionales para las familias».

Media hora más tarde de iniciada la acción solidaria, gran parte de las verduras y frutas fueron entregadas a la fila de personas que se hicieron presentes allí. “En una hora o menos ya nos vamos”, dicen los organizadores frente a la falta de alimento que seguir ofreciendo. “Venimos haciendo desayunos, el lunes estuvimos en el Obelisco, el martes frente al Ministerio de Desarrollo Social y probablemente mañana vengamos de vuelta al Congreso. Vamos rotando”, comenta Horacio e invita a que chequear la página web de la organización que cuenta con información sobre los cuatro centros de integración y los datos para poder llamar, acercarse y ayudar. Se reciben donaciones de ropa y mantas en los abastos soberanos de ECAS ubicados en el barrio porteño de Villa Crespo, en Serrano al 461, y en Monte Grande, en Arana al 293, de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 a 14.

Llegaron las promesas y se levantó el acampe indígena

Llegaron las promesas y se levantó el acampe indígena

Representantes de 32 comunidades originarias que acampaban en Plaza de Mayo levantaron la medida de protesta luego de reurnirse con distintos organismos públicos y crear diversas mesas de diálogo.

Los 130 miembros de 32 comunidades indígenas de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes, luego de cuatro días de acampe con carpas azules, colchones, abrigos y banderas en Plaza de Mayo, se llevaron una serie de compromisos tras haber mantenido reuniones con diferentes despachos oficiales del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social y de la Mujer, Diversidades y Géneros. Ya de regreso a sus territorios comienza una etapa de informes y relevamientos porque las demandas son muy variadas, van desde el acceso a la tierra y a los dominios de las comunidades contemplados en la Ley de Reparación Histórica a los Pueblos Originarios hasta el acceso al agua, tanto potable como para la producción, pasando por la falta de acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda digna.

Los pueblos wichi, toba, mocoví y guaraní –representados por las comunidades de Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle. Molinos, Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, entre otras– exigían el reconocimiento y derecho de gestión de sus territorios ancestrales, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra, un Estado Plurinacional y Plurilingüe. También reclamaban el acceso a la justicia, sin acciones discriminatorias y cese de la violencia sobre mujeres y niñas.

“Se olvidan que el pueblo indígena está sufriendo, nuestros niños están desnutridos, nos dicen que somos usurpadores, sin embargo somos los dueños de las tierras, nacimos acá y somos el pueblo originario”, dijo Anselmo Rojas, del pueblo qom del Impenetrable chaqueño. Rojas mencionó que la policía persigue y tortura a chicos, tanto indígenas como criollos, los detiene sin causa por reclamar por la tierra en la zona de Pompeya y Miraflores. “No pueden andar tranquilos por la vía pública, necesitamos que intervenga el ministro de Justicia”, agregó. Al mismo tiempo, denunció que de las 10 mil hectáreas que correspondían a su comunidad “prácticamente nos dejaron sin nada, sin título de propiedad”. Eran sus primeras palabras luego de un viaje de treinta horas, y cuando le preguntaban hasta cuándo se quedarían respondía que “hasta que haya respuestas”.

El acampe fue organizado con la finalidad de insistir en que el Estado nacional, y los gobiernos provinciales, adopten “políticas públicas con perspectiva indígena”, tal como expresaron otros referentes apenas pisaron suelo porteño. “A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, recordaron antes de hacer una asamblea.

El jueves indígenas y militantes del movimiento La Dignidad comenzaron a desarmar el acampe, mientras los micros se estacionaban frente al Cabildo para emprender el regreso. En esos días habían sido recibidos por diferentes organismos estatales. “En algunos se lograron armar mesas de diálogo a través de las cuales se han alcanzado marcos básicos de consenso para avanzar sobre algunos de los temas en agenda, ahora queda realizar la tarea de informes y relevamientos territoriales, sentarse con los distintos organismos correspondientes y ver qué resultados obtenemos”, sintetizó ante Anccom Manuel Malenchini, de La Dignidad de Corrientes. “De esos resultados dependerá la respuesta de las comunidades. Si vemos que los acuerdos de palabra asumidos avanzan materialmente no hará falta salir a protestar de nuevo. Mientras tanto estamos en alerta y en constante comunicación con las comunidades y operativizando los distintos informes y relevamientos que.nos solicitaron de parte del Estado”, agregó.

Malenchini dijo que conversaron sobre la “situación de abandono de las comunidades, la gran discriminación desde el sistema judicial y la falta de acceso a denuncias” con Carolina Varsky, subsecretaría de Programas Especiales contra las violencias, Bruno Cassan, director nacional de programas especiales y Aymara Choque, coordinadora de abordaje contra las violencias hacia pueblos indígenas. Se acordó la implementación de programas tales como el “articular”, “producir” y “escuelas populares” en las distintas comunidades. 

“El acampe fue levantado pero la lucha sigue”, enfatizó.

Tal como sucedió con la mesa de diálogo con el Estado que propició la liberación de las cuatro mujeres mapuches en Bariloche, algo similar parece haberse gestado con las comunidades originarias del centro y norte del país. Sin embargo, esta voluntad política está destinada a chocar con sectores conservadores de abierto racismo, como el diario La Nación que publicó días atrás un editorial sobre la solución en Villa Mascardi con el título “Acuerdo ilegal con falsos mapuches”.