Los incendios que no son tapa

Los incendios que no son tapa

Jul 10, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Mientras los incendios en el Delta de Paraná ocupaban los titulares de los principales medios, los estragos por el fuego en La Pampa quedaron en el olvido. En las últimas décadas, la sequía y la intromisión humana en el ecosistema generaron un desierto artificial propenso a arder, pero no a ser problematizado. ¿Qué tiene que ver con el fuego el conflicto con Mendoza por el río Atuel?

La regular invasión de humo en la capital porteña abre y reabre hace años en los principales medios de comunicación y redes sociales el debate sobre el control de los incendios. El estado de alerta en torno al cambio climático y sus efectos son discusiones de extensa repercusión e importancia en nuestros días. Sin embargo, existen zonas de la Argentina donde, debido a su escasa población y poco interés económico, el fuego genera menos urgencia. Por ejemplo, en el 2022 hubo 82.000 hectáreas afectadas por el fuego en el Departamento Chalileo, provincia de La Pampa. Ese mismo año en el Delta del Paraná se quemaron unas 110.000 hectáreas: ambos fueron incendios de gran tamaño, pero, mientras los del delta aparecían en todos los medios, sólo los portales locales se encargaron de relevar algo de información sobre el caso pampeano.

La provincia de La Pampa es un claro ejemplo de invisibilización de problemáticas medioambientales a nivel nacional pese a que se posiciona en los primeros puestos del ranking de hectáreas quemadas en nuestro país. La crisis ambiental por las altas temperaturas se suma a la intervención del ser humano; el interés económico supera al cuidado de la vida silvestre y hace que el oeste pampeano sea un desierto artificial propenso a arder. Pero, si esto es sabido, ¿por qué no se hace nada? ¿Hay algo por hacer? La Pampa reconoce la problemática ambiental y, desde su provincialización a mediados del siglo XX, ha reclamado ante la justicia los derechos fluviales de la principal fuente de agua en la zona, el Río Atuel, actualmente a manos de Mendoza.

Contexto histórico

El oeste de la región pampeana, ubicada en una zona semiárida, ha experimentado profundos cambios medioambientales desde mediados de la década del cuarenta. Esto se debe a transformaciones significativas en el entorno debido a la interrupción permanente del río Atuel en el territorio pampeano resultado de dos elementos clave. Por un lado, la explotación intensiva en Mendoza para establecer y fortalecer la región fructífera de San Rafael y General Alvear. Por el otro, la presa Los Nihuiles que desde 1948 desabastece los cauces del río que ingresaba por el noroeste de la provincia de La Pampa. Como consecuencia, la población local se vio obligada a emigrar, lo que ocasionó un progresivo abandono del territorio. Esta situación ha llevado a un reclamo firme por parte de La Pampa, ya constituida como provincia a partir de 1951.

Sin embargo, la fauna y flora silvestre no pudieron mudarse y, bajo la amenaza del fuego y la sequía, permanecen como pueden en territorios cada vez más acotados y hostiles. Por estas razones, y por el avance de la frontera agraria, poblaciones de animales terrestres fueron desplazándose a territorios alejados de lo que fue su hábitat natural. Por su parte, la población de aves disminuyó, lo que representa una pérdida de riqueza natural enorme debido a la importancia internacional del humedal pampeano. 

El conflicto socio-ambiental ha atravesado diferentes etapas que incluyen dos demandas presentadas por La Pampa ante el máximo tribunal de Argentina en 1978 y en 2017. En ambos casos, los fallos han resultado a favor de La Pampa, aunque no generaron cambios en la situación hídrica. Mendoza sostiene que no cuenta con la disponibilidad de agua requerida; sin embargo, en años recientes se ha comenzado a implementar fracking en Malargüe que demanda volúmenes considerables de agua. Esta situación contradice, en cierta medida, la postura adoptada y lleva a pensar que existen otras prioridades por parte de Mendoza.

Hablar de la situación de los incendios y, en especial del Atuel, “excede lo que es meramente hídrico: abarca también lo que es socioambiental”, aclara en conversación con ANCCOM la geógrafa María Laura Langhoff. “En Mendoza hay intereses muy fuertes de acaparar el agua para otros usos y negársela a los mismos productores-regantes. Se está impulsando desde el sector de la minería y el sector hidrocarburífero proyectos como el de Cerro Amarillo, en la cuenca alta del Atuel, para extraer metales como cobre y oro” cuenta Langhoff. De esta manera, las respuestas evasivas del gobierno mendocino se entrelazan de forma sospechosa con intereses privados. 

En palabras de Langhoff, a nivel discursivo, el Atuel se convirtió en “el río que tapó el tema del agua”, ya que, según la especialista, “el reclamo no puede ser el mismo de hace 50, 60 o 70 años porque son otros actores los que intervienen, es algo más complejo”. La centralización de la demanda por los derechos del Atuel por parte de La Pampa condicionó la discusión por el correcto uso del agua ya que éste no es el único caso de interrupciones humanas de ríos en la zona.

Proyectos mineros en la zona de Malargue, Mendoza.  

Problemática política y territorial

Mendoza es una de las provincias más importantes en cuanto a influencia política y económica de la zona. El turismo, el vino y los deportes de montaña son los principales atractivos de una provincia cuyo principal ingreso se da por el aprovechamiento de los caudales de agua retenidos y la explotación de sus recursos naturales. Sus casi dos millones de habitantes superan por gran diferencia los 366.022 habitantes de La Pampa, actualmente concentrados en el este de la provincia. 

Los puesteros del oeste y los pequeños pueblos aislados en la árida región no parecieran ser lo suficientemente relevantes o políticamente influyentes como para aparecer en las discusiones cuando se habla de las víctimas del fuego a nivel nacional. “En un año que hubo incendios en casi toda la provincia de La Pampa, allá cerquita del pueblo mío, murió un concejal apagando el incendio; después murieron siete vecinos del campo de mi padre” cuenta Ariel Hugo “Alpataco” Vasquez, poeta oriundo de la comunidad puestera del oeste pampeano.

“La ayuda de los vecinos, de los puesteros, no solamente es necesaria para apagar los incendios sino para lo que viene después: luchar con los animales, con el poquito campo que ha quedado sin quemarse”, resume Vazquez. “Todo aquello que era tan verde, próspero y fértil dejó de ser, pasó a ser lo contrario, se transformó en un desierto. Creo que es el desierto producido por el hombre más grande del mundo, del tamaño de Bélgica”, reflexiona Alpataco. “Ha sido un cambio de ciento ochenta grados para los pobladores, para los puesteros de esos lugares que no solamente están sufriendo la sequía. Para peor que cada 4 o 5 años les largan de golpe el agua sin avisar y le vuelven a quitar los puestos y a matar los animales”. Muchos lugareños ven sus chozas afectadas por las crecidas repentinas, cuando, rara vez, Mendoza abre las compuertas del Atuel y lo deja correr por un período corto de tiempo. “Es como si fuera una provocación que nos hacen. A ciento cincuenta kilómetros al norte está la capital de rafting y nosotros ahí tragando polvo, arena”, concluye “Alpataco”.

Mientras las discusiones políticas siguen, cientos de familias pampeanas continúan abandonando el oeste. Si la falta de respuestas por los gobiernos provinciales y la idea de polos opuestos se sostiene es de estimar que la migración se convierta en una constante. De esta manera, en cuanto a las víctimas del fuego, la tendencia natural es que ya no quedará quién sufra de los incendios y la invisibilización habrá terminado (salvo, por supuesto, si no tomamos en cuenta al ecosistema y el legado cultural de la zona).

El vaciamiento territorial, la invisibilización de la problemática a nivel nacional y discurso combativo del gobierno pampeano ocasionaron un antagonismo que dificulta las posibles soluciones entre sectores provinciales. Los reclamos por el agua y la situación estructural de los incendios siguen hoy día sin respuesta y a no ser que condiciones extraordinarias ayuden, es de estimar que el panorama se mantendrá como a lo largo de estas más de siete décadas.

Rechazan la construcción de locales gastronómicos en la Reserva Ecológica de Costanera Norte

Rechazan la construcción de locales gastronómicos en la Reserva Ecológica de Costanera Norte

Jul 4, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Estudiantes, organizaciones ambientales, vecinos autoconvocados y docentes y no docentes de Ciudad Universitaria denuncian que las nuevas construcción podrían perjudicar el biosistema del lugar.

La Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria – Costanera Norte (RECU-CN), ubicada a la vera del Río de la Plata es, luego de la Reserva Ecológica de Costanera Sur, la segunda Área Natural Protegida de la Ciudad, con una superficie de 23 hectáreas.

Su origen data de la década de 1960, cuando a través del relleno con escombros se buscó ganarle tierras al río y ampliar las instalaciones. Desde los años 80, y mediante el protagonismo de una comunidad de amantes de la naturaleza, vecinos y estudiantes que poco a poco se conformaba, comenzó a darse un proceso de cuidado y fomento como área protegida, con la creciente vegetación que allí afloraba, y su posterior complemento con escombros del atentado a la AMIA.

Desde el 2010 en adelante, el Gobierno de la Ciudad anunció la idea de transformar esa área en una Reserva. A pesar de que allí residía la comunidad Velatropa, y tras su desalojo, comenzaron una serie de obras que transformaron al lugar ya en una reserva institucionalizada, mediante un proyecto de ley en 2012. A partir de este proceso, se conformó un organismo regulador en conjunto entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno de la Ciudad, denominado Plan de Manejo 2021-2031, que establece metas a cumplir a través de los años, y programas prioritarios para el cuidado y la preservación del lugar.

Actualmente en la Reserva se está llevando adelante un plan de lucha para reclamar por las obras que están comenzando a desarrollarse bajo la promesa de construir dentro de la reserva dos bares, en total contradicción con su origen y funcionamiento. Esta problemática salió a la luz meses atrás, cuando se difundieron extraoficialmente una serie de planos que daban cuenta de que entre las obras a realizar en la Reserva se construirían locales gastronómicos, lo que provocó la preocupación y repudio de la comunidad que la visita.

Entre algunas de las obras que se proyectaron en noviembre de 2022 para realizar en la Reserva y que son características de estos espacios, se encuentran las garitas de guardaparque, los baños, la cartelería de información, y salas donde se realizan exposiciones, que forman parte de las edificaciones denominadas como “reglamentarias”.

“El problema no son las obras, sino el emprendimiento gastronómico que nada tiene que ver con una reserva. No conocen la reserva, y a la problemática de su desconocimiento, se suma que no se realizaron los estudios de impacto ambiental exhaustivo y transparente, como implica la ley”, sostiene Abril Marcolongo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (CECEN) de la UBA, en diálogo con ANCCOM.

En ese sentido, a fines de mayo el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales envió un comunicado a los estudiantes con la resolución 963/23 por la cual afirmaba no haber sido anoticiados de las construcciones que se llevarían a cabo en la Reserva, expresando su preocupación por la biodiversidad e instando a que se suspendan las obras hasta tanto se realicen las evaluaciones de impacto ambiental pertinentes.

En el terreno donde actualmente se ubica la reserva habitan más de 700 especies de fauna y flora, y es visitada principalmente por estudiantes de las carreras de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA para realizar sus prácticas y trabajos de campo. Su importancia no refiere sólo al espacio verde que genera identificación con el lugar por parte de sus visitantes, sino a su vitalidad e importancia como objeto de estudio académico y a sus usos diversos para el avistaje de aves, las visitas guiadas, y al trabajo en el marco de investigaciones.

 “La Reserva tiene un sector que se denomina zona intangible, donde había una pequeña porción de pastizal nativo con mucha importancia en cuanto a su biodiversidad. Las obras se están haciendo en esa zona de pastizales, donde comienza a perderse el trabajo de materias de Ciencias Naturales que iban a mirar los insectos, y los cambios a través de las estaciones del año. Además, se suma el proceso de pavimentación del terreno, que cuenta con una calle de cemento sin uso. Ahora hay baños modernos, y los cimientos del centro de interpretación que se está terminando”, explica Gustavo Pfeifer, integrante de la Asamblea Abierta en Defensa de la RECU-CN, una organización surgida en este contexto y que propone asambleas abiertas a la comunidad con el objetivo de defender el medioambiente. De ella participan estudiantes, docentes y no docentes, organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados e interesados en la cuestión.

El eje del debate y la preocupación está en que la construcción de bares dentro del espacio de la Reserva implica otro nivel de intervención que afecta la biodiversidad del lugar, desde el comienzo de las obras y durante todo su proceso de construcción, hasta la finalidad de los dos bares propuestos que producirían desechos, contaminación lumínica y sonora, y, por lo tanto, un proceso de desterritorialización de las especies animales y el empobrecimiento de la flora y su suelo.

En la sesión del Consejo Directivo del 14 de junio, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, negó que se fueran a construir los bares. Días después, se difundió un informe (que desde el Centro de Estudiantes comentan que es escaso) en el que se confirman las obras que incluyen la construcción de los locales gastronómicos, sumado a que desde el Gobierno de la Ciudad sostuvieron que no era necesario el estudio de impacto ambiental.

“Dos bares dentro de una reserva de 23 hectáreas es una locura, sabiendo que está al lado de la Costanera Norte que está llena de bares y restaurantes, al igual que en Ciudad Universitaria con sus pabellones. Si estás adentro de la Reserva disfrutando de la naturaleza, no tenés que caminar más de cinco minutos para llegar a un bar”, comenta Pfeifer.

En el transcurso de las últimas semanas, la Asamblea y el Centro de Estudiantes han realizado actividades como talleres de plantación de nativas y conservación, recorridas de interpretación, colgada de pasacalles en el puente de acceso, entre otras, para difundir la situación y concientizar acerca de la importancia de la Reserva como espacio ambiental y comunitario a proteger.

Mientras, según denuncian los involucrados, las obras de los bares están en pleno desarrollo, cuestionan la inacción del rectorado de la UBA para defender la integridad del ecosistema. Tanto la Asamblea como los vecinos y estudiantes de Ciudad Universitaria persisten con sus reclamos para que la reserva no cambie radicalmente su fisonomía y continúe siendo como es, un espacio de contacto con la naturaleza.

El día después de los sin techo desalojados del Aeroparque

El día después de los sin techo desalojados del Aeroparque

Jul 4, 2023 | Comunidad, Destacado 2

Algunos de los desalojados fueron trasladados a paradores pero otros rechazaron la propuesta. Martín, uno de los que se quedó en la vereda, cuenta por qué.

Entre la noche del jueves 29 y la madrugada del viernes 30 de junio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un operativo de desalojo de las personas que dormían desde hace meses en el interior del Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

Si bien se presentó una camioneta del programa Buenos Aires Presente (BAP) ofreciendo trasladar a los desalojados a un parador, muchos de ellos prefirieron seguir durmiendo en el exterior. Como explica Leandro Vera Belli, coordinador del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “la gente que va a un refugio o a un parador se queda a lo sumo una noche y después se va porque no son lugares que la gente suele elegir”. El motivo son los robos reiterados, que los obligan a abandonar los carros que para muchos son una herramienta de trabajo y subsistencia y el hecho de que esos espacios son transitorios, no resuelven la falta de vivienda.

Martín (quién prefiere no dar su apellido) le cuenta a ANCCOM que llevaba ocho meses viviendo en el aeropuerto. También que se negó a ir a un parador porque la primera y única vez que fue le desapareció la ropa que había llevado y el mismo encargado del lugar le quitó las zapatillas que se había comprado con el dinero que ganó cuidando autos en Retiro. “Prefiero lamentablemente dormir a la intemperie y amanecer con todas mis cosas al lado mío antes que despertarme y no tener nada”, explica.

Dos días después del operativo, al mediodía del sábado, en la entrada de Arribos Nacionales aún se encuentran personas instaladas con carpas mientras que afuera de la puerta de Partidas, otros usan los bancos de material que están a metros de los carritos en donde se vende comida.

Las entradas se encuentran resguardadas por oficiales de la PSA, quienes se negaron a hablar con ANCCOM. Una de ellas acotó que sólo se encargan de la seguridad del lugar y que el operativo de desalojo se trató de “una situación de la gente del aeropuerto”. Otro oficial recomendó hablar con los trabajadores de Aeropuertos Argentina 2000, que también estuvieron involucrados en el desalojo, pero la custodia en las entradas hizo imposible el contacto ya que exigen mostrar pasaje y reserva de check-in para acceder a las instalaciones.

“Yo lamentablemente no tengo donde vivir pero no porque no quiera, sino porque no tengo un trabajo digno ni un plan social del gobierno”, dice Martín.

A la intemperie

Como expresó el CELS en su cuenta de Twitter, el operativo de la PSA se realizó “de noche y con frío” y se calcula que fueron entre ochenta y cien personas las desalojadas, según afirma Vera Belli. En tanto a las razones, agrega que “cualquier persona que está en esa situación sabe que puede ser desalojada en cualquier momento” ya que si bien el Aeroparque cuenta con baños limpios y la posibilidad de resguardarse del frío, “es un espacio que no está destinado para eso”.

Martín, con su colchón entre una ventana y una pared en la salida de Partidas, cuenta que el desalojo se realizó a partir de denuncias por parte de pasajeros y trabajadores de locales dentro de Aeroparque que presenciaban actos de delincuencia. Frente a eso, los encargados de los locales amenazaron con cesar el pago de los alquileres y los directivos del lugar decidieron desalojar a la totalidad de los sin techo.

La presencia de gente refugiándose en el Aeroparque aumentó desde la llegada del frío otoñal. Muchos venían de Retiro, Once o Constitución, y Aeroparque pasó a tener “168 inquilinos”, según Martín. Si bien cuando él llegó, no era todo “paz y amor”, la inquietud se intensificó en los últimos meses: “En la parte del fondo, que es la de vuelos nacionales, tenían televisión, pava eléctrica, microondas y hasta un anafe y esas cosas tampoco le gustaban a los directivos ni a los mismos empleados”.

Por el momento, la situación es incierta, las entradas siguen resguardadas y según Vera Belli, aquellos que aceptaron ir a un parador “tienen que comenzar un proceso de búsqueda de vivienda de vuelta”. En tanto a los que decidieron quedarse en Aeroparque, Martín explica que “los gerentes de acá me han dicho que es por un mes, mes y medio nada más” y expresa su deseo de que tengan consideración con aquellos que no realizaron disturbios y los dejen ingresar ya que “si están las veinticuatro horas detrás de un monitor, creo que saben quién se porta mal y quién se porta bien”.

Este caso despierta una vez más la inquietud por la situación de aquellos que viven en la calle, buscando resguardo donde sea. “Yo lamentablemente no tengo donde vivir pero no porque no quiera, sino porque no tengo un trabajo digno ni un plan social del gobierno”, se justifica Martín y explica lo difícil que es conseguir trabajo ya que hasta “para trabajar de barrendero te piden secundario completo” y en las changas los “negrean”: “Te usan, te explotan y te esclavizan”.

Morir de frío

Morir de frío

Jul 1, 2023 | Comunidad, Destacado 1

En junio, tres personas en situación de calle murieron en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el Gobierno porteño desalojó a 160 personas que dormían en el Aeroparque ¿Qué políticas les ofrece Horacio Rodríguez Larreta? ¿Por qué fallan?

Héctor era un joven de 36 años que dormía en Parque Centenario. Siempre buscaba changas y se desempeñaba usualmente como albañil. Ramiro era un hombre que dormía en un banco de Almagro. Durante una época logró conseguir un trabajo lo suficientemente estable para poder alquilar, pero tiempo después perdió su empleo y volvió a las calles. Orlando era un hombre mayor, de unos 80 años, que vivía en las veredas del barrio porteño de Belgrano. Los tres se encontraban en situación de calle. Los tres murieron durante las temperaturas bajas ocurridas a finales de mayo y principios de junio. Los tres fueron víctimas fatales de la desidia estatal. 

Mientras tanto, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, desalojó en la madrugada del viernes a 160 personas refugiadas en el Aeroparque Jorge Newbery. Además de los desalojos, la otra política que mantiene el Ejecutivo porteño es el Operativo Frío y convoca a la comunidad a involucrarse a través del llamado a la línea 108 para dar aviso de personas que pernoctan en la vía pública. A su vez, las organizaciones sociales intensifican sus recorridas nocturnas, la Iglesia refuerza la colecta y entrega de abrigo. Sin embargo, la Ley 27.654, aprobada en 2021 y reglamentada en abril de este último año, espera su adecuada implementación, según sostienen asociaciones civiles y el propio impulsor de la ley. 

En medio, más de 3.500 personas, acorde el último relevamiento oficial -las organizaciones sociales estiman el doble-, habitan las calles de la ciudad porteña a la espera de una solución. El tercer Encuentro Latinamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle, que se realizó esta última semana de junio en nuestro país, reavivó una polémica palpable en el día a día que parece no tener una salida inmediata.

La realidad oculta

Conforme el Relevamiento Censal de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires hay un total de 3511 personas en situación de calle, 34% más que el año anterior. Según la Dirección General de Estadística y Censos, el 64,6% del total es asistido en un Centro de Inclusión Social y el 35,4% habita aún las calles porteñas. Estas cifras contrastan con los datos recabados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado en mayo del 2022. El mismo reconoció un total de 903 personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires y 2962 a nivel nacional. De todas maneras, estos números no coinciden con los obtenidos por las organizaciones que noche a noche recorren las calles y mantienen un contacto estrecho y frecuente con las personas en extrema vulnerabilidad. «El Censo Nacional tenía por primera vez la posibilidad histórica de contemplar a las personas en situación de calle, pero terminó siendo vergonzoso lo que hicieron», afirmó en diálogo con ANCCOM, Mónica De Russis, presidenta de la asociación civil Amigos en el Camino.

A partir del descreimiento de las cifras recabadas por el Estado, el conjunto de las organizaciones  decidieron realizar sus propios censos. El último de ellos, llevado a cabo en 2019, identificó 7.251 personas viviendo en la calle. Un número ampliamente mayor al obtenido por Nación y Ciudad. «No coincidimos con las cifras del Estado porque nosotros, que solo somos una ONG que recorre una pequeña porción de la Ciudad de Buenos Aires, vemos a más de mil personas en situación de calle por semana en los distintos barrios y comunas», sentenció De Russi.

Una de las razones principales de la causa del desfase de estos números claramente opuestos es la enorme cantidad de personas indocumentadas que se encuentran viviendo en la calle actualmente. A pesar de que existe una ley que garantiza el acceso de todos los hombres y mujeres sin techo a un Documento Nacional de Identidad (DNI), muchas personas aún no cuentan con uno y quedan fuera de los registros. No solo son desplazados del sistema, sino que también son invisibilizados. Incluso, algunos mueren en esas condiciones. «Héctor, Ramiro y Orlando eran los que nosotros visitábamos, de los que pudimos denunciar, pero seguramente murieron muchos NN que desconocemos, que mueren no solo en estos días de frío, sino los 365 días del año», afirma la presidenta de Amigos en el Camino y deja al descubierto una problemática aún más grande que parece no ser tenida en cuenta por las autoridades.

Una solución integral para una problemática urgente

La Ley Nacional de Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo 27.654 comenzó  como una iniciativa del Frente Patria Grande, con el diputado Federico Fagioli a la cabeza, y redactada en conjunto con organizaciones sociales y con las mismas personas en situación de calle. Surgió a partir del deseo de poder brindar soluciones interdisciplinarias a partir de políticas públicas acordes a la gravedad de la problemática. 

Fue aprobada en diciembre de 2021 por el Senado de la Nación y reglamentada en abril de este año. «Sin embargo, falta su implementación, es decir, que se le otorgue el presupuesto correspondiente para hacerla efectiva. Esto se debe a que no hay la voluntad política del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del de Economía para concretarlo», comenta Fagioli.

Su objetivo principal es “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”. Exige el rápido acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) de todas aquellas personas que no cuenten con uno. También ordena un relevamiento nacional de las personas en situación de calle. Estos dos elementos van de la mano y son primordiales para abordar esta cuestión de la manera que se merece, partiendo de datos reales y concretos. Al mismo tiempo, prevé la creación de una Red Nacional de Centros de Integración Social, de atención las 24 horas de los 365 días del año, que funcionen no solo como alojamiento, sino que también ofrezcan alimentación, higiene y cuidados de la salud. También establece el acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos, y procura evitar la implementación de la fuerza coercitiva por parte de las autoridades. 

La regulación de la ley por parte del Gobierno llegó pocos días después de la muerte de una beba de tres meses en las inmediaciones de la Casa Rosada. La pequeña vivía con su familia a la intemperie. Fagioli anunció la noticia en redes sociales y recalcó «la ley sin duda va a evitar muchas muertes». Lamentablemente eso no ocurrió, las últimas temperaturas heladas se llevaron la vida de tres hombres más. «Lo que hace el Estado no alcanza. En general, lo que se realiza es paliativo y lo que necesitamos son políticas de fondo, como proponemos en la Ley Nacional. En muchos casos, por desconocimiento de la problemática o, incluso, por desinterés, se la aborda de formas totalmente inapropiadas», sentencia con énfasis el diputado del Frente de Todos (rebautizado, Unión por la Patria). Al respecto, la presidenta de Amigos en el Camino agrega: «El Estado debería cumplir con la ley, que no se cumple en muchos de los aspectos, y cambiar el sistema de paradores, que realmente se conviertan en centros de inclusión nacional».

Los sin techo rechazan los centros de inclusión que ofrece el Gobierno debido a los robos de las pertenencias, los actos de violencia cometidos en los complejos, la prohibición de la entrada de mascotas y el impedimento de acceder con los carros, que muchos utilizan como herramienta principal de trabajo.

¿Centros de inclusión?

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, incentiva desde sus redes sociales los centros de inclusión, más conocidos como “paradores”, e invita a los ciudadanos a comunicarse al 108, la línea telefónica que brinda asistencia inmediata a las personas en situación de calle durante las 24 horas. Sin embargo, muchos de los comentarios en sus publicaciones al respecto reclaman lo contrario. En 2022 se realizaron 116.657 llamadas y en lo que va del año más de 40.000.

Migliore también asegura que en los centros de inclusión, además de lugar donde dormir, proveen a las personas de cuatro comidas y duchas calientes. Al mismo tiempo que reciben asistencia física y psicológica, y la posibilidad de iniciar el trámite para obtener el DNI. Además, sostiene que el gobierno cuenta con más de cuarenta de estos centros a lo largo y ancho de la ciudad.

Todas estas medidas se enmarcan dentro del Operativo Frío, un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad con el fin de minimizar el impacto de las bajas temperaturas en las personas en situación de calle, brindando asistencia inmediata. Se lleva a cabo los meses más fríos del año y se complementa con el programa Buenos Aires Presente (BAP) que ayuda a personas y familias en condición de emergencia social.

A lo largo del invierno, equipos móviles recorren las calles porteñas durante la tarde y parte de la madrugada, entregando frazadas, infusiones, viandas secas y viandas calientes  a todas aquellas personas con las que se encuentren durante su trayecto. Al mismo tiempo, les ofrecen el traslado a los centros de inclusión. 

Pero los Centros de Inclusión que ofrece el GCBA parecen no funcionar de la manera en que deberían. Mónica de Russi afirma que muchas de las personas sin techo prefieren optar por las calles en lugar de los centros y la mayoría de los que fueron, prefieren no volver. Esto se debe a varias razones: los robos de las pertenencias, los actos de violencia cometidos en los complejos, la imposibilidad de poder permanecer todos juntos, en el caso de las familias sin distinción de géneros, la prohibición de la entrada de mascotas y el impedimento de acceder con los carros, que muchos utilizan como herramienta principal de trabajo. Todas razones aparentemente no contempladas o ignoradas por las autoridades.

La presidenta de Amigos en el Camino continúa su relato y afirma: «Todas las noches las ONG entregamos frazadas, el BAP compra y entrega frazadas también, pero Espacio Público pasa, tira todas las frazadas y corre a las personas para limpiar el lugar. Por lo menos deberían tener una política de comunicación y trabajar en conjunto. La gente en situación de calle no es basura para limpiarla». 

Acompañamiento, abrigo y Duchas del Sagrado

Lo cierto es que a pesar de las medidas llevadas a cabo por el Estado, la problemática continúa y las soluciones parecen no ser suficientes. O por lo menos eso es lo que indican las cifras cada vez más altas de pobreza y personas sin techo. Allí es donde entran en juego dos piezas fundamentales: las organizaciones civiles y las Iglesias. 

Amigos en el Camino es una organización sin fines de lucro que recorre los barrios porteños durante las noches y ofrece, además de acompañamiento, alimentos y abrigo. Comenzaron su labor en octubre de 2011 y, desde entonces, recolectan y entregan todo tipo de elementos útiles para aquellas personas que más lo necesiten, pero también procuran que las personas en situación de calle accedan a sus derechos e intentan ayudarlos a salir de la posición en la que se encuentran. Sostienen que el subsidio habitacional, entregado por el Estado, no es suficiente. Es necesario acompañar a las personas sin techo porque aunque salir de esa situación es difícil, más difícil es sostenerlo en el tiempo. 

Esta problemática también atraviesa a la Iglesia. «Donde el Estado no puede hacer pie, donde no quiere, no puede o se olvidó, llegamos nosotros con algunos sectores de la Iglesia», afirma el Padre Santiago García, en diálogo con ANCCOM. 

La Basílica Sagrado Corazón de Barracas es solo uno de los tantos ejemplos. Liderados por el Padre Santiago, allí se realizan las Duchas del Sagrado, una actividad que buscó replicar lo hecho por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro allá por 2015. Todos los sábados por la mañana, desde marzo de 2016, la Basílica abre sus puertas a todas las personas que lo necesiten. Son recibidos con un desayuno y una vianda. Las personas en situación de calle tienen la posibilidad de una ducha caliente y un cambio de ropa. Desde la iglesia les brindan productos de aseo y también la posibilidad de ingresar a los talleres que ofrece la Basílica.

El Padre Santiago afirma que la demanda en épocas de frío aumenta en comparación al resto del año y, aunque las Duchas del Sagrado funcionan de manera exitosa desde hace siete años, considera que no deberían existir, porque, en primer lugar, no deberían existir las personas en situación de calle. Considera la problemática muy injusta y aunque reconoce que la comida y el abrigo son los pedidos más urgentes de parte de las personas sin techo, existe uno mayor y es la necesidad de ser mirados y observados. De esta manera, el Padre Santiago instala una cuestión central de todas y cada una de las personas en situación de calle: la necesidad inmediata de dejar de ser invisibilizados. 

La asistencia ofrecida por organizaciones civiles, como Amigos en el Camino, y por Iglesias, como la Basílica Sagrado Corazón, son fundamentales, pero no suficientes. No agotan la situación, aunque tampoco deberían hacerlo. El Estado es quien debe hacerse presente, cumplir lo que dicta la Ley Nacional y solucionar una problemática que hace años crece a pasos agigantados sin ninguna solución inmediata a la vista. 

Por lo pronto, alrededor de 160 personas que dormían hace ya varios meses en el Aeroparque Jorge Newbery fueron desalojadas esta madrugada del viernes. Algunos aceptaron ser trasladados a los centros de inclusión social, otros optaron por quedarse en las puertas del lugar. Muchos de ellos no pudieron retirar sus pertenencias personales una vez fuera y denunciaron maltrato por parte de las autoridades. El operativo fue llevado a cabo en conjunto entre organismos nacionales y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, quienes de momento no ofrecieron ninguna otra alternativa más que pasar la noche en los “paradores”.

Los sin techo toman la palabra

Los sin techo toman la palabra

Jun 30, 2023 | Comunidad, Destacado 2

Con un frazadazo de Plaza de Mayo al Congreso, finalizó el Tercer Encuentro Latinoamericano de personas en situación de calle. Reclamaron por la implementación de las leyes que protegen a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Todavía es de día. El sol está bajo pero el frío ya se siente en Buenos Aires; aunque eso no detiene a las diferentes personas que se reúnen en Plaza de Mayo para alzar sus banderas, preparar sus bombos, carteles significativos y numerosas frazadas para entregar a aquellos que las necesiten. Están preparando la marcha de cierre del Tercer Encuentro Latinoamericano de Personas en Situación de Calle.

Al grito de “¡Vamos carajo!” las diferentes organizaciones como Red Puentes, Proyecto 7,  Somos Barrios de Pie y Hecho en Buenos Aires comienzan a movilizarse hacia el Congreso de la Nación. Todos cuentan con una botella de plástico cortada en sus manos; en su interior una vela encendida que alzan para visibilizar su presencia; y en sus espaldas, una frazada que intenta tapar las oleadas de un frío inevitable. 

Las bocinas aturdidoras provenientes de los autos, colectivos y motos que pasan de manera indiferente a su lado, no logran callar los cánticos de los protagonistas de la tarde: “Frazadazo, olla popular, que nadie se quede sin luchar”. 

Detrás de las capuchas, los gorros de lana y las mantas que cubrían parte de sus cuerpos hay hombres en silla de ruedas, bebés en cochecitos, niños jugando a la pelota, mujeres mayores y el colectivo LGTBIQ+ acompañándose entre sí para una causa en común: la implementación de la Ley Nacional 27.654. 

“No somos peligrosos, estamos en peligro”, escribe en un cartel Mariela Celis de 28 años, quien duerme en la calle y ha sufrido violaciones, abusos de fuerzas policiales y fue engañada para trabajar en la limpieza pero se encontró con la prostitución, de la que luego logró escapar hacia el mismo lugar de donde venia; la calle. No pide planes, subsidios o ayuda de “arriba”, sino posibilidades y recursos que le permitan tener una vida digna y se hagan valer sus derechos como ser humano. “Sufrí mucho frío, no podés dormir de noche por el peligro que hay, tenés que estar caminando porque si te dormís perdés tus cosas que te roban,  corrés riesgo de que te abusen nuevamente y bueno, antes no había donde poder alimentarte o bañarte pero ahora hay pocos lugares que podés acceder a eso.” 

Con un chaleco naranja y revistas bajo su brazo, Marcelo Díaz aprovecha el movimiento de gente para vender la revista Hecho en Buenos Aires -editado por la empresa social homónima-. Con su barba pronunciada y su gorro de lana, recorre la Plaza de Mayo en busca de un nuevo comprador. 

Marcelo es un hombre grande que vive en la calle hace veinte años pero encontró un espacio de ayuda en Hecho en Buenos Aires: “Cuando empezás, ellos te regalan diez revistas para que vos las vendas a 500 pesos cada una y así tener tu capital. A veces no me alcanza y voy para la sede a comer. Pero yo vivo en la calle.” 

Cada uno tiene un lugar asignado de venta, como dice su credencial, hecha por la organización. A Díaz, como a cualquier otro que necesite, Hecho en Buenos Aires al regalarle sus primeras revistas, genera una fuente de ingreso ya que el 70% del precio de tapa es para el vendedor y el 30% restante es para reponer publicaciones y seguir vendiendo. 

A Marisa le faltó ese dato. Con el dinero de la venta de sus tres revistas durante la tarde, se acercó a una de las coordinadoras de Hecho en Buenos Aires para saber cuándo tenía que darle el dinero. “Es tuyo, no me tenes que dar nada a mi”, fueron suficientes palabras para que la nueva integrante de la empresa social, con sus ojos celestes cristalizados por la emoción y un tono de confusión, abrace con fuerza y felicidad a su compañera durante unos largos minutos.

Mariela asiste a los lugares como Red Puentes -centro de abordaje comunitario- que le permite pasar el día, bañarse y comer las veces que quiera. Pero después vuelve a la calle y se enfrenta, a solas, a las adversidades de la noche. “Crecí en la calle y la policía no es nada. Te pasan por encima, te quieren gatillar, te sacan a patadas de donde estés durmiendo. No te respetan.”

A pesar de su condición de calle, Celis no se rinde y utiliza los pocos recursos que encuentra para hacerse valer. Uno de ellos, es el estudio en una escuela popular en Llavallol, donde pudo terminar la primaria y ahora continúa en carrera. “Yo participo de este encuentro dando mi opinión, los derechos que quiero y cómo defenderme porque yo dormí en la calle y no soy la única que está ahí. Mis compañeros de calle, mis conocidos han fallecido: Beto, Betty y Compi. Les ponemos así porque no tenemos DNI. Pero no nos merecemos vivir así como si fuéramos ratas. Nosotros somos personas como cualquier otra que están en la sociedad.” 

 La banda sonora que acompaña el encuentro está con problemas de conexión de cables y se dilata su llegada. Pero detrás de ella, aparece Somos de Pie -agrupación popular- con un aroma que prevalece en el ambiente: dos ollas populares gigantes, tan grandes que tenían que agarrarla entre dos o tres personas. La fila ya se empieza a armar. El frío se hace cada vez más presente y el hambre también. Cada uno, con ansiedad y expectativa reflejado en sus ojos, espera por su plato de comida. La preparación es rápida y entre muchas personas de las organizaciones sociales: algunos sirven en las bandejas, otros agregan el pan y dos se encargan de darles a quienes están en la espera. Ya todos servidos, la vereda era la mesa para sentarse a disfrutar de ese plato caliente y tan deseado. 

Ona Oriana es una chica trans que vivió en situación de calle por tres días, debido a sufrir violencia de género. Gracias a su médica de cabecera que dio inicio a su tratamiento hormonal, conoció una de las sedes de Red Puente, de mujeres y disidencias:  “Vivo ahí y tenemos ayuda psicológica, me dan la posibilidad de estudiar, de crecer porque antes yo no tenía esa posibilidad porque estaba muy encerrada, mi pareja no me dejaba hacer nada.”

Oriana hace manicura gracias a la enseñanza y recursos que ofrece la sede. De esa forma, genera ingresos para cuando esté lista, salir a alquilar. “Como digo siempre, estamos en un capullo y estamos esperando para salir a volar, para convertirnos en mariposas y salir a volar.” 

Alejandro Barrera -Integrante de la coordinación de Proyecto 7- conoció la calle durante ocho meses, dado que perdió su trabajo anterior por consumo. Gracias a Proyecto 7, pudo volver a trabajar y con su dinero, alquilar un espacio para vivir. Sin embargo, sigue en lucha por sus compañeros y por el país. “Lo que se está tratando de lograr es que a nivel Latinoamérica se unifique la ley, como tenemos acá en la Argentina. Acá tenemos dos leyes, la de la ciudad y la nacional. La de la ciudad se cumple a medias y la nacional todavía no está implementada. Pero hay países como Ecuador que no tienen ninguna ley reglamentada para dar una cierta ayuda a los compañeros que tienen situación de calle. Directamente no existe.” 

Junto a su grupo de trabajo, ofrecen centros de integración para darle a la gente una solución a su salud mental, los problemas de consumo, que puedan volver,  generar un vínculo con la familia con aquellos que tienen o ayudarlos con sus problemas de ley y la justicia. El lema que los acompaña durante todo el encuentro marca su lucha: “La calle no es un lugar para vivir, ni para morir.” 

 

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

Jun 30, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Movimiento Avaaz presentó la propuesta en el FMI. El proyecto ya fue reiterado en al menos dos ocasiones por el Estado argentino frente al G20 ¿Qué posibilidades hay de que se concrete?

Incendios en la provincia de Corrientes en el verano de 2022. 

“Sin justicia financiera global, no habrá justicia ambiental global ni, mucho menos, justicia social para todo el planeta” concluía su discurso Alberto Fernandez ante el G20 en Roma, hace dos años, cuando planteó la idea de impulsar los canjes de deuda externa por deuda ambiental. ¿Qué pasó desde entonces?

La idea de los canjes de deuda financiera por deuda ecológica no son ninguna novedad. Surgieron en la década de 1980 a partir del deterioro ambiental que fue en aumento junto con la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en una Latinoamérica todavía “verde”, pero cada vez más atravesada por el extractivismo. La iniciativa de canje, sin embargo, nunca tomó vuelo por lo que en los últimos años se planteó una reformulación. Actualmente,, las fuertes olas de calor y el frío extremo, junto con las frágiles economías que dejó la pandemia, abren una oportunidad para volver a traer el tema sobre la mesa.

 

Un sur global acreedor

Movimiento Avaaz, una organización ambiental global, presentó una nueva propuesta ante el FMI en abril. En conversación con ANCCOM, Emilio Steparo quien forma parte del equipo de biodiversidad de Avaaz explica que los actores del proyecto son los países del norte y el sur global: “Blanqueamos que el sur global es acreedor en materia ambiental, es decir, que hay todavía un mantenimiento de los ecosistemas, una serie de procesos ecológicos que se han perdido en el norte global por el sobredesarrollo”.

Al industrializarse por encima de sus capacidades ambientales, explica Steparo, los países ya consolidados como potencia se denominan deudores ecológicos. Estos mantienen una responsabilidad histórica con el planeta y en este caso, con los países latinoamericanos a los que se pide que cuiden el ambiente aún a expensas de su propio desarrollo. “El recupero de este instrumento tiene que ver con esto. Hay una deuda ecológica y hay países como la Argentina, que son acreedores ambientales y deudores financieros. El planteo es canjear deuda financiera por acciones ambientales reconociendo esta situación”, sintetiza Steparo.

Argentina es un país que genera menos contaminación de la que tiene capacidad de absorber en su territorio por lo que brinda un servicio al mundo: eso lo constituye en un acreedor ambiental. Además, conserva un gran porcentaje de su biodiversidad. 

El proyecto tiene dos aristas principales: la creación de un observatorio de deuda pública y un bono sustentable. Movimiento Avaaz cree que “si queremos avanzar en nuevos instrumentos que estén basados en el bienestar social y que tengan un impacto ambiental positivo, tienen que partir de esta condición que es la participación y la transparencia para que se lleven adelante”. Avaaz propone la creación de un Observatorio de deuda que tenga sede en la Argentina y que cuente con información abierta a la ciudadanía. Sobre el funcionamiento del observatorio, se requiere la voluntad política del gobierno y también de las organizaciones multilaterales de crédito: “Creemos que es viable y que traería un gran impacto en las economías reales de los países endeudados, siempre y cuando se lleven adelante de cara a la sociedad”, sostienen en Avaaz.

Las industrias extractivas sostienen que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar. 

Principales factores

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, especialista en cambio climático y consultor de política climática, es necesario tener en consideración otros factores importantes: “Tiene que venir acompañado de muchísimos criterios, acuerdos y de una estructuración dentro del sistema financiero para que se pueda acceder a este plan de canje de deuda por ambiente”.

Los cambios implican criterios a definir. Maurtua explica que la lógica que manejan los organismos como el FMI y el mercado resultan contraproducentes para el cambio climático, pero, aclara: “No es solamente esto. Hay una concepción muy vieja que ya no va más de que, por ejemplo, el petróleo te va a hacer rico. Y la realidad es que la industria petrolera en Argentina tiene más de 100 años y sigue siendo la principal apuesta de los últimos gobiernos en el país mientras los niveles de pobreza son más altos que nunca”.

Las industrias extractivas instauraron a lo largo de los años la lógica de que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar: “Lo que no se evalúa son todos los procesos ecológicos destructivos que provocan la pérdida de todo un ecosistema y la capacidad de estos de sostener un beneficio a largo plazo”, coinciden desde Avaaz. “Además –sostienen-, el valor de la naturaleza es inconmensurable”.

Para Maurtua Konstantinidis la difícil coyuntura que atraviesa el país económicamente no permite pensar en resultados que se van a poder ver dentro de 30 años: “Las estrategias que ellos piensan son dos: sacar todo mientras se pueda y, si se puede, retrasar el agotamiento de los recursos naturales”. También la desinformación juega un rol muy importante en la discusión: “El desafío más grande es poder comunicar la mayor cantidad de información posible científicamente comprobada”.

Movimiento Avaaz agrega que la causa depende mucho del empuje social y el impacto que tenga en toda la sociedad: “Con los países de economía más grande, como el nuestro, creo que se va a avanzar solo en la medida en que haya más organizaciones y sociedad civil planteándole al gobierno que este es un camino que hay que transitar pero también marcando fuerte un límite a los proyectos extractivistas”.

Desde el Estado

El Estado argentino viene planteando el tema en distintas instancias. Durante la última reunión del G20 en India, casi dos años después que el presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, presentó varios de los puntos de la propuesta del gobierno que coinciden con lo pedido por Avaaz al FMI.

ANCCOM habló con Sergio Federovisky, viceministro del Ministerio de Ambiente, quien coincide con la idea de cambiar deuda por mejora ambiental: “Indudablemente si bien somos, en muchos aspectos, deudores económicos, somos básicamente acreedores ambientales porque no tenemos la posibilidad de crecer del mismo modo en que hicieron los países desarrollados. Y hoy estamos viendo las consecuencias del deterioro ambiental producto de aquel modelo de desarrollo”. También destacó la importancia de pensar instrumentos que funcionen en base a una lógica de justicia histórica en materia ambiental que no parece ser reconocida.

Al consultarle sobre su posible implementación. Federovisky aclara que “por el momento es un planteo con diversos niveles de detalle, pero un planteo al fin, de un grupo importante de países en desarrollo. Todavía no hemos logrado que se traduzca en una mesa de negociación concreta. Los países desarrollados en todas las instancias posibles eluden la posibilidad de trasladar este discurso a un instrumento económico financiero concreto que permita restaurar el daño ambiental producido”.

Movimiento Avaaz también sostiene que hacen falta más propuestas concretas por parte del Estado, pero coincide en la falta de apertura por parte de los acreedores que no facilitan la discusión, a pesar de que los avances que están realizando muchos de los ministros en foros internacionales les resultan muy positivos.

El viceministro de Ambiente sostiene que Argentina ha planteado su posición en todos los foros posibles: “La Argentina es partidaria de que no solamente haya una ayuda económica, sino fundamentalmente un reconocimiento, que luego se traslade a instrumentos financieros concretos de la deuda que los países desarrollados tienen con los países en desarrollo en materia ambiental”.

La idea requiere un reconocimiento simultáneo de desigualdades complementarias y, sobre todo, de la comprensión de que el planeta es uno solo y es para todos. Nada menos.